© 1996 UCA Editores
año 17
número 726
septiembre 18
1996
ISSN 0259-9864
Libertad es igualdad y fraternidad
El Salvador: ¿un país para inversiones seguras?
Los medios como creadores de mitos
Centroamérica: entre el sometimiento y la independencia
Aprobación legislativa del Presupuesto General de la
nación
La pena de muerte ¿vale la pena?
Libertad es igualdad y fraternidad
Libertad es una palabra que aparece mucho en el discurso de la
independencia, tanto que ambas se identifican. Sin embargo, no se
indica de qué o de quién es esa libertad ni para
qué. En el contexto de la independencia centroamericana no
se recuerda que era del imperialismo español,
quizás por no incomodar a la representación
diplomática de ese país o lo que sería peor,
porque significaría la perdida del sentido
histórico, por no darle ninguna importancia. Tampoco se
profundiza en el para qué de esa libertad, obviando la
concreción del término. Si no se historiza de
qué y para qué se es libre, la libertad es una
abstracción manipulable.
La independencia de 1821 implicó la libertad de un
imperio español ya decadente y sin fuerzas para defender
sus colonias. Quienes la proclamaron buscaron con ello la
libertad para explotar libremente los recursos naturales y sobre
todo humanos de las ex colonias sin la incómoda
intromisión de los funcionarios reales. Los "notables" de
entonces y los "padres de la patria" de ahora proclamaron la
independencia de España para que no la proclamase el
pueblo, porque de hacerlo, sus consecuencias hubiesen sido
temibles, tal como explica el primer numeral del acta. Para los
más idealistas, la libertad de entonces prometía
prosperidad y felicidad. Contrario a sus expectativas, sobre
Centroamérica cayó el mal de las guerras
intestinas, animadas por pasiones políticas
difíciles de satisfacer. El nuevo poder nacional no pudo
controlar dichas pasiones y él mismo se vio arrastrado por
ellas.
El culto a los símbolos patrios, cargado de un fuerte
sentimentalismo, oculta esta realidad histórica. La patria
que se conmemora en el mes de septiembre se ha visto reducida a
un sentimiento, muy profundo sin duda, pero sin fundamento
histórico. Se exalta un sentimiento patriótico
cargado de emotividad, pero sin contenido. Todo se reduce a
cantar el himno nacional, recitar la oración a la bandera,
honrar los símbolos nacionales y los desfiles de corte
militar, una mala copia de la cultura norteamericana -en
realidad, una colorida exhibición circense de malabarismos
y piernas muy poco digna de la fiesta nacional-, que,
además, impone fuertes gastos adicionales en los ya
apretados presupuestos familiares. Visto en su conjunto, el mes
cívico se ha vanalizado.
Cuando la patria se vuelve mero sentimiento y paisaje se puede
prescindir de sus realidades, es decir, de su población y
de sus circunstancias. Se honra a la patria venerando sus
símbolos, pero irrespetando su realidad más
importante, sus ciudadanos. El mes cívico debiera estar
cargado de contenido histórico, pasado y actual, para lo
cual habría que comenzar desmitificando la historia
oficial. En lugar de explotar propagandísticamente el
sentimentalismo patriotero, se debieran promover los valores de
la fraternidad y la solidaridad.
Más aún, quienes con más fervor honran los
símbolos patrios son los que están entregando El
Salvador al capital transnacional con la cooperación del
gran capital nacional. Honran la patria del siglo pasado con gran
devoción, pero entregan fácilmente los recursos
naturales y humanos nacionales a la explotación
extranjera, de cuyos beneficios ellos tienen garantizada una
parte importante. La patria del siglo XIX que conmemoran con
tanto fervor no es el país del cual están
disponiendo a su antojo, al amparo de leyes con claros visos de
inconstitucionalidad. Hoy hacen lo contrario de lo que hicieron
los héroes cívicos de los cuales se enorgullecen y
a los cuales admiran.
Libertad es la palabra mágica. Libertad de mercado, de
comercio, del Estado y llevada al extremo, libertad de la ley y
la justicia. La libertad que los padres de la patria del siglo
XIX consiguieron sería la misma que gozamos a finales del
siglo XX. Desde aquel entonces, El Salvador sería libre.
En realidad, esa libertad es contraria a la igualdad y a la
fraternidad. La libertad que nos imponen en la actualidad produce
desigualdades y destroza la fraternidad como nunca antes. Es una
libertad que crea diferencias y enemistades.
Difícilmente se puede afirmar que El Salvador es
más libre ahora que hace 175 años. Ciertamente, el
imperialismo español ya es historia pasada; pero existen
otros imperialismos como el estadounidense -más discreto
en esta década que en la pasada, pero no por eso menos
imperialista- y el del capital transnacional, que imponen su
voluntad al país y la región, y nuevas imposiciones
contrarias al bien común y, por lo tanto, al desarrollo
del pueblo salvadoreño. No se puede afirmar que El
Salvador es libre cuando cada día es más prisionero
de la pobreza, de la violencia, del crimen organizado, del terror
y de la corrupción. Todas estas son opresiones que impiden
el desarrollo del país y el bienestar de sus ciudadanos.
La libertad del imperio español del siglo pasado no es
válida en la actualidad.
La libertad es un reto contra quienes provocan la desigualdad y
la destrucción de la fraternidad, contra quienes mientras
confiesan su nacionalismo, entregan el país
incondicionalmente, contra quienes, al amparo de la
globalización, la modernización y la
privatización (o apertura) neoliberales, promueven la
libertad económica, mientras, por otro lado, conducen al
país por los trillados caminos del autoritarismo
político y social. La libertad para construir la igualdad
y la fraternidad no se consigue honrando los símbolos de
una patria históricamente inexistente o, dicho con mayor
precisión, existente sólo en el sentimiento y en la
ideología que lo acompaña.
