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© 1997 UCA Editores
Año 17
número 745
febrero 12
1997
ISSN 0259-9864
Buscando cambios
Tribunal Supremo Electoral: ¿contemplaciones con ARENA?
El programa monetario y financiero de 1997
Crisis institucional en Ecuador
Elecciones... desde los niños
Guatemala: conflicto social en ciernes
Con el dedo en la llaga
Los dos partidos políticos más grandes del país afirman estar buscando el cambio. ARENA sostiene ser el cambio que deja buenas obras y pide a los electores continuidad. El FMLN también anuncia el cambio y, en concreto, promete bajar el impuesto al valor agregado, revisar las leyes de privatización y ejercer algunos controles en el mercado. Ambas propuestas intentan convencer a aproximadamente la mitad del electorado que afirma no tener partido político o que dice no saber por cuál de ellos votará en las próximas elecciones.
Los esfuerzos de ARENA están dirigidos a recapturar los votos perdidos por su desatinada dirección política, su falta de respuestas concretas a los graves problemas de la población y por las luchas de poder internas. Para contrarrestar esto, ARENA insiste en que no hay alternativa al continuismo, puesto que, de lo contrario, sobrevendrían el caos y la ingobernabilidad. Extraña idea de democracia, pues identifica a la oposición con aquella. Precisamente, uno de los mecanismos más importantes de la democracia es la posibilidad de alternar el ejercicio del poder del Estado. Los votos perdidos por el partido oficial difícilmente irán a parar masivamente a otros partidos políticos, pero ARENA podría recuperar una porción de ellos.
Por el otro lado, el FMLN se esfuerza por convencer a los indecisos de que representa una alternativa real para introducir cambios en la situación actual del país. Pero ARENA intenta descalificarlo atribuyéndole todas las consecuencias negativas de la guerra recién pasada. El que antes destruyó el país, no podría convertirse en una alternativa para gobernar. Desde esta perspectiva se observa muy poco cambio. ARENA explota políticamente un pasado que él mismo se ha empeñado en olvidar para evitar una reconciliación nacional auténtica y el esclarecimiento de las responsabilidades por las violaciones masivas de los derechos humanos.
Si ARENA llegase a retener el control de la asamblea legislativa, continuaría las privatizaciones festinadamente, tal como lo ha hecho hasta ahora. Sus acciones seguirán siendo buenas para el reducido grupo que se está beneficiando directa y escandalosamente de la privatización de unos bienes que pertenecen a la sociedad y al Estado. Si el FMLN y, junto con él, la oposición llegaran a alterar significativamente la correlación de fuerzas en la asamblea legislativa, podría esperarse una revisión de las leyes que ya han privado al país de una parte de sus bienes y quizás hasta pueda pensarse en una reforma tributaria, basada en criterios de equidad. En cualquier caso, una oposición fuerte en la asamblea legislativa podría convertirse en una oportunidad para democratizar el ejercicio del poder estatal que, en la actualidad, no sólo está en manos de un partido político, sino que, peor aún, es ejercido exclusivamente para beneficio de un reducido grupo de privilegiados.
El cambio posible más trascendental no provendría de los partidos políticos, sino de la ciudadanía. Si la mayor parte de ésta ve que su voto puede ayudar a cambiar las cosas en las próximas elecciones y concurre masivamente a las urnas, abandonando el abstencionismo, tan característico de las elecciones salvadoreñas, un cambio muy importante podría llegar a tener lugar.
Una de las razones más poderosas para abstenerse es que la población está convencida de que su voto no altera el rumbo del país. Antes, el resultado de las elecciones era conocido de antemano y, por lo tanto, el voto era inútil ante el poder del fraude. Después, el triunfo no estaba asegurado pero independientemente del partido triunfador, las cosas seguirían más o menos lo mismo. Por consiguiente, no podían esperarse grandes cambios. Pero ahora, si el elector que se abstuvo en los comicios pasados ve que existe una posibilidad real para alterar la correlación de fuerzas en la asamblea legislativa a favor de la oposición y en contra de ARENA, y que ésto puede traducirse en cambios importantes en la situación social actual, su voto podría representar el cambio real.
