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Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.

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Año 25
número 1182
Febrero 22, 2006
ISSN 0259-9864

Índice

Editorial: ¿Exceso de política electoral?

Política: Muchas dudas sobre las elecciones (I)

Economía: La plataforma legislativa de la coalición CD-FDR-PPSC 

Editorial

¿Exceso de política electoral?

En El Salvador no se para de hacer política electoral. Prácticamente, no hay lapso de tiempo en el cual no se esté en campaña, abierta o velada. Son muchos los que están contentos con esta politización permanente de la vida social. Ello es una muestra, dicen, de la buena salud de la democracia salvadoreña, porque, al fin y al cabo, las elecciones periódicas son su mejor expresión. Quienes opinan de este modo no sólo celebran con euforia las coyunturas electorales, sino que están dispuestos a entrar de lleno en ellas mucho antes de que se inicien los tiempos legales estipulados para iniciar las campañas. Sin embargo, hay quienes han hecho de la campaña política permanente una regla de oro de su comportamiento público y privado: los lideres políticos y empresariales de ARENA, los cuales han transmitido a toda la militancia del partido un espíritu de cruzada que los lleva a estar permanentemente en pie de guerra.

Otros partidos inician su campaña —por falta de recursos y quizás también por falta de visión— cuando los tiempos electorales así lo señalan. En ARENA, una campaña electoral sigue a otra, sin importar la naturaleza de cada contienda y el lapso de tiempo que medie entre ellas. Por supuesto que en los periodos electorales la maquinaria electoral de ARENA (saturación publicitaria, espíritu de cruzada en todas las esferas del partido, despilfarro de recursos) funciona a pleno vapor, apostándolo todo a lo que considera la única meta digna de alcanzar: la derrota de su principal rival político, el FMLN.

En parte, gracias a ARENA la política electoral (y partidaria) está presente de forma permanente en la cotidianidad de los salvadoreños y salvadoreñas. Si a ello se añade el calendario oficial de elecciones, que hace que a una elección siga otra en periodos de tres y cinco años (consejos municipales y diputados, y presidenciales, respectivamente), los ciudadanos casi no tienen respiro para pensar en otra cosa, cuando se discute y habla de política, que no sea política partidaria. Para ponerlo de otra forma (y sólo para ilustrar qué se está diciendo), en 1999 hubo una elección presidencial, a la que siguió otra en 2004; entre ellas, se tuvieron dos elecciones legislativas y municipales (2000 y 2003). En estos momentos, se está en la recta final de otra elección legislativa y municipal (12 de marzo de 2006), a la que seguirán las elecciones generales (presidente, consejos municipales y diputados) de 2009.

Mucha política, demasiada, opinan quienes consideran que la saturación de competencias electorales no es garantía de que la incipiente democracia salvadoreña se esté consolidando. Y es que, en efecto, si la democracia se redujera a la celebración regular e ininterrumpida de elecciones, seguramente El Salvador ocuparía un lugar honroso entre las democracias existentes. Empero, la democracia es algo más que elecciones periódicas. Es participación ciudadana en las distintas esferas de la vida pública, es fortaleza institucional, es inclusión social y económica... La democracia es, en suma, un régimen político que no tolera ni los abusos de poder ni la exclusión socio-económica.

Vistas así las cosas, no se puede dejar de ver con preocupación la saturación política (partidaria-electoral) a la que está expuesta la sociedad salvadoreña de la postguerra. En primer lugar, porque los eventos electorales (las campañas, la publicidad, los debates entre candidatos) se han convertido en un simulacro, en el cual los problemas más importantes de los salvadoreños y salvadoreñas, o bien se convierten en un insumo más para la manipulación mediática, o bien son escamoteados por quienes, en teoría, deberían estar dispuestos a comprometerse en su solución. Los programas de los partidos y sus candidatos suelen ser un listado de promesas y buenos propósitos; no hay ni diagnósticos realistas de los problemas nacionales o locales, ni tampoco planteamientos rigurosos de la sostenibilidad financiera de lo que se ofrece.