La patria venerada no es la patria real. El Salvador
histórico aún carece de símbolos que lo
representen o, mejor todavía, los símbolos actuales
reclaman contenidos nuevos que recojan la realidad
histórica de finales del siglo XX. En esos contenidos no
deben faltar la referencia al pasado de donde venimos, al
presente que queremos superar y a la utopía hacia la cual
debiéramos caminar como nación.
El Salvador: ¿un país para inversiones seguras?
Durante las últimas semanas el Banco Central de Reserva
(BCR) ha propalado ampliamente las supuestas perspectivas
positivas que la economía de El Salvador
presentaría para la inversión, y la cual
estaría avalada por la empresa internacional clasificadora
de riesgos "Standard & Poor's" (S&P). Según esta
versión, actualmente la economía de El Salvador se
encontraría pasando por tan buen momento que la
"calificación obtenida por El Salvador es mayor que la de
otros gobiernos con economías crecientes tales como Brasil
y Argentina".
Muy probablemente estas aseveraciones podrían parecer
fuera de contexto para un observador de la coyuntura
económica del país; considérese por ejemplo
que actualmente se experimenta un franco proceso de
recesión económica, profundización del
déficit de la balanza comercial, reaparición del
déficit fiscal, incremento de las tasas inflacionarias por
encima de los niveles programados y elevados niveles de pobreza
(Proceso, 724).
Aunque la compañía S&P únicamente
evalúa el clima de inversión basado en la
estabilidad monetaria y en el manejo del crédito local e
internacional, no omite señalar en su mismo informe
algunas facetas negativas del proceso económico de El
Salvador; sin embargo, estas han sido ocultadas deliberadamente
por los comunicados del BCR. Para S&P un elemento que resulta
clave para mejorar el clima de negocios de El Salvador es la
privatización exitosa de la Administración Nacional
de Telecomunicaciones (ANTEL) en los próximos 6 meses,
pues ello permitirá al gobierno profundizar en las
reformas económicas.
No cabe duda que, en la actual coyuntura, el avance del proceso
de privatización de ANTEL es uno de los elementos
más debatidos, e inclusive ha pasado a ser la punta de
lanza del proceso de privatización de las empresas
prestatarias de servicios básicos. Este proceso ha sido
ligado a las perspectivas económicas del país no
sólo por la S&P, sino también por asesores de la
Comisión Presidencial para la Modernización del
Sector Público, los cuales además lo consideran un
elemento decisivo para que el partido de gobierno aumente su
caudal de votos en las próximas elecciones. En las
siguientes líneas se presenta una visión más
integral del informe de S&P con el objeto de explorar cuál
es el vínculo que éste guarda con la reforma del
Estado y, especialmente, con la próxima
privatización de ANTEL.
La principal información de interés que ha sido
señalada por el informe que nos ocupa ha sido una mejor
calificación de El Salvador en tres diferentes niveles: el
de su moneda, la administración del crédito local y
su perfil como cliente para créditos en moneda extranjera.
De acuerdo a la firma evaluadora algunos elementos que han
contribuido a esta mejor calificación son: estabilidad
política y profundización de las reformas
económicas, contención del déficit fiscal,
baja deuda pública y liberalización
económica "extensa" (de precios, intereses y capitales).
Por otra parte, el documento también establece que la
clasificación de El Salvador podría ser afectada
negativamente por los siguientes elementos: precarias condiciones
sociales y deficiencias de infraestructura, vulnerabilidad en la
balanza de pagos debido al incremento de las importaciones y a la
estrechez del sector exportador y, finalmente, una base
productiva estrecha limitada por los bajos niveles de ahorro y de
inversión extranjera.
El informe de S&P señala claramente que el avance de El
Salvador en la tabla de ratings obedece grandemente a las
reformas económicas en las que este se ha empeñado,
destacando que "los prospectos del gobierno para profundizar las
reformas descansarán sobre la privatización exitosa
de la compañía telefónica, ANTEL". Esta
visión parece ser compartida también por sectores
vinculados a la Comisión Presidencial para la
Modernización del Sector Público.
De acuerdo a documentos facilitados por diputados de la
Asamblea Legislativa, los asesores de la mencionada
comisión sostienen que la privatización de ANTEL
estaría íntimamente ligada con dos importantes
aspectos, claves para la profundización de la
"modernización": ganancias de capital político
derivadas del manejo de la privatización y
obtención de garantías para la
implementación de un próximo conjunto de reformas.
Dentro de la visión de privatización adoptada por
el gobierno es claro que se busca presentar el caso de ANTEL como
una muestra de que el proceso privatizador mejorará las
condiciones de vida de la población. En realidad, la
privatización de ANTEL se ha traducido ya en notorios
incrementos en el costo del servicio local sin que ni siquiera en
el servicio internacional se registraran reducciones tarifarias
(Proceso, 718).
Los argumentos de que la privatización de ANTEL suponen
incrementar el número de las líneas
telefónicas, acceder a tarifas reducidas, reducir el
tiempo de instalación e incrementar el empleo del sector
telecomunicaciones son en realidad mera retórica para
justificar la medida, pues no todos los ofrecimientos pueden
cumplirse. Las tarifas se incrementaron en la práctica,
mientras que el número de empleados en ANTEL se espera que
disminuya notablemente después de su privatización;
y, de acuerdo a los asesores del gobierno, para evitar que esta
situación ocurra en época pre-electoral, se
prevé garantizar contratos laborales hasta septiembre de
1997 y sacrificar recursos financieros en "beneficios al
consumidor".
