© 1996 UCA Editores
año 16
número 718
julio 17
1996
ISSN 0259-9864
Reflexiones sobre la transición
Las campañas electorales
Nuevas tarifas telefónicas
La problemática de los estudiantes de medicina de la
Universidad de El Salvador
Reunión de presidentes de Centroamérica y Chile
¿Libertad de expresión?
Reflexiones sobre la transición
El proceso de instauración democrática en el
país no deja de estar amenazado por actitudes y
prácticas autoritarias de viejo cuño. Qué duda
cabe que los Acuerdos de Paz imprimieron una dinámica
inusitada a la transición; en ellos se plantearon metas que
era ineludible cumplir si se quería sentar las bases de un
proyecto de nación menos excluyente y más pluralista
y participativo. Tras cuatro años de ejecución, los
Acuerdos de Paz han dado de sí aquello que podían
dar; con ellos, se dio un paso adelante en la construcción
de una nueva sociedad, aunque sin llegar a agotar los requisitos de
la misma. La transición ha entrado a una nueva etapa en El
Salvador, una etapa en la cual uno de los aspectos más
notorios es que no existe una agenda de discusión tal como
la surgida a la luz de los contenidos y exigencias de los Acuerdos
de Paz.
En cierto modo, El Salvador se ha quedado sin un rumbo claro
como nación. La transición se halla en una
encrucijada: el cumplimiento de los Acuerdos de Paz fue pensado
como un requisito imprescindible para avanzar hacia nuevos
propósitos en la democratización social y
política del país, pero a estas alturas ni se
cumplieron a cabalidad todos los compromisos adquiridos en
Chapultepec y Nueva York ni la democratización social y
política parece ir en la mejor dirección. Y, lo que
es peor, no hay un horizonte normativo, ético y
político, que no sólo vaya marcando el rumbo a
seguir, sino que permita evaluar los aciertos y desaciertos del
proceso.
Sobre los déficit de la democratización social
se ha escrito y hablado hasta la saciedad. El empobrecimiento de la
mayor parte de la población aumenta si cesar, y nada
autoriza a pensar que ello vaya a ser corregido. La
democratización política, por su lado, ya ha
comenzado a mostrar sus límites más insuperables: una
población que se debate en la miseria difícilmente
puede estar interesada en la política en sentido amplio,
esto es, en un compromiso con el bien común, el respeto a
las leyes y la responsabilidad social. Pero no sólo eso: la
formación de un sistema político mínimamente
pluralista no es suficiente para superar los vicios de una clase
política acostumbrada a traficar y a lucrarse con el poder
que le ha sido conferido por los electores.
No puede haber democratización política, por
ejemplo, cuando los funcionarios públicos de alto rango se
eligen en función de los intereses partidarios y no en
función del bien común. En este sentido, la
repartición de cargos que han venido haciendo durante los
últimos años ARENA (Fiscalía General), el PCN
(Corte de Cuentas) y el PDC (Procuraduría General) levanta
serias dudas sobre el rol de nuestros partidos políticos y
nuestro parlamento en el avance de la democratización
política. Más aún, componendas de esa
naturaleza levantan la duda de si no estamos retrocediendo en
materia política o si acaso, aunque no sea menos
reconfortante, nuestra clase política se ha quedado
estancada en patrones de comportamiento no sólo
arcaícos, sino proclives a la corrupción, el
tráfico de poder e influencias y el chantaje.
Tampoco puede haber democratización política
cuando desde el gobierno se difunden señales
inequívocas de intolerancia hacia la libertad de
expresión y hacia el derecho de los periodistas a guardar el
secreto de sus fuentes. La semana recién pasada tuvimos un
muestra bochornosa de esta intolerancia, cuando fue detenido el
Director del Colatino, Francisco Elías Valencia, a quien
judicialmente se le ha querido obligar a que revele sus fuentes de
información acerca de presuntos actos de corrupción
en la Policía Nacional Civil.
Si se añade a este sombrío panorama, la
inmovilidad de la sociedad civil, puesta de manifiesto en su
debilidad organizativa y en su fragmentación, la
situación se vuelve más preocupante. Sin una sociedad
civil fuerte, organizada y con capacidad de movilización y
de presión, los derroteros del país se vuelven
más inciertos. En un escenario en el que prevalecen
comportamientos políticos arcaícos y en el que la
prepotencia gubernamental se oculta cada ves menos, es importante
que la sociedad cobre civil protagonismo y haga resistencia a los
peligros de una involución autoritaria en ciernes.
Tras la firma de los Acuerdos de Paz, todo era optimismo en El
Salvador. Había razón para ello, pues el proceso de
transición recibió un empuje decisivo con los
históricos documentos. En la actualidad, es cada vez
más claro que los Acuerdos de Paz se han agotado y que, pese
a ello, la transición democrática no se ha encauzado
en una dirección irreversible. La amenaza de una
involución autoritaria no debería tomarse a la
ligera, como si fuese producto de mentes enfermizas o bandera de
lucha de los " enemigos " de la paz y la democracia.
Lo alcanzado hasta ahora en el país no garantiza de que
pueda emerger un autoritarismo de nuevo tipo que de al traste con
lo poco bueno que existe.
El Salvador atravisa un momento sumamente difícil,
extremadamente inestable y con niveles de conflictividad social que
amenazan con desbordar hacia situaciones insospechadas. Lo peor de
todo es que los actores sociales, políticos y
económicos se resisten a caer en la cuenta de la gravedad
del momento actual; no hay agendas ni proyectos que realistamente
se hagan cargo de los problemas cruciales del país. Es
decir, el país marcha a la deriva, sin conducción y
sin rumbo claro. Y un ambiente así se vuelve propicio para
las salidas de fuerza, desde el poder y sin restricciones, esto es,
para las salidas autoritarias.
Quienes han creído que la transición hacia la
democracia es un asunto resuelto deberían repensar con
seriedad y honestidad sus presupuestos más queridos. Un
excesivo optimismo puede conducir a posiciones ilusorias y
peligrosas no sólo para quienes individualmente han logrado
hacerse un espacio en la incipiente democracia salvadoreña,
sino para instituciones y grupos sociales más amplios que,
so pretexto de defender los " espacios democráticos" ,
pueden desatenderse de aquellos aspectos de la democracia
que involucran y afectan la vida de amplios sectores de la
población.
La ANEP en su Manifiesto salvadoreño clama por la
elaboración de una teoría de la transición a
la democracia, lo cual es totalmente legítimo. Pero la ANEP
también debería preocuparse -y junto con la gremial
todos los actores socio-políticos y económicos del
país- por la elaboración de hipótesis y
reflexiones acerca de una posible involución autoritaria.
Como está el país, más vale estar prevenidos
que pecar de confiados.
Las campañas electorales
Este año es un año prelectoral. A medida que nos
vayamos acercando a 1997, los distintos partidos políticos
irán afinando los componentes de la estrategia a seguir para
hacerse de una cuota de poder aceptable a los intereses partidarios
o para hacerse del espacio necesario para poder negociar con otras
fuerzas políticas. No cabe duda de que al interior de las
estrategias político-partidarias las campañas
propagandísticas ocupan un lugar de primera importancia. Y
es que los resultados electorales dependen, aunque no
exclusivamente, del tipo de campaña diseñado; es
decir, de la habilidad y sagacidad de los partidos para promoverse
con un marketing que los haga atractivos para los electores.