En segundo lugar, por la enorme cantidad de recursos públicos y privados que se invierten en las campañas formales e informales. Sin duda, es un verdadero despilfarro el que se hace en El Salvador en cada coyuntura electoral; un despilfarro que no tiene mayor justificación si se toma en cuenta la pobreza del debate político y el escaso compromiso de la clase política con los problemas fundamentales de la mayoría de salvadoreños y salvadoreñas. La sociedad salvadoreña gasta demasiado en lo político electoral, en comparación con lo poco que obtiene en términos de un ejercicio político que, en lugar de centrarse en ella, le es cada vez más ajeno.

En tercer lugar, por la dedicación a lo político electoral por parte de quienes tienen otras obligaciones con la sociedad. En nuestro país –y también en otros con los mismos vicios— es normal que funcionarios de todo nivel se dediquen, en época electoral, a hacer campaña a favor del partido en el cual militan. Lo hacen sin renunciar a sus cargos (es decir, sin dejar de cobrar su correspondiente salario) y, además, ponen al servicio de su partido los recursos institucionales de que disponen. En la actualidad, el ejemplo más claro de esto —más grave y escandaloso— lo constituye el presidente Antonio Saca, quien no sólo se ha dedicado abiertamente a la campaña de su partido (olvidándose de sus responsabilidades como presidente de la República), sino que está pidiendo un voto para él como si fuera candidato más de ARENA para la contienda de marzo. Saca ha llegado al límite de lo que debería ser tolerado por la sociedad, porque es el colmo de la indecencia pública que esté promoviendo una campaña a favor de su partido en la cual quiere hacer creer a los ciudadanos que votar por los candidatos de ARENA (a la alcaldía de San Salvador y a la Asamblea Legislativa) equivale a votar por él.

En suma, está bien y es importante que haya elecciones, propaganda electoral y debates entre candidatos. El problema es que sea esa la única política que interese a los ciudadanos (no ya a los partidos) y no la política que atiende a lo que en verdad es importante para edificar una sociedad más incluyente, solidaria y equitativa. Que haya elecciones está bien y es importante, pero, si lo que juega en ellas es insustancial, de poco sirven para la construcción de un orden democrático.

G

Política

Muchas dudas sobre las elecciones (I)

Normalmente, cuando se está en campaña electoral, sus actores expresan su optimismo acerca de los comicios e instan al electorado a participar dando su voto. Es precisamente, a medida que transcurre el día de las elecciones, cuando expresiones como “fraude”, “denuncia” e “impugnación”, comienzan a hacerse más y más frecuentes. Pero en la actual campaña las dudas se están expresando con mucha anticipación. Las mismas se remiten al aspecto técnico de las elecciones, pero también tienen que ver con prácticas inveteradas, como la violencia protagonizada por militantes y activistas políticos. Estas reservas no son peregrinas: las pasadas elecciones presidenciales fueron una muestra de los artilugios que puede emplear la derecha cuando siente que las cosas no parecen marchar según sus designios. En 2004, el FMLN tenía grandes esperanzas de hacerse con el Ejecutivo, pero la derecha se valió de todos los mecanismos de intimidación posibles y se aprovechó de la ineficiencia en la organización electoral. Es lógico que los demás partidos políticos teman que ocurra lo mismo el próximo 12 de marzo.

Dudas sobre la parte técnica de los comicios
El pasado martes, los partidos políticos, con la excepción de ARENA y el PDC, pidieron al Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) revisar los archivos que contienen los datos de los ciudadanos que poseen el Documento Único de Identidad (DUI). La solicitud obedece a que los partidos políticos afirman que es necesario tener un padrón electoral confiable. ARENA y el PDC no secundaron la solicitud, alegando que se trataba de una invasión a la privacidad de los ciudadanos. La situación es bastante complicada y tiene implicaciones que es necesario analizar.

Hay que ver a qué responden las posturas encontradas de los partidos políticos. Es posible que pedir acceso al banco de datos del RNPN sea una invasión a la privacidad, como sostiene ARENA, pero lo cierto es que los procesos electorales gozan de poca credibilidad, no sólo para la ciudadanía en general, sino también para sus actores principales, los partidos en contienda. Estos conocen mejor que nadie los manejos internos del organismo supervisor de los comicios, el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Saben que éste no actúa de manera independiente de los partidos políticos, pues ellos mismos lo controlan.

