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El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.

Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.

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Año 25
número 1180
Febrero 8, 2006
ISSN 0259-9864

Índice

Editorial: Confusiones peligrosas

Política: El presidente en campaña

Economía: Consideraciones sobre la plataforma legislativa de ARENA

Sociedad: Irresueltos problemas de salud pública 

Editorial

Confusiones peligrosas

Desde hace varios años, el Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI), de la UCA, viene desarrollando un trabajo de formación sociopolítica para pobladores urbanos y rurales en distintas zonas del país. En varias ocasiones, las jornadas de análisis sociopolítico han coincidido con importantes coyunturas electorales, concretamente con las de 1997, 1999, 2000, 2003 y 2004. Esto ha permitido rastrear la sensibilidad política de los participantes en los cursos —líderes comunales, ex combatientes y militantes del FMLN, personas vinculadas a las parroquias de sus lugares de origen, campesinos y campesinas, etc.—, así como también, aunque indirectamente, la sensibilidad política de los habitantes de los municipios donde se realizan los cursos de formación referidos.

Un fenómeno digno de destacar, por su persistencia a lo largo del tiempo y por su aparición en diferentes lugares del país, es la tendencia que manifiestan muchos de los participantes en las escuelas atendidas por el CIDAI a identificar temáticas relativas a la justicia, la solidaridad, el compromiso social, la transparencia y la decencia pública con opciones de izquierda, en tanto que temas relativos al éxito empresarial, ganancias, competencia y eficiencia se suelen identificar con opciones de derecha. Y, como se colige de los comentarios que hacen vecinos y amigos a quienes asisten a los cursos, la mencionada tendencia no es ajena a quienes viven en su entorno inmediato.

Quienes están más identificados con una opción política determinada suelen forzar aún más las cosas. Así, aquellas personas que se identifican con el FMLN no sólo hacen suyos los temas mencionados y adscriben a la derecha (a ARENA y a la gran empresa privada) los que presuntamente les son propios, sino que añaden a estos últimos otros como voracidad extrema, corrupción, impunidad y abusos de poder. Por su parte, quienes se identifican con ARENA aceptan que lo de la derecha es el éxito empresarial, la eficiencia, la competencia y las ganancias, mientras que adscriben a la izquierda (concretamente al FMLN) los valores que esta acepta como propios, menos, obviamente, los de la transparencia y la decencia pública que se consideran connaturales a ARENA. Demás está decir que, para quienes se inclinan por este partido, la justicia, la solidaridad y el compromiso social son temas peligrosos que, en el fondo, no anuncian más que la supresión de todo lo (presuntamente) bueno logrado con ARENA.

Si las anteriores adscripciones fueran generalizadas entre la población salvadoreña realmente se estaría ante una situación sumamente peligrosa y proclive al fanatismo político. Y es que el asunto no es que las cúpulas o los mandos medios de los dos partidos más grandes caigan o no en el reduccionismo descrito antes —ese que identifica a la izquierda con la justicia, la solidaridad y el compromiso social, y a la derecha con el éxito, la competencia, las ganancias y la eficiencia— sino que sectores amplios de la población lo hagan, alentados o no por los dirigentes e ideólogos de ambos partidos.

Esa forma de ver la realidad favorece la tensión política y las exclusiones, caldos de cultivo de la violencia que cada vez más recurrentemente se hace presente en las coyunturas electorales del país. Pero lo más grave es que cierra las posibilidades de encarar la política y su ejercicio de otra manera. Porque no hay ninguna razón de principio para asumir que la solidaridad, la justicia y el compromiso son patrimonio exclusivo de la izquierda y, que por tanto, sólo siendo de izquierda se pueden defender esos y otros valores. Sin duda, la izquierda salvadoreña en sus mejores momentos lo ha hecho y ojalá que no olvide de seguirlo haciendo. Sin embargo, no se requiere ser de izquierda para comprometerse con el bien común (término que en la tradición cristiana engloba los valores apuntados) y luchar contra inequidades de todo tipo; se trata, simplemente, de ser una persona cabal, digna y honesta consigo misma y con la realidad que le toca vivir.

