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Año 25
número 1160
Septiembre 7, 2005
ISSN 0259-9864
Editorial: Perspectivas sombrías para la izquierda
Política: El FDR, ¿opción para el cambio social?
Economía: La nueva alza en los precios del petróleo
Sociedad: Katrina: señal de alerta para la sociedad civil
Derechos Humanos: Fuerzas armadas, seguridad y derechos humanos
Documento: La cooperación internacional ante una encrucijada
Perspectivas sombrías para la izquierda
La izquierda salvadoreña no se agota en el FMLN, pero este partido es una de sus expresiones más importantes. Desde criterios puramente políticos, el FMLN ha sido, hasta ahora, el partido que ha aglutinado las ansias de quienes, en El Salvador, no están dispuestos a plegarse a los designios de la derecha y ARENA. Ha habido otras agrupaciones políticas que también se han querido situar a la izquierda del espectro político, pero han fracasado en el intento de convertirse en opciones políticas viables.
Las razones que explican ese fracaso son varias: sus líderes no pudieron
demarcarse de su pasada trayectoria vinculada, directa o indirectamente, al FMLN;
las propuestas que abanderaron no fueron convincentes para los sectores sociales
a los que iban dirigidas; los nuevos proyectos políticos fueron vistos como una
traición a los ideales por los que antes se luchó; fue difícil ver en esas
propuestas algo más que un afán meramente electorero... A estos factores
conviene añadir dos, de enorme relevancia: a) por lo general, las nuevas
formaciones de izquierda no sólo surgieron del seno del FMLN, sino que se
enfrascaron en una fuerte disputa con ese partido —disputa iniciada en los
momentos de la ruptura, pero continuada con posterioridad a ella—, desgastando
sus posibilidades de emerger y consolidarse como proyectos novedosos de
izquierda; b) asimismo, en el marco de esa disputa, la estrategia que
privilegiaron, para sobrevivir electoralmente, fue la de arrebatar votos al FMLN,
lo cual condicionó, desde un principio, sus posibilidades reales de convertirse
en protagonistas del sistema político. Fue una ingenuidad haber pensado que los
votantes del FMLN eran unos votantes sin convicciones firmes, dispuestos a
abandonar su partido por otro, cuyos dirigentes creían que lo único que bastaba
para atraerlos era proclamarse como una nueva izquierda.
La principal debilidad de las formaciones de izquierda que han irrumpido en el
escenario político de la postguerra radica en que han intentado, como estrategia
básica de sobrevivencia político-electoral, arrebatarle votos al FMLN. No han
buscado ser una opción más de izquierda, dispuestas a ocupar, junto con otras,
una espacio político que ciertamente puede ser más amplio en términos de
partidos y de electores, sino que pretendieron desplazar al FMLN, es decir,
ocupar su lugar, quedándose con sus votos y con su cuota de poder. Como
resultado de ello, sobrevino el fracaso político. Y, a tono con estas
experiencias de fracaso, se impuso la tesis de que en El Salvador no había más
espacio en la izquierda para otro partido que no fuera el FMLN y que cualquier
formación política de izquierda —desmembrada o no del FMLN— estaba condenada a
desaparecer.
Este razonamiento ha sido usado por muchos para interpretar la situación y
perspectivas del Frente Democrático Revolucionario (FDR), el nuevo proyecto de
izquierda que ha emergido de la más reciente crisis del FMLN. Para quienes no
ven con buenos ojos su surgimiento del FDR, este partido en proceso de
legalización no tendrá un futuro distinto al del PD y al del Movimiento
Renovador. Y no será de otro modo —dicen— porque se trata de un partido que,
además de contar en sus filas con figuras que han traicionado la causa
revolucionaria y que se han vendido a la derecha neoliberal, pretende —al igual
que hicieron socialdemócratas y renovadores— hacerse de una parte del caudal
electoral del FMLN, lo cual ha mostrado ser un propósito condenado al fracaso.
Es posible que esta lectura sea correcta. Sin embargo, es útil intentar otro
tipo de análisis, aunque sea sólo por el afán de explorar otras formas de ver la
dinámica de la izquierda salvadoreña. Para comenzar, hay que preguntarse por el
carácter del FDR, es decir, por su identidad como proyecto político. Se trata,
sin duda, de un partido de izquierda, pero no de una izquierda que adversa los
principios fundamentales del FMLN. Para el FDR, lo que está en cuestión no es el
proyecto efemelenista, sino la cúpula que lo dirige; es el rechazo a la cúpula
del FMLN lo que ha llevado a cuadros importantes del partido a fraguar un nuevo
proyecto político. Esta situación tiene aspectos novedosos, si se la compara con
la que llevó a la formación, por ejemplo, del PD. Este último puso en tela de
juicio el proyecto efemelenista; de hecho, quiso ser un proyecto destinado a
reemplazarlo, lo cual explica en parte su fracaso. El FDR viene a ser una
especie de intento por recuperar lo mejor del FMLN —por lo menos en la intención
de quienes le quieren dar vida—, y que no puede expresarse por el férreo control
ejercido sobre los militantes y mandos medios por la actual cúpula del partido.
En el FDR, pues, el asunto es bastante claro: el problema en el FMLN es la
cúpula; es su intransigencia, su intolerancia y su ansia de control lo que ha
obligado a muchos de sus cuadros —que no han renegado de sus ideales
democrático-revolucionarios—, a buscar refugio en un proyecto en el cual los
intereses de la cúpula no sean una camisa de fuerza para los militantes. Desde
el FMLN, las cosas también son bastante claras: al FDR no sólo han ido a parar
los ambiciosos y renegados, los que le hacen el juego a la derecha, sino que se
trata de un proyecto político condenado a desaparecer.
Es claro que la lectura del FMLN es simplista y cómoda. Más aún, es peligrosa
para sus perspectivas electorales, porque pierde de vista la posibilidad de que,
al contrario de lo que sucedió con e PD y el Movimiento Renovador, el FDR sí
logre arrebatarle un número significativo de votos en las próximas o en las
siguientes elecciones. Obviamente, aceptar esta eventualidad supone aceptar que
el malestar en torno a la forma cómo es conducido el partido –esgrimido por
muchos de los que se han dejado el FMLN y se han integrado al FDR— puede haber
llegado a la militancia, bases y simpatizantes del partido.
