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El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.
Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.
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Año 25
número 1155
Julio 27, 2005
ISSN 0259-9864
Editorial: A propósito de “El economista”
Política: La izquierda latinoamericana en perspectiva
Economía: El CAFTA: la última batalla en el Congreso de los Estados Unidos
Sociedad: Reflexiones en torno al diálogo, hoy
Regional: Incertidumbre alrededor del CAFTA-RD
Derechos Humanos: Libertad de expresión en El Salvador
A propósito de “El economista”
La primera impresión que se tiene de “El economista”, de La Prensa Gráfica, es que es una publicación destinada a promover una imagen de los hombres más ricos de El Salvador como hombres de saber. No sólo como hombres a quienes les gusta el saber, por ejemplo como promotores o mecenas, sino como agentes ellos mismos de saber. Los hombres ricos de ahora, a diferencia de los de antes a quienes el saber les resbalaba, quieren proyectar una imagen no tanto de intelectuales, sino de académicos, de personas con títulos que, además de tener puestos de mando en instituciones académicas —de los que ellos son fundadores y principales directivos—, pretenden hablar (y escribir) con la seriedad de los científicos.
No es cualquier ciencia la que a ellos les gusta, sino una en particular: la
ciencia económica, esa ciencia de la cual —en algunas de sus versiones— han
sabido hacer buen uso para que el engranaje de sus negocios funcione mejor, es
decir, les arroje mayores beneficios. La ciencia política –algunas versiones de
ella— a ratos parece llamar su atención, pero, por lo menos hasta ahora, es la
economía la que los tiene embelesados. “El economista” es, en este sentido, una
plataforma para que los ricos más ricos de El Salvador se promuevan, al menos al
nivel de imagen, como hombres de saber, legitimando de esa forma sus privilegios
y su ascendencia sobre el resto de salvadoreños.
Pero la importancia de “El economista” no se agota en lo anterior. Y es que al
leer sus reportajes sobre el éxito de algunos de los empresarios más ricos del
país salta a la vista la abismal distancia que existe entre ellos y la mayoría
de salvadoreños. Definitivamente, esos empresarios viven en otro mundo, un mundo
ni siquiera imaginado por quienes no cuentan con lo mínimo para sobrevivir.
En El Salvador hay, ni qué dudarlo, dos países: el de unos pocos ricos, donde
las ganancias se cuentan por millones, y el del resto, donde los ingresos para
vivir son escasos, donde las deudas son agobiantes y donde la opción para
sobrevivir es dejar a la familia para emigrar a Estados Unidos. Aunque en “El
economista” los salvadoreños comunes no son los protagonistas, cuando se habla
de todo lo que han ganado algunos de los hombres más ricos del país (junto con
sus empresas) se habla —sin quererlo— de la distancia infranqueable que existe
entre ellos y la mayoría de salvadoreños.
Es a esos empresarios exitosos a quienes “El economista” dedica sus reportajes;
es su imagen la que se promueve en sus páginas. Son parte de otro mundo; son lo
opuesto del mundo de la mayoría de salvadoreños. Entre ellos y esa mayoría hay
una distancia abismal, en oportunidades, opciones de vida, consumo, alimentación,
salud, esparcimiento, etc. Ellos se saben parte de otro mundo; saben que a ese
mundo nunca tendrá acceso la mayoría de salvadoreños, porque, en el momento en
que ello llegara a suceder, desaparecería su mundo de sueños convertidos en
realidad. Quizás en su visión, la única forma en que eso puede evitarse es
concentrando y aumentado la riqueza cada vez más, de modo que la distancia entre
ellos y el resto —la mayoría— sea cada vez más nítida e insuperable.
Aunque a muchos no les guste, ciertas versiones de la ciencia económica y
ciertos economistas están al servicio de ese otro mundo en el que la riqueza y
el consumo ostentoso son lo más importante. Esa economía y esos economistas
tienen como tarea primordial dotar de una presunta fundamentación científica al
engranaje económico que permite que unos pocos concentren abusivamente la
riqueza del país. Es al mundo de esos pocos al que sirven esos economistas y esa
economía; el mundo del resto, de esos a quienes día a día les cuesta sobrevivir
con un magro salario o con ingresos ínfimos ganados realizando tres o cuatro
actividades, no es algo que preocupe a quienes han hecho de la ciencia económica
una sierva del poder. Los sin poder son, a lo sumo, una variable más, que se lee
en función del modelo económico —un modelo que excluye a amplios sectores
sociales—, cuya salud es lo más preciado. Precisamente, al cuido de esa salud se
deben esos economistas que se han olvidado de las raíces éticas de la economía.