En el mismo sentido, no hay razones de principio para hacer del éxito, la eficiencia, las ganancias y la competencia un patrimonio exclusivo de la derecha. Es cierto que la derecha ha hecho todo por identificarse con ellos y alardear de ser la única que sabe como manejarlos y sacarles provecho. Pero la identificación de la derecha con esos y otros valores empresariales ha acarreado graves males a la sociedad salvadoreña, como por ejemplo concentración abusiva de la riqueza, despilfarro y exclusiones sociales intolerables.

Cuando desde posturas fanáticas de izquierda se insiste en que éxito, eficiencia, ganancias y competencia son temas propios y exclusivos de la derecha se está reforzando, quizás sin pretenderlo, una forma de entender el ejercicio económico-social del cual la derecha ha sabido sacar provecho, al tiempo que se impide que la izquierda haga suyos esos y otros valores que son claves para una buena gestión pública. Cuando desde posturas fanáticas de derecha se insiste en que la solidaridad, la justicia y la equidad son temas propios de izquierdistas trasnochados, se está contribuyendo —quizás también sin pretenderlo— a que quienes tienen en sus manos la capacidad de cambiarle el rumbo al país evadan sus obligaciones con la sociedad a la cual deben su riqueza y su poder.

No hay que confundir las cosas ni tampoco hay que dejarse confundir. Trabajar por el bien común no significa ser de izquierda; tampoco buscar el éxito o la eficiencia empresarial significa ser derecha. Quizás alguien de izquierda se sienta más cómodo trabajando por el bien común y alguien de derecha más cómodo buscando el éxito y la eficiencia en sus empresas. Sin embargo, ambas cosas no se excluyen y de lo que trata es de transitar de uno a otro lado, pensando en lo que puede ser mejor para la sociedad en su conjunto.

G

Política

El presidente en campaña

A nadie escapa que ARENA es un partido que se mantiene en campaña electoral perpetua y que los gobiernos que dirige son un instrumento del aparato partidario. La semana anterior, el presidente Saca, que ha acompañado visiblemente la campaña proselitista de su partido, habló como presidente del COENA, en vez de hacerlo como presidente de todos los salvadoreños. No es la primera vez que lo hace, pero lo llamativo del caso es que lo hizo en una coyuntura marcada por los reacomodos dentro de la izquierda dentro de la campaña electoral y por las protestas del movimiento social en contra de los tratados de libre comercio (TLC).

El miércoles pasado, varias organizaciones sociales bloquearon calles y carreteras en varios puntos de San Salvador, para protestar contra los TLC. Mientras eso ocurría, Saca se encontraba inaugurando las instalaciones del Hospital Psiquiátrico en Soyapango. El presidente no vaciló en aprovechar la coincidencia para atacar al movimiento social y responsabilizar al FMLN de los desórdenes callejeros. Esto último lo contrastó con las gestiones de su gobierno, presentando a la oposición como destructora y a su administración como preocupada por “hacer patria”.

Nuevamente, el FMLN es presentado como el responsable de la inestabilidad social del país en sus múltiples formas: protestas callejeras y violencia de las maras. El presidente Saca aprovechó para insinuar que el FMLN continúa el mismo estilo del fallecido dirigente Schafik Handal: un FMLN confrontativo y “antisistema”. No tienen desperdicio sus declaraciones a los periodistas: “el culpable de todo lo que ha ocurrido es el FMLN... Hoy entiendo qué significa ‘la lucha continúa’: la lucha continúa cerrando calles, la lucha continúa, estorbando el trabajo productivo, la lucha continúa asociándose con las maras, asociándose con el desorden. A mí me parece que el FMLN está haciendo estas acciones desesperadas por el pleito interno que tienen sus dirigentes después de la muerte del señor Handal, es una lástima, que quien paga el pato de todo esto, seamos los salvadoreños.”