La evaluación de S&P únicamente se basa en
criterios de estabilidad de la moneda e implementación de
reformas económicas liberales para la clasificación
del clima de inversión de los países, de tal forma
que su ponderación -y así lo reconocen los
responsables del informe- en realidad no significa que el proceso
económico de El Salvador esté enrumbado hacia el
desarrollo. Por ejemplo, la liberalización de las tasas de
interés ha sido uno de los elementos que más han
presionado para la actual etapa de recesión
económica que enfrenta el país, aunque para S&P es
un elemento que favorece el "clima de inversión".
El informe de la firma internacional sugiere que el país
está llegando a niveles en que puede convertirse en
destino de inversiones extranjeras, las cuales debido a su
inestabilidad podrían desencadenar futuras crisis
económicas, como en el caso de México. La
implicación más importante de este informe es que
abre la posibilidad de que empresas del sector financiero accedan
al mercado internacional de capitales, con lo cual el crecimiento
de este sector se estimularía aún más,
repercutiendo negativamente en los esfuerzos por ampliar la base
productiva y diversificar las exportaciones.
Por lo demás, la llamada modernización del Estado
está íntimamente ligada con las calificaciones de
S&P, y, en esa medida, la próxima privatización de
ANTEL se considera clave para mejorar la clasificación de
El Salvador; para los asesores del gobierno representa un buen
momento para manipular la privatización de ANTEL con el
propósito de obtener ventajas electorales en las
próximas elecciones.
El informe de S&P no debería mover a nadie hacia
posiciones de optimismo, pues el gobierno ha fracasado en lo que
respecta a la diversificación de la producción y de
las exportaciones. Si existe estabilidad de la moneda es porque
las remesas familiares lo han permitido y no porque el
país cuente con una base productiva que la sustente. Por
otra parte, el buen manejo del crédito que destaca la
firma se debe en gran parte a que el sector financiero ha fijado
elevadas tasas de interés con lo cual ha elevado su
rentabilidad a niveles inusitadamente altos, con los consecuentes
costos en la inversión y producción.
En definitiva, las buenas calificaciones para El Salvador
obedecen únicamente a que ha avanzado en la
implementación de reformas para el desmantelamiento del
Estado. Entre mayores sean los esfuerzos por implementar reformas
económicas de corte neoliberal mayores serán las
notas que se obtendrán en las evaluaciones al estilo de
S&P, pero ello no garantiza que se estén superando
problemas como la dependencia de las remesas, la recesión
y terciarización económica o la precariedad de las
condiciones sociales.
El pedido de formular políticas claras para el fomento
de la producción agropecuaria e industrial y la
reducción de la pobreza continúan teniendo
vigencia, aún y cuando se hubiera mejorado el "clima de
inversión" del país.
Los medios como creadores de mitos
Con la "muerte de las ideologías" el papel que han
pasado a ocupar los medios de comunicación social ha sido
preponderante. A falta de corrientes ideológicas claras y
coherentes que agrupen a sectores sociales bajo una causa
común, los medios, ayudados por el desarrollo
tecnológico, son capaces, más que antes, de generar
mitos que dan cohesión a personas disímiles entre
sí, pertenecientes a los más diversos sectores de
la población. Los medios son ahora capaces de unir a ricos
y pobres, conservadores y liberales, sectores gubernamentales o
no, bajo gestas y búsquedas que dejan a un lado las
diferencias personales o grupales y que se presentan como de
interés general, como asuntos de preocupación
nacional.
La falta de criticidad de los espectadores ante el
espectáculo público que ofrecen los medios permite
que los mitos que éstos generan puedan presentarse a
sí mismos como omniabarcadores, como inescapables, pese a
que ellos arranquen generalmente de valores económicos,
políticos y culturales muy específicos y
particulares. Es decir, los medios mitifican, vuelven visiones de
mundo, las respuestas y expectativas de individuos, de grupos
concretos, situados en un contexto que dista mucho de ser
compartido por la totalidad de la sociedad.
La problematicidad de estos mitos reside, por un lado, en el
hecho de que son presentados no como lo que son, como objetos
culturales creados que han debido pasar antes por un proceso de
selección entre otros posibles -proceso de
selección en el que intervienen, por supuesto, valores de
escogitación muy particulares y parcializados-, sino como
naturales, como mitos de suyo subsistentes y sin referente alguno
con la realidad de la que proceden y a la que responden. Por otra
parte y como consecuencia de lo anterior, estos mitos, al
magnificar su contenido, permiten obviar las estructuras y
vinculaciones sociales que no son contemplados
explícitamente dentro de ellos.
Teniendo en cuenta lo anterior, es de relevancia analizar, por
lo que en él no se menciona y por las consecuencias que de
él se han seguido, el mito público expresado en la
campaña nacional de "Liberen a Andrés".
La mitificación de un secuestro
En El Salvador el secuestro es una práctica antigua.
Durante la década de la guerra fueron más que
frecuentes los secuestros de índole política; en
ellos se buscaba, generalmente bajo el pretexto de exigir
cuantiosos rescates económicos, alcanzar resultados
políticos: canje de prisioneros, sembrar temor en el
enemigo, sacar a la luz realidades de índole social, entre
otros. Aunque la política era la escusa más
frecuente, también existieron grupos de derecha radicales
que secuestraban importantes empresarios y comerciantes con el
único fin de obtener beneficios económicos; su
desarticulación en ese entonces se vio imposibilitada -
además de estar amparados por la impunidad que proporciona
el poder económico- por el hecho de que este tipo de
secuestros podía ser atribuido fácilmente al sector
de izquierda en la clandestinidad para restarle méritos a
su lucha y exigencias.
Con la exacerbación de la delincuencia común y
organizada que ha acompañado a la finalización del
conflicto armado, el ejercicio del secuestro se hizo
profesión. Sólo en julio de este año se han
contabilizado -considérese que en la mayoría de los
casos el secuestro no es denunciado por los familiares- 17 casos,
la mayoría de ellos en la zona oriental del país.
