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El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.
Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.
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Año 25
número 1163
Septiembre 28, 2005
ISSN 0259-9864
Editorial: Una sociedad vulnerable
Política: Voluntad política y desastres
Economía: Visiones contrastadas sobre El Salvador
Sociedad: ¿Somos menos vulnerables que antes?
Regional: El gobierno de Saca ante Venezuela
Derechos Humanos: Sobra incompetencia y falta de voluntad
Una sociedad vulnerable
La sociedad salvadoreña —y, dentro de ella, los sectores más pobres— se caracteriza por ser una sociedad tremendamente vulnerable. Distintos fenómenos naturales y socio-naturales ponen de manifiesto esa vulnerabilidad. Los terremotos de 2001 constituyen el ejemplo de rigor, debido, quizás, a la contundencia de su impacto y a lo desprevenida que encontraba a la población cuando ellos sucedieron. Pero no sólo se trata de los terremotos; los zancudos —específicamente, los transmisores de dengue— también se han encargado de mostrar, con una regularidad pasmosa, tanto las deficiencias del sistema nacional de salud como las precarias condiciones de vida de quienes son afectados directamente por esa plaga. En estos momentos, dos fenómenos naturales tienen en jaque a las autoridades y, por supuesto, en situación de zozobra a las comunidades afectadas por ellos: las emanaciones de gases del volcán de Santa Ana —que amenaza con hacer erupción— y las lluvias que han caído sobre el territorio nacional en los últimos días.
Al igual que los terremotos de 2001 y el dengue, los gases emanados del volcán
de Santa Ana —sin tomar en cuenta el impacto de una eventual erupción— han
sacado a luz las precarias condiciones de vida de las comunidades de las zonas
afectadas por ellos. Pero no sólo eso: también han sacado a luz la impotencia de
las autoridades para ofrecer una solución que no sólo permita hacerle frente al
impacto del fenómeno, sino también hacerle frente a las condiciones de
marginalidad de las familias que habitan las áreas de riesgo. La impotencia
gubernamental se ha visto acompañada de negligencia, incompetencia e
irresponsabilidad: no es otra la conclusión que se desprende de la información
acerca de cómo las autoridades han dejado solas a las familias de las zonas
cercanas al volcán, desatendiéndose de su necesidad de desplazarse hacia lugares
más seguros.
Con las lluvias que han azotado al país en los últimos días cabe llegar a una
conclusión semejante. Las autoridades —concretamente, el ministerio de
Gobernación— han dado muestras de una negligencia, incompetencia e
irresponsabilidad pasmosas. Los estragos causados por las lluvias en comunidades
pobres que habitan en las riberas de los ríos y lagos en distintas zonas del
país, o en las partes bajas de la capital —Candelaria, Modelo y La Vega, por
ejemplo— no sólo se han repetido este año como en otros, sino que se han
agravado por una elevación del caudal de aguas lluvias que llegan desde las
zonas altas, cada vez más deforestadas y, en consecuencia, con menor capacidad
de retención de agua.
El impacto de las lluvias sobre los sectores más pobres de la sociedad
salvadoreña pone en evidencia tanto su vulnerabilidad como la nula disposición
del gobierno para atender de forma integral sus necesidades, comenzando por la
de una vivienda digna y segura. A los voceros del gobierno no se les ocurre nada
mejor que naturalizar la tragedia, es decir, verla como resultado de las fuerzas
ciegas de la naturaleza, ante las cuales es muy poco lo se puede hacer. Eso no
sólo los exime de cualquier responsabilidad, sino que deja en manos de cada
familia —o de personas de buena voluntad que quieran ayudar— la tarea de
rescatar sus escasos bienes y de buscar un lugar seguro para resguardarse.
Los grandes medios de comunicación se prestan a este juego del gobierno. Algunos
de sus programas de noticias se han especializado en el arte de naturalizar el
impacto social de fenómenos como la lluvia. En estos días, un reportaje de un
canal local de televisión iniciaba con la frase “durmiendo con el enemigo”, para
referirse a los daños provocados por el desborde del río Acelhuate en la zona
sur de la capital. En la perspectiva de ese tipo de periodismo, las lluvias y
los ríos que se desbordan son los enemigos del hombre —en su momento, también se
llegó a tipificar al zancudo transmisor del dengue como un “asesino”—, unos
enemigos irracionales, cuya fuerza destructiva no se puede controlar y de cuyos
daños no cabe culpar a nadie más que a la misma naturaleza.
