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El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.

Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.

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Año 25
número 1172
Noviembre 30, 2005
ISSN 0259-9864

Índice

Editorial: Imposible hacer equipo

Política: Sentencia electorera

Economía: Continúa el debate sobre la aprobación del Presupuesto General de la Nación

Sociedad: Activismo contra la violencia de género: dieciséis días para enfocarse en lo importante

Sociedad: Institucionalidad a prueba

Derechos Humanos: La necesaria revolución sindical

Editorial

Imposible hacer equipo

“Hagamos equipo” es la nueva consigna de ARENA para la campaña electoral en marcha. Así, sin mayor explicación, es una invitación a la ciudadanía a formar equipo con ARENA. La consigna no deja de llamar la atención. Vale la pena, pues, explorar qué significa “hacer equipo” con el partido de gobierno. Pensar que éste tiene disposición y apertura como para hacer equipo con la población y sus organizaciones es ilusión vana. No lo intentó en la recién pasada emergencia nacional. En lugar de la población, prefirió a los grandes empresarios y a los militares, un medio social en el cual se encuentra más a gusto. ARENA y su gobierno siempre han desconfiado de la gente, aunque la necesitan para obtener legitimidad y votos. Para hacer equipo, es fundamental la confianza mutua. Acatar las decisiones sin levantar la voz, no es hacer equipo, sino sometimiento, por impotencia o simple aceptación. Sin una confianza elemental no es posible dialogar para compartir preocupaciones y aspiraciones, ni tampoco colaborar para construir en común. ARENA y su gobierno asumen gratuitamente que sus preocupaciones y sus aspiraciones son, o mejor dicho, deben ser, las de la población, la cual debe conformarse con el papel asignado de agente pasivo de sus acciones.

La invitación de ARENA a “hacer equipo” tampoco puede estar dirigida al gran capital nacional y transnacional, un sector con un peso determinante en las decisiones partidarias y gubernamentales. Con los capitalistas no puede hacer equipo, porque son éstos los que le indican al partido y al gobierno lo que debe hacer. Prueba de ello es que, cada año, se toman la libertad de reunirlos para hacerles saber públicamente sus demandas. Aparte que, en privado, le presentan sus exigencias más importantes. Para hacer equipo, es indispensable considerar a los otros miembros en el mismo plano de igualdad, porque se reconoce su capacidad para pensar, para defender su opinión y para proponer de forma crítica y creativa.

Cuando ARENA invita a “hacer equipo”, no piensa en los partidos políticos, ni siquiera en sus aliados de la derecha. Estos últimos son más bien instrumentos de sus decisiones, a lo cual se avienen de buena gana, por la cuenta que les trae. Su participación en el reparto del poder estatal es proporcional a su docilidad a ARENA. Mucho menos piensa en invitar a hacer equipo a los partidos de la oposición. Para ARENA y su gobierno, ésta, en particular el FMLN, es un obstáculo para la ejecución de sus planes, no tanto porque no los acata con la obediencia debida, sino que, por lo general, presenta una contrapropuesta, o simplemente rechaza la propuesta gubernamental. La desproporcionada campaña publicitaria por la posición del FMLN ante el entrampamiento de la aprobación del nuevo presupuesto, ilustra la lógica de ARENA y su gobierno. El FMLN no votará a favor del presupuesto, si el gobierno no acepta unas condiciones que, aunque muy favorables para un sector de la población, dado el estado de la hacienda pública, no son viables. Aun cuando ARENA no necesita sus votos, electoralmente le interesa poner en evidencia la intransigencia de su principal adversario. Al gobierno de ARENA y a la derecha le bastan los votos del resto de la oposición, la cual, además, tiene una posición más moderada. Por lo tanto, es con ella con la que hay que negociar, pero, por ahora, al presidente Saca y al partido que dirige no les interesa la aprobación del presupuesto antes de la finalización del año. Su prioridad es derrotar al FMLN en las urnas y luego, conocido el resultado de las elecciones, podrán hacer las concesiones necesarias para obtener los votos que le faltan. Así, uno de los partidos que más reclama la manipulación de las políticas públicas, se ha dado a la tarea de aprovechar la coyuntura para sacar ventajas electorales.