No se ven señales de que la cúpula efemelenista esté dispuesta a hacerse cargo,
ni siquiera por mera prudencia, de una situación como la apuntada. Por tanto, no
se ve cómo el FMLN pueda prepararse con realismo no sólo para ceder parte de su
caudal electoral a otro partido de izquierda, sino para seguir siendo un actor
político decisivo con un voto de izquierda dividido. Con un panorama como el
esbozado, las perspectivas políticas de la izquierda —la que se aglutina en
torno al FMLN y la que se sitúa fuera de él— son francamente sombrías.
El FDR, ¿opción para el cambio social?
La salida anunciada del alcalde capitalino Mario Rivas Zamora de las filas efemelenistas para incorporarse al recientemente creado Frente Democrático Revolucionario (FDR) y el anuncio de esta formación política para competir en las elecciones de marzo próximo, indican el surgimiento de una nueva opción electoral de izquierda. Sin embargo, el FDR tiene que efectuar una carrera contra el reloj, puesto que, en el lapso de unos pocos meses, tiene que cumplir con los requisitos para inscribirse en el registro electoral, activar su estructura organizativa y organizar su estrategia proselitista para el próximo año.
En pocas palabras, el FDR es un tanto hijo de la improvisación. Las
circunstancias que obligaron a su formación fueron precipitadas: la búsqueda de
“otra” alternativa de izquierda frente a un FMLN reacio al disenso interno.
Entre la izquierda que el país necesita y las izquierdas que el país tiene
La decisión de convertirse en un partido electoral ha sumido al FMLN —y quizás a
la izquierda en su conjunto— en una crisis de identidad de la que no parece
recuperarse. Por una parte, posee un patrimonio histórico valioso para el país.
La otrora izquierda armada se convirtió en un actor decisivo para el comienzo de
las transformaciones sociales y políticas que demandaba El Salvador durante
décadas. Este país era un esperpento autoritario, con remedos de elecciones y
con unos sectores dominantes de mentalidad excluyente.
Los acuerdos de paz que, en 1992, iniciaron la superación de un orden socio-ecómico
y político autoritario por otro cuyo rumbo sigue siendo incierto, marcaron
también una puesta en cuestión sobre qué debía ser la izquierda en las nuevas
circunstancias del país. En realidad, el FMLN no era ajeno a la situación global
de la izquierda latinoamericana: visto que era imposible hacer la revolución, ¿qué
quedaba? ¿Una izquierda de discurso radical y confrontativa con las élites de
poder, al estilo de Hugo Chávez, u otra, concertadora con estas mismas élites,
como la de Lula da Silva? ¿Una izquierda que manejara un discurso revolucionario
a ultranza, aunque Guazapa era tan sólo un cerro pelado, u otra que, al querer
adecuarse a los nuevos tiempos, mimetizaba conductas social-demócratas
europeizantes, junto a discursos moderados de derecha?
Se ha hablado mucho sobre la izquierda que el país necesita. Para algunos, esta
debería ser una izquierda ultramontana —la cual es, por cierto, presa fácil para
que sus detractores la presenten como enemiga de la democracia—; para otros, una
izquierda completamente inofensiva. Ciertamente, el país no necesita de esa “izquierda”,
pero tampoco de la izquierda que pretende ser la guardiana de la razón histórica.
¿Cuál es la izquierda que necesita El Salvador? Una que recoja la parte positiva
de las fuerzas comprometidas con la democratización de la sociedad. Pero también
tiene que ser una izquierda que rompa con la herencia negativa de estas fuerzas:
prácticas autoritarias en su seno, hegemonismo político y verticalismo.
Es necesario un retorno, o una construcción, de una izquierda ética, es decir,
comprometida con las transforma-ciones sociales, pero también abierta al diálogo
y democrática. Muchas veces estos dos puntos suelen ser contradictorios, porque
quienes abogan por un énfasis en el compromiso con las mayorías, muchas veces se
sienten dueños de la verdad y representantes de la voluntad popular. Por el otro
lado, quienes insisten en la apertura política, tienden a relativizar el
compromiso social. Pero ni el mesianismo ni el oportunismo pueden ser
alternativas viables.
Atavismos
Recuérdese un verdadero “parto de los montes”, perpetrado por una mezcla confusa
de oportunismo y deseos de desmarcarse del FMLN: la ruptura de los dirigentes
del ERP y la RN con el resto del FMLN, ruptura que trajo consigo la creación del
Partido Demócrata (PD). El rompimiento se anunciaba como un golpe mortal a la
antigua guerrilla. En una dudosa “movida audaz”, digna de mejores causas, los
diputados del PD firmaron un pacto político con el entonces presidente Armando
Calderón Sol, que significó la ruina de los escindidos.
Lo anterior resulta un episodio tragicómico, pero muy elocuente. Demuestra, por
un lado, que en El Salvador la definición de una identidad de izquierda pasa por
cómo definirse frente al FMLN. Por el otro, demuestra también que el FMLN
arrastra una autopercepción basada en lo que fue durante la guerra. Al margen de
lo que sea el FMLN como partido político, este también es un símbolo. Se ve a sí
mismo como tal: como la fuerza política que hizo la guerra, como la “vanguardia”
del pueblo salvadoreño. Fuera de sus filas, también se ve ese valor simbólico.
Constituir una fuerza de izquierda de otra índole pasa por contender frente a
este valor simbólico. Un valor simbólico de igual nauraleza es el del FDR
original. Transformado en Convergencia Democrática, sus denodados esfuerzos por
diferenciase de la ex guerrilla —de la cual se le acusaba de ser el brazo
político—, terminaron en actuaciones erráticas.
En la dirigencia efemelenista, lo anterior crea cierta autosuficiencia. Las
defecciones —aunque sean del calibre de los tres diputados que abandonaron sus
filas durante esta semana— son catalogadas como algo irrelevante.
El problema es que el futuro del país se juega en algo más concreto que en
atavismos políticos. Por otro lado, las mismas siglas FDR indican una añoranza
de lo que fue cierta izquierda diplomática e intelectual, la cual se vio
arrinconada por el hecho de haber sido un partido de cuadros, no de masas. Pero
el nuevo FDR no es el de Ungo y Zamora en los años ochenta.
La progresiva atomización de la izquierda
Toda construcción de una fuerza comprometida con el cambio social debe partir de
una serie de premisas. En primer lugar, ¿qué cambio social? Hablar del “cambio
social” sin definir su orientación es hablar en el vacío. Porque luego es muy
fácil, o bien caer en discursos utopistas reñidos con la práctica política
concreta, o bien caer en un cinismo disfrazado de pragmatismo. El FDR se plantea
a sí mismo como una fuerza que pretende rescatar el ideario efemelenista. ¿Es
ese ideario alcanzable desde una perspectiva electoral?
