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El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.

Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.

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Año 25
número 1187
Marzo 29, 2006
ISSN 0259-9864

Índice

Editorial: Una presidencia agotada

Política: Oportunidad perdida para el presidente Saca

Sociedad: El agua (problemática) de cada día

Regional: Cautela ante el proceso de la reforma de ley migratoria en Estados Unidos

Reporte IUDOP: Más crisis penitenciarias

Derechos Humanos: Justicia a cuentagotas

Documento: Declaración conjunta de los movimientos en defensa del agua

Editorial

Una presidencia agotada

El capítulo de las elecciones de marzo no puede cerrarse con un simple dar la vuelta a la página para volver a la rutina, porque la institucionalidad ha salido más debilitada aún por los partidos políticos y, en particular, por el mismo presidente Saca, por su doble papel de Presidente de la República y de ARENA. El mandatario se presentó en las actividades partidarias como presidente de ARENA, pero hizo promesas en cuanto Presidente de la República. Su discurso fue tan violento y demagógico como el de cualquier dirigente tradicional de ARENA, pero nunca dejó de fungir como Presidente de la República. Defendió los intereses de ARENA como cualquier dirigente entregado, pero usó el poder del Presidente de la República para imponerlos. En un acto inexplicable, el presidente proclamó alcalde de San Salvador al candidato de ARENA, con lo cual sobrepasó las competencias del Tribunal Supremo Electoral. Al final, proclamó a un perdedor, con lo cual comprometió aún más su autoridad. En el mejor estilo de “ordeno y mando”, recién concluido el escrutinio, convocó a los partidos políticos para negociar la conformación de la junta directiva de la nueva legislatura, con lo cual atropelló la dignidad de todos ellos y hasta sus aliados de derecha le salieron respondones, por invadir un terreno que no es de su competencia. Saca salió de las elecciones con un reducido poder de convocatoria, pues es imposible no identificarlo como el presidente de ARENA.

En un vano intento por justificar su aventura electoral, el mandatario recurrió a un falso argumento de autoridad. Su participación habría sido apegada a derecho porque él así lo afirma y frente a esta afirmación no hay argumentación constitucional que valga. La Corte Suprema de Justicia no se atreverá a declarar inconstitucional su intervención. La Asamblea Legislativa no tiene poder político para pedirle cuentas. El Fiscal General tampoco actuará de oficio y el Tribunal Supremo Electoral ya dio la vuelta a la página. Alegar la práctica de países como Estados Unidos es improcedente, pues Saca pedía el voto para él, mientras que los presidentes estadounidenses lo piden para el candidato. Otro argumento es la novedad, la cual explicaría, según él, la extrañeza. De acuerdo a la lógica presidencial, lo novedoso, en sí mismo, sería legal. En esta argumentación es imposible pasar por alto la vanidad presidencial. Saca lo hizo por primera vez y Saca lo declara constitucional. Saca hace lo correcto, y los que forman equipo con él también; los demás están en el error. La conclusión presidencial es todavía más singular, la aventura electoral del presidente Saca no hay que tomársela a la tremenda, porque sería parte del juego electoral. Su intervención, así como las graves acusaciones que lanzó en los mítines, no tendrían ninguna importancia. Con el mismo aplomo con el cual defendió su aventura, el presidente Saca, pasadas las elecciones, afirma que los extremos que pudieran haberse dado fueron parte del calor de la contienda, cuyo propósito era hacer que la ciudadanía comprendiera su mensaje sobre cómo votar de forma correcta. Ahora lo políticamente correcto sería pasar la página y olvidar lo ocurrido. Así como exacerbó las tensiones sociales y políticas existentes, ahora toca llamar al diálogo y la concertación. Así como acusó al FMLN de asociación con los pandilleros, ahora ambos deben decidir de común acuerdo el futuro del país. Pero la situación no es tan sencilla.

