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© 1997 UCA Editores
Año 17
número 744
febrero 5
1997
ISSN 0259-9864
Resistencia al cambio en la clase política salvadoreña
Propaganda política y realidad nacional
Impacto de la privatización en el sistema financiero
La Iglesia y el Estado ante la administración de las escuelas católicas
El problema de las armas en Centroamérica
El monitoreo independiente (II)
EDITORIAL
A medida que nos acercamos al 16 de marzo la competencia entre los partidos políticos se va volviendo más fuerte y agresiva. Cada uno de ellos quiere obtener la mayor cuota de poder en los municipios y el parlamento que le sea posible, lo cual depende de la receptividad que cada proyecto partidario encuentre en el electorado y de cómo se traduzca esa receptividad en votos efectivos. La caza de votos es, pues, el objetivo prioritario de los partidos políticos en la actual coyuntura electoral. Para obtenerlos en un número suficientemente significativo cada institución partidaria se esfuerza por diseñar una estrategia publicitaria atractiva para la ciudadanía, o para aquel segmento del mercado al que se quiere acceder. Pero la publicidad es sólo una faceta de la competencia electoral; otra no menos importante tiene que ver con la fortaleza institucional, la cual se convierte en una garantía para el propio partido y para los electores de que se estará en capacidad para llevar adelante el programa anunciado.
Por lo menos en teoría, una modalidad que deberían seguir los partidos para fortalecerse institucionalmente consiste en la búsqueda e incorporación a sus estructuras organizativas de aquellos cuadros que harán confiable ante la ciudadanía la oferta política que en cada caso se hace y que, al mismo tiempo, posibilitarán al partido ejecutarla. De aquí que los cambios y las reestructuraciones a nivel de cuadros de dirección sean una necesidad permanente de los partidos, especialmente en coyunturas electorales que es justamente cuando estos últimos tienen que designar a aquellos de sus miembros que desde el parlamento, los municipios o el ejecutivo van a implementar el programa o las políticas emanados del partido.
Pues bien, esta exigencia es cumplida por los partidos políticos salvadoreños de una forma bastante sui generis. Para comenzar, el cambio y las reestructuraciones a nivel de dirección son más bien la excepción y no la regla, pues quienes acceden a una cuota de poder partidario llegan a conformar verdaderas oligarquías que no sólo concentran las decisiones, sino que establecen nexos afectivos muy sólidos entre sí -entre padres e hijos, suegros y yernos, cuñados y concuños, tíos y sobrinos, padrinos y ahijados- que les permiten tanto protegerse mutuamente como heredarse entre sí los cargos y los privilegios. Una de las manifestaciones más notorias de este proceder la constituye el nombramiento de los hijos de viejos y/o importantes dirigentes para cargos de elección popular, lo cual ya de suyo supone que cuentan con -o están en camino de hacerse de- una cuota importante de poder al interior de sus partidos. Fue célebre, en este punto, la elección del hijo de José Napoleón Duarte, Alejandro Duarte (el "hijín"), como candidato a la alcaldía de San Salvador en 1989. Ahora, siguiendo el mismo ejemplo, ARENA ha lanzado a Roberto D'Abuisson (hijo) como candidato a diputado, recibiendo la herencia de poder que le dejó su padre; mientras tanto el PCN ha procedido de la misma manera, eligiendo también como candidato a diputado al hijo de su Secretario General, lo cual ya lo pone en la ruta de los beneficios y el poder de los que goza actualmente su progenitor.
Quien pensara que esta lógica "tribal" del sistema político salvadoreño es nueva, se equivocaría totalmente, pues la misma hunde sus raíces en los albores de la vida republicana. Sin esforzar mucho la memoria, es fácil recordar el modo cómo era regentada la política hasta poco antes de la llegada de Maximiliano Martínez al poder, en 1931: la dinastía de los Meléndez Quiñonez expresaba los intereses de la "familia reinante" durante la época, por encima de los intereses de las otras familias de notables que integraban la clase política.
Con el ascenso e instauración del militarismo, las redes familiares en la política no desaparecieron de la vida nacional, sino que las mismas o bien sirvieron para expresar los intereses de la oposición a los gobiernos militares, o bien gozaron de una cuota de poder otorgada por su complicidad con los mismos. Es decir, entre 1931 y 1979, sin ser la depositaria exclusiva del poder, la clase política siguió estando regida por la misma lógica tribal que la caracterizó a principios de siglo. Ciertamente, nuevos apellidos se añadieron a los antiguos: a los apellidos políticos de antaño como Calderón, Meléndez, Quiñónez y Araujo, se añadieron después los Rodríguez Porth, los Duarte, los Cáceres Prendes, los Ungo , los Zamora y los Oquelí Colíndres. En los últimos años, y una vez vuelto el poder nuevamente a manos de la clase política, nuevos apellidos han aparecido en el espacio político con toda la pretensión de perdurar por un buen tiempo: D'Abuisson, Zepeda y Figueroa.
A estas alturas muchos de los apellidos fundacionales de la clase política ya no suenan o sólo son un recuerdo de influencias y poder tenidos en épocas pasadas. Otros, sin embargo, se han mantenido hasta el presente, poniendo de manifiesto la fecundidad de los progenitores y la fuerza de las ambiciones políticas heredadas. Esos apellidos de antaño que han sobrevivido conviven en la actualidad con otros que iniciaron estirpe, vía matrimonios y compadrazgos, en los años 60 y con los que han emergido en los 80 y los 90.
Como quiera que sea, lo cierto es que la clase política en El Salvador a lo largo del siglo XX ha estado constituida por clanes familiares que han buscado denodadamente la forma de perpetuarse hereditariamente en el ejercicio de la política. Ello ha dado pie a un sistema político osificado con apariencias de estabilidad. Es decir, la perpetuación de los intereses de los clanes familiares ha bloqueado la renovación de los partidos y del sistema político, dando paso a inercias que, convertidas en tradición, se han transmitido de los cabeza de familia a los hijos mayores, a los sobrinos, nietos y a los nuevos miembros del clan que, cobrando los beneficios de matrimonios o apadrinamientos, se han incorporado al mismo. A lo largo del siglo, nuevos líderes y nuevos partidos han surgido, pero la regla de la perpetuación en el poder y el temor al recambio partidario se han impuesto.
En un proceso electoral, la propaganda debe permitir a los distintos partidos políticos darse a conocer frente a los votantes, proporcionándoles los elementos suficientes para decidir qué propuesta política conviene más a sus intereses y, por consiguiente, cuál de ellas merece ser votada. En este contexto, las estrategias publicitarias se convierten en el fuerte principal de cualquier campaña electoral y en herramienta fundamental tanto para los partidos -en la medida en que a través de las mismas cada uno de ellos debe convencer a los electores de que su propuesta es la mejor- como para la población -en la medida en que esas estrategias le permiten enterarse de las distintas posibilidades de representatividad con las que cuenta.
