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© 1997 UCA Editores
Año 17
número 742
enero 22
1997
ISSN 0259-9864
Política y mercado
ARENA y FMLN: ¿juntos para el cambio?
Política económica, producción de granos básicos y seguridad alimentaria
La polémica sobre la gasificadora, una cuestión política
Escollos para la verificación en Guatemala
Empezó la atropellada carrera
Aunque realmente la contienda electoral comenzó el año recién pasado, es hasta este mes de enero que la misma ha sido formalmente iniciada y, en consecuencia, los distintos partidos políticos han salido a la calle a proclamar abiertamente sus consignas proselitistas. Los medios de comunicación escritos, radiales y televisivos están transmitiendo los mensajes que, según los cálculos partidarios, a fuerza de ser reiterativos van a motivar a los electores a optar por la oferta política que más y mejor cobertura publicitaria tenga. Asimismo, el patrimonio público -calles y avenidas, parques, plazas y mercados- ya ha comenzado a ser adornado con colores de banderas y estribillos, cuya creatividad puede ser fácilmente opacada por cualquier mural elaborado por las maras existentes en el país.
Por supuesto, un mural de estas últimas, por más talentosa que haya sido su elaboración, es considerado "ilegal" y contrario al "buen gusto" de quienes se sienten portadores de los valores más elevados, por lo cual debe ser destruído cuanto antes y sus autores deben ser vistos como delincuentes. Los mensajes partidarios, por más que carezcan de la mínima creatividad y por más que afeen e incluso dañen los sitios públicos, son legales, por lo cual todos debemos soportar cualquier tipo de ocurrencia, colorido o slogan que nuestros políticos decidan ponernos donde mejor les parezca. Es decir, la mayoría de los que hacen proselitismo político en El Salvador, amparados en lo legal de su actividad, se consideran con plena libertad para manchar paredes, hacer ruido, decir y ofrecer cualquier cosa, detener el tráfico, etc., sin preocuparse porque sus actividades reunan un mínimo de calidad y de respeto a la inteligencia de quienes con su voto los elegirán o rechazarán.
Los procesos electorales son parte esencial de la instauración de un ordenamiento democrático. Pero esa afirmación, dicha así sin más, puede dar lugar a graves equívocos. Porque puede entenderse que basta con que hayan eventos electorales relativamente transparentes y periódicos para tener garantizado el avance en la institucionalización democrática. Sin embargo, la periodicidad de las elecciones y su transparencia -suponiendo que ambas cosas están garantizadas- poco o nada dicen sobre seriedad con la que los contendientes políticos se toman su papel como representantes de los intereses ciudadanos o sobre lo sustantivo de sus proyectos y propuestas electorales. Una visión meramente mercantil de la democracia respondería a esta objeción diciendo que si las debilidades apuntadas son importantes para los electores como compradores de proyectos políticos el mercado se encargaría de orientar sus preferencias hacia ofertas más acordes con las mismas, haciendo que en la competencia política prevalezcan los partidos que sí satisfacen las expectativas ciudadanas.
En política, pues, el mercado -al igual que en la esfera económica- haría posible que la mejor oferta se impusiera en el gusto de los consumidores. Según los propugnadores de la extensión de la lógica del mercado a la política, esto sería lo más justo y equitativo, pues no respondería a más interés que al de los consumidores, a quienes no se puede privar del derecho a decir la última palabra en cuanto a sus preferencias.
A estas alturas de las discusiones en ciencias sociales, no puede negarse que en muchos aspectos la política -los partidos, los candidatos, la propaganda- se rige siguiendo una lógica de mercado; es decir, por muchos motivos, la política no es ajena a las leyes de la oferta y la demanda. Pero, al igual que en la economía, esas leyes no operan en estado puro, sino que son interferidas por una sinnúmero de factores que distorsionan la "asignación óptima de recursos" y que conllevan a que no siempre el consumidor se quede con -o adquiera- el mejor producto. Y ello no como un caso aislado, lo cual en definitiva sería eliminado por la contundencia del mercado, sino como hecho generalizado en las relaciones entre compradores y vendedores. Porque, curiosamente, en las economías de mercado realmente existentes lo que predomina es la interferencia -estatal o privada- en la lógica del mercado, sea a nivel nacional o a escala internacional. Por consiguiente, no se puede apelar a ésta para legitimar la existencia de determinadas mercancías o esperar a que, por un automatismo del mercado, las mismas, si son deficientes o de baja calidad, van a desaparecer y van a ser reemplazadas por otras de mejor calidad. En muchas ocasiones, en las economías de mercado, los consumidores adquieren determinados productos haciendo resistencia a interferencias estatales o privadas que acompañan permanentemente el quehacer económico.
Pues bien, si en un terreno como el económico el mercado no tiene un dominio absoluto, mucho menos lo tiene en el ámbito político. Más aún, mucho menos lo puede tener en un país como el nuestro donde las manipulaciones más burdas y la ilegalidad más descarada son algo cotidiano. Confiar en que la lógica del mercado pondrá a los empresarios más aventajados e innovadores a la cabeza del quehacer económico es ignorar las redes de poder y el proteccionismo existente entre los grupos económicos y la élite que gestiona el aparato estatal. Confiar en que el mercado va a dejar fuera de la competencia y sin posibilidad de gobernar a aquellos partidos políticos que no ofrezcan nada sustantivo es ignorar que las preferencias de los ciudadanos no sólo no apuntan a la mejor calidad de los productos políticos, sino que están mediatizadas por toda suerte de elementos, entre los cuales las falsas promesas, la frustración y la manipulación hacen de distorsionadores de la asignación óptima de recursos en política.
En nuestro país, en su gran mayoría, los partidos políticos existen y seguirán subsistiendo no porque impere una lógica de mercado en la política, sino por las limitaciones que la misma encuentra para imponerse. De los defensores a ultranza del mercado -muchos de ellos dirigentes políticos de alto rango- habría que esperar mayor coherencia con lo que profesan, pues de lo contrario se exponen a ser devorados por el dios al que rinden culto sin cumplir con los sacrificios que impone.
La campaña electoral invitando a los salvadoreños a participar en las elecciones para alcaldes y diputados ha dado inicio. Aún sin haber finalizado el primer mes del año, el proselitismo político se encuentra ya a la orden del día, tanto en los diversos medios de comunicación -radio, prensa y televisión- como en distintos zonas del país -a través de mitines, pancartas, caravanas, etc. La mayor parte de los 14 partidos políticos inscritos no ha tardado en manifestarse propagandísticamente, invirtiendo notorios esfuerzos y recursos en su promoción. ARENA y el FMLN sobresalen de manera evidente en este aspecto.