Curiosamente, gran parte de los secuestros de los que se tiene
registro involucran a familias de pocos recursos, generalmente
pequeños agricultores, comerciantes o profesionales. Pese
a este creciente aumento de los casos de secuestro, las denuncias
y las muestras de condena sólo habían sido
patrimonio de las personas que se habían visto
involucradas en ellos; hasta julio de este año no
existía ni el menor signo de un interés
generalizado ni mucho menos de una campaña de nivel
nacional. ¿Qué fue entonces lo que motivo el clamor
general por la liberación de uno de tantos otros
secuestrados?
No puede afirmarse que el secuestro de Andrés Suster
fuera desde el principio un caso típico. En primer lugar,
hasta el momento de su rapto -septiembre de 1995-, el blanco
preferido de las bandas de secuestradores eran personas de clase
media; Andrés Suster era el primer secuestrado que
pertenecía a una de las familias más pudientes del
país. En segundo lugar, Andrés es hijo de
Saúl Suster, ex-presidente de ANTEL y uno de los hombres
de confianza de las dos administraciones areneras. A esto se
añade que, pese al poder económico y
político de su familia, debieron pasar más de 300
días antes de que se hiciera efectiva su
liberación; esto da cabida a pensar que las exigencias de
los secuestradores desbordaban lo puramente económico y
contenían alguna de índole política, pues de
lo contrario es difícil explicar que no se pudieran
satisfacer prontamente sus demandas cuando se contaba con el
poder de la familia Suster y el respaldo de los más altos
funcionarios de ARENA -entre ellos Juan José Domenech y
Alfredo Cristiani.
Teniendo en cuenta lo anterior y observando en retrospectiva
la campaña llevada a cabo por los medios, lo que se
condenó como abominable no fue el ejercicio del secuestro
en general, sino más bien la perdida de seguridad de la
que hasta la fecha habían gozado las clases privilegiadas
del país. El secuestro de Suster ponía en
evidencia, de manera brutal e incuestionable, que los altos
personeros de ARENA no eran todo lo invulnerables que
creían ser. La campaña fue, entonces, la
expresión superlativa del miedo y el temor de estos
sectores, la expresión histérica que
correspondía al hecho de haber sido despojados
abruptamente del paraíso en la tierra. El recurrir a
describir de forma conmovedora las actividades diarias de
Andrés Suster antes del secuestro, el insistir en llamarlo
el "niño Suster", fueron algunas de las estrategias de los
medios para tocar la sensiblería del salvadoreño
promedio y poder lanzar la campaña a nivel nacional.
Lo que cohesionó a los salvadoreños, lo que
llevó a muchos inocentes a rasgarse las ropas y darse
golpes de dolor en el pecho, no fue realmente la situación
de violencia cotidiana que impera en El Salvador, sino el que
esta violencia se hubiera objetivado sobre un "niño", un
miembro de las clases altas del país y, sobre todas las
cosas, de ahí lo execrable, en un familiar de la elite del
partido ARENA. Sin embargo, lo que puede ser criticado en la
campaña no es esto, sino más bien el hecho de que
ella sirvió, tal vez ex-profeso, para dejar de lado las
verdaderas motivaciones de los secuestradores y el trasfondo
político que podría estar por detrás del
secuestro de Suster, en especial si se tiene en cuenta la crisis
por la que atraviesa el partido ARENA.
Luego de la liberación de Suster, de la campaña
sólo han quedado dos cosas: una solidaridad de dudosa
prolongación con "todos" los secuestrados del país
y un renacimiento, a manos de los funcionarios del partido en el
poder respaldados por el "ejemplo" guatemalteco, del debate de la
aprobación de la pena de muerte para los secuestradores y
los violadores. Si la única consecuencia real de la
campaña será el restablecimiento de la pena
capital, puede afirmarse que no se ha logrado ningún
avance en la humanización de la sociedad. El exigir la
muerte para los delincuentes implica dar por supuestas la
imposibilidad de combatir la violencia desde sus causas y
descartar la posibilidad de la reeducación y la
reinserción a la sociedad del que delinque. En este
sentido, los llamados a la interseción divina y a la
humanidad de los secuestradores realizados durante la
campaña muestran su vacuidad, pues rápida y
alegremente se han transformado en un clamor por la muerte y la
venganza.
Centroamérica: entre el sometimiento y la independencia
Una vez más, los países de Centroamérica
han conmemorado la fiesta la gesta inpendencista que puso fin al
dominio de los españoles sobre las naciones de la
región. Como es costumbre, las celebraciones patrias
estuvieron marcadas por la participación de miles de
estudiantes que marcharon portando las banderas de sus
respectivos países; los himnos de cada país,
cantados con "verdadero patriotismo"; y los discursos
grandilocuentes de los mandatarios de cada país quienes
exhortaron entre otras cosas a la integración
centroamericana, la inserción en la economía
mundial y al desarrollo sostenible.
En suma, las intervenciones de los presidentes del área
centroamericana apuntaron a la urgente necesidad de estar unidos
frente a los cambios mundiales. Al respecto, el Presidente de
Guatemala, Alvaro Arzú, señaló que "nuestras
cinco repúblicas enfrentan el formidable desafío de
un mundo globalizado, donde se acrecientan las enormes
diferencias entre países ricos y pobres"; en consecuencia,
"el reto es enorme, pero por ello nos debe llevar a movilizar
todos los recursos de nuestros pueblos en un ambiente de unidad y
esfuerzo común".