Para ese tipo de periodismo, no hay ninguna relación entre condiciones de vida e
impacto de los fenómenos naturales y socio-naturales. Para ese periodismo, no
hay ninguna relación entre los estragos provocados por la lluvia y las viviendas
de lámina de las familias que habitan en la ribera del Acelhuate, que fueron
arrastradas por su desborde. Para ese tipo de periodismo, la pobreza, la
marginalidad y la precariedad son un hecho natural, es decir, algo que, como las
lluvias, el viento o la puesta del sol, siempre ha estado ahí, marcando el
destino de los desposeídos de El Salvador. Por lo anterior, a ese periodismo no
se le ocurre preguntarse por las razones económicas, sociales y culturales que
obligan a grupos importantes de salvadoreños y salvadoreñas a vivir en
condiciones que los hacen vulnerables al impacto de fenómenos naturales como las
inundaciones o los terremotos.
Esas condiciones de vida, precarias e inseguras, no son en lo absoluto naturales,
sino que son el resultado de un ordenamiento social y económico que funciona a
espaldas de las necesidades fundamentales de la población. La fuerza de la
lluvia —o de los terremotos— será todo lo natural que se quiera, pero su impacto
es social. Son quienes viven en condiciones más precarias y pobres quienes
resultan más afectados con el desborde de los ríos o los deslaves. Es esta
precariedad la que debe ser enfrentada, pues es ella la que hace que fenómenos
como la lluvia (o los terremotos) se conviertan en desastres. Se ha dicho muchas
veces, pero siempre es bueno repetirlo: los desastres no son naturales, son
sociales. Y en la raíz de ellos está la vulnerabilidad menor o mayor de los
distintos grupos sociales. Es esa vulnerabilidad la que debe enfrentarse. Ello
requiere de la implementación de un conjunto de políticas públicas que tengan
como propósito el bienestar de la mayoría de la población.
Voluntad política y desastres
La estación lluviosa que actualmente se experimenta en el país ha evidenciado nuevamente que las condiciones socio-económicas no garantizan la supervivencia de la población. Una lluvia prolongada —ya no digamos temporales como los que hubo en el territorio como secuela del huracán “Katrina”, que barrió con la ciudad estadounidense de Nueva Orleans— es suficiente para que zonas como el barrio La Vega, en San Salvador, sean una amenaza para la vida.
Los periódicos reprodujeron imágenes brutales de las inundaciones en todo el
país. Una fotografía mostraba cómo una familia había tenido que subir los
muebles de su casa hasta el techo. Otra, mostraba a una mujer mayor con el agua
hasta la cintura. Otra más, a un perro tratando de llegar a la próxima orilla.
Pero de todas esas imágenes, la más impactante fue la de la niña de seis años
cuyo cuerpo fue llevado a varios kilómetros de distancia de su casa. La vida en
El Salvador está literalmente a la intemperie y nadie parece ofrecerle un
espacio para guarecerse.
Los desastres naturales son una parte innegable de la vida en El Salvador. A
mediaciones del siglo XX, el historiador Jorge Lardé y Larín escribió un
recuento de estos fenómenos titulada Inundaciones, terremotos e incendios, que
resume algunas de las devastaciones principales causadas por las fuerzas de la
naturaleza. La enseñanza que se puede sacar al observar ese historial de
calamidades es que, si bien los desastres naturales no se pueden evitar, también
es cierto que hay maneras de aminorar sus impactos.
El sistema de acueductos y alcantarillados de la principal urbe salvadoreña está
aquejado de varios problemas —estructuras viejas, a punto de colapsar; tragantes
tapados por la mala costumbre de arrojar basura a la calle— que pueden
sintetizarse en una palabra: descuido. El problema de la limpieza de los
tragantes se ha tratado de una manera vergonzosa. Prácticamente, nadie —léase
alcaldía capitalina, Obras Públicas y ANDA— ha querido asumir responsabilidades.