Un cambio de esta naturaleza sería muy importante para la democracia salvadoreña, porque demostraría a los ciudadanos que con el voto es posible desplazar del poder del Estado al partido oficial, introducir cambios en el rumbo político del país y hacer valer la opinión popular. Para los partidos políticos este cambio sería muy saludable, porque les daría una lección muy importante: si aspiran a ganar elecciones no deben alejarse de la población ni de sus necesidades y problemas. En realidad, todo esto forma parte de las prácticas democráticas, algo que todos aceptan fácilmente en teoría, pero que muy pocos están dispuestos a reconocer en la vida política concreta.
La posibilidad real de que la ciudadanía introduzca un cambio en la estructura del poder político tiene desconcertado y nervioso a ARENA. Lo que pensaba asegurado, parece tambalearse. Una victoria que se anunciaba de grandes proporciones, podría experimentar derrotas significativas si la oposición gana terreno en la asamblea legislativa o si pierde la alcaldía de la capital. Se percibe cada vez más un cansancio creciente ante la falta de respuesta a los problemas económicos, ante la tolerancia de la corrupción y la arbitrariedad y ante la prepotencia de ARENA.
Pareciera, pues, que ha llegado el momento de hacer un balance y pedir cuentas por el mal gobierno en las próximas elecciones. Nadie debiera sorprenderse si el veredicto del electorado es desfavorable a ARENA. De eso se trata en las elecciones democráticas que tenemos en tan alta estima.
El proceso electoral es un momento culmen en la vida política de una nación; a través de él, la población conoce y/o reconoce a sus posibles representantes y tiene la oportunidad de elegir el que más convenga a sus intereses; de esta manera el electorado ejerce la cuota de participación que la democracia exige para avanzar en su consolidación. Pero más allá de la posibilidad que el proceso electoral otorga a los diversos partidos políticos de darse a conocer y al electorado de elegirlos o no, dicho proceso tiene valor en sí mismo, allende de los resultados de las elecciones, ya que a través suyo el país pone en juego los alcances de su democracia.
En pocas palabras, el proceso electoral constituye la coyuntura por excelencia para ventilar ante la luz pública el estado en el cual se encuentra la democratización de un país. Y es al interior de este escenario en donde actualmente se desenvuelve la realidad de El Salvador. Por consiguiente, la campaña electoral -primera fase del proceso- ha pasado a ser blanco de toda clase de críticas y preocupaciones en los distintos sectores de la sociedad. Ahora bien, teniendo en cuenta las reflexiones anteriores, no cabe duda de que el proceso electoral -que permitirá al electorado salvadoreño elegir los próximos diputados y alcaldes responsables de sus departamentos y municipios- es digno de la mayor de las atenciones por parte de la opinión pública y, en especial, de la entidad a la que oficialmente le corresponde regular el proceso en cuestión: el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Como era de esperarse, mucho se ha hablado últimamente del TSE y, aunque en los sondeos de opinión pública cuenta con altos índices de confiabilidad entre la población, algunos analistas y políticos han cuestionado seriamente ciertas decisiones del mismo, por considerar que favorecen prioritariamente al partido en el poder. Lamentablemente, la reciente decisión del TSE de cancelar dos spots publicitarios del FMLN hace pensar que estos señalamientos tienen fundamento real. La verdad es que las razones que pueda tener el organismo electoral para proceder de ese modo resultan incomprensibles dada la situación actual de la campaña electoral, puesto que la propaganda de ARENA ha sido hasta el momento la más criticada debido a su tendencia abiertamente confrontativa y excluyente. Y es que en su propaganda es clara la obstinación y necesidad de desacreditar al opositor, siendo inexistente algún interés por plantear propuestas serias ante los graves problemas que tiene el país.
Según el TSE, los spots fueron cancelados debido a que difundían mensajes que afectaban a ARENA, al dar a conocer colores, emblemas e imágenes de diputados, violando así los artículos 228 y 232 del Código Electoral, según los cuales la propaganda debe ser sancionada en caso de que "injurie, difame o calumnie y promueva o participe en desórdenes públicos". Pero si el TSE está realmente interesado en apegarse al Código Electoral, ¿por qué no ha censurado la propaganda de ARENA con el mismo rigor, aun cuando ésta viola la legislación vigente de una forma mucho más grave que la del FMLN?