En esa misma perspectiva, el Presidente de Costa Rica,
José María Figueres, hizo énfasis en la
integración regional de cada país a lo que
llamó "la gran patria centroamericana", así como la
importancia de impulsar la Alianza para el Desarrollo Sostenible
(ADS). Y es que, en opinión de Figueres, tal alianza
"constituye la mayor oportunidad para que nuestros pueblos
alcancen, a partir de acciones concretas, en el mediano y largo
plazo, su bienestar con equidad".
Por su parte, el Presidente de El Salvador, Armando
Calderón Sol, recordó que "la efemérides que
jubilosos conmemoramos este día, nos permite evocar
nuestro origen de nación soberana, libre e independiente,
y a ver con cifradas esperanzas el futuro, teniendo como
estandarte de nuestras raíces históricas y los
valores cívicos, morales y espirituales que nos legaron
nuestros próceres". Así pues "invitamos
también a todos los sectores de la vida nacional a que
profundicemos el combate contra la delincuencia, así
también contra la pobreza, solidarizándonos con
nuestros hermanos que sufren privaciones, que carecen de trabajo,
techo y condiciones saludables de vida. La pobreza es una afrenta
social que debemos erradicar, haciendo de El Salvador un
país de oportunidades para todos".
Consideraciones
Pese las aspiraciones integracionistas manifestadas por los
presidentes Figueres y Arzú, se debe tener en cuenta que
de lograr entre los países centroamericanos una
integración "formal" -que es por lo que han venido
trabajando los gobernantes-, lo que se estaría alcanzando
es una "legitimación democrática" del modelo socio-
económico de "dos velocidades" que, en consecuencia,
genera dos ciudadanías. Por un lado, amplios sectores y
zonas con una creciente tendencia a la africanización y a
la desintegración social: grandes mayorías -
mujeres, niños y jóvenes- en el desempleo y la
pobreza, con niveles de salud y educación insuficientes
para convertirse en actores de su propio desarrollo. Por otro
lado, una élite poderosa, formada básicamente por
las redes familiares de industriales y financieros extendidas por
la región, secundada por un sector de la clase media
incorporada a su servicio y al servicio del sector más
dinámico de la economía transnacionalizada
(Proceso, 701).
Adicionalmente, es importante que los mandatarios tomen en
cuenta que, a la hora de firmar convenios con países
poderosos o con la banca internacional, se contraen grandes
compromisos que no sólo tienen un carácter
económico, sino que tienen importantes implicaciones en lo
que atañe a la soberanía y la
autodeterminación de las naciones. Es ello lo que permite
explicar en parte las actuales políticas económicas
que se están implementando en los países
centroamericanos. Nuestros presidentes no debieran olvidar que el
día que fueron elegidos para gobernar no se les
confirió ese poder para someterse ante otros, sino para
conducirnos por el camino de la democracia y la equidad. Queda en
pie la pregunta de qué tan libres son nuestros
países y si las celebraciones de independencia no son nada
más que un recurso para legitimar las desigualdades
vigentes en los mismos.
Aprobación legislativa del Presupuesto General de la
nación
Oscar Martínez Peñate
Departamento de Sociología
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
Acerca del presupuesto general de la nación
La preparación del presupuesto general de la
nación le corresponde al Poder Ejecutivo y la instancia
específica encargada de ello es el Ministerio de Hacienda
a través de la Dirección General del Presupuesto.
El Ejecutivo envía el proyecto del presupuesto a la
Asamblea Legislativa para que allí sea discutido y
aprobado. El trámite es similar al que se le aplica a un
proyecto de ley ordinario. El proyecto de presupuesto es enviado
a la Comisión de Hacienda, para que ésta dé
su respectivo dictamen; posteriormente es enviado al plenario
para su discusión y aprobación. En este caso, el
Presidente de la República no puede hacer uso del veto
Ejecutivo.
Cada Asamblea Legislativa tiene su propia metodología
para abordar el presupuesto, por ejemplo, para estudiarlo,
analizarlo, hacer propuestas y sugerir reformas al mismo. Sin
embargo, en buena parte de las Asambleas, el presupuesto es el
que crea más debate y discusión, puesto que los
diputados no sólo se limitan a aprobarlo, sino que tienen
que evaluar la incidencia que el mismo habrá de tener en
la política económica y social del país. "La
mayoría de las Constituciones precisan que si el proyecto
del presupuesto no es aprobado en el tiempo establecido, el
presupuesto del año anterior entrará
automáticamente en vigencia, con la posibilidad de que el
Parlamento lo pueda modificar en el transcurso de la
ejecución" (Jacques Lambert y Alain Gandolfi, 1987).
Asimismo, es en el presupuesto donde se identifica la fuente de
financiamiento, objetivos y metas del programa del partido en el
gobierno, programa que este último pondrá en
práctica en las diferentes áreas y,que
regulará la vida económica, política y
social del país durante un año, en caso de que el
presupuesto sea anual. La función de discutir y aprobar el
presupuesto es uno de los mecanismos de coordinación y a
la vez de control político-financiero que utiliza el
Legislativo sobre la acción del Ejecutivo, puesto que el
presupuesto es una especia de ®brújula¯ que define el
rumbo que orientará a los planes gubernamentales, a la vez
que "fija unos límites financieros a la actuación
del Gobierno" (Maurice Duverger, 1970).
En nuestro país, según el ex-diplomático
salvadoreño Roberto Meza, la Asamblea Legislativa se
encamina hacia el desprestigio, por no ejercer control sobre las
actuaciones del Ejecutivo. Meza considera que "la función
de control es la sustancia de la democracia, aun en la
norteamericana (sic) que tanto nos gusta utilizar como
referencia, ella ejerce una misión de vigilancia y
seguimiento del Ejecutivo( El Diario de Hoy, 20-04-1995).