Aun así, ARENA y el FMLN, cuando sus intereses inmediatos coinciden, “hacen equipo”. Aunque por razones distintas, que ninguno de los dos reconoce públicamente, hicieron equipo para impedir la inscripción de un nuevo partido, integrado por los resquebrajamientos internos del FMLN. Este, porque teme que le reste unos votos que son claves, en las próximas elecciones. ARENA, porque le es más fácil enfrentar a un FMLN intolerante y cerrado que una opción que ofrezca una alternativa moderada entre las dos extremas. Este “hacer equipo”, sin embargo, duró poco. ARENA recurrió a la Corte de Cuentas para obstaculizar las candidaturas de los principales alcaldes del FMLN, que se preparaban para la reelección. El pretexto es un oscuro negocio con la empresa que procesa la basura de la zona metropolitana. Aun cuando la sentencia de la Corte de Cuentas fuera ilegal, puede impedir la inscripción de esas candidaturas con la ley en la mano. De la misma manera que ARENA y el FMLN, con esa misma ley, impidieron la inscripción del nuevo partido de oposición. Arrinconado y sin posibilidades legales, el FMLN puede verse obligado a negociar con ARENA cualquier de los temas pendientes que, a su juicio, hasta ahora han sido innegociables. Tampoco es fácil hacer equipo con el FMLN. Aquí también hay que obedecer de forma ciega a su dirigencia o correr el riesgo de ser marginado o, más drásticamente, expulsado del partido con cualquier pretexto, pero siempre con la norma en la mano. El FMLN también piensa y decide por la gente. Su dirigencia saber mejor que ella qué le conviene, cuándo le conviene y cómo le conviene. Paradójicamente, en esto, los dos partidos de colores irreconciliables muestran coincidencias asombrosas.

No queda más que una posibilidad. “Hacer equipo” con ARENA significa no votar por el FMLN, en la próxima elección. “Hacer equipo” es votar por ARENA. Sin duda, es una manera ingeniosa de pedir el voto. Aquellos que acepten la invitación a “hacer equipo” con ARENA se convertirán en simples instrumentos de este partido, puesto que nunca serán tomados en cuenta para decidir sobre las políticas públicas, ni sobre su financiamiento, ni sobre el destino de los fondos públicos. Tampoco les preguntarán sobre los candidatos para las elecciones, ni sobre las necesidades de sus comunidades. Puede que quienes acepten la invitación piensen que hacen equipo con ARENA porque, con su voto, contribuirían a derrotar el comunismo, el gran adversario de la democracia y del bienestar, sin caer en la cuenta que se trata de un enemigo de papel. Esta idea circula impresa en hojas volantes, en bastantes empresas. En ellas, sus propietarios solicitan a sus empleados una colaboración monetaria mensual con la campaña electoral de ARENA. El argumento de fondo afirma que, como el empleo se lo deben a las libertades garantizadas por el partido de gobierno, están obligados a corresponderle con su dinero y su tiempo, pues también los presionan para actuar como sus representantes el día de la elección. Según los empresarios, el futuro de sus empleados depende del triunfo electoral de ARENA. Los empleados públicos, tanto del gobierno central como de los gobiernos locales de todos los colores, sufren las mismas presiones, porque la lógica es la misma.

“Hacer equipo” con ARENA no es más que una consigna para movilizar el voto de la próxima elección. Esta, como todas las otras consignas de los partidos, tiene vigencia temporal, lo que dura la campaña para la cual pretende movilizar. Así debe entenderse, por ejemplo, la consigna que anuncia que este gobierno tiene rostro humano o la del país seguro. No son más que consignas de vida efímera, que sirven para identificar una determinada campaña, no para anunciar realidades que comprometen.

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Política

Sentencia electorera

Una sentencia de la Corte de Cuentas contra varios alcaldes y ex jefes edilicios del llamado Gran San Salvador pone en aprietos las aspiraciones electorales de la izquierda. La Corte aduce que los funcionarios no podrán a optar a cargos públicos si no pagan una millonaria multa (3,702,671.61 dólares, para ser exactos) por supuestas irregularidades en pagos a la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES).

Las empresas mediáticas vinculadas al partido oficial han presentado el caso como una prueba de corrupción de los gobiernos municipales efemelenistas. Asimismo, la sentencia se da justo en el arranque de la campaña electoral y su blanco son, precisamente, aquellos alcaldes y alcaldesas que, además de ser más potables políticamente, se han destacado en su desempeño al frente de las comunas. Es decir, se busca atacar las cartas más poderosas de la izquierda, tanto del FMLN como del FDR: Carlos Rivas Zamora, Héctor Silva, Óscar Ortiz, Luz Estrella Rodríguez, Carlos Menéndez y René Canjura son el blanco de la arremetida de la Corte de Cuentas y los grandes medios de comunicación.

