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El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.

Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.

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Año 25
número 1161
Septiembre 14, 2005
ISSN 0259-9864

Número monográfico
XL aniversario de la UCA

Índice

Editorial: Los cuarenta años de la UCA

Política: El enfoque universitario de la política: el aporte de la UCA

Sociedad: UCA: por una sociedad democrática y libre de violencia

Documento: Veinte años por la verdad, la justicia y la paz

Editorial

Los cuarenta años de la UCA

Para muchas personas, llegar a los cuarenta años de edad tiene un significado especial. A la par de la condición fisiológica de cada cual —sin duda, importante en lo que se refiere a las expectativas de salud o enfermedad—, está la condición cultural e intelectual. A los cuarenta años ya se ha adquirido un capital simbólico determinado —más pobre o más rico, según los casos—, el cual marcará el resto de la vida de cada uno. Dicho de otra manera, de los cuarenta en adelante, lo que corresponde es hacer producir lo que se conquistó en los años previos. No es que no se puedan adquirir nuevos conocimientos; sin duda que sí. Lo que sucede es que, a esas alturas, de lo que se trata es de poner en práctica lo que se asimiló en los momentos oportunos —desde un punto de vista psico-biológico— de la formación personal.

Al llegar a los cuarenta años, pues, todas las personas tienen un bagaje cultural que constituye el capital simbólico con el cual enfrentarán el resto de su vida. Dependiendo de cuán rico o cuán pobre sea ese capital simbólico, así serán de amplias o estrechas sus posibilidades de realizarse como personas. En el caso de que se trate de personas relacionadas con la cultura —académica, científica o literaria—, su producción intelectual estará fuertemente marcada —en su amplitud o en sus limitaciones— por el capital simbólico que tengan en su haber.

Con las instituciones que generan conocimientos —particularmente con las universidades— sucede algo parecido a lo que sucede con las personas. Obviamente, también hay notables diferencias, siendo la más evidente la de los tiempos respectivos: el tiempo de las instituciones —y por ende la vida institucional— es más dilatado que el de las personas. Aunque puede haber instituciones con una vida breve —más breve que la de una persona—, lo usual es que las instituciones duren más que las personas, lo cual permite a algunas de ellas sobrevivir a varias generaciones o incluso a cambios civilizacionales.

Dicho lo anterior, y salvando las diferencias mencionadas, las instituciones que generan conocimientos, al igual que los individuos, deben acumular primero —para poder producir conocimientos— un determinado capital simbólico. Es este último el que les abre o les cierra posibilidades, no sólo para desarrollarse académicamente, sino para enriquecer la vida cultural de la sociedad en la que se encuentran inmersas. El capital simbólico institucional no se acumula de un día para otro, ni por obra de un solo individuo. Requiere años de esfuerzo; requiere del trabajo cotidiano, paciente y constante, de los hombres y mujeres que sostienen a la institución, que asimilan, critican y recrean no sólo el saber heredado, sino el saber vigente.

¿Cuántos años necesita una institución que produce conocimiento para acumular su capital simbólico? No se sabe. Lo que no puede negarse es que las instituciones que producen conocimiento cuentan con un capital simbólico acumulado y que la mayor o menor calidad del conocimiento producido depende fuertemente de este último.

En el caso de la UCA, sus cuarenta años de vida la han dotado de un importante capital simbólico que le abren una amplia gama de posibilidades tanto de desarrollo interno como de incidencia cultural en la sociedad salvadoreña. Los cuarenta años de la UCA lo han sido de trabajo paciente, constante y cotidiano, encaminado a acumular y a recrear conocimiento. Lo han sido también de proyectar ese conocimiento a la sociedad, de hacer del mismo una herramienta de incidencia social. También los han sido de producir conocimiento, tanto en áreas técnicas como en las humanidades.

Al trabajo cotidiano —sostenido por una comunidad universitaria comprometida con los ideales de la universidad— se suman momentos claves en la historia institucional de la UCA, que también hacen parte de su capital simbólico: la definición de la UCA como una universidad al servicio de la liberación (1972); la participación de figuras claves de la UCA —incluido su rector en ese entonces— en la primera Junta Revolucionaria de Gobierno (1979); y el asesinato Ignacio Ellacuría, sus cinco compañeros jesuitas y de Elba y Celina Ramos (1989). Estos acontecimientos —sobre todo los que dejaron sangre en la universidad— dieron densidad a la vida de la UCA y, por tanto, condensan lo mejor de un quehacer universitario que desde 1975 estuvo en función de un centro que no estaba al interior del recinto universitario, sino fuera del mismo.

Quizás para otras instituciones cuarenta años signifiquen poco, pera para la UCA representan un proceso rico en experiencias, definiciones y responsabilidades claramente asumidas ante la sociedad salvadoreña. La UCA ha acumulado no sólo saber, sino también compromiso ético. Ese saber y ese compromiso ético —con quienes tienen menos oportunidades, con quienes sufren abusos de todo tipo, con quienes son excluidos social y económicamente— son el capital simbólico con el que la UCA cuenta para enfrentar su vida institucional después de los cuarenta años.

