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© 1997 UCA Editores
Año 17
número 743
enero 29
1997
ISSN 0259-9864
Arzobispo y general
La crisis del agro y el plan de reactivación agrícola del gobierno
La imagen del alcalde de San Salvador en cuestión
El debate acerca del aborto
Nicaragua: desarme de los alzados
El monitoreo independiente (I)
General, ¿a cuál jefe obedecerá?
El ascenso a General de Brigada del Arzobispo de San Salvador ha recordado a la opinión pública que éste, además de metropolitano de la capital, es obispo de los militares. Junto con él recibieron ascensos varios sacerdotes, médicos, músicos y bomberos que también prestan servicios profesionales en el ejército. Pero el ascenso más significativo, sin duda, es el del Arzobispo. Al tomar posesión de la sede de San Salvador, prometió que en breve abandonaría la diócesis militar, pero desde entonces no se pierde ningún acto oficial de la Fuerza Armada, a los cuales asiste con todas sus vestiduras episcopales y en los cuales se sienta entre las autoridades de la república y del ejército.
La ceremonia de ascenso fue privada, pero no deja de ser chocante que el obispo de San Salvador preste juramento militar ante el Ministro de Defensa. Según el contenido de dicho juramento, el Arzobispo es un funcionario público más. El Presidente de la República es su comandante y jefe y debe obediencia militar al Ministro de Defensa y al alto mando de la Fuerza Armada. Además le dieron un bastón de mando, símbolo de la autoridad del general sobre su brigada; así como el nuncio apostólico le entregó el báculo en la catedral metropolitana, símbolo de responsabilidad pastoral sobre su grey. No sabemos si junto al anillo episcopal usará el militar y las charreteras. Tampoco sabemos como llamarlo, si monseñor o general. El Ministro de Defensa lo llama monseñor y general de brigada.
Es normal que los militares quieran tener sus propios capellanes, así como tienen sus centros comerciales y deportivos, su universidad, su hospital y su funeraria. Es menos claro qué tiene que ver la disciplina y el orden militar con el ministerio sacerdotal. ¿Será que con la misma puntualidad y meticulosidad con la que acuden a sus obligaciones militares cumplen con sus deberes para con Dios? ¿Por qué razón los militares no pueden acudir a sus respectivas parroquias para cumplir con sus devociones y obligaciones religiosas tal como lo hacemos todos los demás cristianos? Si el Estado concede fuero a los militares por los servicios que dicen prestar a la República, Dios sólo reconoce hijos e hijas, hermanos y hermanas. Para el Dios de Jesús no existen fueros ni privilegios de ninguna clase.
La Iglesia, por lo tanto, no debiera prestarse a conservarlos. En cuanto personas, los militares debieran acudir a sus parroquias y además debieran participar actividamente en la vida parroquial. En cuanto institución, la jerarquía eclesiástica debiera tratar a la Fuerza Armada con el mismo criterio con el que trata a las demás instituciones estatales. El tratado existente entre El Salvador y la Santa Sede bien puede ser revisado y debiera ser anulado, dados los tiempos que corren y sobre todo por fidelidad al evangelio de Jesucristo.
La Iglesia salvadoreña debiera recordar que el obispo castrense anterior, Mons. Joaquín Ramos, fue asesinado, que el crimen no ha sido debidamente investigado y que existen suficientes indicios que apuntan hacia los mismos militares. Mons. Rivera estaba convencido de la participación de miembros de la Fuerza Armada en el asesinato del religioso. De la misma manera, es conocida la cerrada defensa que el actual Arzobispo y ahora General de Brigada hace de la inocencia del ejército en este caso.
Ninguno de los argumentos esgrimidos para justificar el ascenso convence. Si los sacerdotes ascendidos en la jerarquía militar no tienen mando, ¿qué sentido tienen tales promociones militares? No son más que glorias y vanidades mundanas de las cuales la Iglesia de Jesús debiera huir. Es cierto que los nuevos oficiales no tienen mando militar, pero sus cargos sí conllevan salarios cuantiosos y prestaciones muy generosas. ¿Cobran tales salarios y se benefician de las prestaciones el Arzobispo y los sacerdotes ascendidos? El Arzobispo llegó a la arquidiócesis de San Salvador con un chófer y guardaespaldas armados, enrolado en el ejército y, por lo tanto, pagado por éste, es decir, por los impuestos de la ciudadanía.
Esos salarios y esas prestaciones salen, en efecto, de los impuestos que pagamos los ciudadanos. Unos impuestos que resultan insuficientes para que el Estado atienda sus obligaciones sociales. Ante ello cabe preguntar si no sería más evangélico que el obispo y los capellanes militares renunciasen voluntariamente a tan jugosas prebendas. Cabe preguntar también por qué un Estado que busca reducir sus gastos, que además se declara formalmente laico, tiene que pagar tanto a los capellanes de su ejército. Finalmente, si paga capellanes católicos, por qué no ofrece la misma oportunidad a los ministros de otras confesiones cristianas.
El carácter interino que pueda tener el ascenso militar del arzobispo de San Salvador no responde a estas graves cuestiones, porque el problema no es temporal, sino de principios evangélicos y de ética social. Además, cuando el próximo obispo castrense tome posesión de su cargo, el arzobispo y general de brigada pasará a retiro con una pensión y unas prestaciones cuantiosas, que también saldrán del abultado presupuesto de defensa.
Las capellanías militares son muy cuestionables. Más aún cuando se trata de ejércitos como el salvadoreño que todavía cargan sobre sí la vida de decenas de miles de personas torturadas, desaparecidas y asesinadas. Por lo general, esta clase de servicio religioso es prestado con discreción. Probablemente ningún prelado es al mismo tiempo obispo de la capital del Estado y del ejército, causando estupor y escándalo en el pueblo de Dios. Estas cosas sólo suceden en El Salvador, donde el mundo mágico latinoamericano se vive con una densidad especial. Menos mal que todavía hay capacidad para el asombro, el escándalo y la protesta.
La crisis del sector agropecuario es actualmente uno de los principales problemas económicos del país, y sus orígenes en realidad trascienden los condicionantes surgidos apenas durante la década de 1990. Además de los condicionantes coyunturales, existe evidencia histórica de que el sector agropecuario y la mayoría de la población rural se han encontrado casi permanentemente en situación de crisis. Conflictos tales como la rebelión campesina de 1932, la reforma agraria de la década de 1980 y luego el Programa de Transferencia de Tierras son muestras palmarias de la existencia de problemas estructurales en el agro aún irresueltos.