No se encuentra en ningún momento la relación existente entre dos cosas distintas: las protestas callejeras y los problemas internos del FMLN. Ahora bien, si el FMLN se encuentra debilitado después de la muerte de Handal, ¿cómo es posible que tenga tanto poder como para “cerrar calles, estorbar el trabajo productivo y asociarse con las maras”? Si se encuentra tan afectado por el deceso de su dirigente, ¿cómo es posible que tenga el poder para hacer todo lo que el presidente Saca le adjudica?

Precisamente, las protestas callejeras indican otra cosa. Indican que el movimiento social está lejos de replegarse por la pérdida que significó la desaparición del dirigente efemelenista. El FMLN, como parte de su estrategia electoral, reafirma su voluntad de apoyar desde la Asamblea Legislativa las demandas populares. Apoyar no es lo mismo que dirigir, aunque es obvio que el FMLN tiene simpatizantes y algún nivel de influencia en los movimientos sociales. Las recientes protestas contra los TLC se dieron inmediatamente después de una semana signada por diversas actividades de calle por la muerte de Handal. Al parecer, estas muestras de apoyo al FMLN y a los deudos del dirigente comunista tuvieron un efecto multiplicador en el movimiento social. No es lo mismo una protesta aislada en el Seguro Social —cuyo nivel de respaldo popular no siempre está garantizado, pues se interpreta muchas veces como una medida que sólo beneficia a los empleados del ISSS y que afecta a la población, la cual no puede pasar consulta médica mientras dura la protesta—, que un cortejo fúnebre de miles de simpatizantes del FMLN en el centro de la ciudad.

Por eso, el presidente Saca y los personeros de ARENA vuelven al camino trillado. Desdiciéndose de su talante concertador, estos retoman el viejo esquema de la guerra psicológica aplicado durante los años ochenta. Si hay descontento social, todo se debe a una maquinación oscura, a “planes de desestabilización” orquestados desde el FMLN. No sería raro encontrarse con declaraciones de supuestos pandilleros o de supuestos sindicalistas en los que afirmen haber recibido dinero e instrucciones de dirigentes de la izquierda. No es raro, porque El Salvador se encuentra en época electoral.
Evidentemente, el presidente Saca no deja de ser miembro del partido oficial por estar al frente del gobierno salvadoreño. Pero actúa como militante de ARENA con el traje del primer magistrado de la nación, con el agravante de que no lo hace como un militante cualquiera, sino como el presidente del COENA, máxima autoridad del partido oficial.

Una cosa es que critique las protestas callejeras porque causan incomodidades a quienes no participan en ellas y otra, que aproveche para hacer campaña proselitista y para anunciar que las puertas del diálogo están cerradas para el FMLN, pues sería, a su juicio, un ente descalificado para dialogar: “(en el FMLN) hay una dirigencia medio muda, da la cara y no da la cara, una dirigencia que esconde encuestas, por ejemplo, y que no le dice a todas sus bases lo que esta pasando. Entonces, lo que quieren es justificar la derrota electoral del próximo 12 de marzo. La gente a través de las encuestas está diciendo: ‘queremos darle más diputados al Presidente Saca’ y eso, por supuesto, que no lo aceptan, porque ellos son expertos en atrasar, expertos en tirar piedras en el camino. Yo realmente me preocupo porque quisiera tener un interlocutor válido, pero no lo hay, el FMLN se ha radicalizado y hoy están peor que nunca.”

El FMLN no es un interlocutor válido porque se ha radicalizado, según Saca. Lo último puede ser verdad. Lo primero hay que pensarlo mejor. El país ha pasado por ese mismo esquema. Las puertas del diálogo se cierran al acusar al interlocutor de ser radical. Ante un interlocutor radical y con el que no vale la pena sentarse a dialogar, lo coherente es elevar la propia radicalización. Esta es la lógica. El resultado es indeseable: mayor polarización política en una sociedad que necesita poco para polarizarse y cerrarse en posturas extremas.

