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El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.
Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.
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Año 25
número 1168
Noviembre 2, 2005
ISSN 0259-9864
Editorial: Enfoque equivocado
Política: Arranca otra campaña viciada
Economía: Red Solidaria: ¿un programa de atención a la pobreza?
Sociedad: Desarrollo sin exclusión
Regional: A propósito de la Cumbre de las Américas: un vistazo a la acción exterior regional
Derechos Humanos: Un año después: otra muerte impune
Enfoque equivocado
La debilidad de la institucionalidad del país preocupa a los sectores más abiertos de la gran empresa privada, porque cuestiona la eficacia de la democracia y podría estar preparando el camino para formas de gobierno poco democráticas. Al mismo tiempo, reconocen la existencia de un descontento creciente con la actual forma de gobierno democrática. Estos temores tienen fundamento. La UCA y otras instituciones nacionales detectaron, tanto la debilidad institucional como ese descontento, desde hace ya varios años. Pero tuvo que venir un especialista español —porque ante estos grupos tan exclusivos de la derecha, el académico extranjero tiene más credenciales que el nacional— a decirles lo que aquí ya se sabía, no para que cayeran en la cuenta de la crítica situación política. En consecuencia, para hacer conciencia en las elites sobre la crisis y sus consecuencias negativas, esos sectores se dedican ahora a organizar talleres sobre institucionalidad. Estos descubrimientos los han llevado a ampliar sus intereses del campo económico al de la política, algo inconcebible hace unos pocos años. Al fin parecen comenzar a darse cuenta de que sus planes económicos no pueden arrojar los resultados proyectados, cuando predominan la inseguridad ciudadana, jurídica y medioambiental, cuando el sistema judicial es venal e ineficiente y cuando las instituciones estatales son ineficaces. Así, pues, les preocupa sobremanera que después de más de quince años de reformas económicas, el país no crezca, tal como estaba previsto, que el desempleo sea cada vez mayor y que el bienestar social sea una meta cada vez más lejana. Les preocupa también que después de más de una década de democracia, la institucionalidad que debiera concretar sus principios y teorías, en lugar de fortalecerse, se debilita. Una debilidad que, irónicamente, está patente en la reversión de papeles. Ahora resulta que los atemorizados no son los delincuentes, pese al endurecimiento constante de la legislación, sino los testigos, a quienes el gobierno de ARENA no puede garantizarles su seguridad personal. O en la poca capacidad de las dependencias del poder ejecutivo para invertir los montos asignados anualmente por el presupuesto nacional. O en el aumento de la cantidad de salvadoreños que busca la forma de abandonar el país —la mitad de la población, en estos momentos.
La conciencia adquirida sobre este grave problema es ya un paso, en la dirección
correcta; pero estos sectores tan influyentes en el gobierno de ARENA, todavía
no se atreven a emplazarlo en público por aquellas decisiones que ahondan aún
más esa debilidad, como la reelección del Fiscal General y del presidente de la
Corte de Cuentas. El Fiscal General actual no ha demostrado su independencia del
gobierno de ARENA, tampoco ha sido eficaz a la hora de acusar a los indiciados
en los tribunales, ni dirige con acierto la investigación del delito. De hecho,
en muchos casos, renuncia a presentar acusación formal por mera incapacidad. Un
funcionario con semejante incompetencia nunca hubiera sido reelegido, en una
democracia medianamente solvente. Ni siquiera hubiera sido elegido una primera
vez. El presidente de la Corte de Cuentas tampoco es independiente del gobierno
de ARENA, los pocos controles que ejerce tienen un alcance muy limitado. Sus
investigaciones y acusaciones obedecen a motivaciones políticas y no a criterios
de probidad. En los muchos años que lleva al frente de la institución, ésta no
ha podido hacer mella en la corrupción predominante en los gobiernos de ARENA.
En la misma línea se encuentra la decisión de la Corte Suprema de Justicia de
anular la autonomía de su dependencia encargada de supervisar la probidad de los
altos funcionarios.
Estas decisiones y otras similares no son simples equivocaciones del gobierno de
ARENA, el cual, en último término, tiene el control político sobre ellas;
tampoco es falta de conocimiento de la clase de funcionario que coloca al frente
de las instituciones públicas. Son decisiones conscientes, por lo tanto,
asumidas con plena responsabilidad. Esto significa que la debilidad estatal que
obstaculiza un gobierno eficaz y honrado, no se debe a falta de una voluntad
política clara, por parte de ARENA y sus partidos aliados. Al contrario, la han
buscado de manera expresa. Y esto es lo que los intelectuales de la gran empresa
privada parecen soslayar en sus análisis. Ni siquiera el experto salmantino se
atreve a profundizar en las entrañas del poder y presenta la debilidad
institucional como un fenómeno sin raíces y sin historia. Ir más allá de las
apariencias no es complicado, en este caso. Se puede comenzar preguntando qué
sectores son los más beneficiados con esa debilidad. La respuesta tampoco es
difícil, los grandes capitalistas, que se han apoderado del Estado y lo han
puesto a su servicio exclusivo. Tanto que los mismos empresarios hablan del
“secuestro” del Estado por el gran capital. A sus propietarios no les conviene,
de ninguna manera, que el sistema judicial funcione, ni que las actuaciones de
los funcionarios públicos sean controladas por instancias independientes, porque
entonces saldrían a la luz pública las formas ilegales que les permiten acumular
grandes ganancias.