El partido en el poder ha optado por adaptar conocidas melodías para cumplir con el objetivo de denigrar a su pricipal opositor. Las sugestivas canciones llaman sin ninguna contemplación "mentiroso" a "ese Frente" -¿cabrá duda alguna de que se refiere al FMLN?- y lo vincula a la delincuencia señalando que "el amor al delicuente es un gran error del Frente", lo cual no sólo es sucio sino equivocado, pues lo que el FMLN ha hecho, al igual que otras instituciones del país -como la Procuraduría para los Derechos Humanos- es señalar lo inoportuno e ineficaz que resultan las medidas exclusivamente coercitivas para combatir un problema tan complejo como el de la violencia, sobre todo cuando las mismas no se aplican a todos los delincuentes -poderosos o no- por igual. Dicho lo anterior, cabría preguntar al TSE si tal afirmación no se convierte en una calumnia de la más baja categoría.
Pero dejando de lado el caso de la propaganda musicalizada -que en una de las versiones televisadas muestra imágenes con banderas rojas-, hay que mencionar otro de los aspectos de la propaganda política difundida por ARENA: la puesta en escena de su viejo himno de batalla en el cual se hace patente el gusto de los areneros por la muerte (en especial de las víctimas del anticomunismo) a través de la reiteración de que en El Salvador "los rojos perecerán". Todos sabemos quienes, según la concepción de ARENA, son "los rojos": el FMLN, los jesuitas de la UCA, los intelectuales progresistas, los sindicalistas no sometidos al gobierno, y todos aquellos que trabajan por un mundo más humano y solidario. ¿Será la campaña electoral de ARENA, con su intención excluyente, un aporte democrático al proceso electoral? Y, lo que resulta aún más grave ¿será que el TSE no se siente aún lo suficientemente comprometido con la democratización del país?
Como se mencionaba anteriormente, el proceder del TSE confunde, no sólo porque los expedientes que el FMLN abrió hace varias semanas contra ARENA -entre los cuales figura el uso de carros oficales durante la última Asamblea General de dicho partido- continuan sin respuesta por parte del organismo electoral, sino tambien porque la suspensión de los dos spots televisivos del FMLN parece injusta teniendo en cuenta que ante la propaganda de ARENA, el TSE no ha tomado ninguna postura coherente con sus funciones.
El TSE es el organismo encargado de regular todo lo concerniente a los procesos electorales; asimismo, le corresponde garantizar la transparencia de las elecciones y de todo cuanto gira a su alrededor. Por consiguiente, debe velar por mantener una autonomía que le permita ser imparcial y hacer respetar las leyes estipuladas en el Código Electoral y en la Constitución de la República. Las reformas de las que fue objeto, a raíz de los Acuerdos de Paz; la necesidad de su presencia en los procesos electorales del país -que en el pasado habían sido siempre fraudulentas-, y las expectativas que podían crearse en torno a él, iniciando un nuevo período histórico en El Salvador, contribuyeron a generar credibilidad y confianza entre la población, premisa favorable para el buen desenvolvimiento de las funciones del TSE.
Ahora, cuando el proceso electoral puede analizarse en frío, cuando la celebración de la firma de los Acuerdos de Paz quedó atrás y el país sigue un difícil camino hacia la democracia, es cuando el organismo electoral está siendo sometido a la prueba de demostrar a la población su capacidad real de contribuir a alcanzar esa sociedad mejor que todos dicen querer, pero que no será posible concretar si uno de los organismos más importantes y necesarios para garantizar la transparencia del proceso electoral, no se comporta de manera coherente, manteniendo y mejorando su confianza frente a la ciudadanía.
El pasado 7 de febrero el gobierno dio a conocer su "Programa monetario y financiero 1997", el cual contiene las metas para las variables monetarias y reales más importantes. Uno de los puntos que ha sido cuestionado ya por el sector empresarial es la pretensión de mantener la expansión del crédito del sistema financiero a niveles similares a los de 1996, lo cual implicaría un nivel de crecimiento relativamente bajo comparado con los niveles mostrados en 1995 y 1994.
Aunque dentro de los objetivos específicos del citado programa se persigue, entre otros,"incrementar el crédito de acuerdo al crecimiento económico y Reservas Internacionales Netas (RIN)", lo cierto es que el mismo no ofrece muestras claras de cómo el gobierno intentará superar algunos importantes problemas económicos coyunturales, como la caída en las tasas de crecimiento y la ampliación del déficit fiscal. Aún más desalentadoras son las perspectivas de que a partir de las metas del plan se modifique el estilo de crecimiento basado en actividades terciarias.
La principal disyuntiva que se plantea en el Programa monetario y financiero de 1997 es entre mayores niveles de crecimiento económico con mayores niveles de inflación, o menores niveles de crecimiento con igualmente menores niveles de inflación. Ateniéndose a su contenido, resulta claro que el gobierno pretende lograr menores niveles inflacionarios aún a costa de una prolongación de la depresión económica.