Dicho lo anterior, cabe preguntarse qué es lo que hay detrás del escenario publicitario creado por la campaña política. Si damos por sentado que la propaganda debe ser en lo posible el espejo que refleje lo que los partidos son, proponen y pueden llevar a cabo, la misma debería expresar propuestas específicas y medidas concretas que garanticen su operatividad. Según este criterio, ¿qué decir de la campaña electoral que se desarrolla actualmente en El Salvador?
Pues bien, en nuestro país resulta cada vez más claro que la campaña en curso no parece estar respaldada de forma suficiente por contenidos políticos palpables para el grueso del electorado. La propaganda y el sustento real de la misma -los problemas de fondo que tiene el país- se encuentran distanciados entre sí; evidentemente en unos casos más que en otros. En materia propagandística, el ejemplo de ARENA es lamentable: toda su actividad proselitista se muestra indiscutiblemente manchada de una ideología desfasada que en nada corresponde a la actual coyuntura del país, en donde la búsqueda de la democracia, tan promocionada en los últimos cinco años, debería ser una obligación no sólo política, sino tambien ética al interior de cada partido. Por consiguiente, la actitud confrontativa y deliberadamente denigrante contra el FMLN, que ha asumido ARENA es absurda, tanto porque la denigración nada tiene que ver con la democracia, como porque a través de la misma se pone de manifiesto el temor (infundado) que experimenta ARENA frente al adversario político con más posibilidades y la dificultad que tiene el partido en cuestión, a la hora de proponer un verdadero plan de gobierno en función de las necesidades del país y no de sí mismo o del reducido grupo de privilegiados que medran bajo su protección.
Otro de los instrumentos publicitarios predilectos de ARENA es la incansable difusión de las "buenas obras" que el gobierno se empeña en promocionar. Empeño que no puede dejar de asumirse como una falta de respeto para la población, no sólo porque gran parte de esa reiterativa y costosa propaganda la financian los salvadoreños con sus impuestos, sino porque resulta indignante que, para promocionarse, el partido oficial apele a las obras que corresponde obligatoriamente al Estado cumplir; sobre todo, si tenemos en cuenta que las tan mencionadas "buenas obras" no han sido tan buenas para la mayoría de los salvadoreños.
Resulta irónico que ARENA se valga de los servicios que el Estado está en obligación de prestar a la población, para hacerse propaganda, especialmente por dos razones: primero, porque hace uso de los recursos financieros que deberían invertirse en un mayor numero de servicios verdaderamente eficaces y de amplia cobertura; y segundo, porque las "obras" que con tanta insistencia se publicitan han sido, a lo largo de este gobierno, más una excepción que una regla.
Por otra parte, si bien es cierto que el FMLN ha demostrado un poco más de seriedad política al centrar su campaña en algunos de los problemas más graves que tiene ante sí el país, la propaganda difundida hasta ahora no ha sido lo suficientemente clara en detallar los pasos a seguir o las medidas que, de llegar al poder, tomaría el partido para cumplir con lo prometido. La campaña del partido de izquierda con mas opción en este proceso electoral está corriendo el riesgo de ser asumida por el grueso del electorado como mero discurso sin viabilidad real: se promete disminuir el IVA, pero no se ofrecen las alternativas de cobertura una vez se presente el déficit en las arcas públicas, se promete disminuir los costos de los servicios públicos, pero no se especifica quién, cómo o con qué se solventara una mayor cobertura a menor precio. En entrevistas de carácter más privado que público, el FMLN ha afirmado que combatirá frontalmente la evasión fiscal y la corrupción. Ante esta propuesta surge una interrogante ¿bastará con esa medida para cubrir el déficit que implicaría disminuir el IVA en un 3%? Pero dejando de lado el aspecto económico, dentro del proyecto gubernamental del FMLN, inquieta aún mas una duda de carácter eminentemente político que la campaña no ayuda a resolver: ¿que posibilidades reales tiene este partido de tomar decisiones legislativas importantes a la par de un poder ejecutivo controlado por ARENA?
En cuanto a los partidos restantes cabe señalar que les falta mucho aún para consolidarse como verdaderas alternativas para la mayor parte de la población votante. La campaña impulsada por los doce partidos más "pequeños" se encuentra en franca desventaja con respecto a los "grandes". Este fenómeno, que responde a dificultades de orden económico y resulta tan conveniente para los partidos mayoritarios, es definitivamente perjudicial para la incipiente democracia salvadoreña, ya que favorece la polarización y priva al electorado de conocer con igual amplitud todas las ofertas políticas.
En una democracia real los intereses de las minorías deben hallar representación política, de manera que sea una realidad la regla que establece que cualquier minoría puede convertirse en mayoría. En El Salvador el respeto a dicha regla será imposible mientas el Código Electoral y la Constitución de la República no den lugar a los mecanismos adecuados que garanticen una participación equitativa de la totalidad de los partidos en las campañas electorales. Si la propaganda no permite a la mayor parte del electorado conocer todas las ofertas políticas ¿se puede contar con un proceso electoral justo y competitivo? ¿Es posible hablar de democracia real cuando el electorado se ve inclinado por la publicidad a elegir únicamente entre dos opciones? De ser así, ¿qué pasará entonces con los intereses de las minorías?
En definitiva, el rumbo que está tomando la campaña electoral de 1997 es preocupante: el espectro político se presenta incompleto para la mayoría de los salvadoreños, y no porque no existan posibilidades distintas a los partidos aventajados, sino porque la publicidad favorece más a quienes mayor capacidad económica tienen.
Lo anterior trae como consecuencia un proceso electoral que tiende a la polarización, presentando privilegiadamente dos opciones: la primera, ARENA, un partido escasamente democrático, como lo demuestra su estructura interna y con poco interés de democratizar su quehacer político, como se está viendo reflejado cotidianamente en su propaganda. La segunda, el FMLN, que afirma estar a favor de los intereses del pueblo y que, sin embargo, no aclara a la mayoría del mismo los pasos concretos que habría de dar para hacer realidad las promesas que con tanta contundencia ofrece.
