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Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.
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Año 25
número 1190
Abril 26, 2006
ISSN 0259-9864
Editorial: Independencia fiscal imposible
Política: Conveniente elección
Economía: Un premio a la “fe ciega” en el libre mercado
Sociedad: Convivencia social erosionada
Regional: Venezuela en sostenida alerta de guerra
Derechos Humanos: Ciento veinte años de reclamos justos
Independencia fiscal imposible
Todos dicen lo mismo cuando los nombran. Todos aseguran que son independientes del partido al cual pertenecen o por el cual llegan al cargo. El primero de ellos, el presidente Saca, quien, el día que asumió su cargo, declaró con gran solemnidad que sería el presidente de todos los salvadoreños. La verdad de sus palabras no tardó en manifestarse. En poco tiempo, mostró que era más presidente de ARENA que de la ciudadanía y más presidente de los grandes empresarios que de la población salvadoreña. El nuevo Fiscal General no podía decir otra cosa, después de ser elegido por la Asamblea Legislativa. Según sus propias palabras, se habría vuelto independiente en el momento mismo de jurar el cargo, como si el acto protocolario tuviera efectos transformadores radicales. El Fiscal General cambió de lealtades con la misma facilidad con la que el presidente Saca se quita el saco y se pone el chaleco de ARENA y viceversa. Nadie cambia las lealtades de toda la vida con un simple juramento o con un cambio de prenda de vestir. El juramento ni siquiera es serio, porque todos los funcionarios prometen dedicarse al bien común y hacer cumplir la ley; pero ni se dedican al bien común, sino al propio y al de los suyos, ni cumplen, ni hacen cumplir la ley. El Fiscal General, menos que ninguno. Por lo menos, hasta ahora. En el mejor de los casos, imponen la ley a quienes no están protegidos por los poderes fácticos del país.
En esta ocasión, el discurso del cambio de lealtad, de la independencia y del
servicio al pueblo era más necesario, porque el Fiscal General es reconocido
militante de ARENA, goza de la confianza del presidente Saca y comparte con él y
sus asesores más íntimos el mismo origen étnico —un elemento determinante, en
los nombramientos importantes de este gobierno, tal como se constata en el del
nuevo Ministro de Hacienda. Ni siquiera la gran prensa se traga la independencia
proclamada por el nuevo Fiscal General. Sin embarazo lo llama ya el Fiscal
arenero. ARENA nunca ha nombrado un fiscal independiente. Pero, esta vez, fue
demasiado lejos con la designación de uno de sus militantes incondicionales. Su
independencia pronto podrá constatarse. Le sobran oportunidades para ello, pues
el Fiscal General anterior dejó una lista importante de casos no resueltos. Pero
el arranque augura más de lo mismo, pues un fiscal independiente al primero que
investigaría es al presidente Saca, por violación de la Constitución, al
participar en la campaña electoral. No se atreverá. Es el presidente de ARENA,
le debe el cargo y con seguridad los une el parentesco.
Al igual que su predecesor, el Fiscal General también prometió eficiencia y
reformar la institución. Después de dos periodos, el primero la dejó tal como la
encontró. El nuevo Fiscal, además, de reforma, prometió un instituto científico
para la investigación de delito. Es una promesa de gran envergadura no sólo
porque enriquecería cualitativamente las pruebas judiciales contra los acusados,
sino porque el gobierno de ARENA se ha negado de forma sistemática a esta clase
de investigación. Por eso mismo, escoge un Fiscal General de entre sus filas. El
nuevo funcionario podría ser la excepción, pero la experiencia enseña lo
contrario. Si llegara a existir una institución de esta clase, que además
liberara la investigación forense de la Corte Suprema de Justicia, con toda
seguridad los funcionarios públicos, sus parientes y sus clientes, y sobre todo
los grandes empresarios, no serían investigaros, excepto si cayesen en desgracia.
No es ningún secreto que el Fiscal General no es especialista en derecho penal.
Nunca ha litigado y desconoce las prácticas penales. Él mismo lo reconoce. Es
licenciado en derecho, pero siempre ha trabajado como asesor jurídico en
dependencias gubernamentales de ARENA o como burócrata. Aun así, está convencido
que sus probadas cualidades administrativas son suficientes para ejercer el
cargo con independencia y eficacia. Por lo tanto, los diputados eligieron un
fiscal que desconoce el derecho penal. Es una decisión contradictoria, desde la
relevancia que la justicia penal tiene para el gobierno de ARENA; pero
explicable porque, en realidad, le interesa un funcionario leal a las
directrices de Casa Presidencial y del partido, y no alguien independiente,
conocedor del derecho y experimentado en el laberinto judicial.