La profundización del déficit fiscal durante 1996 es una de las principales fallas de la programación económica. Para 1996, se proyectaba erradicar el déficit fiscal y obtener un superávit fiscal de 3.6% del PIB. La realidad es que el comportamiento fue totalmente opuesto y el déficit más bien se incrementó llegando a representar el 2.3% del PIB.
En este marco resulta de interés revisar las principales proyecciones de las autoridades monetarias para 1997 a la luz del comportamiento reciente de las principales variables macroeconómicas. Es importante considerar en este punto que la tasa de crecimiento económico no afecta sólo el comportamiento del empleo, sino que también puede llegar a afectar el comportamiento de las finanzas públicas y de la cuenta corriente.
Las principales proyecciones
Para 1997, el programa pretende lograr un incremento del PIB que se encuentre oscilando entre el 4% y el 5%, y que sería posible a partir de un incremento en el crédito de aproximadamente 16%. Por otra parte, en lo tocante a las expectativas inflacionarias se establece un rango probable de entre 5% y 7% para la tasa de inflación, la cual es notablemente inferior a la proyectada para el año anterior que fue de 7-9%, sobre la cual cabe mencionar que sí fue acertada.
En lo tocante al sector público, las proyecciones del déficit fiscal para 1997 plantean que se logrará una reducción desde un nivel de 2.3% del PIB obtenido en 1996 a otro de sólo 1.1% para 1997. Al mismo tiempo se proyectaría elevar el ahorro corriente desde un 1.8% del PIB obtenido en 1996 hasta un 2.3% para 1997.
Para el sector externo se proyecta un incremento de 100 millones de dólares de las Reservas Internacionales Netas, pese a que se espera un incremento en el déficit de la cuenta corriente desde un nivel de 1.7% del PIB a otro de 1.9% del PIB. Lo anterior sugiere que se espera un incremento notable en la cuenta de capital. Por otra parte, se espera un incremento de sólo 14% en las exportaciones, sin incluir el café; ese incremento -al igual que el de 1996- resulta modesto considerando los incrementos experimentados en años previos a dicho año.
Implicaciones
Las proyecciones inflacionarias para 1997 muestran que uno de los mayores empeños del gobierno es continuar reduciendo el ritmo de crecimiento del Indice de Precios al Consumidor. En contrapartida, la meta de 16% en la expansión del crédito muestra que, en cambio, existe mucho menor interés en recuperar los niveles de crecimiento a niveles superiores al 5% Para 1996, la expansión del crédito al sector privado fue de 15%, y ello correspondió a un nivel de crecimiento de 3%. Resulta dudoso que con un 16% de incremento proyectado para 1997 se logren tasas de crecimiento económico de entre 4 y 5 por ciento.
Por otra parte, las metas en lo tocante al déficit fiscal muestran que también existe preocupación por reducirlo, aunque no se ha caído en el optimismo infundado mostrado ya en el Programa Monetario Financiero de 1996. La meta para 1997 es más modesta, porque aún contempla la obtención del déficit fiscal, aunque de menores proporciones que el de 1996. De cumplirse la meta de 1.1% del PIB como déficit fiscal las finanzas públicas no estarían mejor que en 1995, pero se estaría reduciendo aquel a la mitad. Lamentablemente, existen algunas razones para suponer que esta disminución en el déficit fiscal podría ser, con todo, demasiado optimista.
Aunque el BCR acepta que la profundización del déficit fiscal durante 1996 obedeció a la caída en el crecimiento económico y la consecuente reducción de los niveles de recaudación fiscal (especialmente el IVA), este no aclara aún cómo logrará expandirla para disminuir el déficit fiscal si los niveles de crecimiento proyectados no igualarán los experimentados para 1995, cuando -pese a que se iniciaba la recesión económica- las recaudaciones tributarias permitieron una importante reducción del déficit fiscal (hasta 0.1% del PIB).
En lo tocante al sector externo las proyecciones reflejan que se espera una relativa normalización del comercio internacional y un incremento de las remesas familiares (notable en las expectativas de incremento en las RIN). Si durante 1996 inclusive se llegó a reducir el monto de las importaciones y el déficit en balanza comercial y cuenta corriente, para 1997 se espera un incremento del déficit en cuenta corriente, expresado como porcentaje del PIB. Sin embargo, de mantenerse las tendencias de crecimiento del año anterior lo más probable sería esperar una reducción del déficit de la balanza comercial, lo cual sumado a un incremento de las remesas familiares apuntaría más bien hacia una disminución en el déficit de la cuenta corriente.