Esta tendencia a la polarización resulta, sin duda, favorable para los partidos mayoritarios y desfavorable para la democracia. En primer lugar, porque elimina del panorama político a los posibles "rivales peligrosos", en detrimento de los intereses de las minorias; y, en segundo lugar, porque posibilita a los partidos aventajados basar su campaña en la competencia (muchas veces desleal) en contra del opositor, permitiendo así que el proceso electoral se convierta más en una "guerra publicitaria", que en una serie de ofertas serias que pretendan responder, de la mejor forma posible, a la apremiante situación del país. Así las cosas, la campaña electoral se facilita en gran medida para los partidos con mayores posibilidades (y para los demás, en la medida en que se sientan obligados a seguir la pauta publicitaria que los "grandes" prefieran). Pero el precio de esa facilidad lo paga caro la democracia, ya que el electorado estaría votando no por la oferta política que más le convenga, sino por el partido que cuente con más recursos para promocionarse.
La visible división entre proselitismo y respaldo real y operativo que presenta la actual campaña lleva a las preguntas siguientes: ¿por qué votarán los salvadoreños el próximo 16 de marzo? ¿Será sólo por una fachada publicitaria que a base de colores, canciones, consignas descontextualizadas y propagandas narcicistas lleve al electorado a las urnas? ¿Será por un conjunto de promesas de dudosa realización? ¿O será que los salvadoreños que quieran votar se verán obligados a hacerlo eligiendo entre dos partidos que se presentan cómo las únicas alternativas de poder?
La campaña electoral continua presentándose como una vitrina que ofrece los distintos "productos" políticos ante los electores. Pero si de enmarcar el proceso electoral dentro del escenario del mercado se trata, los votantes estarían en su derecho de exigir una campaña publicitaria seria, en donde la propaganda corresponda efectivamente a un contenido específico que refleje una preocupación real por las necesidades del país y no una burda ambición de poder por el poder mismo.
De no ser así, las ofertas políticas pueden resultar "productos de mala calidad", incapaces de resolver las necesidades reales de los votantes. Consecuentemente, el mercado político se desprestigiará aún más y las necesidades de la población continuarán postergándose. Los dos grandes afectados de la falta de seriedad de las propuestas políticas serán entonces la población y la democracia salvadoreñas.
Desde 1995 la privatización ha venido tomando importancia como una de las prioridades de la política económica declaradas por el gobierno. Anteriormente el proceso había iniciado ya con la reprivatización de la mayoría de las instituciones financieras, desde donde el proceso avanzó hasta llegar a la venta de los beneficios de café, de los ingenios azucareros y de otros activos que permanecían en manos del Estado.
Uno de los argumentos más utilizados por los apologistas de la privatización es que ésta, automáticamente, provocará una mejoría en el nivel de bienestar de las sociedades que la implementan. En la práctica esto no es necesariamente cierto en todos los casos y, por el contrario, las privatizaciones indiscriminadas pueden acarrear efectos negativos, tales como encarecimiento de los servicios básicos, incrementos en la tasa inflacionaria y caída en los ingresos reales.
Aunque se anunció que para 1996 se proyectaba intensificar el proceso de privatizaciones, lo cierto es que aún quedan pendientes de privatizar importantes empresas relacionadas con la prestación de servicios fundamentales tales como la electricidad, el agua, los alcantarillados, las telecomunicaciones y el sistema de pensiones. En la actualidad, la privatización está centrada en la venta de los activos de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), de algunas plantas productoras de alcohol y en el traslado del sistema de pensiones hacia el sector privado. Posteriormente, se proyecta iniciar la privatización de las empresas generadoras y distribuidoras de energía eléctrica, para luego continuar con las dedicadas a agua y alcantarillados.
El proceso de privatización ha estado acompañado de un fuerte componente de ideologización, mismo que ha conducido a su absolutización, inclusive anteponiéndolo a las funciones de promotor del desarrollo social que el Estado está llamado a desempeñar y que el mismo gobierno reconoce. Lo cierto es que hasta ahora, y en el caso específico de El Salvador, la privatización ha dado señales de ser una estrategia de resultados dudosos para los fines del desarrollo económico, social e inclusive ambiental. En las siguientes líneas se persigue presentar algunas evidencias recientes de los efectos de la privatización del sistema financiero y del inicio de la privatización de ANTEL, para argumentar la necesidad de diseñar una estrategia de privatización que no esté abiertamente en contradicción con los fines del desarrollo.
La reprivatización del sistema financiero
Dos de los efectos más notables de este proceso fueron la concentración de la propiedad de las instituciones reprivatizadas y la adopción de esquemas de asignación del crédito centrados en la promoción de actividades urbanas-terciarias. La compra de los bancos por parte de grandes inversionistas es uno de los mayores cuestionamientos que surgieron al momento de la venta de activos de las instituciones financieras. Existieron claras violaciones a la reglamentación impuesta por la Superintendencia del Sistema Financiero para normar el proceso de compra-venta de la banca.
Por otra parte desde su reprivatización el crédito otorgado por el sistema financiero se ha concentrado en sectores económicos como la construcción, el comercio y los servicios cuya actividad se desarrolla esencialmente en el ámbito urbano. Consecuentemente durante los últimos años se ha experimentado un importante crecimiento urbano, especialmente de la ciudad de San Salvador, lo cual ha provocado efectos negativos sobre los recursos naturales y el medio ambiente de la ciudad. Como contraparte, el sector rural -en crisis desde la década de 1980- ha enfrentado una disminución de los montos crediticios otorgados por el sistema financiero teniendo como consecuencia una pronunciada disminución de su actividad, un incremento de la migración campo-ciudad, y una intensificación de las actividades de subsistencia de la población rural, las cuales en la mayoría de casos aceleran los procesos de degradación ambiental.
Por otra parte es oportuno mencionar que como consecuencia de la expansión inmoderada del crédito y el consumo durante los últimos años, se experimentaron presiones inflacionarias que motivaron al Banco Central de Reserva (BCR) a imponer restricciones al crecimiento del crédito desde mediados de 1995. Como resultante, los sectores más beneficiados por el incremento del crédito iniciaron una etapa contractiva caracterizada por la caída de las ventas y la elevada acumulación de inventarios, lo cual ha provocado una caída general de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto desde un nivel de 6%, en 1995, a otro de sólo 3%, en 1996.
Privatización y tarifas de servicios básicos
Aún antes de iniciarse la privatización de las empresas estatales de comunicaciones y energía, es notable ya una marcada tendencia a realizar ajustes tarifarios. En realidad los incrementos en las tarifas han sido una característica común de la privatización de empresas prestatarias de servicios básicos en países como Inglaterra y Chile, donde no ha existido una distribución equitativa de beneficios entre consumidores y empresarios. Tanto en el caso de ANTEL como en el de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) se han registrado ya incrementos en las tarifas con los cuales se pretende volver más rentables las mencionadas empresas y de esa manera allanar el camino para una rápida venta de sus acciones.