CUADRO No.1
PRINCIPIOS SUSTANTIVOS Y FORMALES PARA
LA ELABORACIóN DEL PRESUPUESTO
PRINCIPIOS SUSTANTIVOS
PRINCIPIOS FORMALES
PLANIFICACIóN
Este implica la necesidad de formular planes
y programas con amplio alcance y que abarquen las
fases de un programa en un período de
tiempo determinado.
UNIVERSALIDAD
Indica que se deben incluir todos los
elementos cualitativos y cuantitativos; todos los
ingresos y egresos.
UNIDAD
Se concentra en la necesidad de que exista
una unidad de documento, de cuenta y de caja.
PREVISION-PERIODICIDAD
El programa debe ordenar las actividades por
realizar en un plazo determinado.
CLARIDAD
Hay que especificar todas las acciones para
alcanzar el objetivo propuesto inicialmente.
ESPECIFICACION-GENERALIDAD
De la adopción de uno de estos
principios depende la confianza que se tenga en
los órganos políticos o el deseo de
controlar y supervisar las acciones.
PUBLICIDAD
El debate público se da en los
Parlamentos, es menester que la mayoría de
la población se entere de lo que se
está discutiendo.
EXACTITUD
Las estimaciones que contenga el presupuesto
deben ser reales y confiables.
FUENTE: RAMON MATEO, Derecho público de la economía,
Madrid, CEURA, 1985.
JOSé GALVáN, Tratado de
administración general, Panamá, EUPAN, 1976.
GUILLERMO CABANELLAS, Diccionario de derecho usual, Buenos
Aires, Libro de Edición, 1968.
APUD, MARINA RAMíREZ ALTAMIRANO, Manual de procedimientos
legislativos, San José,
IJSA, 1994, p.354.
Procedimientos generales para la aprobación
Por lo general, la Comisión Legislativa de Hacienda
tiene la facultad de asesorarse permanentemente por el organismo
especializado de la Asamblea, por expertos de la Corte de
Cuentas, Banco Central de Reserva, del Ministerio de Hacienda y
del Ministerio de Economía.
La Comisión Legislativa de Hacienda si lo estima
conveniente puede presentar modificaciones al proyecto del
presupuesto; por ejemplo, mociones que reduzcan, eliminen,
aumenten o incluya nuevas partidas y reasignación de
fondos, es decir, trasladar fondos de una institución a
otra. A dicho proyecto se le pueden introducir los cambios
pertinentes, pero se guarda como regla básica que los
gastos no sobrepasen los ingresos ni se creen nuevos impuestos o
se reduzcan los ingresos por la ley que aprueba el presupuesto.
La Constitución Política de El Salvador establece
en el Art.131 que corresponde a la Asamblea Legislativa:
"Numeral 8. Decretar el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la
Administración Pública, así como sus
reformas.
Numeral 9. Crear y suprimir plazas, y asignar sueldos a los
funcionarios y empleados de acuerdo con el régimen de
Servicio Civil.
Numeral 10. Aprobar su presupuesto y sistema de salarios,
así como sus reformas, consultándolos previamente
con el Presidente de la República para el solo efecto de
garantizar que existan los fondos necesarios para su
cumplimiento. Una vez aprobado dicho presupuesto se
incorporará al Presupuesto de Ingresos y Egresos de la
Administración Pública".
El financiamiento del presupuesto se obtiene de la
recolección de impuestos y servicios estatales. De acuerdo
con la estimación de los ingresos que percibirá el
Estado, en esa proporción serán contemplados los
gastos o egresos que el sector público efectuará
para llevar a cabo de una forma coordinada la política
económica y social del Ejecutivo.
En algunos países se contempla de manera fija el
presupuesto de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal
Supremo de Elecciones. El presupuesto de ambas instituciones es
establecido por un porcentaje fijo en relación con el
presupuesto general de la nación, con el propósito
de garantizar su independencia en relación con el
Legislativo y el Ejecutivo. En El Salvador, únicamente se
fija para el Poder Judicial. Al respecto, la Constitución
Política de nuestro país, en el Art.172, dice que
"el órgano Judicial dispondrá anualmente de una
asignación no inferior al seis por ciento de los ingresos
corrientes del presupuesto del Estado".
Control en la ejecución del presupuesto
Por otra parte, la Asamblea Legislativa, a través de la
Comisión Legislativa de Hacienda y apoyada por
especialistas en la materia, le da seguimiento a la
verificación de la ejecución del presupuesto;
asimismo, realiza una constante evaluación durante el
correspondiente año fiscal.
Curiosamente, en El Salvador los diputados no participan en el
control de la ejecución ni establecen evaluaciones
periódicas ni mucho menos son informados por el Ministerio
de Hacienda acerca de la ejecución del presupuesto, a
pesar de que el Ministro de Hacienda se haya comprometido hacerlo
cada tres meses. Además, "la Presidencia de la Asamblea
Legislativa actúa dictatorialmente sobre el conjunto de la
misma, limita sus funciones fiscalizadoras, obstaculiza la
iniciativa de los Diputados y reduce los alcances y la autoridad
del paradójicamente llamado ®primer poder¯" (FMLN, 1996).
De cualquier modo, el seguimiento y evaluación le
permite a los diputados poseer una mayor visión de la
viabilidad, reformas o reestructuración que puedan ser
necesarias que se le efectúen al presupuesto. A la vez que
el próximo presupuesto general de la nación no
constituye una sorpresa que envía el Ejecutivo al
Legislativo siempre que está por finalizar el año
para que de una forma improvisada y apresurada lo aprueben.
La pena de muerte ¿vale la pena?