Consideraciones
Dentro de los objetivos específicos planteados por el programa el más importante parece ser la reducción de la tasa de inflación. Los objetivos de crecimiento económico practicado durante los primeros años de la década no parecen ser apetecibles ya para las autoridades monetarias. Tasas de crecimiento del crédito cercanas o superiores al 30% y de más de 7%, para el caso del PIB, ya no son contempladas dentro de los programas monetarios y, al parecer, esta será la situación durante los próximos años.
El incremento desproporcionado del crédito hacia actividades terciarias ha sido señalado como uno de los problemas económicos recientes del país, debido a que implica descuidar la atención crediticia de los principales sectores económicos: agropecuario e industrial. Sin embargo, lo anterior no implica que el crecimiento del crédito no sea deseable para impulsar las actividades y el empleo productivos.
Parece bastante claro que el crecimiento del crédito proyectado para 1997, por su similitud con el efectivamente otorgado durante 1996, no permitirá niveles de crecimiento claramente superiores al 3%. Por lo mismo, también se ponen en duda las metas de reducción del déficit fiscal y, paradójicamente, de crecimiento del déficit de la cuenta corriente, pues de mantenerse los mismos niveles de crecimiento de 1996 lo más probable es que las importaciones continúen disminuyendo.
Uno de los vacíos de la política monetaria-financiera que se ha evidenciado durante los últimos años es su incapacidad para incidir en los criterios de asignación del crédito. Las visiones de corto plazo y de obtención de máximas utilidades asumidas por las instituciones financieras provocaron incrementos desproporcionados del crédito hacia actividades que no generan exportaciones ni contribuyen a incrementar las RIN.
La posibilidad de incrementar las RIN sólo existe por el envío de remesas familiares por parte de emigrantes salvadoreños, pues el crecimiento de las exportaciones aún no permite subsanar el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos.
En este sentido, una de las mayores fallas del programa monetario es que no garantiza que el crédito se reoriente hacia inversiones productivas en el agro y la industria. Para ello sería necesario incluir en los criterios de asignación del crédito el financiamiento de inversiones de larga maduración en relación a las realizadas en el comercio, construcción o los servicios.
Los niños y las niñas están siendo utilizados en la campaña política cada vez con mayor abuso, desde la trillada muestra del niño desnutrido y sucio hasta formas más directas en que los partidos los hacen portadores de mensajes beligerantes. ¿Será que por fin la niñez va a ser tema prioritario en la agenda de los políticos o se trata, como siempre, de un manejo coyuntural más?
En el año de 1996 presenciamos una campaña publicitaria municipal en relación a la basura en la que niños y niñas fueron utilizados, lo cual nada tendría de malo si no fuera por la hipocresía y la demagogia de ello, pues, mientras millones de colones fueron gastados en la propaganda, San Salvador sigue siendo la ciudad más sucia de Centroamérica, y las principales causas de morbilidad y mortalidad en la niñez menor de cinco años están relacionadas con el deterioro del medio ambiente.
La verdad es que hasta hoy la niñez salvadoreña no ha pasado de ser objeto, un tema que los políticos usan en cada campaña para conmover y obtener votos; pero es necesario que se convierta en sujeto, de manera que tanto partidos como gobierno se ocupen de su problemática con sinceridad. Una característica esencial que debe tener un partido con pretensiones de ganar credibilidad es la consideración de la niñez como sujeto pleno de derechos bajo una doctrina de protección integral.
La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de la Niñez, ratificada por el Estado salvadoreño en 1990, consagra como inalienable el interés superior del niño, pide garantías institucionales para el normal desarrollo humano de los niños y niñas, prevención y protección contra el maltrato en cualquiera de sus formas, educación, salud, y estabilidad material y emocional.
Sin embargo, a pesar de que el 53% de la población salvadoreña está constituida por menores de 18 años, la mayoría vive desprotegida, en pobreza y marginalidad, sin apoyo legal o social. Y hasta hoy, hemos escuchado promesas en el terreno de la infraestructura, el sistema tributario, la seguridad pública, el costo de la vida y otros. Pero nada se ha dicho sobre un programa global que dé a la niñez condiciones para una vida digna. El actual uso de los niños en la campaña proselitista, ¿significa que los Partidos están integrando tal reto en sus plataformas programáticas?.