Si bien el TSE parece haber hecho un esfuerzo para cualificarse técnicamente hablando, también las posibilidades de hacer fraude se valen, precisamente, de los recursos tecnológicos. Pensar que el fraude puede evitarse en la medida que el TSE cuente con mejor tecnología revela mucha ingenuidad o mucho cinismo. La tecnología no es políticamente aséptica, pues son personas —y en este caso, personas que integran los partidos políticos— las que la ponen a funcionar. Entonces, las posibilidades de fraude se adecuan al ritmo de los recursos tecnológicos disponibles.

Por eso no es raro que los partidos políticos “busquen hasta debajo de las piedras”, como declaró la directora del RNPN y ex diputada de ARENA, Miriam Mixco. Es llamativo que el PCN, usualmente plegado a los intereses del partido oficial, se una a la solicitud de la oposición.

Que una entidad como el RNPN cuente con medios técnicamente avanzados para tener un registro de los datos de los ciudadanos no descarta la posibilidad de fraude. Algunos pueden argumentar que esto era más fácil en el pasado, cuando en cualquier alcaldía se le podía extender una cédula de identidad, tanto a cualquier individuo extraño al municipio en cuestión para que fuera a votar por el partido oficial de turno, como a verdaderos delincuentes como el mercenario anticastrista Posada Carriles. Ahora, alegan, esto no es posible, porque la tecnología impone controles más estrictos. Probablemente los imponga, pero también hay maneras de sortearlos. El hecho, por ejemplo de no contar con un padrón electoral depurado permite la suplantación de identidad, como ocurre con los ciudadanos fallecidos. De todas estas cosas están conscientes los partidos políticos y saben lo que hacen cuando buscan “hasta debajo de las piedras”. Lo irónico es que, pese a que el sistema electoral no les resulte confiable, siguen pidiéndole los votos a los ciudadanos, en vez de velar por garantizar la confiabilidad del sistema.

Se supone que cada proceso electoral es una experiencia en la que las autoridades del TSE aprovechan para aprender de los errores cometidos y así elevar la credibilidad de los comicios que organizan y monitorean. Sin embargo, esto no es así. Las próximas elecciones están despertando muchas dudas, pero no sólo de los partidos políticos. La ciudadanía ha denunciado, por ejemplo, la posibilidad de que el partido oficial esté documentando a personas extranjeras para aumentar su masa votante el 12 de marzo. En San José Las Flores, Chalatenango, también se ha denunciado que el partido gobernante ha impreso papeletas electorales por adelantado. Ciertamente, de simples denuncias no pueden sacarse mayores conclusiones, sobre todo en un medio tan dado a los ataques sin fundamentos, pero ello sería suficiente para que el TSE investigue las situaciones y despeje las dudas que haya que despejar.

En la edición del periódico virtual El Faro, correspondiente a esta semana, se publicó una nota en la cual se denunció un exagerado crecimiento de los votantes de la localidad de Jutiapa, una población en la cual un 60% de “nuevos votantes” —es decir, votantes trasladados a propósito para ese municipio— provenían de la capital. Afirma la nota, titulada “El arte de trucar el padrón”: “el municipio de Jutiapa tiene más de mil nuevos habitantes. No necesariamente viven ahí y sólo necesitan, en la práctica, visitar el lugar el día de las elecciones para elegir al alcalde y aportar con sus votos a la elección de un diputado por Cabañas. Todos ellos cambiaron su DUI y ya pueden ejercer el voto en ese municipio. El crecimiento de votantes en Jutiapa sorprende si se toma en cuenta que más del 60 por ciento de estos nuevos electores provienen de la capital. En 2004, el número de electores de ese municipio era de 3 mil 327. Según números del registro, para los comicios de este año existen mil 163 nuevos votantes que ARENA y FMLN resienten, pues aseguran que en su mayoría son voto duro del PCN para que Ciro Cruz Zepeda afiance su curul.”

Se trata, pues, de una artimaña ante la cual se aprovechan los nuevos recursos para ejercer el fraude. Por muy avanzado que parezca el DUI frente al viejo sistema de las cédulas de identidad personal, es muy difícil comprobar, por ejemplo, la veracidad de datos como el domicilio de un ciudadano, pues alguien puede tener DUI de Jutiapa sin dejar de vivir en San Salvador. Tampoco el sistema del DUI garantiza la actualización de los datos. Es decir, nada garantiza que una persona fallecida no figure como si se encontrara viva. Estas lagunas técnicas también se unen a los compadrazgos utilizados para obtener documentación viciada.