La gran perdedora es la sociedad, en primer lugar. Una democracia necesita, exige, de una oposición que ponga freno o que module el ejercicio del poder. De lo contrario, no hay democracia. Cuando se habla, desde el poder, de una “oposición responsable”, se pide, de forma inconfesa, una oposición que solamente diga que sí a lo que el poder plantea. Cuestionar sus políticas es “politización”. Protestar es “radicalizarse”. Pero cuestionar y protestar son derechos básicos de todo ciudadano en un orden democrático. El problema es que la cerrazón al diálogo es el gran agente radicalizador y polarizador.

En segundo lugar, pierde también la democracia. Lo que se está pidiendo en el fondo, no son sólo “más diputados para el presidente Saca”, sino la sujeción incondicional al poder del partido oficial. De esta manera, las instituciones propias del sistema democrático, como la Asamblea Legislativa, se vacían de contenido. Concretamente, la Asamblea no debería ser una máquina para aprobar leyes, sino una instancia para discutir y llegar a consensos sobre temas de interés nacional.

Es mucho lo que el país tiene que perder cuando el presidente del gobierno se olvida de su investidura y actúa en función de la agenda electoral de su partido.

G

Economía

Consideraciones sobre la plataforma legislativa de ARENA

La campaña electoral está dejando mucho que desear. Los candidatos a diputados y alcaldes de los diferentes partidos políticos están más preocupados por criticar a sus adversarios que por presentar sus plataformas de gobierno. La tónica de los debates en la televisión siempre es la misma: los candidatos agotan el tiempo lanzando recriminaciones y obvian la oportunidad de establecer un debate de altura sobre las cuestiones de interés público. En esta forma, el espacio para presentar lo más concretamente posible las medidas a implementarse si ganara aquel o este candidato, termina siendo un espectáculo que atiza las pasiones de los seguidores de los partidos.

Ante la falta de responsabilidad de los candidatos a diputados, es menester informarse por cuenta propia en torno de las plataformas de gobierno de los diferentes partidos para tener una idea clara de lo que harían si fuesen elegidos. En esta dirección, una revisión de los grandes temas económicos de las propuestas legislativas es un insumo importante para comprender el accionar de los partidos y para tomar la decisión de cual apoyar.

En el documento Propuesta Legislativa Diputados 2006-2009 del partido ARENA la propuesta económica gira en torno a la creación de empleos de calidad, mayor inversión en los trabajadores y tecnología, como también en el “desarrollo territorial armónico en que se observen los requisitos de protección y recuperación del medio ambiente”. Según el partido oficial, estos objetivos se pueden conseguir mediante el mantenimiento y profundización del sistema de libertades junto a la promoción de la igualdad de oportunidades.

En un marco de una economía social de mercado, los candidatos a diputados por ARENA prometen el logro de un “circulo virtuoso del crecimiento económico y social” mediante el fortalecimiento de la institucionalidad que permita el efectivo funcionamiento del mercado. Para evitar las tensiones por la disparidad de los ingresos entre la población, los diputados se comprometen a crear condiciones para generación de empleos de calidad y a impulsar políticas sectoriales para elevar el crecimiento económico.

El documento menciona claramente que “ARENA tiene plena conciencia que los sectores más vulnerables de la población tienen escasas posibilidades para beneficiarse plenamente del progreso”. Esta posición es contradictoria cuando el partido oficial dice haber trabajado en los últimos años por la igualdad de oportunidades. Es decir, de manera indirecta los diputados del partido oficial están reconociendo que los supuestos beneficios del modelo económico no llegan a la población más pobre del país.