En fin, si se lee con una mínima dosis de criticidad, mucho de lo anterior sale
a relucir desde las páginas de “El economista”. Pero también sale a relucir algo
más: el mito del empresario que se hace rico (o más rico) por obra y gracia de
sus propias habilidades, por su capacidad de asumir riesgos, por su osadía. Es
decir, el mito del capitalista visionario que, con sólo sus energías, se lanzó a
la aventura de “competir contra el mundo”. Se trata de un mito y nada más.
Porque, en realidad, los ricos más ricos de El Salvador han amasado enormes
fortunas gracias a la complicidad del Estado, concretamente de las tres pasadas
administraciones de ARENA.
Algunos de ellos dirán que antes ya tenían dinero y quizás sea cierto. Pero al
escarbar un poco la trayectoria histórica de los grupos de poder en El Salvador,
específicamente a lo largo del siglo XX, sale a relucir —antes como ahora— la
complicad estatal. Y es que El Salvador, salvo algunos interludios en los que
insinuó algún tipo de autonomía (relativa), el Estado ha servido expresamente (aunque
diferenciadamente) a los intereses de los grupos de poder económico.
Desde el gobierno de Cristiani, los ricos más ricos de El Salvador han usado al
Estado a su antojo, lo han saqueado y lo han debilitado. Ellos tienen dinero de
sobra, mientras que el Estado a duras penas puede enfrentar sus compromisos
financieros y de inversión social porque sus ingresos son escasos. Como expertos
que son en el arte de amasar dinero sin reparar en nada, tienen la convicción —heredada
de la vieja oligarquía— de que la riqueza y los privilegios no se comparten con
nadie. Los funcionarios de Estado los respetan y les temen, cuando no son sus
cómplices complacientes en el negocio de expoliar a quien tenga algo que
ofrendar a ese altar sagrado que son sus empresas. Tienen al país en sus manos y
van a la caza de Centroamérica. Se precian de acaparar riqueza sin cesar y
sobran intelectuales y periodistas que aplauden esa voracidad, se identifican
con ellos y los presentan como modelos para todos, modelos de los cuales sólo
los envidiosos (es decir, los fracasados) no se pueden sentir orgullosos.
Un verdadero fracaso como actores de un proyecto viable de país: eso es lo que
son los ricos más ricos de El Salvador. Lo que los enorgullece —y es aplaudido
por quienes están dispuestos a vender su dignidad por unos cuantos dólares— es
lo que está llevando a un callejón sin salida a la sociedad salvadoreña.
La izquierda latinoamericana en perspectiva
Desde sus inicios en la lucha por el cambio, al principio del siglo pasado, la izquierda latinoamericana ha conocido más derrotas que victorias. Lucha tras lucha, sucesi-vamente, las distintas oligarquías locales, con el beneplácito de los ejércitos regulares y en alianza la mayoría de las veces con los Estados Unidos, se las han arreglado para truncar los sueños más preciados de estos viejos idealistas. El financiamiento ilegal de la guerrilla antisandinista por parte de los Estados Unidos, el golpe de estado en contra del presidente chileno Salvador Allende en 1973, o el naufragio ensangrentado de la revolución guatemalteca en 1954, son algunos ejemplos que recuerdan este hecho.
El CAFTA: la última batalla en el Congreso de los Estados Unidos
Esta semana se llevará a cabo la votación final para la aprobación del CAFTA en el Congreso de los Estados Unidos. En los últimos días, diversos sectores de la sociedad estadounidense han expresado su posición ante el tratado. Destacan las opiniones de los congresistas republicanos y demócratas. Los primeros presentan el tratado como un instrumento para ayudar a los países centroamericanos en el proceso de desarrollo. Para ellos, el CAFTA no es exclusivamente una medida económica que vendrá a favorecer a los países suscriptores, también es un componente importante para la consolidación de la democracia de la región. Por otro lado, los congresistas demócratas sostienen que el CAFTA es una medida que atenta en contra de los trabajadores de los países negociantes y contra la estabilidad política debido a que muchas de las normativas que involucra el acuerdo no respetan la condición de los trabajadores de dichos países.