Una muestra reciente de la necesidad de enfrentar los problemas del agro ha sido la presentación, el pasado 21 de enero, del "Programa Agropecuario 1997".En realidad, anteriormente el Presidente Calderón Sol había mencionado ya un "plan integral de reactivación agropecuaria". Específicamente en el discurso alusivo a su segundo año de gobierno ofrece, entre otras once medidas de emergencia económica, " [poner] en marcha el plan integral de reactivación agropecuaria, cuyos puntos principales son: la seguridad jurídica en la propiedad de la tierra, crédito oportuno y preferente a las actividades agrícolas, suministro de tecnología e información de mercado, así como mejoras en la conservación de granos básicos...".
Como se constatará más adelante, estas medidas forman parte del Programa Agropecuario 1997, lo cual además de reflejar los ya frecuentes retrasos en la ejecución de medidas de política económica, también levanta serias dudas sobre la coherencia interna de los planes de desarrollo gubernamental y, por tanto, sobre su viabilidad en el mediano y largo plazo. El hecho de que la privatización de la banca sea uno de los problemas actuales que frenan el crédito, la inversión y la producción del sector agropecuario, muestra que las políticas de privatización puestas en práctica por el mismo gobierno no son compatibles con otro de sus: la reactivación económica del sector agropecuario.
Algunos de los problemas más críticos presentes en este sector son de carácter estructural y, por lo tanto, sus soluciones son aún más complejas que las propuestas hasta ahora por el gobierno. Problemas tales como la deuda agraria, los bajos niveles de tecnificación y de rendimientos, precios poco atractivos para los granos básicos, la caída de los precios de los productos de exportación y la poca diversificación del sector agropecuario aún persisten después de implementadas la reforma agraria y el Programa de transferencia de Tierras. En las siguientes líneas se presentan algunos de los contenidos generales del Programa Agropecuario 1997 para luego evaluar sus posibles implicaciones sobre la problemática del agro y considerar posibles medidas complementarias.
Programa agropecuario 1997
De acuerdo al Ministro de Agricultura, Ricardo Quiñonez, el Programa Agropecuario 1997 concibe acciones en nueve diferentes áreas: seguridad ciudadana, seguridad jurídica, medidas fiscales, medidas de política comercial y precios, financiamiento, transferencia tecnológica, mejoramiento de infraestructura, política ambiental y modernización institucional. A continuación se presentan algunas de las medidas más importantes contenidas dentro del plan.
En el campo de la seguridad ciudadana y jurídica se propone la creación de puestos de policía, agilización en la entrega de títulos de propiedad, y liberar para su arrendamiento las tierras afectadas por la reforma agraria; en la línea de política comercial se propone coordinar un arancel uniforme y liberalizar el comercio de insumos; en la línea de financiamiento se proponen medidas para facilitar el acceso al crédito, el refinanciamiento y la creación de líneas de avío para cereales, lo cual en total requeriría de 3,500 millones de colones; por otra parte, la transferencia tecnológica se pretende lograr a través de la importación de semilla certificada, la aceleración de la transferencia tecnológica y la concesión de la Escuela Nacional de Agricultura al sector privado. Otras medidas mencionadas son la modernización del Ministerio de Agricultura, la ejecución de obras y caminos rurales y la adopción de medidas para proteger la producción cafetalera.
Algunas implicaciones
El fortalecimiento de la actividad policial y la legalización de la tenencia de la tierra apuntan, por un lado, hacia la intensificación del combate de la delincuencia -que abate por igual a todos los sectores económicos- y hacia el fomento de procesos de arrendamiento de la tierra o bien hacia la utilización de los títulos de propiedad como garantía prendarias para acceder al sistema crediticio. Las medidas de política comercial, por su lado, forman parte en realidad del conjunto de reformas que están negociándose con los restantes países centroamericanos (eliminación de los aranceles a los insumos y bienes de capital y la uniformización arancelaria centroamericana), y en la medida que propugnan por la liberalización del comercio podrían afectar negativamente a subsectores como el productor de granos básicos, el avícola y el ganadero.
En lo que respecta a las medidas destinadas a impulsar la transferencia tecnológica llama la atención el hecho de que la mayoría de éstas en realidad tampoco son nuevas: la introducción de semilla certificada data de varias décadas atrás, mientras que el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria ha sido el ente a través del cual se ha pretendido acelerar, sin mayores resultados, la transferencia tecnológica. Otras medidas comprendidas dentro del plan, tambien forman parte de otros planes de gobierno tales como la modernización del estado y la ejecución de obras públicas, así como de la tradicional política de protección gubernamental hacia el sector cafetalero practicada desde mediados del siglo pasado. Por ello no podría esperarse de estas medidas efectos significativos para la situación del agro, pues estas han venido implementándose con anterioridad sin mayores resultados.
Por otra parte, las medidas contempladas dentro de los programas de financiamiento son muy acertadas, pero aún no queda claro de donde provendrán los 3,500 millones de colones que se proyectan utilizar en las nuevas líneas de financiamiento, pues, de acuerdo al Ministro de Agricultura, parte de estos se obtendrían de los fondos aportados por aquellos agricultores que cumplan con el pronto pago de su deuda agraria, lo cual no es viable en la actualidad.
Consideraciones
El más importante cuestionamiento al plan de desarrollo agropecuario es que éste no plantea soluciones para problemas estructurales del sector tales como los bajos niveles de productividad, la poca diversificación del sector y los bajos precios para los granos básicos. Probablemente las medidas de financiamiento sean las que podrían tener un impacto más significativo sobre el sector agropecuario, sin embargo, éstas se verán limitadas por la ausencia de fuentes que provean los fondos necesarios.
Una medida importante para la reactivación del sector agropecuario es la intensificación de las políticas de transferencia tecnológica, pero antes debe hacerse un replanteamiento de los métodos seguidos hasta ahora por el Estado en este campo -lo cual implicaría, entre otras cosas, un incremento al presupuesto de instancias de gobierno que atienden el agro y no un decremento tal como ocurrió este año-. Por otro lado es recomendable que el Estado garantice precios rentables a los productores de cereales, que se mantenga una política comercial diseñada -más que para liberalizar el comercio- para proteger a los productores nacionales y que se adopten programas de financiamiento -de ser necesario financiados por el Estado- que respondan a una política de diversificación de exportaciones y de desarrollo de la agroindustria.