A juzgar por los resultados, el mensaje presidencial no penetró. ARENA no sólo no alcanzó sus metas, sino que la correlación de fuerzas de la próxima legislatura será aún más complicada que la actual. La gobernabilidad, el gran argumento para pedir una Asamblea Legislativa controlada por ARENA, será aún más difícil por el desprestigio de la credibilidad y la autoridad presidencial. A no ser que haya gestos dramáticos, al gobierno de Saca le queda poco por hacer. Sin una novedad mucho más impactante que su participación en la campaña electoral, su presidencia ya ha dado de sí todo lo que podía. Los tres años que le quedan al frente del poder ejecutivo serán aún más tortuosos que los dos primeros.

Así lo muestran las prisas por conseguir la aprobación legislativa de varios préstamos por más de 300 millones de dólares, por elegir al Fiscal General y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y, eventualmente, una reforma electoral que implicaría modificar la Constitución. Por otro lado, ha iniciado una nueva ronda de diálogo con las dirigencias de los partidos políticos, al igual que lo hizo al comienzo de su mandato, para limar asperezas. Desde entonces hasta ahora, confiado en que se trataba de un compás de espera, mientras acumulaba fuerzas para apoderarse de la Asamblea Legislativa, los despreció. Ante el fracaso de su plan, el presidente ha comenzado de nuevo, pero, a diferencia de entonces, como mucho menos credibilidad y legitimidad. Por eso, el FMLN no acudirá a la cita, sino que negociará en el seno legislativo. Tampoco volverá a la mesa de gobernabilidad, la cual ahora tiene menos representatividad que antes, por el desgaste experimentado por el presidente Saca.

No obstante, nada de lo que se propone conseguir le saldrá gratis, pues necesita los votos del FMLN, el cual pedirá concesiones importantes, o bien deberá acudir al llamado Grupo de los 13. Pero estos votos dependen de una serie de puntos que este grupo exigió a cambio de la aprobación del endeudamiento que despejó el camino para el presupuesto de este año. Al pedir más, ARENA se encuentra con que todavía no ha cumplido con todo lo comprometido en esa negociación. Están pendientes el plan de endeudamiento y de pago del país, la revisión de los despidos arbitrarios del Ministerio de Gobernación y la revalorización de las pensiones. Las nuevas peticiones tendrán un precio adicional para ARENA. En la próxima legislatura, sabedor de su poder, el PCN pedirá un alto precio por sus diez votos, necesarios para que ARENA obtenga la mayoría simple. El aliado incluso ya ha pasado una primera factura por adelantado y exige revisar las urnas de Cabañas. Del recuento de votos depende si el máximo dirigente de este partido, una pieza clave para las movidas de ARENA en la Asamblea Legislativa, se queda o sale de ésta. Sólo puede quedarse si ARENA sacrifica a uno de los dos diputados que obtuvo en Cabañas, pero con eso, además, corre el riesgo de que aparezca el fraude que lo favoreció.

Aun así, la votación calificada es casi imposible, a no ser que el presidente Saca ceda en puntos hasta ahora intocables. Necesitará de mucha habilidad política para poder gobernar, en los tres largos años que le quedan. Escudarse en que el FMLN se niega a negociar, no le ayuda en nada. Exigir que se pliegue a su agenda política, es una ilusión. Relanzar la llamada mesa de gobernabilidad para sentar a los partidos alrededor de su comisionada, mientras, por otro lado, negocia con algunos de estos partidos o intenta comprar votos de diputados de otros, sólo contribuirá a exacerbar las tensiones existentes. El presidente Saca se encuentra en un enorme aprieto, tiene menos poder, menos credibilidad y autoridad y para gobernar no sólo necesita del PCN, sino también del FMLN, su adversario histórico.

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Política

Oportunidad perdida para el presidente Saca

En un contexto en el que se tuvo que encajar la derrota, por un margen mínimo, en la elección por la alcaldía de San Salvador, el partido ARENA y en particular, el presidente Saca, perdieron una oportunidad para paliar un tanto la crisis producida por su desafortunada intervención en la campaña electoral. Nos referimos a la respuesta gubernamental al veredicto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de las hermanas Serrano.