Si así fuera, convendría que el público conociera los contenidos y las medidas propuestas, para que sepa que la frase "los niños son el futuro de la Patria" ya no es hueca. Caso contrario, fácilmente podría pensarse que solamente se trata de una manipulación, similar a la que han venido haciendo ciertos medios de comunicación, lucrándose a costa de las atrocidades cometidas contra la niñez.
¿Por qué los Partidos utilizan a la niñez? ¿Son acaso los infantes público electoral? Probablemente, los políticos actúen con la misma lógica que los publicistas: bombardear a los niños para inducir a los adultos, amparados en la teoría fascista de que "los niños tienen el alma tierna, el corazón abierto y la mente moldeable". Indudablemente, el criterio utilitario con fines políticos de algunos partidos hacia la niñez es una flagrante violación a sus derechos, no solamente porque ello no refleja un interés de fondo, sino también porque a menudo presentan a los niños y niñas en situaciones no aptas como el ridículo o la tontería, lesionando su autoestima.
¿No es suficiente ya con el ridículo que hacen los propios representantes de los partidos? El asunto va más allá de una técnica publicitaria. Es expresión de una cultura de manoseo de la sensibilidad humana por parte de políticos tradicionales, acostumbrados a reproducir esquemas utilitaristas de las emociones de las personas, inclusive de los niños. Refleja los vacíos del código electoral que no incluye en la tipificación de inmoralidad la explotación de la niñez en la campaña política. Quedan impunes las respuestas prepotentes de partidos y políticos que lejos de reflexionar públicamente y cambiar de actitud, incrementan la manipulación del tema de los derechos de la niñez, de la pobreza o la marginalidad.
Desde los niños, es necesario exigir que la campaña política tenga altura, es decir, que sea educativa, portadora de valores y ejemplos, programas y motivaciones ciudadanas. El asunto de que la niñez se convierta en prioridad política pasa por el cese del engaño. Se trata de incorporar el tema a la agenda de todos los sectores, pero también de cambiar las estructuras mentales anquilosadas que siguen viendo en niños y niñas simplemente una población frágil, de gran rentabilidad y fácil manejo. Quizás las posiciones de entidades como la Procuraduría Adjunta para la Niñez, Fundación Olof Palme y otras hagan una presión importante, pero es urgente también el compromiso del Instituto del Menor para que la niñez tenga otro protagonismo, depositario de beneficio y no de demagogia.
El domingo 9 de noviembre, con claras muestras de desesperación, el destituido Presidente Abdalá Bucaram afirmaba: "les guste o no les guste, me quieran o no, el pueblo me eligió y yo les puedo decir ahora que, después del 2000, Abdalá a la reelección". Con ello el ex mandatario pretendía desconocer su destitución a manos del congreso ecuatoriano por "incapacidad mental", luego de semanas de gigantescas manifestaciones populares en rechazo de un paquete de medidas económicas destinadas a ordenar las finanzas públicas y elevar la recaudación fiscal. El controvertido y cuasi trágico sino de Bucaram es una ilustración magnificada de aquello que puede o no puede hacer un político, y de los límites que no hay que traspasar si es que se quiere contar con el apoyo popular.
Para analizar este nuevo y peculiar traspiés de la democracia en América Latina hay que empezar por desmentir algunas apreciaciones equivocadas sobre el gobierno de Bucaram. En primer lugar, "el loco", epíteto con que el mandatario se calificaba a sí mismo, fue todo menos populista. Una cosa es distinguirse por realizar una gestión política populachera y otra muy distinta dirigir un gobierno de corte populista, confundir una cosa con otra implica un grave error conceptual. Ser populista es acudir a la movilización social, a las mayorías populares, para fortalecer el Estado y aplicar medidas orientadas a granjearse la simpatía y el apoyo de ellas; populista fue Domingo Perón y no Bucaram. Populachero, en cambio, es aquel que acude a las expresiones de carnaval, aquel que se manifiesta de acuerdo a la cultura popular: bailar y cantar en obras de beneficencia, comer comida típica en comederos, acudir a palabras subidas de tono para descalificar a los contrarios, son ejemplos de un personaje populachero y no populista.