No es de extrañar entonces que desde el pasado mes de agosto ANTEL anunciara importantes incrementos de sus tarifas nacionales coincidiendo con el inicio de su privatización. No puede obviarse el contraste de esta realidad con los argumentos oficiales que, en su momento, señalaban que una de las bondades que podía esperarse de la privatización de ANTEL sería la disminución de las tarifas telefónicas. Los cambios en las tarifas supusieron un incremento de 76.7% en la cuota fija al sector residencial y de 112% para el comercial y, además, un incremento de 200% en el valor del minuto telefónico.
Por otra parte, CEL viene implementando ajustes tarifarios casi de forma anual, con el argumento de la necesidad de incrementar los ingresos de la institución para hacer frente a nuevos compromisos financieros adquiridos con el Banco Interamericano de Desarrollo con la finalidad de implementar un programa de expansión energética. Esta inversión parece que favorecerá más al sector privado que a los consumidores, pues durante este año se pretende iniciar la privatización de las empresas de generación y distribución de energía eléctrica, aún y cuando esta posibilidad fue negada reiteradamente en años pasados. Con todo, parece claro que incrementos en las tarifas son pasos ineludibles si se desea proceder a la venta de empresas de servicios básicos. Desde 1994 se vienen operando incrementos en las tarifas de la energía eléctrica que para ese año alcanzaron el 30%; para 1995 el 25%; y para 1996 el 16%. El efecto acumulado de estos incrementos tarifarios sería en realidad de 88.5%.
Implicaciones
La privatización ha sido planteada por el gobierno como la panacea de la problemática económica y como un medio para iniciar un proceso sostenido de desarrollo. En la práctica la privatización del sistema financiero y el inicio del proceso en el caso de ANTEL y CEL amenazan más bien con provocar dinámicas poco favorables para el desarrollo. El estilo de crecimiento económico estimulado por el sector financiero reprivatizado y las alzas en las tarifas telefónicas y eléctricas han impuesto limites al crecimiento económico, al control de la inflación e indudablemente han perjudicado la economía familiar.
La privatización de otros activos en cambio (beneficios de café e ingenios azucareros) han mostrado tener un efecto menos pernicioso sobre las variables económicas, lo cual sugiere que la privatización de este tipo de activos podría resultar más conveniente que otros. En cambio, aún y cuando en otros países se hayan implementado procesos de privatización del sistema financiero y de las empresas de servicios públicos, lo cierto es que en El Salvador estas políticas han producido, y continuarán produciendo, efectos negativos.
Por lo anterior se vuelve de primordial importancia la revisión y ampliación del marco legal del proceso, con la intención de evitar que la privatización de empresas de servicios básicos se convierta en una descontrolada escalada de tarifas y de precios, pues ello atentaría contra los objetivos gubernamentales de aumentar la dotación de servicios básicos y disminuir la pobreza.
El primer lunes de este mes los dos rotativos matutinos del país dedicaban sendos apartados de sus primeras planas para sacar a la luz pública el impasse en el que se encontraban las iglesias parroquiales y el Ministerio de Educación. El punto de la discordia radicó en la presunta disposición del Ministerio de obligar a las escuelas católicas a implementar en su administración la nueva figura establecida por la Ley General de Educación: los Concejos Directivos Escolares.
El problema se debió, en definitiva, a que si bien las escuelas parroquiales poseen el carácter de ser privadas, ya que su funcionamiento y operación dependen de la Iglesia Católica salvadoreña, las plazas y el control de los maestros que laboran en ellas está a cargo del Ministerio de Educación; un modelo mixto que encuentra sus fundamentos en el Convenio de Cooperación Técnica entre el Ministerio de Educación y la Iglesia Católica de El Salvador suscrito en 1985.
Según personeros del Arzobispado, con la introducción de los Concejos Directivos (conformados por el director de la escuela, representantes de los padres de familia, de los maestros y de los estudiantes) como condición para el otorgamiento de los subsidios para los profesores, las autoridades de Educación arrebatarían el control de las escuelas parroquiales a la Iglesia, con lo cual se verían afectados cerca de 80 mil estudiantes de escasos recursos. Para el sector eclesial, ante ello sólo quedarían dos alternativas: o estatizar un servicio educativo que se habría caracterizado por su alto nivel de excelencia, o privatizarlo, lo que significaría que la Iglesia cobraría cuotas de escolaridad, excluyendo así a un buen grupo de la población que acudía a este servicio antes gratuito.
Un día después, luego de que los representantes de la Iglesia se quejaran amargamente del autoritarismo del Ministerio al pretender imponerles una medida "antidemocrática", la Viceministra de Educación, Abigaíl Castro, afirmaba que el problema había sido superado mediante la exoneración de las escuelas parroquiales de la figura administrativa que regiría en el resto de escuelas oficiales; concesión que se reglamentará mediante la futura firma de un convenio oficial.
Ante esta situación es obligatorio hacerse una pregunta fundamental: ¿qué lleva a la Iglesia a calificar de antidemocrática a una figura administrativa que ha sido elogiada unánimemente por su carácter abierto, por su prometedora capacidad de eliminar los vicios que ha provocado por mucho tiempo una figura educativa, administrativa y financiera única?
En primer lugar, es interesante observar que de la manera en que se han planeado estructurar los Concejos Directivos Estudiantiles (CDE) hubiera sido difícil, sino imposible, destruir la autoridad eclesial en las escuelas parroquiales. Lo que en realidad habría sucedido es que esta autoridad y control habría estado mediatizada por los padres de familia, los maestros y los representantes del estudiantado. Es decir, el religioso que antes sólo le rendía cuentas -financieras y de la calidad y tipo de educación- a su párroco, hubiera debido tomar decisiones de manera colegiada con otros sectores al interior de la institución educativa, estando el conjunto de ellos, agrupados en el CDE, obligado a rendir informes generales al Ministerio de Educación.
De la manera en que respondió la Iglesia ante esta posibilidad cabe suponer, habiendo descartado que los CDE le hubieran arrebatado por completo la autoridad de las escuelas parroquiales, que lo que se repudió no fue una medida "antidemocrática", sino lo contrario: lo que de democracia pudo haber inyectado la introducción de los CDE. Si se es indulgente y se soslaya especular que se pretendió evitar que el Ministerio de Educación pudiera realizar controles financieros al interior de la administración parroquial, lo único que queda es entender la reacción de la Iglesia como una defensa del status quo que proporciona el poseer la propiedad absoluta de la administración de un número significativo de escuelas católicas (para ser exactos, 130 de ellas). Se defendió, pues, la administración sin injerencia exterior de un buen número de centros educativos, los cuales si bien prestan un servicio de educación popular también pueden ser utilizados por la Iglesia como un instrumento idóneo para generar devotos y creyentes de la religión católica; algo de estratégica importancia ante la proliferación en el país de otras sectas religiosas. Es este el punto que merece especial atención.