A todas luces, la vida política del actual alcalde de San Salvador no ha sido muy afortunada. Dotado de un infalible olfato para escoger planes que encuentran fácil y generalizada oposición y armado de una lengua generosa que tarda más en hacer afirmaciones que en provocar agrias polémicas y desventuradas contradicciones políticas, Mario Valiente ha hecho todo menos forjarse una imagen -si es que la hay de este tipo en el actual contexto político- de hombre inteligente, negociador y sagaz.
Lo curioso de su figura es que, a pesar de su lista interminable de desatinos e imprudencias, el partido ARENA le ha brindado constantemente la indulgencia y la protección institucional necesaria para menguar las tormentas que el mismo ha provocado, y, lo que es aun más sorprendente, ha premiado su errática carrera edilicia dándole su apoyo para buscar la reelección en las futuras elecciones; sin embargo, en lo que aparenta ser un cambio de 180 grados en la actitud de la administración arenera hacia su protegido, en tan sólo una semana dos de los proyectos de Valiente han sido rechazados públicamente por Calderón Sol.
El primer revés se dio el 22 de este mes cuando la Policía Nacional Civil y la Fiscalía de la República, apoyadas por el "enérgico respaldo" de Calderón Sol, procedían a decomisar 100 máquinas tragamonedas del negocio "Izalco's Video", el cual, desde el 23 de octubre de 1996, contaba con un permiso de operación firmado por Valiente. El segundo, tan sólo cuatro días después, cuando el Presidente afirmó que el polémico plan de la gasificadora (ver Proceso, 742) no se llevaría a cabo mientras no existieran estudios técnicos que garanticen que la implementación del proyecto no atentará contra la salud de la población.
A raíz del escándalo generado por la confiscación de las máquinas de azar, pese a que éstas poseían el visto bueno del edil de San Salvador, el FMLN afirmó tener conocimiento de que el COENA había solicitado a Valiente renunciar a su reelección. Como respuesta, el Concejo Ejecutivo Nacional de ARENA declaró que el edil, al contrario de lo dicho por el FMLN, contaba con todo el apoyo del partido y las bases del mismo. Empero, tanto en este caso como en el otro, hay algo que no queda muy claro: ¿por qué, si Mario Valiente tenía el apoyo de su institución política, el Presidente de la República dio declaraciones que no podrían interpretarse más que como muestra de todo lo contrario? ¿Por qué no se han manejado estos dos asuntos mediante el uso del silencio oficial y el apoyo incondicional al funcionario en aprietos, como ya es acostumbre?
Una cosa es que un proyecto de la responsabilidad de un miembro de ARENA sea rechazado por un sector de la población o que el mismo se vea envuelto en una investigación policial por emitir permisos irregulares, y otra muy distinta que el partido se declare a favor de esa oposición o afirme la ilegalidad de la acción del funcionario. Este cambio no puede explicarse más que por las necesidades y apremios impuestos por el contexto pre electoral.
Desde que se hicieron públicas las operaciones del "Izalco's Video" muchos sectores de la sociedad criticaron el talante y efectos de este negocio de juegos de azar. Para la gran mayoría de la población, éste sólo se traduciría en vicios para la juventud y traería consigo otros efectos adversos, como el crimen organizado por ejemplo. De ello que la confiscación de las máquinas fuera aplaudido por la opinión pública, poniendo así en grave situación política a su responsable: Mario Valiente.
Haber apoyado a Valiente en esta nueva controversia habría implicado que el partido ARENA se mostrara a sí mismo como un ente que avala negocios que van en contra de las "buenas costumbres" y los valores conservadores que siempre ha dicho defender, los cuales gracias a sus múltiples campañas están hoy en boga. ARENA hizo lo más lógico de cara a las elecciones, declararse en contra de los juegos de azar sin mencionar directamente a su responsable, pero manteniéndolo a la vez en la plancha de candidatos, ya que pedir su dimisión habría significado dar pie a especulaciones sobre su culpabilidad y habría sido señal de debilidad en una institución que se ha preciado de su unidad y obstinación a pesar de los tropiezos y divergencias.
Dejando de lado las rutinarias polémicas políticas al interior de ARENA, lo que finalmente interesa resaltar es la capacidad del ejecutivo de vetar los proyectos de las alcaldías cuando estos sobrepasan sus expectativas o atentan contra sus intereses coyunturales. No deja de surgir la pregunta de qué pasaría si algún partido de la oposición ganara la alcaldía de San Salvador. ¿Cuáles serían las posibilidades de implementar sus proyectos y metas frente a la amenaza perenne del veto de la presidencia?
Si, por ejemplo, lo que en última instancia llevó a que el proyecto de la gasificadora no se concretizara fue el interés de no perder puntos en las simpatías del electorado, qué cosa impediría que los obstáculos puestos por el ejecutivo no fueran insalvables para una administración edilicia de oposición. Si se tiene en cuenta que la Alcaldía de San Salvador puede y es utilizada como un trampolín para acceder a mayores cuotas de poder dentro del Estado, no será nada sorprendente que, para desgracia de los ciudadanos y para beneficio del gobierno en funciones, ella sea inutilizada o potenciada en correlación con el la inclinación política del funcionario que la maneje.
En las últimas semanas el polémico tema del aborto ha sido abordado por diversos sectores de la sociedad salvadoreña, lo cual se explica no sólo por la proximidad de las elecciones y la propuesta de algunos candidatos de retomar el tema en la Constitución, sino también por la serie de marchas y atentados acaecidos en Estados Unidos, país en el que existen leyes que lo aprueban desde hace 24 años.
La legislación salvadoreña contempla situaciones donde el aborto no es punible -léase aborto culposo propio, terapeútico, sentimental y heugenésico-. Es decir, su tratamiento en la Constitución de la República no es una novedad; sin embargo, hacer del mismo un tema de debate público en el marco de las elecciones hace pensar en una simple manipulación de un problema complicado, que fácilmente se puede prestar a la morbosidad y nula o poca objetividad de quienes discuten el tema; y sin son figuras políticas las que intervienen en la polémica, éstas pueden hacerlo con el único fin de ganarse la simpatía y el voto de aquellos que tienen una determinada valoración de la práctica del aborto. En el tema del aborto se mezcla no solo lo legal con lo religioso, sino también lo cultural con lo ideológico; en consecuencia, dar un juicio de valor y, peor aún, dictaminar una ley que lo respalde o lo condene resulta ser una tarea compleja y que, además, puede resultar peligrosa si no es asumida con toda la seriedad y responsabilidad que merece.