Lo que llevó al fracaso a Bucaram no fue, pues, ni un populismo mal llevado ni tampoco su auto celebrado populacherismo, puesto que ni una cosa ni la otra bastan por sí solas para que el Congreso haya tomado la tajante determinación que tomó ni son suficientes para explicar el desprecio y rechazo público del que fue objeto. En Bucaram, más bien hay que reconocer la surreal figura de un bufón que, una vez que ha alcanzado el poder ejecutivo a través de las elecciones, saca su faceta oculta, aquella que pretendían velar sus poses de saltimbanqui: la del dictador civil moderno que pretende imponer sus decisiones de espaldas al pueblo que lo eligió, la del político autoritario que está dispuesto a arrollar todo a su paso con tal de hacer valer sus determinaciones. Por ello, Bucaram está más emparentado con la figura de un Alberto Fujimori que con la de un Lázaro Cárdenas.
En segundo lugar, es poco veraz el análisis que pretende ver únicamente en el repudio multitudinario a la gestión de Bucaram la causa final que condujo a su destitución. Para que este hecho fuera posible mediaron una serie de elementos de gran peso. El primero de ellos, la condición psicológica de las masas ante la figura de su presidente. Al contrario de Fujimori, famoso por su rictus y conducta invariable de hombre duro y de pocas concesiones, Bucaram se presentó a sí mismo ante su pueblo como un personaje sondeable, transparente en su accionar y predecible, algo permanentemente evitado por los políticos modernos para jugar con éxito en un campo donde la especulación, la intriga y la dureza son virtudes.
A todas luces es más fácil convocar la oposición popular frente a un Bucaram que frente a un Fujimori o un Pinochet. Se teme menos a aquello que se muestra en sus rasgos humanos que a aquello que permanece invariable, inaccesible y pétreo. En este sentido, el fallo de Bucaram fue el de haber combinado sus deseos dictatoriales y autoritarios con su personal charada de actor de plaza. Tal vez de haber imitado las conductas frías y atemorizantes de los políticos de su raza ni las convocatorias a la huelga general del 5 de febrero hubieran encontrado eco en los sectores populares ni se hubiera buscado este medio para hacerle frente.
Otro elemento a considerar es que la unidad de la oposición no arrancó directamente de las impopulares medidas económicas que se implementaron, sino más bien del continuo desgaste provocado por los ataques indiscriminados del grupo de Bucaram ante cualquier organización o individuo que criticara o se opusiera a sus políticas, ataques que propiciaron que antiguos aliados de su gestión se volvieran en su contra.
De la corte de Bucaram emanaron epítetos denigrantes hacia casi la totalidad de actores de sus país: a las organizaciones de prensa se les calificó como "majaderos que se creen dueños de la verdad", "testaferros intelectuales" y "editorialistas minúsculos que escriben barbaridades"; a algunos ex presidentes se les llamó "burros", "lechuzas peinadas", "mentirosos"; el Frente Radical Alfarista, antes aliado de su gobierno, fue nombrado como el "Frente de Rateros Asociados"; a los dirigentes indígenas -que representan a un 47% del total de la población ecuatoriana- se les acusó de ser "asalariados de la oligarquía de los movimientos sindicales; a los sindicalistas se les tildó de "mafiosos" y "sinvergüenzas"; continuando la lista de manera interminable. Ante esto, el incremento de servicios tales como el teléfono y la electricidad fue solamente el factor que dio sentido a una unidad opositora que se venía formando desde tiempo atrás.
Finalmente, no es posible obviar que la destitución de Bucaram cobró realidad gracias a que a su gobierno le faltó el respaldo de todo régimen autoritario: la Iglesia y el ejército. Nada hubiera logrado la oposición sin contar con el aval moral de la Iglesia y la renuencia del ejército ecuatoriano a intervenir en asuntos que, al entender de sus jerarcas, sólo le correspondía solucionar al poder civil. Bucaram ni pudo acudir al ejército para reprimir las manifestaciones y afirmar su negativa a dimitir ni contó con la anuencia eclesial para fundamentar sus posturas.
En el caso de Bucaram lo que es posible observar es la corta historia de un pésimo político y de un patético aprendiz de dictador. Como político, no supo ni granjearse el respeto de la población ni la autoridad necesaria para sojuzgarla a la fuerza; como imitación de dictador, olvidó robustecer estratégicamente los bastiones de poder que le hubieran permitido imponer su voluntad frente a la oposición que fuera.