Puede aducirse que la Corte de Cuentas simplemente ha cumplido con su atribución de fiscalizar la actuación del MIDES y que siempre es sano mantener la transparencia en el manejo de los fondos públicos, en este caso, del dinero de los contribuyentes que pagan sus impuestos municipales. Lo que no resulta tan sano es el manejo mediático que se le da a la sentencia de la Corte y el momento en que la misma se está emitiendo.

¿En qué reside el supuesto ilícito en el que incurrieron las alcaldías en su relación con MIDES? En primer lugar, en que la empresa MIDES sería ilegal, según el dictamen de la Corte. Es un dictamen que resulta curiosamente tardío y contradictorio. Tardío, porque se da cinco años después de la constitución de la firma, cuando algunas personas que la integraron ya no ostentan la jefatura edilicia. Contradictorio, porque la empresa había funcionado legalmente durante todo este tiempo, sin que la Corte o instancia judicial alguna dijeran algo al respecto.

Afirma La Prensa Gráfica: “en la auditoría por la que se inició el juicio, el ente contralor emitió siete reparos no subsanados por los ediles del COAMSS. Pero de estos sólo tres han dado lugar a la condena de pago. El primer reparo establece que los alcaldes no pudieron decir en qué concepto transfirió MIDES a CINTEC El Salvador $14.2 millones. Esto, según la sentencia, causó detrimento patrimonial a las municipalidades por $1.4 millones. La Corte tampoco encontró documentos que justificaran el pago hecho por MIDES a favor de CINTEC por $22.3 millones. Esto perjudicó el patrimonio de las 14 alcaldías que forman parte del proyecto por $2.2 millones. La última anomalía también está relacionada con la falta de documentos que sustenten el gasto legal de $343 mil 63.91. Ello generó un deterioro en el patrimonio de las alcaldías por $34 mil 309.39, sentencia la resolución emitida el miércoles anterior.”

Esos datos dejan las cosas en claro. En rigor, el pecado de los alcaldes consiste en haber hecho pagos indebidos. No se ve en ninguna parte que los alcaldes se hayan robado un solo centavo en su relación con MIDES. Aunque no se diga abiertamente, la honorabilidad de los funcionarios se pone en entredicho. Máxime cuando pesa una sentencia que les impide postularse para cargos públicos.

La empresa MIDES siempre ha estado en la mirilla de la derecha. Puede decirse categóricamente que las alcaldías del llamado Gran San Salvador, antes de que la izquierda las gobernara, estaban aquejadas de un mal crónico: un sistema deficiente de recolección de basura. Municipios como Soyapango y Mejicanos, en particular, padecían este problema. Con la constitución de MIDES, el problema de la recolección de los desechos sólidos mejoró notablemente. No es que las calles del Gran San Salvador luzcan impecables, pero la mejora es notoria. Este hecho constituye una de las mejores cartas de presentación de los gobiernos municipales de la izquierda. Por ello, siempre se ha atacado a MIDES en coyunturas electorales. En el pasado, se quiso vincular a la empresa con la mafia canadiense, acusación que luego fue desmentida.

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Economía

Continúa el debate sobre la aprobación del Presupuesto General de la Nación

Todo indica que el debate sobre el Presupuesto General de la Nación continuará en diciembre. Hasta la fecha, los jefes de las diferentes carteras del Estado han asistido a la Asamblea Legislativa para explicar a los diputados la utilización de los montos asignados a las instituciones. A pesar del “desfile” de funcionarios en el parlamento, aún no se cuenta con los votos necesarios para aprobar el presupuesto.