En lo que se refiere a la Iglesia católica, su posición al respecto ha sido de una franca y tajante oposición. Sus máximos jerarcas no han vacilado en condenar este "horrendo crimen". Empero, parecen haber vacilado en condenar la pena de muerte, ley que por lo demás está en espera de ser ratificada o rechazada por la próxima legislatura. Los que conciben al cigoto como una nueva vida y, por ende, al aborto como un asesinato imperdonable, deberían concebir la pena de muerte como un crimen igualmente imperdonable. Según la concepción cristiana, todos, inocentes o pecadores, somos hijos de Dios. Si ello es así, ¿quienes son los hombres para decidir sobre la vida o muerte de otros hombres? ¿O es que así como en la época de la colonización y conquista de América se realizaron atrocidades al asumir que los indios no tenían alma por no profesar el cristianismo y que su vida valía menos que la vida de cualquier animal, ahora se va a asumir que la vida de un "pecador" vale menos que la de un inocente? Además, la Iglesia católica, con una estructura jerárquica eminentemente masculina, ¿tendrá el pleno conocimiento y la autoridad suficiente como para opinar sobre un tema como la maternidad? ¿Existiría mayor flexibilidad si fuesen mujeres las que dirigiesen la iglesia?
En cuanto al gobierno, algunos funcionarios se han dado a la tarea de asumir la defensa de la vida en sus primeras etapas. Sin embargo, no parecen estar muy preocupados por defenderla en sus etapas más desarrolladas y plenas. Se condena el aborto, pero se permite que un 54% de niños menores de cinco años padezcan algún grado de desnutrición, misma que da pie a altas posibilidades de morir a causa de enfermedades infecciosas. Al Estado le compete dictar políticas de desarrollo social y económico para garantizar la igualdad de derechos y oportunidades, pero hasta el momento existe un vacío impresionante en materia de políticas sobre población. Dada la pequeñez de nuestro territorio, y los cada vez más limitados recursos ante el desorbitante crecimiento poblacional, es alarmante que los temas referidos a la población sean tomados a la ligera.
Por su parte, los medios de comunicación también han dado espacio al problema del aborto. Empero, no ha faltado cierta parcialidad, subjetividad y amarillismo, mismos que lejos de encauzar a la realización de análisis objetivos sobre el aborto, parecen estar encaminados a formar lectores predispuestos a condenar a priori algo que desconocen en profundidad. Habrá que dar más espacio a los que mejor conozcan el tema, es decir, a médicos, psicólogos, sociólogos, demógrafos y a las mujeres mismas si es que los medios quieren cumplir con las funciones de informar objetiva e imparcialmente sobre una tema tan complejo y polémico como el aborto.
El aborto es un práctica generalizada en la sociedad salvadoreña -tal como ha quedado demostrado con el descubrimiento de una serie de clínicas dedicadas a practicarlo, así como la detención de médicos, enfermeras y parteros que laboraban en las mismas-. También son una realidad la ignorancia en materia sexual, la paternidad y maternidad irresponsables, las presiones familiares y sociales sobre las mujeres que se embarazan en el colegio o la universidad, el que muchos de quienes condenan el aborto lo han practicado o estarían dispuestos a hacerlo, los embarazos por violación, la precariedad en la viven y crecen los niños marginales, y la pobreza en que viven los sectores mayoritarios del país.
En definitiva, un problema tan complejo como el del aborto requiere ante todo ser entendido en todas sus implicaciones y condicionamientos, para no caer en posiciones oscurantistas que lo único que fomentan son la doble moral y la proliferación semi-oculta de los comportamientos condenados por la moral oficial. En el caso concreto de los legisladores, si éstos quieren ganarse limpiamente su cuota de poder en las próximas elecciones deberán tomarse más en serio la coherencia y profundidad con que plantean sus propuestas a los votantes, pues ¿qué credibilidad les podemos tener a los que ahora hablan de leyes que defienden la vida si meses atrás abogaron por legislar a favor de la muerte?
El nuevo Presidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán, exigió a los grupos militares ilegales, que operan como bandas armadas en territorio nicaragüense, que depongan sus armas y se reinserten a la vida civil. Esta postura frente a los rearmados puede interpretarse como una acción de mano dura en los primeros días de su mandato. En un ultimátum de cuarenta días, el presidente nicaragüense fue enfático al señalar que su gobierno actuará firmemente frente a estos y grupos apegándose a la ley. Paradójicamente, a la par de esta advertencia, hizo un llamado para "una reconciliación con justicia a todos los grupos existentes".
El hecho en mención puede ser analizado desde dos aspectos: a) la existencia de estos grupos; y b) la posición del mandatario nicaragüense al respecto. Ambos elementos señalan algunos peligros para el futuro de la gestión de Alemán y de la estabilidad de Nicaragua. Asimismo, a partir de esta división es importante apuntar una serie de elementos que faciliten el acercamiento al problema.
En principio, la existencia y las acciones de los rearmados, que operan en el norte y centro de Nicaragua, pueden interpretarse como producto de los desequilibrios al interior de la sociedad nicaragüense a raíz de la guerra, primero, en contra del somocismo y, luego, en enfrentamiento militar financiado por la administración norteamericana. Estos años de conflicto dejaron como resultado no sólo miles de víctimas, sino también una dinámica y una cultura de la confrontación.
La guerra, y la consecuente militarización de Nicaragua, introyectó en gran parte de la población la idea de que la violencia militar era necesaria para alcanzar sus objetivos. Después de todo el derrocamiento de Anastacio Somoza tuvo como instrumento esta vía y es además innegable que, aunque militarmente la contra no logró una victoria sobre los sandinistas, su presencia y sus acciones paramilitares dificultaron la marcha de los procesos productivos y la consolidación del régimen sandinista.
Ahora bien, examinando las declaraciones del mandatario de ese país centroamericano, éste parece tener un discurso contradictorio. Por un lado, llama a los grupos armados a la reconciliación y, por el otro, amenaza con la aplicación de todo el peso de la ley a aquellos que no acepten deponer las armas. El clima y el tono de las declaraciones no parecen ser los más idóneos para sortear las dificultades.
Es importante hacer un paréntesis para recordar que la existencia de estos grupos es un problema que la administración de Violeta Chamorro no logró superar. La dirección o el manejo que de esta situación se ha hecho, al menos por ahora, parece un poco apresurada y con vistos de confrontación. La problemática de los rearmados no es nueva y, aunque afecta a sectores productivos del país, es también un delicado tema cuyo tratamiento no puede obviar la fuerza y las posibles consecuencias de una confrontación de mayor envergadura en el futuro inmediato.