Como se sabe, la Corte confirmó la responsabilidad del Estado salvadoreño en la desaparición de las niñas Serrano en 1982, a manos de la Fuerza Armada, por lo cual dictó una serie de medidas encaminadas a restablecer la dignidad moral de las víctimas —que aún siguen desaparecidas— y de sus familiares. La más importante era la que ordenaba al Estado salvadoreño pedir disculpas a las víctimas en la voz de “sus más altas autoridades”, en un acto público, que se celebraría en el lugar de los hechos, Chalatenango, el día 22 de marzo.

Lo único que se cumplió fue el acto público. El gobierno salvadoreño, como ya se ha dicho, ni comisionó a “sus más altas autoridades”, ni mucho menos pidió disculpas. El presidente Saca, que no tuvo empacho en aparecer públicamente durante la campaña electoral para pedir el voto ciudadano por los candidatos de su partido —creando, así, un conflicto no sólo institucional, sino también ético, aunque el mandatario no pareció inmutarse ni por lo uno ni por lo otro—, sí que tuvo dificultades para estar presente en el acto de desagravio. Un día antes había ratificado la voluntad de su gobierno en cumplir la sentencia de la Corte, dados los “cumplimientos económicos” que debía “cumplir” el país, lo cual, dicho de una forma más directa, significaba que estaba dispuesto a acatar las medidas, so pena de enfrentar sanciones económicas.

Esto último es el talón de Aquiles de los gobiernos de ARENA. Durante mucho tiempo, las administraciones areneras se negaron a ratificar una serie de convenios en materia de defensa de los derechos laborales. La Unión Europea tuvo que amenazar con excluir a El Salvador de los beneficios del Sistema General de Preferencias si no ratificaba los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). De otra manera, el gobierno salvadoreño no cambiaría de postura. Los “cumplimientos económicos que el país tiene que cumplir” fueron la única manera de obligar al actual gobierno a admitir que debía actuar conforme a los más elementales principios de legalidad.

Estos hechos se enmarcan en una coyuntura que comenzó con la proclamación precoz, por parte de Saca, del candidato arenero Rodrigo Samayoa como ganador de la comuna capitalina, el 12 de marzo. La proclamación fue una respuesta al hecho similar protagonizado por el FMLN, el cual adjudicó la victoria a quien, en definitiva, resultó ser la ganadora, Violeta Menjívar. El siguiente movimiento se da el 13 de marzo. ARENA cambia sorpresivamente de tono. El presidente desaparece de la escena y deja solo a Samayoa, quien afirma que no hay que precipitarse en adelantar resultados, sino esperar los datos definitivos del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Tras sucesivas postergaciones, se da el tercer momento: la protesta callejera organizada por los simpatizantes del FMLN, la noche del 15 de marzo. Como consecuencia de lo anterior, el día siguiente se dan a conocer los resultados, que favorecen a la candidata efemelenista.

El revés fue duro para ARENA y para su presidente, quien felicitó a Menjívar. En ese momento, se comprobó que la apuesta que hizo Saca fue desafortunada y, además, sumamente cara en términos políticos. Para revertirla, el mandatario volvió a hablar de concertación, como lo hizo para diferenciarse del autoritarismo de su predecesor, Francisco Flores.

Promesa incumplida
Saca, que se jacta de ser un funcionario que sí cumple sus promesas, nuevamente faltó a la palabra empeñada. Envió en su representación al canciller Laínez, quien dista mucho de ser una de las “más altas autoridades” del Estado, más allá de la importancia del cargo que posee.

El ministro de Relaciones Exteriores dio un discurso superficial que en modo alguno se asemejaba a una petición de perdón oficial. No extraña que halla sido recibido con abucheos por parte de los asistentes y con indignación, por parte de la familia Serrano. Laínez se limitó a decir que lamentaba lo sucedido. Nada más. “El Estado de El Salvador lamenta profundamente todos los hechos sucedidos durante el conflicto armado que imperó en nuestro país por más de 12 años, el cual afectó directamente a todas y cada una de las familias salvadoreñas” y “lamenta especialmente los casos que afectaron a la niñez y entre ellos los relacionados con Erlinda y Ernestina Serrano Cruz y se solidariza con ellas y su familia en los términos que dicta la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, fue lo único que acertó a decir Laínez.