El último paso en esta dirección, el cual apunta a garantizar la permanencia de
ARENA en el gobierno, es la centralización de las decisiones del Tribunal
Supremo Electoral en los partidos de derecha, sus aliados incondicionales. Unas
reformas improvisadas en la legislación electoral, han convertido a ARENA en
árbitro absoluto de las elecciones. Es normal que al encontrarse en desventaja,
el FMLN levante su voz de protesta. Pero no tiene solvencia política, ni tampoco
ética, para ello, porque cuando percibe una amenaza a su propia hegemonía, como
la conformación de una tercera opción a los dos partidos grandes, se alía, sin
titubear, con sus adversarios de ARENA y de la derecha.
Los intelectuales de la derecha con preocupaciones democráticas, tal vez
genuinas, no se atreven a enfrentarse con los grandes capitales, ni tampoco con
ARENA. En lugar de ello, prefieren las divagaciones y encargan a un experto de
fuera lanzar alusiones abstractas o indirectas. Ninguno de los que dice estar
preocupado por la debilidad institucional se aventurará a levantar su voz en el
próximo encuentro anual de la gran empresa privada con el gobierno de ARENA.
Este foro, al cual dan tanta relevancia, debiera convertirse en el espacio
idóneo para ventilar estas preocupaciones, en una discusión franca y abierta.
Pero, en el fondo, ni ARENA, ni el gran capital están interesados en un gobierno
con una institucionalidad fuerte y sana. Esta actitud y el temor de quienes
tienen inquietudes legítimas hacen que los planteamientos de los pensadores de
la derecha no vayan a ninguna parte. Tampoco los señalamientos por el retroceso
experimentado en el desarrollo humano. Ni siquiera las proyecciones sobre el
crecimiento económico deseable. En pocas palabras, la institucionalidad
democrática no tiene futuro, al menos mientras el poder real esté en manos de
los grandes capitales. En estas circunstancias, cualquier proyecto orientado a
fortalecerla está condenado al fracaso de antemano. El fortalecimiento
institucional del gobierno salvadoreño pasa inexorablemente por la pérdida del
miedo al poder económico y político y por la liberación del Estado de sus
“secuestradores” del gran capital.
Arranca otra campaña viciada
Si la ciudadanía salvadoreña buscara lecciones de educación cívica en las campañas electorales, habría que recomendarle que busque otro camino. Entre las campañas electorales de los años ochenta y las de ahora han cambiado algunas cosas. Por lo menos, los candidatos no aparecen en televisión a punto de llegar a los puños. Pero el oportunismo político sigue siendo el mismo, aunque algunas caras hayan variado.
Una de las triquiñuelas más típicas es comenzar la campaña de facto antes que el
Tribunal Supremo Electoral (TSE) haga la inauguración oficial. Esto, en la
creencia de que quien pega primero, pega dos veces. El gobernante partido ARENA
ya comenzó a hacer lo propio. Ha llenado las calles de San Salvador —bastión de
la izquierda desde hace varios años, para consternación suya— con fotografías de
su candidato y banderas tricolor. Por su parte, la comuna capitalina ha
procedido a quitar dicha propaganda, la cual, según personeros de ARENA, no es
campaña electoral anticipada, por cuanto las banderas de su partido no aparecen
con la cruz que invita a votar. ¿Se tratará de sutilezas que el electorado ni la
oposición comprenden, o, simplemente, que se quiere insultar la inteligencia de
la ciudadanía?
Otra forma de hacer campaña por adelantado se dio, lamentablemente, en los días
de las inundaciones. Algunos de los candidatos oficialistas se dieron una vuelta
por las comunidades damnificadas, vestidos con chalecos de su partido político.
Por otro lado, los municipios administrados por la izquierda no recibían ayuda
por parte del gobierno central, como para hacerle entender al electorado lo que
pasa por no votar por ARENA.
Lo alarmante es que el TSE no ha puesto freno a la campaña anticipada de ARENA.
La institución encargada de garantizar la limpieza de los comicios tiene muchas
dificultades para cumplir con su misión, pues no es una entidad autónoma de los
partidos políticos. Sus magistrados pertenecen a los partidos que obtienen mayor
cantidad de votos en cada elección. Por lo tanto, no es razonable esperar que
actúen en contra de sus propios intereses. El único precedente digno que el
organismo sentó (que fue la sentencia en contra del ciudadano Rafael Menjívar
por difamar al diputado efemelenista Schafik Handal, prestando su nombre para
campos pagados), se está diluyendo en el juego de las apelaciones.