Para comprender la plataforma legislativa del partido oficial, se debe tener presente que las propuestas de los candidatos a diputados no pueden ofrecer nada nuevo con respecto al plan de gobierno seguido por el Ejecutivo, pues los candidatos están llamados solamente a facilitar la ratificación de las medidas propuestas por el Ejecutivo en la Asamblea Legislativa.

En líneas generales, la nueva propuesta legislativa del partido oficial tiene algunos cambios con respecto a la visión más ortodoxa que mantenían los pasados gobiernos de ARENA. Medidas como el fortalecimiento de la institucionalidad, las políticas sectoriales para el crecimiento económico y la promoción sistemática de la igualdad de oportunidades son aspectos que en materia económica no tenían mayor peso en gestiones anteriores. A pesar de la novedad en algunos puntos de las propuestas, la realidad demuestra que el partido oficial dista mucho de hacer lo que promete. En materia institucional no se puede sostener, tal como lo hace el partido del gobierno, que el fortalecimiento de la misma derive en el efectivo funcionamiento del mercado, cuando los actuales diputados de ARENA recurren a métodos indebidos para aprobar medidas de gran envergadura, como el CAFTA y la dolarización, pasando por alto el respeto a los métodos de trabajo en el parlamento.

Por otro lado, no es correcto clasificar el modelo económico salvadoreño con el nombre de economía social de mercado. El modelo implementado por los gobiernos de ARENA es una economía de mercado. De social parece tener muy poco, ya que en un periodo de quince años los avances en esa materia han sido mínimos. Por la naturaleza del modelo económico, en los últimos años el gobierno se ha propuesto paliar algunos problemas sociales mediante programas enfocados a la atención de la pobreza, salud y educación. Un enfoque correcto para la solución de estos problemas debería partir del reconocimiento que mientras no existan cambios sustanciales en el modelo económico vigente, será necesario recurrir constantemente a programas sociales paliativos que erogan gran cantidad de recursos del Estado.

Para impulsar el crecimiento económico, los diputados proponen políticas sectoriales que permitan la inversión en los trabajadores y tecnología para lograr más competitividad. El problema estriba en que las medidas de este tipo tienen bajo impacto en una legislación comercial que favorece los intereses de industrias foráneas. Muchas de las normativas que contiene el CAFTA funcionan a favor de los intereses extranjeros y los cambios en los indicadores de competitividad pueden hacer poco para aumentar los beneficios de los productores y trabajadores locales. En este sentido, hubiera sido mejor que, mientras la economía salvadoreña no se abría totalmente al mercado internacional, se hubieran realizado fuertes inversiones en mano de obra y maquinaria para alcanzar un nivel de competitividad que permitiera, una vez entrada en vigencia un tratado, el aprovechamiento completo de las oportunidades. Esto no significa que dichas inversiones no sean necesarias, sino más bien que resulta irónico que los diputados que aceleraron el proceso de aprobación del CAFTA en el congreso nacional, ahora hablen de medidas para el aprovechamiento del tratado. En forma ordenada, hubiera sido mejor prepararse previamente para el tratado, para después entrar a competir en el mercado internacional.

El compromiso de los candidatos a diputados con el medio ambiente es cuestionable. El modelo económico impulsado por el Ejecutivo y apoyado por los diputados de ARENA está en contra del medio ambiente. El tipo de desarrollo que propone el partido oficial no considera los requisitos de protección al medio ambiente tal como lo mencionan los candidatos. Al igual que la implementación de programas sociales, los programas de apoyo para la protección y recuperación del medio ambiente serán medidas paliativas mientras no se reconozca que la problemática medio ambiental proviene de la naturaleza misma del modelo económico. Un modelo de acumulación de capital que atenta contra el medio ambiente y que eleva considerablemente el nivel de vulnerabilidad por daños al medio ambiente.