El clima de indiferencia e incredulidad que desde hace años viene gestándose al interior de la sociedad civil en torno a la clase política, como respuesta a la incapacidad de ésta para responder eficazmente a las necesidades de aquélla, resulta, sin duda, desfavorable para los partidos y, por consiguiente, para el proceso electoral mismo. Sin embargo, y como es de esperarse, los partidos políticos anhelan ahora más que nunca su correspondiente cuota de poder, y para conseguirla no escatiman esfuerzos, claro está, publicitarios, pues las promesas, slogans y consignas -aunque sugestivas- no vienen respaldadas por planes de gobierno concretos y convincentes.
Llama la atención que las dos mayores fuerzas políticas del país hayan adoptado el mismo slogan publicitario: ARENA y al FMLN ofrecen a los salvadoreños "el cambio". Lo que no queda aún muy claro es a qué tipo de cambio se refiere cada cual. En el caso de ARENA, según lo ha demostrado su desempeño en el gobierno actual, muchos rasgos conservadores predominan en su quehacer público y se ponen de manifiesto en muchas de sus decisiones políticas; basta sólo con observar las medidas claramente autoritarias que el partido en cuestión a propuesto y/o implantado para combatir la delincuencia. Por otra parte, si se piensa en los cambios fomentados por ARENA, éstos no han sido precisamente los más favorables para la gran mayoría de salvadoreños. Los esfuerzos de ARENA por propiciar la neoliberalización del Estado y los costos de los ajustes necesarios para llevar a cabo tal fin son no sólo conocidos, ya que ARENA se ha preocupado suficientemente por difundirlos y enorgullecerse de ellos, sino que han sido sufridos de manera palpable por la población salvadoreña.
En el caso del FMLN surgen también algunas dudas relacionadas a la operatividad de sus promesas. Según parece, el principal partido opositor ha decidido con bastante firmeza prometer a los votantes cambios específicos, entre los que cabe mencionar los que se refieren al área económica, como la disminución del IVA, la detención de la privatización y la disminución en los costos de los servicios públicos. La inconsistencia de la propuesta reside en la falta de claridad respecto a las maneras concretas de llevar a cabo los cambios ofrecidos. El cómo se solventaría la disminución del IVA para cubrir las demandas de un "Estado benefactor" y el cómo se reenfocará la privatización, a la luz de la política internacional actual, son algunas de las cuestionantes que surgen de esta reflexión. Eso sin contar los visos conservadores que a nivel ideológico y práctico no deja de presentar el FMLN. Así las cosas, el planteamiento político de los dos grandes partidos salvadoreños deja mucho que desear: por un lado, ambos hablan de cambios cuando fuertes resabios conservadores los caracterizan; y, por otro, o bien no hay suficiente claridad con respecto al tipo de cambios que se ofrece o bien no hay una propuesta concreta y factible de como llevar a cabo las transformaciones ofrecidas.
De los 12 partidos restantes resta decir que con dificultad, precariedades e ingenuidad luchan por hacerse notar. Sin embargo, la evidente desventaja con que cuentan respecto a "los grandes" puede repercutir en una disminución sensible de votos y, en consecuencia, en las posibilidades de su supervivencia política.
En conclusión, la falta de propuestas claras, que apegadas a la realidad respondan a la angustiante situación del país, es la nota característica del inicio de esta campaña; el tono festivo que la misma ha ido tomando, impulsada prioritariamente por ARENA, invita a aislar el proceso electoral de los problemas con que cotidianamente se enfrenta la ciudadanía. Así, una cosa es la vida diaria y la rutina y otra muy distinta es la campaña electoral y las elecciones mismas. La campaña resulta entonces una "fiesta" vacía de contenidos políticos reales, lo cual el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no se ha preocupado en criticar, ya que su interés va más encaminado hacia los aspectos formales de la misma. Las consecuencias que este divorcio implica para la democracia saltan a la vista, y el riesgo para la vida política del país es muy alto, ya que un sistema de gobierno conformado por partidos políticos sin proyectos claramente definidos resulta peligroso, como ya se ha podido constatar a lo largo de estos dos años con Calderón Sol a cargo del ejecutivo.
La inseguridad alimentaria ha sido una de las principales consecuencias de los modelos de "desarrollo" implementados durante las últimas décadas. Algunos factores que han incidido sobre esta dinámica han sido el crecimiento poblacional, las políticas económicas y el deterioro del medio ambiente. Aunque históricamente puede comprobarse que la inseguridad alimentaria puede ser fuente de inestabilidad macroeconómica, empobrecimiento de la población rural y deterioro de la calidad de vida, durante los últimos años se ha profundizado la creación de desestímulos para la producción de granos básicos.
No es de extrañar entonces que estadísticas recientes de la Dirección General de Economía Agropecuaria (DGEA) revelen que para la más reciente cosecha se ha registrado una marcada caída en la producción y área cultivada con maíz y maicillo; mientras que en el caso del frijol y arroz aunque hubo incrementos de la producción y área cultivada aún se observan niveles inferiores a los observados hace 4 años.
Sobre la incidencia de las políticas económicas sobre la producción de alimentos cabe destacar que estas, aunque han logrado crecimiento económico con estabilidad, están provocando serios desequilibrios en los principales sectores económicos del país, incluido el agropecuario. La situación observada por el sub-sector granos básicos es una muestra palmaria de ello, tanto por los efectos directos como indirectos de medidas tales como la privatización de la banca, la desgravación arancelaria y las importaciones masivas de granos básicos. En lo fundamental puede afirmarse que la caída en la actividad del sub-sector que nos ocupa obedece grandemente a la absolutización de la liberalización económica.
Es oportuno señalar que en países más desarrollados como Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea (UE), existe una marcada tendencia a mantener protegido el sub-sector productor de alimentos, mediante el otorgamiento de subsidios. La política de subsidios concede un doble beneficio: permite precios al productor que vuelven rentable la producción de alimentos y al mismo tiempo permite mantener precios al consumidor por debajo de los precios al productor, es decir, a niveles inferiores a su costo real.
En El Salvador, la práctica económica ha sido la búsqueda de bajos niveles de precios al consumidor mediante el mantenimiento de precios al productor aún más bajos que los primeros. Esta práctica, sumada al hecho de que la producción de granos básicos es realizada fundamentalmente en pequeñas explotaciones que operan bajo las características de la economía campesina, explica la elevada incidencia de la pobreza rural y la creciente dependencia alimentaria del país. En lo que sigue se busca evidenciar que concomitantemente a la adopción de políticas de liberalización económica se ha registrado una disminución de la actividad del sector productor de granos básicos que, a su vez, tiene un efecto negativo sobre los pobres rurales.
Política económica y producción de granos básicos
Una de las principales líneas de política que inciden sobre la actividad del sub-sector granos básicos es la comercial. Las tasas arancelarias aplicadas a las importaciones de granos básicos inciden de forma inversamente proporcional sobre el nivel de la oferta interna; esto es, a mayores tasas arancelarias menores importaciones y menor nivel de oferta interna; asimismo, lo inverso ocurre con los precios, pues a mayores tasas arancelarias corresponden mayores niveles en los precios.