Llama la atención que la problemática de los rearmados en Nicaragua no es exclusiva de este país, pues en otros países de la región se viven conflictos internos, relacionados ahora con la convivencia pacífica, que dificultan la conformación de sociedades más tolerantes y menos confrontativas. No se puede desconocer la existencia de grupos o bandas armadas que operan en países como El Salvador y Guatemala y, aunque sus motivación sea distinta, lo preocupante es el estilo paramilitar con el que operan. No se puede olvidar que por décadas la región estuvo involucrada en guerras internas que impregnaron a las redes sociales con una cultura de la violencia y la confrontación.
Para los gobiernos centroamericanos, y en concreto para el de Nicaragua, el mayor desafío es el manejo de esta realidad, consecuencia directa de las guerras internas en cada país. No se puede amenazar con violencia a quienes consideran que la violencia es el único método para dirimir diferencias y alcanzar objetivos. Por el momento, los frágiles procesos de paz en Centroamérica están en la dicotomía de la convivencia pacífica y la reconciliación. Quizá esto último parezca, por el momento, un propósito a largo plazo, pues la polarización de nuestras sociedades es todavía un obstáculo para la convivencia pacífica. Con todo, aprender a vivir de manera civilizada, resolviendo las diferencias por caminos no violentos no sólo es posible, sino también necesario.
De las maquilas y las dificultades en torno a ellas, es bastante lo que se ha dicho en nuestro país y el mundo. Sin duda, son muchas y muy válidas las razones para ello. Uno de los temas más discutidos es el relativo a los bajos salarios de las y los trabajadores, a partir de lo cual se generan enormes ganancias para los dueños de las empresas cuyos "capitales golondrinos" --esos que "vuelan" según les favorezca el viento-- no son ninguna garantía para resolver los graves problemas de desempleo en cualquiera de estos nuestros países llamados, eufemísticamente, "en vías de desarrollo". Sin embargo, gobernantes como los que tenemos actualmente en El Salvador sostienen que --para ellos y el modelo económico que están imponiendo-- ésta es una de las principales "fórmulas" para garantizar la "paz social".
De todas y todos es conocido que esos empresarios van a aquellos sitios donde encuentran mayores ventajas fiscales y de otro tipo para incrementar sus riquezas. Además, éstos tienen ubicados los lugares donde pueden evadir las normas legales que protegen a la fuerza laboral, debido a que las autoridades del Estado no asumen su papel en defensa de ésta; así, por ejemplo, en varias maquilas no pagan ni siquiera el "mínimo" y no cumplen la obligación de garantizar la seguridad social de su personal. Se habla también de condiciones inadecuadas para el desarrollo de las labores, acoso sexual y otros tratos degradantes por parte de supervisores contra las y los trabajadores.
En fin; la situación de las maquilas da para mucho en cuanto a su observación y análisis desde la perspectiva de los derechos humanos, debido a que en ella se concentra una considerable cantidad de violaciones a los mismos y no parece que exista hasta ahora --al menos en nuestro país-- un decidido esfuerzo estatal para encontrarle una salida adecuada. Por el contrario, cuando la desesperación de las personas afectadas ha llegado hasta la denuncia internacional, el gobierno y otros sectores de poder han recurrido a la descalificación de esa u otras medidas legítimas en defensa de conquistas históricas de la humanidad, con argumentos tan viejos y gastados como los de "conspiraciones internacionales" o "campañas políticas de desprestigio orquestadas por la oposición".
Huérfanas de una legislación específica que las proteja cuando, por ejemplo, el empresario extranjero decide retirarse del país, las personas que laboran en este rubro se han convertido en una muestra clara de los niveles extremos de explotación a los que puede llegar un modelo económico totalmente deshumanizado y deshumanizante. Sin embargo, desde el otro lado se dice que las y los trabajadores deberían --más bien-- vivir eternamente agradecidos con los bondadosos inversionistas que les "brindan una posibilidad de ganarse la vida", cuando de lo que se trata en realidad es de aprovechar una mano de obra barata a la cual se debe dar lo menos posible para mantenerla activa y sometida.
Solamente con acudir a las enormes y lujosas tiendas de ropa en los centros comerciales de la capital salvadoreña, cualquiera se encontrará con prendas cuyo precio oscila entre los 40 y 50 dólares. Eso pasa cuando una de las personas que trabaja en la maquila que elabora productos similares gana al mes menos de 140 dólares, si se le paga el "mínimo". De esa manera, con tres "blusas de moda" que alguien compre se cubre más del sueldo mensual de una trabajadora que, tal como señalamos antes, es víctima de una serie de atropellos a su dignidad. ¿De qué tiene que estar agradecida esta gente? Tampoco es mucha la gratitud que le debe a la organización sindical del país, cuyas acciones para aliviar su situación no han sido --por lo general-- muy acertada en esta materia.
Fuera de la creación de la Comisión de Tratamiento y Prevención de Conflictos mediante el Decreto Ejecutivo Nº37, no existe otra acción oficial que --al menos en teoría-- indique una voluntad real para mejorar el panorama. Cabe señalar que, a la fecha, dicha Comisión no ha dado significativas señales de una vida verdaderamente productiva en lo que a su mandato se refiere y --por lo observado hasta ahora-- su futuro no será más brillante que otros entes burocráticos similares que la antecedieron en esta u otras materias.
Dentro de ese escenario poco alentador y oscuro, por cierto, el año pasado apareció una pequeña "luz" que --poco a poco-- ha ido creciendo, pese a que por momentos pareció apagarse definitivamente. ¿Cuál es esa "luz", ahora un poco más brillante? Se conoce como el Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador (GMIES) y su historia es la siguiente.
"Mandarín Internacional" es una de las maquilas donde hubieron más conflictos a lo largo de 1995. Por la gravedad de los mismos, la situación de esta empresa y su nombre adquirieron notoriedad dentro y fuera del país, ocupando numerosos espacios en la prensa nacional y extranjera. "Mandarín" estuvo a punto de cerrar y eso fue aprovechado por sectores interesados --oficiales o no-- con el ya comentado propósito de descalificar tanto la lucha de sus trabajadoras y trabajadores como las diversas expresiones de solidaridad que se les brindó.