Durante la semana pasada se vivió un clima de agitación en la Asamblea Legislativa, debido a que las fracciones tomaron posturas claras con respecto a la aprobación del plan de gastos del Estado. La fracción de ARENA, como es costumbre, quiere una aprobación rápida. La bancada del PCN, por su parte, ha condicionado sus votos a la realización de obras de infraestructura en algunos municipios donde gobiernan ediles de ese partido. El FMLN ha dicho que aprobará el presupuesto sólo si se satisfacen tres peticiones: el regreso del colón como moneda nacional, un aumento del 30% a los salarios de los empleados públicos y el incremento de la pensión mínima al nivel del salario mínimo del sector comercio e industria, con la revalorización de las demás pensiones. Los miembros del llamado “Grupo de los quince” (G-15), compuesto por los diputados de los partidos FDR, CD y PPSC, votarán por el presupuesto sólo si el Ejecutivo presenta una política de endeudamiento del Estado y se compromete a dar vida a la aplicación del impuesto predial. Este último punto involucra un estudio de la forma en que son asignados los recursos a las alcaldías a través del Fondo de Desarrollo Municipal (FODES).

Ante esta serie de peticiones, el presidente de la República y el ministro de Hacienda han externado sus opiniones a través de los medios de comunicación. El ministro de Hacienda, Guillermo López Suárez, dijo que el Ejecutivo está en la disposición de analizar algunas de las peticiones, en ese sentido, y aludiendo de forma indirecta a los “caprichos” del partido de “las manitas” dijo que una construcción de una carretera o una obra de infraestructura es algo negociable. No podía ser de otra manera. Para el Ejecutivo es fundamental mantener vínculos con el PCN para la aprobación del presupuesto del próximo año. Todo lo contrario sucedió con las peticiones del FMLN. El presidente Antonio Saca expresó a través de los medios que las peticiones de la oposición era inviables y que dicho partido era un “estorbo” en su plan de gobierno. Otro destino tuvieron las solicitudes del G-15. A la fecha, todo parece indicar que el ministro de Hacienda ha puesto atención a sus demandas, reconociendo que este grupo es importante para la aprobación de la emisión de los bonos para la financiación del presupuesto. De esta manera queda confirmado que la estrategia del Ejecutivo es aminorar el protagonismo que en los últimos años ha tenido el partido FMLN, dedicándose a negociar con los demás partidos que establecen condiciones más accesibles.

Los altercados en la Asamblea Legislativa han girado en torno a la emisión de bonos para la financiación del presupuesto. Este es el verdadero problema que enfrenta el Ejecutivo. Si los ingresos del Estado fueran suficientes para financiar el presupuesto del próximo año, seguramente el mismo ya hubiera sido aprobado con los 43 votos provenientes de las fracciones de ARENA (29) y el PCN (14). Pero debido a que los ingresos no son suficientes para financiar el presupuesto, el Ejecutivo tiene la necesidad de emitir bonos para hacer frente a la falta de recursos. Para la emisión de bonos se requieren 56 votos, siendo indispensable los del G-15.

Para el G-15, el presupuesto presenta un problema fundamental: la proyección de los ingresos tributarios del Estado se ha estimado sobre la base de un incremento de entre 3 y 4 porciento del PIB real. De acuerdo a la evolución de la economía salvadoreña en los últimos años esta meta de crecimiento económico es muy ambiciosa, a pesar de la entrada en vigencia del CAFTA el próximo año. Por ello, los miembros del G-15 consideran que el plan de gastos del Estado no es conforme a la realidad y que una aprobación del mismo, sin el énfasis en el problema de la deuda, puede derivar en una mayor emisión de bonos para la financiación de presupuestos futuros. De esta manera tendería a consolidarse un circulo vicioso en el cual la mayor parte de la deuda total del Estado se utilizaría para hacer frente a los gastos corrientes. La aprobación, año con año, de montos más altos en términos de emisión de bonos es algo que preocupa a los partidos de la oposición, no así a los diputados que representan el partido oficial quienes con un poco de retórica pretenden encubrir el problema. Muestra de ello son las palabras de Julio Gamero, diputado por ARENA y secretario de la Comisión de Hacienda, quién dijo que no es bueno enfrascarse en discusiones estériles de números –haciendo alusión al nivel de endeudamiento del país, “lo que se debe discutir es la extrema pobreza, el hambre, la mortalidad infantil. La deuda no es el problema”.

De acuerdo a esas palabras, parece ser que el diputado arenero no sabe vincular correctamente la calidad de vida de los salvadoreños con el nivel de ingresos y deuda que tiene el país. El deterioro en la calidad de vida en los últimos años se debe, en buena parte, a la estructura tributaria presente en el país. La política fiscal regresiva, basada en el impuesto al valor agregado (IVA) afecta a amplios sectores de bajos ingresos. Una política fiscal que obtiene pocos recursos a través del impuesto sobre la renta privilegia a las personas y empresas que tienen altos niveles de ingreso. Esta estructuración de los impuestos ha permitido el crecimiento del déficit fiscal en los últimos años. Por ello ha sido necesario la emisión de bonos para financiar las actividades del Estado. Los déficit fiscales en los últimos años atentan contra la estabilidad macroeconómica en la medida que dichos déficit se traducen en el aumento de los niveles de deuda, tanto interna como externa.

