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© 1997 UCA Editores
Año 17
número 741
enero 15
1997
ISSN 0259-9864
Reacomodo en la derecha
La unidad granítica de ARENA en cuestión
Comentarios críticos a la evaluación económica del gobierno
Aberraciones de la lucha contra la delincuencia
Cinco años después...
ARENA se encuentra desconcertado por la salida de dos conocidos miembros de su comisión política, un ex vicepresidente, un ex diputado y ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, un ex coronel y varias decenas de alcaldes. Todos ellos abandonaron ARENA y pasaron a formar parte del Partido de Conciliación Nacional. Además, está anunciada la defección de varios diputados. Es, pues, comprensible que ARENA se encuentre desconcertado.
Los voceros del partido mayoritario se esfuerzan por restar importancia a los hechos, pero sin convencer. Sin duda, la decisión de cambiar de partido político es siempre muy personal y en cuanto tal debe ser respetada. Asimismo, es evidente que en el país hay suficiente apertura como para cambiar de partido político. Es menos claro, sin embargo, que estas defecciones en la cúpula de ARENA se contrarresten con centenares de nuevas afiliaciones. El problema no es cuantitativo, sino de dirección política y de poder. Ninguna de las razones dadas, algunas de ellas expresadas con una cortesía forzada, toca el meollo de la cuestión.
Los desertores, en cambio, alegan que la dirección de ARENA no se encuentra en sus organismos internos, sino en casa presidencial; que las decisiones se toman no considerando el interés del partido y del país, sino el del reducido grupo que rodea al presidente de la república; que el verticalismo se volvió intolerable, de tal manera que si no se pertenece al exclusivo círculo que dirige el partido no se es escuchado. En pocas palabras, esto querría decir que quienes abandonan ARENA lo hacen porque han sido excluidos del círculo de poder que decide en el partido y el gobierno.
Asimismo, alegan su preocupación por el deterioro alarmante de la situación socioeconómica de la mayoría de los salvadoreños. Aparentemente sus preocupaciones no habrían sido escuchadas por quienes dirigen el partido y el gobierno, viéndose así obligados a abandonar ARENA y a buscar refugio en otro partido donde sí encontrarían eco. Pero esto es menos verosímil. Ninguno de ellos se ha destacado por preocuparse seriamente por la pobreza y la violencia que padece el pueblo salvadoreño. Cuando fueron funcionarios públicos, la situación de las mayorías no les provocó ningún desvelo. Al menos no lo demostraron. El partido en el cual han encontrado cobijo tampoco ha sido un abanderado de los cambios sociales.
Ni los que se quedan ni los que se van están dispuestos a reconocer la verdad. La dirección de ARENA, cuestionada como nunca antes, se niega a aceptar que experimenta una crisis interna, provocada por la lucha de poder. Los esfuerzos de sus voceros no logran disimular el golpe recibido. Los que se van confirman la existencia de una sorda lucha por el poder dentro del partido y el gobierno, la cual no sería extraño que estuviera vinculada a algunos hechos violentos.
Los descontentos que hoy abandonan ARENA por no haber podido negociar en su seno sus cuotas de poder, lo harán desde fuera, pero siempre en el campo de la derecha anticomunista y antimarxista. La negociación desde el Partido de Conciliación Nacional es posible porque ARENA necesita sus votos en la asamblea legislativa. Nada más que ahora, los votos pecenistas serán más caros política y económicamente. Si, además, ARENA llegase a perder diputados en la asamblea actual y el Partido de Conciliación Nacional los ganara, su posición en la legislatrura se volvería más precaria. Si este fuera el caso, el gobierno no podrá contar con la docilidad de la asamblea legislativa en los próximos meses.
Las elecciones de marzo podrían consolidar el poder de los pecenistas en la asamblea legislativa y en el espectro político nacional. Las encuestas muestran que desde hace algunos meses ARENA pierde votos de manera notable, al punto que se aproxima al FMLN. Esta pérdida de votos se explica por el descontento predominante con el partido y su segundo gobierno. La división entre los demócrata cristianos y la debilidad de la coalición de los partidos pequeños podrían llevar los votos desengañados de ARENA al Partido de Conciliación Nacional. Por lo tanto, existe la posibilidad real de que ARENA pierda la mayoría en la asamblea legislativa y, entonces, se vea obligado a negociar con los dirigentes que hoy lo abandonan en rebeldía abierta.
Para el Partido de Conciliación Nacional, el futuro se presenta promisorio aparentemente, porque estaría a punto de revivir glorias pasadas de triunfo y poder. En realidad, su situación no es tan buena como parece a primera vista. Hasta ahora, las órdenes las recibía de afuera, es decir, de ARENA; pero a partir de este momento, las recibirá desde dentro. La dirigencia actual está siendo desplazada impúdicamente por los recién llegados. Por lo tanto, su futuro depende del curso que tome la negociación de los areneros rebeldes con su antiguo partido. Dicho con otras palabras, el Partido de Conciliación Nacional está siendo utilizado por los descontentos de ARENA para conseguir sus propósitos particulares.
El reacomodo no es, pues, tan simple como dicen algunos dirigentes desconcertados de ARENA. Ciertamente, es un reacomodo de la derecha -o como dicen otros, un cambio de habitación en la misma casa. Pero no es tan sencillo. Se trata de una lucha por el poder del partido y del gobierno. Al no ponerse de acuerdo en el interior de aquél, los excluidos se apoderan del partido más próximo y con mejores posibilidades para potenciar su lucha desde afuera. ARENA se encuentra en un aprieto bastante complicado. Nadie lo había desafiado como ahora lo hace este grupo, salido de sus propias filas. La miopía y la mala dirección política le han creado un segundo adversario con potencial para socabar un poder que hasta ahora ha sido casi absoluto.
La cercanía de la campaña electoral ha avivado los enfrentamientos internos en los partidos políticos, las ambiciones de poder y las expectativas en torno a las candidaturas, todo lo cual ha acaparado la atención de los medios de comunicación social en los últimos meses. Las primeras señales de cambios en el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) aparecieron públicamente desde agosto del año recién pasado, cuando, el entonces Coordinador General de ARENA, Víctor Antonio Cornejo Arango, "El Maneque", miembro del sector agropecuario y fundador de ARENA, solicitó la renuncia del Presidente del COENA, Juan José Domenech. A ello se sumó el Coronel Sigifredo Ochoa Pérez, ex presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), quien afirmó que existían divisiones al interior de ARENA, al tiempo que calificó al Consejo Ejecutivo Nacional (COENA) de verticalista.