De las medidas propuestas por los candidatos de ARENA resultan interesantes el fortalecimiento de la Ley de Protección al Consumidor y la Ley de Libre Competencia. A pesar de que para muchos especialistas estas normativas contienen serias limitaciones, su reforma sería conveniente para facilitar su aplicabilidad. Es importante que el Ejecutivo y los posibles diputados reconozcan que no es suficiente el establecimiento de normativas que puedan ser de beneficio para la ciudadanía, también es importante dotar a estas leyes de una capacidad operativa para que se puedan evidenciar concretamente los beneficios para la población.

En resumen, ARENA propone más de lo mismo. Los cambios que presenta su plataforma legislativa con respecto a periodos electorales anteriores son mínimos. Sus propuestas en materia económica carecen de claridad sobre los puntos que se abordan. Bajo conceptos demasiado amplios es difícil proponer cuestiones concretas a la población: “empleos de calidad”, “desarrollo territorial armónico”, “preservación del sistema de libertades”. En este sentido, urge que los candidatos a diputados por el partido oficial sean más claros en sus propuestas. Esta consideración perfectamente se puede extender a los candidatos de los demás partidos políticos.

G

Sociedad

Irresueltos problemas de salud pública

Hace tiempo que se abortó el proyecto concertado de la reforma del sistema nacional de salud, tirando por la borda otra oportunidad de solucionar los graves problemas de salud pública. Desde la gestión de Francisco Flores, cuando ese espinoso tema enfrentó al Ejecutivo con importantes fuerzas de la sociedad, no se ha vuelto a introducir en el debate público la necesidad de cambiar el funcionamiento del sistema de salud en El Salvador. Antonio Saca, bien aconsejado por sus asesores de imagen, ha evitado un asunto que, latente, no ha salido a la luz pública por el velo de intereses oscuros que quieren mantener el deplorable estado de la cuestión. A diferencia de Flores, el presidente Saca ha sabido manejar políticamente la situación: ha creado mesas para discutir la reforma —aunque no produzcan resultados concretos—, ha derrochado grandes sumas en publicidad gubernamental y, de paso, se ha ganado a la opinión pública, manteniéndola adormecida ante tan sensible tema. De allí que, el manejo gubernamental no se traduzca en mejoras significativas en el sistema y, menos aún, en una reforma seria, concertada y responsable.

A inicios del 2006, cuando los salvadoreños se aprestan a elegir a los 262 concejos municipales y a los diputados de la Asamblea Legislativa y Parlamento Centroamericano, se están escuchando con mayor insistencia las voces que ponen en tela de juicio la gestión gubernamental de la salud pública, concretamente en tres asuntos: la exclusión de empleados de la red nacional de salud en la nivelación salarial anunciada por el presidente Saca para este año, la vigilancia epidemiológica y repunte de enfermedades gastrointestinales y, en menor medida aunque no menos importante, la dilatación en la toma de decisiones concretas que redunden en una mejora cualitativa del sistema nacional de salud. Hay que analizar dichos asuntos en su orden.

Nuevo repunte de infecciones gastrointestinales
En la actualidad, hay una discusión sobre la tardanza de las autoridades sanitarias del país en confirmar “oficialmente” la muerte de una docena de niños por causa de enfermedades gastrointestinales. Según los reportes de prensa, a inicios de la presente semana, el Ministerio de Salud Pública únicamente reconocía el deceso de dos menores de edad por la causa señalada; sin embargo, el pasado martes, esa cartera de Estado, ante la presión de diversos sectores y como resultado de una presunta investigación, reconocía la muerte de doce niños, cuya causa de muerte se presume sea el rotavirus, que desde finales del año 2000 se ha cobrado la vida de decenas de niños salvadoreños menores de cinco años. Las versiones y los datos manejados son muchos y diversos, pero la posición oficial es tajante: “los reportes son las cifras oficiales, lo demás son puras elucubraciones, no son cosas basadas en datos reales. Hay doce muertos por diarrea”, en palabras del titular de Salud, Guillermo Maza.