Cualquiera diría que al comportarse de esa forma los
partidos políticos se comportan como vendedores y los
votantes como compradores, y ciertamente ello es así, al
menos en la concepción predominante de la política en
nuestros días. En efecto, en la actualidad, distintos
politólogos defienden la idea de que la política
funciona según las reglas del mercado; esto es, que los
partidos son instituciones que compiten entre sí por el voto
de los electores, quienes " compran " con este voto
el proyecto que les es ofrecido como mercancía durante cada
periodo electoral. Los partidos hacen una oferta política y
los votantes deciden si la compran o no; el partido que logra
vender mejor su producto es el partido de mayor éxito, el
partido que ve maximizados sus beneficios.
Por supuesto que para vender un producto hay que
promocionarlo; y los partidos dedican buena parte de sus recursos
para ello. Se trata de hacer que el proyecto político
ofrecido (el producto) sea atractivo para los electores, para lo
cual es importante la imagen del mismo. Una imagen que guste, que
impacte los sentidos, que sea fácil de recordar e
identificar por el segmento del mercado al que se quiere acceder.
Pero también se trata de promocionar un producto apelando a
su calidad, sobre todo en un mercado saturado de ofertantes. Y la
calidad del producto ofrecido por los partidos (es decir, los
proyectos políticos) se mide por el contenido de los mismos,
por la claridad para plantear los principales retos de la sociedad,
la estrategia para enfrentarlos y los costos que ello va a suponer.
En otras palabras, la mercancía política para
venderse requiere de una forma y un contenido. Dependiendo de
cuán buenos sean ambos -de cuán superiores sean a los
ofrecidos por los competidores- así será su
posibilidad de ser adquirida por los compradores de proyectos
políticos. De aquí que sea una preocupación de
primera importancia dedicar esfuerzos (invertir) en mejorar la
calidad del producto, así como en mejorar su imagen.
En buena medida, todos los partidos tienden a aceptar esta
lógica mercantil; y si no, allí están los
reveses electorales que les hacen caer en la cuenta de esta
realidad tan poco digna de esa actividad que se consideró,
entre los griegos, como una de las más nobles. Quien en la
política contemporánea no asume con un mínimo
de consecuencia las reglas del mercado está condenado al
fracaso; quien piensa que basta con un proyecto sustantivo de
gobierno y que la forma en que el mismo es presentado no cuenta,
pues sencillamente está compitiendo mal. Al igual que lo
hace quien pretende vender puras imágenes, por atractivas
que sean, y se olvida de presentar proyectos con algún tipo
de viabilidad económica, política y social.
En El Salvador, los partidos políticos lentamente han
comenzado a asumir -y no sin resistencias- la competencia por el
voto de los ciudadanos como una realidad de mercado. En la
década de los 70, la exclusión de competidores de
izquierda y el fraude descarado impidieron que se pudiera
desarrollar la lógica del mercado en la política.
Durante los 80, pese a que esa lógica comenzó a ganar
algún espacio, la guerra civil y la aún vigente
exclusión de la izquierda no permitieron su avance
más allá de lo que toleraban las exigencias de la
guerra. Después de la firma de los Acuerdos de Paz, las
cosas comenzaron a cambiar notablemente. Así, en 1994, hubo
un ejercicio de competencia entre los principales proyectos
ideológico-políticos (la izquierda, el centro y la
derecha) y, de alguna manera, los competidores se asumieron como
tales: como vendedores de proyectos de político-
económicos.
Ciertamente, los partidos no fueron totalmente coherentes con
la opción mercado, aunque hubiesen accedido a jugar con
ella. Y ello porque o manejaron una concepción reduccionista
de lo que es pensar la política como mercado o porque no
contaban con la experiencia y habilidad para ello. El FMLN -y los
demás partidos de izquierda que se vincularon a él en
la coyuntura electoral del 94- compitió, pero no
compitió; llevó ante los electores un proyecto poco
claro, sin una agenda de problemas a enfrentar y, por ello, sin una
propuesta de solución factible. Pero lo que es peor, lo que
ofrecía el FMLN fue ofrecido mal, con poco atractivo, con
una imagen pésimamente concebida.
ARENA, con más experiencia, con recursos casi
ilimitados, asumió las elecciones como una competencia de
mercado. Pero, en su perspectiva, de lo que se trataba era de
promover única y exclusivamente la imagen del producto (su
proyecto político-económico), dejando totalmente de
lado la promoción de su contenido y, en consecuencia, su
calidad. De este modo, muchos de quienes compraron el producto
ofrecido por ARENA lo hicieron motivados por el bonito envase de
presentación del mismo, y no por lo que éste llevaba
en su interior. Este contenido se reservó para
después, y es el que está rigiendo, para bien o para
mal, la vida de los salvadoreños en la actualidad.
Del resto de partidos que participaron en las elecciones de
1994 -el MAC (ya desaparecido), el MSN, el PCN y el PDC-, cabe
decir que no sólo fueron incapaces de hacerse de una imagen
que fuese atractiva para un número suficiente de votantes,
sino que además fueron incapaces de elaborar una propuesta
que pudiera ser evaluada por éstos. Si el talón de
Aquiles del FMLN y la coalición estuvo en una "
campaña que tuvo problemas de fondo [y en] la falta de un
mensaje común coherente e integrador " (ECA, 545-546,
marzo-abril de 1994, p. 221), la astucia de ARENA consistió
en que diseñó una campaña publicitaria (forma)
sumamente elaborada que, a la vez que hizo atractivo su proyecto
(contenido) para un número significativo de electores (651,
632 en la primera ronda y 818, 264, en la segunda ronda de
votación para elegir presidente y vicepresidente), lo
mantuvo " oculto " .
Para la coyuntura electoral de 1997, nuestro mercado
político tendrá ofertas de los principales partidos
que participaron en el 94 (FMLN, ARENA, PCN, PDC, MU, MSN, CD).
Pero también habrán nuevas ofertas: el PD y el PRSC.
Es decir, habrá productos de derecha, de centro y de
izquierda; de centro derecha y de centro izquierda. Cada uno de
ellos querrá venderse mejor; esto es, cada uno ellos
querrá ser comprado por un mayor número de votantes.
Y, por supuesto, para alcanzar ese objetivo tendrán que
promoverse publicitariamente. Aquí será crucial la
imagen que cada uno de ellos logre forjarse, la cual ciertamente
tiene que ser atractiva para los electores.
La " envoltura " , como lo demostró ARENA
en el 94, es clave para atraer compradores; incluso puede ser tan
decisiva que haga obviar el contenido del " frasco " .
Pero también es un dato inobjetable que los "
clientes " en la política (al igual que en otros
ámbitos del mercado) se preocupan también por la
calidad, y que ésta puede ser decisiva para que un producto
pueda ser nuevamente adquirido o sea rechazado en una nueva
oportunidad de compra. Los electores pueden ser "
manipulados " por la imagen, pero ello no será
siempre así. También es importante su calidad.