Para resolver este problema que año con año atraviesa el país –el concomitante déficit fiscal y las pugnas en la Asamblea Legislativa por la aprobación de los bonos– es necesario una reforma fiscal que vaya más allá de atacar la evasión y la elusión de personas o empresas. Una política fiscal progresiva es el mejor recurso para atacar el problema de déficit fiscal. Varias organizaciones proponen una reforma que buscaría aumentar la recaudación de los ingresos tributarios como proporción del PIB. Entidades como FUSADES, PNUD y el BID, por ejemplo, han reconocido claramente la necesidad de cambios en materia fiscal. FUSADES y el BID se han limitado sobre todo a dar ciertos lineamientos técnicos para hacer viable la reforma. El PNUD ha ido más lejos en sus consideraciones. Esta institución considera que es necesario un pacto fiscal que involucre un consenso de todos los sectores del país. Dicha consideración lleva la reforma más allá del plano estrictamente económico e involucra la necesidad un pacto político.

Así las cosas, el gobierno debe establecer prioridades. Si desea continuar con una política fiscal que beneficia a personas y empresas de altos ingresos, deberá continuar con la emisión de bonos que a la larga endeudaran más al país. Por otro lado está la decisión de realizar una profunda reforma tributaria que elimine los déficit y que vislumbre un pago a mediano plazo de la deuda. La raíz del problema es hasta qué punto los grandes empresarios afines al partido oficial estarían dispuestos a ceder parte de sus grandes ingresos para financiar el presupuesto del Estado y sus programas de acción social.

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Sociedad

Activismo contra la violencia de género: dieciséis días para enfocarse en lo importante

Del 25 de noviembre al 10 de diciembre se están llevando a cabo dieciséis días de activismo mundial contra la violencia hacia las mujeres, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre), y el Día Internacional de los Derechos Humanos (10 de diciembre). La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 1993, define “violencia contra la mujer” como “todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o privada”.

Según la ONU, en América Latina y el Caribe, entre el 10% y el 44% de las mujeres han sido víctimas de abusos físicos por parte de sus compañeros. En Centroamérica, de acuerdo a estudios recientes —el informe de la Organización Mundial de la Salud correspondiente a 2003, de la Comisión Económica para Latina (CEPAL, 2002), y del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM, 2005)—, los datos son alarmantes: el 40% de las mujeres nicaragüenses en edad productiva había experimentado violencia física en manos de un compañero, mientras que un 31% fue golpeada durante al menos uno de sus embarazos. El informe añade que el 70% de los casos de violencia física se calificó como grave. En San José, Costa Rica, el 75% de las mujeres entrevistadas admitió haber sufrido violencia psicológica y un 10% física. En Guatemala, los feminicidios han aumentado: entre 2001 y 2004, han sido asesinadas 1,049 mujeres.

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Sociedad

Institucionalidad a prueba

A un mes de que finalice el año 2005 y a siete para que se dé la ceremonia del traspaso de poder municipal, los gobiernos locales salvadoreños enfrentan una serie de problemas de larga data. Ciertamente, el gobierno local, por su naturaleza, tiene frente a sí dificultades de diversa índole respecto del gobierno central. A la alcaldía le compete el cuidado del municipio y el bienestar de quienes residen en ellos. Los límites territoriales marcan también la frontera de su competencia. No obstante, a la hora de abordar los problemas, la división entre gobierno central y local es simplemente analítica, para diferenciar uno de otro, porque, en esencia, son las mismas dificultades, los mismos lastres y taras, los mismos obstáculos en uno y en otro.

Así, es posible enumerar, a finales de 2005, una serie de problemas que atañen a uno y otro gobierno, pero con especial énfasis a los locales, pues los salvadoreños están a las puertas de una nueva elección en la que se definirán las autoridades municipales que gobernarán desde junio de 2006 hasta el 2009, coincidiendo con buena parte de la gestión presidencial de Elías Antonio Saca. El ambiente de campaña electoral que vive el país es propicio para reflexionar sobre el quehacer municipal, pues es de costumbre que la sociedad plantee a los candidatos a alcaldes y concejales las necesidades más sentidas de la población y señale los problemas que enfrentan quienes se hallan en el poder.