La segunda premisa consiste en algo muy evidente. Ninguna fuerza política, sea
de izquierdas o de derechas, representa per se la voluntad popular siempre y en
todo lugar. En una democracia representativa como la salvadoreña, no hay una
representación directa de la voluntad popular, salvo —y eso, con mucha cautela—
el día de las votaciones. De esto, se deriva algo más: ninguna fuerza política
es dueña de la verdad absoluta.
Visto lo anterior, el FDR debe plantearse el gran problema que se le plantea a
cualquier fuerza de izquierda: sus fines. Si sus fines son convertirse en una
fuerza electoral solvente, sus problemas pasan por destronar al FMLN en las
preferencias electorales, empresa que es, por lo demás, arriesgada. No sólo para
el FDR mismo, y para la izquierda en general, sino también para la sociedad
salvadoreña. Una izquierda atomizada sólo le hace el juego a la derecha. De nada
sirve tener una derecha con el poder casi total y un conjunto de partidos de
izquierda “zancudos”, como dicen en Nicaragua, capaces sólo de crearle pequeñas
molestias.
Si los fines del FDR, por el contrario, están vinculados con un proyecto de
cambios sociales definido por una visión de país y por una eticidad orientada
hacia las mayorías, el factor electoral no tendría que ser más que un simple
medio.
Este proyecto de cambios sociales está por definirse. Se ha diluido en puras
generalidades, o en definiciones negativas (se está en contra, por ejemplo, de
los Tratados de Libre Comercio, pero no se proponen soluciones realistas, es
decir, no doctrinarias, ni simples consignas). Los cambios sociales pasan por la
constitución de un proyecto de nación, incluyente y justo.
Para construir un proyecto nacional, se necesita el diálogo y la construcción de
consensos. Si se tiene un FMLN que considera “irrelevantes” las deserciones o
que ve la creación de otras fuerzas de izquierda como bagatelas; si se tiene un
FDR que, para el caso, reivindique el patrimonio ético del FMLN como el suyo —únicamente
suyo—, no hay condiciones para un consenso en las izquierdas.
Perspectivas
Dado el escaso tiempo que queda para las elecciones del año entrante, el
necesario proceso de organización a nivel nacional del FDR se ve como algo
cuesta arriba. La candidata del FMLN a la alcaldía de San Salvador, Violeta
Menjívar, desestimó la posible candidatura de su otrora compañera de partido,
Ileana Rogel, por parte del nuevo instituto político de izquierda. En palabras
de Menjívar, la contienda electoral en la capital será entre dos personas: ella
y Rodrigo Samayoa, candidato por el partido ARENA, el cual ya está echando mano
de todos los recursos —sucios y limpios— para recuperar una comuna perdida desde
hace ocho años.
Realmente hay razones para que Menjívar se muestre confiada. La capital se
muestra como un bastión firme para el FMLN, según la conducta del electorado.
Precisamente por eso mismo también se espera que la campaña de ARENA sea
implacable. Hay que recordar la experiencia de la derrota electoral del FMLN en
las presidenciales de 2004, para esperar todo tipo de maniobras por parte del
partido oficial.
En ese sentido, el FMLN no puede quedarse dormido en sus laureles. Debe dejar de
lado su autosuficiencia y pensar en términos más realistas. Es cierto que el FDR
no es todavía una fuerza política capaz de desplazarlo en términos de aceptación
por parte del electorado, pero también es cierto que la bancada efemelenista
está perdiendo peso en la Asamblea Legislativa. Algunos analistas aseguran que,
de seguir el ritmo de las deserciones de las filas efemelenistas, el FDR podría
ocupar el rol que ostenta actualmente el PCN: una fuerza legislativa capaz de
inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro, en virtud de la inexistencia de
una fracción con mayoría absoluta. El FDR tendrá el reto de emplear esta
posibilidad para bien del país y no para saciar las ambiciones de políticos de
baja estofa. Nuevamente se plantea la necesidad de crear una amplia alianza
electoral, si realmente se quiere evitar una nueva derrota. La derecha parece
estar lista. ¿Y la izquierda?
La nueva alza en los precios del petróleo
A inicios de la semana se difundió la noticia sobre un fuerte incremento en los precios de los combustibles. Para los próximos días se espera que los precios de la gasolina y el diesel incrementen alrededor de un 25%. De esta forma, el precio de la gasolina súper, regular y el diesel llegaría a 4.08, 3.99 y 3.01 dólares respectivamente. El alza se debe a los efectos del huracán Katrina en el golfo de México. El siniestro afectó una zona que es fundamental en la cotización de los precios del crudo y sus derivados en el mercado internacional. El impacto de la noticia fue tal, que durante la tarde del lunes de la presente semana, hubo un incremento en la demanda de combustible en algunas gasolineras del país. Muchos automovilistas se acercaron a las gasolineras para comprar el combustible a precios más bajos previendo el alza anunciada.
En los últimos días de la semana pasada, ya se había corrido la noticia de una
posible alza en los precios de la gasolina y el diesel. Pero en esa oportunidad
los incrementos que se esperaban no eran lo suficientemente altos para provocar
de manera inmediata un aumento en la demanda de combustible en las gasolineras
del país. Bajo ese contexto, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP)
previó un fuerte impacto en la economía. Raúl Melara, director ejecutivo de la
institución, mencionó que “la tendencia de los precios será un duro golpe a los
productos plásticos y fletes” y agregó que la mayoría de empresas ha reorientado
su consumo y optimizado su operación. Pero destacó que con el alza esperada se
podía hacer poco.
Los empresarios del transporte público de pasajeros mostraron su interés en
aumentar el precio del pasaje. Específicamente, la directiva de la Coordinadora
Nacional de Transporte (CNT) se reunió con el ministro de Obras Públicas, David
Gutiérrez, para negociar un alza en el pasaje de los autobuses urbanos y
departamentales. Rodrigo Contreras Teos, vocero de la CNT, expresó la necesidad
del alza a 30 centavos en el pasaje en la zona urbana y del 50% en los autobuses
interdepartamentales. En esa oportunidad, el ministro de Obras Públicas no dio
una respuesta a definitiva a la petición; únicamente dijo que tendría en
consideración la moción presentada por los transportistas.