Cabría esperar que ambas cosas -imagen y calidad- fuesen
componentes esenciales en las estrategias de los partidos
políticos en la campaña electoral de 1997 y en las
campañas electorales siguientes.
Nuevas tarifas telefónicas
La privatización de las telecomunicaciones ha sido
presentada como una forma de que los usuarios accedan a menores
tarifas telefónicas; sin embargo, en la práctica, los
planes gubernamentales dejan entrever que esta reducción no
es aplicable en todos los casos. Según anuncios de la
Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), a
partir de agosto entrará en vigencia una nueva tabla de
tarifas cuyas características más notorias son un
incremento de las tarifas locales y una disminución de
algunas internacionales.
El hecho de que esta medida se adopte precisamente en el
momento en que se han dado los primeros pasos para proceder a la
privatización de ANTEL denota, entre otras cosas, que existe
una clara política de ampliación de los ingresos de
ANTEL, cuya motivación podría ser el logro de una
situación financiera atractiva para posibles inversores,
aún y cuando ello suponga colocar mayores costos sobre los
usuarios.
De esta forma, la privatización de las
telecomunicaciones amenaza con convertirse en un descontrolado
incremento de las tarifas, pues la propuesta tarifaria supone
fuertes incrementos en las llamadas locales, precisamente las que
representan la mayor parte de las llamadas efectuadas en el sistema
nacional.
Evidentemente, esta política de reajustes está
en abierta contradicción con las supuestas bondades de la
privatización, en especial con la pretendida
reducción de las tarifas que, según el gobierno,
acarrearía. Como se evidencia a continuación, el
ajuste tarifario tiene una connotación negativa para la
mayor parte de los usuarios nacionales porque las rebajas en las
llamadas internacionales son menos importantes que los incrementos
en las llamadas locales.
La reforma tarifaria de ANTEL diferencia entre las tablas de
tarifas nacionales y las internacionales. En el primer caso, se
contempla un incremento en la cuota fija tanto para fines
residenciales como comerciales, una reducción de la
duración del impulso local desde 1 minuto a 20 segundos, un
incremento de los impulsos libres desde 100 a 300 impulsos,
mantenimiento del valor del impulso en 0.05 colones y, finalmente,
una reducción de los derechos de instalación desde
los 3,000 a los 2,600 colones.
Las tarifas internacionales, por su parte, contemplan
disminuciones que en la mayor parte de las casos superan el 50% de
las tarifas anteriores. Unicamente el caso de las llamadas a
Centroamérica y Panamá se han mantenido las tarifas
actuales. Es importante destacar que, a diferencia de las tarifas
nacionales, las tarifas internacionales continúan
basándose en impulsos de un minuto de duración.
En el caso de las tarifas nacionales destaca que al analizar
los diferentes movimientos se descubre que el costo por minuto se
ha incrementado fuertemente. Aunque se mantengan las tarifas del
valor del impulso en 0.05 colones, al reducirse estos de 1 minuto a
20 segundos provoca que el valor del minuto se triplique, llegando
a representar un valor equivalente a tres impulsos de 0.05 colones,
es decir, 0.15 colones.
Por la misma reducción de la duración del
impulso, el incremento de los impulsos libres desde 100 a 300 en
realidad siempre suman los mismos 100 minutos y no implica
ningún cambio favorable para los consumidores. Así,
los cambios en las tarifas nacionales apuntan hacia un incremento
de los costos de las telecomunicaciones por dos razones: en primer
lugar, por el incremento de 76.7% en la cuota fija al sector
residencial y de 112% para el comercial; y, en segundo lugar, por
un incremento en el valor del minuto telefónico. El
único efecto deflacionario ha sido experimentado por los
derechos de instalación que se redujeron en un 13.33% al
pasar de 3,000 a 2,600 colones.
El caso de las tarifas internacionales es diferente, pues se
han experimentado importantes reducciones en el valor del minuto
que favorecen especialmente a los consumidores que efectúan
llamadas al exterior, aunque exceptuando Centroamérica y
Panamá. Curiosamente, estos países son los que
concentran la mayor cantidad de llamadas y minutos del sistema
nacional de comunicaciones al grado que para principios de esta
década representaban cerca de un 55% del total de minutos
consumidos en llamadas internacionales. Esto implica que los
efectos de la reducción de las tarifas internacionales en
realidad solamente afectan a la mitad del volumen de llamadas del
sistema.
El impacto final de los nuevas tarifas telefónicas
dependerá de la composición del total de impulsos
según sean estos nacionales o internacionales.
Evidentemente, una familia cuya mayor parte o totalidad de llamadas
son locales experimentará un fuerte incremento de sus costos
de comunicaciones. Según datos de ANTEL, para 1991 la
composición del mercado telefónico era la siguiente:
17,555,600 minutos fueron utilizados para llamadas internacionales,
mientras que 92,500,000 minutos correspondían a llamadas
locales; es decir que del total de minutos consumidos un 84%
correspondieron a llamadas nacionales y solamente un 16% a
internacionales.
En suma, el ajuste tarifario de ANTEL tiene dos implicaciones
fundamentales: una reducción de tarifas internacionales
sólo para el volumen de llamadas menos numerosas (todo el
mundo menos Centroamérica y Panamá) y un aumento de
tarifas para el volumen de llamadas más numerosas
(nacionales). En consecuencia, lo que se esta promoviendo es un
traslado de los costos telefónicos desde los consumidores de
llamadas internacionales hacia los consumidores de llamadas
locales.
Resulta llamativo el hecho de que el incremento en las tarifas
telefónicas ha querido disfrazarse de una aparente
mantenimiento de las tarifas locales anteriores; en realidad, la
reducción de la duración del impulso opera
exactamente como lo haría una triplicación de su
valor.
Los incrementos en las tarifas locales coinciden con el inicio
del proceso de privatización de ANTEL y sugieren que,
contrariamente a lo esperado, las tarifas telefónicas
locales se incrementarán aún más con el
traslado de las telecomunicaciones a manos privadas. Las tarifas
internacionales, en cambio, podrían experimentar una
importante disminución resultado de la mayor competitividad
de empresas internacionales de las telecomunicaciones.
Debido a la mayor participación de las llamadas locales
en el mercado nacional puede anticiparse que el ajuste tarifario, y
muy probablemente, la privatización misma, causará un
importante incremento del costo de las telecomunicaciones e
impactará de esa manera también sobre el ritmo
inflacionario.
Al igual que en otros países de América Latina
los procesos de privatización en El Salvador parecen
anunciar un incremento desproporcionado no sólo de las
tarifas telefónicas, sino también de las tarifas de
los servicios básicos en general. Incluso el caso
paradigmático para los defensores la privatización,
Chile, reporta que muchas familias se encuentran endeudadas con
empresas de servicios básicos debido a la considerable
elevación de las tarifas.
Evidentemente el discurso oficial sobre la
privatización de ANTEL oculta los verdaderos intereses que
mueven el proceso y los cuales distan mucho de pretender una
reducción de las tarifas telefónicas. El servicio
telefónico es poseído por una reducida
proporción de las familias (12%) y por ello sus efectos
sobre la población no serían tan amplios como
podrían ser los resultantes de un alza en las tarifas de la
electricidad y el agua potable.