Históricamente, la práctica de los gobiernos ha perseguido la utilización de la política comercial para el mantenimiento de bajos niveles de precios, o cuando menos, para buscar la reducción de posibles tendencias inflacionarias. De esta suerte, se han mantenido niveles arancelarios relativamente bajos para las importaciones de granos básicos e incluso, en muchos casos, se ha concedido dispensa de aranceles para las mencionadas importaciones.
Otro problema se ha planteado en diferentes momentos por la tendencia del sistema financiero de otorgar bajos montos de crédito para producción de granos básicos y la ausencia de políticas estatales de orientación del crédito hacia la producción de alimentos. Antes de la reprivatización de la banca, cuando menos existían disposiciones que permitían ciertos niveles de incidencia de las autoridades económicas sobre la asignación intersectorial del crédito del sistema financiero; en la actualidad, la asignación intersectorial del crédito depende fundamentalmente del criterio de las instituciones financieras privadas.
Dentro del sector agropecuario, los subsectores productores de granos básicos han recibido las menores proporciones del crédito, pero durante los últimos años esta situación se ha acentuado aún más. Para 1992, el crédito de los bancos a los subsectores maíz, frijol y arroz fue de 6.6%, 0.02% y 6.6% del total del crédito otorgado al sector agropecuario, mientras que para 1995 las mismas proporciones fueron 0.35%, 0.01% y 0.17%. Los montos crediticios de la banca privada para los subsectores maíz, frijoles y arroz son tan ínfimos que para 1995 representaron tan sólo un 0.05%, 0.001% y un 0.02% del total del crédito otorgado a todos los sectores económicos.
En consonancia con esta tendencia y de acuerdo a datos de la DGEA, la producción de las últimas cosechas ha venido observando una tendencia general hacia la declinación al grado que actualmente se producen menos granos básicos que en la cosecha 1992/93, en concreto: 10.7% menos de maíz, 15% menos de maicillo,4.6% menos de frijol y 23% menos de arroz. Sólo entre los años agrícolas, la producción de maíz y maicillo cayó 2.6% y 9.4%, respectivamente.
Los principales productores de granos básicos
La producción de granos básicos representa la principal actividad económica de buena parte de la población rural en situación de pobreza, y que en la mayor parte de los casos utiliza parcelas de limitada extensión. Por ejemplo, en el sector no reformado se estimaba que la mayor parte de productores de granos básicos poseían lotes inferiores a las 10 manzanas; en el caso del maíz un 75.9% de los productores correspondían a esta caracterización, 84% en el caso del frijol y 53% en el del maicillo.
No puede obviarse tampoco que los productores de granos básicos se enfrentan a términos de intercambio tan desfavorables que la mayoría prefiere conservar su producción para autoconsumo antes que venderla a precios deprimidos, los cuales en muchos casos provocan que esta actividad no sea mínimamente rentable. Según cálculos del Ministerio de Agricultura y Ganadería entre un 60% y un 70% de los productores de granos no venden su cosecha, y los que lo hacen es sólo porque obtuvieron excedentes en relación al nivel de consumo familiar.
Consideraciones
La situación del sector granos básicos es una muestra más de los efectos negativos que acarrea la implementación generalizada de programas de liberalización económica. La desprotección en la que se encuentra el subsector productor de granos básicos amenaza con profundizar la inseguridad alimentaria del país y mantener en situación de pobreza crónica a la mayoría de productores de granos básicos.
En este contexto es necesario que el Estado desarrolle políticas sectoriales claras para fomentar la producción de estos sectores, entre las que se pueden mencionar el establecimiento de una política de subsidios a los precios de los granos básicos y de líneas de crédito destinado específicamente para los productores de granos básicos.
En la actual coyuntura es de vital importancia tener presente que las políticas seguidas hasta ahora ponen en peligro la viabilidad de la producción de granos básicos y ello justifica la adopción de políticas que no necesariamente respondan a la profundización de la liberalización económica.
una cuestión política
Desde hace unos ocho meses ha cobrado gran relevancia, por la ola de críticas y contracríticas que ha generado, el proyecto de la instalación de una planta gasificadora de basura, en la zona de Apopa, propuesto e impulsado por el alcalde de San Salvador, Mario Valiente. Hasta la fecha la discusión se ha visto empantanada en los aspectos técnicos de la misma, sin que hasta el momento ninguna de las partes se haya respaldado mediante un estudio científicamente concluyente y veraz; ello ha permitido que se obvie el aspecto político de la cuestión, el cual, en definitiva, como a continuación se mostrará, ha sido determinante en la problemática.
Es importante preguntarse, antes de todo, qué es lo que ha hecho posible que el proyecto en cuestión haya llegado a ser punto de prioridad en la agenda política del país. La justificación esgrimida por sus defensores -por supuesto, Mario Valiente, secundado por la fracción legislativa de ARENA- parte de la crisis ecológica por la que atraviesa el Area Metropolitana de San Salvador como resultado del caudal de basura que ésta produce (se habla de 1500 toneladas diarias); crisis cuya gravedad obligaría a buscar medidas alternativas para el tratamiento de los deshechos. En este sentido, según sus defensores, la instalación de la gasificadora no sólo saldaría de una vez por todas el problema, sino que, como beneficio extra, generaría a la vez 30 megavatios de energía eléctrica, lo suficiente para cubrir el servicio eléctrico de 300 mil capitalinos.
Para los detractores del proyecto -organizaciones ambientalistas no gubernamentales y diputados del FMLN-, en cambio, la gasificadora se convertiría en un foco grave de contaminación tóxica, por lo que su instalación complicaría aún más el problema que se pretende solucionar. Para sustentar su oposición éstos han acudido a la opinión de personalidades internacionales -como por ejemplo el diputado al Gran Concejo de Ginebra, Max Schneider- y a la crítica minuciosa de los documentos técnicos presentados por la Continental Waste Conversion Inc. (firma canadiense que financiaría el proyecto y se encargaría del manejo de la planta) para avalar la construcción y operación de la gasificadora.
Lo común en ambos es el haberse internado en una confusa argumentación técnica, en la cual el desconocimiento y las contradicciones han estado a la orden del día. Sin embargo, lo que en última instancia ha permitido que el proyecto haya sido tratado de implementar contra viento y marea no es, como ha querido hacerse pensar, la preocupación por el medio ambiente de San Salvador, sino más bien que en él se ha puesto en juego algo de capital importancia política en el contexto pre electoral: el prestigio y credibilidad de un funcionario arenero que busca su segunda reelección.
Antes de intentar llevar a cabo el proyecto de la gasificadora, Mario Valiente venía de fracasar estrepitosamente en dos de los planes que al comienzo de sus funciones había prometido concretar: el Parque de los Pericos y la construcción de un Metro para la capital. En el intento de hacer realidad el primero, Valiente se vio vencido por la cerrada oposición de las organizaciones ambientalistas que veían en el parque una amenaza a la reserva ecológica de El Espino, además de la negativa de los colonos de la finca a trasladarse a otros asentamientos para permitir la construcción del mismo. Con respecto al segundo de los planes, el obstáculo insalvable en esa ocasión fue el monto millonario que habría sido necesario invertir para la construcción del Metro. La ilusión de Valiente de que el Estado pudiera incurrir en préstamos cercanos a los 200 millones de dólares para la realización de su proyecto desapareció rápidamente ante urgencias económicas más importantes.