Ante el peligro de que los centros educativos se convirtieran en plataformas para difundir propaganda política al estudiantado, el Ministerio de Educación reiteró, a través de un comunicado, que en la Ley de Carrera Docente, Capítulo VI, Artículo 32, "se prohibe a los educadores realizar propaganda política o religiosa dentro de los centros educativos o lugares de trabajo". Para lo que nos ocupa, es importante analizar qué se debe entender cuando se prohibe la propaganda religiosa en las instituciones educativas, y en qué difiere ésta de la instrucción religiosa.
Se hace propaganda religiosa cuando se realiza una labor de adoctrinamiento de un dogma religioso, sea este cual sea; cuando se hace "propaganda" para vender, en este caso al estudiantado, una religión específica. Por el contrario, la instrucción religiosa, más que vender productos prefabricados, buscaría instruir a los estudiantes sobre el génesis de las distintas religiones, sobre el contexto socio-histórico en el cual surgen, sobre los orígenes antropológicos de la necesidad de las religiones, etc. Por lo tanto, la primera buscaría formar creyentes mientras que la segunda trataría de hacer entender a los estudiantes el porqué se cree y los diferentes tipos de creencias; en definitiva, la primera estaría orientada a evitar el penoso camino de la elección mostrando sólo aquello en lo que se debe creer, mientras que la segunda intentaría alcanzar el entendimiento del fenómeno religioso y potenciar así una elección religiosa libre y voluntaria.
La relevancia de esta diferencia, que a cualquiera le podría parecer una sutileza innecesaria, se revela cuando se cae en la cuenta de que en el país la educación religiosa es más una simple propaganda que una verdadera instrucción. En los centros educativos de tipo religioso el dogma -en su sentido peyorativo- y el enclaustramiento privan sobre la apertura, la tolerancia a la increencia y la comprensión de expresiones religiosas ajenas a las que norman a su interior. Si la prohibición reglamentada por el Ministerio de Educación de la propaganda religiosa fue lo que llevó a la Iglesia Católica a oponerse a que éste controlara la administración de sus escuelas es claro que para ella la educación integral está reñida con sus intereses religiosos.
La oposición de la Iglesia no sólo habría sido antidemocrática al no permitir que la autoridad en las escuelas parroquiales fuera de tipo colegiada, sino que también lo habría sido al buscar por todos los medios que sus estudiantes no fueran instruidos en otros valores que no fueran los católicos. ¿Cómo queda entonces el objetivo del nuevo modelo educativo de formar estudiantes a la altura de los incipientes ideales democráticos de nuestra sociedad? ¿Cómo hablar de democracia si se siguen impulsando modelos verticalistas, excluyentes y dogmáticos? ¿A dónde queda la separación entre el Estado y la Iglesia?
En conclusión, sin negar lo que de positivo podría tener para los niños y jóvenes el recibir valores de una religión en específico, lo que es preocupante es que se obligue a la educación a ceñirse a intereses religiosos que superan los objetivos y apremios de ella. Tal como se presentó la situación, parece ser que el equilibrio entre el poder religioso y el estatal es todavía lo suficientemente frágil como para que se pueda presionar al Estado a realizar concesiones dignas del oscurantismo medieval, pese a que se pretende impulsar una reforma educativa moderna.
De nuevo, los presidentes centroamericanos se reunieron, esta vez en Tegucigalpa, Honduras, el 28 de enero, para otra denominada Cumbre Presidencial, aunque esta parece no haber producido acuerdos ni políticas concretas para el desarrollo de la región.
La reunión tuvo como objetivos, de acuerdo a sus voceros, analizar la integración y reactivar los mecanismos regionales para hacerla avanzar. La agenda se revela ambiciosa cuando se pretende revisar el trabajo de organismos regionales, como por ejemplo el realizado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Qué duda cabe que es importante una evaluación y una actualización para identificar si esos organismos son inoperantes o anacrónicos, pero no hay que olvidar que dichos propósitos se anuncian en un escenario caracterizado por la burocracia y el desgano, que son ya propios de las cumbres centroamericanas.
Los mandatarios se han ido reuniendo, en los últimos años, para discutir sobre integración centroamericana, sin que se concreticen políticas regionales, sectoriales y sociales que contribuyan a la misma. Al examinar el carácter y las declaraciones de los presidentes de la región resulta claro que las mismas se mueven entre la tónica de los compromisos, el establecimiento de esfuerzos y algunos proyectos de largo plazo para Centroamérica, los cuales se engavetan, luego se desempolvan, se enredan en la burocracia o se quedan estancados por falta de financiamiento o por los cambios en los gobiernos.
Una temática siempre presente en las cumbres presidenciales es el tema de los emigrantes centroamericanos hacia los Estados Unidos. En el caso de la reciente cumbre, se puede señalar la reiterada petición al Presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, para frenar la repatriación. Sobre esto se podría decir que, aunque se obtuviera una respuesta positiva del presidente norteamericano para frenar el regreso masivo de miles de centroamericanos, esta medida sólo tendrá sentido si no esta acompañada de otras medidas complementarias. En este punto es necesario que los presidentes del istmo reconozcan como deber insoslayable de los gobiernos que encabezan la reactivación económica y el desarrollo sostenible. Esto permitiría ir poniendo freno de manera real al fenómeno de la migración externa.
En otro orden de cosas, los medios de comunicación salvadoreños brindaron amplia cobertura a la propuesta del mandatario salvadoreño, Armando Calderón Sol, respecto del desarme de los civiles en Centroamérica. El presidente salvadoreño presentó la campaña de recolección de armas por dinero en el país como un esfuerzo institucional de su gobierno.
De acuerdo a Calderón Sol, con un plan similar en el área centroamericana esta se verá libre de preocupaciones "y triunfará de nuevo la paz en el istmo". La sugerencia del mandatario, que culminó en un acuerdo entre los presidentes de la región, adolece de solvencia cuando en el caso salvadoreño no existe un control para el movimiento de armamento en el país. Un ejemplo de esto último es el faltante de 388 armas de la Dirección Logística del Estado Mayor de la Fuerza Armada de El Salvador. La falta de este armamento y el involucramiento de un ex director de la misma en ello muestran una severa deficiencia en la vigilancia que existe sobre el armamento militar en el país. Aquí cabe destacar la dicotomía entre la iniciativa civil por el desarme y el involucramiento militar en el descontrol armamentista.