Con todo, el caso de la telefonía muestra que es
necesario adoptar un marco jurídico e institucional que
regule las privatizaciones, pues no sería extraño que
este incremento de las tarifas locales de teléfono sea
sólo el primero de una serie a ser implementados en los
próximos meses.
La problemática de los estudiantes de medicina de la
Universidad de El Salvador
Es cosa sabida como la Universidad Nacional jugó un
papel decisivo en las décadas de los 60 y los 70. El que
fuera un espacio para la discusión abierta de las ideas y la
alta calidad académica que se impartía
propició que de su interior surgiera el pensamiento de
avanzada que se opuso a los regimenes de turno. Este papel
protagónico implicó, por supuesto, la
represión y, paradójicamente, la pérdida de
los lineamientos educativos más básicos. Una cosa es
que la calidad educativa permitiera el entender mejor y más
radicalmente la realidad de El Salvador y a partir de ello generar
una dinámica que buscara transformar una situación
que a todas luces era injusta e intolerable, y otra sustituir la
calidad académica por fórmulas preconcebidas de lo
que es o era la realidad y de la manera en que ésta
debía ser transformada. Fue así como paulatinamente
la emergencia por encontrar vías de solución a la
situación del país fue dando lugar al inmediatismo,
los más diversos esquematismos y, finalmente, al dogmatismo.
De las antiguas glorias de la Universidad Nacional ahora
sólo queda un campus en ruinas, un cuerpo de docentes con
multitud de problemas internos y externos y un estudiantado que ve
comprometida su educación frente a estos factores.
A lo anterior hay que añadir la particular
disposición de los estudiantes, de ciertos sectores de
ellos, a reaccionar visceralmente frente a las problemáticas
que se les presentan. En la historia reciente de la Universidad han
sido más que frecuentes los paros estudiantiles como
respuesta a los conflictos entre ellos y las autoridades de la
institución. Al parecer, ciertos estudiantes han tendido a
pensar que la única forma de resolver una situación
es efectuando medidas de hecho (cosa comprensible si se tiene en
cuenta la herencia ideológica legada por las generaciones
universitarias de la guerra), olvidando con ello el camino del
diálogo y la negociación. Por ello, la amenaza de la
paralización de las labores educativas ha sido siempre un
factor que las autoridades y catedráticos de la Universidad
han debido tener en cuenta antes de tomar una decisión o
efectuar un cambio de relevancia (agréguese esto
último a la lista de razones del atraso de dicha
institución). El ser concientes de esta tendencia de los
estudiantes a mantener una actitud beligerante y en ocasiones
francamente irracional e interesada es útil para analizar
los continuos conflictos entre las autoridades del Ministerio de
Salud y los estudiantes de medicina de la Universidad Nacional que
realizan su servicio como médicos internos en el Hospital
Rosales.
Algunos precedentes
La problemática entre los estudiantes de medicina de la
Universidad Nacional que realizan su período de interinato y
las autoridades del Ministerios de Salud y el Hospital Rosales no
es nada nuevo. En julio y agosto del año pasado ambos
entraron en choque cuando el Ministerio de Salud anunció su
determinación de desmonopolizar las plazas para medicos
internos en el sistema hospitalario nacional, cediendo parte de
ellas para estudiantes de las universidades privadas, y efectuar
exámenes de competencia (psicológicos y de
habilidades) para determinar quien obtenía una plaza y quien
no.
Los estudiantes y autoridades de la Universidad Nacional se
oponían a la repartición de plazas porque
argumentaban que la constitución dictaba que cada una de las
418 plazas renumeradas pertenecían exclusivamente a los
estudiantes de medicina de la institución educativa estatal,
por lo que se negaban rotundamente a que el 40 por ciento de ellas
fuera puesta a la disposición de las universidades privadas.
Por otra parte, argumentaban que el realizar un examen de aptitudes
para optar a las plazas dejaba " sin validez la
formación profesional " de la universidad. Al no
fructificar sus pedidos, los médicos internos optaron por
realizar una huelga que duró dos semanas y puso en serie
aprietos al servicio médico estatal. Presentaron,
además, un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para
que ésta analizara la validez de sus reclamos y emitiera un
fallo definitivo sobre el asunto.
Por su lado, el Ministro de Salud, Eduardo Interiano, y la
directora del Hospital Rosales, Mabel Fisher, argumentaban que las
plazas sólo podían otorgarse en función del
presupuesto con que en ese momento se contaba, el cual no alcanzaba
a cubrir los costos de las 418 plazas, por lo que la
solución idónea era realizar un examen para dividir
a los médicos internos entre médicos de plaza pagada
(los que hubieran alcanzado las mejores resultados en las pruebas)
y médicos de plaza ad honorem sin retribución
monetaria (los de más baja calificación en el examen
de aptitudes). Anadían que los artículos en torno al
derecho único de las plazas a favor de la Universidad
Nacional era ambiguo y ya había sido sometido a reformas
anteriormente, por lo que sí cabía incluir a las
universidades privadas. Al final la apertura de las plazas se
mantuvo y la posibilidad de aplicar el examen de aptitudes fue
descartada.
A finales de enero de este año un nuevo conflicto se
originó cuando el Ministerio de Salud dio a conocer un plan
financiar las plazas que el presupuesto no alcanzaba a cubrir
destinando una parte del presupuesto hospitalario para ello. Tanto
los médicos residentes (médicos graduados que cursan
una especialidad) como los médicos internos se opusieron
tajantemente a tal medida, puesto que aplicarla significaría
medrar el ya exiguo presupuesto de los hospitales públicos.
Ante la fuerte oposición, el Ministerio de Salud
desistió de llevar a cabo tal medida.
Nuevo conflicto por las plazas
La raíz de esta nueva problemática se halla en
un acuerdo supuestamente firmado en marzo de este año por el
Ministerio de Salud y los decanos de las facultades de medicina
(entre ellos Rolando Espinoza de la Universidad Nacional), en el
que se decide modernizar las instituciones hospitalarias a
través de limitar las fechas de asignación de plazas
a una sola: a principios de enero, en lugar de enero y julio como
se venía realizando. Para los estudiantes de medicina, tal
acuerdo rompe con los que se habían firmado en agosto del
año pasado para resolver la anterior crisis. Curiosamente,
Rolando Espinoza, ante el descontento de los estudiantes de
medicina, afirma que " no ha estado, no está, ni
podrá estar nunca de acuerdo con las medidas tomadas por el
Ministerio de Salud " en lo referente al cambio de fecha de
asignación de las plazas, pese a que su firma aparece en el
acta donde se decide tal cambio.
Además de la razón expuesta, los estudiantes
alegan que al vencer los contratos en julio de este año y al
no poderse renovar, pues se debe de esperar hasta enero del
próximo año para una reasignación de las
plazas, el Hospital Rosales está pasando por una falta de
personal médico que ha aumentado la mortalidad entre los
pacientes ingresados. Como respuesta a ello, la directora del
Hospital Rosales afirmó, el 6 de julio, que el vacío
de médicos internos se supliría mediante la
contratación de aproximadamente 20 médicos
residentes, lo que hasta la fecha de este escrito no se ha hecho
realidad. Luego de varias amenazas, y en un marco de inflexibilidad
de las posiciones, los estudiantes de medicina iniciaron un huelga
el 10 de julio en el Hospital Rosales.