Al TSE le pasa lo mismo que a la Corte de Cuentas. Son organismos que, por su
índole, deberían funcionar como instrumentos para que la ciudadanía pida cuentas:
en el caso de la Corte, sobre el manejo del dinero público; en el caso del TSE,
acerca de la limpieza de las elecciones. No obstante, son parte del botín que se
reparten entre sí los partidos políticos.
Difamaciones
El lunes 31 de octubre, la alcaldesa de Apopa por el FMLN, Luz Estrella
Rodríguez, acudió ante los tribunales para demandar a un activista del partido
ARENA por elaborar un volante difamatorio contra su persona. El volante, que
presenta una caricatura hecha por el arenero Moisés Torres, acusa de forma
anónima a la edil por apropiarse ilícitamente de fondos municipales.
A lo largo de su historia, la caricatura ha sido el instrumento de la crítica
social de los pueblos. A través de ella, se han desenmascarado injusticias y se
ha puesto en evidencia la ineptitud de los poderosos. Muchas veces, ha sido el
medio de expresión de poblaciones amordazadas. En los grandes periódicos del
mundo, la caricatura hace las veces de una nota editorial. En el caso del
volante dibujado por Moisés Torres, la caricatura se ha utilizado como
herramienta difamatoria, puesto que se lanzan acusaciones sin una firma
responsable. Eso, aparte del hecho que se trata de una sátira al servicio del
poder.
La acusación de corrupción en contra de Torres tiene toda la tipología de la
difamación. Se lanzan imputaciones de manera anónima (o casi anónima, pues todo
el mundo conoce a sus responsables) y sin presentar pruebas. Cuatro individuos
repartieron los volantes el pasado 7 de enero en el centro de Apopa. Esta vez,
no iban identificados con las banderas tricolores. Pero estaban haciendo campaña.
Las encuestas
Un papel estratégico en las campañas electorales lo juegan las encuestas de
opinión pública. Esta semana, los dos principales periódicos matutinos han
difundido los resultados de sendas encuestas en las que, tanto el presidente
Saca, como la forma de gobernar del partido ARENA gozarían de la aprobación
mayoritaria de la población. Destaca, por ejemplo, el que, según las encuestas,
la “población cree que el país va por el rumbo correcto”.
Las encuestas destacan las cualidades personales del presidente Saca quien
resulta ser el mejor mandatario evaluado en dieciséis años de gestiones areneras.
Es cierto que, frente a un Francisco Flores con un marcado talante autoritario,
el actual mandatario destaca por su accesibilidad. Pero —y quizás esto es lo que
las interpretaciones triunfalistas de las encuestas no enfocan— no se trata
tanto de las virtudes personales de los funcionarios públicos, sino del proyecto
de país que estos representan. Por mucho que el presidente Saca proyecte la
imagen de un mandatario “cercano a la gente”, como reza el lema oficialista, y
por mucho que Schafik Handal siga siendo un personaje impopular, lo cierto es
que la economía sigue siendo el talón de Aquiles de los gobiernos de ARENA.
Una cosa distinta, además, es afirmar que el mandatario goza del 60% de
aprobación, que detallar cómo se consiguió este resultado: sumando el 21% de los
encuestados que afirman que la gestión gubernamental está “muy bien” a los que
la califican como “algo bien”, que ascienden al 39%. Entre “muy bien” y “algo
bien”, hay una diferencia de matices bastante clara. Habría que ver si acaso
este “algo bien” no equivaldrá a “regular” (que alcanza el 17% de las respuestas).
En la misma edición en la que El Diario de Hoy difundía los resultados de la
encuesta hecha por la firma CID-Gallup, que afirman que la población piensa que
El Salvador va por buen camino, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP)
afirmaba otra cosa: “El Salvador debe hacer un alto en el camino, y esforzarse
por crecer a tasas del 5 por ciento anual, para mejorar el índice de desarrollo
humano del país” (EDH, 01.11.05, p. 25). Según el gremio empresarial, “esto pasa
por realizar mejoras en aspectos tales como saneamiento, rescate de barrios de
San Salvador, conectividad entre municipios y electrificación”. Se trata, en
otras palabras, de hacer una inversión mayor en desarrollo social. Llaman la
atención, a este respecto, las palabras del presidente de la ANEP, Federico
Colorado, quien considera que el país ya cuenta con los recursos necesarios para
aumentar sus niveles de desarrollo humano: “sólo es ponerle voluntad política,
de que estemos claros, y unamos esfuerzos para que esas metas se cumplan”. Lo
que falta es voluntad política. Pero el ambiente de las campañas electorales no
se centra en discutir a fondo esos problemas, ni tampoco en ser una instancia de
búsqueda de consensos políticos para beneficio de la sociedad. Así que lo más
probable es que estos objetivos duerman el sueño de los justos durante los
próximos meses.
Reforzando el monopolio arenero
Las reformas al funcionamiento interno del TSE refuerzan una tendencia a
monopolizar al organismo a favor del partido ARENA. Estas reformas permiten
tomar decisiones por mayoría simple, con lo cual bastarán los votos de ARENA y
el PCN, tanto en las juntas electorales como entre magistrados para inclinar la
balanza a favor de los intereses oficialistas y de sus compañeros de viaje.