La pregunta por si la UCA es mejor o peor ahora que antes —por ejemplo, que en la segunda mitad de los años setenta o en la década que va de 1980 a 1989— es una pregunta que escamotea lo principal, es decir, que la UCA, más que ser peor o mejor ahora que antes, es distinta. Pero lo es en continuidad con un pasado al cual no puede ni quiere renunciar, porque es el que nutre su identidad como una universidad cuya materia más importante es la realidad nacional. Quienes se integran a la UCA como nuevos empleados, sea en la docencia o en la administración; los estudiantes que año con año se matriculan en sus carreras; los amigos y amigas que año con año visitan la universidad; los salvadoreños y salvadoreñas que entran en contacto con la universidad, a través de la radio YSUCA, de las charlas impartidas por los departamentos académicos y de proyección social, o de la asistencia legal ofrecida por el IDHUCA... Todos ellos participan del capital simbólico de la UCA y están llamados a recrearlo, es decir, a mantenerlo vivo.

G

Política

El enfoque universitario de la política: el aporte de la UCA

Sin lugar a dudas, la percepción de la sociedad salvadoreña acerca de la política ha cambiado enormemente en los últimos dieciséis años. 1989 marcó en el país un cambio de valoraciones sobre el tema político. El último tramo de la guerra interna marcó el hastío de la guerra. La población no estaba interesada en seguirse involucrando en la movilización bélica. Más bien, lo que tomó auge fue otro tipo de movilización: la de las organizaciones ciudadanas que presionaron por una salida negociada a la guerra, al margen de los objetivos de uno y otro bando.

Contrario a lo que hubiera podido anticiparse, la conclusión de la guerra no trajo consigo un mayor protagonismo de la sociedad civil, sino todo lo contrario. Su exclusión de las decisiones cruciales de la negociación de la paz —el tema económico, la reparación de las víctimas, etc.— y el fortalecimiento del sistema de partidos —con la incorporación del FMLN a la vida política— puso las condiciones para su batida en retirada del ámbito político. Los partidos políticos se asumieron a sí mismos como la representación de la voluntad de la sociedad, dada la representatividad que les era conferida desde las urnas. Las estructuras partidarias subsumieron las demandas sociales y económicas de sus bases y las transformaron en plataformas electorales. El resultado puede verse en un proceso de despolitización de la sociedad salvadoreña, agudizado con cada proceso electoral.

La pregunta que surge en estos cuarenta años de existencia de la UCA es si tiene algún sentido hablar de la dimensión política de la universidad en una sociedad cada vez más despolitizada, donde la opinión pública parece decantarse no hacia grandes soluciones estructurales, sino al ámbito más modesto de las soluciones a problemas puntuales. Para ello, nos detendremos en algunas consideraciones hechas por Ignacio Ellacuría sobre la politicidad del quehacer universitario.

La dimensión política como sentido último de la universidad
“El sentido último de una Universidad y lo que es en su realidad total debe mensurarse desde el criterio de su incidencia en la realidad histórica, en la que se da y a la que sirve”.

Estas palabras, escritas en un número especial de la revista ECA dedicado al décimo aniversario de la UCA (“Diez años después: ¿Es posible una universidad distinta?”, ECA, 324-325, p. 606), plantean que el sentido más radical de la institución universitaria es su incidencia en la realidad histórica. Esto se puede contrastar en la actualidad. Predomina mucho una concepción meramente tecnicista de la formación académica, en desmedro de un abordaje teórico de los distintos elementos de la realidad. Así, el perfil predominante del profesional será el de un especialista que domina un conjunto de saberes operativos (una tekhné) sobre un área determinada del conocimiento, pero que no sabrá relacionarlos con la realidad del país. Y no es que el conocimiento técnico sea malo. El Salvador necesita de muchos técnicos. Que un país esté en situación de alerta cada vez que comienza la estación lluviosa es síntoma que hay una falta de conocimientos aplicados a ámbitos muy concretos de la vida. El problema es que el conocimiento técnico que se imparte no suele convertirse en una práctica que solucione los problemas de la población. Año con año, hay zonas en el país que se convierten en zonas de desastre cuando comienzan las primeras lluvias. Por tanto, no es que haya conocimiento, sino que este conocimiento no se aplica en función de estos problemas urgentes e inmediatos.

En la Edad Media, el conjunto de los conocimientos humanos se dividía en unas artes liberales, conocimientos más especulativos, y unas artes mecánicas o serviles, el cual constituía el ámbito de la técnica, es decir, el conocimiento aplicado. De alguna manera, hemos seguido perpetuando ese divorcio entre el conocimiento teórico y el conocimiento operativo. Esto resulta imperdonable en un país con tantas necesidades como este. Así, se tienen promociones universitarias con médicos. Pero, ¿si se tienen médicos, por qué hay también tantos problemas básicos de salud?