Es así como en el proyecto de la gasificadora Valiente se ha jugado su tercera y última carta. Si se considera que la posibilidad de su postulación como alcalde para un segundo período había sido ya planeada con mucha anterioridad por ARENA -de aquí que el proyecto arrancara unos meses antes de las elecciones y no al principio de su gestión-; si se tiene en cuenta que presentar a Valiente como un alcalde decidido y que cumple sus promesas es de vital importancia para tratar de acceder de nuevo a una posición estratégica -política y económicamente- de la administración gubernamental es entonces perfectamente comprensible que de la gasificadora se hiciera punto de honor. Más que algo que solucionará o agravará la situación ambiental en el país, la gasificadora constituye un proyecto vital para la estrategia política pre electoral de ARENA, puesto que de su fracaso dependerá el que ahora candidato a la mayor alcaldía de El Salvador quede ante el electorado como un inepto falto de palabra y cuyos propósitos obedecen más al acceso a cuotas de poder que a un interés por el bien del municipio y sus habitantes.
Algo que fundamenta lo anterior es este repentino interés por el medio ambiente por parte de funcionarios areneros que han obviado, por mucho tiempo, la grave problemática ecológica, han dejado de lado la formulación de leyes funcionales que lo protejan y han permitido que las instancias encargadas de vigilar su desarrollo hayan caído en la inercia o hayan sido rápidamente conducidas a la inoperatividad para beneficiar a las grandes firmas constructoras y explotadoras de los recursos naturales.
Por otra parte, es necesario resaltar que la obcecación de Valiente por la construcción de la planta gasificadora se explica aún más por un deseo, no muy velado, de atraer hacia sí la atención electoral de un sector de la clase media y alta que cree estar a la altura de los tiempos haciendo suyos valores ecológicos. Posiblemente Valiente piense, y su partido con él, que implementar su proyecto, pese a las consecuencias que de él se desprendan, permitirá captar el voto verde de un sector constituido por individuos neoecologistas que, más que buscar soluciones a largo plazo, trata de aplacar su pseudo conciencia ambientalista.
En definitiva, lo que queda en evidencia es el oportunismo político de un partido que no duda en utilizar para su provecho cualquier valor o necesidad pública, sea este moral o ecológico. Si realmente hubiera un interés por el medio ambiente por qué no se ha acudido a realizar campañas de educación para el reciclamiento de la basura o por qué no se ha sancionado a las empresas que con sus deshechos han contaminan los ríos, los mantos acuíferos y el recurso de la tierra.
La alternativa por la que se pretende optar es tal vez la más fácil y la más económica -los estudios técnicos lo han de decidir-, pero de ello no se sigue que sea la más segura a mediano y largo plazo. El descargar la responsabilidad por la protección del medio ambiente en una compañía extranjera puede ser algo contraproducente, en especial si se tienen en cuenta las experiencias de algunos países de Africa y el Tercer Mundo, en los cuales se experimentó con mecanismos de procesamiento de deshechos que a la larga fueron prohibidos internacionalmente por sus perjudiciales consecuencias para la salud de la población. Por ello, el que una compañía extranjera se haga cargo de la basura del gran San Salvador no es garantía de ninguna clase ni mucho menos un argumento robusto para llevar a cabo el proyecto de la gasificadora.
La solución ambiental será tan objetiva cuanto menos sean los intereses políticos que medien en ella; tan adecuada cuanto menos apresurada y superficial sea. En este caso, tal como todo lo parece indicar, más bien se está siguiendo el camino contrario.
Las expectativas y el optimismo que generaron la firma de los Acuerdos de Paz en Guatemala se ensombrecieron, en los primeros días de este año, a raíz de la decisión de la República Popular de China de vetar el envío de la misión de 155 observadores de la ONU para verificar el cumplimiento de los acuerdos en el país centroamericano. El hecho no sólo ha creado un clima poco propenso para ejecución de lo acordado entre la URNG y el gobierno guatemalteco, sino que también ha sacado a luz el juego en las relaciones de poder que las llamadas "superpotencias" tienen sobre los países de América Latina, específicamente en la región centroamericana.
Para examinar esta situación es conveniente elaborar un perfil que contenga elementos que ayuden delinear algunos rasgos de estos procesos en el área. En primera instancia es esencial recordar que poner fin a la guerra, a través de medios pacíficos, se ha convertido -en los últimos años- en una misión y un objetivo insoslayable entre las partes en conflicto. Las más recientes soluciones por esta vía son el caso salvadoreño y guatemalteco que, haciendo uso de los "buenos oficios" de la ONU alcanzaron soluciones negociadas a sus prolongados conflictos militares.
Por otro lado, se puede decir que el papel de la ONU se desarrolló en dos escenarios de acción: la mediación y la verificación. Tanto en El Salvador como en Guatemala el rol del organismo internacional ha tenido diferencias y semejanzas, las cuales no son fortuitas, sino que responden a las condiciones políticas y sociales en las cuales se desarrollaron los mismos.
Ahora bien, respecto a la verificación habría que distinguir: similitudes, diferencias y contextos políticos. En principio ambos procesos de paz establecieron un primer nivel de verificación sobre el tema de Derechos Humanos. Hay que recordar que este hecho se produjo con anterioridad a la firma del cese de hostilidades. Pero se debe destacar una diferencia fundamental en las atribuciones de cada uno de los organismos verificadores (ONUSAL y MINUGUA) en El Salvador y Guatemala, respectivamente: por ejemplo, en el segundo de los países, las atribuciones restringidas de MINUGUA no le permiten esclarecer hechos relacionados con la violación a los Derechos Humanos, sino solamente verificar la situación de los mismos. En el caso salvadoreño, ONUSAL tenía mayores atribuciones en la vigilancia y el respeto de los Derechos Humanos, así como en su esclarecimiento.
Debe considerarse, además, que el interés de la ONU por participar en los casos salvadoreño y guatemalteco obedece a la difícil situación por la que atraviesa la organización, pues esta debe recuperarse de una racha de fracasos en su gestión por la paz en otros países del Africa y Medio Oriente.
Ya se han señalado algunas consideraciones sobre la verificación de la ONU en ambos procesos y aquí podría agregarse que las soluciones a los conflictos bélicos en el Istmo dependen tanto de la voluntad de las partes como también de contingencias externas. Dicho esto, se podrían indicar algunas lecturas acerca del veto inicial de China a la misión de observadores para Guatemala.