Por otra parte, hay un marcado interés por detener otro peligro potencial para
los intereses de ARENA. Se trata del surgimiento de nuevos proyectos de
izquierda. En las elecciones pasadas, el partido Centro Democrático Unido (CDU),
no alcanzó el mínimo de votos requerido para evitar su cancelación. Tampoco lo
lograron la Democracia Cristiana, ni el Partido de Conciliación Nacional (PCN),
pero este último obtuvo su “resurrección” gracias a los buenos servicios
prestados a ARENA. Los despojos del PDC se mueven todavía en el ambiente
político en medio del oportunismo que los ha caracterizado. En el caso del CDU,
este último se presentaba como una alternativa para captar los votos de aquellos
sectores de izquierda no afines al FMLN.
En un análisis simplista, muchos afirman que la aparición de nuevos partidos
izquierdistas sólo beneficia a ARENA, pues serían menos votos para el FMLN. Sin
embargo, en una sociedad democrática es imposible que sólo haya una alternativa
de izquierdas, puesto que la izquierda salvadoreña dista de ser algo homogéneo.
Ni siquiera el FMLN mismo ha sido un partido unificado internamente. Contar con
un abanico amplio de opciones de izquierda podría ayudar a captar a aquellos
sectores que se niegan a votar. Por supuesto que habría que trabajar en una
coalición electoral en la que se reúnan los distintos matices de la izquierda,
reviviendo, quizás, el espíritu con el que surgió, en los años ochenta, el
Frente Democrático Revolucionario (FDR): una agrupación de partidos políticos
socialdemócratas, socialcristianos y cercanos al Partido Comunista, junto a
sindicatos, universidades y organizaciones populares.
Con algo semejante, el partido ARENA temblaría en las elecciones. Pero sabe que
la izquierda salvadoreña está sumamente dividida. Se quiere curar en salud al
evitar que el nuevo partido político, llamado también FDR, logre participar en
los próximos comicios. El FMLN es miope al no ver más allá de las viejas
rencillas con los dirigentes del nuevo partido, otrora correligionarios suyos.
Permitir que surjan nuevas alineaciones de izquierda o de centroizquierda es una
forma de ir debilitando a partidos como el PCN: partidos cuyos dirigentes saben
que ya no son opción política y que sólo sirven para poner a disposición sus
votos legislativos para quienes detentan el poder. Pero el FMLN sigue pensando
que quien se aleja de sus filas lo hace sólo por traición.
Así las cosas, las elecciones municipales y legislativas del año entrante sólo
permiten esperar una campaña con lo peor de la política local. En otras palabras,
será una nueva oportunidad desperdiciada de utilizar los procedimientos
democráticos para cambiar las cosas en el país.
Red Solidaria: ¿un programa de atención a la pobreza?
El gobierno empezó a ejecutar, la semana pasada, el programa Red Solidaria. El presidente Saca, junto con la coordinadora del área social de su gabinete, Cecilia Gallardo de Cano, visitaron el municipio de Torola, Morazán, para dar la primera transferencia de dinero en efectivo a las familias que se encuentran en situación de extrema pobreza. Con dicha transferencia, el gobierno espera que las madres “cabezas de familia” se comprometan en tres puntos con respecto a sus hijos: enviarlos a la escuela para elevar el nivel de educación, llevarlos a consulta médica para una mejoría en la salud, y asistir a charlas sobre nutrición en las unidades de salud u hospitales para que experimenten retrasos en la talla y peso conforme a su edad.
En Torola, el total de las transferencias ascendió a 15,420 dólares. Este dinero
se repartió entre 465 familias en sobres que contenían entre treinta y cuarenta
dólares en efectivo. Las transferencias se realizarán cada dos meses durante
tres años y están sujetas a que las familias beneficiadas cumplan los
compromisos establecidos por el gobierno.
En 2005, el gobierno espera atender 15 municipios del país, contando con un
millón de dólares. Para 2006 se espera implementar Red Solidaria en otros 17
municipios. En total, entre 2005 y 2006, se estarían dando las “transferencias
monetarias condicionadas” a los 32 municipios más pobres del país. Entre los
años 2007 y 2009 se atenderá a los sesenta y ocho municipios restantes que se
encuentran en una mejor situación socioeconómica. Al finalizar Red Solidaria, el
gobierno espera haber atendido las necesidades de 100 mil familias (800 mil
personas) de los 100 municipios más pobres del país. La suma de todas las
transferencias a las familias beneficiadas por el programa es de 13 millones de
dólares.
¿Qué es Red Solidaria?