El FMLN no sólo ha manifestado su descontento, sino que, además, ha dado a
conocer su indignación. En teoría, no le falta razón. En la práctica, es la
indignación del perdedor. El también tenía su lista e incluso un candidato que,
no es mejor que el electo en cuanto a conocer el derecho penal. Pero al igual
que el de ARENA, es leal al FMLN. Por consiguiente, satisface el requisito
fundamental de estas elecciones. El FMLN está indignado porque se le escapó una
oportunidad para ejercer su poder. En la legislatura saliente, ese poder es más
simbólico que real; pero en la próxima, será decisivo en estas elecciones, donde
se necesita un voto cualificado. Por eso, hubiera preferido que la elección del
Fiscal General se postergara hasta entonces. El FMLN también tiene su lista de
candidatos para ocupar los sillones vacantes de la Corte Suprema de Justicia. En
ella, al igual que en la de ARENA, se encuentran candidatos sin carrera judicial
distinguida, sin pensamiento judicial sólido conocido y sin una trayectoria de
integridad y honestidad. Todas estas carencias son suplidas, sin embargo, por su
lealtad al partido. Como es usual, los nuevos magistrados seleccionados saldrán
del reparto que las cúpulas hagan de las vacantes. De ahí, la insistencia del
FMLN en que la elección sea hecha por la próxima legislatura. El FMLN no es más
ético que ARENA. Ni está más interesado en defender a la ciudadanía que el
partido de gobierno. Al igual que ARENA, lo mueve la búsqueda del poder. El FMLN
está indignado no porque las cúpulas de los partidos políticos comercien cargos,
prebendas y privilegios por votos legislativos, sino porque su cúpula permanece
al margen. El FMLN también ha participado en este comercio y volverá a
participar, en la próxima legislatura.
Las dotes administrativas del nuevo Fiscal General, su mejor argumento para
defender su desconocimiento del derecho penal, no son suficientes para ser un
buen funcionario. La crisis de la Fiscalía General no se superará sólo con una
buena administración de la burocracia, porque la cuestión de fondo es la
aplicación del derecho penal y para eso hay que ser independiente y para poder
ejercitar la independencia es indispensable conocer ese derecho. En realidad, el
nuevo funcionario no sabe bien lo que promete —o tal vez sólo se trata de hacer
aceptable un nombramiento que incluso para él mismo es cuestionable. Una cosa es
clara, el gobierno de ARENA no tolerará una investigación independiente del
delito.
Conveniente elección
Las discusiones sobre el tema de la elección del Fiscal General de la República se cerraron la semana pasada gracias a una movida política del partido ARENA, el cual, de manera sorpresiva, propuso al entonces jefe del Centro Nacional de Registros (CNR), Garrid Safie, para el cargo. La bancada del FMLN, que adversaba la candidatura de Safie por su inexperiencia en el campo del derecho penal, su militancia en el partido ARENA y por las demandas laborales que pesan en su contra, se retiró de la votación. Eso no fue problema, porque ARENA consiguió la mayoría calificada gracias a los votos incondicionales del PCN y el PDC, pero también a los del CD —con la sola excepción del diputado Kattán, quien tuvo la honradez de votar en contra— y del FDR.
Esta es una elección conveniente para quienes votaron a favor de Safie. Para el
partido ARENA, es conveniente porque el funcionario en cuestión garantiza el
control oficial sobre la entidad llamada a garantizar la justicia equitativa
para todos los salvadoreños. Con un fiscal cómplice, es posible seguir
manteniendo la impunidad otro período más. Es cierto que ha prometido retomar en
su gestión “casos emblemáticos” como el de Katya Miranda, pero también lo hizo
su predecesor en el cargo, Belisario Artiga Artiga, sin pasar de las palabras a
los hechos. En los gobiernos areneros, las promesas válidas son las que se hacen,
aunque no se cumplan.