Estas dos últimas entidades siempre han dicho que la limpieza no les corresponde
a ellas, sino a la alcaldía. Esta, a su vez, afirma que esta tarea le compete a
la cartera de Obras Públicas.
En una maraña de confusión, en la cual no están claras las atribuciones de cada
corporación —si la limpieza de los tragantes no es competencia de la alcaldía,
por cuanto las calles pertenecen a San Salvador, ¿por qué el MOP puede hacer
trabajos de ampliación de vías públicas sin consultarle a la alcaldía? ¿Por qué,
si la alcaldía tiene potestad sobre las calles de la capital, no se ocupa de
iluminarlas? Así podría seguirse la ola de acusaciones y contraacusaciones en
las que todos se limpian las manos y nadie asume nada.
Estas conductas tienen dos explicaciones. Una es de carácter económico. Asumir
la limpieza de los tragantes necesita de mucho dinero. Y parece que cada entidad,
sea estatal, municipal o autónoma, está cuidando su presupuesto. Son entidades
de servicio público, pero no quieren gastar en algo que servirá al interés
público. Mejor que lo hagan otros. La otra explicación es de carácter político.
Es conocida la disputa entre la comuna capitalina, en manos de la izquierda
desde hace varios años, y el gobierno central.
Pero la realidad actual no admite ese tipo de mezquindades. Preocupados por las
inundaciones causadas por el mal estado de los acueductos de San Salvador, el
gobierno y la alcaldía capitalina se han unido para proclamar su voluntad de
aunar esfuerzos para resolver estos problemas. Se pretende que ambos coordinarán
sus recursos para enfrentar la repetida situación de emergencia causadas por las
lluvias, aunque, como lo dice El Diario de Hoy, en su edición del 24 de
septiembre de los corrientes, “abordarán a largo plazo el tema de los drenajes y
desagües”.
Según el alcalde Carlos Rivas Zamora, la reparación de los drenajes de la
capital será un proceso largo —el edil calcula que tomará dieciocho años— y su
costo será mayor a los 300 millones de dólares. Los drenajes capitalinos, como
se sabe, datan de 1920 y no han sido cambiados desde entonces. Los habitantes de
las zonas más pobres de la capital pagan con su inseguridad los costos de la
ausencia de una estrategia de desarrollo urbano de largo alcance.
El acuerdo anunciado entre el gobierno y la alcaldía de San Salvador resulta
histórico. Al parecer, ambos han optado por lo más sano: dejar de lado las
diferencias partidarias y asumir su rol de entidades públicas. Sin embargo, la
noticia debe tomarse con cautela. Más allá del anunciado esfuerzo por evaluar
toda la estructura de drenajes y desagües, hay que tomar medidas concretas. Y,
sobre todo, hay que definir quién desembolsará el dinero para los trabajos de
limpieza y reparación. Este ha sido el eterno problema, pues nadie ha querido
afrontar los costos, con todo y que el dinero —sea el del gobierno central, sea
el de la alcaldía— proviene de los impuestos de los contribuyentes.
Un acercamiento postergado
Es importante destacar que el acuerdo del gobierno y la comuna capitalina es un
paso que debió haberse dado con mucha anterioridad. La indefensión de los
ciudadanos es problema de todos los sectores sociales. Este acercamiento se
postergó indefinida-mente, debido a las disputas políticas entre los partidos
que están al frente de ambas entidades: el FMLN y ARENA. ¿Qué es lo que ha
cambiado para que, al parecer, se hayan soslayado las diferencias?
En primer lugar, cualquier situación de desastre es una prueba para cualquier
gobierno —nacional o municipal—. Dependiendo de los aciertos o los errores al
enfrentarla, este puede debilitarse o fortalecerse. Por ejemplo, el ex
presidente Arnoldo Alemán se ganó el abucheo de los ciudadanos nicaragüenses al
encontrarse en un carísimo viaje de bodas cuando Nicaragua era asolada por el
huracán Mitch. El presidente estadounidense George W. Bush es visto ahora como
el gran responsable del errático comportamiento de las autoridades
norteame-ricanas para responder a la situación de emergencia por el huracán
Katrina. Quizás con mayor olfato político que el de los personajes citados, el
presidente Saca y el alcalde Rivas Zamora anunciaron sus intenciones de trabajar
coordinadamente para enfrentar los desastres de la estación lluviosa.