Red Solidaria tiene como finalidad elevar el nivel de vida de las familias que
se encuentran en extrema pobreza. Tal como lo ha expresado Cecilia Gallardo de
Cano en el espacio Encuentros El Faro, Red Solidaria “no es un programa de
combate a la pobreza, este es un programa de atención a la pobreza”. En este
sentido, Red Solidaria se debe entender como un esfuerzo gubernamental para
mejorar algunos indicadores sociales, sin que esto implique necesariamente la
erradicación de la pobreza.
En el documento Programa social de atención a las familias en extrema pobreza de
El Salvador: Red Solidaria, se describe claramente la visión gubernamental: “los
esfuerzos realizados en los últimos 15 años en términos de combate a la pobreza
han arrojado resultados positivos; sin embargo, aún existen grandes retos y
desafíos que debemos atender; si bien los índices de pobreza han disminuido
considerablemente, todavía se refleja una brecha en el área rural”. En otras
palabras, el gobierno considera que el modelo económico implantado a inicios de
los noventa ha sido efectivo en el combate de la pobreza, pero, debido a que las
zonas rurales siguen siendo pobres, se decide crear el programa Red Solidaria.
El documento destaca que el poco avance en la lucha contra la pobreza en los
últimos años se debe a dos razones fundamentales: un menor ritmo de crecimiento
económico que se traduce en el incremento de 0.76% del PIB per cápita entre 1996
y 2003, y los pocos avances en una mejor distribución del ingreso.
Sobre la base de lo anterior, no se debe entender el programa gubernamental como
un reconocimiento de la inefectividad del modelo económico en contra de la
erradicación de la pobreza. Al contrario, desde la perspectiva gubernamental, el
modelo ha sido efectivo y la necesidad de implementar Red Solidaria es para dar
un tratamiento más focalizado a las familias de las zonas rurales. El documento
no aborda las raíces estructurales de la pobreza en el país y aunque menciona
los problemas del bajo crecimiento económico y la falta de una mejor
distribución del ingreso no considera detenidamente ambos aspectos de la
realidad nacional.
Una visión alternativa sobre Red Solidaria
Red Solidaria es un programa que busca legitimar el modelo económico neoliberal.
¿Por qué? Por que desde esa concepción, el desarrollo y el progreso de la
sociedad –que implica el desaparecimiento de la pobreza— se puede lograr de
manera efectiva mediante el funcionamiento del libre mercado. Más detalladamente,
Red Solidaria es un esfuerzo gubernamental por acercar a los más pobres del país
a los procesos de mercado. ¿Cómo? Mediante un incremento en los niveles de salud,
educación y nutrición se está formando, de cara al futuro, una fuerza de trabajo
con mejores oportunidades de ofrecerse e insertase en el mercado laboral. Es
decir, de esta manera se inicia un proceso incipiente de creación de “capital
humano” que, en el futuro deberá insertarse en el mercado. Se trata de acercar a
los pobres a los procesos de mercado, para que una vez insertos en él, puedan
lograr una mejora socioeconómica.
Esta concepción encubre que una de las razones fundamentales de la persistencia
de la pobreza en el país, ha sido el excesivo énfasis en los procesos de
asignación de recursos a través del “libre mercado”. En realidad no existe la
competencia perfecta sobre la que se basa la concepción del “libre mercado”. En
los países subdesarrollados donde los costes de transacción son muy altos no
pueden aparecer mercado eficientes. De esta manera se encubre que el mismo
modelo económico genera pobreza y reparto desigual de la riqueza el país.
En el mismo documento citado anteriormente se destaca que los problemas del bajo
crecimiento económico y la falta de una mejor distribución del ingreso son
elementos que impiden el avance en la lucha contra la pobreza. Pero ante esos
hallazgos, el gobierno no cuestiona las razones por las que no crece la economía,
ni por qué se concentra cada vez más el ingreso. Las respuestas a estas
interrogantes pasan por aceptar que el problema de la pobreza es inherente al
funcionamiento del modelo económico, que sólo un cambio de modelo es el que
puede mejorar la situación socioeconómica, no sólo de las familias más pobres
del país, sino también de todos los salvadoreños. También pasa por reconocer que
el modelo económico ha funcionado en beneficio de pocos y en detrimento de
muchos; que el modelo, en su estructura, tiende a marginar a grandes grupos
sociales. Quizás el mejor ejemplo es la estructura tributaria del país: se basa
fundamentalmente en impuestos indirectos que dañan al grueso de persona de bajos
ingresos y los impuestos directos — que se obtienen de las rentas y utilidades
empresariales, entre otros – cumplen un papel complementario.
Con lo expresado anteriormente, no se busca descalificar la iniciativa
gubernamental para mejorar la condición socioeconómica de las familias más
pobres del país, pero si se busca dejar en claro que un análisis parcial del
problema puede conllevar a esfuerzos que no solucionen el problema de raíz. Esta
bien elevar el nivel de educación, salud y nutrición de los más pobres, pero más
allá de eso, se debe reconocer que es necesario realizar cambios fundamentales
al modelo económico.