Las acusaciones de otros ex miembros del partido en contra de la gestión del COENA siguieron la misma tónica, asegurando muchos de quienes las formularon que habían optado por retirarse del mismo porque este había perdido el carácter que le impuso su fundador, el mayor Roberto D'abuisson. Todo ello sugiere un espiral ascendente de contradicciones y debilitamiento al interior del partido. Volviendo a Cornejo Arango, éste pasó, de las acusaciones y declaraciones públicas, a acciones de presión. Recuérdese sus intenciones de influir sobre la convención arenera de agosto, en la cual se eligió como Presidenta del partido a Gloria Salguero Gross, tras la renuncia de Domenech. Las contradicciones se agudizaron y en noviembre "El Maneque" renunció a su antigua militancia e incorporándose posteriormente al Partido de Conciliación Nacional (PCN)
Los problemas al interior de ARENA continuaron generando interés y especulaciones en el ámbito político. Es en este clima que se realizó la convención del 21 de diciembre, en la cual fueron electos los candidatos para conformar la plancha nacional y los gobiernos municipales. Lo más notorio del evento fue que prominentes miembros del partido no fueron tomados en cuenta en las candidaturas, cosa que provocó nuevas deserciones, entre las que destacan la del coronel Ochoa Pérez, Mauricio Gutiérrez Castro y la del ex vicepresidente de la república Francisco Merino, juramentados poco después como miembros del PCN. Se trataba, pues, de deserciones grupales y no individuales, tal y como había venido sucediendo hasta entonces.
En este contexto, no pueden obviarse las reacciones generadas por los acontecimientos reseñados. Algunas de ellas fueron excesivamente triunfalistas, pues llegaron a considerar incluso la posibilidad del desplome o crisis total de ARENA. Otras, más moderadas, interpretaron lo sucedido como debido a pugnas de poder al interior de la derecha presentadas, hacia afuera, como diferencias ideológicas. Finalmente, hubo quienes, simplistamente, aseguraron que la incorporación de ex miembros de ARENA al PCN obedece una estrategia del primero encaminada a "tomarse" al segundo para utilizarlo en su propio beneficio con el consentimiento de su dirigencia.
En este sentido, es importante señalar algunos elementos que son útiles para un acercamiento más crítico al problema, al tiempo que permiten explorar las posibles consecuencias del mismo. En primer lugar, existe al interior de ARENA una campaña encaminada a dejar fuera de toda actividad política pública a aquellos miembros acusados de actos al margen de la ley. No hay que olvidar la renuncia de Juan José Domenech a la Presidencia de ARENA, luego de acusaciones en su contra por delitos de corrupción, evasión fiscal y vínculos con el narcotráfico. Pueden además citarse los casos del ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Gutiérrez Castro, quien renunció a su cargo luego de ser señalado por la Comisión de la Verdad como un obstáculo para las investigaciones judiciales de delitos relacionados con la guerra y del coronel Ochoa Pérez, quien durante su gestión al frente de CEL fue acusado de corrupción al interior de la institución.
En segundo lugar, los cambios en ARENA están abriendo espacio a los miembros jóvenes del partido que forman parte de la representación legislativa arenera; ello permite suponer que existe un interés por desplazar a la antigua cúpula en el poder. No se puede obviar que detrás de estos intentos "renovadores" se encuentran figuras políticas del partido que no sólo potencian estas candidaturas sino también las propias, creando de ese modo un caudal de apoyo que beneficie sus propias aspiraciones políticas.
Si se observa la lista de candidatos para la legislaturas y los gobiernos municipales, se destaca la presencia de figuras políticas al interior de la Asamblea Legislativa, pero también la candidatura de Roberto D'abuisson, hijo del desaparecido fundador de ARENA, con lo cual se pretende rescatar, en la figura del hijo, el simbolismo del padre como "héroe" de la derecha. Como quiera que sea, la representatividad de ARENA puede ser cuestionada, pero lo que no se puede obviar son las intenciones por presentar al partido como una institución que, a pesar de los desequilibrios por los cuales está atravesando, se prepara con todo lo que tiene para la contienda electoral.
No cabe duda de que son las ambiciones de poder las que están generando los conflictos internos en ARENA y, sea cual fuere la magnitud de los mismos, detrás de los cambios partidarios y las candidaturas aquéllas constituyen el denominador común de las diferentes fracciones enfrentadas. Examinando el caso de los antiguos militantes de ARENA incorporados al PCN, los intereses son en general los mismos. Así, las declaraciones de Ciro Cruz Zepeda, Secretario General del este instituto político, sobre sus nuevos miembros son reveladoras al respecto: "se incorporan para participar en la toma de decisiones y en la conducción del partido a nivel departamental y nacional… Se les facilitará posiciones dentro de la circunscripción nacional y otros que podrían ir dentro de las listas departamentales".
En fin, el proyecto de la derecha parece cobrar fuerza, frente a una izquierda que no tiene claro un proyecto que aglutine al país. La falta de capacidad propositiva de esta última está provocando serias dudas sobre los intereses que pretende representar y sobre sus posibilidades reales en las elecciones de marzo próximo. No se puede obviar que los Acuerdos de Paz tenían implicaciones concretas, especialmente poner fin al conflicto armado, y en este tránsito el principal reto era sentar las bases para el funcionamiento de la democracia y la creación de una sociedad más armónica y civilizada. Sin embargo, los acontecimientos descritos, así como la dinámica social en la postguerra, han desencadenado desequilibrios socio-políticos imprevistos que amenazan con alejar al país de los propósitos democratizadores de los Acuerdos de Paz. Un elemento central y que incide sobre todo el proceso es la falta de credibilidad del sistema político salvadoreño.
Las perspectivas y posibilidades democratizadoras que se abrieron a partir del fin de la guerra y el advenimiento de la paz están perdiendo terreno por las debilidades del sistema y por la falta de coherencia en los proyectos de la izquierda, así como por el peso que la cultura política tiene sobre el ordenamiento socio-político. Las condiciones para que la credibilidad de los políticos y la política sea posible pasan por una redefinición del papel de los mismos; su ausencia representa un vacío en la construcción de la democracia.
Las divergencias entre las interpretaciones de la coyuntura económica han sido frecuentes a lo largo de la gestión de los diferentes gobiernos que ha tenido El Salvador en las últimas décadas; las mismas, además, casi nunca encontraron voces disonantes en los grupos empresariales o profesionales. Sin embargo, en la actualidad las evaluaciones económicas oficiales han llegado a tomar gran distancia de las pertenecientes a otras entidades de la sociedad civil, como gremiales empresariales, profesionales y universidades.