Bastaron un par de días para que el nuevo Fiscal General ponga de manifiesto sus
intenciones. En los matutinos del martes 25 se reproducen declaraciones del
funcionario en las cuales éste afirma que avala las escuchas telefónicas. El
tema en cuestión es bastante delicado, pues lo mismo puede servir para el
combate a la delincuencia, como para ser utilizado en el espionaje político, o
para perpetrar delitos.
Un premio a la “fe ciega” en el libre mercado
Juan José Daboub, ex ministro de Hacienda, será el nuevo director-gerente del Banco Mundial (BM). La noticia ha generado diferentes reacciones: para el partido oficial, la elección de Daboub para un puesto tan importante es, en cierta forma, un aval al trabajo realizado por los gobiernos de ARENA en materia de reforma económica. En los periodos de Armando Calderón Sol y Francisco Flores, el ahora funcionario del Banco Mundial desempeñó un papel importante, asesorando a los mandatarios en asuntos económicos y dirigiendo el proceso de privatización de los servicios de energía eléctrica y las telecomunicaciones. Desde la visión del partido oficial, Daboub será nombrado gerente del BM por su buen trabajo en la dirección de las reformas económicas en El Salvador. En pocas palabras, el cargo de director en la entidad financiera es una especie de premio al trabajo realizado en El Salvador.
Para la izquierda, es todo lo contrario. La elección de Daboub no es conveniente
por que durante su gestión como Ministro de Hacienda el país se endeudó
considerablemente. Según Gerson Martínez, diputado del FMLN, el incremento de la
deuda externa del país se debe, en parte, a la falta de claridad y transparencia
que caracterizó el trabajo del ex ministro en el manejo de los préstamos
internacionales. Además fue el diseñador de los procesos de privatización y
dolarización que han dañado a muchos sectores sociales. Por otra parte, los
representantes de la ANEP, Cámara de Comercio y CAMAGRO coinciden en afirmar que
la elección es buena, porque “pone en alto el nombre del país”. También
convienen en avalar el trabajo que realizó en las reformas económicas, gracias a
que es un hombre comprometido con el “libre mercado”.
Ciertamente, Juan José Daboub fue el responsable de gestar e implementar algunas
de las políticas económicas más importantes: la privatización de la energía
eléctrica y telecomunicaciones, la dolarización y la reforma fiscal. Cada una de
estas medidas ha sido fundamental para delinear el funcionamiento del modelo
económico que tiene el país. En este sentido, evaluar esas medidas y sus
resultados dice mucho de su trabajo en el gobierno.
Convivencia social erosionada
El pasado evento electoral ha dejado tras de sí un saldo negativo en los ámbitos institucional y político. También se ha pronunciado el deterioro del tejido social, una de cuyas manifestaciones más notables es la erosión de la convivencia social entre los salvadoreños. La violencia social, lejos de aminorar, se ha incrementado. Las opciones de desarrollo de la gente son limitadas en gran parte del territorio nacional, el costo de la vida ha aumentado y los salarios se estancan. Vivir una vida digna en El Salvador es todo un desafío, sobre todo para los sectores pobres y la llamada clase media.
El deterioro institucional y político se impone. Hay un acuerdo más o menos
generalizado en señalar que instituciones clave de la vida política nacional,
como la Presidencia de la República, los partidos políticos mayoritarios y el
Tribunal Supremo Electoral, sufrieron un desgaste notable durante el proceso
electoral recién culminado. Sobre ello se ha hablado hasta la saciedad desde
diversos sectores.
No obstante, poco se ha dicho del gran escenario del que formó parte dicho
proceso y que se caracteriza por una pronunciada erosión del tejido social
salvadoreño, una de cuyas manifestaciones más visibles es el deterioro de la
convivencia social.
Venezuela en sostenida alerta de guerra
Desde inicios del presente mes, Estados Unidos se encuentra realizando maniobras militares en el Caribe. Esta operación se denomina “Sociedad de las Américas” (Partnership of the Americas), y está programada para prolongarse hasta el mes de mayo de 2006. Según información proporcionada por el gobierno de Estados Unidos, el despliegue militar tiene el objetivo de “mejorar las relaciones de ejército a ejército con las naciones asociadas en la región, optimizar la disponibilidad operacional y promover buenas relaciones”. Por la información oficial, también se conoce que “Sociedad de las Américas” está bajo el mando del Comando Sur de las fuerzas navales de Estados Unidos, con aproximadamente 6.500 oficiales de marina operando con varias fuerzas de Latinoamérica y el Caribe, “concentrándose en amenazas no convencionales, tales como narcoterrorismo y tráfico de seres humanos, además de la implementación de mejoras en los niveles de adiestramiento en una variedad de áreas de misiones”.