Seguidamente, y en respuesta a los malestares que comenzaban a evidenciarse en
algunos sectores de la sociedad, el gobierno, a través del Ministerio de
Economía, reveló que tomaría varias medidas para paliar el impacto en la
economía como fruto de los incrementos de los precios del crudo. Las medidas
anunciadas fueron: la creación de ejes preferenciales para la circulación de
vehículos, una campaña de ahorro de combustible, la eliminación de los impuestos
a la importación de autos que funcionan indistintamente con gasolina o gas, una
modificación en la ley de hidrocarburos que permita la creación de expendios de
gas y, finalmente, el envío de una comisión especial a Venezuela en busca de
precios preferenciales.
Fruto del incremento de precios del combustible y ante la falta de una política
gubernamental concreta, los directores de la Asociación Salvadoreña de
Empresarios de Transporte y Carga (ASETCA) y la Asociación de Empresarios del
Transporte de Pasajeros (ATP) han acordado viajar a Venezuela en busca de
precios más baratos. Los directores de las gremiales buscan una entrevista con
el presidente Hugo Chávez para exponer su necesidad de adquirir el diésel a un
costo más bajo. Ricardo Vanegas, presidente de ASETCA, declaró: “tomamos la
batuta en esto porque creemos que es factible obtener el producto, y vamos hacer
el intento”. Para esta semana se tiene prácticamente confirmado el viaje de los
directores de las gremiales. De obtener, por su cuenta, precios preferenciales,
pondrían en evidencia la falta de iniciativa del gobierno para negociar con el
país sudamericano y la verdadera existencia de precios preferenciales en dicho
país.
¿Por qué hasta ahora?
Es importante destacar el reciente interés gubernamental por la posible
existencia de precios preferenciales en Venezuela. Esto, después de que muchas
veces la ministra de Economía, Yolanda de Gavidia, expresara que no existían
precios preferenciales del petróleo en el país sudamericano. Desde mediados del
año, la población salvadoreña pidió al gobierno que realizará todos los
esfuerzos para paliar el alza de precios en los combustibles. En esa oportunidad,
el FMLN manifestó como alternativa buscar mejores precios en Venezuela a través
de una entrevista con el presidente Hugo Chávez.
En la misma dirección, el director de la Asociación Salvadoreña de
Distribuidores de Petróleo (ASPP), Julio Villagrán, manifestó la posibilidad de
encontrar mejores precios en en aquel país. Ante las sugerencias del FMLN y la
ASDPP, el gobierno se mostró indiferente y evitó un acercamiento a Venezuela. En
esa oportunidad, en el ambiente económico y político se mantuvo la idea de que
dicho acercamiento no sería posible debido a las diferencias existentes entre el
gobierno de El Salvador y Venezuela en cuanto a la política internacional y sus
respectivas relaciones con los Estados Unidos.
En la actualidad, el gobierno ha mostrado interés por acercarse a aquel país
debido a que los empresarios de la ANEP se encuentran preocupados por el alza en
los precios de la gasolina y diésel. Parece ser que el gobierno salvadoreño
reaccionó exclusivamente ante las necesidades de los gremios empresariales.
Todos los llamados a la búsqueda de mejores precios en Venezuela provenientes de
otras entidades fueron desestimados en su momento. Bastó que el sector
empresarial pidiera auxilio para que el gobierno reaccionara en su ayuda.
Un alza en detrimento de los salarios reales
El incremento en los precios de la gasolina y el diésel se encuentra afectando
el bolsillo de los salvadoreños. De suceder el incremento esperado, las personas
que se transportan a través de autobuses y microbuses tendrían la posibilidad de
verse afectados por el incremento del pasaje. De igual manera, quienes se
conducen en vehículo propio tendrían que destinar una mayor cantidad de dinero
para el abastecimiento de combustible. Esto es sólo una dimensión del problema.
También pudiera suceder un incremento en los precios de los bienes que se venden
en el mercado local. Esto se debería a que las empresas comerciantes estarían
pagando un mayor costo de transporte (flete) por los productos que ofrecen en el
mercado.
En este sentido, el economista Carlos Acevedo mencionó que “no me extrañaría que
si estos precios se mantienen suba unos dos puntos la inflación”, haciendo
referencia al incremento de precios en los combustibles. En los últimos años, el
bolsillo de los salvadoreños se ha visto seriamente afectados por alzas en el
precio de pasaje, aumento de la presión fiscal fruto de la reforma fiscal,
incremento en las tarifas de energía eléctrica y en el costo de los granos
básicos. El alza en los precios de los combustibles tiene efectos permisivos
para la sociedad salvadoreña y es necesario que el gobierno y las organizaciones
de la sociedad civil trabajen para concretar una política que pueda hacer frente
al problema.
Los momentos de crisis económica permiten efectuar una racionalización económica
del consumo. Es una oportunidad para realizar una reasignación de recursos de
tal manera que el gasto se vuelva más eficiente. En esta situación, la
austeridad juega un papel importante y el nivel de ésta se encuentra determinado
por el nivel de ingreso inicial que tiene una persona, familia o empresa previo
a la crisis y el incremento en los precios de los bienes que se consumen
comúnmente. El análisis del transporte es un caso particular, este servicio
tiende a comportarse como bien complementario. El transporte se utiliza para
asistir al trabajo, estudio, hospital, entre otros. Finalmente, lo importante es
priorizar el consumo en bienes y servicios básicos, aquellos necesarios para la
alimentación, la educación y la salud.
Katrina: señal de alerta para la sociedad civil
El 29 de agosto de 2005, el huracán Katrina entró a Estados Unidos golpeando a los estados sureños de Lousiana, Missisipi y Alabama. En pocas horas causó destrucción, inundaciones y caos. De acuerdo a la organización Soluciones para la Gestión de Riesgo, los costos de los daños materiales podrían alcanzar niveles récord arriba de los 100 mil millones de dólares, con consecuencias impredecibles para la economía norteamericana. Aún no se logra establecer el número de fallecidos, pero oficialmente se estima que el número anda entre los 10,000 y 50,000, basándose en el porcentaje estimado de habitantes que no lograron evacuar la ciudad de Nueva Orleans; es decir, de un 5 a 10 por ciento. Por otra parte, se estima, oficialmente, que el número de desplazados es de un millón de personas, sin trabajo, sin dinero, y sin perspectivas claras sobre su futuro. Dentro de todo, este último grupo es el que corrió con la mejor suerte, ya que, hasta donde sus posibilidades económicas lo permitieron, lograron evacuar las ciudades afectadas. Los rescates y el éxodo de miles personas continúan, muchos otros siguen muriendo por hambre o enfermedades.