El presidente Saca entró al gobierno con una imagen de apertura y de disposición
al diálogo, en contraste con el perfil de su predecesor, Francisco Flores. Sin
embargo, los espacios de diálogo abiertos durante su administración no se han
visto fortalecidos por cambios efectivos en sus políticas. ¿Será esta una nueva
promesa frustrada de apertura?
En lo que respecta al alcalde Rivas Zamora, hay que tomar en cuenta la situación
que ocupa con relación al partido que lo llevó al poder edilicio, el FMLN. El
jefe de la comuna capitalina mantuvo, durante un tiempo exasperantemente largo,
una actitud de calma frente a la ola de críticas en su contra, por parte de la
dirigencia efemelenista. Rivas Zamora ha sido criticado por salirse de la
“línea” partidaria. Recuérdese que, junto a su par de Nejapa, René Canjura,
estuvo presente en la ceremonia de toma de posesión de Saca, pese al boicot
declarado por la dirigencia del partido de izquierda. Con ambos pies fuera del
FMLN, a Rivas Zamora no le importan, a estas alturas, que sus ex compañeros lo
critiquen por buscar acuerdos con el gobierno de Saca.
Así las cosas, el anuncio de esta estrategia conjunta contra los desastres
naturales debe tomarse como uno de tantos ofrecimientos que los partidos
políticos hacen a la población en épocas de crisis, mientras los actores
involucrados no prueben, con hechos, lo contrario..
Visiones contrastadas sobre El Salvador
El pasado 15 de septiembre, el presidente de la República, Elías Antonio Saca, se dirigió a toda la nación para celebrar el 184º aniversario de la independencia de El Salvador. Durante su discurso, el mandatario dejó en claro que el país se encuentra en la senda del desarrollo. Afirmó que “debemos seguir avanzando en la senda del desarrollo y progreso que decidimos tomar hace más de quince años”. Las palabras del presidente estaban encaminadas a justificar las políticas realizadas por los pasados gobiernos de ARENA, como también las de su gobierno: “por este país que vale la pena, hemos trabajado durante los últimos quince meses. Por este país, nos hemos dedicado a trabajar sin descanso, a seguir escuchando a la gente, y sobre todo a cumplir nuestras promesas”.
¿Somos menos vulnerables que antes?
No es necesario ser especialista para afirmar con propiedad que El Salvador es ahora tan vulnerable como ayer a las lluvias y todo tipo de desastres naturales y socio-naturales. La experiencia y el sentido común les dice a los salvadoreños, especialmente a los más expuestos a los desastres, que hoy las precipitaciones de lluvia causan más impacto que hasta hace unos años, que el agua corre descontrolada sobre las calles y avenidas de la zona sur de la capital al desbordarse el Acelhuate y sus afluentes, que las débiles edificaciones de los pobres colapsan ante la fuerza del agua y los sismos, que hasta la exclusiva zona de San Benito, al poniente de la ciudad, se ha visto afectada por las lluvias; en fin, que no se ha avanzado mucho en la gestión de riesgo desde el último desastre provocado por las inundaciones y deslaves provocadas por el Mitch, en 1998, y el daño causado por los terremotos del 2001.
El gobierno de Saca ante Venezuela
Las características que marcarían el estilo de “hacer política” de Antonio Saca, eran reconocibles desde la campaña electoral presidencial. La forma en que manipulaba información potencialmente perniciosa para ARENA o para su persona, y cómo la orientaba a su favor demostraba su “habilidad” para las comunicaciones. Pero Saca no es cualquier “buen” comunicador o sólo un “vendedor de imagen”, como ha sido calificado por “expertos” en comunicaciones. Comprender qué tipo de comunicaciones son las que practica el presidente es esencial para cualquier análisis sobre sus actuaciones políticas, y en este caso para advertir qué hay detrás de la cobertura mediática del tema en boga: Ir a Venezuela a pedir “precios preferenciales” de petróleo.