En principio, hay que decir que en el ocaso del siglo XX, cuando se dice que ha terminado la guerra fría, Centroamérica continúa en medio de las disputas por el poder económico y por la hegemonía política de los centros de poder mundial. Las relaciones entre China continental y el Taiwan están vinculadas con su propia historia y con los enfrentamientos que, en el marco de la guerra fría, separaron al país en dos bloques. Lo económico es importante, pero lo que realmente está en juego son disputas de tipo ideológico y político.
A continuación hay que reconocer las relaciones de poder que se entretejen al interior de las Naciones Unidas. Examínese, por ejemplo, las características del Consejo de Seguridad, el cual está integrado por quince miembros- cinco permanentes y con derecho al veto- y diez restantes que son elegidos por la Asamblea General para un período de dos años. No es casual que los países miembros, con derecho a veto, sean además las llamadas "grandes potencias". Hay que llamar la atención sobre las tácticas que en el pasado vetaron otros procesos negando el derecho de los involucrados a decidir sobre los mismos. El punto de discusión no es el veto a la misión de observadores en Guatemala, sino la política hegemónica que se ha venido imponiendo al interior del organismo mundial. La hegemonía de los países más ricos y poderosos convertirse en un precedente que lleve a la organización mundial a replantear sus mecanismos de decisión, mismos que le permitan alcanzar sus objetivos y actuar acorde con sus principios fundacionales.
Volviendo al caso guatemalteco, los acontecimientos siguieron su curso y el impasse creado por el veto de China fue superado, luego de que este país emitiera su voto favorable para que la misión de observadores de las Naciones Unidas llegue a Guatemala para verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos entre las partes. La noticia podría generar confianza sobre la marcha del proceso; sin embargo, no se puede obviar el peso de las decisiones políticas mundiales sobre los procesos regionales. El poder que le confiere el veto a un país poderoso determina sus relaciones con el resto de miembros de la ONU. Así, las reglas del juego las establece quien posee mayor poder económico, social y político.
Sobre el cambio operado en la diplomacia china se podría reconocer que el mismo obedece a las concesiones dadas por Guatemala a las exigencias del país oriental. El propio embajador chino en las Naciones Unidas, Qin Huasun, al referirse a la solución del problema lo interpretó como producto de "la decisión constructiva asumida por Guatemala". Y es que una de las condiciones de la delegación del país asiático para su voto favorable era que Guatemala revisara su política de relaciones diplomáticas con Taiwan, ya que según el Embajador Huasun estas atentaban contra "la seguridad y la soberanía territorial chinas".
Aunque explícitamente no se han señalado cuales fueron los detalles de este acuerdo es evidente que existen compromisos de parte del país centroamericano. Aunque la posición inicial de Guatemala parecía apelar al derecho a la libre determinación, la práctica y el curso mismo de los hechos parecen indicar un resultado diferente.
En todo caso, lo que se impuso fue el poder. La historia de Centroamérica señala otros casos como este, en los cuales determinadas potencias se arrogaron el derecho de decidir con quién o quiénes podían tenerse relaciones diplomáticas. No se puede ignorar que los vetos no fueron solamente en el plano político-diplomático, sino que también incluyeron bloqueos económicos para aislar y ahogar procesos políticos y sociales que se desarrollaban en la región durante la década de los 80.
Las relaciones de poder que están detrás de estas imposiciones muestran la fragilidad de los actuales procesos de consolidación democrática en Centroamérica. La región puede contar con mecanismos para alcanzar la paz y transitar hacia nuevas formas de convivencia social, pero no sólo depende de la mera determinación interna, el entorno político y la prerrogativa de las grandes potencias sobre Centroamérica inciden sobre la marcha de los procesos locales y, peor aún, señalan un sombrío horizonte. Los centroamericanos no deciden sobre sus propias soberanías ya que estas están mediatizadas por una correlación de fuerzas que inclina la balanza hacia los bloques de poder y no hacia Centroamérica
"En sus marcas, listos,... ¡¡fuera!!" Así es como suena la clásica orden para iniciar las competencias entre personas o animales que --en la conquista del triunfo y sus mieles-- se lanzan con todo y no escatiman esfuerzos para superar cualquier obstáculo en ese afán. Por lo general, para el desarrollo de este tipo de contiendas existen reglas precisas las cuales tienen que ser respetadas por las y los participantes en las mismas. Además, previamente aprobados, se cuenta con mecanismos idóneos --jueces, árbitros, tribunales o lo que sea-- que posibilitan adoptar las decisiones pertinentes para facilitar su curso y dirimir las controversias de cualquier tipo que puedan surgir antes, durante o después de su realización. Algo así sucede con los procesos electorales donde, al igual que en los eventos deportivos, no siempre funcionan las cosas como deberían y de ello se derivan algunas consecuencias más o menos dañinas, según sea el caso.
En la situación actual de El Salvador, no sabemos qué le interesa más a la población. ¿El reciente inicio de la preparación del seleccionado nacional de fútbol para participar en la última fase clasificatoria rumbo a "Francia 98"? Quién sabe, pues las opiniones autorizadas no le adjudican muchas posibilidades al equipo. ¿La campaña electoral que inició el pasado miércoles 15 de enero y que culminará con los comicios del 16 de marzo próximo? Tampoco se puede establecer a ciencia cierta, pues no es muy estimulante lo que ha sucedido previamente y lo que hemos visto hasta ahora durate su incipiente desarrollo. En esta ocasión no vamos a reflexionar sobre el "deporte más popular en el mundo", aunque algún día habrá que analizar su estructura en nuestro país desde la perspectiva de los derechos humanos. Por cuestión de prioridad, mejor centrémonos en lo segundo. Pocos días han pasado desde que la población comenzó --de nuevo-- a ser "bombardeada" con una abrumadora andanada de "mensajes" políticos, de cara al evento a realizarse en marzo. Pese a la poca presencia e impacto de los partidos más pequeños, a través de los diversos medios de difusión la gente está leyendo, viendo y escuchando --en dos "tonalidades" diferentes y, por cierto, con muy poca imaginación-- que "juntos somos el cambio"; también le están recordando que "la esperanza sigue siendo verde"... Así arrancó ya la campaña proselitista.
Por lo que hasta ahora se ha podido observar en cuanto al contenido de la propaganda electoral, en esta ocasión las cosas no van a ser muy diferentes a lo sucedido en años anteriores. Palabras vacías y frases gastadas; ataques personales disfrazados o no, recursos desperdiciados e incremento del desencanto ciudadano. En fin, una saturación sin sentido de los medios y una población que --si bien nos va-- llegará a las urnas sin mayores elementos para decidir quienes gobernarán en su localidad y con qué personajes quedará integrada la próxima Asamblea Legislativa.
De seguir por este rumbo, el 16 de marzo seguramente irán a votar sólo aquellas personas identificadas plenamente con determinados partidos sobre la base del pasado. Algunas lo harán por haber mantenido relaciones de militancia, apoyo o simpatía con uno u otro bando durante las etapas más crudas de la polarización política y bélica en el país, cuando la cosas se "resolvían" eliminando físicamente al contrario; otras lo harán pensado en haber vivido una experiencia personal privilegiada, cuando el partido oficial de la década de los sesenta y setenta copaba todos los espacios en el ejercicio del gobierno, incluidos los municipales y el parlamentarios.