Podríamos decir que hay una multiplicidad de factores, pero el diagnóstico de Ellacuría sigue presentándose como válido. Al alejar de su horizonte la necesidad de incidir en la realidad histórica, las universidades forman solamente técnicos, expertos en saberes operativos, pero totalmente desinteresados de lo que está ocurriendo en su sociedad.

Es necesaria una confluencia entre el ámbito teórico y el ámbito técnico. Añade Ellacuría en el documento arriba citado, que “el puro hacer no siempre explicita la debida conciencia y que sin conciencia procesada no hay la debida cultura”.

La universidad como beligerancia frente a la injusticia
“El talante fundamental de la actividad universitaria que tiene por horizonte la situación real de las mayorías oprimidas, no puede ser el del conformismo o el de la conciliación. Tiene que ser un talante beligerante. La beligerancia es en nuestra situación una característica importante del quehacer universitario. La Universidad es, en nuestra situación, una de las pocas instituciones que puede de verdad ser beligerante. Y debe serlo” (Ibídem, p. 612).

Esta afirmación del rector mártir puede leerse como una incitación al activismo político, que él mismo condenaba por considerarlo demasiado limitado. Sin embargo, la beligerancia se entendería más bien como el ejercicio de la crítica en una sociedad injusta: “la razón, en efecto, es de por sí beligerante, frente a la irracionalidad reinante. Frente a la irracionalidad histórica, esto es, ante una estructuración de la realidad histórica en términos de flagrante irracionalidad, la Universidad como cultivadora crítica de la razón no puede menos de ser y sentirse beligerante. Su beligerancia, desde este punto de vista, consistiría en la denuncia de la irracionalidad y en el esfuerzo por superar esa irrealidad de lo irracional”. (Ídem. Las cursivas son nuestras).

En rigor, la sociedad salvadoreña del presente sigue siendo tan irracional como hace treinta años, cuando el conflicto bélico estaba aún en germen. ¿Qué falló, qué es lo que hizo que, a la vuelta de treinta años, El Salvador siga con esa carga de irracionalidad? Posiblemente la sociedad salvadoreña en su conjunto tenga que hacer un mea culpa, en el que asuma su responsabilidad por haber dejado las decisiones nacionales en manos de unos políticos profesionales —unos técnicos de la política—. Pero los mea culpa no resuelven nada. Lo cierto es que las estructuras socio-económicas y políticas siguen estando dominadas por una irracionalidad. Esta irracionalidad se expresa en un dominio del terror y un desprecio hacia la vida. El ser humano no es un fin en sí mismo, como exigía Kant, sino un medio para ganar dinero.

Las transformaciones necesarias y el proyecto de país
Que una universidad considere entre sus objetivos el ponerse al servicio de una colectividad más amplia que la de la comunidad que la constituye no es algo extraordinario. Prácticamente todas las universidades existentes en el país proclaman una vocación de servicio hacia algo que las trasciende, llámesele “patria”, “pueblo”, “sociedad salvadoreña”, “nación”, etc. La universidad sólo cobra su sentido real por cuanto se enfoca hacia las necesidades de la sociedad en la que tiene cabida.

Pero entre los lemas y la práctica suele haber una brecha difícil de franquear. “Cuál sea el mejor servicio que la Universidad puede prestarle a un pueblo, no es asunto que pueda definirse en abstracto y para siempre. Porque no es un pueblo abstracto y atemporal al que se pretende servir, sino uno con circunstancias y problemas determinados, con fecha y ubicación, y cuyas necesidades actuales pueden alterarse con el tiempo”, apuntó, en este sentido, el ex rector Román Mayorga Quirós cuando se conmemoraron los diez años de la UCA. Esto significa que lo que le da sentido a la práctica universitaria no es un lema: es su vocación de servicio a la sociedad, pero entendida esta como una sociedad concreta.

La sociedad salvadoreña del presente está urgida del servicio universitario, pero no en un sentido tristemente paternalista que no conduce a nada bueno. De lo que está urgida es de dominar las herramientas que sólo la universidad puede darle: capacidad crítica y conocimiento aplicado a sus necesidades concretas.
Evidentemente, la UCA no es la panacea a los problemas de una sociedad como la salvadoreña. Pero hoy, como hace cuarenta años, está llamada a ser una fuerza que, desde su especificidad, sin adulterar su identidad —como siempre insistió Ellacuría— puede contribuir a realizar los cambios necesarios para hacer de El Salvador un país vivible.