En el destino del equipo militar fuera de control y sus repercusiones podrían estar involucrados, desde grupos paramilitares hasta bandas armadas que operan en puntos de asalto en los territorios centroamericanos. Lo cierto es que no se puede pretender acabar con el problema de la delincuencia sino existe un control sobre el armamento que las instituciones castrenses poseen y manejan. Aunque, hay que decir que este hecho no es patrimonio de El Salvador y a medida que avance el proceso de paz en Guatemala, por ejemplo, se irán mostrando nuevos problemas relacionados con su pasado reciente.
Por lo demás, respecto del armamento es evidente que algunos jefes militares, comerciantes y aquellos que estuvieron vinculados de algún modo al enfrentamiento bélico hicieron un modus vivendi de la venta de armamento militar. El comercio de armamento y el libre tránsito de armas son un problema central de discusión, cuyo eje no debe ser sólo el desarme de los civiles, sino el contro real del armamento que existe y que ingresó a Centroamérica durante la década pasada.
Este es un difícil y delicado tema que trastoca el vínculo y las relaciones de los Estados Unidos con los gobiernos centroamericanos y de otros países que abastecieron con armas a las partes en conflicto, así como el papel de los militares en la región. Aunque todo el marco de acuerdos de paz y los esfuerzos por alcanzarla redefinieron, al interior de sociedades como la guatemalteca y salvadoreña, el papel de los ejércitos, todavía existe la necesidad de un control más estricto sobre ellos, cuando se pretende que los militares se subordinen al poder civil. Las estadísticas sobre el armamento ilegal en poder de civiles son graves, pero igualmente lo es la ausencia de políticas que prevean abusos de poder y manejo de armamento militar sin ninguna clase de control.
La delincuencia no va a acabar porque se saquen de circulación algunas armas de fuego; el problema es demasiado complejo para pretender combatirlo de golpe y simplistamente. Hay que pasar de la recolección a la ubicación de los distribuidores, quienes quiera que estos sean e independiente de las esferas de poder en las cuales se manejen. La intención puede ser demasiado ambiciosa y alcanzar a grupos de poder, pero el problema hay que combatirlo de raíz.
Con todo, el acuerdo de los mandatarios para desarmar a civiles en Centroamérica presenta dos características que sería interesante abordar. Para llevar a cabo el ambicioso plan se hace un llamado internacional para obtener ayuda que permita llevar adelante el programa de desarme y crear una comisión que deberá estar integrada por los viceministros de defensa y los vicecancilleres de los siete países. Esto supone crear nuevas comisiones, nuevos gastos y mecanismos burocráticos; mientras tanto, el problema no se ataca de frente y quienes viven del negocio de las armas siguen en lo suyo como si nada pasara.
Por otro lado, la forma en como está integrada la llamada Comisión de Seguridad otorga a los militares un rol protagónico en el área en la que están directamente involucrados. No por su conocimiento sobre armamento militar, sino por su participación en las guerras de la última década en Centroamérica. Se tendrá control sobre la tenencia ilegal de armamento en poder de civiles,, pero la pregunta es quién tendrá control sobre las armas que poseen los militares o cómo se puede controlar el destino de las mismas. La pérdida de armas ocurrida en El Salvador sugiere grandes errores y abusos de poder. El mismo advierte sobre otros hechos quizá más peligrosos ocultos aún a la opinión pública.
La paz social está distante, al menos al corto plazo. Esta aseveración no es antojadiza, si se valora que en algunos países del área se acabaron los conflictos armados, pero que las causas que los generaron continúan presentes. La militarización sigue siendo un problema para Centroamérica, pues ligada a ella está el autoritarismo y la impunidad con que funcionan las élites militares.
Sin duda, la antes citada resolución del 22 de marzo de 1996 debe interpretarse como un hecho inédito en la historia de la maquila en El Salvador y, quizás, en el mundo. Y no es para menos. Pudo haber sido otro de los pactos retóricos que nunca se cumplen; o pudo haber sido, también, de esos acuerdos cuyas obligaciones son cumplidas después de muchas resistencias y sólo de manera formal, lo que --al final de cuentas-- desvirtúa la esencia de los mismos. Bien se podía haber pensado que al estar mal acostumbrados a esas experiencias fallidas, negativas y frustrantes en nuestro país, una más ¡qué importaba! Pero no fue así porque el GMIES --desde el principio-- asumió con seriedad su papel y hasta la fecha ha trabajado con responsabilidad para garantizar el mejor cumplimiento posible de las obligaciones que se determinaron para las partes. No ha sido fácil, tal como se verá a continuación; pero, a estas alturas, sin temor a equivocarnos podemos asegurar que el esfuerzo ha valido la pena y que las perspectivas son alentadoras.
La recontratación de las personas que pertenecieron a la directiva del antiguo sindicato --numeral uno del acuerdo-- no fue sencilla, pero se logró. Desde el 22 de marzo hasta el 15 de octubre del año pasado, fueron casi siete meses de trabajo arduo para que ésta se hiciera efectiva. Fue duro y difícil ese proceso de recontratación porque, en primer lugar, hubieron ciertas actitudes y acciones por parte de "Mandarín" que sólo apuntaban a lo que parecía ser un intento por evadir el cumplimiento de la obligación adquirida. En segundo lugar, la firma GAP no ordenó inmediatamente los pedidos de producción suficientes a la fábrica para que ésta pudiera trabajar a un ritmo mayor; por ello, "Mandarín" argumentó durante esos meses que estaba sufriendo pérdidas millonarias y --en repetidas ocasiones-- manifestó que estaba a punto de finalizar sus actividades en el país.
Por otro lado, la "mala imagen" de la fábrica complicaba más la posibilidad de que otras transnacionales tuvieran interés en trabajar con ella. Por esa razón, además, las firmas que aún tenían contratos pendientes con "Mandarín" ya no querían continuar esa relación y sólo esperaban acabar sus compromisos inmediatos para cerrarla del todo. Estando así las cosas, a mediados de agosto el panorama no era muy alentador para que se cumpliera el punto uno del acuerdo. Para ser más claros: prácticamente no había ninguna esperanza de recontratar a las personas que pertenecieron a la directiva del antiguo sindicato. En ese momento y en aras darle una salida a la situación, el GMIES anunció que dejaría de realizar su labor de monitoreo después de analizar los hechos que habían impedido hacer realidad lo acordado y de establecer las responsabilidades de cada uno de los actores en el proceso, con el fin de hacerlas públicas.