Sobra incompetencia y falta de voluntad
Desde el dos de septiembre, el Centro Penal “La Esperanza” —mejor conocido como Mariona- se convirtió en el escenario de una nueva, prolongada y peligrosa agitación. En ese marco se han conocido demandas de los internos como mejorar la calidad de las comidas, flexibilizar el régimen de visitas, crear una biblioteca y destituir al Director del reclusorio. El detonante de esta situación fue el traslado de catorce reos a la cárcel de máxima seguridad en Zacatecoluca. La Ley de Penitenciaria en su artículo 91 faculta para realizar estas reubicaciones al Director General de Centros Penales, quien manifestó que el propósito de la medida era aislar a los reclusos que ejercen una influencia negativa dentro del recinto penitenciario; la contraparte amotinada expresó su inconformidad, pues considera que su aplicación obedece a criterios arbitrarios.
El problema adquirió dimensiones peligrosas: aproximadamente 2,800 dete-nidos no
atienden los llamados de las autoridades. Adicionalmente, el amotina-miento
tiene repercusiones negativas en el ámbito judicial como la suspensión de 164
audiencias, debido a que 212 reclusos no han asistido a diligencias en sus
procesos y eso puede retrasar la definición de su situación legal. El artículo 6
del Código Procesal Penal establece que una persona puede permanecer detenida
provisional-mente —léase, sin condena— doce meses por delitos menos graves y
veinticuatro por delitos graves. Cuando estos términos se incumplen, es
obligación de las y los jueces liberar a los detenidos; si no, incurren en
responsabilidad penal. En ese sentido, han hecho públicas sus críticas por el
manejo de la situación.
Considerando la conflictiva historia carcelaria el país, es importante
considerar y comentar declaraciones y actitudes de los siguientes funcionarios:
Rodrigo Ávila, Viceministro de Seguridad Pública; Pedro González, Subdirector de
la Policía Nacional Civil (PNC); y el ya mencionado Director General de Centros
Penales, Astor Escalante.
El Viceministro de Seguridad, frente a la coyuntura referida, sostiene que los
amotinados pretenden suspender las audiencias judiciales para que se cumplan los
plazos procesales ya referidos y, así, obtener su libertad; además, señaló que
“algunas personas como los defensores e instituciones que dicen trabajar por los
Derechos Humanos les han dicho a los internos que hagan relajo para que les
suspendan los procesos” (EDH, 22/09/05, p.6). Dicho lo anterior, Ávila debería
individualizar con nombre y apellido a las personas que asegura están
soliviantando los ánimos de los reos, así como las agrupaciones a las que se
refiere, para denunciarlas ante las autoridades correspondientes.
Asimismo, sugirió reformas legales para evitar que los reclusos salgan de
prisión por esa vía. Ahora que el problema se ha vuelto mayor esa es la salida
más “fácil”, sin importar que contraríe la normativa aprobada en 1998 mediante
la cual se pretendía —entre otras cosas— eliminar toda práctica del pasado; al
no incorporar excepciones en lo relativo a la privación de libertad, se buscaba
impedir detenciones ilegales en las que el destino de las personas dependía del
arbitrio de las autoridades. Hoy, el alto burócrata de Gobernación —en lugar de
aceptar sus errores— propone que el plazo máximo de privación de libertad puede
extenderse por caso fortuito y fuerza mayor. En medio del caos, resulta más
fácil escabullir el bulto de las responsabilidades propias tomando medidas de
forma y no de fondo.
En el caso del Subdirector policial, al ser interrogado sobre un posible ingreso
de la PNC a “Mariona a imponer el orden”, éste respondió: “Primero, las personas
que están recluidas pierden todos los derechos ciudadanos, por lo tanto, no
pueden estar dando opiniones o quererse imponer a las autoridades del Estado”;
luego le preguntaron si ese reclusorio era una bomba e tiempo y contestó:
“Corremos los riesgos. Pero nuestra responsabilidad es mantener el orden y que
se hagan cumplir las leyes. Si existe una ley, tiene que cumplirse, no importan
los costos” (El Mundo, 26/09/05, p.2).