Ante el despliegue militar estadounidense, la Fuerza Armada Nacional (FAN) de
Venezuela anunció que efectuará una “operación cívico-militar en distintos
puntos del país” y que estará vigilando los movimientos. La operación venezolana
consistirá en prácticas combinadas de “mar-aire y tierra-aire”, en el Caribe y
en la frontera con Colombia. El presidente venezolano Hugo Chávez ha declarado
enfáticamente que los ejercicios estadounidenses son una amenaza expresa contra
su país y Cuba y declaró, “Correrá sangre venezolana si la isla (Cuba) es
invadida. Tengo la impresión de que también correrá sangre latinoamericana y
caribeña si sucede lo mismo”. Se informó en los medios que Chávez ha ordenado el
entrenamiento de milicias civiles ante lo que está aconteciendo.
Ciento veinte años de reclamos justos
El auge de la industria en el siglo XIX impactó significativamente a la humanidad. Con la invención de la máquina de vapor y el incremento del comercio a través de nuevos mercados, las fábricas adquirieron mayor protagonismo en la economía de la época y con ello, los obreros y obreras se constituyeron en una pieza clave en las nuevas formas de producción capitalista. Pero los beneficios de este progreso no se repartieron equitativamente. Debido al afán de los patronos por aumentar sus ganancias, la situación de las y los trabajadores empeoró: recibían malas remuneraciones, las jornadas de trabajo eran interminables, a las mujeres embarazadas se les designaban tareas peligrosas y se explotaba a la niñez, entre otros abusos.
En tal contexto, en 1884 los sindicatos estadounidenses convocaron a la clase
obrera a realizar actividades de presión a partir del primero de mayo de 1886.
Antes de esta fecha se aprobó la Ley Ingersoll en la que se acortaba la jornada
laboral a ocho horas diarias, sin embargo los patronos seguían negando ese
derecho. Por eso, el día acordado, más de cinco mil huelgas paralizaron a
Estados Unidos de América (EUA) y aunque no faltaron hechos de represión contra
los manifestantes y murieron varios líderes, eso marcó el inicio de un fuerte
movimiento por la dignidad laboral y la reivindicación de los derechos del
trabajador y trabajadora. Más tarde la mayoría de países del mundo acordaron
honrar los sucesos declarando esa fecha como el “Día Internacional del
Trabajador”.
Ha pasado más de un siglo desde esa gesta, sin embargo en el país no se
visualiza un panorama alentador para las y los empleados. El ambiente laboral de
muchas empresas no es muy diferente al de las antiguas fábricas. El IDHUCA ha
recibido denuncias por violaciones a los derechos laborales. Entre ellas, un
caso reciente es el de la maquila Hermosa Manufacturing, que despidió a 63
personas sin indemnizarlas ni pagarles aguinaldo, salarios y vacaciones. Tampoco
entregaron al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) ni a las
Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) las cotizaciones que les
descontaron desde el 2003.
Estos hechos son del conocimiento de los tribunales laborales y penales. El
último investiga al patrono bajo el delito de “apropiación o retención de cuotas
laborales”, sin embargo, la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR)
ha hecho peligrar el proceso, pues aún no ha solicitado al ISSS y AFP las
certificaciones de los estados de cuentas de las y los trabajadores despedidos.
Este sencillo trámite no debería complicar ni entretener el caso, pero muestra
la falta de voluntad de esta institución para realizar bien su trabajo.
El caso de la maquila Hermosa Manufacturing, demuestra la vulnerabilidad del
sector obrero en El Salvador y la constante violación al contenido del artículo
37 de la Constitución, que señala que el trabajo “es una función social, goza de
la protección del Estado. (…) El Estado empleará todos los recursos que estén a
su alcance para proporcionar ocupación al trabajador (…) y para asegurar (…) las
condiciones económicas de una existencia digna”. Si bien en la legislación
salvadoreña hay una serie de garantías a favor de las y los empleados, eso no es
suficiente, pues existen instituciones como la Fiscalía General de la República
o el Ministerio de Trabajo que no realizan un verdadero esfuerzo por aplicarlas
y dejan que muchos hechos, como el señalado anteriormente, queden en la
impunidad.