Son importantes las palabras de Mayorga Quirós, quien apuntaba a un elemento estratégico para lograr estas transformaciones: un proyecto de país. Ha habido algunos intentos, importantes por cierto, pero que no han fructificado, en tanto algunos sectores han hecho de este proyecto un medio para conseguir ganancias políticas inmediatas y no el fin de su acción política.
“Necesitamos imprescindiblemente en El Salvador un ‘Proyecto de Nación’ en torno al cual se pueda organizar la voluntad nacional, articular los talentos, los esfuerzos y las energías latentes del pueblo salvadoreño —señalaba Mayorga Quirós—. Y mientras no exista un ‘Proyecto’ así, capaz de servir como elemento aglutinante para la cooperación nacional —un ‘Proyecto’ que unifique, oriente y encauce— estaremos a merced de demagogias y de soluciones improvisadas y a-científicas”.
Elaborar un proyecto de nación pasa, en primer lugar, por involucrar a la nación entera para que esta defina cuáles son los derroteros que anhela seguir en el futuro. En segundo lugar, este involucramiento requiere que esa nación tenga un nivel de análisis muy agudo de la realidad. Es en este punto donde entra la Universidad y donde ésta cumple un papel político meritorio. La Universidad, hoy como hace cuarenta años, no sólo debe formar y capacitar a las personas y a la sociedad para que puedan apropiarse de sus posibilidades. También debe enseñar para cuestionar: para formar esa razón beligerante y alerta hacia cualquier abuso de cualquier poder. Con otras particularidades, con otros énfasis, con otras lecturas, el reto de la politicidad de la UCA sigue estando abierto. Más aún: la UCA debe ayudar a re-politizar a una sociedad que ha abdicado del campo de la política.

El 15 de septiembre la UCA cumple cuarenta años de formar profesionales para El Salvador. En poco tiempo, la universidad estableció carreras fundamentales para el análisis de la sociedad: sociología, psicología social y economía. Durante estos años de formación académica, la universidad ha enseñado diferentes teorías, conceptos y métodos de investigación para analizar la sociedad salvadoreña. En este esfuerzo, la UCA ha querido que sus estudiantes sean capaces de ir más allá de efectuar un mero estudio económico o social en particular. También ha buscado que, a partir del análisis de los fenómenos concretos, pueda reflexionarse sobre las causas de los problemas que atraviesa el país. Es decir, el profesional de la UCA no se debe limitar a realizar exclusivamente estudios empíricos sobre un fenómeno. Debe ser capaz, a la luz de los conceptos y teorías económicas y sociales, de reflexionar sobre los diferentes problemas que agobian al país.
Esta visión de la universidad ha cristalizado de diferentes maneras en diversas épocas. Unas veces mejor que en otras, tomando en cuenta que el profesional formado en la UCA adopta un perfil particular una vez situado en un campo concreto de trabajo. En lo que a Ciencias Económicas se refiere, la UCA fue una universidad que se dio a la tarea de formar economistas de primer nivel. En este campo, son diferentes las corrientes de pensamiento que han marcado la formación de sus estudiantes durante estos cuarenta años. Sin duda, existieron determinadas corrientes que incidieron en la formación de quienes han pasado por sus aulas. De esta manera, y a grosso modo, los estudiantes en economía de los años setenta se caracterizaban por tener una formación con un fuerte componente keynesiano. De igual forma, también había en ellos un gusto por la economía estructuralista, fueron profesionales que sentían simpatía por una economía con raigambre latinoamericana.
En los ochenta, dado el conflicto armado, tiene fuerte impacto el análisis social mediante el pensamiento económico marxista. En esa época, dicha teoría goza de una buena recepción, debido a que logra explicar solventemente esa coyuntura. Esto no significa que no continuara existiendo como referente de análisis la teoría económica keynesiana. En la década de los noventa, muchos de los estudiantes de economía realizan sus tesis de grado sobre los Programas de Ajuste Estructural, las Políticas de Estabilización Monetaria y las privatizaciones. Estos estudios se realizan mediante dos formas: algunos utilizan la teoría marxista y otros la síntesis neoclásica. Los primeros buscan criticar las medidas arriba enunciadas, mientras que los segundos pretenden justificar su importancia. Para dichos análisis, los futuros profesionales requieren de conocimientos cada vez más técnicos. Estos conocimientos permiten un estudio más analítico de los componentes de la macroeconomía y la microeconomía.
A estas alturas, tiene lugar un giro importante, con la finalidad de la especialización técnica: los economistas comienzan a desligarse de otras ciencias sociales. Los estudios se limitan a consideraciones estrictamente económicas. Hay poco lugar para enfoques políticos y sociales como en décadas anteriores. En este período, con el predominio del modelo económico neoliberal instituido en el país, los estudios comienzan a prescindir de la teoría keynesiana.
Finalmente y como último período, se encuentra la etapa en la cual los estudios se encuentran enfocados en los impactos del proceso de globalización, exclusión y pobreza en el país. En esta última etapa, en la formación de los profesionales en ciencias económicas comienza enfatizarse la educación técnica con cierta dosis empresarial: proliferan los estudios econométricos, formulación de proyectos y materias como las contabilidades financieras y de costos.
En la actualidad, comienzan a vislumbrarse los estudios financieros relacionados con las actividades bancarias. Esta es la versión del nuevo economista. Pero también existen estudiantes y profesionales en economía que hacen esfuerzos por encontrar posibles soluciones a los problemas de exclusión y pobreza desarrollados en los noventa y consolidados en el nuevo siglo. Se trata de los estudios sobre “economía solidaria” que buscan elaborar una alternativa económica para aquellos grupos e individuos que no han podido insertarse en los procesos de globalización.