Reflexiones en torno al diálogo, hoy
A finales de 2004, se escribía desde este semanario: “Está fuera de discusión la posibilidad del diálogo en El Salvador. Se requiere una muestra de voluntad política por parte de los sectores involucrados para sentarse a dialogar, partiendo de la premisa que las posiciones no deben ser inflexibles. Lo anterior no supone que no se mantengan ‘puntos de honor’, como de hecho sucede en cualquier situación de diálogo. En El Salvador, el diálogo es posible, no sólo porque es necesario, sino porque la historia lo ha demostrado”. (Proceso, No. 1123)
Incertidumbre alrededor del CAFTA-RD
Puestos a comparar las expectativas de los propugnadores del Tratado de Libre Comercio entre EEUU, Centroamérica y la República Dominicana (CAFTA-DR, por sus siglas en inglés) con la situación actual del mismo, encontraríamos el desajuste que suele haber entre el deber ser con lo que, efectivamente, es.
Libertad de expresión en El Salvador
El 31 de Julio se celebra en nuestro país el “Día del Periodista”. La ocasión es propicia para que la mayoría de instituciones públicas y privadas reconozcan el esfuerzo de los hombres y mujeres que trabajan por conseguir y presentar las noticias diariamente, a través de los medios de comunicación.
Sin embargo, para el ámbito de los derechos humanos esta fecha debe significar
algo más que un simple agasajo gremial. Las y los periodistas son agentes
fundamentales para ejercer el derecho de la libertad de expresión e información
y a través de ellos se canalizan públicamente los diversos acontecimientos de la
vida nacional. La libertad de expresión es fundamental para asegurar una vida
democrática y que tanto el Estado como el individuo sean responsables por sus
acciones y políticas.
En El Salvador, este derecho es definido en el Artículo 6 de la Constitución de
la República. Igual, dicha facultad se encuentra consagrada en el Artículo 13 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ambos dicen básicamente que toda
persona puede expresar y difundir libremente sus pensamientos, siempre que con
ello no subvierta el orden público, lesione la moral, el honor; ni la vida
privada de los demás.
De esta forma se tiene que la referida libertad, si bien no es absoluta, se le
considera un derecho humano muy importante y sus restricciones son nada más
aquellas que pueden desnaturalizar a la difusión fluida de las ideas y opiniones.
En la implementación práctica del derecho aludido tenemos que, luego de la
finalización del conflicto armado, los gobiernos salvadoreños han alardeado de
propiciar y respetar la libertad de expresión e información. La postura oficial
parece ser, en término generales correcta, pues la presencia de la oposición
política en los medios de comunicación y el espacio que se brinda para las
personas puedan criticar al gobierno lo sustentan.
Sin embargo dejar las cosas hasta ahí resultaría ver el problema de manera
incompleta. Primero, porque no son equivalentes las oportunidades y espacios que
ocupan los personajes que critican a las autoridades frente a los que apoyan y
difunden la versión gubernamental de los asuntos de interés público. Normalmente,
las empresas de información más grandes, y por tanto con mayor incidencia,
prefieren mantener sus espacios de noticias saturados de datos y entrevistas
acordes con sus líneas editoriales pro guberna-mentales, en detrimento de las
personas que no comparten dichas interpretaciones.
En esos medios se potencia cualquier logro del partido político en el gobierno,
por insignificante o irreal que sea, y por otro lado se magnifican los yerros de
la oposición, aunque éstos a veces sean intrascendentes. Así que, mientras
teóricamente cualquier persona podría manifestar y difundir lo que piensa, lo
cierto es que existe cierta información que el público no recibe con la misma
amplitud con la que recibe otra y ello depende de la línea política del medio de
información. Ello afecta el irrestricto cumplimiento del derecho que comentamos.
Otro problema muy grave es que el acceso a la información certera es limitado y
en consecuencia, el derecho a recibir noticias verdaderas se encuentra siendo
vulnerado. Para muchos casos se tiene que el gobierno y sus protectores hacen un
gran esfuerzo en esconder la verdadera realidad de los más trascendentes
problemas del país.
Por ejemplo, ante la crisis económica nacional, las autoridades y algunos medios
de comunicación potencian la difusión de datos que no abordan el tema con
profundidad. Así, se enaltece la estabilidad macroeconómica del país, pero muy
poco se dice de la desaceleración en la economía, el cierre de fuentes de
trabajo y el aumento de la brecha diferencial entre pobres y ricos, a favor de
estos últimos.