Los saqueos, disparos y violaciones que caracterizaron los primeros días de
supervivencia de las víctimas de Katrina asombraron a muchos espectadores más
que los daños, y es que quedó al descubierto que el tan anhelado “sueño
americano” no sólo no existe para una gran cantidad de personas, sino que su
imitación es insostenible y ha degradado la moral del ser humano.
Por si todo esto pareciera ajeno a nuestra realidad, valga la mención que la
economía centroamericana no logró escapar de Katrina. Su impacto se hará sentir
fuertemente, de acuerdo a lo vaticinado por el presidente del Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) Harry Brautigam.
Más allá de “lo natural”
La catástrofe, documentada en imágenes que han dado la vuelta al mundo entero,
dejó al descubierto un escenario que de entenderse en su justa medida puede
funcionar como una señal de alerta para la sociedad civil. Así, se hacen
necesarios dos cuestionamientos: qué tan “natural” fue el desastre y si las
“libres fuerzas del mercado” actuaron en favor del bienestar social a la hora de
prevenir el impacto y superarlo.
Aunque el presidente George Bush ha denominado a Katrina “el peor desastre
natural de la historia”, cada día se hace más evidente que lo ocurrido pudo
prevenirse. La información incluso se hizo pública, a través de medios de
comunicación masiva, años antes que esta catástrofe anunciada se materializara.
Fue en el 2001 que la Oficina Federal de Emergencias (FEMA) advirtió que entre
los desastres previsibles para Estados Unidos estaban: una catastrófica
inundación causada por un huracán sobre Nueva Orleans, un ataque terrorista en
Nueva York y un terremoto de grandes porporciones en San Francisco.
En 2002, varios artículos publicados en el periódico Times-Picayune de Nueva
Orleans informaron en detalle la posibilidad de que, en el caso de pasar un
huracán, se rompiera uno de los diques que contienen el agua del Lago
Pontchartrain que rodea la ciudad. Aún así, se suspendieron los trabajos de
refuerzo de esas estructuras por “recorte de presupuesto”. Asimismo, la FEMA fue
diezmada y absorbida por el Departamento de Seguridad Interna (DHS). Lo que se
esperaba pasó, y peor aún: miles de habitantes sobrevivieron el impacto del
huracán, con vientos que superaron los 240 kilómetros por hora, pero por la
falta de asistencia del gobierno durante las cruciales primeras horas del
desastre, muchos de ellos se ahogaron a medida las aguas crecían. La atención
médica tampoco llegó a tiempo.
Cabe mencionar que Bush ganó la reelección de 2004 en Lousiana, Missisipi y
Alabama, con un 57%, 60% y 63% de los votos, respectivamente. ¿Será que ve a sus
electores solamente como un medio para llevar a cabo sus proyectos corporativos
y bélicos, o que estaba plenamente convencido que “las libres fuerzas del
mercado” tomarían las riendas de la situación? En todo caso, en su discurso de
toma posesión de 2004, Bush expresó lo siguiente: “en el ideal de libertad de
los Estados Unidos, los ciudadanos encuentran la dignidad y seguridad de la
independencia económica, (…). En el ideal de libertad de los Estados Unidos, el
interés público depende del carácter privado”. Emotivas frases que responden a
un axioma del neoliberalismo, teoría que, en su pretensión científica, propone,
“la libertad absoluta del mercado es el método más eficiente para promover el
bienestar de la sociedad”. Los hechos hablan por sí mismos: el neoliberalismo no
es más que una ideología al servicio de los intereses de unos pocos. La
“responsabilidad social empresarial” no funcionó a la hora de enfrentar un
Katrina. El presupuesto para el año fiscal 2004-2005 redujo drásticamente los
fondos para educación, salud pública y protección del medio ambiente. Según
organizaciones de la sociedad civil que componen el Día de Acción Nacional por
Servicios Médicos para Todos, 18 mil personas en EEUU murieron el 2003 por falta
de cuido médico. Las cifras ya daban señales de alerta. Katrina lo enfatizó de
forma dramática.
La catástrofe que dejó tras sí Katrina no sólo fue anunciada, sino que sus
magnitudes responden consecuentemente a las decisiones y políticas
gubernamentales orientadas a favorecer la “América Corporativa” a costa de la
reducción del presupuesto destinado a cuidar el área social. A las autoridades
salvadoreñas les corresponde hacer una seria reflexión acerca de las
implicaciones a corto y mediano que Katrina tendrá en nuestra dependiente y
frágil economía. Esas implicaciones no serán “naturales” tampoco, sino producto
de decisiones gubernamentales, especialmente las tomadas durante el periodo
presidencial de Francisco Flores, quien, sin consulta nacional, condujo al país
a la renuncia de toda política monetaria, absorbiendo, o más bien dejándonos
absorber por el dólar americano. El actual presidente Antonio Saca, heredó y
asumió dicha agenda, haciendo prevalecer los temas que interesan a Estados
Unidos: el CAFTA–RD, permanencia de tropas salvadoreñas en Irak y la “Súper Mano
Dura”. Si las consecuencias económicas posteriores al desastre son aún
impredecibles para la economía de Estados Unidos, no hay duda que repercutirá en
la nuestra. La alerta de “emergencia nacional” dada por al Ministra de Economía
ante la especulación del incremento de los precios de la gasolina post-Katrina,
sin proponer más alternativas que “ahorren combustible”, es sólo una muestra de
la falta de previsión nacional ante las coyunturas internacionales o, ¿es que
también aquí se sirve a un “El Salvador Corporativo”?
La responsabilidad de la sociedad civil
Una sociedad civil fuerte, cohesionada, racional es clave a la hora de
determinar el rumbo de una nación en proceso de democratización. Se debe aspirar
a una democracia además de participativa, deliberativa, tal como lo propone
Jürgen Habermas, en donde la reflexión entre afectados a través de un acuerdo
comunicativo lleve a la luz pública las razones para la constitución del orden
jurídico y la toma de decisiones políticas. La sociedad civil no puede seguir
basando sus acciones políticas en sus emociones. Un discurso “emotivo” de un
líder que aspira al poder no determina su carácter y compromiso social. La
evaluación por parte de la sociedad civil debe ser más profunda, racional.
La responsabilidad de la sociedad civil es asumir su papel de sujeto histórico.