En medio de ese ambiente tan enrarecido apareció el GMIES, como producto del acuerdo firmado --el 22 de marzo de 1996-- entre las partes involucradas: empresa y sector laboral. Cabe señalar que dentro del segundo existían, al momento de firmar el acuerdo, dos grupos: el de la Asociación de Trabajadores de Empresa Mandarín Internacional, S. A. (ATEMISA) y el del antiguo sindicato, cuyos directivos y varios de sus integrantes habían sido despedidos a lo largo del conflicto.
En aras de superar la problemática coyuntural de entonces y pensando en garantizar un ambiente laboral diferente, las y los firmantes del acuerdo se comprometieron a varias cosas. La primera de ellas: que cuando existiesen suficientes órdenes de compra y por ende la necesidad de más personal, se daría prioridad a la "recontratación" de quienes integraban la directiva del antiguo sindicato. En segundo lugar: que después de lo anterior, en caso de requerirse más personal, se "recontrataría" a las mujeres y los hombres que dejaron de trabajar en "Mandarín" durante el período 1995-1996.
Además, en ese acuerdo del 22 de marzo de 1996 se estableció el compromiso de las y los firmantes en el sentido de mantener la paz y la armonía en la empresa, tanto entre sus empleados como entre los empleados y la patronal. El GMIES definió inicialmente su trabajo, en el sentido de verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos y "asegurar que las partes involucradas cumplan, en primer lugar, con las leyes salvadoreñas y, en segundo lugar, con el Código de Conducta del GAP", que es la transnacional que realiza los pedidos más fuertes de producción a "Mandarín".
General, ¿a cuál jefe obedecerá?
"¿Cristo al servicio de quién?, preguntaba Jaime Obrero..." Así decían los versos del popular grupo venezolano que --allá por los años setenta y durante la década de los ochenta-- animaba con su arte las luchas del pueblo salvadoreño en defensa de su dignidad. Y los "Guaraguo" se respondían así: "Al servicio de unos pocos que se lo llevaron preso, disfrazándolo con lujos, sabiendo que él es del pueblo". Eso es lo que --para muchas personas-- está sucediendo actualmente en la arquidiócesis de San Salvador, no obstante la larga tradición de su jerarquía en la línea de un acompañamiento cercano a los sufrimientos y aspiraciones de sus bases. Sin embargo, con el proceder de su actual titular, parecería que las "bases" que más interesan ahora son las militares y no las de las comunidades cristianas.
Durante la ceremonia en la cual recibió su investidura como arzobispo metropolitano, el 13 de mayo de 1995, monseñor Fernando Sáenz Lacalle sostuvo enfáticamente que solamente se dedicaría a los asuntos espirituales pues --según dijo-- la política le corresponde a los laicos y no a la iglesia. No obstante ello, a lo largo de sus casi dos años en el cargo, ha incursionado en la materia y no siempre lo ha hecho en favor de la población mayoritaria, con la cual estuvieron plenamente identificados sus tres antecesores.
Pero ahora dejemos de lado ese aspecto --del cual ya se ha hablado antes-- y vayamos a otro que nos mueve a la reflexión, a propósito de su reciente ascenso dentro de la estructura castrense. Ya desde julio de 1993, el ahora "flamante" general de brigada se desempeñaba como administrador apostólico del ordinariato militar en sustitución de monseñor Joaquín Ramos, quien murió asesinado. Por cierto, ese crimen --al igual que muchos otros cometidos en este país antes, durante y después de la guerra-- permanece sin esclarecerse y sus responsables siguen sin recibir castigo. Y precisamente de eso queremos hablar: de la impunidad que prevalece y de lo que a las autoridades --civiles y militares-- les corresponde de culpa para que continúe ese estado de cosas, con sus lamentables consecuencias para el país y su gente.
El anterior jefe de monseñor Sáenz Lacalle dentro de la milicia, el general Carlos Humberto Corado Figueroa --cuando tomó posesión aquél como metropolitano católico-- dijo: "Tenemos que olvidar todo lo pasado y tratar de perdonar, para ver hacia el futuro". Ante esas declaraciones, el entonces coronel Sáenz Lacalle no reaccionó. Quizás adoptó esa posición silenciosa por el lugar que ocupaba dentro de una institución cerrada, vertical y autoritaria cuya disciplina impide discutir las órdenes superiores. Pero además de pertenecer a la Fuerza Armada, él también es un pastor del pueblo de Dios que no entiende de órdenes militares sino --por el contrario-- de una palabra orientadora en aras de construir su Reino en este mundo, tan necesitado de amor y solidaridad.
Desde esa última perspectiva --la del mensaje cristiano-- no existe duda al respecto: el perdón no se impone por decreto para favorecer a quienes cometieron horrendos crímenes contra la humanidad, tal como sucedió durante los duros años de violencia política y bélica en nuestro país. El perdón --dice el mensaje que Juan Pablo II envió hace unos días-- "es un acto de amor gratuito", pero "tiene sus exigencias". La primera de ellas es el conocimiento de la verdad; la segunda: la impartición de justicia. Bien claro dice el Papa que "el perdón no elimina ni disminuye la exigencia de la reparación, que es propia de la justicia, sino que trata de reintegrar tanto a las personas y los grupos de la sociedad, como a los Estados en la comunidad de las Naciones".
Pero además, continúa afirmando que: "Ningún castigo debe ofender la dignidad inalienable de quien ha obrado el mal. La puerta hacia el arrepentimiento y la rehabilitación debe quedar siempre abierta". Pero aquí, por "órdenes superiores" de la jerarquía castrense, nada de eso se hizo. Es más; se le cerraron las posibilidades a quienes violaron los derechos humanos para que, en algún momento quizás, pudieran arrepentirse y buscar su rehabilitación. Por eso --en lugar de disminuir-- la violencia y la inseguridad crecen en todo el territorio nacional, pese a que la guerra terminó hace más de cinco años.
Ante esta situación y pensando en las graves consecuencias que le ha traído al país la imposición de un injusto e irresponsable "borrón y cuenta nueva", ¿cómo piensa actuar, don Fernando? ¿como pastor de su rebaño o como general de brigada? Para responder bien, bastaría buscar en nuestra historia reciente y sus lecciones; una de ellas la encontramos al revisar el paso y la actuación de Monseñor Romero, cuando estuvo al frente de la arquidiócesis. Pese a que sabía los riesgos que enfrentaba, el tan querido y recordado arzobispo resolvió muy cristianamente todo esto cuando dijo: "Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios... Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla". A pesar de ser soldado, pues, usted está obligado a cumplir con el mandato divino: el de la verdad y la vida.