Sin dudar un instante, la respuesta es no. Independientemente
de las demagógicas razones que están utilizando sus
actuales promotores, son más los argumentos objetivos que
nos dan la razón para oponernos a que esta medida se
aplique de nuevo en el país, a fin de sancionar con ella
cierto tipo de delitos. Examinemos por qué nuestra
posición ahora que, tras el publicitado fusilamiento de
dos campesinos guatemaltecos acusados de un horrendo y condenable
crimen, se ha desatado una campaña desenfrenada en favor
de la llamada "pena capital" en El Salvador.
Desde nuestra óptica, consideramos que con esa
cuestionable propuesta --mediante la cual se dice responder al
clamor de una población cada vez más insegura y
angustiada-- lo que en realidad se está haciendo es
faltarle al respeto a la misma gente que se dice defender,
ofreciéndole esa "solución" dizque "inmediata".
Después de todo lo que ha sufrido este pueblo, es
necesario que se le hable con la verdad y no se continúe
engañándolo; ni la tan desprestigiada "clase
política" ni las y los gobernantes de turno pueden
continuar mintiéndole impunemente.
Y eso, precisamente, es lo que se está haciendo ahora ya
que nadie o casi nadie ha explicado suficientemente que para
reimplantar esa disposición en el país es necesaria
una reforma constitucional que --de ser aprobada por esta
Asamblea Legislativa-- tiene que ser ratificada por las y los
diputados que tomarán posesión de sus cargos hasta
mayo del próximo año. Nadie o casi nadie,
además, ha mencionado que se deben hacer otras cosas;
entre ellas: que es obligación denunciar tratados
internacionales de los cuales El Salvador es signatario y
reformar algunos aspectos de la legislación secundaria
nacional en materia penal y procesal penal.
Si bien les va a sus promotores, la pena de muerte sólo
se podrá aplicar en los delitos que ellas y ellos decidan,
realizados a partir de la fecha de su entrada en vigor. Estamos
hablando, pues, de casos que puedan tener lugar dentro de 8 meses
en adelante como mínimo, si es que la próxima
legislatura ratifica durante el primer mes de su
instalación lo que la actual Asamblea parece que
aprobará en ese sentido.
Pero --ojo!-- además se debe considerar que, una vez
cometido el delito, éste deberá ser investigado por
una Policía Nacional Civil (PNC) que todavía no
resulta del todo confiable. Imagínense ustedes qué
harán para evitar esa sanción los pocos o muchos
elementos de la PNC --no sabemos a ciencia cierta cuántos
serán-- que desde dentro de la misma institución se
han encargado, hasta la fecha, de obstaculizar o desviar ese tipo
de diligencias para encubrir hechos delictivos porque han
participado directamente en ellos o porque alguien interesado les
pagan para hacerlo. Y, además, habría que esperar
los resultados del trabajo que debe desempeñar esa
maquinaria lenta y menos confiable aún, mal conocida como
la "administración de justicia" salvadoreña.
Imagínense ustedes esas dos piezas claves para lograr
una aplicación adecuada de la ley en el caso de la pena de
muerte, cuando hasta ahora adolecen de grandes deficiencias y no
se han caracterizado precisamente por colaborar entre ellas. Por
el contrario, lo que se ha observado es una andanada de
acusaciones mutuas intentando librarse de culpa por la ineficacia
estatal para enfrentar el fenómeno delincuencia en el
país y sus consecuencias negativas en el ánimo de
la población. Si bien les va a sus impulsarais, pues, de
aquí a cuatro años --o más, quizás--
se podría estar satisfaciendo el morbo de quienes quieren
ver al Estado, de nuevo, quitándole la vida a una persona.
Cabe preguntarse, entonces, ¿qué pasará
durante esos cuatro o más años?
¿Podríamos pensar que dejarán de cometerse los
crímenes y otros hechos delictivos que ahora nos indignan
con razón? No y, mientras tanto, tampoco se hará nada
por mejorar la capacidad institucional para perseguir y sancionar
a los delincuentes. Por eso resulta más indignante ver
cómo, al calor de una campaña electoral --que
algunos partidos ya la iniciaron desde hace ratos de manera
ilegal y extraoficial-- o de las pugnas internos que les
están afectando, se trate de distraer la atención y
se engañe a la gente que se siente cada vez más
desprotegida y dispuesta a probar cualquier cosa con tal de salir
del temor en el que vive cotidianamente.
Además, aquí como en otros lugares se ha dicho
que con esta medida --de aprobarse-- se reducirá el nivel
de violencia en el país, pues sus "padrinos" y "madrinas"
sostienen que sirve para disuadir a las personas que van a
cometer un delito. ¿Será verdad eso? Tampoco. Es otra
mentira: según estudios realizados por médicos
ingleses a partir de una experiencia de 35 años en
prisiones, "la disuación no es de manera alguna el asunto
sencillo que algunos consideran... Los asesinos, en una alta
proporción, están tan tensos en el momento del
crimen que son insensibles a las consecuencias que ello les
acarreará; otros consiguen convencerse de que
podrán librarse de ellas".
Y en nuestro país, ¿quién puede temer a la
verdadera justicia cuando observa que ésta no funciona?
¿cómo asegurarnos que aquella persona decidida a
realizar un delito grave --por las razones que sean-- esté
realmente convencida de que no podrá burlar el peso de la
ley, cuando se ha dado cuenta que es nuestro país el reino
de las trampas que favorecen a los grandes criminales y
delincuentes de todo tipo, vía amnistías o dinero
de por medio?
"Los delincuentes que planean delitos graves de manera
calculada --afirma Amnistía Internacional (AI)-- pueden
decidir seguir adelante a pesar del riesgo, en la idea de que no
los cogerán. La clave de la disuación en estos
casos es aumentar la probabilidad del descubrimiento, la
detención y la condena. La pena de muerte puede ser
incluso contraproducente al distraer la atención de las
autoridades y de la opinión pública de los
esfuerzos necesarios para efectuar mejoras reales en la lucha
contra la delincuencia".