Se perdía, así, la oportunidad de demostrar que, efectivamente, el gobierno tenía la voluntad de “pasar la página” de unas elecciones de las cuales lo mínimo que puede afirmarse es que fueron accidentadas, por no decir irregulares. “Pasar la página”, pero no en el sentido de olvidar estas irregularidades y actuar como si nada ha ocurrido, sino en el sentido de superar las conductas negativas en que se incurrió. De haber cumplido la medida dictada por la Corte, el presidente Saca se hubiera anotado una victoria política importante, que, a lo mejor, le hubiera dado un mayor margen de maniobra a él y a su partido en este momento de reacomodo político posterior a las elecciones. Hubiera ganado la margen de credibilidad que tanta falta le ha hecho a la hora de ofrecer, como lo hizo al entrar en gestiones, concertación con las demás fuerzas políticas.

De esa manera, Saca sí hubiera dado indicios fehacientes de tener voluntad de “pasar la página” del autoritarismo arenero y de fomentar los métodos democráticos para gobernar el país. Antes del 22 de marzo, la oposición política no le daba ni un centavo de credibilidad a las ofertas del presidente. Mucho menos lo harán después del desplante hecho a los familiares de las hermanas Serrano.

¿Por qué razón actuó Saca de esa forma? Podría argumentarse que no se decidió a dar el salto que suponía admitir la responsabilidad del Estado salvadoreño en los crímenes de guerra, aduciendo que tendría que enfrentar las represalias de los sectores “duros” de su partido. En todo caso, ello significaría que es más importante mantener contentos a esos sectores que buscar una solución al malestar político generado por la manera en que se procedió durante las elecciones. Podría decirse, pues, que, efectivamente, el mandatario representa esos intereses y no los de la nación. El país no ha “pasado la página” de los Acuerdos de Paz, por mucho que algunos lo pretendan.

En verdad, el gobierno de Saca no tiene interés en imprimirle un tono concertador a los tres años que le quedan por delante. No hay voluntad de concertación si, por ejemplo, se le ponen trabas a la humanitaria “Misión Verdad”, del gobierno venezolano, por razones ideológicas. No hay voluntad de concertación cuando, lejos de acuerpar la iniciativa de los alcaldes efemelenistas de gestionar un acuerdo con Venezuela —conocido como “convenio ENEPASA-PDV Caribe”— para obtener combustible más barato, el presidente no hace más que buscar objeciones al respecto, igualmente por razones político-ideológicas.

Es una oportunidad perdida y también la muestra que, por más maquillaje mediático que se ponga, Saca dista mucho de ser un estadista que trabaje en función de su país. Como los demás gobernantes areneros, Saca obedece únicamente los intereses de su partido.

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Sociedad

El agua (problemática) de cada día

El acceso al agua dulce genera discordia en El Salvador. Más aún su preservación y distribución. Las visiones en torno al asunto son encontradas: oscilan entre la mirada de los que carecen del vital líquido —cuya visión, desde la carestía, es harto pesimista— y la perspectiva de las autoridades gubernamentales —que se nutre de un dudoso optimismo y triunfalismo—. ¿Cuál es la visión correcta en torno al problema del agua en El Salvador? En lo absoluto se pretende aquí señalar culpables y víctimas. Sólo se parte de la siguiente constatación: el recurso escasea, las poblaciones afectadas reclaman y el Estado parece no responder a esas demandas. Las conclusiones derivan de esa constatación.