También, a manera de ejemplo, es interesante considerar a una gran cantidad de
jóvenes que tienen todos los atributos que Red Solidaria promueve en la
población beneficiaria del programa: altos niveles de educación, salud,
nutrición, acceso a agua potable, energía eléctrica, internet, etc. Son los
miles de jóvenes recién graduados de las universidades que no encuentran empleo
y deciden emigrar a los EEUU. Ellos tienen todos los recursos y todas las
características que impulsa Red Solidaria, pero eso sirve poco en un país donde
el modelo económico no permite una mejor vida para todos. El gobierno debe
reconsiderar el problema de la pobreza. Debe reconocer que el empobrecimiento de
la población depende del modelo económico.
Desarrollo sin exclusión
La Carretera Longitudinal del Norte ha puesto a soñar al
gobierno salvadoreño y a la Comisión Nacional de Desarrollo, principales
impulsores de ese ambicioso proyecto. El entusiasmo parece haber crecido desde
que la prensa dio a conocer que El Salvador usaría la presentación de ese
proyecto para calificar en la llamada Cuenta del Reto del Milenio, un fondo de
$450 millones que el gobierno de Estados Unidos ha ofrecido a países en
desarrollo. De acuerdo a sus promotores, dicho proyecto persigue potenciar el
desarrollo de la zona más pobre y marginal de El Salvador, atravesando los
departamentos de Chalatenango, Cabañas y Morazán y la zona norte de Santa Ana y
San Miguel, para terminar en Puerto Cutuco, La Unión.
La Cuenta del Milenio
El presidente estadounidense, George W. Bush, anunciò por primera vez la Cuenta
del Reto del Milenio en la pasada Cumbre de Monterrey sobre Financiamiento para
el Desarrollo por el presidente estadounidense, George W. Bush. De acuerdo a la
Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID), dicho fondo financia
iniciativas para mejorar las economías y niveles de vida en países en desarrollo
calificados, recompensando las decisiones correctas de políticas que apoyen el
desarrollo económico y reduzcan la pobreza entre esos países.
La calificación no es automática pues parte de “un conjunto de criterios claros,
concretos y objetivos” para evaluar los avances entre los países, según el
mandatario norteamericano. Por tanto, la Cuenta del Reto del Milenio reconoce
que la asistencia al desarrollo económico puede tener éxito únicamente si está
unida a políticas que Estados Unidos considere correctas en los países en
desarrollo.
En consecuencia, los fondos serán distribuidos a países en desarrollo que
demuestren “un firme compromiso” con respecto a los siguientes criterios. En
primer lugar, buena administración, que supone extirpar la corrupción, defender
los derechos humanos y cumplir los preceptos de la ley. En segundo lugar, un
compromiso probado para aumentar la inversión en educación, atención a la salud
y vacunación, situaciones que, de acuerdo a USAID dan como resultado ciudadanos
sanos y formados que se convierten en agentes del desarrollo. Finalmente, se
considera el compromiso en políticas económicas correctas que fomentan la
formación de empresas y las actividades empresariales, lo que supone más
mercados libres, políticas presupuestarias sostenibles y un fuerte apoyo a las
actividades empresariales individuales.
A mediados de octubre, la prensa salvadoreña divulgó la inclusión del país entre
los concursantes a calificar en la Cuenta del Reto del Milenio, destacando que
la competencia se reducía a siete países en el mundo y que se incluía a El
Salvador pese a tener un nivel de desarrollo medio bajo. Pero lo más llamativo
de la noticia fue la consideración de competir con la bandera de la Carretera
Longitudinal del Norte, un ambicioso proyecto pensado desde la década de los
años cincuenta y que busca conectar mediante un corredor económico los
departamentos de la zona norte del país. El gobierno espera obtener de Estados
Unidos al menos $200 millones para echar a andar dicho proyecto.
A propósito de la Cumbre de las Américas:
un vistazo a la acción exterior regional
Bajo el lema de “Crear trabajo para enfrentar la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática”, se está llevando a cabo esta semana la IV Cumbre de las Américas en Mar del Plata, Argentina. Los principales temas tratados son la creación de trabajo para enfrentar la pobreza; el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas como motor del crecimiento; y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática.
Esta cumbre se ha convertido en un importante, y a la vez controversial, foro
político. Por un lado, las Américas, sus gobiernos y ciudadanos, están a la
espera de los acuerdos a los que se llegarán, los cuales quedarán plasmados en
un documento final este viernes 4 de noviembre. Por otro lado, medios de
comunicación y público en general, ya sea por morbo o por real interés, están a
la expectativa de la magnitud de las manifestaciones de resistencia y crítica
hacia la Cumbre por parte de amplios sectores de la sociedad civil, y en
especial hacia la presencia del presidente estadounidense George W. Bush, quien
en las últimas semanas no está gozando precisamente de los más altos niveles de
aceptación popular, ni siquiera en su propio país.
Algunos editorialistas de diversos periódicos suramericanos coinciden en que uno
de los puntos más conflictivos es de qué manera aparecerá mencionada el Área de
Libre Comercio de las Américas (ALCA), en el documento final de la Cumbre. Por
un lado, Estados Unidos busca impulsarlo, y, por el otro, naciones como Uruguay,
Brasil, Argentina y Venezuela manifiestan sus reservas, en diferentes
intensidades.