Desde el inicio de la gestión de ARENA ha sido claro que su política económica no estaba diseñada para favorecer a los sectores mayoritarios del país, es decir, los de menores ingresos; lo cual explica la necesidad de que el plan de gobierno incluyera medidas de compensación social para favorecer a los sectores más empobrecidos por aquella. Los principales destinatarios de los beneficios del nuevo modelo económico han sido fundamentalmente los miembros de la empresa privada.
Con todo, a partir de datos recientes resulta evidente que el desempeño económico ya ni siquiera satisface las expectativas del sector empresarial. Tomando como referentes, por un lado, el discurso presidencial del 1 de enero en el cual se hizo una evaluación de la primera mitad del primer gobierno y, por el otro, las posturas de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas (COLPROCE) es notable que existen diferentes interpretaciones de la coyuntura actual: por un lado, el gobierno hace una injustificable lectura optimista de los indicadores económicos y, por el otro, las gremiales y otros miembros de la sociedad civil consideran que los indicadores económicos reflejan crisis en el modelo de crecimiento y muestran la necesidad de medidas emergentes.
Como se trata de mostrar a continuación, la lectura de los indicadores económicos presente en el mencionado discurso presidencial es tendenciosa y superficial y soslaya algunos de los principales problemas económicos actuales, los cuales de no ser enfrentados podrían comprometer la viabilidad del crecimiento económico con estabilidad. En lo que sigue, se busca aclarar algunas de las causas e implicaciones del comportamiento económico reciente descrito en el discurso presidencial y, adicionalmente, presentar algunos elementos del diagnóstico y recomendaciones de ANEP y COLPROCE que podrían aportar elementos de un remozamiento de la política económica.
Lo que no dice el discurso presidencial
En el aspecto económico de la presentación presidencial se contemplan 7 puntos principales para argumentar que "todos los indicadores económicos muestran resultados positivos": crecimiento económico de 3%; inflación de entre 7% y 8%; caída de tasas de interés desde 22% a 16%; crecimiento de 10% en las exportaciones; estancamiento de las importaciones; y, finalmente, ingresos de 1,100 millones en concepto de remesas familiares. Como se trata de mostrar a continuación, todas estas cifras carecen de sentido sin un adecuado contexto para interpretarlas, al grado que aparentes logros son en realidad señales de contracción económica, profundización de la dependencia de flujos externos de divisas y caída de la inversión.
En primer lugar; el crecimiento económico de 1996 (3%), aunque bueno, fue menor en un 50% al experimentado durante 1995 (6%); por otra parte, la inflación aunque inferior a la de 1995 tiene la particularidad de haber sido generada principalmente a partir de incrementos desproporcionados en los precios de los alimentos, especialmente los granos básicos. Las tasas de interés promedio para el mes de octubre reflejan en realidad que las tasas activas a mediano plazo se encontraban a un nivel de 18.8% y, a la vez, que entre octubre de 1995 y octubre de 1996 se registró una ampliación de los márgenes de utilidad de las instituciones financieras. Asimismo, las exportaciones crecieron a un ritmo notoriamente inferior al evidenciado durante 1995, especialmente por el comportamiento prácticamente estático de las exportaciones tradicionales y no tradicionales.
Las importaciones se mantuvieron al mismo nivel de 1995, no porque se registrara una reducción de importaciones no necesarias o de consumo, sino más bien fue debido a la caída de las importaciones de bienes intermedios y de capital utilizados en el proceso productivo. En realidad, las importaciones de bienes de consumo se incrementaron durante los últimos meses.
Finalmente, los ingresos derivados del envío de remesas familiares ciertamente viabilizan la acumulación de reservas internacionales netas, pero a la vez reflejan que la economía salvadoreña por sí misma no es sostenible. Considérese por ejemplo que el incremento de las reservas internacionales netas fue de 1,085 millones de dólares y el volumen de remesas familiares de 1,100 millones de dólares, lo cual implica que en ausencia de las primeras se habrían perdido 15 millones de dólares de las reservas internacionales netas.
Algunos problemas económicos
La situación anterior ha venido a afectar directamente a los empresarios, especialmente porque ha implicado estancamiento de la producción y en muchos casos caída de la misma. El principal cuestionamiento que emana la ANEP está centrado en que el crecimiento no ha sido cosechado por todos los sectores económicos, especialmente el sector agropecuario y el industrial. Este hecho sumado a que, para la ANEP, 1996 fue un año de "desaceleramiento" después de 5 años de crecimiento justificarían la adopción de medidas emergentes por parte del gobierno, tales como: agilizar las privatizaciones, promover la inversión extranjera y fomentar políticas para el agro, la industria, la microempresa y el turismo. Especialmente importante es para la gremial empresarial la independización del Banco Central de Reserva (BCR) para mantener la estabilidad macroeconómica "e institucionalizar la conducción de la política financiera, bajo criterios eminentemente técnicos".
Por su parte, el COLPROCE considera que durante 1996 la situación inclusive podría haber sido peor que lo planteado oficialmente, pues "tan preocupante era el comportamiento del IVAE, que a partir del mes de junio el BCR optó por introducirles algunas modificaciones a su estimación y por mantener muy restringidas su divulgación". Esta situación, empero, sería a su juicio más bien un problema coyuntural que aunque difícil puede ser superado. Además, según esta interpretación, desde 1989 a la fecha se ha mejorado notablemente la situación económica con las reformas neoliberales desarrolladas desde entonces, pero aún restaría "la ejecución de una segunda generación de reformas que complemente la iniciada en 1989" y que perseguirían incrementar el ahorro, la inversión, los niveles educacionales, la productividad y promover el crecimiento económico hacia afuera.
Consideraciones
La evaluación económica presidencial trata de ocultar que la situación económica coyuntural se encuentra fuertemente comprometida. En este sentido, parece haberse experimentado un retroceso desde aquel ofrecimiento presidencial de 12 medidas emergentes hecho en junio pasado, pues el mensaje implícito es que la economía esta bien y no requiere de medidas excepcionales. Por el contrario, a juicio de la empresa privada y de la mayor parte de la sociedad civil, la situación económica se ha deteriorado notablemente durante los últimos meses y continúan requiriéndose medidas emergentes para una reactivación económica.