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Regional

Cautela ante el proceso de la reforma de ley migratoria en Estados Unidos

Parece que a nuestros principales medios de comunicación escrita les cuesta mantener la información en perspectiva o, ¿es que expresamente impulsan un objetivo político tal que su idea es funcionar no como activadores de participación política de los ciudadanos y ciudadanas sino todo lo contrario? El martes 28 de marzo, publicaba La Prensa Gráfica (LPG) como tema del día: “Comité aprueba legalización”. Luego, al leer el texto detenidamente, lo cual no lo hace el lector promedio y eso lo saben perfectamente los editores de los diarios, se encontraba una “ensalada informativa”, ambigua de principio a fin, de donde con pinzas se rescataba un poco de información importante sobre el dictamen al que llegó el Comité Judicial del Senado el lunes 27 de marzo respecto a, y a favor de, una propuesta de ley migratoria que contempla la creación de un programa de trabajadores temporales legales. En Diario El Mundo (DEM) se resaltó la aprobación de la propuesta de ley en directa relación con las protestas de la sociedad civil hispana en Estados Unidos. “De protestas a satisfacción de hispanos”, titulaba el DEM una nota, cual triunfo absoluto de las demandas populares. El Diario de Hoy (EDH) señaló que lo que se había aprobado son visas de trabajo, y en ese punto mantuvo la perspectiva correcta. Pero luego, señaló como “importante conquista” de los inmigrantes la votación mayoritaria en contra de la criminalización de indocumentados y de sus protectores, lo cual es positivo claro, pero a estas alturas del camino es muy temprano para proclamar vencedores. Diario Colatino logró mantener la información en perspectiva, con cautela, titulando su nota principal, “En El Salvador a la expectativa del debate migratorio de USA”, presentando luego las expectativas de que lo aprobado por el Comité Judicial del Senado logre neutralizar en el proceso la polémica ley Sensenbrenner, a favor de la criminalización de los indocumentados.

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Reporte IUDOP

Más crisis penitenciarias

En los últimos años, las constantes riñas, motines y revueltas carcelarias que han dado como resultado desenlaces fatales con varios centenares de internos muertos y heridos, han sido la nota preponderante que ha caracterizado la situación penitenciaría, lo cual se ha visto reflejado en el estado de emergencia casi permanente en que se mantienen muchos de los centros penales, que más que un estado excepcional, se ha vuelto un hecho consuetudinario. Se agrega, además, como dato relevante, las muertes de varios empleados de los centros penales, quienes presuntamente fueron asesinados por órdenes de algunos reclusos. Desde 1998 hasta la fecha, se reportan más de 150 asesinatos cometidos al interior de los centros penales, lo cual evidencia la falta de control absoluto por parte de las autoridades y el absoluto fracaso de la política criminal que ha prevalecido en el país, que ha negado o postergado el papel constitucional del Estado en la readaptación de las personas privadas de libertad.

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Derechos Humanos

Justicia a cuentagotas

Toda persona merece ser resarcida cuando le han violado algún derecho. Esa reparación, que no es automática, depende en buena medida de la acción oportuna y eficaz de las instituciones estatales encargadas de investigar los hechos e impartir pronta y cumplida justicia. Otorgar, por la vía judicial, un resarcimiento puede ser inútil, si se hace más allá de un plazo razonable, Lucio Anneo Séneca lo tenía claro cuando, siglos atrás, dijo que “nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”. Las palabras del gran filósofo romano, además de válidas, fueron clarividentes porque en la actualidad salvadoreña la lenta tramitación de casos en los tribunales es, quizá, la principal desventura para las personas procesadas y las víctimas.

Se trata de la acumulación de expedientes sin respuesta para las partes interesadas, que desde hace varios años se señala como una de las deficiencias más graves del sistema. En algún momento se pensó que semejante saturación respondía a la lentitud propia de los litigios legales, por lo que se hicieron reformas al respecto durante la década de los noventa en el pasado siglo. Los cambios fueron favorables en lo penal y lo familiar; pero aún falta mucho por hacer, mientras existan tardanzas injustificadas en lo laboral y lo civil. Cuando es discrecional y deliberada, esa tardanza fomenta la impunidad a favor del poder y debe superarse al igual que otros males.

La Constitución sustenta esa cruzada cuando en su artículo 182, número 5, obliga a la Corte Suprema de Justicia a “vigilar que se administre pronta y cumplida justicia”. Para ello, dice, deberá adoptar “las medidas que estime necesarias”; incluso impone, en su artículo 17, la obligación de indemnizar a quienes sufren retardación de justicia estableciendo la responsabilidad directa del funcionario y subsidiaria del Estado. Por su parte, el Código de Procedimientos Civiles también es categórico cuando señala en su segundo artículo que “los procedimientos no penden del arbitrio de los Jueces, quienes no pueden crearlos, dispensarlos, restringirlo ni ampliarlos, excepto en los casos en que la Ley lo determine”. Eso manda la teoría, pero la práctica desde arriba hasta abajo dentro del Órgano Judicial apunta a lo contrario.