En ese sentido, dos acontecimientos recientes ligados al quehacer municipal permiten plantearse igual número de problemas: las tareas de reordenamiento en las ciudades, que esta vez drenó en el enfrentamiento entre dos cuerpos armados, por un lado; por otro, una nueva embestida en contra de las municipalidades gobernadas por el FMLN con respecto al tema de la basura. Ambos acontecimientos se dan en plenos preparativos a los comicios en los que se elegirán las nuevas autoridades municipales y legislativas, razón por la cual es imposible deslindarlos del clima electoral que vive el país. Ambos acontecimientos y sus implicaciones son también muestra de que la institucionalidad democrática sigue supeditada a los intereses de los grupos de poder en El Salvador.

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Derechos Humanos

La necesaria revolución sindical

Hace poco más de un siglo, la revolución industrial se iniciaba en Europa demandando más mano de obra. En ese escenario, lo relevante era producir y lo demás no importaba; el mercado precisaba productos y las empresas nacientes lo satisfacían a como diera lugar. Eran tiempos de salarios bajos, largas y cansadas jornadas sin ningún tipo de prestación para sus obreros y obreras porque, según los dueños del capital, eso entorpecía el desarrollo de sus pujantes negocios. De entonces a la fecha, en buena parte de Latinoamérica aún se observan tratos parecidos a los de antaño, en detrimento del sector más vulnerable: el trabajador. Una significativa porción de la población regional, incluida la salvadoreña, apenas sobrevive con salarios por debajo de las exigencias básicas para que una familia pueda vivir dignamente; con la llamada flexibilización laboral, hoy la duración de las jornadas depende de los intereses del empleador y las prestaciones establecidas en el Código de Trabajo son cada vez más un privilegio y no un derecho.

Para muestra, un botón. A principios de noviembre del año en curso, un periódico publicó el siguiente titular: “Uno de cada ocho patronos no cotiza al Seguro Social”. Por sí misma, la nota alarma e indigna. Al sector trabajador se le descuenta un porcentaje del sueldo dizque para su beneficio y el de su familia, pero los empresarios se quedan con ese dinero e impiden que sus empleados y empleadas reciban servicios de salud. Eso constituye un delito contemplado en el Código Penal. ¿No debería, entonces, actuar ágilmente la Fiscalía General de la República? Pues, precisamente, eso es lo que más preocupa: la falta de un castigo ejemplar para quienes lo cometen. Se trata de la “sacrosanta” impunidad, en otras de sus tantas manifestaciones.

Pero la responsabilidad no sólo recae en dicha institución; el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) es testigo de primera línea y también encubridor. Pese a que el Ministro de Trabajo y Previsión Social, Roberto Espinal, afirma que se deben conocer los nombres de quienes están infringiendo la ley, las autoridades del ISSS optan en la práctica por no “dañar” a los patronos morosos y deciden agotar las instancias administrativas. Mientras dicho Instituto espera que los morosos paguen a la institución lo que no han hecho antes —las cuotas retenidas, de las cuales han percibido jugosos intereses—, miles de empleados y empleadas deben aguantar el descuento sin recibir ningún beneficio, Así como no hay una “mano dura” por parte de la FGR y el ISSS contra estos delincuentes, tampoco el Ministerio de Trabajo y Previsión Social asume su papel pese a que —al menos en teoría— debería garantizar el respeto de los derechos laborales. En la práctica, dicho Ministerio es una figura decorativa que no ha podido o, en el peor de los escenarios, no ha querido evitar la desprotección de la población trabajadora.

En el país sobran maquilas que se instalan un día y al siguiente cierran sin indemnizar a sus trabajadoras y trabajadores; abundan también los despidos sin causa justificada y sin el respectivo resarcimiento legal. Eso ocurre en las narices del Ministerio y también de la Procuraduría General de la República. Y es que el mismo gobierno ha sido responsable de violaciones a los derechos laborales. Para quien lo dude o niegue, cabe recordar los despidos masivos en el sector público realizados con engaños a los trabajadores y las trabajadoras. Asimismo, la administración pública se lucra con estas prácticas ingresando al erario las escasas “multas” que impone a empleadores cuando incumplen sus obligaciones.