Habrá quien recuerde la "época de gloria" de la democracia cristiana en la oposición o en el poder; quizás por eso, no obstante los desaciertos de su actual dirigencia, se anime a emitir el sufragio para favorecer algo que --pese a lo que digan sus defensores-- en estos momentos no le ofrece mayor cosa al electorado. Para el resto de los partidos no se alcanza a ver mayor chance, en un campo de batalla donde las oportunidades no son nada equitativas si se observan los muchos recursos de unos pocos frente a la precariedad de la mayoría.
No vamos a detenernos en las pugnas internas que han tenido lugar en varios de ellos, grandes o pequeños; tampoco vamos a hablar de las coaliciones fallidas y la poca capacidad para superar la atomización que existe en el espectro político nacional. Sin profundizar en estos últimos aspectos, el cuadro general que observa la población mayoritaria de cara a los comicios es confuso y muy poco estimulante.
Sumidos en este pobre escenario, siempre asoma el fantasma de la duda en relación a lo que realmente se ha avanzado en el país en lo que a democratización corresponde. ¿Son estas las pruebas más sólidas de que, transcurridos cinco años desde el final de la guerra, en El Salvador se establecieron reglas del juego justas para permitir la alternabilidad en el ejercicio del poder político? Seamos más exigentes y preguntémonos si de verdad, con lo que se ha hecho hasta ahora, ¿estamos abonando el terreno para que --algún día-- llegue a florecer aquí la verdadera democracia?
Al menos desde este espacio, la respuesta no puede ser afirmativa por varias razones. Una de ellas: que después de todo lo sucedido en el territorio nacional durante los veinticinco años anteriores, se siguen violando impunemente --al igual que hace más de un cuarto de siglo-- las normas aceptadas con anterioridad para el desarrollo de los procesos electorales o se continúan cambiando las mismas en cualquier momento, para favorecer determinados intereses de grupo y hasta personales. De eso, es fácil presentar pruebas y a unas de éstas nos remitimos para ilustrar la situación con "nombres y apellidos".
El artículo 237 del Código Electoral es suficientemente claro al prohibir "el uso de vehículos oficiales y nacionales para realizar actividades partidistas"; además, en su texto aparece que el o la funcionaria que transgreda esta disposición será destituida inmediatamente del cargo que ocupa. Sin embargo, fuera de las "advertencias" del presidente de la República y los "golpes de pecho" de algunos de sus colaboradores inmediatos, no conocemos que se hayan adoptado las medidas del caso para aplicar la sanción correspondiente a quienes el pasado domingo 12 enero --en ocasión de celebrarse en un hotel capitalino una convención "arenera"-- utilizaron cerca de veinte "vehículos oficiales y nacionales", con todo y su combustible, para asistir y "acarrear" personas al evento partidario. Identificados por sus placas y los logotipos que portaban, se estableció que algunos de los automóviles pertenecían a la alcaldía de San Salvador y la Procuraduría General de la República.
También no está permitido, por ley, utilizar en la campaña símbolos de otros partidos o fotografías de candidatos rivales; de igual forma, no se debe pintar propaganda política en las señales de tránsito, los monumentos y edificios públicos, las obras de arte, las paredes de las casas particulares que no hayan sido autorizadas por sus propietarios y los árboles. Sn embargo, deben ser muy pocas las personas que --poseyendo un aparato para ello-- no hayan visto ese largo, cansado y costoso programa de televisión donde ARENA presenta las imágenes de varios políticos opositores, cubiertos de los ojos pero totalmente identificables, calificándolos de cualquier cosa. Y qué decir de las ciudades manchadas en casi todos sus lugares y con todos los colores, sin importar que existan restricciones legales específicas para ello. Les guste o no a quienes hablan dentro y fuera del país sobre las bondades del "proceso salvadoreño", al poner los pies en la tierra salvadoreña y observar lo que en ella está sucediendo no queda más que preocuparse. ¿O resulta alentador que, además de todo lo anterior, las dirigencias de los partidos no hayan tenido la capacidad de lograr --a estas alturas-- un acuerdo mínimo para mejorar la "calidad" de la propaganda política que deberá soportar la gente a lo largo de la presente campaña? Previamente desconfiada e incrédula por múltiples y explicables razones, la mayoría de esa población no encuentra razones válidas que la motiven a participar en el cercano evento electoral y no podemos culparla por ello. Hay que pasarle la factura a quienes debieron hacer algo por modificar esa situación y no lo hicieron a tiempo.
El reconocimiento de los derechos políticos es una de las mayores conquistas de la humanidad; dentro de ellos, tiene un lugar especial el de elegir y ser elegido para ocupar un cargo público. ¿Cuáles son los requerimientos mínimos para asegurar que esto sea una realidad? Un sistema electoral fundado en el voto directo, libre, universal, secreto e igualitario, con representación proporcional para los partidos. Y junto a ello: la garantía de unas elecciones competitivas en igualdad de condiciones, cuyos resultados se respeten para permitir así la alternancia en el poder político. Pero lo anterior no basta, en la medida que la democratización no llegue al interior de los llamados "institutos políticos" para --entre otras cosas-- permitir a sus militantes seleccionar a sus candidatas y candidatos.
A partir de esos elementos se debe valorar lo que tenemos y pensar en lo que todavía nos falta en El Salvador, conscientes de que no existe en nuestra sociedad una tradición democrática ni siquiera en ciertos niveles considerados elementales. Intentando ser objetivos, se descubre que aún nos encontramos en un estado deficitario en muchos de estos aspectos y no cabe duda que, después de haber probado tanto, los mecanismos prácticos para fortalecer la democracia y sus instituciones en el país deben apuntar hacia la participación real de la población en ese proceso, tanto de forma individual como colectiva.
Pero con lo que hasta ahora se ha hecho --sobre todo en cuanto a trampas y manipulaciones de diverso tipo-- no es posible asegurar que se está actuando de la manera más correcta. De seguir así, en lo que toca al desencanto y frustración, las consecuencias serán más graves que aquellas derivadas de la posible eliminación del equipo salvadoreño de fútbol. En serio: nuestra gente necesita razones para creer y participar pero, lástima grande, desde los espacios políticos y gubernamentales no se le están brindando.
Por ello, se vuelve una de las principales prioridades el que --en adelante-- las instituciones estatales relacionadas directamente con la materia y las diferentes fuerzas políticas se propongan, de una vez por todas, mejorar la situación a partir del respeto que le deben tener a una población cansada de tantas experiencias fallidas y promesas incumplidas. Es necesario y urgente adoptar una actitud diferente a la que, durante tantos años e independientemente de sus adecuaciones, ha prevalecido en detrimento del indispensable involucramiento popular en los asuntos públicos mediante las vías racionales y pacíficas.