Para ello se necesita mucho trabajo y disciplina, menos “shopping” y menos
entretenimiento superfluo. Dejarle la tarea a “las fuerzas del mercado” es mucho
más cómodo, pero es peligroso para la supervivencia de las sociedades, tal como
lo deja entrever Katrina.
Entonces, ¿qué debe hacer la sociedad civil ante esta llamada de alerta?
Despertar políticamente. Un distanciamiento de los temas políticos puede tener
serias repercusiones en los destinos de las naciones. En todo caso, la política
es ineludible, sus efectos los sentimos en nuestra vida cotidiana. Más vale
aceptar y asumir la responsabilidad histórica como sociedad.
Fuerzas armadas, seguridad y derechos humanos
Hace unas semanas se realizó en Managua, Nicaragua, un seminario regional con el título que encabeza este comentario. Organizado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), el evento pretendía profundizar diversos temas vinculados a la relación existente entre la milicia y los derechos humanos en Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador. Oficiales castrenses de los cuatro países junto a miembros de organizaciones sociales de derechos humanos, reflexionaron sobre dos temas: los retos de la seguridad ciudadana y el papel de las tropas en el marco de las operaciones de paz. Parte del esfuerzo de las y los asistentes se dedicó a discutir problemas de enorme actualidad; así, por ejemplo, se debatió con especial énfasis acerca del crimen organizado, el terrorismo y la modernización de los ejércitos.
En ese marco, se abordó un tema candente de actualidad: la seguridad ciudadana;
esto supuso, necesariamente, referirse a la débil institucionalidad regional
para garantizarla. Entre las carencias de la administración pública al respecto
destaca lo siguiente: agentes con escasa preparación en materia de inteligencia
policial, deficiente investigación del delito e inadecuado manejo de los
escenarios del crimen. A esas fallas debe agregarse el cuestionado
funcionamiento fiscal en lo relativo, por ejemplo, a la persecución del delito.
En el caso salvadoreño la situación es más grave, cuando se reproducen vicios
heredados de los cuerpos policiales extintos tras el fin de la guerra.
Si los Estados cuentan con lánguidos mecanismos para enfrentar la violencia y el
crimen organizado, la tentación de recurrir a la fuerza es grande y casi siempre
aparece ésta como la “solución”. Este fue uno de los asuntos más debatidos en el
referido seminario regional, pues los gobiernos utilizan las fuerzas armadas en
tareas de seguridad pública cuando esa función nada tiene que ver con su razón
de ser y sus miembros no están preparados para ejercerla. De ahí una importante
conclusión: militarizar la acción policial no se traduce en un combate eficaz de
la delincuencia ni en una reducción sustantiva los niveles de violencia y, mucho
menos, en garantía de seguridad pública.
Para demostrar lo inadecuado de ese planteamiento baste recordar el papel que
veinte o treinta años atrás desempeñaron estas instituciones en los cuatro
países mencionados. Con el pretexto de enfrentar situaciones de emergencia y
defender el orden establecido, cientos de miles de personas fueron víctimas de
las peores violaciones a sus derechos humanos; violaciones ordenadas por
militares y ejecutadas por policías, o decididas y cumplidas por efectivos
castrenses sin que asumieran legal y moralmente su responsabilidad. ¿Es que
acaso hoy, con el argumento del combate a la delincuencia, existe la posibilidad
que se repitan hechos semejantes?
Pero, además, existen razones técnicas y funcionales para rechazar semejante
postura. Los cuerpos policiales son los únicos autorizados para ejercer, legal y
propor-cionalmente, la fuerza coercitiva estatal; eso significa que están
diseñados para detener a quienes violen la ley a través de un proceso respetuoso
de los derechos fundamentales. En cambio, las fuerzas militares están entrenadas
para un uso total de la fuerza; representan, entonces, la excepción y no la
regla. Además, desde la perspectiva de la seguridad interna no poseen formación
jurídica alguna y sus miembros manejan la lógica de aniquilar o destruir al
enemigo.
En los acuerdos que pusieron fin a la guerra quedó establecida esa separación de
funciones; sin embargo, esto no se cumplió a cabalidad y así la Fuerza Armada de
El Salvador (FAES) continúa desempeñando funciones que no le corresponden. Hoy
la institución demanda, entonces, más recursos para mantener sus efectivos que
participan en los llamados “grupos de tarea conjunta” o “antidelincuenciales”.
En definitiva, el círculo vicioso no terminará mientras no se tengan claras la
diferencia que la misma Constitución de la República establece en su artículo
159. inciso 2, cuando dice: “La Defensa Nacional y la Seguridad Pública estarán
adscritas a Ministerios diferentes. La Seguridad Pública estará a cargo de la
Policía Nacional Civil, que será un cuerpo profesional, independiente de la
Fuerza Armada y ajena a toda actividad partidista”.
Si bien es cierto que el Presidente de la República puede disponer de la milicia,
esa potestad es excepcional tras haber agotado los medios ordinarios para el
mantenimiento de la paz interna, la tranquilidad y la seguridad pública. Lo que
se observa en la realidad es una inadecuada interpretación de esa salvedad, al
convertirla en regla.
Algunos ejemplos de lo anterior durante los últimos dieciséis años: el plan
“Grano de oro” para proteger los cultivos de café; el “Caminante”, también para
patrullar en el campo; la Ley transitoria de emergencia contra la delincuencia y
el crimen organizado; la Ley antimaras y el Plan “Mano dura” de Francisco
Flores; y el “Súper mano dura” de su sucesor. La semana pasada se inició otra
fase de este último, con la pretensión de crear equipos integrados por dos
policías, tres miembros militares y un estudiante de la Academia Nacional de
Seguridad Pública para prevenir la violencia en los lugares clasificados como
peligrosos. Lo anterior muestra la incapacidad policial tolerada por el
Ejecutivo, que además permite la sistemática y sostenida usurpación de funciones
por parte de la FAES.
Todo eso distorsiona e interrumpe los procesos de transformación militar que en
Guatemala y El Salvador pretendieron iniciarse tras los conflictos respectivos.
Dichas reformas implicaban adoptar nuevos planes educativos con un alto
componente de derechos humanos, delimitar funciones con una clara subordinación
al poder civil y construir un marco jurídico sometido al ordenamiento
constitucional vigente. Con esto se creyó asegurar la profesionalización de sus
miembros. Pero al evaluar el proceso salvadoreño, resulta evidente la mala
conducción política de los sucesivos gobiernos de la posguerra; estos son, a fin
de cuentas, responsables de la ineptitud policial y de la distorsión de reglas
democráticas al delegar tareas que no le corresponden a los militares.