Tristemente en muchos casos, nuestro país es un
territorio del cual se pueden extraer lecciones importantes de
hechos muy graves y dolorosos. Por eso podemos decir, con toda
certeza, que en El Salvador existe un ejemplo reciente del
fracaso de la pena capital: el de cerca de 30 ejecuciones
realizadas en el oriente del país por el "escuadrón
de la muerte" conocido como "La Sombra Negra". En un territorio
focalizado y en un tiempo determinado, fueron asesinadas esas
personas sin que --hasta la fecha-- se sepa con certeza si
realmente eran delincuentes o no. ¿Disminuyeron los
índices de violencia e inseguridad en esa región
con la criminal campaña que aplaudieron algunas
autoridades políticas, que decía responder al
"clamor popular" y que contó con la participación
de miembros de la PNC? Para nada.
No señoras y señores gobernantes y
políticos. Tengan más respeto para este sufrido
pueblo que, desde hace mucho, está despierto. Por su
irresponsabilidad, no dejen que vuelva a vivir situaciones
desesperantes y que pierda la esperanza de que éstas
pueden superarse, pues las consecuencias de eso son muy
peligrosas. La pena de muerte, sin duda, no vale la pena; lo que
sí vale la pena es trabajar porque, de una vez por todas,
en El Salvador funcionen las instituciones y se aplique la ley
sin discriminación para que --por fin-- brillen la verdad
y la justicia.
De seguir así, señoras y señores polticos
y gobernantes irresponsables, son ustedes quienes deberían
morirse de pena por su incapacidad para encontrar soluciones
creativas, respetuosas de la legalidad y los derechos humanos,
que verdaderamente alivien la situación de la
población y le garanticen vivir en un país seguro,
por el cual se sacrificaron tantas personas que sí
valían la pena y que no debieron haber muerto.
ARENA REVISARA ESTATUTOS. Dirigentes del partido Alianza
Republicana Nacionalista (ARENA) informaron el 12.09 la
intención de modificar sus estatutos, en el marco de la
clausura del encuentro entre dirigentes de partidos conservadores
de Centroamérica, México, España y Francia.
La jefa del Consejo Ejecutivo Nacional de ARENA (COENA), Gloria
Salguero Gross, anunció que ARENA modificará sus
estatutos para establecer que el presidente del partido no sea
necesariamente el candidato a la Presidencia de la
República, tal como ha ocurrido desde 1981. De igual
forma, la diputada Carmen Elena Calderón de Escalón
confirmó dichas reformas estatutarias. Mientras tanto, en
referencia a la renuncia de Juan José Domenech a la
presidencia del COENA y la revisión de los estatutos del
partido, el Coronel Sigifredo Ochoa Perez declaró el 15.09
que "si ARENA hace los cambios que tiene que hacer y no se
aferra a patrones rígidos, continuará siendo la
primera fuerza política, pero tiene que demostrar que hay
voluntad para abrir espacios". Sin embargo, sostuvo que tanto la
renuncia como el paso de algunos miembros del partido a otros
institutos políticos "se debe a esa rigidez y
aferrasón en no cambiar los estatutos". Ochoa Perez
consideró que "todo tiene que irse adecuando a los
tiempos, y ARENA no puede ser la excepción". Los
conflictos desencadenados en el partido oficial, en los
últimos meses, a juicio del ex funcionario "podrían
desencadenar situaciones de ingobernabilidad". El militar
declaró que en la estructura interna de ARENA, "más
que diferencias, hay distintas corrientes, y sobre todo se debe
respetar la forma de pensar, aunque sean distintas del que tiene
el mando o control de un partido" (DL 16.09 p.3 y LPG 13.09 p.30-
a).
IMPULSAN PENA DE MUERTE. La fracción legislativa de ARENA
declaró el 13.09 que lanzará el reto a los partidos
de oposición para que respalden la reinstauración
en el país de la pena de muerte, como una forma para
combatir el alto índice de criminalidad. ARENA
retomó la iniciativa después del secuestro y
liberación de Andrés Suster, así como de la
ejecución de dos guatemaltecos implicados en el secuestro,
violación y asesinato de una menor de cuatro años.
"Lanzaremos el reto a la oposición legislativa para que
comprenda la necesidad que existe de legislar en favor del
pueblo, por los niños y las niñas que son violados
y asesinados por sujetos inescrupulosos", declaró el
Presidente de la Comisión de Legislación y Puntos
Constitucionales del Organo Legislativo, Walter Araujo; en cuanto
a la limitante de los acuerdos internacionales firmados por El
Salvador que le impiden incluir en su legislación la pena
capital, el jefe de fracción de ARENA, Juan Duch
Martínez, expresó que se puede eliminar renunciando
a dichos tratados, ya que según él no se puede
vivir condicionado por la forma de vida de otros países.
De igual forma, el Ministro del Interior, Mario Acosta Oertel,
hizo un llamado a sus colegas diputados para que reconsideren la
necesidad de modificar la Constitución Política, en
el sentido de que se instale la pena de muerte. Según el
diputado, aún en países como Estados Unidos -fiel
defensor de los derechos humanos- en muchos Estados, se aplica la
pena de muerte para casos tipificados. Por su parte, el
Presidente de la República, Armando Calderón Sol,
se pronunció el 17.09 a favor de la aprobación de
la pena de muerte que según él contribuiría
a disminuir los índices de delincuencia. "No es posible
seguir tolerando los niveles delincuenciales a los que hemos
llegado, creemos que la pena de muerte tiene que implementarse
para algunos delitos", afirmó (LPG 14.09 p.11-a, DH 14.09
p.3, LPG 16.09 p.3-a y LPG 18.09 p.5-a).