Asimismo, el analista Nelson Kunningham, del centro Kissinger McClarty
Associates, consultado por periodistas de la Agencia Francesa de Prensa (AFP)
considera que es poco probable un avance del ALCA en esta Cumbre, ya que, “el
ALCA es rehén de las negociaciones de Doha y de los resultados de la conferencia
ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Hong Kong en
diciembre próximo”. Las negociaciones de Doha fomentan la participación de los
países en desarrollo en el sistema multilateral de comercio.
Otro de los puntos álgidos de la Cumbre se trata del acuerdo al que lleguen el
presidente de Argentina, Néstor Kirchner, y su homólogo estadounidense. A última
hora, Kirchner anunció que solicitaría la intervención de Estados Unidos para
que desbloquee políticamente la negociación con el Fondo Monetario Internacional
(FMI), organismo del cual desea una refinanciación de la deuda. Kirchner no
quiere que dicho acuerdo con el FMI incluya compromisos políticos o económicos.
Sin embargo, se prevé que Washington podría exigir por su intervención: una
mención al ALCA en el documento final de la Cumbre, adoptar una política para
aislar al presidente venezolano Hugo Chávez y unirse a su lucha “antiterrorista”
y “contra el narcolavado”.
Un año después: otra muerte impune
El 5 de noviembre del 2004, José Gilberto Soto fue asesinado en la colonia Saravia ubicada en la ciudad de Usulután. La víctima era un salvadoreño que hace treinta años migró y se radicó en Nueva York; luego obtuvo la ciudadanía estadounidense y al momento de su muerte era líder de uno de los sindicatos más importantes en ese país y el mundo. Sus raíces estaban en El Salvador, con su familia y amigos de infancia. Precisamente su muerte ocurrió cuando visitaba a sus seres queridos. Soto había aprovechado el viaje a la región para darle seguimiento al trabajo organizativo que realizaba con camioneros salvadoreños, nicaragüenses y hondureños desde hacía cuatro años.
A doce meses del crimen, el recuento de lo que se ha hecho por las autoridades
salvadoreñas no es para presumir: una investigación plagada de errores,
incompleta y en la que se acusa a policías y fiscales de coaccionar e intimidar
a testigos, junto a un proceso penal declarado en reserva por el Juzgado Segundo
de Instrucción de Usulután. Del otro lado, la Internacional Brotherhood of
Teamsters (IBT), ha ofrecido entregar 75,000 dólares a quien brinde información
que permita aclarar su asesinato y reparar en parte el daño a una familia que
sospecha, con sobrada razón, que algo se le oculta.
Los fallos de la policía comenzaron el mismo día que a Gilberto le quitaron la
vida. Muestra de la deficiente formación de los agentes, éstos olvidaron
proteger de inmediato la escena del crimen; no la custodiaron y, para colmo, la
alteraron moviendo evidencia. En dos palabras: la contaminaron. Pero no bastó
con esto. La inspección del lugar se realizó cinco horas después del asesinato.
¿Cómo podía encontrarse evidencia científica útil para esclarecer los hechos con
todos estos yerros cometidos? En medio de un clima de desconfianza hacia las
autoridades, como sucede en El Salvador, semejantes errores desincentivan la
participación de posibles testigos. Probablemente por todo lo anterior eso y por
la presión que se comenzó a hacer desde fuera del país, la regional policial de
Usulután fue sustituida en el caso por la División Elite contra el Crimen
Organizado de la Policía Nacional Civil (PNC).
Tan grande fue el recelo inicial hacia el sistema de justicia salvadoreño, que
setenta y dos congresistas estadounidenses pidieron al gobierno de su país que
presionara al salvadoreño para resolver este asesinato. Esa preocupación no era
infundada, pues el sistema de justicia en el país reiteradamente ha sido
señalado como ineficiente y corrupto por el propio Departamento de Estado de la
administración de George W. Bush.
Los grupos que pujaban para que se resolviera el caso tenían tanta fuerza que
podían poner en peligro la aprobación del Tratado de Libre Comercio con los
Estados Unidos de América (TLC-CA); por eso, cuando el canciller Francisco
Laínez se reunió con una delegación de dirigentes sindicales que exigían
explicaciones sobre lo que se hacía acá para esclarecer el crimen, éste se
apresuró a señalar que ninguna hipótesis investigativa había sido descartada. En
cambio, el Ministro de Gobernación afirmó que las denuncias de motivaciones
políticas tenían como objetivo afectar la aprobación del TLC-CA; de ahí que haya
afirmado que sólo habían dos opciones: rencillas familiares o delincuencia “común”.