Por otro lado, pretenden justificar la participación de la FAES en las llamadas
misiones de paz en el extranjero apelando a la lucha contra el terrorismo y la
identificación de nuevas amenazas como el auge del “narcoterrorismo”, el
trasiego de armas y el tráfico de personas en los países de la región. La
conveniencia o no de estas misiones debería ser objeto de discusión nacional,
sobre todo cuando El Salvador es el único país latinoamericano con tropas en la
invasión estadounidense a Irak, donde ya murieron dos compatriotas.
Además de revisar las nuevas funciones militares, tal como se planteó en el
seminario de Managua, en la región debe honrarse su memoria y la de las víctimas
de las graves violaciones de derechos humanos en el pasado reciente; deben hacer
un riguroso examen de conciencia, para que luego las instituciones castrenses
pidan perdón por su responsabilidad en tales hechos.
El general Otto Romero, Ministro de la Defensa Nacional salvadoreño afirmó hace
unos días lo siguiente: “Nosotros tuvimos un proceso de paz exitoso, y
enfrentamos nuestro pasado y nuestro futuro también. Somos en realidad
cumplidores excelentes de los Acuerdos de Paz, y con ello está claro que hemos
enfrentado el pasado”. Punto; no hay más que hablar. Lo dijo durante la
ceremonia en la que condecoró a Juan Emilio Cheyre, Comandante en Jefe del
Ejército de Chile, también acusado de graves violaciones de derechos humanos
durante la dictadura “pinochetista”; éste oficial dictó una conferencia en la
que, a diferencia de la postura de su colega salvadoreño, dijo tajante: “El
pasado se enfrenta y lo vamos a enfrentar todos”.
Reconocer el doloroso pasado imputable a las fuerzas armadas es un medio único
para conciliar a éstas con las sociedades a las que pertenecen; además, de
concretar esa necesaria expiación, estarían contribuyendo al fortalecimiento de
la democracia en los países de la región. Pero en El Salvador, la resistencia es
enorme como enorme es también el sufrimiento de las víctimas de la impunidad.
La cooperación internacional ante una encrucijada
A continuación presentamos un fragmento del Informe sobre Desarrollo Humano 2005, divulgado el pasado 7 de septiembre por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
La cooperación internacional ante una
encrucijada:
Ayuda al desarrollo, comercio y seguridad en un mundo desigual
El año 2004 finalizó con un acontecimiento que demostró tanto el poder
destructivo de la naturaleza como el poder regenerador de la compasión humana.
El tsunami que azotó el Océano Índico cobró más de 300.000 vidas y dejó a
millones de personas sin hogar. Pocos días después, el peor desastre natural de
la historia reciente daba lugar al mayor esfuerzo internacional de socorro
conocido, demostrando lo que puede lograr la solidaridad mundial cuando la
comunidad internacional se consagra a un gran empeño.
El tsunami fue una tragedia altamente visible, impredecible y, en gran medida,
inevitable. Existen otras tragedias menos notorias, fáciles de evitar y
predecibles por su exasperante regularidad. Cada hora que pasa y sin acaparar la
atención de los medios, mueren más de 1.200 niños. Esto equivale a tres tsunamis
mensuales, todos los meses, que alcanzan a los ciudadanos más vulnerables del
mundo: los niños. Las causas de muerte varían, pero la abrumadora mayoría se
debe a una única patología: la pobreza. A diferencia del tsunami, esta patología
se puede prevenir. Con la actual tecnología, recursos financieros y acumulación
de conocimientos, el mundo tiene la capacidad de superar la pobreza extrema. Sin
embargo, como comunidad internacional permitimos que la pobreza destruya la vida
a una escala que por su envergadura eclipsa el impacto del tsunami.
Cinco años atrás, al comienzo del nuevo milenio, los gobiernos del mundo se
unieron para hacer una extraordinaria promesa a las víctimas de la pobreza
mundial. En las Naciones Unidas, firmaron la Declaración del Milenio, un
compromiso solemne “para liberar a nuestros semejantes, hombres, mujeres y niños,
de las condiciones abyectas y deshumanizadoras de la pobreza extrema”. La
Declaración representa una visión enérgica que tiene su origen en un compromiso
compartido con los derechos humanos universales y la justicia social y, a la vez,
está respaldada por metas claras y definidas. Éstas, conocidas como los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM),incluyen reducir a la mitad la pobreza
extrema,reducir la cantidad de muertes infantiles, proveer educación a todos los
niños y niñas del mundo,reducir la cantidad de enfermedades infecciosas y forjar
una nueva alianza mundial para obtener resultados. El plazo fijado para cumplir
estos objetivos es el año 2015.
El desarrollo humano abarca mucho más que los ODM, pero éstos constituyen un
referente crucial para medir el progreso hacia la creación de un nuevo orden
mundial más justo, menos empobrecido e inseguro. En septiembre de 2005, los
gobiernos del mundo se volverán a reunir en las Naciones Unidas para revisar los
avances conseguidos desde que firmaran la Declaración del Milenio y redefinir el
curso para el decenio que resta hasta 2015.
No hay grandes motivos para celebrar, si bien se han conseguido algunos
progresos importantes en desarrollo humano desde la firma de la Declaración del
Milenio. La pobreza ha disminuido y los indicadores sociales han mejorado. Los
ODM han sido un punto de convergencia de la preocupación internacional, en la
medida en que han puesto el tema del desarrollo y la lucha contra la pobreza en
la agenda de un modo que, un decenio atrás, habría sido inimaginable. El año
2005 está marcado por una campaña mundial sin precedentes destinada a dejar la
pobreza en el pasado, campaña que ya dejó su impronta en términos de los avances
en materia de ayuda y alivio de la deuda registrados en la cumbre del Grupo de
los Ocho (G-8),donde se dieron cita las principales economías industrializadas
del mundo. ¿Cuáles fueron las enseñanzas recogidas?
La fuerza de los argumentos respaldados por la movilización pública puede
cambiar el mundo. Así todo, mientras los gobiernos se preparan para la cumbre de
la ONU 2005, el informe general de avances es deprimente. La mayoría de los
países están mal encaminados para cumplir la mayor parte de los ODM. El
desarrollo humano está tambaleando en algunas áreas cruciales y las
desigualdades que ya eran profundas siguen aumentando.