Los profesionales
Lo descrito anteriormente destaca medianamente algunos énfasis hechos por la universidad. Sin embargo, esto no significa necesariamente que los profesionales formados bajo una visión particular de la economía se quedaran anclados en ella. Es importante reconocer que la universidad siempre ha hecho esfuerzos por cambiar sus programas de formación en la medida que los tiempos han ido cambiando. Pero una vez un estudiante en economía es formado, le corresponde acceder a un puesto de trabajo donde termina de moldear su conocimiento y desarrollar su experiencia de una manera particular. Tal como lo expresa un antiguo profesor de economía de la UCA: “ahora que son licenciados en economía, tienen licencia para aprender”. Ello se dice en el sentido de que el carácter definitivo de la profesión que se tiene está condicionado por el lugar de trabajo.

Así, los profesionales en economía formados en la universidad han tenido cargos en carteras gubernamentales, en las esferas empresariales, en el ámbito bancario y en entidades dedicadas a la investigación.

Las primeras promociones de economistas lograron acceder a cargos en carteras del Estado. Debido a la poca oferta de economistas, su aceptación no fue complicada. Sus estudios, basados en la economía keynesiana y estructuralista que destacan la planificación y el control les fue útil para acceder puestos de trabajo en el gobierno. Muchos economistas de los años ochenta desempeñaron cargos oficiales, pero al mismo tiempo, algunos de ellos se dedicaron a trabajar con instituciones de investigación que se encontraban vinculadas al gobierno —el desaparecido Ministerio de Planificación (MIPLAN) y la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC)— y en entidades no vinculadas directamente al aparato gubernamental, como el centro de estudios CENITEC.

En los años noventa, debido a la nueva política económica, siempre existe este vínculo con el gobierno por parte de los economistas. Sin embargo, no desempeñan cargos en las esferas gubernamentales. Más bien. se trata de mandos medios y fungen en calidad de especialistas en un área particular. Algunos acceden a entidades dedicadas a la investigación, financiadas con capital privado, como la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo (FUSADES).
Debido a la privatización de la banca, varios economistas comienzan a laborar en el área bancaria. Finalmente, para el nuevo siglo, comienza a consolidarse la esfera de economistas que ostentan puestos en la banca, debido al manejo de las finanzas. En todos los periodos se pueden identificar economistas que se dedican dirigir o asesorar empresas. Igualmente, y para todas las épocas, muchos de ellos, además de sus respectivos trabajos, se dedican a la docencia.

El nuevo profesional en economía
En la actualidad la universidad continúa formando profesionales en economía. La cantidad de estudiantes de la licenciatura en economía se ha incrementado y parece ser que quienes estudian la disciplina la conciben como una carrera alternativa a la de administración de empresas. Muchos de los estudiantes al graduarse tienen como finalidad establecerse en los ámbitos empresariales y bancario. Esta segmentación es fruto de la especialización en algunas de las ramas de la economía.

Debido a la visión que presentan nuevas escuelas de economía en el país —Universidad “José Matías Delgado” y la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN)—, muchos profesionales concentran sus esfuerzos por acceder a puestos importantes en los ámbitos empresariales y bancarios. En la mayoría de casos, la aceptación en esas esferas se logra en detrimento de una pensamiento crítico y reflexivo sobre la situación del país. Es evidente que siempre hay excepciones. Los esfuerzos del departamento de Economía de la UCA en esa dirección son encomiables.

En la actualidad, el estudiante y el profesional en economía es proclive a destacar —como estilo predominante—en el uso de los instrumentos de análisis técnico (econometría, las matemáticas para el análisis microeconómico, macroeconómico y de análisis financiero), más que en comprender a cabalidad las problemática social y políticas del país.

Para ello, es importante enfatizar la enseñanza en la economía política, en las escuelas de pensamientos económico y la política económica, ya que son áreas de estudio donde se desarrolla un razonamiento que va más allá de la perspectiva economicista.

Finalmente, habría que decir que todo estudiante de economía debería reflexionar sobre una frase dirigida por un ex profesor a sus estudiantes, a finales de los noventa: “creo que están mucho más preocupados en competir entre ustedes por sacar buenas notas, que por tratar de comprender los problemas del país”.