En gran medida, la solución de los problemas de la coyuntura actual requieren la revisión medidas adoptadas durante los últimos años, alabadas por instituciones financieras internacionales, pero que no han logrado fortalecer la economía salvadoreña. Por ejemplo, una medida fundamental para recuperar altos niveles de crecimiento y fundamentar la estabilidad macroeconómica es, sin lugar a dudas, la reorientación del crédito hacia actividades generadoras de bienes transables; lo cual necesariamente pasa por una redefinición de las reglas del juego del sistema financiero.
Tal vez una de las ideas más equivocadas que se pueden concebir para combatir un problema social es la de combatirlo con un nivel de intensidad equivalente o mayor con el cual se presenta; en otras palabras, el combatir el fuego con mayor fuego. El error y el peligro se acentúan aún más cuando la problemática genera un clamor popular y este es utilizado por las entidades gubernamentales encargadas de solucionarla para legitimar las más absurdas y constitucionalmente aberrantes medidas o cuando sirve de pretexto para que los cuerpos policiales y de justicia actúen de manera irresponsable e indiscriminada.
Lo anterior se aplica a cabalidad a la cuestión de la delincuencia, ya sea común u organizada. Como ya es sabido, en el camino de su solución, el gobierno de Calderón sol ha probado y vuelto a probar, sin poco o ningún éxito, las más variadas de las medidas, muchas de ellas atentatorias contra lo logrado tras la firma de los Acuerdos de Paz. Sin embargo, la responsabilidad por este periplo de desatinos y equivocaciones no sólo le pertenece al sector gubernamental, sino también a un gran gama de actores sociales, los cuales ejerciendo presión desde los medios de comunicación mediante críticas más negativas que constructivas o propositivas han permitido que la carrera contra la delincuencia se volviera alocada y confusa.
Tanto la insana preocupación de algunos medios escritos y televisivos por los crímenes más sórdidos como la obsesión de algunos analistas por reiterar en la necesidad de endurecer leyes que, a su juicio, protegen al delincuente, propició el que se consolidara la idea de que para combatir a los delincuentes era necesaria la acción más dura y tajante. Si las leyes vigentes eran insuficientes, pues había que reforzarlas, aun cuando ello implicara pasar por encima de las garantías individuales más básicas; si los policías eran insuficientes o ineficientes para combatir a los que se mantienen al margen de la ley, entonces no era desproporcionado sacar el ejército a las calles o hacer mayor énfasis en el aumento de la fuerza de la PNC que en su preparación y educación en el respeto a los derechos humanos; si aquellos delincuentes que eran puestos tras las rejas reincidían o actuaban con mayor saña contra la población, entonces la pena de muerte se presentaba como la única opción a elegir.
Esta presentación parcializada de la violencia delincuencial que ve el problema como irracional e incausado ha llevado, pues, a que las conatos de solución que se han tomado padezcan a su vez del mal de la irracionalidad, dejando así de lado la búsqueda de soluciones estructurales, de largo alcance y orientadas a proteger la integridad física y moral de los ciudadanos. Los peligros de este tipo de solución son muchos, pero ahora interesa resaltar dos: la paulatina perdida de la presunción de inocencia y el creciente desprecio a la vida de los supuestos delincuentes, lo cual se expresa en las continuas denuncias de uso indebido de fuerza por parte de la policía.
Posiblemente son pocas las personas que recuerdan el caso de un joven campesino al que hace cerca de dos años se le arrestó porque se le acusaba de haber violado a una niña de menos de un año de edad. A pesar de que el adolescente afirmaba ser inocente, las autoridades lo recluyeron en una prisión de alta seguridad y los medios emprendieron una campaña casi unánime en la que se le describía como el más despreciable de los sujetos. Días después salió a la luz pública que el médico forense que había efectuado el reconocimiento a la menor había errado en el diagnóstico de violación, por lo cual la acusación era infundada y basada en meras especulaciones.
Aunque el muchacho fue liberado inmediatamente, no hay que pensar mucho para imaginar lo difícil que le ha de haber sido reintegrarse y reconstruir su vida después de haber sido estigmatizado como un delincuente. El infortunado fue la víctima inocente de una sociedad que pedía el castigo inmediato para cualquier acusado de delinquir, de un sistema judicial y un cuerpo policial que de la forma que fuera trataba de estar a la altura de la lucha contra la delincuencia que exigía la población, y de unos medios de comunicación que se habían asignado la tarea de linchar públicamente, mediante la denigración personal, a los presuntos delincuentes.
Desde aquel entonces quedó claro que la cruzada nacional contra la delincuencia había ya degenerado en una caza de brujas en la cual todo presunto delincuente era a priori culpable; en la hoguera organizada y permitida por la sociedad había ya ardido la elemental presunción de inocencia que por derecho le pertenecía a cualquier ciudadano con independencia de las circunstancias.
Si la delincuencia es un problema gravísimo y de amplias repercusiones, las respuestas dadas a ella por la sociedad lo son aún más; este caso es sólo una muestra de ello, muestra de que en su combate se ha obviado apuntalar y fortalecer los mecanismos necesarios para que la justicia pueda ser aplicada sin negligencia ni crasas equivocaciones. Sobra mencionar lo que podría haber sucedido si el error del médico no hubiera sido reconocido a tiempo y hubiera estado vigente la tan ansiada pena capital.
Otro suceso lamentable fue el de William Antonio Gaytán, el cual murió, a principios de 1995, cuando un grupo de policías abrió fuego sobre el automóvil en el cual se transportaba. Las en extremo irregulares condiciones en que se dio el hecho (por ejemplo, el que los agentes decidieran disparar aun cuando ninguno de los ocupantes del carro portaba armas de fuego o el que Gaytán fuera rematado por el motorista de la radio patrulla a pesar de que ya estaba lesionado de muerte) dejan por sentado que la PNC dista mucho de poder mediar con el problema delincuencial con una total garantía de respeto a la vida e integridad de los sospechosos. Con Gaytán los policías no sólo presupusieron que era culpable, sino que se extralimitaron en la medida de la fuerza que es legítimo utilizar contra un sospechoso. ¿Quién es el culpable de esto? ¿A quién se le puede imputar un procedimiento policial que desborda los derechos más elementales de los ciudadanos, sean estos delincuentes o no?
Estos dos casos son la expresión de una sociedad cegada por un problema ciertamente grave, pero ante el cual se busca una cauterización que no identifica los puntos medulares que son necesarios para erradicarlo. Mientras la presión para que la PNC actúe drásticamente y sin contemplaciones continúe, mientras los ciudadanos sigan exigiendo piezas de caza para calmar su inseguridad y temor, y en tanto las entidades gubernamentales mantengan su negativa de contemplar la delincuencia de manera seria, objetiva y responsable será difícil, sino imposible, que estos hechos no se sigan repitiendo.