Quienes ahora se encuentran ocupando un sitio en el aparato gubernamental o en las estructuras partidarias, deben asumir seriamente su responsabilidad en este sentido. Esas personas, mejor que nadie, deben saber que una de los principales motivos que arrojaron al país dentro de una dolorosa espiral de violencia política y bélica en las décadas recién pasadas, fue el cierre de los espacios para la participación ciudadana. Y ahora, a pesar de todo, no existe una garantía real de que las cosas hayan cambiado para bien.
PRESENTAN PLAN. El Ministro de Agricultura y Ganadería, Ricardo Quiñóñez, acompañado de los demás integrantes del Gabinete Económico presentaron, el 21.01, un plan gubernamental de desarrollo para el sector agropecuario. El Plan comprende una estrategia de mediano plazo destinada a la modernización institucional y sostenibilidad de los recursos naturales por medio de políticas fiscales, de precios, comercio internacional y desarrollo local; así como otra de aplicación inmediata conocida como "Programa Agropecuario 1997" fundamentada en la ejecución inmediata de nueve políticas para facilitar incentivos e impulsar a los productores agrícolas y ganaderos del país. En la presentación oficial del Programa, el gabinete económico descartó que se hayan negociado tasas de interés preferenciales o plazos de pago amplios, así como descartó que haya un monto específico de dinero para destinar a los créditos del agro, adelantando que el plan no contiene exención del IVA a los productos lácteos. No obstante, se informó que el plan incluye medidas para contrarestar el comercio desleal de productos subsidiados en su país de origen. En ese sentido, el Ministro de Economía, Eduardo Zablah, dijo que esta cartera fortalecerá una oficina ya existente para tratar los productos extranjeros subsidiados en su país de origen, indicando que accionarán según las reglas multilaterales que rigen al comercio mundial. Por su parte, la presidenta de la Asociación Cafetalera de El Salvador, Elena Bolaños de Arriaza, expresó que en la agricultura aún falta mucho para poder acceder a créditos blandos. Mientras que el presidente de la Asociación de Productores de Leche, Roberto Castillo, expresó su malestar por que el sector lácteo no pueda trasladar el IVA a los consumidores (LPG 22.01 p.15-a, DH 21.01 p.2 y DH 22.01 p.13).
ESTUDIARAN FACTIBILIDAD. La Asamblea Legislativa, a través de la Comisión de Protección al Medio Ambiente, inició, el 21.01, el estudio del proyecto de instalación de una planta incineradora de basura, que quemaría los desechos del Area Metropolitana de San Salvador (AMSS) para generar energía eléctrica. Como primer paso, 6 diputados de la Comisión dispusieron mandar a llamar a los representantes de Continental Waste Conversion, la compañía a cargo del proyecto, para posteriormente llamar a los representantes de la internacional ecologista Greenpeace. Tras un breve debate, Norman Quijano, Ernesto Velásquez y Mauricio Retana, de ARENA; David Pereira y Dagoberto Gutiérrez, del FMLN, y Tomás Mejía, del PDC, dispusieron "de oficio" iniciar el análisis del proyecto del alcalde Mario Valiente. "Inicialmente se pensaba que los polvos que emitirá la planta no son tóxicos, pero luego nos dimos cuenta que sí", argumentó Dagoberto Gutiérrez. Al respecto, la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) reveló las conclusiones del experto inglés Paul Connett, experto traido por la organización. Según Connett, la planta procesadora no es una solución viable a largo plazo por el alto costo que representa la utilización de este tipo de tecnología. "En países como Holanda, Suiza, Alemania, se ha comprobado que este tipo de proyecto no es una alternativa adecuada por su elevado costo, lo que ha motivado el cierre de más de 300 plantas similares", enunció. Connett adelantó que la gasificadora requiere una cantidad específica de desechos para producir energía y si no hay suficiente cabe la posibilidad de que haya necesidad de importarlos (LPG 22.01 p.30-a y DH 22.01 p.23).
INGRESAN AL PCN. El alcalde de Ciudad Delgado, Carlos Enrique Colindres, junto a su concejo municipal, anunciaron, el 21.01, su decisión de abandonar el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y cambiarse al Partido de Conciliación Nacional (PCN). Colindres acusó a las autoridades de su ex instituto político, de imponer un nuevo candidato a ese puesto. "No creemos en la imposición" enfatizó Colindres explicando que la cúpula arenera nombró "de dedo" al candidato a alcalde de esa localidad sin consultar a las bases. "Se nos impuso un candidato que no reúne las condiciones", agregó. Por su parte, Ciro Cruz Zepeda, secretario general del PCN, juramentó a los nuevos miembros del partido. "Cada vez estamos creciendo, todavía hay una buena cantidad de funcionarios que se van a incorporar", dijo. Mientras tanto, dirigentes de ARENA manifestaron restar importancia a las deserciones (LPG 22.01 p.4-a y DH 22.01 p.6).
REITERA FIDELIDAD. El ex presidente de la República, Alfredo Cristiani, reiteró, el 21.01, a la prensa que no entra en sus planes renunciar al partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), ante la insistencia de rumores que aseveran lo contrario. "Sigo siendo miembro de ARENA, voy a seguir dentro del partido, voy a trabajar con él y con los candidatos", expresó al explicar que su ausencia en la reciente Asamblea General del partido se debió a un viaje de negocios que realizó a Japón. "Los únicos que pueden contestar por qué se han cambiado de bandera política son los que se cambian, cada quien en su conciencia sabrá por qué hace eso", indicó (LPG 22.01 p.35-a).
REESTRUCTURAN TRABAJO. La Asamblea Legislativa anunció que, a partir del 15.01, y durante el tiempo que dure la campaña política, las plenarias legislativas se desarrollarán cada miércoles. La determinación obligará a que las reuniones de las comisiones de Obras Públicas y de la Familia, la Mujer y el Niño señaladas para los días miercoles se tengan que realizar el mismo día pero con premura, debido a que tienen que concluir antes para dar comienzo a las plenarias. La jefa de fracción del PDC, Rosa Mélida Villatoro, manifestó que el propósito de la gestión es que los diputados tengan libre desde el jueves hasta el domingo para dedicarse a la campaña política en sus respectivos departamentos (LPG 15.01 p.6-a).
PLAZAS SERAN COMPARTIDAS. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia informó, el 14.01, que las plazas en los hospitales, supuestamente reservadas para estudiantes de Medicina de la Universidad de El Salvador (UES), deberán ser compartidas por éstos y los estudiantes de las universidades privadas que ofrecen la carrera de Doctorado en Medicina. Aludiendo al principio constitucional de "igualdad para todos" la Sala de lo Constitucional resolvió que la disposición del Ministro de Salud, Eduardo Interiano, de ofrecer un porcentaje de las plazas a estudiantes que no cursan sus estudios en la UES es legal. "Se declaran legales los actos en virtud de los cuales el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social designó en plazas de practicantes internos en hospitales y centros de Salud del Estado a estudiantes de Medicina de universidades privadas", reza parte de la resolución de la Sala (LPG 15.01 p.17-a).