Muchos discursos diplomáticos y términos corteses intentan dar cuenta de la
diferencia entre el progreso en desarrollo humano y la ambición plasmada en la
Declaración del Milenio; sin embargo, ninguno de ellos debería empañar una
verdad muy simple: no se está cumpliendo la promesa hecha a los pobres del mundo.
Este año 2005 marca una encrucijada. Los gobiernos del mundo enfrentan distintas
alternativas.
Una de ellas es aprovechar la oportunidad y transformar el año 2005 en el inicio
del “decenio a favor del desarrollo ”.Si se realizan hoy las inversiones y se
ponen en marcha las políticas necesarias para alcanzar los ODM, aún se está a
tiempo de cumplir la promesa de la Declaración del Milenio. Pero queda poco
tiempo. La cumbre de la ONU constituye la oportunidad de adoptar los planes de
acción decisivos que son necesarios no sólo para volver a encaminarse hacia el
cumplimiento de los objetivos al 2015, sino también para terminar con las
profundas desigualdades que dividen a la humanidad y forjar un nuevo patrón de
globalización más justo.
La otra alternativa es continuar con la rutina y hacer de 2005 el año en que se
habrá faltado a la promesa de la Declaración del Milenio. De optar por ello,
esta generación de líderes mundiales pasará a la historia como quienes
permitieron que fracasaran los ODM. En vez de comprometerse con acciones, la
cumbre de la ONU podría dar lugar a otra ronda más de rimbombantes declaraciones
por parte de los países ricos cuya oferta constaría de aún más palabras y
ninguna acción. Un resultado como éste tendría claras consecuencias para los
pobres, pero en un mundo de amenazas y oportunidades cada vez más
interconectadas, ello también pondría en peligro la seguridad, la paz y la
prosperidad mundial.
La cumbre de 2005 constituye una oportunidad crítica para los gobiernos que
firmaron la Declaración del Milenio de mostrar que se pondrán manos a la obra y
de que son capaces de romper con la rutina. Esta es la ocasión de probar que la
Declaración del Milenio no es sólo una promesa no cumplida, sino un compromiso
real con el cambio. La cumbre es también la oportunidad de movilizar los
recursos para inversión y poner en marcha los planes necesarios para construir
las defensas capaces de detener el tsunami de la pobreza mundial. Lo que se
requiere es voluntad política para actuar conforme al compromiso asumido hace
cinco años
El Informe sobre Desarrollo Humano 2005
El Informe de este año trata de la envergadura del desafío que enfrenta el mundo
al inicio de la cuenta regresiva de 10 años hasta 2015 y se concentra en lo que
los gobiernos de los países ricos pueden hacer para cumplir la parte que les
corresponde en la alianza mundial para el desarrollo. Esto no significa que a
los gobiernos de los países en desarrollo no les quepa responsabilidad en el
asunto. Por el contrario, tienen una gran responsabilidad. No hay cooperación
internacional que pueda compensar aquellas acciones que los gobiernos dejan de
hacer por no priorizar el desarrollo humano, no respetar los derechos humanos,
no hacerse cargo de las desigualdades y no poner fin a la corrupción. Pero sin
un nuevo compromiso de coope-ración respaldado por acciones prácticas y
concretas, los ODM no se cumplirán y la Declaración del Milenio pasará a la
historia como una promesa incumplida más.
Nos centramos en tres pilares de la cooperación, los cuales requieren ser
renovados con urgencia. El primero es la asistencia para el desarrollo. La ayuda
internacional constituye una inversión fundamental en desarrollo humano y su
rentabilidad puede medirse por el potencial humano que resulta de la prevención
de enfermedades y muertes evitables, la educación para todos los niños y niñas
del mundo, la superación de las desigualdades de género y la creación de
condiciones para conseguir crecimiento económico sostenido.
La asistencia para el desarrollo se caracteriza por dos carencias: déficit
crónico de financiamiento y mala calidad; y si bien hubo mejoras en ambos
frentes, aún queda mucho por hacer para cerrar la brecha de financiación de los
ODM y mejorar la relación calidad-precio.
El segundo pilar es el comercio internacional. En circunstancias favorables, el
comercio puede ser un poderoso catalizador del desarrollo humano. La “Ronda del
Desarrollo” de Doha, lanzada en 2001 en el marco de las negociaciones de la
Organización Mundial del Comercio (OMC),fue una oportunidad para que los
gobiernos de los países ricos generaran estas circunstancias. Durante los cuatro
años transcurridos desde aquella fecha, no se ha logrado nada sustancial. Las
políticas comerciales de los países ricos siguen negándole a los países y a las
personas pobres una participación justa en la prosperidad global, situación que
hace caso omiso a la Declaración del Milenio. Más que lo que puede lograr la
ayuda internacional, el comercio tiene el potencial de aumentar la participación
de los países y de la población más pobre del mundo en la prosperidad mundial.
Restringir ese potencial a través de políticas comerciales injustas no es
coherente con el compromiso asumido en los ODM y más aún, resulta injusto e
hipócrita.
El tercer pilar es la seguridad. Los conflictos armados arruinan la vida de
millones de personas, constituyen una fuente de violación sistemática de los
derechos humanos y obstaculizan el avance hacia el cumplimiento de los ODM. La
naturaleza de los conflictos ha cambiado y han surgido nuevas amenazas a la
seguridad colectiva. En un mundo cada vez más interconectado, los peligros que
plantea la incapacidad de prevenir estos conflictos, o de aprovechar las
oportunidades para instaurar la paz, trascienden inevitablemente de las
fronteras nacionales. La cooperación internacional más eficiente podría
contribuir a eliminar los obstáculos que representan los conflictos armados para
el avance hacia los ODM y así crear condiciones para acelerar el desarrollo
humano y lograr una verdadera seguridad.
La renovación debe ser simultánea en los tres pilares de la cooperación
internacional. Fracasar en cualquiera de las tres áreas socavará los fundamentos
del progreso en el futuro. Contar con reglas más eficientes en el comercio
internacional servirá de poco en países donde los conflictos armados
obstaculizan las oportunidades de participar en el comercio. Acrecentar la
asistencia sin incorporar reglas de comercio más justas arrojará resultados
menos que óptimos. Asimismo, sin la perspectiva de mejorar el bienestar humano y
erradicar la pobreza como resultado de la asistencia internacional y el comercio,
la paz seguirá siendo frágil.
Tel: +503-210-6600 ext. 407, Fax: +503-210-6655 |
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