Tal determinación fue una llamada de atención a diversas organizaciones que en el exterior --sobre todo en el territorio estadounidense-- estaban pendientes de lo que sucedía en El Salvador, alrededor de esta valiosa experiencia de solución racional y pacífica a un conflicto en el sector de la maquila. Rápidamente, el Grupo de Trabajo de Monitoreo Independiente de EE.UU., al cual pertenece GAP, organizó una gira por nuestro país y Honduras; a El Salvador venían para tratar de facilitar las cosas y encontrar los mecanismos adecuados para dar cumplimiento al documento de marzo.
Fruto de esa iniciativa, el 12 de septiembre se firmó un nuevo documento conocido como el "Acuerdo de entendimiento". En él quedaron claramente establecidos los nuevos compromisos. Así, a más tardar el último día de ese mes, GAP debía confirmar a la fábrica la cantidad de órdenes que se le enviarían, en un "volumen significativo..., a condición de que «Mandarín» ofrezca buena calidad a precios competitivos y cumpla completamente con todas las disposiciones de la resolución del 22 de marzo de 1996". La fábrica --teniendo como límite el 15 de octubre-- debía recontratar a los seis ex dirigentes sindicales. El resto de su compromiso quedó así: "También, cuando suficientes órdenes de GAP o de otros lleguen, «Mandarín» dará preferencia a la contratación de aquellos trabajadores y trabajadoras que laboraron anteriormente en «Mandarín». Comenzando inmediatamente, «Mandarín» buscará activamente órdenes adicionales de otras compañías para contribuir al éxito de la fábrica".
Para el mencionado "Grupo de Trabajo" estadounidense se determinó que debía cooperar con el GMIES, "para desarrollar un creíble y eficiente proceso de monitoreo en «Mandarín», así como proveer asistencia técnica cuando ésta sea oportuna". El GMIES, por su parte, aceptó continuar "proporcionando monitoreo regular en «Mandarín» para asegurar el cumplimiento de las leyes salvadoreñas y el código de conducta de GAP"; también dejó clara su disposición para contribuir a "una reintegración armoniosa" de las personas recontratadas; por último, se comprometió a elaborar y distribuir "reportes escritos periódicos" acerca del proceso.
El 15 de octubre, efectivamente, un hombre y dos mujeres que formaron parte de la directiva del Sindicato de trabajadores de la Empresa Mandarín Internacional (SETMI) fueron recontratadas. El resto de ex directivos no regresó debido a situaciones particulares y no porque haya faltado voluntad por parte de la "patronal", lo que fue verificado por el GMIES. La reinserción de las tres personas tampoco ha sido sencilla pues éstas se han tenido que enfrentar a ciertas manifestaciones --explícitas e implícitas-- de hostilidad, especialmente por parte de algunas trabajadoras y trabajadores cercanos a ATEMISA, la asociación creada en la fábrica luego de los conflictos durante 1995. Y es natural que eso suceda; menos, no podía esperarse. También la directiva de ATEMISA se ha quejado de ciertas expresiones y actitudes de el y las ex dirigentes sindicales.
Sin embargo, con buenas dosis de esfuerzo desde las partes, a la fecha se puede afirmar que estamos ante uno de los logros más significativos en la lucha por la defensa de los derechos laborales en El Salvador. Quizás, en la historia de nuestro país, no existan muchos casos en los que un grupo de dirigentes sindicales despedidos vuelven --en igualdad de condiciones-- a la empresa en la que trabajaban y dentro de la cual impulsaban una lucha reivindicativa, razón por la cual tuvieron que abandonar sus puestos. Más difícil debe ser encontrar una experiencia similar en el sector de la maquila, dentro del cual --por lo general-- se acostumbra irrespetar el derecho a la libertad de organización para sus trabajadoras y trabajadores con total impunidad.
De hecho, tradicionalmente, una persona despedida por su pertenencia a un sindicato en la maquila no sólo pierde su empleo sino que, además, se le cierran por completo las posibilidades de volver a trabajar en el sector. Las famosas "listas negras" que en el mismo se elaboran no son un mito; son parte de una terrible realidad confirmada por quienes, entre los documentos que les exigen para aspirar a conseguir un puesto en esos sitios, han tenido que presentar constancia --expedida por el Ministerio de Trabajo-- de que no pertenecieron ni pertenecen a sindicato alguno.
La recontratación de las tres personas ex dirigentes de SETMI abrió las puertas a otras que --integrantes o no del sindicato-- habían sido despedidas o dejaron de trabajar por otras razones en la empresa, durante la época del conflicto. Ese era el punto número dos del acuerdo firmado el 22 de marzo. Así --inventando mecanismos, imaginando maneras y arriesgándose a ser objeto de la crítica oportunista-- el GMIES sugirió y supervisó los pasos para la convocatoria de las y los trabajadores que podían y querían acercarse a la empresa para dejar registrados sus datos personales y quedar a la espera de su reinstalación en "Mandarín". Después de la difusión amplia de dicho llamado --para lo cual se utilizaron radios comerciales y comunitarias, así como dos periódicos de circulación nacional-- el 28 de enero volvieron quince personas a su antiguo empleo en esta maquila. De esta forma, se continuaba avanzando en el cumplimiento del acuerdo inicial y en los éxitos de la labor desarrollada por el GMIES.
Todavía falta mucho que caminar en este proceso. Queda pendiente la recontratación de más personas como parte del segundo punto, tanto de la resolución firmada el 22 de marzo como del "Acuerdo de entendimiento" signado el 12 de septiembre. Además, hay que continuar vigilando el respeto a la legislación laboral nacional y el código de conducta de GAP, junto al de todos los derechos reconocidos en los documentos internacionales. No obstante, el horizonte que se abre para todas y todos en "Mandarín" es el de una empresa donde --a pesar de lo sucedido o quizás por lo que sucedió-- se continúa avanzando en el esfuerzo por garantizar el respeto a los derechos humanos y se trabaja en un marco de productividad, armonía y estabilidad. De consolidar el éxito de esta experiencia, esas mismas perspectivas podrían plantearse para todo el sector "maquilero" en el país.
Ciertamente, hay algunos riesgos que no pueden obviarse. La experiencia que hemos resumido ahora arrancó, en buena medida, gracias a la presión internacional que se promovió desde nuestra tierra y -- como consecuencia de ello-- por el impacto que significó para GAP la actitud de sus consumidores en EE.UU. y Canadá, quienes se opusieron activamente al incremento de sus ganancias logradas por mediante la violación a los derechos fundamentales de las y los trabajadores de "Mandarín". Es cierto que los gobiernos tienen un alto grado de responsabilidad en los atropellos a la dignidad humana en las maquilas, pero también es cierto que a las grandes firmas internacionales deben cargar con una buena parte de la misma. GAP lo sabe: por eso colaboró con el proceso de monitoreo en "Mandarín" y por eso, pensamos, lo deberá impulsar en otras fábricas con las que mantiene relaciones del mismo tipo. Lamentablemente, otras transnacionales aún no dan pasos en este sentido y quizás no lo hagan nunca, mientras no sientan alguna presión en sus "bolsillos".