Pero los problemas laborales en el país no se agotan con estos asuntos. En los últimos cinco años, la cantidad de personas subempleadas pasó de 674,019 a 937,742; se incrementó, así, en más del 28%. Esa gran masa de población trabaja en las calles, las aceras o en cualquier negocio de subsistencia y no tiene cobertura social; tampoco espera recibir algún día una pensión. No tiene hora de entrada y salida, ni ingresos fijos que le permita planificar su futuro. Buena parte de ésta la integran mujeres y niños; es decir, los sectores sociales más vulnerables. Mientras esas personas no sean mano de obra calificada y tengan oportunidades para conseguir un trabajo formal, el problema se agravará; las calles de las principales ciudades continuarán llenándose de ellas y la migración al exterior se convertirá, cada vez más, en la única opción para sobrevivir. La inversión en educación es fundamental para resolver el problema, pero también es imperativo que se generen fuentes de empleo que provean de ingresos dignos a las personas y que al seleccionar un empleado o empleada no priven las influencias sobre la capacidad para desarrollar el trabajo.

A medida que la revolución industrial fue avanzando, también floreció la lucha del sector obrero por mejorar sus condiciones de trabajo. La organización sindical fue importante para enfrentar la voracidad de los industriales. Surgieron las primeras huelgas y negociaciones; también las víctimas en esas gestas. Así se alcanzaron límites de horarios laborales, reconocimiento de horas extras, regulación del trabajo infantil y otras reivindicaciones en el marco del desarrollo capitalista. Ahí donde el movimiento sindical fue fuerte, responsable y creativo, hubo desarrollo económico y social.

Sin embargo, pese a la evidencia histórica, acá aún hay quienes desde los espacios de opinión en los medios masivos de difusión continúan afirmando que los derechos sociales, económicos y culturales son falsos. Todavía hay personas que arremeten contra el sindicalismo por desconocimiento o desprecio de la importancia de la organización de los trabajadores y las trabajadoras; hay quienes, hoy en día, no comprenden o no aceptan que la economía no tiene sentido si se olvida que su fin es el bienestar de las personas. Eso sí: les alarma que la Unión Europea condicione al gobierno salvadoreño mantener el Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias, a la ratificación de dos convenios de la Organización Internacional del Trabajo en los que se garantiza la libertad sindical y la negociación colectiva en el sector público. Eso encendió a quienes ven a los sindicatos como enviados del mal. Según tal visión éstos y los contratos colectivos, los salarios y las prestaciones adicionales que protegen dichos convenios, minarán la gobernabilidad y la estabilidad política.

Tan espinoso resulta para el gobierno la organización en la administración pública, que se ha dedicado a repensar y darle largas al asunto. Creó comisiones para cabildear ante las naciones del viejo continente y estableció un grupo oficial para definir si era correcto o no ratificar los convenios, y reformar la Constitución. ¿Por qué tanto problema? ¿Por qué temer a que las organizaciones sindicales velen por los derechos de los trabajadores estatales? El que nada debe, se dice, nada teme.

A más de un siglo, la lucha iniciada con la revolución industrial, sigue vigente. Todavía hay patronos que se aprovechan de sus empleados y empleadas; les niegan prestaciones y les pagan salarios que no compensan el esfuerzo realizado ni les permiten elevar su calidad de vida. Persisten aún jornadas laborales hasta de doce horas, sin reconocimiento de nocturnidad o trabajo extra; hay un interés cada vez mayor en impulsar la flexibilidad laboral; se hacen contratos temporales en detrimento de la estabilidad y seguridad de tener un trabajo digno; las instituciones encargadas de velar por las trabajadoras y los trabajadores son incapaces de enfrentar a las empresas que violan los derechos laborales y exigirles el cumplimiento de éstos.
Como sucedió a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, la organización de las personas impulsará los cambios. Frente a la indiferencia estatal y la voracidad de algunos empresarios, el movimiento sindical debe fortalecerse; urge una revolución sindical que le devuelva el protagonismo a la lucha de obreras y obreros. Para ello, los líderes de los movimientos laborales han de buscar formas creativas y positivas que le den un nuevo rostro a estas organizaciones, para reinvindicar lo que con justicia merece la población: un trabajo digno y bien remunerado, que le posibilite desarrollarse.

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