Consideraciones
La serie de medidas adoptadas por el Ministerio de Salud,
tanto de este año como el anterior, no muestran más
que la absoluta falta de una planificación lúcida
en la administración del sistema hospitalario del
país. El haber decidido trasladar la fecha de
contratación de médicos internos a enero cuando los
contratos vencían en julio no puede ser considerado
más que como una torpeza imperdonable, ya que se deja sin
recursos humanos a un servicio de por sí deficiente.
Además, no es claro como se modernizará el servicio
hospitalario mediante un simple cambio de fechas, ello
debería ir orientado más bien a elevar el
presupuesto asignado y mejorar, como condición ineludible,
el servicio que se presta en él. En este sentido la medida
ha tendido más a propiciar lo contrario.
En lo que respecta a la actitud de los estudiantes de
medicina, es difícil creer que tengan algún
interés por el bienestar de sus pacientes o del sistema
hospitalario en general cuando realizar huelgas y paros como
primera opción para hacer oir sus demandas. Que las
autoridades de la Universidad Nacional en lugar de proponer
formas de presión que no perjudiquen a los pacientes
apoyen incondicionalmente las demandas de los estudiantes, es
signo de la poca o nula independencia que guardan de los deseos y
arrebatos de éstos. De ninguna manera el interés
particular de unos cuantos, o el interés de una
institución por no crear conflictos a su interior, puede a
nteceder a los intereses de la población
salvadoreña que acude a los servicios de salud
pública.
Reunión de presidentes de Centroamérica y
Chile
El día 12 de julio se celebró en San
José, Costa Rica, una Reunión de Presidentes de
Centroamérica y Chile a la que asistieron los mandatarios
de Guatemala, Alvaro Arzú; Honduras, Carlos Roberto Reina;
El Salvador, Armando Calderón Sol; Costa Rica, José
María Figueres; Chile, Eduardo Frei; la Vicepresidenta de
Nicaragua, Julia Mena; y, en representación del Primer
Ministro de Belice, Elodio Aragón.
La reunión trató, entre otros puntos, los
siguientes: el impulso comercial y la inversión en la
región; la cooperación horizontal entre
Centroamérica y Chile; y la incorporación de este
último país como socio extrarregional al Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), al
que ya están integrados Argentina, Colombia, México
y Taiwan.
Logros alcanzados
Los mandatarios de Centroamérica y Chile acordaron en
San José crear una comisión de " alto nivel"
que inicie, a la mayor brevedad posible, las
negociaciones para un acuerdo de libre comercio de bienes y
servicios, incluyendo turismo, promoción de las
inversiones y la cooperación. La comisión, que
estará coordinada por los ministros de Relaciones
Exteriores, tendrá que presentar un informe en un plazo de
seis meses, el cual será analizado por los cancilleres y
los titulares de Comercio de estos países para tomar las
decisiones correspondientes. Asimismo, acordaron la
consolidación del proceso de integración
centroamericana, así como la incorporación de Chile
al MERCOSUR. Además de lo ya apuntado, se logró
que el Presidente Frei manifestara su disposición de
avanzar en la incorporación de su país al BCIE,
como un socio fuera de la región. Como una muestra de la
disposición para avanzar en esa iniciativa, Chile ha dado
un paso abriendo una línea de crédito de 20
millones de dólares al BCIE, destinados a financiar
importaciones de los países miembros del banco para
adquirir bienes de capital y servicios de ingeniería y
montaje de origen chileno. En la declaración firmada, los
gobernantes expresaron la urgente necesidad de promover un amplio
apoyo internacional para la firma de los acuerdos de paz en
Guatemala, siendo esta la nación centroamericana que
todavía subre una cruenta guerra.
Cabe destacar que en el nuevo contexto de la
globalización, los conflictos armados que se libran
todavía en algunos países, lejos de atraer a los
inversionistas los ahuyentan. Precisamente porque los conflictos
armados no garantizan una estabilidad para invertir, se impone la
urgente necesidad de terminar con la guerra que padece desde hace
muchos años el istmo y de manera particular Guatemala.
El documento hace énfasis en la importancia que
tienen las elecciones en Nicaragua, que se celebrarán el
próximo 20 de octubre, esperando que ello contribuya a
consolidar el régimen democrático. Tal
preocupación es válida justamente porque la actual
situación que se vive en Nicaragua lejos de ser
beneficiosa para la región, continúa siendo un
obstáculo para alcanzar una mayor estabilidad
política en el área.
En esta misma reunión de presidentes se supo que el
gobierno de Estados Unidos había cancelado la visa de
entrada a ese país al presidente de Colombia, Ernesto
Samper, lo cual hizo que los mandatarios discutieran la medida y
que pidieran a los cancilleres elaborar una declaración en
la que los presidentes de Chile y Centroamérica
manifiestan su inconformidad con la decisión
estadounidense. Según los mandatarios, " la
institucionalidad democrática de Colombia debe ser
respetada " , precisamente porque el Congreso Nacional
colombiano " ha exonerado de culpa al presidente Samper" .
El comunicado es claro cuando afirma que la medida es
intervencionista y que irrespeta los principios del derecho
internacional. Continúa afirmando el comunicado que
" la no intervención en los asuntos internos de los
Estados y el respeto a la soberanía nacional constituyen
elementos básicos de Derecho Internacional que
guían las relaciones entre los países del
hemisferio " . Aquí es importante destacar que la
medida tomada por Estados Unidos es improcedente, pero es
más importante tener presente que no es la primera vez que
esta nación irrespeta la soberanía y la libre
autodeterminación de los pueblos latinoamericanos.
Finalmente, cabe esperar que esta reunión sostenida
entre los países centroamericanos y Chile sea de gran
provecho para el istmo, sobre todo en este momento en que la
globalización demanda mayor capacidad para competir con
otras regiones del mundo que han avanzado más que el
área centroamericana.
Libertad de expresión?
Descontento y protestas ante la injusticia social y la falta
de espacios para la participación amplia de la
población; represión generalizada o selectiva, y
diversas formas de violencia política; impunidad y guerra;
diálogo, negociación, acuerdos y
verificación internacional... Así de
difícil, doloroso e intenso ha sido nuestro país
durante los últimos veinte años; después de
todo eso era lógico y deseable imaginar que algo realmente
esencial hubiese cambiado en estas tierras, en su sociedad y en
las formas de relacionarse entre sus integrantes. Sin embargo,
parece que -de fondo- es muy poco e irrelevante lo que se ha
modificado. Esa y no otra es la conclusión a la que puede
llegar quien, de manera objetiva, dedica un momento de su tiempo
a examinar lo que se encuentra tras la captura del director del
vespertino " Co-Latino " , Francisco Elías
Valencia.
Los hechos ya han sido suficientemente publicitados dentro y
fuera del país desde el pasado viernes 12 de julio, fecha
en la cual se produjo la detención y posterior
liberación del periodista, quien tuvo que desembolsar 10
mil colones en concepto de fianza para no contribuir con su
humanidad al hacinamiento dentro de las cárceles
nacionales. Sobra, pues, volver a relatarlos y -salvo alguna
opinión sumamente confusa y esquiva, que ya no debiera
extrañar a nadie- lo que sí vale la pena destacar
primero sobre el caso son las numerosas e inmediatas expresiones
de solidaridad enviadas a Valencia y de condena contra los
responsables de que tal situación se haya producido.