¿Quién conoce el estado crítico en que se encuentra la impartición de justicia en nuestro país? ¿quién está enterado del clima de inseguridad generalizada que prevalece en todo El Salvador? Sin temor a equivocarnos, la mayoría de la gente que lo habita. Pero deben ser menos las personas que saben cuales son las verdaderas razones para que todo eso esté ocurriendo. ¿Cuántas entenderán que una de ellas se encuentra en el manejo inadecuado de las instituciones estatales encargadas de enfrentar problemas tan serios como la violencia y la impunidad? Más reducida debe ser la cantidad de aquéllas con una idea clara de lo que está sucediendo con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), al ser víctima de las repetidas acusaciones públicas lanzadas imprudentemente desde otras esferas de la administración pública y de los drásticos recortes a su precario presupuesto por razones nada válidas.
¿Por qué hablamos de eso? Pues, obviamente, porque se cumplen cinco años del día en que fue firmado el acuerdo de Chapultepec. Pero existen otros motivos: por su íntima relación con la institucionalidad nacional nacida o renovada durante el proceso negociador que puso fin a la guerra; porque esos temas tienen que ver con las causas que generaron el conflicto armado; y, por último, porque se requiere hacer un esfuerzo profundo de reflexión e impulsar acciones decididas para evitar el deterioro mayor de la situación en esos aspectos. Todo ello nos surge a partir de nuestra preocupación por el estado de los derechos humanos, tanto desde una perspectiva correctiva --al observar lo que está ocurriendo en la actualidad-- como de una visión preventiva, imaginando lo que puede suceder más adelante.
Ciertos personajes que deambulan por las esferas políticas y gubernamentales --"pontificando" algunos de ellos-- sucumben ante la tentación de examinar lo que ahora estamos viviendo a partir de lo que sucedió antes o durante la guerra, pensando desde el lugar que cada uno ocupó entonces. Sin duda, hay que tomar en cuenta el pasado; pero puede resultar peligroso decir que ahora estamos "mejor" o "peor" que ayer, si esa conclusión surge de un auto reconocimiento por los años de vida "sacrificados" en la lucha insurgente o es producto del recuerdo de aquellos tiempos en que su partido era el oficial y en el país "había orden".
Situados en ese plano, al hablar ahora de los niveles de respeto a los derechos humanos deberíamos estar saltando de alegría, porque numérica e institucionalmente estábamos ubicados en las regiones más oscuras de los parámetros establecidos por la racionalidad más elemental. Por decir algo: sólo en 1981 --año aceptado como el del inicio de la guerra-- fueron más de 16 mil las ejecuciones arbitrarias de personas civiles, no combatientes, reportadas por el ya desaparecido Socorro Jurídico Cristiano, todas ellas adjudicadas tanto a la Fuerza Armada como los cuerpos de seguridad existentes, los cuerpos paramilitares y los "escuadrones de la muerte". Qué decir de las estructuras judiciales del país, censuradas duramente desde 1979 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo que nadie podía acusar siquiera de "simpatizar" con la oposición política o armada salvadoreña.
Pero no podemos ni queremos caer en esa trampa, pues al analizar de esa manera el actual estado de cosas, cualquiera puede tomar su "cristal" y --dependiendo de su "color"-- dedicarse a "mirar" el actual estado de cosas según su conveniencia. Así, no faltará quien diga que en la década de los sesenta no se producían tantas muertes violentas como ahora, por ejemplo, y que esa es la "conciliación" perdida que ahora hay que recuperar o --adaptada a esta etapa-- la "re-conciliación" a la que algunos quisieran llegar, sobre todo cuando un evento electoral se encuentra a la vuelta de la esquina.
Cabe señalar, en este punto, que desde nuestro espacio hemos insistido --en repetidas ocasiones-- sobre lo mal que ha sido tratado ese pasado doloroso que estamos intentando superar. Una de las manifestaciones de ese maltrato fue, sin temor a equivocarnos, la forma cómo se escondió el informe de la Comisión de la Verdad y cómo se escamoteó el cumplimiento de sus recomendaciones. Porque, por encima de los nombres que aparecían en el documento, eran estas últimas las que constituían la parte más valiosa del mismo. Si a eso se agrega la utilización de lo sucedido antes para compararlo con el presente y de ahí inferir algo de manera superficial, vamos a seguir "dando palos de ciego" y --cosa lamentable-- van a resultar infructuosos tantos esfuerzos y sacrificios.
Para nosotros, el balance de lo que hoy está sucediendo en El Salvador y de sus perspectivas se tiene que hacer de otra manera. Debemos hacerlo a partir de un diagnóstico objetivo de la realidad y así --de cara a las necesidades y urgencias de la población, de su historia y aspiraciones-- ver si es beneficioso o dañino. Y en nuestro caso, debemos centrar las baterías en las tres instituciones directamente relacionadas con la labor que desarrollamos: la Policía Nacional Civil (PNC), la PDDH y el Órgano Judicial.
Mucho hemos comentado sobre la situación de nuestro cuerpo de seguridad y lo seguiremos haciendo cada vez que sea necesario. Pero en esta ocasión, sólo vamos a reiterar que --fundada en una doctrina correcta, teniendo un buen mandato legal y contando también con elementos bien intencionados-- la mayor parte de los problemas y las deficiencias de la PNC tienen su origen en una incorrecta conducción y en los obstáculos que --quién sabe desde dónde, ¿o si?-- se le pusieron en el camino a partir de su nacimiento. Por ello, consideramos que se está haciendo más difícil su consolidación institucional y eso no es positivo para el país y su gente. También la PDDH enfrenta dificultades para lograr su consolidación institucional y eso tampoco se puede aceptar; sólo que, en este caso, hay una buena conducción pero son muchas las piedras que encuentra en el camino, sobre todo aquellas a las que ya nos referimos al principio.
Pero en esta oportunidad, consideramos más urgente profundizar en ciertos aspectos de la llamada "administración de justicia". Ésta, en el país, se basa en procedimientos legales antiguos y excesivamente formalistas. Muchas personas que acuden a los tribunales para averiguar sobre sus casos, casi siempre se encuentran con respuestas desalentadoras tales como: "está en firma"; "en este momento no lo encuentro, ¿por qué no regresa más tarde?"; "el juez no ha resuelto todavía"... Se supone que un colaborador jurídico debería dictar cinco resoluciones diarias; está en capacidad de hacerlo pero --según un periódico matutino-- hay empleados cuya producción semanal es de una resolución, cuando "trabaja bastante"; hay veces que no entregan ninguna.