En materia de seguridad pública, existen diferencias importantes entre las
cifras que proporcionan las diversas instituciones que manejan los datos sobre
el número de homicidios en el territorio nacional, lo que lleva a que algunas de
ellas traten de presentar una menor cantidad de personas asesinadas para evitar
las críticas hacia su trabajo. Con este tipo de informaciones se confunde a la
opinión pública y se le esconde a la población lo que realmente ocurre a diario.
Un tercer obstáculo para la libertad de expresión en nuestro país es el afán
deliberado de los grandes medios de difusión para no cubrir ciertas noticias y
con ello mantener oculta la ocurrencia de hechos importantes para la vida
nacional.
Un ejemplo de esto último es lo acontecido en el caso del enjuiciamiento del ex
Viceministro de Seguridad, coronel Carranza. Dicho militar de baja, está siendo
juzgado en Tennessee, Estados Unidos, por violaciones de derechos humanos
durante la guerra. Muy pocos medios nacionales le dieron cobertura a la noticia,
pero la mayoría pasó desapercibida la información para evitar que la población
conozca que se comienza a hacer justicia en algunos casos del pasado. Ello tira
al vacío el discurso estatal de que en el país se respiran aires de libertades.
El ocultar la verdad hace que los pueblos vivan en la oscuridad de la mentira y
que no tengan herramientas para decidir sobre bases reales su futuro político.
Ningún gobierno debería tener la posibilidad de decidir si debe decir la verdad
o no a la sociedad, sino que debe darse por hecho que permitirá que las cosas se
conozcan tal cual ocurren, en idéntica línea deben operar también los medios de
comunicación.
Es importante notar además, que el derecho a la libertad de expresión requiere
que el periodista sea responsable. Ello con el manejo de la información que se
publique, que tenga fuentes reales, que diga la verdad de lo averiguado y que no
reciba dinero ni dádivas por publicar ciertos hechos. Muchos piensan hoy en día,
que algunos periodistas son capaces de publicar cualquier cosa por obtener
mayores beneficios económicos personales o para la empresa que trabajan. La
verdad es que la integridad del profesional del periodismo es también un
valuarte fundamental en todo este tema, porque alguien no íntegro pone en riesgo
la credibilidad de lo que se da a conocer públicamente.
Trece años han pasado desde que se terminó la guerra. Existe más libertad de
expresión que antes, eso sin duda alguna. Durante esos viejos tiempos incluso se
mataban a periodistas. También amenazaban y difundían el miedo para silenciar
las palabras. Periodistas nacionales e interna-cionales fueron atacados y
perseguidos por la labor que hacían para descubrir y difundir la verdad.
Ahora las cosas han cambiado y los obstáculos para el periodismo libre e
independiente son otros. Hoy la amenaza al derecho de la libertad de expresión
viene tanto del Estado como de los propietarios de los medios de prensa, que
muchas veces potencian sus propios intereses económicos y políticos. No tenemos
ahora matanzas de periodistas, pero muchos de ellos sí siguen recibiendo
presiones laborales o amenazas personales.
Por ejemplo, recientemente el periodista Willfredo Salamanca publicó en el
periódico que trabaja una información obtenida de la Fiscalía de Houston sobre
el pastor Edgar López Bertrand (Hermano Toby). El clérigo iba a declarar su
culpabilidad en un juicio que se le sigue en Houston, Texas por haber hecho
falsas declaraciones en dos ocasiones para poder obtener un pasaporte
estadounidense. Días después, y durante dos días Salamanca fue amenazado e
insultado por miembros de la iglesia del Hermano Toby.
En suma, el derecho a la libertad de expresión es vital para que la sociedad
siga adelante. Es una forma de asegurar que las acciones del estado hacia el
pueblo vayan regidas según las leyes, por ello debe defenderse y potenciarse
para poder afirmar que efectivamente el mismo se respeta en nuestro país, pues
en la actualidad aún falta mucho camino recorrer.
Introducción a Objetivos de desarrollo del milenio
A continuación, presentamos la introducción al documento
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Objetivos de
desarrollo del milenio. Una mirada desde América Latina y el Caribe, elaborado
por José Luis Machinea, Alicia Bárcena y Arturo León. El documento fue publicado
en junio de 2005.