Sorpresas hubo entre las muestras de apoyo; ojalá
éstas sean cada vez más frecuentes y, sobre todo,
sinceras; pero son las manifestaciones de condena externadas las
que nos posibilitar arrancar con nuestra reflexión. Es
indudable que se deben expresar las críticas más
enérgicas sobre la actuación del juez quinto de lo
penal, quien libró las órdenes de captura; de igual
manera, se deben denunciar y cuestionar ciertas fuerzas oscuras
que -a pesar de todos los señalamientos hechos antes- se
continúan moviendo al interior de la Policía
Nacional Civil (PNC), organizando acciones " encubiertas"
cuyos propósitos son igualmente turbios, como
sucedió también en esta ocasión cerca de las
instalaciones de " Co-Latino " antes de la
detención de Valencia. Hay que hacer esas críticas,
pero no es suficiente quedarse únicamente ahí.
Si Usted, estimado lector, toma los siete informes que Diego
García Sayán -uno de los tres directores de la
división de derechos humanos de la Misión de
Observadores de las Naciones Unidas (ONUSAL)- envió al
secretario general de la organización mundial para
informarle sobre la situación en nuestro país se
encontrará con que, de julio de 1992 a septiembre de 1994,
éste era casi un " paraíso " en
proceso de construcción.
Para ese abogado peruano -quien dejó un mal recuerdo
entre las personas, nacionales y extranjeras, realmente
comprometidas con la vigencia de los derechos y las libertades
fundamentales en esta tierra- el diagnóstico de lo que se
observaba acá en septiembre de 1994, al finalizar su
período, era el siguiente: " Los avances en el
proceso de transición democrática y de
consolidación del Estado de Derecho, previstos por los
acuerdos de paz de El Salvador, se manifiestan en un cambio del
ambiente político y social del país que tienen
signos claros. La gradual apertura de espacios parece afianzar el
diálogo y la concertación como los instrumentos
democráticos legítimos para el ejercicio de las
relaciones sociales y la solución de las controversias, a
la vez que descalifican el recurso a la violencia en todos los
órdenes, hecho que trae consigo un clima de
distensión y sosiego para el ejercicio de los derechos y
las libertades fundamentales " .
Esa era la idílica visión de García
Sayán y su segundo de a bordo -el también peruano
Manuel Rodríguez Cuadros, aún entre nosotras y
nosotros- sobre un país donde lo que se necesitaba con
urgencia, en ese entonces, era un análisis objetivo y la
presión fuerte sobre las partes para sentar las bases
sólidas de las instituciones nuevas o renovadas que
estaban surgiendo. Por el contrario, según estos
personajes de lenguaje florido pero sumamente desinformativo, en
esa época el " proceso de fortalecimiento
institucional " comenzaba " a superar sus
vicisitudes para ser una realidad en marcha " ;
además, daban cuenta de lo que quizás sólo
ellos o muy pocos -igual que ellos- veían: " se
registran progresos en el sistema judicial, la
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la
Policía Nacional Civil y se perciben mejores condiciones
para las recomendaciones pendientes en materia de
administración de justicia y derechos humanos " .
Estos funcionarios internacionales, pues, al haber brindado
una información tan distorsionada, también son
responsables de que en nuestro país se estén
produciendo situaciones como la que nos ocupa ahora. Y para ser
más precisos, en materia de libertad de expresión
dijeron lo siguiente cuando -por última vez- tocaron el
tema dentro de sus informes: " Como en los períodos
precedentes, la división de derechos humanos ha observado
el respeto sustantivo por parte del Estado del derecho a la
libertad de expresión. "
A diferencia de García Sayán y
Rodríguez Cuadros, fue otra la actitud de las personas que
estuvieron antes que ellos al frente de la división de
derechos humanos de ONUSAL. Al terminar su mandato, Phillipe
Texier hizo referencia al acuerdo de San José cuando
abordó lo relativo a la libertad de expresión y,
además, sostuvo que " todas las fuentes consultadas
coincidieron en afirmar que el hecho de que no exista, hasta el
presente, una reglamentación jurídica del derecho
de rectificación o respuesta constituía una
limitación importante al pleno ejercicio de este derecho" .
En ese marco, también destacó la necesidad
de una legislación específica para garantizar la
libre expresión y difusión del pensamiento.
Dentro del " clima de distensión y sosiego
para el ejercicio de los derechos y las libertades fundamentales
" que veían los citados abogados peruanos, en El
Salvador no se han incrementado los espacios para fomentar la
libertad de expresión. Por el contrario: desaparecieron
dos rotativos -el semanario " Primera Plana " y el
diario " La Noticia " - y permanecen sin funcionar
por disposiciones manifiestamente autoritarias, desde diciembre
de 1995, diez radiofusoras que prestaban un enorme servicio a
varias comunidades que -sin lugar a dudas- lo requieren para su
desarrollo realmente participativo, tanto en lo económico
y social como en lo político.
Dentro de ese " clima " , también, se
intentó aprobar lo que el gremio de periodistas
calificó como " Ley Mordaza " y se sabe que,
en la actualidad, se encuentra en estudio un artículo que
pretenden incluir dentro del futuro Código Procesal Penal,
con restricciones a la prensa; mientras tanto, a la fecha,
aún no se decretan las normas legales necesarias para
garantizar el libre ejercicio de un periodismo comprometido con
el espíritu y la letra del acuerdo de San José
sobre derechos humanos.
En este escenario, recientemente se han hecho llamados
oficiales y extra oficiales para que las y los comunicadores sean
objetivos y no " ensucien " la imagen del
país. A dichas exhortaciones, el presidente de la
Asociación de Periodistas de El Salvador (APES)
-Renán Alcides Orellana- respondió lo siguiente:
" En el periodismo salvadoreño es evidente
actualmente que existe modernización y profesionalismo; el
periodismo investigativo ha hecho suyo el papel fiscalizador de
la sociedad, para cumplir con un derecho de la sociedad " .
Lo preocupante es que en dicho marco, independientemente de lo
que hayan dicho aquellos funcionarios peruanos de ONUSAL y tal
como lo señalamos en este espacio (Proceso, 716), se
publicitaron las amenazas contra " ciertas personas que
-a título individual o en representación de las
instituciones con las que trabajan- han señalado o
posibilitar que se señalen las serias deficiencias "
del llamado " proceso salvadoreño " .
De acuerdo a todo lo anterior, pues, en esta materia las
cosas no andan muy bien en el país. La captura del
director de " Co-Latino " es condenable a todas
luces, por la forma en que se dio y las posibles razones que la
motivaron: intimidación y censura para su persona y el
gremio; sobre todo cuando ésta se produce en un marco
caracterizado por las condiciones adversas para el libre
ejercicio de la profesión, ya que no existe -para la
persona que la desempeña- una verdadera seguridad desde
sus diferentes perspectivas: legal, económica e incluso
personal. Y ojo: ese trabajo se anuncia cada vez más
difícil pues se acerca un período electoral que,
poco a poco, le irá subiendo la temperatura a un ambiente
el cual -de por sí- ya se encuentra algo caliente por la
inestable situación en la que vive una buena parte de la
población, dentro del actual modelo llamado
incorrectamente de " desarrollo " . Modelo que, en
los últimos días, ha generado -entre otras cosas-
el despido de casi 300 empleados de telecomunicaciones y un
drástico incremento en el precio de un alimento tan
básico como los frijoles.