Pero más allá de la posición de René Figueroa, había otra versión más. Se
planteó la posibilidad de que el homicidio de Gilberto estuviera relacionado con
el trabajo que realizaría en Centroamérica, pero el jefe de la Unidad Contra el
Crimen Organizado (UCCO) de la Fiscalía General de la República (FGR), Rodolfo
Delgado, también descartó esa posibilidad; aseveró que se habían realizado las
indagaciones en ese sentido, pero que sólo se encontraron con rumores sin
fundamento que no podían ser judicializados.
Curiosamente, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH)
señaló como deficiente la investigación fiscal que se basaba en “fuentes
confidenciales” o “testigos sin rostros”. ¿Acaso eso no podría ser considerado
también “rumores sin fundamento”? ¿Por qué esos sí se investigan y se descartan
otras posibilidades? También llama la atención que con tantos errores en las
primeras diligencias del caso, en sólo un mes los fiscales lo desenmarañaron y
capturaron tanto a sus supuestos autores materiales e intelectuales. Más aún,
confirmaron que la opción investigativa que siempre habían sostenido era la
cierta. La supuesta eficacia fue tal, que hasta encontraron en el sitio del
crimen el proyectil disparado pese a que ya habían pasado 26 días desde el
homicidio.
Según la tesis aprobada por los fiscales, Alba Maritza Ortiz —esposa de Soto—
planificó todo motivada por los malos tratos que le propinaba éste, quien según
los “investigadores” poseía un récord policial por violencia en la familia. Por
eso, la suegra del asesinado contrató a los sicarios y el “premio” sería el
cobro de un seguro de vida por $ 250,000 que poseía el sindicalista. Todo
parecía lógico, hasta que hubo cosas que no cuadraron:
En primer lugar, el tal seguro de vida no era por la cantidad que reportaban las
autoridades salvadoreñas, sino por $ 50,000; además sus beneficiarios eran dos
hijas y un hijo de Gilberto de un matrimonio anterior, y no su esposa;
finalmente, el historial “delictivo” de Soto se reducía a una condena por
posesión de cocaína y tres acusaciones por violencia en la familia, en las que
fue declarado inocente. Retorcieron, pues, la realidad para que tuvieran sentido
las detenciones y lo hicieron llevándose de encuentro a la víctima y sus
familiares.
Como en el cuento de “Juanito y el lobo”, es difícil creerle a quien falsea los
hechos objetivos. Por eso, lo menos que se podría hacer es investigar los
señalamientos de la PDDH, en el sentido de que hubo inducción y probablemente
coacción hacia los testigos para inculpar a los acusados, tal como lo afirmó el
que se le otorgó el criterio de oportunidad, Luis N., frente al Juez Avileo
Martínez.
Según la PDDH, en el proceso judicial fue incorporada el acta de reconocimiento
en rueda de personas en la que participaron los testigos y se registro la
declaración de Luis N., quien entre otras afirmaciones sostuvo que: “(…) el tres
de diciembre lo capturaron, después le acumularon el homicidio pero él nunca ha
visto nada ni a nadie, lo torturaron y lo llevaron a la laguna del Jocotal,
conoció el lugar porque habían unos talleres que había visitado, la Fiscalía lo
obligó a decir todo lo que dijo, el fiscal que está presente en la diligencia
(Allan Hernández) le dio un papel para que se lo aprendiera, el cual entrega al
señor Juez; se hace constar que dicho papel contiene la confesión extrajudicial
del testigo...”
Estos señalamientos hacia el fiscal del caso, de ser ciertos, representarían una
grave violación a los derechos de los acusados y a las garantías del debido
proceso; asimismo, serían un impedimento para el conocimiento de la verdad sobre
este crimen. Por eso es importante presentar pruebas que confirmen o desestimen
las acusaciones.
En conclusión, este caso plantea nuevamente la necesidad de mejorar las
instituciones del sistema nacional de protección de los derechos humanos; es
decir, la FGR, la PNC, la PDDH y el Órgano Judicial. Es inadmisible que no
realicen un trabajo coordinado, eficaz y eficiente; es inaceptable que no tomen
en cuenta elementales principios investigativos y que se enfrenten entre sí, en
una lucha de acusaciones, mientras la delincuencia y el crimen organizado
arrebatan más vidas. El grave problema del elevado número de homicidios en el
país no se superará fabricando culpables a cualquier precio, ni con propaganda
barata.
Se deben fortalecer los organismos estatales, capacitar al personal para que
realice sus labores técnicas y trate bien a las víctimas, cambiar a los
funcionarios que no sean capaces de dirigir las instituciones y que no den
muestras de objetividad e independencia de grupos interesados en obstaculizar la
justicia; es imprescindible también aprobar la ley y el presupuesto para
proteger víctimas e incrementar la capacidad de obtener pruebas científicas.
En este caso en particular, es necesario considerar todas las posibilidades y
tomarse en serio la tarea de confirmarlas o desecharlas. Además, se requiere
investigar si se han dado las anomalías durante las diligencias del caso, que
aparecen señaladas en los informes de la PDDH sobre el asesinato de Gilberto
Soto. Por el bien de la sociedad y por respeto a las víctimas y sus familiares,
semejantes fallos no pueden ni deben tolerarse más
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