Otro aspecto que sigue causando inquietud es el proceso del escrutinio final. No hay garantías —según se colige de las declaraciones del TSE, Walter Araujo— que el escrutinio final del 12 de marzo sea totalmente confiable. El presidente del ente colegiado explica que el TSE enfrenta dificultades técnicas: “la aplicación que distribuye la imagen digitalizada de los datos”, explica, hará que los datos definitivos se conozcan alrededor de las 8 p.m. de ese día, aunque reconoció que el escrutinio final tendrá fallos. En fin, el proceso que va desde el conteo de votos cuando cierran las Juntas Receptoras, hasta el escrutinio final, ha estado sembrado de dudas en el pasado y no hay indicios de que las cosas cambien en los próximos comicios. Y esto, sin tomar en cuenta el delicado tema del traslado de las urnas, desde los centros de votación hasta la sede central del TSE.

G

Economía

La plataforma legislativa de la coalición CD-FDR-PPSC

La Plataforma Legislativa 2006-2009. Compromiso de la alianza Partido Cambio Democrático-Frente Democrático Revolucionario-Partido Popular Social Cristiano contiene un breve análisis de los problemas nacionales más importantes. Parte del hecho que, según las encuestas, los problemas más importantes son el desempleo y el alto costo de la vida. Para enfrentar estos y otros problemas es necesario disponer de soluciones viables que estén exentas de una “mentalidad y actitud restringida, sectaria y de corto plazo”. De acuerdo a la plataforma del CD-FDR-PPSC, la polarización política entre ARENA y el FMLN beneficia a ambos partidos por que permite que mantengan sus cuotas de poder en el parlamento en “menoscabo de desarrollo institucional”.

Ante estos problemas, los partidos CD-FDR y PPSC se presentan como una nueva opción política que se define como una “oposición constructiva” que esta en contra del esquema autoritario de la derecha y la falta de argumentos de la “oposición conservadora, sin argumentos y soluciones nacionales factibles”. Para reforzar su postura, los tres partidos apelan a los logros obtenidos el año pasado cuando, unidos bajo la denominación de G-14, presionaron al Ejecutivo para que se comprometiera a ajustar la revalorización de las pensiones, revisar la política de endeudamiento público y aumentar la inversión social, a cambio de votar por el Presupuesto de General de la Nación para este año.

La plataforma legislativa menciona que las medidas propuestas son “líneas factibles” a las que puede aspirar el Estado salvadoreño. Además menciona la necesidad de romper el “esquema psicológico“ de la poblaciónen el que se confunde el sistema electoral con la democracia. Para el CD-FDR y PPSC la democracia es algo que va más allá de un evento electoral, es una construcción social que permite la participación ciudadana en los diferentes ámbitos de la vida pública.

Las propuestas
La plataforma legislativa de la coalición comprende cinco áreas de trabajo: creación de empleo y defensa del poder de compra, seguridad ciudadana, institucionalidad democrática, salud y medio ambiente, e integración regional, compatriotas en el exterior y relaciones internacionales. De todas ellas, la primera área de trabajo contiene la mayoría de propuestas en materia económica, aunque también aparecen otros aspectos relacionados con el tema económico en las otras áreas.

Dicha área de trabajo se preocupa por los dos problemas más importantes de la población salvadoreña de acuerdo a las encuestas: el desempleo y el alto costo de la vida. Para enfrentar estos problemas la coalición propone “reformas a la legislación laboral que garantice la estabilidad y respeto a los derechos económicos y prestaciones sociales de los y las trabajadoras”. Los cambios en la legislación laboral persiguen que los empresarios sean responsables en entregar las retenciones salariales en concepto de salud y pensiones al ISSS y a las AFP respectivamente. Esta es una buena normativa, por que, en los últimos años, muchos empleados, especialmente los del sector maquila, ven que sus retenciones salariales no son entregadas a tiempo a ninguna de estas instituciones. Esto es un robo de parte de las empresas. A pesar de ello, el Ejecutivo no castiga estas actividades, por temor a la salida de este tipo de inversión extranjera.