Introducción a Objetivos de desarrollo del milenio
El eje articulador de este documento es el tema de la desigualdad. A pesar de
haber registrado algunos notorios adelantos en materia social. América Latina y
el Caribe ostentan la lamentable característica de seguir siendo la región más
inequitativa del mundo.
La región, afectada por bajas tasas de crecimiento por largos períodos, ha sido
incapaz de reducir la desigualdad en la distribución del ingreso y en el acceso
a activos productivos. En no menor medida, esto se ha visto agravado por la
falta de empleos, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, que
permitan a los trabajadores liberarse del flagelo de la pobreza. Quienes viven
en esa situación ven que sus hijos tienen escaso acceso a servicios adecuados de
salud y de educación y, en muchos casos, a una adecuada alimentación. Todos
estos factores redundan en la muy alta probabilidad de que los hijos de los
pobres no consigan empleos de calidad y permanezcan en tal situación al llegar a
la vida adulta, lo que constituye una importante manifestación del circulo
vicioso de la pobreza.
Como se verá a lo largo del texto, la desigualdad inicia, el insuficiente y
volátil crecimiento económico y la concomitante falta de empleos de calidad
están en la base de la persistencia de la pobreza, que afectan en promedio al
43% de la población, incluido un 19% que vive en la pobreza extrema. Es
imperativo, entonces, ocuparse de tales factores si se desea reducir la pobreza.
La numerosa masa de personas que vive en situación de pobreza, debido a las
desventajas educativas y de salud en que se encuentran, ve menguadas sus
posibilidades de participar en el desarrollo económico de sus países y de
contribuir a este en mayor medida que en la actualidad. Por esa razón, el país
en su conjunto está en desventaja para reducir la brecha económica y social que
lo separa de los países más desarrollados.
En el curso del análisis también quedó manifiesto otro conocido mecanismo causal
circular que influye en el desarrollo de nuestros países: el bajo nivel de
ingresos no permite ahorrar los recursos que se requieren para realizar
inversiones en la magnitud necesaria para elevar la productividad y acrecentar
por esa vía el producto a un ritmo satisfactorio. Además de esta relación entre
ahorro e inversión globales, es importante destacar que, en ese marco de bajos
ingresos, el fisco no dispone de suficientes entradas para impulsar
decisivamente la inversión en infraestructura económica e infraestructura
social.
En otra dimensión, no puede dejar de considerarse que los círculos viciosos
aludidos suelen dar lugar a problemas de gobernabilidad que, graves en sí mismos,
pueden contribuir a aherrojar a muchos países en la desmedrada situación en que
se encuentran.
Asimismo, se pudo comprobar que varios países de bajo nivel de ingreso, que han
registrado mayor progreso económico en los últimos años, lograron avances
aislados pero importantes a través de programas sociales específicos en algunas
de las dimensiones de la pobreza, lo que revela que hay programas que pueden
elevar el bienestar de los sectores más necesitados mientras se encuentran
soluciones más estructurales al fenómeno de la pobreza.
En el presente informe se indica, además, que en el plano internacional se hace
imprescindible la realización de ciertas acciones por parte del mundo
desarrollado, incluida la cooperación para el desarrollo, sin las cuales no será
posible alcanzar los objetivos de desarrollo del Milenio y lograr un desarrollo
económico y social armónico a escala global.
Principales hallazgos, desafíos y orientaciones de política
A lo largo del informe se abunda en detalles sobre la situación en que se
encuentra la región cinco años después de la aprobación de los objetivos de
desarrollo del Milenio. Del análisis surgen fundadas orientaciones en materia de
políticas públicas, tanto para los países de la región como para la comunidad
internacional. Sin ánimo de presentar aquí una síntesis acabada y completa de
todo ello, cabe destacar los elementos más significativos, comenzando por los
hallazgos o comprobaciones:
i) El progreso registrado en la consecución de la meta de pobreza extrema es
insuficiente; el examen basado en líneas nacionales calculadas por la CEPAL
indica que solo un país ha llegado ya a la meta y que cinco lograron un progreso
importante y probablemente la alcanzarán. En todos los países restantes, el
avance fue escaso o, como sucedió en algunos, se registraron retrocesos.
ii) Sin embargo, la región está en vías de cumplir la meta sobre hambre. De
hecho, en 15 de 24 países se redujo la subnutrición, pero es inquietante que la
mayoría de los países con mayor rezago no hayan progresado a un ritmo acorde con
el logro de esta meta.