DISPERSAN MANIFESTACION. Un centenar de campesinos, miembros de la cooperativa "El Espino", fueron dispersados con gases lacrimógenos, el 28.01, por miembros de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), luego de que los primeros dañaran unos 300 metros de cerco que delimitaban 200 manzanas de dicha finca. Durante los disturbios, los campesinos atacaron con piedras y garrotes a los agentes antimotines que trataron de dispersarlos. Los incidentes se originaron cuando un grupo de agentes de la UMO intentó detener a los cooperativistas para evitar que continuaran destruyendo el cerco. Miembros de la cooperativa informaron que la acción se debió a que la familia que reclama la propiedad del terreno cercó "sin ninguna autorización" parte del mismo, lo cual constituye un irrespeto porque el terreno "les pertenece por ser beneficiarios de la reforma agraria". Los cooperativistas manifestaron que las fricciones se vienen dando desde que el alcalde Mario Valiente anunciara sus intenciones de construir en ese lugar un parque de diversiones; denunciando a la vez la posibilidad de que la finca pueda ser utilizada para la construcción de una urbanización. "Nos quieren destruir la finca, pero no nos dejan nada, eso no lo vamos a permitir jamás", advirtieron. Sin embargo, expresaron estar dispuestos a entregar el inmueble, siempre y cuando se les otorguen las escrituras de las tierras que les dejan y las viviendas para las familias que resultaran afectadas. (LPG 29.01 p.3-a y DH 29.01 p.2 y 3).
SOSTIENEN PRIVATIZACION. La Presidenta del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Gloria Salguero Gross, expresó, el 23.01, la disposición de su instituto político de consolidar en 1997 el proceso de privatización y modernización del Estado, al tiempo que restó importancia a los señalamientos de los partidos de oposición, que a su juicio no están proponiendo nada nuevo a la ciudadanía, sino criticando el trabajo del Gobierno. Para la legisladora, muchas de las leyes aprobadas para solucionar ingentes problemas como la pena de muerte y la Ley de Emergencia contra la Delincuencia, han sido iniciativa de ARENA y los electores lo reconocerán al momento de emitir su voto. Por otra parte, desde el 15.01 se informó que los candidatos opositores que figuran en la Plancha Nacional prometen detener, cuando accesen a la Asamblea Legislativa, el proceso de privatización impulsado hasta el momento por ARENA. Los primeros candidatos por la Circunscripción Nacional de los partidos CD, Rubén Zamora; MU, Jorge Martínez, MSN; Edgardo Rodríguez y PRSC, Abraham Rodríguez, dijeron que las leyes de privatización se pueden aprobar, pero de la misma forma se desaprueban derogándolas. Para los políticos, las telecomunicaciones, energía eléctrica y agua potable son bienes estratégicos del Estado y patrimonio de la nación que no deben ser vendidos, agregando que optarán por que la explotación de las entidades autónomas sean otorgados en concesión (LPG 24.01 p.5-a).
DENUNCIAN CONTRABANDO. La División de Finanzas de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República reiteraron, el 23.01, que el decomiso de 180 máquinas tragamonedas durante el allanamiento a 2 salas de juegos obedeció a que violaban la Ley de Contrabando y el Decreto Legislativo 647, el cual prohíbe ese tipo de juegos de azar. La campaña, iniciada el 22.01 cuando agentes fiscales y policías inspeccionaron las salas de juegos "Izalco's Videos" de la colonia maquilishuat y el Fice S.A. localizado en el centro comercial Plaza de Comercio, dejó como resultado el decomiso de 100 máquinas tragamonedas que ya habían comenzado a funcionar desde el 17.01, así como la incautación de 80 aparatos que aún no funcionaban por estarse habilitando el local. Según las investigaciones, los propietarios de los aparatos habían incurrido en una ilegalidad al introducir este tipo de máquinas, aun cuando habían cancelado los impuestos respectivos. En el Decreto Legislativo 647, referido al Régimen Arancelario y Aduanero en Centroamérica, se establece la prohibición de la introducción de máquinas para jugar dinero. También el numeral 12, del mismo literal, se refiere a la restricción del uso de fichas de cualquier metal o aleaciones que puedan servir para circular en sustitución de las monedas de uso legal en el país; en el caso específico de la sala de juegos, para poder accionar las máquinas, había que introducir fichas metálicas, mismas que los clientes "compraban" en el negocio. (LPG 24.01 p.10-a, DH 24.01 p.2 y DH 29.01 p.9).
DECLARACIONES. El Comité de Turismo de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador sostuvo, el 23.01, que la introducción de máquinas tragamonedas al país no constituye un factor que favorezca la atracción de turistas extranjeros. La presidenta de dicha instancia, Graciela de Holman, afirmó que la expansión de este tipo de actividades podría actuar como complemento al futuro del desarrollo turístico del país, que actualmente no reúne las condiciones suficientes. Según los representantes legales de una sala de estas máquinas, este tipo de juegos representa una atracción turística. No obstante, el Comité de Turismo advirtió sobre la necesidad de incentivar aspectos básicos antes de emprender el desarrollo de las actividades en mención. La creación de una infraestructura hotelera para el turismo ocasional, mejoramiento de carreteras, cursos de capacitación para educar a los prestadores de servicio y seguridad para los visitantes de otros países son elementos indispensables para incentivar el turismo nacional, manifestaron (LPG 24.01 p.10-a y DH 25.01 p.2).
RENUNCIA. El Subdirector de Operaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), Rolando García Herrera, interpuso su renuncia al cargo, a partir del 01.02, como parte de los cambios rutinarios que se han anunciado ampliamente dentro del cuerpo de seguridad. La renuncia de García Herrera fue divulgada públicamente, el 23.01, por la Coordinadora de Comunicaciones de la PNC a través de un comunicado, argumentando que su dimisión "obedece a los traslados rutinarios de los funcionarios que se desempeñan en las jefaturas de la Policía" (LPG 24.01 p.32-a y DL 24.01 p.6).