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Sociedad

UCA: por una sociedad democrática y libre de violencia

El estudio y el análisis de la realidad nacional marcan la tradición de la UCA. De hecho, sus estudios, análisis y propuestas constituyen una referencia académica imprescindible para los actores e instituciones políticas y sociales, así como para investigadores de diversa índole, que buscan abordar los problemas del país con seriedad y con respaldo académico multidisciplinar fiable.

Los académicos y analistas de la UCA se han dedicado a estudiar el proceso histórico salvadoreño, pero no sólo para comprender la realidad escudriñada, y mucho menos para perpetuarla, sino para transformarla en favor del bienestar de las mayorías. Este compromiso con las víctimas de una sociedad caracterizada por la intolerancia y la violencia, le ha cobrado a la UCA la vida de grandes pensadores quienes, con ciencia, valentía y sensibilidad, se enfrentaron —sin más armas que la verdad— al poder establecido. Así, víctima ella misma de la violencia, a partir de los Acuerdos de Paz en 1992, ha dedicado especial interés, esfuerzos y recursos a dar seguimiento a los principales temas de violencia política, económica y social, entendiendo que no sólo se atenta contra la vida a punta de pistola. La ciencia, valentía y sensibilidad para decir la verdad no fueron eliminadas aquella madrugada del 16 de noviembre de 1989, y es por esa razón que en la actualidad, la UCA sigue dando importantes aportes académicos para entender e influir en la realidad nacional.

ECA y Realidad
A lo largo de la década de los noventa, el cuerpo académico de la UCA, junto a sus unidades de proyección social, se dedicó a darle seguimiento a las características del periodo de posguerra en El Salvador, intentando dar respuestas a la pregunta: ¿hacia dónde vamos? Esta producción intelectual ha quedado registrada en las páginas de las revistas Estudios Centroamericanos (ECA) y Realidad. En el vaivén del trabajo intelectual realizado en esos años, la UCA percibió tempranamente que no debía darse por sentado que, tras los Acuerdos de Paz, el país se convertiría automáticamente en una sociedad política, económica y socialmente democrática. Así, muchos fueron los análisis que apuntaron a examinar los problemas y temas al respecto, llevándolos a la arena del debate público, como siempre, con el fin de incidir en la transformación de la realidad nacional a favor de las mayorías. Estos temas, relacionados con el proceso de democratización en la transición, cobraron tal relevancia que mereció la compilación de los más significativos en el libro El Salvador: la transición y sus problemas. Publicado en 2002, el tomo lleva una advertencia implícita: haber firmado Acuerdos de Paz y encontrarnos en una transición no debe llevarnos a suponer que vamos hacia la democracia que deseamos. Y una vez más, el tema de la violencia se presenta como un gran obstáculo para alcanzar el fin. A diez años de transición, la UCA no podía cerrar sus ojos a la realidad: Las mayorías empobrecidas aún no inciden significativamente en los ámbitos político, económico y social; al contrario, permanecen violentamente excluidas y condenadas a aceptar un destino decidido por pocos.

Importante esfuerzo regional
Desde los Acuerdos de Paz, la delincuencia y la violencia han significado para los salvadoreños uno de los principales problemas, que no sólo persiste, empeora. Los estudios de la UCA han puesto en relieve la gravedad del problema, al que se suma la ausencia de registros confiables para cuantificar la violencia. Para el año 1997, según los indicadores con los que contaba la universidad, el fenómeno seguía cobrando una cantidad de víctimas mortales similar al de los tiempos de guerra. Así, los cálculos llegaron a tasas promedio de 131 homicidios intencionales por cada cien mil habitantes para el periodo comprendido entre 1995 y 1997. La situación, lejos de mejorar, ha empeorado.