La misma Corte Suprema de Justicia ha sido criticada por no resolver con rapidez varios recursos de inconstitucionalidad importantes presentados hace meses. Contradictoria y sorpresivamente, en enero de 1996 la Sala de lo Constitucional tardó sólo seis días para resolver el recurso de exhibición personal en favor de varios funcionarios y ex funcionarios municipales del partido gobernante. Contra ellos, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas de al menos dos delitos, fruto de una investigación realizada durante casi seis meses. Todos quedaron libres; mientras tanto, en todos los lugares de detención en el país existe un sinfín de reos sin sentencia.
En este marco, es lógico que la población no confíe. Muchas personas, al enfrentar tantas anomalías y sabiendo que son pocas las esperanzas de que al final reciba justicia, prefieren tomarla "por sus propias manos". Así --ya sea por la lentitud de la maquinaria, por la impunidad o por ambas cosas-- se ha creado una situación crítica en nuestra sociedad que, de no ponerle paro, nos puede conducir a la anarquía. En los acuerdos de paz no se contempló la depuración judicial como una fórmula para fundar un Estado democrático de Derecho, donde se respete la dignidad de las personas y se imparta justicia sin distinción. Sí se determinó redefinir la estructura del Consejo Nacional de la Judicatura, para asegurar su independencia, y crear la Escuela de Capacitación Judicial, para mejorar la formación profesional de jueces y demás funcionarios judiciales, así como la del personal de la FGR.
Pero la herramienta eficaz para "sanear" nuestro sistema judicial y devolver al país la credibilidad que necesita --esa urgente depuración del Órgano-- no se planteó cuando debía hacerse: hace cinco años, dentro del acuerdo de Chapultepec. ¿Qué es, entonces, lo que tenemos ahora en ese sentido y qué se debe hacer para avanzar? El fin de semana recién pasado, la Corte dio a conocer más de una veintena de cambios que algunos quieren presentar como una "profunda reestructuración" del Órgano Judicial. Pero tales medidas no incluyen destituciones ni sanciones; únicamente se refieren a traslados, renuncias y ascensos.
Hay quienes opinan que en ocasiones anteriores, la actual Corte Suprema de Justicia --lejos de realizar una verdadera depuración-- se dedicó a "cuidar la imagen" de algunas y algunos juzgadores que se encontraban "en la mira". Ejemplo de ello es el caso del anterior juez Primero de Hacienda, Guillermo Müller; éste terminó destituido y su personal investigado pero antes, "para evitar escándalos", la Corte informó que era falsa su separación. Un mes después, ésta se confirmó.
Con acciones tan tibias por parte del máximo tribunal del país, lo único que se imaginan muchos es que las y los funcionarios judiciales se cubren las espaldas entre sí, respondiendo a intereses personales o de cualquier otro tipo pero menos al interés nacional. Eso, en nada beneficia a la población y, lejos de fortalecer el sistema, le genera grandes problemas. Mientras, los delincuentes --sobre todo aquellos más poderosos-- se sienten con "luz verde" para hacer de las suyas, amparados en la inoperancia institucional.
Ahora, a las puertas del quinto aniversario de la firma del acuerdo final de paz, no podemos desperdiciar el tiempo lamentándonos por esta situación, pese a lo grave de la misma. Sabemos que existe gente capaz y honesta dentro de ese órgano estatal y con ella se debe comenzar a trabajar para que la administración de justicia funcione acorde a las necesidades de población mayoritaria. Eso le permitirá al Órgano Judicial convertirse en base sólida de un sistema nacional de protección a los derechos humanos que --junto a la PDDH y la PNC, encaminadas éstas en un proceso real de consolidación institucional-- le dé ánimos a la gente. Porque es necesario y urgente que la población empiece a participar en la solución o la transformación de sus conflictos de manera racional y civilizada, usando estos mecanismos por ser confiables y eficientes. Sino, las cosas van a empeorar en el país.
CAMBIOS EN PNC. El Subdirector de Operaciones, Lic. Rolando García Herrera anunció el 13.01 cambios en las jefaturas de las distintas Divisiones y Delegaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), para los próximos días. El funcionario informó que los cambios obedecen a que la corporación debe "renovarse" para que se fortalezca en la lucha contra la delincuencia. Aunque no detalló los nombres de los jefes de las unidades policiales que enfrentarán "cambios de destino", García Herrera dejó entrever que la División de Finanzas y las delegaciones de Soyapango y Centro, serán algunos ya previstos. "Nos encontramos finalizando la evaluación de las jefaturas de la PNC para medir la efectividad de cada uno de los mandos y de esta manera verificar el nivel de conducción de cada uno de los jefes", explicó. El jefe policial recalcó que la corporación pretende que cada jefe policial permanezca el mayor tiempo en la Unidad o División a la que ha sido asignado. Además, reiteró que la falta de mandos superiores muchas veces obliga a que los cambios no se lleven a cabo. "Aunque hayan graduados en los nuevos mandos, no podemos asignarlos a ciertos puestos, debido a que estos no han acumulado experiencia en el campo y eso es necesario", expresó. Sin embargo, dijo que se encuentran evaluando quiénes podrían optar por las jefaturas. Los cambios propuestos se han enviado al Director General de la PNC, Ing. Rodrigo Avila, y éste los ha hecho llegar al Ministro de Seguridad Pública, Hugo Barrera, para su aprobación. Asimismo, Barrera ha enviado el listado de cambios de jefaturas al Presidente de la República, Armando Calderón Sol, para que sea él quien determine si los traslados proceden (LPG 08.01 p.19-a y DH 14.01 p.8).