Algunos sectores de la prensa nacional han señalado que la cartera de Salud habría dilatado el reconocimiento “oficial” de la muerte de los infantes, para evitarse así críticas al manejo gubernamental de la situación en el momento más crucial de la campaña electoral, mismo en el que el principal partido de oposición parece iniciar una carrera ascendente en las preferencias de voto. Un desliz gubernamental, han dicho ciertos sectores críticos, vendría a aminorar el impacto de una millonaria campaña lanzada desde el partido oficial en connivencia con las principales dependencias del Estado en posesión de ese partido. De hecho, uno de los logros más gritados por la publicidad gubernamental es la apertura del programa FOSALUD en centros de atención médica, con lo que se brindaría servicios a la población las 24 horas, los 365 días del año. No obstante, no hay nadie que vigile que dicho programa vaya más allá de la millonaria campaña publicitaria gubernamental.

La utilización de eufemismos como muerte “oficial” y muerte “comunitaria” —la primera, porque ocurrió en un centro hospitalario; la segunda, porque se dio en los brazos de la madre antes de llegar a algún centro asistencial— es la válvula de salida utilizada por el ministro de Salud para excusarse de las muertes y no declarar estado de emergencia debido al repunte de casos en menores de edad. La confirmación de 186 casos de rotavirus hasta la fecha y la muerte “oficial” de 12 niños presumiblemente por la misma causa no son razones suficientes para las autoridades.

El punto es que, a parte de las disquisiciones lingüísticas, lo cierto es que ya se han dado las primeras muertes —“oficiales” o “comunitarias”— de niños salvadoreños por causa de enfermedades gastrointestinales y no sólo por la precariedad de vida de las familias de donde provienen, sino por la precariedad del mismo sistema nacional de salud, lo cual difícilmente será aceptado desde los círculos oficiales. Con toda razón, el Foro Económico Mundial, con sede en Ginebra, acaba de sostener, el pasado 6 de febrero, que el mundo no está cerca en absoluto de la superación de las problemáticas de salud debido, en lo fundamental, al “lamentable estado de las infraestructuras con las que opera la salud pública”.

El hecho de que se produzcan decesos de niños en El Salvador por las causas señaladas debe mover a las autoridades de Salud a dotarse de todas las herramientas necesarias —sean financieras, técnicas o de cualquier índole— para prevenir, combatir y erradicar situaciones epidemiológicas lamentables, como los casos del rotavirus y del dengue. Por otro lado, no hay que soslayar que tales tendencias epidemiológicas se nutren de otras causas estructurales, entre las que pueden mencionarse el hacinamiento, el escaso o nulo acceso a agua potable, la vulnerabilidad socio-ambiental y ciertos factores culturales, entre otras. De este modo, traer a debate público una nueva emergencia epidemiológica significaría abrir la puerta para la llegada de más críticas a la gestión social del Ejecutivo, algo, a todas luces, contraproducente para los intereses electorales del partido oficial. Con todo, la ambigüedad en el manejo gubernamental del actual repunte de infecciones no contribuye en lo absoluto a disipar las dudas.

Demandas laborales, ¿con tinte electoral?
Otra problemática que ha salido a flote en los últimos días se refiere a disputas laborales dentro de algunos centros asistenciales del país. Médicos y empleados administrativos de dichos centros protestan debido a que no fueron tomados en cuenta en la nivelación salarial puesta en marcha a partir de este año entre todos los empleados públicos. La razón es, pues, económica. Pero muchos sectores —sobre todo ligados a la derecha— tampoco prescinden de posibles motivaciones electorales en las protestas, ligando estas con la escalada de manifestaciones surgidas luego de la muerte del histórico dirigente de izquierda Schafik Handal.

Los detractores de las demandas laborales en algunos hospitales de la red pública echan en un mismo saco a quienes protestan por el TLC con Estados Unidos, por la carencia de agua en sus comunidades o por la precaria situación socioeconómica en que viven. Protestar es, para algunos sectores radicales de la derecha, sinónimo de terrorismo. Por eso es que promueven leyes para sacudirse tales molestias. Son los mismos que, desde el Ejecutivo, culpan al principal partido de oposición de los principales males del país y no dudan en tildar de “estorbo” a la oposición dentro de la Asamblea Legislativa y a los jueces y magistrados que no se pliegan a sus torcidos intereses.