Pero, además, el estado real del respeto a la
libertad de expresión se encuentra mal en El Salvador por
otras razones que van más allá de la
situación del gremio periodístico,
independientemente de que ésta sea siempre una referencia
clave para su análisis. La libertad de expresión se
encuentra indisolublemente vinculada a la participación
consciente de la población y al derecho a la
comunicación; de esa forma, para su examen se deben
considerar aspectos tales como las posibilidades de criticar
asuntos de fondo, el nivel de opinión y debate
público, el grado de intercambio entre los diversos
sectores sociales, la vigencia de las garantías
políticas y judiciales, el acceso y la
participación en los medios de difusión, así
como la democratización de su propiedad.
Al observar uno a uno cómo se encuentran en nuestra
tierra los anteriores aspectos, concluimos preocupados: no
estamos nada bien. En ese escenario, la mayoría de
salvadoreñas y salvadoreños no están
ejerciendo el derecho a expresarse libremente y a comunicarse
porque tienen miedo, porque sus prioridades cotidianas -vivir y
sobrevivir- se lo impiden, porque tienen limitaciones
estructurales para ello y/o porque, sencillamente, sus realidades
vitales no son asuntos de interés para quienes deciden en
estos campos.
Así las cosas, ya es tiempo que en este país
se empiecen a decir y a socializar las verdades: sobre lo que
sucedió en el pasado y nos llevó hasta la guerra,
lo que sucedió con los acuerdos de paz y nos tiene en esta
situación de inseguridad, sobre lo que puede suceder en
adelante de no asumir con responsabilidad las tareas más
urgentes que se imponen para la construcción de una
sociedad diferente, donde el grado de respeto a la libertad de
expresión y al derecho a la comunicación sea
-fuera de toda duda- indicador obligado para medir el nivel de
democratización. Porque en aquel lugar donde los hombres y
mujeres no pueden expresar sus opiniones y comunicarse libremente
-sostiene Enrique Pedro Haba- " tampoco está
seguro ningún otro derecho, pues tienen cercenado el
camino para conocer los abusos y hacer causa común contra
éstos " .
Transcribimos a continuación el discurso del ex presidente
de Costa Rica, Rodrigo Carazo, ofrecida en ocasión de la
primera reunión del Movimiento Nacional para la
Soberanía de Cuscatlán, sostenida el día 2
de julio en el local de ATCEL.
Discurso del ex presidente de Costa Rica, Rodrigo Carazo (I)
Un saludo muy afectuoso a las personas y el agradecimiento
por esta invitación a compartir con ustedes algunos
pensamientos y experiencias que nos resultan muy útiles;
pensamientos, experiencias, que viven conjuntamente nuestros
pueblos: que sufren directamente nuestras naciones y que exigen
que cada uno de nosotros haga el esfuerzo correspondiente por
estar informado, por tener criterio claro y por enfrentar esta
avalancha que vivimos, con la entereza que reclama de cada uno de
nosotros la suerte de nuestros pueblos. Yo le digo a mis alumnos
y a los compañeros de trabajo en estas lides, que los
países de América Latina hemos estado sometidos al
más grande proceso de aislamiento, que resulta
inconcedible en la época de las comunicaciones. Es un
proceso de comunicación de una sola vía, mediante
lo cual recibimos lo que se nos quiere decir y que solamente
contestamos con un sí, a veces lleno de duda pero
desgraciadamente aceptado por grandes sectores de la
población de nuestro país. Y digo cada vez que
puedo que me resulta incomprensible como aquellos que
están siendo agredidos y desposeídos de sus
derechos y posibilidades de superación, como es que ellos
siendo víctimas de lo que sufren, estén de acuerdo
con las políticas económicas que están
aprobando. Lo digo por mi país, porque a lo largo de
muchos años hemos sufrido el invierno y mucha gente de
nuestro pueblo está de acuerdo con las políticas
impuestas por los organismos y naciones extrañas. La gran
mayoría, la gente en general cree que no podemos hacer
nada sin el Fondo Monetario Internacional, sin el Banco Mundial,
sin el sometimiento a las políticas que estos organismos
nos imponen.
Me van a perdonar que me tome unos minutos esta tarde para
hacer una reflexión histórica de gran importancia
que nosotros ignoramos. Dicen los que han estudiado los anales de
los organismos financieros que mencioné que el origen del
planteamiento para crearlos fue la reunión entre el
Presidente de los Estados Unidos, Roosevelt, con el Ministro
Churchill, de la Gran Bretaña, y que esta plantemiento se
hizo por primera vez cuando la Gran Bretaña con su Primer
Ministro se acercaron a los Estados Unidos para pedir que este
poderoso le declarara la guerra a los fascistas de Europa;
entonces el Presidente Roosevelt le dijo al señor
Churchill, que con mucho gusto nos metemos a esa guerra si el
Imperio Británico se nos abre a nuestro comercio
inmediatamente, para que nuestras actividades económicas
puedan tener una proyección mundial porque el Imperio
Británico está cerrado para el comercio exterior.
Entonces cuando uno escarba en la historia se va encontrar
que las argumentaciones primeras que motivaron la
participación de esta gran potencia en la segunda guerra
mundial no fue la defensa de la libertad ni tampoco la defensa de
los intereses de la humanidad sino la de los intereses
económicos propios; esto está totalmente
documentado en este tiempo, por supuesto que por aquella
época de 1940-1941 no estaba al alcance del conocimiento
del planeta. Cuando termina la guerra una de las primeras cosas
que se hacen es producir una reunión en un lugar de los
Estados Unidos llamado Bretton Woods y allí es donde se
constituye el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y
la tarea de estos organismos se orienta fundamentalmente a
cumplir cuatro propósitos que son del conocimiento
general, tres de ellos y otro está perfectamente explicado
con la conducta de estas organizaciones; el primer objetivo es el
de lograr equilibrio fiscal en todos los países de la
tierra, para que ese equilibrio fiscal garantice el poder de
compra del dinero, con el poder de compra de dinero los
países estarán en capacidad de ser más
fuertes financieramente.
El tercero y muy importante objetivo de los organismos
internacionales es que dotando de recursos financieros a
través del equilibrio presupuestario y el de las
exportaciones, los países del mundo están al
día con sus acreedores financieros que son generalmente
bancos de los países más desarrollados.
Fíjense que los tres objetivos son financieros, pero el
tercero es la razón de ser de los organismos y de las
políticas de ajuste estructural que hoy estamos
padeciendo.