TRABAJADORES DENUNCIAN. Cerca de 200 trabajadores del Instituto Nacional de Empleados Públicos (INPEP) podrían quedar sin empleo, por la aplicación de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, denunciaron sindicalistas. Roger Gutierrez, dirigente del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Pensiones Públicas (SITINPEP), denunció el despido de dos trabajadores de la Oficina Regional de San Miguel, el 06.01, como una de los primeros indicios de los efectos de dicha Ley. Para los agremiados, la Ley está ocasionando despidos, sobrecarga de trabajo, sin que el correspondiente cumplimiento de las cláusulas contractuales que definan las funciones para cada puesto. A la vez, exigieron una reunión con las autoridades del INPEP, para tratar los diferentes problemáticas, especialmente lo concerniente a los despidos de los que pueden ser objeto (DL 15.01 p.2).
MOVILIZACION. Trabajadores de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) marcharon, el 20.01, por las principales calles de la capital exigiendo al gobierno facilidades para la compra de acciones del activo público de la Institución. La movilización, que terminó sin incidentes, finalizó en Casa Presidencial, donde cuatro sindicalistas fueron recibidos por el Secretario de Asuntos Jurídicos del Gobierno, Guillermo Avila Quëhl. Los dirigentes sindicales presentaron al gobierno la llamada "propuesta socioeconómica" que pretenden impulsar de cara a la privatización de ANTEL. Wilfredo Berríos, dirigente sindical de ANTEL, calificó de "positiva" la reunión, adelantando que la propuesta será estudiada por el Presidente Armando Calderón Sol y el comisionado para la Modernización del Estado, Alfredo Mena Lagos (LPG 21.01 p.24-a).
CERRARAN CARRERAS. El Director de Educación Superior, Adalberto Campos, reveló, el 16.01, que de las 70 carreras universitarias cuyos planes de estudios no estaban autorizados por el Ministerio de Educación, únicamente 47 terminaron aprobándose sin ningún problema. Con la entrada en vigencia de la nueva Ley de Educación Superior, desde diciembre de 1995, 25 universidades privadas quedaron en vacío legal con aquellas carreras que estaban impartiendo y que no contaban con el aval definitivo de las autoridades de Educación. El informe detalla que son 23 planes de estudios los que no fueron autorizados. Campos aclaró que a todos los estudiantes que resultaron afectados con estos dictámenes se les validarán los créditos académicos que lograron obtener hasta diciembre de 1996. En las universidades en donde se resolvió prohibir la matrícula, se permitirá que continúen con la formación académica únicamente de los alumnos inscritos hasta 1996, quedando obligados a cerrar la matrícula, en todos los niveles de la carrera, a partir de 1997. El funcionario informó que en las universidades donde se mandan a cerrar las carrera están obligadas a extenderles a sus alumnos las certificaciones de notas obtenidas legalmente y reportadas hasta diciembre de 1996, aunque ellos no terminarán los estudios en esa universidad. El funcionario afirmó que los planes de estudio de todas las carreras universitarias, sin excepción, que están aprobadas por el Ministerio de Educación, tienen que ser presentados por las autoridades universitarias al MINED en el transcurso del año, a fin de verificar si cumplen con la Ley de Educación Superior, porque de lo contrario su vigencia concluirá el 27.12 de 1997 (LPG 17.01 p.3-a y DH 17.01 p.2-a).
CAMPAÑA CONTRA ABORTO. La parroquia de San Antonio de Padua, de la colonia América y la Fundación Sí a la Vida, iniciaron el 16.01 un novenario de misas en favor de la vida de los niños no nacidos, en señal de rechazo a algunos intentos de legalizar el aborto en el país. "La gran familia de la Iglesia está seriamente preocupada por la monstruosa amenaza de legalizar el aborto", dijo el párroco Hilario Contran. Según una carta de la Iglesia Católica enviada a la Presidenta del Congreso, Gloria Salguero Gross, existe preocupación porque el proyecto "contiene una serie de normas que atentan contra el más fundamental de los derechos, como el de la vida". La Conferencia Episcopal adujo que ya el Código Penal Vigente contiene normas que no están en concordia con los instrumentos jurídicos, pero el nuevo proyecto agrava las discordias y abre la puerta a la legalización del aborto. En opinión de la jerarquía católica, la nueva Ley que podría ser aprobada antes de marzo, amplia las condiciones para la despenalización de "este gravísimo crimen". El religioso de la colonia Centroamérica calificó los intentos por parte de algunos legisladores de legalizar el aborto como "una puerta abierta a la muerte por lo que hay que defender la vida". Para la Iglesia, el nuevo Código señala en su artículo 137 el riesgo a la salud física o psíquica de la embarazada, lo cual es un concepto tan amplio que se presta a todo tipo de abusos. La legislación que se pretende aprobar, dijo el padre Contran, va en contra de un ser completamente indefenso e impregnado de inocencia, por lo cual no puede "imputársele falta alguna y mucho menos la pena de muerte", reiterando un llamado al resto de congregaciones religiosas a unirse a esta cruzada antiabortista, para decir un no a la promulgación de esta ley (LPG 17.01 p.19-a y DH 14.01 p.6).
CONDICIONAN PACTO. El partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) exigió. el 20.01, al Tribunal Supremo Electoral (TSE) suprimir de la redacción del documento denominado "pacto de caballeros", la frase "cumplir la ley y el Reglamento", como condición para firmarlo en la reunión del 24.01, a la que se espera asistan representantes de los 14 partidos contendientes. "Solamente así estaremos acompañando el pacto, ya que si se firma el documento con esta frase es como aceptar que los partidos actúan al margen de la ley, cuando se presume que la intención del Tribunal es que exista el compromiso de una campaña de altura, educativa y basada en el respeto de la persona", resumió Walter Araujo, miembro del Consejo Ejecutivo Nacional de ARENA. Por su parte, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), a través de Orlando Quinteros, insistió, el 20.01, que su partido no firmará nada, mientras el TSE no resuelva el caso de los autos oficiales asignados a funcionarios, los cuales dice que fueron utilizados para fines políticos, durante la Asamblea General de ARENA. "Estamos interesados en una campaña de altura y que todos los candidatos participen con las manos limpias, con igualdad jurídica, específicamente que ARENA no use bienes del Estado", indicó Quinteros. Mientras tanto, el coordinador general del Movimiento Auténtico Social (MAS), Luis Gómez Zárate, externó su disposición a firmar el documento, si bien advirtiendo que tiene un proceso abierto en contra del presidente del Partido Liberal Democrático (PLD), Kirio Waldo Salgado, lo cual impedirá acercamientos durante la campaña (LPG 21.01 p.5-a).
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