También se debe considerar que esta medida podría dañar a las personas que, en condición de desempleados, trabajan o están dispuestos a laborar aún sin prestaciones sociales. Específicamente, a las personas que trabajan o aspiran a trabajar en una pequeña empresa formal que posee un escaso margen de ganancia. Esta medida introduciría rigideces en el mercado de trabajo de las pequeñas empresas formales que, debido a la coyuntura económica, están teniendo altos costos y bajos niveles de ganancia. En este sentido, la normativa debe tomar en cuenta la diferencia entre las empresas formales que rehuyen a la entrega de los fondos de las prestaciones sociales al ISSS y las AFP, a pesar de ser solventes económicamente, y las pequeñas empresas formales que atraviesan una situación de escasos márgenes de ganancias. Una medida que no tome dicha consideración podría afectar el desempeño de las pequeñas empresas que se abren paso en la actividad formal.

Por otra parte, los candidatos a diputados por la coalición CD-FDR y PPSC se comprometen a impulsar una “ley reguladora de las tarjetas de crédito que evite las prácticas injustas” contra los dueños de tarjetas de crédito. La regulación del funcionamiento de estas últimas es una necesidad desde hace muchos años, sin embargo, debido a la representación de los intereses bancarios en la Asamblea por el partido oficial, no existe una normativa fuerte que sancione los abusos en los cobros por el uso de las tarjetas de crédito. La normativa debe ser clara para que no se preste a un juego de palabras que terminen haciendo inefectiva la ley. Esta medida, en contra de los intereses de algunos sectores del partido oficial, también podría ser impulsada por otros partidos políticos.

En el plano legislativo, la coalición buscará la reforma de la Ley de Electricidad, en particular, del mecanismo de fijación de precios, y la reforma de la Ley del IVA. La primera parece acertada, pues muchos estudios destacan que la manera como se establecen los precios de la energía eléctrica en el país no es la más conveniente para los consumidores. De varios mecanismos, para la fijación de los precios se opta por el que resulta más rentable para las empresas distribuidoras de energía eléctrica, en detrimento de la capacidad adquisitiva de gran parte de los salvadoreños. Es necesaria una búsqueda de un mecanismo distinto para la fijación de los precios.

La reforma de la Ley del IVA es necesaria para establecer una política fiscal lo más progresiva posible. La dificultad en esta normativa es que presentaría serias limitaciones para su aprobación. En un primer momento la medida parece ser poco realista, pues faltaría establecer un consenso con otras fuerzas políticas como el FMLN, que favorecen los cambios en la normativa fiscal.

Los diputados electos por la coalición prometen establecer leyes para reducir los impactos negativos del TLC con los EEUU. A diferencias del FMLN, los partidos CD-FDR y PPSC aceptan la realidad del tratado, pero quieren desde el Asamblea Legislativa ser un “activo monitor” de los efectos del tratado en el país, especialmente en los sectores agrícola y de la micro, pequeña y mediana empresa. La iniciativa parece ser conveniente, pero la coalición debería reconocer que la misma tiene fuertes limitaciones: el monitoreo constante de los efectos del CAFTA sobre la economía salvadoreña es algo que escapa a la capacidad del Asamblea Legislativa, a lo sumo podrán incidir en algunas disposiciones, siempre y cuando cuenten con un gran respaldo de otros partidos y esto no es algo que suceda con frecuencia.

En líneas generales, la propuesta legislativa de la coalición de partidos CD-FDR y PPSC se caracteriza por establece claramente que su finalidad es reformar leyes o impulsar otras nuevas. Sus propuestas de reformas a algunas leyes, a primera vista, parecen ser viables por que muchas de sus iniciativas ya han sido discutidas en otros períodos legislativos. Sin embargo, como primer reto para que estas medidas sean una realidad es que deben lograr un incremento de sus diputados en la Asamblea Legislativa. Esto es bastante difícil pues los tres partidos tienen fuerte presencia en la capital, pero es mínima en algunas zonas del interior del país, especialmente en los casos del CD y el PPSC. A diferencia del FMLN que mantiene una propuesta legislativa demasiado amplia y ambiciosa —como si fuera una propuesta de elecciones presidenciales— la propuesta de la coalición se centra específicamente en la reforma de algunas leyes y en la iniciativa de otras. El dilema es que a pesar de ser una propuesta medianamente creíble, no cuenta con el respaldo suficiente para obtener una mayor cantidad de curules en estas elecciones. Una agenda de trabajo como la de la coalición, impulsada a través de un bloque legislativo que incluya también al FMLN, sería una oposición capaz de desgastar al partido oficial.

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