ARENA OFICIALIZA CANDIDATOS. El partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) realizó el 12.01 su convención extraordinaria en la que revelaron a 430 candidatos para las elecciones de diputados y alcaldes. Las planillas de diputados de ARENA incorporan nuevas figuras como Roberto D'Abuisson, hijo del mayor Roberto D'Abuisson. La presidenta del Consejo Ejecutivo de ARENA (COENA), Gloria Salguero Gross, participará en la primera candidatura de la planilla, seguida de Walter Araujo, y Francisco Flores. Como nuevos candidatos aparecen la actual jefa de Relaciones Públicas de la Asamblea Legislativa, Mariela Peña Pinto, además de Guillermo Magaña, el ex democristiano Roberto Larios, Matilde Monedero, Jorge Alberto Muñoz Navarro, José Roberto Inclán, entre otros. Mientras tanto, 17 diputados actuales fueron recortados de la lista, entre ellos Salvador Rosales, Mauricio Retana, María Marta Gómez, Ernesto Velásquez, Milena de Escalón, Selím Alabí, Osmín López Escalante, Ramón Benítez y Ovidio Palomo. Durante la convención, el presidente de la República, Armando Calderón Sol, manifestó que "hay que asegurar la gobernabilidad de El Salvador", "somos un partido eminentemente democrático. No hay duda que ARENA es el partido más fuerte en la expresión del pueblo salvadoreño y no hay duda que cuando nos atacan nos fortalecemos", enfatizó. Al ser cuestionado sobre la supuesta marginación de la que el sector agropecuario es objeto, Calderón Sol anunció que durante la última semana de enero darán a conocer un programa de reactivación del agro a nivel nacional. "Hemos dialogado con los sectores agropecuarios, con los sectores campesinos, y hemos escuchado a nuestro partido para impulsar ese indispensable sector que ha sufrido mucho" (LPG 13.01 p.6-a y DH 13.01 p.13).
MALVERSACION DE RECURSOS. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) presentó el 14.01, ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), una demanda en contra del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), por la presunta utilización de recursos estatales en actividades proselitistas. El FMLN basó su demanda haciendo referencia a la convención arenera del 12.01 en la que oficializó la designación de alcaldes y diputados para las próximas elecciones. "En dicho acto político ARENA utilizó entre otros recursos, gran cantidad de vehículos nacionales para trasladar a sus correligionarios, hechos que hicieron notar los medios de comunicación social", denunció Facundo Guardado, Secretario de Asuntos Jurídicos y Representante Legal del FMLN. La carta presentada al Tribunal Supremo Electoral fue acompañada de las fotocopias de dos periódicos matutinos, que el 13.01 presentaban un listado de los vehículos utilizados, con sus respectivas placas e instituciones asignadas. "El utilizar los recursos del estado es una práctica que utiliza ARENA en forma constante durante los períodos electorales, aprovechando su calidad de partido en el gobierno, ya que igual utilización de recursos han hecho en diferentes convenciones municipales, con la diferencia que en dichos lugares no asisten los medios de comunicación y el hecho pasa desapercibido", denunció el dirigente político. Según Guardado ARENA viola el Código Electoral que establece en el artículo 237 la prohibición del uso de vehículos oficiales y nacionales para realizar actividades partidarias. "Esperamos, a través de esta demanda, que el TSE haga justicia y haga respetar el Estado de Derecho en El Salvador", manifestó (DL 14.01 p.3, DH 13.01 p.14 y LPG 15.01 p.6-a).
LLEGA SECRETARIO ONU. El secretario adjunto de las Naciones Unidas para Asuntos Políticos, Alvaro de Soto, se reunirá el 14.01 con representantes del Gobierno y el FMLN, para evaluar el avance de los Acuerdos de Paz, que datan desde hace 5 años. El diplomático peruano, empieza con el nuevo mecanismo de verificación de los Acuerdos, que consiste en visitas para vigilar el proceso de pacificación y democratización. De Soto sostendrá conversaciones con el comisionado presidencial para los Acuerdos de Paz, el general Mauricio Ernesto Vargas; la presidenta del Fondo de Inversión Social, María Teresa de Rendón; miembros del Consejo Nacional de Seguridad Pública y los secretarios generales de los partidos Demócrata (PD) y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Ana Guadalupe Martínez y Salvador Sánchez Cerén. Según fuentes del Gobierno y el FMLN en la reunión se abordarán aspectos relacionados con la seguridad pública, la reinserción de ex combatientes a la vida productiva, atención a lisiados y huerfanos, asentamientos humanos rurales y transferencia de tierras. En declaraciones a la prensa, De Soto se manifestó satisfecho con el casi total cumplimiento de los compromisos en transferencia de tierras, pero precisó que aún aboga por que "se mire de nuevo al informe de la Comisión de la Verdad", formada a raíz de los Acuerdos para la investigación de los crímenes del conflicto armado. Según el funcionario de la ONU, todavía faltan algunos aspectos que cumplir del referido informe, el cual contiene "recomendaciones puntuales y muy concretas destinadas a asegurarse que no se vuelvan a repetir los acontecimientos pasados" (LPG 14.01 p.30-a y LPG 15.01 p.17-a).
VISITA DE CONGRESISTAS. La oficina del Servicio Cultural e Informativo de la Embajada de Estados Unidos informó que el congresista republicano por el Estado de Carolina del Norte, Cass Ballanger, el delegado del Territorio del Pacífico de Samoa Americana, Eni F.H. Faleomavaega y el senador de Arizona Jonh McCain, se encuentran de visita en El Salvador, desde el 11.01 como parte de una gira de cortesía por los países centroamericanos, que incluye Guatemala, Nicaragua y Panamá. El Senador John McCain, realiza este viaje como parte de sus responsabilidades como próximo líder del Comité del Senado sobre Comercio, Ciencia y Transporte y como miembro del Comité del Senado sobre Servicios Armados. Los senadores sostuvieron una reunión con el Presidente de la República, Armando Calderón Sol, el 14.01 en la que se abordaron temas como las relaciones entre El Salvador y los Estados Unidos, el proceso de paz y el desarrollo de las instituciones democráticas salvadoreñas. Según se supo, el senador John McCain está especialmente interesado en la implementación de los Acuerdos de Paz y la evolución de las instituciones democráticas en El Salvador, incluyendo la Fuerza Armada. Con los congresistas Ballenger y Faleomavaega, el Presidente abordó temas económicos y aspectos particulares de la situación salvadoreña de posguerra. Asimismo, tienen previstas reuniones con el ministro de Defensa, Jaime Guzmán Morales. La visita también incluye una reunión en la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (AMCHAM). De acuerdo con las fuentes, la visita de Ballenger "intenta demostrar el continuo interés del Congreso de Estados Unidos en la implementación de los Acuerdos de Paz y el desarrollo de instituciones democráticas en El Salvador" (DH 14.01 p.29 y LPG 15.01 p.40-a).