iii) Los problemas de insuficiencia de empleos y de baja calidad de estos son
los más apremiantes: el desempleo abierto aumentó del 6,9% en 1990 al 10% en el
2004, y el sector informal urbano y las actividades agrícolas de baja
productividad absorben más de la mitad del empleo en la región. En los objetivos
de desarrollo del Milenio no se destaca suficientemente este problema de
primordial importancia para la región.
iv) El avance en la consecución de algunas metas (entre otras, la equidad de
género en la educación, el acceso a fuentes mejoradas de agua y la reducción de
la mortalidad en la niñez) indica que la región se encuentra en vías de
alcanzarlas.
v) La degradación del medio ambiente natural y construido, que es alta y va en
aumento, tiene efectos negativos para la población pobre, tanto de las zonas
urbanas como de las rurales.
A continuación, se mencionan algunos de los principales desafíos en materia de
políticas:
i) La reducción a la mitad de la pobreza extrema y el hambre hasta el año 2015
exige un crecimiento económico rápido y sostenido, de por lo menos un 2,9% por
habitante, en la próxima década. En los países más pobres y que han progresado
mucho menos en los últimos 14 años, el incremento debe ser de un 4,4% anual en
promedio.
ii) El crecimiento económico no es suficiente para lograr los objetivos de
desarrollo en la región; una adecuada aproximación al crecimiento con equidad
implica cambios institucionales que permitan colocar a las políticas sociales en
el centro de las estrategias de desarrollo.
iii) Junto con reducir la pobreza y el hambre como urgencias de corto plazo, es
necesario invertir en capital humano mediante programas sociales como las
transferencias monetarias condicionadas para asegurar la atención de la salud y
la asistencia escolar en el nivel primario y secundario, y los programas de
alimentación escolar, nutrición y atención médica preventiva, especialmente a
embarazadas y a recién nacidos.
iv) Los países de la región deben hacer un gran esfuerzo interno para cumplir
los objetivos de desarrollo del Milenio. Entre otras cosas, es indispensable que
lleguen a un consenso sobre un verdadero nuevo pacto fiscal, que asegure el uso
eficiente de los recursos del Estado, la transparencia en su manejo, una clara
rendición de cuentas y una mayor disponibilidad de fondos para que el fisco
pueda cumplir con las nuevas demandas de acción. Aun así, se requerirá un
aumento de la asistencia oficial para el desarrollo a los países más pobres de
la región, entre ellos Bolivia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras y Nicaragua,
a fin de complementar sus recursos internos.
v) Es imperativa la conclusión exitosa de las negociaciones de Doha para el
desarrollo, lo que supone permitir el acceso de la región a los mercados de los
países desarrollados, especialmente los de productos agrícolas.
Capítulos
En el capítulo I se presentan un balance de los logros obtenidos por los países
de América Latina y el Caribe en los últimos años en materia de desarrollo y de
los obstáculos que lo dificultan, así como reflexiones sobre diversas
alternativas para enfrentar los desafíos del desarrollo contemporáneo. El
análisis de este tema es imprescindible para la consecución de los objetivos, en
especial los relativos a la pobreza. Para enfrentar tales desafíos en las
actuales circunstancias habría que adoptar una estrategia integral, puesto que
ya no es posible diseñar una política económica sin tomar en cuenta los
objetivos sociales y tampoco es posible formular adecuadamente políticas
sociales si no se toman en consideración los objetivos económicos, lo que queda
especialmente de manifiesto en el caso de la educación.
En el capítulo II se describen las principales características de la desigualdad
que caracteriza a la región en términos de distribución del ingreso. La extrema
pobreza y las carencias que enfrentan vastos sectores de la población no solo
son consecuencia del bajo nivel de ingreso en la mayoría de países, sino también
de la persistencia de una muy desigual distribución de ese ingreso. Esta
situación queda claramente en evidencia en relación con las metas sobre pobreza
extrema y hambre. Varios estudios han demostrado que el número de años
necesarios para alcanzarlas se reduciría significativamente si el crecimiento
económico fuera acompañado por una mejor distribución de sus frutos (CEPAL,
2003a y CEPAL/IPEA/PNUD, 2003). De hecho, los países que presentan las
situaciones más críticas en materia de alimentación podrían reducir a la mitad
el porcentaje de la población que padece hambre si disminuyeran moderada-mente
las desigualdades de acceso a los alimentos (CEPAL, 2003ª).
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