Un asunto negativo notable es el retardo judicial provocado, para su beneficio, por quienes intervienen en los procesos. Así por ejemplo, ciertos abogados y también algunas abogadas piden lo que saben de antemano es imposible, ilegal e improcedente, además de introducir pruebas que no tienen relación con la causa; o presentan recursos sin sentido, dilatando el juicio para cobrar altos honorarios. Además, existen situaciones ajenas al procedimiento que merecen atención. Es el caso de la distribución desproporcionada del personal en los tribunales, con relación a la cantidad de litigios que ingresan para ser dirimidos. Hace más de un año, el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) emitió un informe que rescataba —entre varias— la siguiente disparidad: en un mismo período, el Juzgado Cuarto de Paz de San Miguel recibió 1,166 expedientes para ser atendidos por tres únicos colaboradores; en cambio, el Juzgado Primero de Paz de Santa Ana, también contres colaboradores, tramitó 685 expedientes.

Quizá el factor que más interesa destacar de la justicia enajenada en el país, es la influencia del poder fáctico y no tan oculto sobre el Órgano Judicial; se trata de la “tríada” constituida por el grupo económico hegemónico, la yunta Ejecutivo-ARENA y las empresas de difusión masiva con más recursos. Ese gran peso específico entrampa o abrevia procesos para proteger sus intereses de cualquier tipo, afectando los de sus contrapartes. Una de las pruebas concretas de semejante influencia se da en materia constitucional. Ahí está, como ejemplo, lo ocurrido con el recurso de amparo presentado en el caso de la masacre de Elba y Celina Ramos, junto a seis sacerdotes jesuitas en noviembre de 1989; la Sala respectiva —salvo el casi permanente, independiente y valiente voto disidente de Victoria Marina Velásquez de Avilés— tardó más de año y medio para fallar a favor de los responsables de las violaciones denunciadas.

En el plano político, una de las herramientas más valiosas de control es el recurso de inconstitucionalidad. En teoría, por este medio se pueden anular las decisiones del Ejecutivo y legislativas consideradas arbitrarias e inconvenientes para el país; sin embargo, en la práctica resulta inútil cuando la Sala que conoce enmudece, resuelve tarde o falla contra las víctimas según la conveniencia de la ya mencionada “tríada” de poder. Eso pasó con la Ley Antimaras, la de Integración Monetaria, el nombramiento de Julio Moreno Niños como magistrado del Tribunal Supremo Electoral y —más recientemente— la interpretación auténtica de artículo 13, atribución 1ª, de la Ley Órgánica del Ministerio Público relativa a la acefalía de la Fiscalía General de la República.

Lo anterior no es secreto, ni siquiera para los Estados Unidos de América; hace un año, el Departamento de Estado de ese país definió al Órgano Judicial salvadoreño como “deficiente, lento y plagado de corrupción, y débil ante las presiones políticas y económicas”. Eso explica, en buena medida, el interés de ciertos sectores —para bien o para mal— en la próxima elección de cinco magistrados titulares y sus respectivos suplentes dentro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

¿Qué pasaría si las víctimas de la tardanza y el error judicial exigieran la indemnización que por Constitución les corresponde? Se presionaría a jueces y magistrados negligentes; temblaría, en definitiva, el actual sistema corrupto e ineficaz. En España, por ejemplo, se cuenta con mayores garantías para que la justicia se imparta de manera ágil y eficiente al existir un seguro para que los jueces reparen, en efectivo, cuando son responsables de algún perjuicio. Disposiciones como ésta le metería presión a la judicatura y al resto de la burocracia judicial, para ser más responsables en sus actuaciones. La CSJ y la Asamblea Legislativa deberían dar muestras de su voluntad para avanzar en este tema reformando, en el término más corto posible, la Ley de Procedimientos Constitucionales a fin de establecer plazos concretos para resolver el fondo en los procesos de exhibición personal, inconstitucionalidad y amparo.