Hay una cuarta y muy importante tarea que corresponde a
estos organismos financieros que los expertos llaman la apertura
del mercado financiero para las grandes empresas que mueven
capital. Ese capital que se ha convertido en el instrumento de
multiplicación de la riqueza y de concentración de
los recursos, que se ha logrado no solo en siete países
del mundo sino en algunos centros financieros de estos
países, porque no es en todo el país. Esto es muy
importante que lo tengamos en cuenta, las políticas
financieras a nivel mundial han causado directamente efectos en
la población de los países ricos y en el caso de
los Estados Unidos han provocado la primera aparición
multidinaria de pobres, desposeídos sin casa. La
política que estoy denunciando revela que ya no se trata
de una pelea solo entre los países ricos contra los
países pobres, sino dentro de cada país. Dentro de
cada país los grupos económicamente fuertes
producen una concentración financiera en su beneficio, que
hace que se multiplique la pobreza y que ésta se agudice.
La filosofía imperante ha llegado a tal extremo que ya los
jóvenes del mundo sufren una especie de Apartheid, la
economía se diseña para beneficio de unos pocos que
cuando tienen los recursos financieros se olvidan por completo de
todos aquellos sectores de la población sin recursos de
ninguna especie, a eso se debería que los programas de
ajuste estructural busquen solamente la mejora de las cifras
macroeconómicas; el tipo de cambio, es muy importante,
así como el equilibrio presupuestario, el aumento de las
exportaciones; en cambio dejó de ser importante hace mucho
tiempo la calidad de vida reflejada en los mejores servicios
hospitalarios, de salud, de educación para las grandes
masas de la población; este deterioro ocurre inclusive en
los países ricos, fíjense entonces como se ha
venido a construir una especie de gran centro financiero
internacional.
En nuestras naciones ese capital agrega muy poca riqueza, la
producción ya no interesa, ni siquiera la
producción de naturaleza agrícola, los
países cada día son más importadores de lo
que se comen. Hoy leí en el periódico que se
importan no sé cuantos millones de colones
salvadoreños en carne y he visto anuncios en donde ya se
habla de leche Neozelandesa. En mi país, con la
pérdida de la capacidad productiva en el campo, se ha
perdido la seguridad alimentaria por que la inversión
financiera es la que más interesa a los que tienen
recursos; entonces se emiten bonos, los bonos se venden y sobre
todo si son del gobierno, se pagan altos intereses y los que
colocan esa plata en bonos reciben mucho dinero, al recibir mucho
dinero no quieren correr un riesgo montando fábricas y
vuelven a invertir en más bonos del gobierno y es un
círculo en donde no se crean fuentes de trabajo, en donde
el gobierno se le quita cada día más recursos que
necesita para su acción social y se orienta ese dinero
para que pague sus intereses sobre su deuda externa, a que se
abran las posibilidades de inversión a grandes capitales
en actividades que produzcan dinero contante y sonante y
jamás pérdidas; estas actividades son los
servicios. ¿Qué pasa cuando alguien no paga la luz? -pasan
la cuchilla verdad-, ¿y qué pasa cuando alguien no paga el
teléfono? -lo mismo-, entonces no hay inversión
más segura que ser dueño de una distridora de
energía eléctrica, porque sencilla y llanamente el
único riesgo que corren es que los clientes dejen de
pagarle un mes y como las tarifas son favorables, la tarifa
aguante un mes, pero si todavía el cliente quiere
reinstalar su servicio, tiene que pagar una cantidad adicional,
por lo cual fue un gran negocio, que alguien que no pague
puntualmente, por que le van a cobrar más de lo que
pagó normalmente en un mes.
CONTINUAN AMENAZAS. Un grupo de supuestos militares
jóvenes salvadoreños, identificado como "
Comando Estratégico de Liberación Nacional Juventud
Militar Arce " , envió un comunicado vía fax
a distintos medios de prensa el 15.07 en el que amenazó
con dar un golpe de Estado al Presidente Armando Calderón
Sol si éste no destituye a varios funcionarios que,
según la advertencia, están implicados en el
" crimen internacional " . El grupo señala que
" los acontecimientos diarios y la confrontación
social ponen en evidencia que el Gobierno no está
cumpliendo sus funciones " , asegurando que las acciones
gubernamentales no han propiciado el bienestar general y "
la noble institución armada se ha mantenido cautelosamente
observando el desarrollo de los acontecimientos con absoluta
disciplina y obediencia " . Advierte a Calderón Sol
que " ponga orden en la república, limpie su
gobierno, comenzando por destituir inmediatamente a su gabinete,
a personalidades que sirven a intereses mezquinos del crimen
internacional " . " Debe actuar lo antes posible, de
lo contrario asumiremos el control del Estado para que la
gloriosa Fuerza Armada sea una vez más el símbolo
del cambio y el brazo armado del pueblo " , indica la
amenaza. El comando anónimo, que dice estar formado por
oficiales superiores y subalternos del Ejército,
también solicita al alto mando de la Fuerza Armada
salvadoreña que investigue la corrupción de los
militares pertenecientes a " La Tandona " . A su
vez, exige una investigación sobre los " jefes "
que dirigen el narcotráfico en El Salvador, entre
ellos, señala al ex presidente Alfredo Cristiani y a su
hermano Antonio, así como la " conexión"
con el Ministro de Seguridad, Hugo Barrera. Finalmente,
afirma que también debe ser indagado Juan José
Domenech, Presidente de ARENA, por ser el jefe del cuartel
" Guanajato " en El Salvador (ACAN EFE 15.07 y LPG
16.07 p.42-a).
APOYAN LIBERTAD DE EXPRESION. El arzobispo de San Salvador,
Fernando Sáenz Lacalle, pidió el 14.07 a los
periodistas hacer uso de la libertad de expresión "
con responsabilidad " , al comentar la captura y posterior
liberación del Director del diario Co-Latino. "
Especialmente es muy delicado en la profesión de ustedes,
porque tiene un efecto multiplicador muy grande, por lo tanto, en
ustedes cabe una mayor delicadeza en usar la libertad de
expresión " , aseguró Sáenz Lacalle.
El Director del vespertino, Francisco Elías Valencia, fue
detenido el 12.07 por la PNC debido a una orden del Juzgado
Quinto de lo Penal, donde enfrenta una acusación por el
delito de difamación promovida por el subcomisionado
Rafael Antonio González Garciaguirre. Sin embargo, la
libertad le fue conferida luego de seis horas de arresto y la
cancelación de una fianza de diez mil colones. El
Arzobispo, Sáenz aseguró que sin duda debe de
existir libertad de prensa, pero también debe haber
respeto a la verdad y a la dignidad de las personas, valores que
hay que defender, " si alguien piensa que se le ha
difamado o calumniado está en su derecho a reclamar, pero
si resulta que no ha habido difamación o calumnia,
entonces el perjudicado por la acción judicial puede
exigir reparación " afirmó el prelado. Por
su parte, Elías Valencia sostuvo que no se
retractará jamás ni revelará las fuentes que
le proporcionaron la información sobre el supuesto
involucramiento del subcomisionado González Garciaguirre
en actos de corrupción, cuando fungió como subjefe
de la DIC. El funcionario policial dijo estar dispuesto a
" perdonar " a Valencia, pero para ello tenía
que " retractarse de la información publicada" .
La actitud de Valencia es respaldada por todas las
gremiales de periodistas del país (LPG 15.07 p.3-a y EM
15.07 p.3).