La comisión legislativa de Trabajo y Previsión Social, cuya labor tiene impacto
directo en la protección de los derechos laborales, es otro ejemplo de pasividad
estatal. Entre enero y marzo de este año trabajó aproximadamente seis horas,
tiempo en el que sólo emitieron un dictamen y dejaron sin respuesta 110 casos
más.
El gobierno se jacta de ofrecer oportunidades laborales y anuncia con toda pompa
que la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de
América (EUA) y la posible inversión de Taiwán en una zona industrial que se
denominaría “Parque Taiwán”, generarán más fuentes de trabajo. Sin embargo,
experiencias como la narrada anteriormente y la débil institucionalidad laboral
plantean interrogantes como: ¿qué calidad de trabajo ofrecerán? ¿Se protegerán
los derechos de las y los empleados? ¿Qué mecanismos de supervisión
implementarán para lograr esto último?
Estas carencias sumada a la precaria situación económica y a los altos índices
de criminalidad del país empujan a muchos compatriotas a emigrar hacia los EE.UU.
Lejos de sus seres queridos aceptan peores condiciones laborales, pero con una
relevante mejora salarial que les sirve para ayudar a sus familias.
Más aún, las ofertas de trabajo en el exterior y el perfil de las personas que
responden a ellas demuestran que a la población salvadoreña no le importa
sacrificar su crecimiento profesional, siempre que los ingresos que reciban les
den lo necesario para ayudar a los suyos. Por ejemplo, recientemente una empresa
de carnes canadiense abrió sus puertas a 479 destazadores y empacadores.
Sorprendentemente, tales puestos fueron codiciados por graduados en licenciatura,
medicina e ingeniería. Otro grupo de salvadoreños optó por una labor peligrosa:
agentes de seguridad para una compañía estadounidense en Irak. El pago va desde
2,500 a 3,000 dólares, suma que resulta atractiva si se tiene en cuenta que en
el país muchas personas ganan menos del salario mínimo (144 dólares), mientras
la canasta básica va en aumento producto de los altos precios del petróleo.
Si bien en El Salvador existe este tipo de trabajo, ser agente en Irak implica
viajar a un país en guerra, desconocido, con otras costumbres e idioma y como si
eso no fuera suficiente, para ejercer su faena sólo reciben una capacitación de
dos semanas. Pareciera que las palabras del Poema de amor, de Roque Dalton: “los
hacelotodo, los vendelotodo, los comelotodo” se mantienen vigentes.
Que las y los salvadoreños realicen tareas dentro o fuera del país, en las
cuales arriesgan constantemente la vida, debería alertar al gobierno para
retomar su obligación de salvaguardar los derechos laborales. Es necesario que
exija a las y los patronos que cumplan con las obligaciones que la ley establece
y respeten la dignidad de la población trabajadora.
Asimismo, debe educar a la sociedad en general sobre su importancia para que
pueda reivindicarlos y que no sean engañados por palabreros que los llaman
“falsos derechos” y creen que los beneficios otorgados a este sector son
caprichos ideológicos, fomentadores de ociosidad. Quién sabe si por malicia o
ignorancia un editorialista señaló que “tan acostumbrados como estamos a que la
vivienda, la diversión, la enseñanza, la salud (…) son “derechos” que tenemos
por el sólo hecho de haber nacido (…) El problema es que si todos tenemos esos
gratos derechos y nos acostamos en la hamaca a recibirlos, ¿quién trabajará en
el país?”
El artículo criticaba el día de descanso semanal y los feriados que tienen las y
los empleados, alegando que solo fomenta la holgazanería y el atraso del país.
En la lógica del autor Dios sería el primer ocioso por haber descansado el
séptimo día. En su mundo, todos los estudios de sicólogos industriales y
administradores exitosos que señalan la necesidad del descanso para aumentar la
productividad, no tienen ninguna validez. Su propuesta, y la de los que piensan
como él, es un retroceso, un viaje de más de ciento veinte años en el tiempo.
Desde la hazaña en los EEUU, muchas cosas han cambiado en el mundo, pero
mientras tanto aquí se continúa trabajando por la reivindicación de esos
derechos para vivir en una sociedad más equitativa.
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