No obstante, pese a la posibilidad de relacionar las protestas de los empleados de Salud con una hipotética campaña de desestabilización montada por el FMLN, no hay que perder de vista que los médicos, enfermeras y demás empleados del sistema nacional de salud, sobre todo del sector público, son también víctimas de la desidia gubernamental para impulsar la reforma. No sin razón buena parte del gremio médico se declara abiertamente opositora a la gestión del Ejecutivo y ha acuerpado, no pocas veces, iniciativas apoyadas por el FMLN y otros partidos de oposición, como las célebres “marchas blancas”. Los empleados de salud, como los de educación y otras dependencias del Estado, se merecen más que insignificantes aumentos salariales.

La estrategia gubernamental: imágenes para encubrir la realidad
Sin lugar a dudas, se ha dicho al inicio, Antonio Saca ha sabido conducir políticamente la situación de la salud pública, a pesar de que no ha cumplido los principales puntos de su plan de gobierno concernientes a la salud de los salvadoreños. “Nos proponemos llevar a cabo una reforma del sector salud impulsada de forma concertada, que nos permita llegar a tener un sistema nacional de salud eficiente y consolidado, funcionando descentralizadamente a escala nacional, logrando una cobertura universal, garantizando la gratuidad de la atención a toda persona que carezca de recursos económicos en todo el territorio nacional”, se lee en el apartado referente a la salud contenido en la plataforma de gobierno de Saca. Sin embargo, para referirse al tercer asunto expuesto líneas arriba, el actual gobierno ha evitado a toda costa retomar el proyecto de reforma concertada del sistema de salud. A no ser que Saca entienda concertación como la simple instalación de mesas infructuosas y sin ningún peso democrático real. Habría que preguntarse nuevamente si las mesas son simplemente una cortina de humo para encubrir, entretener y sacar nada más que réditos electorales.

Es curioso que los eternos aliados del gobierno siempre salen al paso para absolverlo de cualquier responsabilidad o para mitigar posibles daños de imagen. Para muestra, en la edición del 8 de febrero de El Diario de Hoy, luego de reseñar el caso de la muerte de una bebé de cinco meses de nacida por gastroenteritis aguda, aparece, justo al pasar la página, una hoja de propaganda gubernamental en la que se anuncia la construcción del nuevo hospital nacional de Cojutepeque. El presidente, sonriente, es fotografiado mientras deposita la mezcla que servirá para cimentar las bases del edificio, un ritual gastado propio de cualquier ceremonia de esa índole. Lo importante no es que, días después, la obra se detenga, porque la cartera de Salud no haya ejecutado la inversión programada, sino el efecto psicológico causado: frente a la “inexorable” muerte de bebés, la construcción de imponentes edificios.

En vez de retomar seriamente la reforma, el presidente se ha dedicado a encubrir la realidad mediante una costosa y sistemática campaña publicitaria, que se ha visto incrementada a medida se acercan las elecciones. De hecho, días antes de que, por mandato legal, empiece la prohibición de cualquier propaganda estatal, las comunicaciones de Casa Presidencial tiraron la casa por la ventana e inundaron los espacios televisivos, radiales y de prensa escrita, sumado a la omnipresencia de los colores del partido oficial en el paisaje urbano salvadoreño.

El repunte de casos de diarreas es un problema actual todavía no resuelto, como lo son las demandas laborales en algunos centros asistenciales públicos, pero sólo son dos manifestaciones concretas de un problema todavía mayor: la postergación de la reforma del sistema de salud y la falta de voluntad política del Ejecutivo para asumir ese reto más allá de fines propagandísticos.

G

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