NOMBRAN MINISTRO. El Presidente de la República, Armando Calderón Sol, confirmó, el 17.01, a Roberto Bará como el actual Ministro de Obras Públicas. "Vamos a nombrar Ministro de Obras Públicas al arquitecto Bará, y designaremos a un Viceministro que pueda, junto con él, coadyuvar en la parte administrativa, en la parte gerencial, para que tenga una labor más ejecutiva", dijo el mandatario. Aunque no mencionó ningún nombre en particular de la persona que asumirá como Viceministro, lo describió como alguien que debe tener "una visión técnica administrativa en los proyectos de carreteras". Mientras tanto, el nuevo Ministro, Roberto Bará, advirtió que una de sus principales prioridades es "ser más drástico, exigente y cuidadoso" en los diseños y adjudicación de proyectos públicos en manos de empresas privadas. El nuevo ministro aseguró que está desarrollando una evaluación de todas las unidades del Ministerio, en las que no desestimó que puedan darse algunos cambios. Entre las unidades que prevé reestructuración se encuentra Préstamos Externos, en la cual se maneja la ayuda de organismos internacionales dedicada a la reconstrucción de la infraestructura del país. Bará afirmó que tienen planificada una inversión aproximada de mil 300 millones de colones en concepto de préstamos externos para la red vial (LPG 21.01 p.8-a y LPG 23.01 p.8-a).
DESALOJOS. Más de 20 vendedores ambulantes fueron desalojados, el 20.01, de los alrededores del Teatro Nacional y Plaza Morazán por miembros del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), como parte del plan de reordenamiento que realiza la Alcaldía Municipal de San Salvador. El gerente de comercialización de la Alcaldía capitalina, Mario Pastore, dijo que "el objetivo que la comuna pretende con el plan es eliminar las ventas ilegales y rescatar las plazas cívicas del distrito comercial de San Salvador". Según se informó, el reordenamiento obedece a un proceso que contempla, como primera medida, la reducción de puestos para dejar más espacio de circulación en calles y aceras, la construcción de módulos que sustituyan a los tradicionales "velachos" que serían financiados por las partes interesadas e involucradas en la problemática. Por su parte, el gerente de Mercados, Alberto Estrada, dijo que habrían suspensiones de 3 a 15 días, desalojos y en última instancia el cierre absoluto del puesto de aquel que no estuviera autorizado a efectuar sus ventas en las calles. Mientras tanto, los vendedores desalojados, que afirmaron no haber sido notificados con anticipación del problema, manifestaron esperar que el Alcalde capitalino solucione la situación. "Lo mucho que podemos esperar son 3 días, para que el licenciado Valiente, diga si nos permite quedarnos o nos van a ubicar en otro lugar; pero, si nos quieren cerrar los puestos entonces aunque sea a la brava vamos a poner las ventas", expresaron (LPG 21.01 p.21-a y DH 21.01 p.28).
RECTIFICAN ERROR. La Asamblea Legislativa aprobó, el 15.01, un decreto transitorio que norma que los candidatos a diputados y concejos municipales tendrán que presentar, antes de sus inscripciones, el finiquito de la Corte de Cuentas de la República para poder participar como candidatos en las próximas elecciones. La Asamblea también prorrogó hasta el 31 de enero la inscripción a diputados y alcaldes, lo que permitirá a todos los candidatos obtener el finiquito ante la Corte de Cuentas. Con el decreto, los candidatos a concejos municipales deberán presentar su finiquito y el resto de requisitos a más tardar 25 días antes de las elecciones. "Prácticamente todos cometimos un error y los que estuvimos en la plenaria del 12.12 de 1996 erramos", manifestó Walter Araujo, presidente de la Comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa. "Recuerdo que estábamos hablando de la eliminación de las franjas de horarios", reiteró Araujo, agregando que en medio de esa discusión alguien propuso al pleno que para agilizar la inscripción de candidatos se debía conceder este beneficio -de eliminar el finiquito-, solicitud que se consideró positiva y se aprobó. Sin embargo, ahora acepta que fue un error, porque la disposición traspasa las funciones que ordena la Constitución. El Tribunal Supremo Electoral había declarado inaplicable el decreto 922 del 12.12 de 1996, amenazando con poner en peligro la inscripción de candidatos en tanto no presentaran el finiquito (LPG 16.01 p.3-a).
CIERRAN AULAS. El director de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), Mario Bolaños, aseguró, el 20.01, que la institución ha comenzado a cerrar algunas de sus aulas a raíz de que ha "disminuido drásticamente" el ingreso de aspirantes al nivel básico de la Policía Nacional Civil (PNC). Bolaños sostuvo que la clausura se ha producido tras la entrada en vigencia de la Ley de la Carrera Policial, aprobada por la Asamblea legislativa a mediados de 1996. El cierre se ha dado debido al requisito de edad que exige la legislación a los aspirantes, quienes al momento de presentar su solicitud deberán ser mayores de 18 años y menores de 22. Ello ha llevado a la Academia a recibir unos 100 aspirantes por mes, lo que hace un total de mil 200 al año, cantidad que contrasta con lo percibido antes de que la edad fuera regulada por la legislación. "Esto viene a repercutir en los planes de graduación que nosotros tenemos", afirmó Bolaños, quien sostuvo que, de continuarse experimentando la reducción de los aspirantes, la institución tendrá que reestructurar su presupuesto. La cartera de Estado tiene previsto el despliegue de 20 mil agentes a nivel nacional, así como la puesta en marcha de la Policía Rural; "pero con esa cantidad [de alumnos] olvidémonos de ello", dijo (LPG 21.01 p.10-a).
PROPUESTAS. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) entregó, el 23.01, una carta al Presidente de la República, Armando Calderón Sol, en donde le plantea un conjunto de propuestas a las medidas anunciadas para la reactivación del agro en el país. La misiva busca complementar las medidas del Gobierno para lograr el desarrollo integral y la reactivación de ese sector en la economía nacional. Entre las propuestas, el partido abogó porque el Gobierno establezca una regulación a los insumos agrícolas. Asimismo, pretenden que el Estado condone la totalidad de la deuda agraria y detenga las órdenes de embargo contra el sector agropecuario. El FMLN propuso al mandatario que estudie la posibilidad de destinar un fondo económico significativo para una verdadera apertura de líneas de crédito, así como la construcción y manejo de reservas estratégicas de granos básicos para la seguridad alimentaria y un manejo adecuado de los precios. El legislador Orlando Quinteros agregó que su partido ve con "especial atención" las 25 medidas anunciadas por el gobierno; sin embargo, asegura que ellas "son bastante improvisadas, superficiales y que no tienen una visión estratégica de desarrollo para el agro. En cuanto a la firma del "pacto de caballeros" que aseguraría una campaña de altura, el FMLN condicionó la adhesión al pacto hasta que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) emita una resolución sobre el uso de autos oficiales, que participaron en una asamblea general extraordinaria del partido ARENA (LPG 24.01 p.33-a).
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