Las administraciones ejecutivas del país, desde la presidencia de Armando Calderón Sol, han estado al tanto del problema, pero en lugar de abordarlo con la seriedad que merece, se han dedicado a difundir la idea que la violencia de posguerra se origina en las acciones de maras. Así fue como, con el impulso de Francisco Flores con su Plan “Mano Dura”, seguido de la campaña publicitaria y propagandística de grandes proporciones —respaldada por el actual presidente Antonio Saca, en complicidad con los principales medios de comunicación masiva——, lograron implementar el Plan “Súper Mano Dura”, que contempla la ley antimaras. Dicha ley, que de acuerdo a expertos en la materia, es inconstitucional y atentatoria del Estado de Derecho, es una política de exterminio disfrazada y ha dejado al descubierto el desatino de la idea difundida por los Ejecutivos: en 2002, antes del Plan Mano Dura, existía un promedio de siete homicidios diarios. A inicios de 2005 la cifra aumentó a diez, actualmente es de catorce. Se deduce, entonces, que para los políticos de El Salvador, y en general para los de la región centroamericana, el desconcierto social generado por las maras sirvió simplemente como objeto de manipulación a favor de plataformas electorales para ganar votos, a expensas del miedo y las expectativas de seguridad de los ciudadanos.
La UCA abordó el tema con la seriedad necesaria. Tanto así, que las unidades investigativas de las universidades de la Compañía de Jesús en Guatemala, Nicaragua y El Salvador, junto al Equipo de Reflexión, Investigación y Comuni-cación, ERIC, de Honduras, se dieron a la tarea de investigar el fenómenos de manera multidisciplinar, produciendo una trilogía denominada Maras y pandillas en Centroamérica, uno de los proyectos pioneros de las diversas instituciones centroamericanas trabajando temáticas regionales comunes. La investigación, que duró cinco años y cuyos últimos dos tomos fueron publicados en 2004, partió del supuesto que las maras en Centroamérica son un problema grave, un desafío enorme para la estabilidad, la seguridad y el bienestar de los ciudadanos y de los mismos jóvenes, pero que es esencial-mente producto de condiciones medio-ambientales y sociales, no de condiciones genéticas o psicológicas de la personalidad de los mareros.

Esta investigación regional no sólo se convierte en un significativo aporte a la sociología, sino que busca, siendo fiel a la tradición de las universidades, incidir en la política por medio del análisis de propuestas y alternativas. Los dos primeros volúmenes se orientaron al análisis del fenómeno desde la realidad de los mareros y desde los factores sociales, económicos, políticos y culturales que, ubicados dentro de un modelo organizado estructuralmente desde la exclusión social, tienden a propiciarlo. El volumen III trata, entonces, de las maneras de transformar dicha realidad, proponiendo para cada país políticas públicas que partan del concepto de seguridad como derecho humano para toda la ciudadanía con base en la prevención y educación, y no como equivalente de represión, exterminio e intimidación, conceptos que actualmente abrazan las actuales políticas de los Estados.

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Documento

Veinte años por la verdad, la justicia y la paz

No es tiempo todavía de cantar victoria por la vigencia de los derechos humanos, pero tampoco es tiempo aún para la desesperanza.
Segundo Montes, S.J.

Segundo Montes Mozo llegó a El Salvador a mediados del siglo pasado y a partir entonces asumió un serio compromiso con el pueblo pobre salvadoreño. El jesuita describió su situación de la siguiente forma: “es así como se mantiene a casi la totalidad de la población (…) más del 80% (…) se debate entre la vida y la muerte, el desempleo y las enfermedades, vegetando en refugios inferiores a los de muchos animales, vagando por el país en busca de un mísero empleo que le proporcione menos calorías de las necesarias para sobrevivir. Pero esas mayorías, a su vez, son las que le dan el carácter de realidad nacional; son el verdadero país en el aspecto humano y social”.

Tomó partido desde esa época; se colocó junto a las víctimas de la injusticia en todas sus expresiones, que en el país han sido y siguen siendo muchas. Concretó esa opción cuando —en agosto de 1975— fundó el Socorro Jurídico Cristiano (SJC) en el Colegio Externado San José, junto a un reducido grupo de estudiantes de derecho y uno que otro abogado. En ese espacio, durante casi veinte años, se brindó asesoría legal a personas sin recursos para pagar los servicios de un profesional del derecho y se acompañó a miles de familiares de personas torturadas, desaparecidas y asesinadas, mediante la denuncia nacional e internacional, usando todos los recursos posibles para ello.

Una década después de creado el SJC, se lanzó a otra aventura y fundó el IDHUCA con tres ideas básicas: profundizar el estudio teórico de los derechos humanos desde la doctrina jurídica y la realidad salvadoreña; registrar violaciones y denunciarlas; organizar y coordinar con estudiantes y catedráticos de Ciencias Jurídicas, para la defensa de las víctimas. Como director del Instituto y docente de la UCA, Montes Mozo realizó apreciables y visionarios aportes sobre la situación de la población desplazada y refugiada.

Tanto esfuerzo enfureció al poder y en noviembre de 1989 fue ejecutado Segundo junto a Elba, Celina y cinco jesuitas más. Efectivos militares se encargaron de acribillar a estas ocho buenas personas, obedeciendo órdenes superiores. Hasta la fecha sigue pendiente el castigo para los responsables últimos de la matanza. Pero pese a la tremenda pérdida, sus ideales cayeron en tierra fértil y su sacrificio sigue siendo útil para animar a otras víctimas en el afán por desenmascarar el verdadero rostro de un El Salvador, distinto en la forma pero igual en el fondo. Además, Montes le legó el IDHUCA al sufrido pueblos salvadoreño.