ARRANCA PROPAGANDA ELECTORAL. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que los partidos políticos y coaliciones contendientes iniciarán el 15.01 la promoción de los programas políticos y de los distintos candidatos a las 82 diputaciones de la Asamblea Legislativa. El presidente del TSE, Jorge Díaz, formuló un llamado a los dirigentes de los partidos y coaliciones, para mantener una campaña de altura en la que se respeten las disposiciones del Código Electoral, así como su reglamento. Díaz recordó que aplicarán sin distinción el Código y advirtió que las sanciones por violar el reglamento consisten en multas que van desde mil hasta 50 mil colones y la cancelación del partido que utilice recursos del Estado para fines propagandísticos. El funcionario mencionó que algunos candidatos y partidos fueron sancionados por difundir propaganda ilegal, sin embargo, no se impusieron multas, sino advertencias para que no reincidieran. Para el 14 de febrero se espera el inicio de la campaña de propaganda para la elección de los 262 concejos municipales. Por su parte, el diputado del Partido de Renovación Social Cristiano (PRSC), Roberto Serrano, propuso a los partidos y coaliciones la firma de un pacto de caballeros, tratando de que no se polarice el ambiente y se respeten las normas éticas. El pacto, que sería similar al suscrito por los contendientes en las elecciones de 1994, aún no ha sido avalado por los diferentes partidos políticos. Mientras tanto, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el Partido Liberal Democrático (PLD) se constituyen como las únicas instituciones políticas en haber inscrito formalmente algunas de sus planillas (LPG 15.01 p.4 y 5-a).
FMLN ENTRENO A MRTA. Una fuente policial informó el 14.01 que dos supuestos ex guerrilleros salvadoreños habrían entrenado a los rebeldes peruanos del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) que tomaron la embajada japonesa en Lima. Los dos salvadoreños del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) fueron identificados por una fuente de la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (DINCOTE) de Lima con los pseudónimos de "Osmín" y "Román". La fuente dijo que los salvadoreños trabajaron con 30 miembros del MRTA durante 30 días en el departamento peruano de Junín. De ese grupo, indicó la fuente, los salvadoreños escogieron a los que participaron en el secuestro el 17.12. Por su parte, el FMLN desmintió el 14.01 las vinculaciones que se le atribuyen a la ex guerrilla con el comando terrorista. El diputado por el Frente, Miguel Sáenz, precisó que los informes de la agencia responsable del despacho, "deben ser confirmados, pero en todo caso, si se tratara de ex miembros del FMLN, no debe vincularse al ahora partido político". "Nuestra lucha actual se da en el escenario puramente político, porque creemos que en esta coyuntura los problemas que vive el país, deben solucionarse por la vía política", dijo. Por el contrario, la diputada por el Partido Demócrata (PD), Ana Guadalupe Martínez, dijo no estar sorprendida de las revelaciones hechas por las autoridades peruanas. La posible vinculación de elementos del FMLN con los terroristas del Túpac Amaru, y con otros movimientos revolucionarios "fue uno de los motivos por los cuales nos separamos de la organización", señaló. "Sabíamos que este tipo de informaciones de un momento a otro iban a surgir", señaló, aunque dijo desconocer la identidad de los acusados (LPG 15.01 p.8-a y DH 15.01 p.4).
INCAUTAN DROGA. El mayor del Ejército Alfredo Deleón López, de alta en el Destacamento Militar No. 3 y el salvadoreño Santiago Edgardo Díaz, fueron capturados el 08.01 por la División Antinarcóticos (DAN) con 75 kilogramos de cocaína, valorados en unos 20 millones de colones, durante amplia operación policial. Una fuente de la DAN explicó que las investigaciones del caso se prolongaron por varios meses y éstas incluyeron el seguimiento a los imputados. Los envoltorios de la droga estaban cubiertos de aceite, para despistar a los perros entrenados. Un investigador del caso explicó que probablemente los imputados tengan relación con 4 personas detenidas el 23.12 de 1996 donde se incautaron 39 kilos de coca, pues los envoltorios estaban protegidos con grasa también. Fuentes de la Fiscalía aseguraron que el mayor López posee varias propiedades agrícolas en Sonsonate y Zapotitán, donde tiene varios caballos peruanos, la Policía investigará si dichas propiedades son producto de las ganancias que le ha dejado el narcotráfico. Las mismas fuentes aseguraron que se sospecha que el mayor López era uno de los cabecillas de la red de narcotraficantes que opera en el país, y que tiene conexiones con los cárteles de Colombia. Por su parte, el mayor López rechazó cualquier vinculación con la droga, o que le hayan decomisado la misma, alegando que se encontraba almorzando dentro de un restaurante cuando fué incautado. El director de la PNC, Rodrigo Avila, explicó que la incautación y las capturas de los supuestos involucrados es la culminación de varios meses de investigación. Mientras tanto, el Presidente de la República, Armando Calderón Sol felicitó a PNC las capturas, señalando que es el "nuevo país que se está construyendo y es digno de felicitar la labor de la PNC por estar dando estos golpes al narcotráfico" (LPG 09.01 p.4-a y DH 09.01 p.2).
REOS AMENAZAN. Casi 200 reos del penal de Metapán, han amenazado con iniciar una serie de medidas de hecho en protesta por la mala alimentación y acciones de seguridad en contra de sus familiares. Los reos, a través de sus familiares dieron a conocer que están en la disposición de tomar medidas de hecho, entre ellas una huelga de hambre o un amotinamiento, si es que no se les resuelven sus problemas de alimentación y el supuesto maltrato de los vigilantes contra los familiares de los reclusos los días de visita. Sin embargo, autoridades del penal desmintieron las informaciones adelantando que mantendrán un mayor control en el penal a fin de evitar amotinamientos (LPG 08.01 p.30-a).
ELIMINAN ARANCELES. La Dirección de Política Comercial del Ministerio de Economía, confirmó que a partir del 15.01 entran en viegencia los nuevos aranceles para materias primas y bienes de capital, bienes que según lo anunciado ya no pagarán impuestos por su importanción. El director de Política Comercial, Eduardo Ayala Grimaldi, externó que la mayor parte de aranceles de productos básicos para la producción y maquinaria bajarán al cero por ciento. "Algunos aranceles no se habían discutido a nivel centroamericano pero ya se negociaron y se logró ampliar el listado con lo cual se ha bajado una parte del cinco al cero por ciento y algunos insumos del diez a cero por ciento", dijo. Con respecto a los bienes finales e intermedios, Ayala Grimaldi mencionó que la mayor parte de los productos está negociada. Existen listados de todos los bienes y finalizarán con el arancel del 15, 10 y 5 por ciento (LPG 15.01 p.15-a).
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