¿Qué sucedería, además, si la misma Corte Suprema y el CNJ adoptaran medidas para distribuir la carga laboral de los tribunales en el país? Con una reforma administrativa y legal se podrían crear nuevos juzgados para las materias y los lugares más necesarios y convenientes. Si eso no es posible por razones presupuestarias, se puede impulsar la depuración de los procesos que actualmente se tramitan; para esto, se cuenta con la experiencia de los tribunales de familia que asignaron a jueces suplentes resolver cierta cantidad de procesos.

Se pueden enumerar otras medidas concretas para agilizar la impartición de justicia. Pero la clave seguirá girando en “despartidizar” la elección de las y los integrantes de la Corte Suprema; por ello, resulta apremiante e inexcusable apostarle a la “judicialización” de este Órgano de gobierno. Se debe superar el derecho no escrito del reparto de magistraturas por cuotas para comenzar a valorar la capacidad, la honorabilidad y la experiencia de las personas que se postulan; se debe aspirar a que exista una judicatura dispuesta a procesar y condenar cualquier persona cuando haya hecho méritos para ello, independientemente de su influencia política, económica o social. Así el profesionalismo, la independencia y la valentía se convertirían en la regla y no la excepción, como ocurre ahora en la Sala de lo Constitucional; se iniciaría, además, la erradicación del uso abusivo, oportunista y arbitrario de los plazos en los procesos judiciales. Se trata, en definitiva, de hacer un esfuerzo nacional para que la justicia solicitada por las víctimas no llegue —cuando llega— a cuentagotas, sino de forma oportuna.

Cabe entonces recordar el mensaje de Daniel Viglietti y José María Tojeira durante la reciente celebración del Festival Verdad 2006. Ambos, el primero a través de su célebre canción y el segundo con la aplicación de la misma a la realidad salvadoreña, dejaron clara la necesidad urgente de “desalambrar” instituciones y mentes para transformar en serio y a fondo la sociedad. De ahí que víctimas y funcionarios comprometidos con éstas, deban trabajar de la mano para erradicar todos los obstáculos que impiden liberar la justicia en El Salvador. Hay que romper, pues, el cerco en que la tiene cautiva un sector privilegiado de la sociedad.

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Documento

Declaración conjunta de los movimientos en defensa del agua

Presentamos a continuación el texto firmado por las organizaciones de la sociedad civil que convocaron a una cumbre paralela en protesta por el IV Foro Mundial del Agua, celebrado en la Ciudad de México D.F., entre el 16 y el 22 de marzo pasados.

Declaración conjunta de los movimientos
en defensa del agua

Del 14 al 19 de marzo, nosotros, seres humanos con una visión integral de la vida, activistas de movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, redes que luchan en todo el mundo por la defensa del agua y territorio y de los bienes comunes, hemos compartido ideas, luchas, inquietudes y propuestas. Al mismo tiempo nos hemos dado cuenta de cómo las experiencias de lucha han cambiado la realidad en todos los lugares del planeta, deteniendo el proceso de privatización del agua. Ya no estamos en la defensiva, somos capaces de promover propuestas concretas que ya caminan en la vida de cada rincón del planeta.

A partir del espíritu de Caracas que sumó a muchas organizaciones del mundo alrededor de la defensa del agua, ahora ya tenemos en nuestra historia y corazón las luchas de La Parota, La Laguna, Xoxocotla, Acuitlapilco y muchas otras de México y el mundo. La humanidad y el compromiso de los que organizaron este Foro es un éxito en la construcción de nuestro movimiento.

Por todo esto, en continuidad con los encuentros de los años anteriores durante los Foros Sociales Mundiales, los movimientos sociales que en todo el planeta luchan por el derecho al agua en una visión ecosistémica e integral y en contra de su mercantilización al interior de todos los ámbitos (doméstico, agrícola e industrial) confluimos en una plataforma de acción común sobre los problemas de cada lugar en función de una estrategia global.

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