Con el fin del conflicto armado, el Instituto asumió un rol activo y colaborador, crítico y con propuestas, de cara al cumplimiento de los compromisos asumidos en materia de derechos humanos por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el gobierno. Este nuevo escenario abrió una amplia gama de posibilidades y desafíos para la actividad del IDHUCA. Fue, por ejemplo, uno de los principales referentes nacionales de la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL) al contar con un registro sistemático de violaciones de derechos humanos. Lo fue también de las comisiones de la Verdad y Ad hoc para depurar la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), sobre todo por el litigio del caso “Jesuitas”; así apoyó estos dos mecanismos temporales para superar la impunidad, diseñados en los llamados acuerdos de paz.

También colaboró al surgimiento y la construcción de dos instituciones permanentes encargadas de garantizar el respeto a los derechos humanos en el país: la Policía Nacional Civil y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). En ese marco, contribuyó a elaborar la propuesta de Ley Orgánica de la segunda, apoyando a la comisión técnica que redactó el documento final aprobado en la Asamblea Legislativa. Al finalizar estos esfuerzos, el IDHUCA se planteó formar, informar y transformar desde los derechos humanos mediante tres ejes: el litigio de casos con víctimas, la educación de funcionarios y grupos sociales, y la propuesta fundamentada.

El acompañamiento a quienes luchan por obtener justicia es básico en una sociedad donde conviven personas victimizadas con sujetos que, pese a ser responsables de ilícitos, permanecen amparados en la impunidad. Eso mina la credibilidad en la institucionalidad nacional. Se necesitan, pues, ejemplos exitosos de justicia y respeto a los derechos humanos que animen a la participación y la denuncia ciudadana. Por eso, el IDHUCA, en la última década, ha estado junto a personas y grupos que luchan por transformar el país desde sus realidades concretas; con esa gente que con valentía enfrenta cualquier obstáculo y devela el verdadero de El Salvador, está comprometido.

Entre esas resueltas personas están Gloria y Mauricio García Prieto, precursores en la denuncia de la falsa paz salvadoreña; la madre de Katya MIranda, Hilda María Jiménez, hoy activista defensora de la niñez; los señores delegados de transporte público, quienes mostraron que la perseverancia al exigir sus derechos produce resultados positivos; los padres del cadete Erick Peña Carmona, que con coraje y dignidad superaron falsos prejuicios y optaron por la justicia; la madre de los hermanos Carías, Yolanda, incansable y ácida crítica del mal gobierno y la mala oposición a éste. El litigio de estos casos en lo nacional e internacional, ha sido posible por la templanza de esas personas al ejercer una legítima presión a las instituciones para que —por obligación o convicción— funcionen.

En cuanto al componente educativo, se ha capacitado a integrantes del sistema de justicia —policías, fiscales y otros operadores del mismo— y expresiones de la sociedad que van desde estudiantes hasta activistas de base. Este esfuerzo tiene dos propósitos esenciales: superar antiguos patrones de conducta en el ejercicio de la función pública y fomentar otros que tengan como base el respeto de la dignidad humana, el primero; el segundo, fomentar la participación consciente y organizada de la población a todo nivel. Precisamente, por este esfuerzo el IDHUCA recibió el Premio de los Derechos Humanos de la República Francesa en el 2004.

En conjunto, ese contacto con la realidad enriquece el análisis, la investigación y la elaboración de propuestas institucionales. Dicha experiencia permite encontrar fundamentos para criticar lo malo y proponer cambios oportunos. De ahí se han derivado —entre otros productos— la colección “Verdad y justicia”, en la que se sistematizan determinados casos; investigaciones sobre situaciones concretas que afectan la vigencia de los derechos humanos; la agenda pendiente en el cumplimiento de los acuerdos de paz; una propuesta para protección de testigos, víctimas y peritos; monitoreos sobre los derechos de las personas migrantes y las condiciones laborales en las maquilas.

La labor del IDHUCA ha sido reproducida en otros ámbitos. Hoy se trabaja en un proyecto de defensorías de la niñez y la adolescencia en ocho municipios ubicados en diferentes zonas del país; asimismo, existen comisiones parroquiales y otros grupos de base relacionados estrechamente con el Instituto.

No se puede dejar de mencionar el Festival Verdad, que, desde 1998 en adelante, se ha convertido en un espacio cultural que convoca a quienes defienden la dignidad humana. Su riqueza y crecimiento ha permitido desarrollar otras actividades como el Foro de San Salvador, donde coinciden defensores de derechos humanos, constructores de paz y víctimas de diversos países de América y Europa, con el objeto de revisar los conceptos de verdad, justicia y paz para establecer alianzas en la demanda del conocimiento de la verdad, el acceso a la justicia, la (re)construcción de la memoria histórica, y el análisis critico de los conflictos sociales actuales.

No es fácil resumir la historia de los cuarenta años de la UCA o los veinte del IDHUCA, pero sí es posible refrendar el compromiso con la misión universitaria heredada de los mártires, misma que pone en su centro a las víctimas.

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