O no fue a la Academia Nacional de Seguridad Pública, o no le enseñaron en la
cátedra de derechos humanos lo esencial para enfrentar situaciones como éstas. O
quizá, de plano, no entendió nada. A quien se le ha dictado auto de prisión
formal, según el artículo 74 de la Constitución, le suspenden sus derechos de
ciudadanía que comprenden —artículo 71 de la misma— el ejercicio del sufragio,
la posibilidad de asociarse para constituir partidos políticos o ingresar a los
que ya existen, y optar a cargos públicos.
Comisionado González: para su información los reclusos de Mariona pueden opinar,
manifestar sus demandas y pedir que se cumplan; además, con “excepción de las
limitaciones que sean evidentemente necesarias por el hecho del encarcela-miento,
todos los reclusos seguirán gozando de los derechos humanos y las libertades
fundamentales consagrados en la Decla-ración Universal de Derechos Humanos”, en
los pactos de derechos tanto económicos y sociales como civiles y políticos, en
el Protocolo Facultativo de este último y en otros instrumentos de las Naciones
Unidas (Cfr. Principios básicos para el tratamiento de los reclusos, Principio
1. Adoptados y proclamados por la Asamblea General de las Naciones Unidas,
Resolución 45/111, 14 de diciembre de 1990). Ojalá reflexione este mando
superior de la PNC, antiguo militar y oficial de tropas especiales en la extinta
Policía de Hacienda, y no haga explotar esa “bomba de tiempo”. Si no, más le
hubiera valido al Presidente Antonio Saca —en el marco los cambios recientes que
ordenó dentro del cuerpo— mandarlo a Guantánamo, Cuba, en “misión internacional”
a “custodiar” presos afganos.
En cambio, el Director de Centros Penales adoptó una actitud distinta. Criticado
en algún momento por declaraciones puntuales y por su posición “pasiva” ante la
crisis, Escalante respondió así: “No quisiera que por alguna actividad
penitenciaria pudiera generarse algún nivel de reacciones negativas y que esto
se vaya a convertir, por ejemplo, en una matanza” (La Prensa Gráfica, 17/09/05,
p.3). Luego, al final de la semana pasada, envió al Centro Penal una comisión
integrada por profesionales en diversas materias con el objeto de poner fin al
conflicto suscitado en el Penal; lamentablemente, esas negociaciones no
avanzaron. Su última iniciativa: negociar personalmente con los reos. El martes
28 de septiembre se reunió con sus representantes dentro del Penal “La
Esperanza” y, al final de la misma, dijo: “Vamos a buscar alternativas y
soluciones. No me cabe la menor duda de que lograremos un acuerdo. No somos una
administración cerrada, sino que escuchamos y vamos a analizar para encontrar
una salida más viable a esta situación” (El Diario de Hoy, 29/09/05, p.2)
Antes de asumir posiciones como las de Ávila y González, las autoridades
gubernamentales deben considerar que son las encargadas de generar condiciones
para alcanzar la estabilidad de los centros de reclusión; es su obligación y la
deben cumplir armonizando el orden dentro de las prisiones con el respeto de los
derechos humanos de la población interna.
Más allá de la polémica, se debe apuntar que la protesta actual es parte de la
crisis estructural del sistema penitenciario salvadoreño; ésta no es nueva y
nunca se ha abordado con tino. Se ha actuado como un mal bombero intentando
apagar fuegos. Mariona ha sido reiterada noticia interna y externa, por la
incapacidad oficial para controlar revueltas sangrientas como la de diciembre
del 2002 —cuando murieron dos policías— o la de agosto del año pasado, con
treinta y un reos fallecidos. Tras los hechos violentos del 2004, la propuesta
oficial fue construir centros penales o utilizar instalaciones abandonadas para
tal fin; también ofreció mayor control del régimen de visitas, clasificación de
las personas recluidas, coordinación con organizaciones sociales para impulsar
programas de reinserción y mejorar las condiciones de salud, educación y
esparcimiento. Del conjunto de esas ofertas, no se ha concretado mucho. En unos
casos, quizás debido a limitaciones económicas; pero en otros, al observar
actitudes como las de Ávila y González, todo apunta a que —además de abundantes
yerros e nulidades— lo que falta es voluntad para encontrar soluciones
integrales.
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