No se trata en ningún momento de hacer una campaña contra la maquila ni contra las marcas internacionales que trabajan con ella. Al contrario, se debe reconocer que es una fuente de empleo. Sin embargo, no basta con eso; hay que procurar que, además, sus condiciones estén en consonancia con los niveles de respeto a la dignidad de las personas que desempeñan esos trabajos. En ese sentido, la experiencia del monitoreo en "Mandarín" nos ofrece muchas lecciones que no debemos desaprovechar en lo que se refiere a la resolución de conflictos colectivos, la vigilancia en el cumplimiento de las leyes laborales, el respeto a las negociaciones entre las partes y sus acuerdos, el papel de las transnacionales en las relaciones laborales dentro de los países, las deficiencias de las instituciones estatales para intervenir eficazmente en la problemática, la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para fomentar el respeto a los derechos humanos, etc.
Durante el transcurso de esta experiencia no faltó quienes imaginaron y predijeron su inevitable fracaso. No hay que ser ingenuos: algunos hasta lo desearon e, incluso, hicieron lo posible para que sucediera. Pero no. El GMIES ha tenido que apelar a todo lo posible para sugerir fórmulas creativas y oportunas ante cada dificultad surgida en el camino, en función de superarlas una a una y lograr que el proceso avance. Ha presionado para que las partes cedan; les ha propuesto y ha logrado que se dejen de lado los rumores y los rechazos personales; hasta les ha pedido que "se muerdan la lengua", pensando que esta experiencia vale la pena porque --de continuar su buena marcha-- puede ser un ejemplo real de lo que "adentro y abajo" del país se puede lograr para alcanzar la paz que tanto nos prometieron y que aún no se vive de verdad. Una paz que no esté colgada de las ilusiones fabricadas "arriba y afuera" de nuestra tierra, sino muy bien cimentada en la justicia y el respeto a los derechos de todas y todos.
REUNION. La Presidenta de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Gloria Salguero Gross, y el Coordinador general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Salvador Sánchez Cerén, se reunieron, el 30.01, en la sede de la Asamblea legislativa para concertar compromisos, al menos verbales, de concientizar a las bases de ambos partidos y evitar actos de violencia. Salguero Gross trajo a cuenta el incidente de Nejapa, ocurrido el 17.01, donde una caravana del partido ARENA, al parecer, fue atacada a pedradas, dejando como resultado un menor herido y daños en los parabrisas de los carros. En opinión de Sánchez Cerén, el alcalde del lugar, también perteneciente al FMLN, René Canjura, desmintió los hechos, señalando que fueron los simpatizantes de ARENA quienes iniciaron las provocaciones. Otro incidente discutido fue el de Ciudad Delgado, registrado el 28.01, en el que un activista de ARENA resultó lesionado luego de ser atacado con piedras cuando participaba en un evento proselitista. Aunque el candidato a diputado de ARENA por San Salvador, Edgardo Zelaya acusó a miembros del FMLN como responsables de la agresión, vecinos del lugar implicaron a miembros de una mara que opera en el sector, como responsable del ataque. Por otra parte, dirigentes de otros partidos políticos, como el Partido Demócrata (PD), Partido Demócrata Cristiano (PDC), Partido de Conciliación Nacional (PCN) y Partido de Renovación Social Cristiano (PRSC), calificaron de positiva la reunión, debido a que involucra la despolarización de la campaña (LPG 31.01 p.6-a y DH 31.01 p.9).
AVANZAN INVESTIGACIONES. El Ministerio de Hacienda envió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) el listado de las instituciones a las que corresponden 20 automóviles con placas oficiales, utilizados en la Asamblea General extraordinaria del partido ARENA. Según el registro, 6 de los autos corresponden a la Alcaldía Municipal de San Salvador y 5 más a otras Alcaldías (Ciudad Arce, Sensuntepeque, Soyapango, Ayutuxtepeque y San Sebastián). Además, figuran en la nómina: un carro de la Dirección General de Migración del Ministerio del Interior, uno de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, uno del Banco de Fomento Agropecuario (BFA), uno del Centro de Tecnología Agrícola, uno de la Secretaría Nacional de Comunicaciones y del Instituto de Transformación Agraria, dos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y uno de la oficina de Proyectos de Cooperación. Según el magistrado suplente del TSE, Pedro Alfonso Monterrosa, el caso de los autos oficiales podría demorar algunas semanas, debido a que se deben cumplir procedimientos ordenados en el Código Electoral, que contempla, entre otros aspectos, oír a la parte afectada. Además, dijo que se perseguirá a los funcionarios que utilizaron los automotores, a quienes se les impondrían sanciones que van, desde amonestaciones, hasta despidos (LPG 31.01 p.7-a y DH 31.01 p.9).
RENUNCIAN AL PD. Las Direcciones Municipales, Candidatos a Alcaldes y Concejos Municipales del Partido Demócrata (PD), de 10 municipios de San Salvador, renunciaron, a partir del 30.01, al partido. Los dirigentes que hicieron pública su renuncia representan los municipios de Rosario de Mora, Panchimalco, Tonacatepeque, Cuscatancingo, Ciudad Delgado, San Martín, Apopa, Nejapa, Mejicanos y San Marcos. "Hemos decidido renunciar, de manera irrevocable al Partido Demócrata, porque estamos convencidos que no es ninguna opción confiable para el electorado Salvadoreño; ha mostrado que se ha convertido en un instrumento deshonrosamente subordinado al Partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA)", sostuvieron. Los renunciantes notificaron que desde ese momento se denominan "Movimiento Independiente Democrático", "en los próximos 15 días buscaremos el partido que consideremos como la opción más justa y viable para nuestro pueblo", indicaron. Los disidentes afirman que Ana Guadalupe Martínez y Eduardo Sancho no han cumplido los estatutos del partido y se han convertido en apéndice del partido ARENA. Asimismo, aseguran que todavía, Joaquín Villalobos sigue manipulando, desde el exterior, los destinos del partido. Aunque los disidentes no tienen una inclinación específica hasta el momento, después del estudio de las plataformas de los partidos, los entrevistados no descartaron la observación de la oferta electoral del FMLN (LPG 31.01 p.46-a y 47-a, DH 31.01 p.8 y DL 30.01 p.3).
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