La pregunta que surge es porqué se le eligió pese a su controvertido, e incluso ridículo, comportamiento. ¿Por qué el pueblo ecuatoriano optó, entre otros, por un individuo volátil, abiertamente demagogo y populachero? La respuesta puede encontrarse precisamente en el evidente distanciamiento de la figura de Bucaram del perfil del político tradicional. Posiblemente, los ecuatorianos asumieron que a las expresiones populacheras de Bucaram les correspondían intenciones populistas; es decir, el ex mandatario no sólo prometió satisfacer y velar los intereses del pueblo, algo que junto a cualquier político siempre compartió, sino que a diferencia de ellos él mismo pretendió ser una expresión del espíritu del pueblo, uno más de los integrantes de éste, por lo cual sus promesas pudieron parecer con mayor fundamento que la de otros.
Bucaram, en su momento, supo explotar el descrédito y la falta de confianza que en el electorado ha generado el comportamiento del político tradicional. Su mérito es el de haber comprendido que para acceder a las simpatías de la población no basta con abrazar niños, mujeres y ancianos de las clases medias o bajas, sino que hay que confundirse con sus expresiones y costumbres culturales. Su error, el pretender figurar como dictador civil cuando ni las condiciones políticas ni los grupos de poder estaban de su lado.
Los acontecimientos que siguieron a la firma de los acuerdos de paz en Guatemala no han sido del todo esperanzadores. En menos de sesenta días, los altibajos del proceso muestran serios obstáculos para su desarrollo. Uno de estos fue el veto para el envío de una misión de verificación, situación que fue superada, y, luego, la reciente insubordinación de una unidad militar en demanda de indemnizaciones económicas por los años de servicio prestados durante la guerra.
La rebelión o la insubordinación militar ocurrida en los primeros días de febrero muestra que el tema del desmontaje militar no está, ni de lejos, resuelto; asimismo, la acción de los militares agrupados en la Policía Militar Ambulante (PMA) pone en evidencia la fragilidad del proceso de paz guatemalteco. Ciertamente, el tema de la desmovilización del aparato militar podría analizarse considerando varios elementos: obstáculos, limitantes, contradicciones y, además, las similitudes entre el proceso salvadoreño y el guatemalteco respecto del desmontaje militar.
No cabe duda de que una dificultad que enfrenta el proceso de paz guatemalteco es la problemática de la reinserción de los militares a la vida civil; y aquí surgen dos elementos relacionados: por un lado, con el ámbito de la sobrevivencia; y, por el otro, con el sentido de pertenencia grupal. Cuando se habla de la sobrevivencia se hace alusión, directamente, al aspecto económico, a la falta de empleo, de acceso a la tierra o inexistencia de proyectos productivos agrícolas que involucren a los ex militares.
En cuanto al sentido de pertenencia, ésta se ubica en la dimensión de lo subjetivo, ya que al considerar a estos actores sociales como desmovilizados de una guerra es conveniente recordar, al mismo tiempo, su vínculo y pertenencia a estructuras de poder. Estos grupos se mantienen aglutinados alrededor de objetivos comunes y establecen entre ellos relaciones solidarias porque, en su interior y al igual que en otros grupos humanos, se producen socializaciones que no sólo dependen de la voluntad de los individuos, sino también de los intereses bajo los cuales éstos se agrupan. Dos elementos importantes y que no se pueden obviar son: la propiedad que sobre el armamento militar tienen y su cohesión interna. Ambos elementos representan una advertencia sobre el carácter de esta rebelión; es decir, se tienen las armas, símbolo de fuerza ,y un grupo cohesionado alrededor de objetivos económicos.
Ahora bien, respecto de las limitantes del proceso de paz hay que observar que se carece de la institucionalidad y la legislación que facilite la reinserción a la vida civil de los desmovilizados. El propio portavoz del ejército, coronel Otto Noack, aceptó que la indemnización a que tienen derecho los ex militares no está definida en los Acuerdos de Paz. Otros jefes militares han señalado que "no es justo que a la guerrilla le vayan a dar dinero y a ustedes no, pero una cosa es hacer una solicitud y otra diferente es ser delincuentes".
No basta con señalar los porcentajes de reducción del ejército en números; se necesita de un ejercicio mucho más integral que permita el involucramiento de los sectores afectados por la desmovilización y la reinserción a la vida civil. Además, políticamente es necesario reducir la brecha al interior de las sociedades afectadas por relaciones del tipo poder militar-sociedad civil, lo cual quiere decir que es necesario superar el esquema tradicional de esta relación de imposición de la fuerza del primero sobre el segundo.
El discurso ideológico que durante años impregnó en la estructura militar, con los ya conocidos métodos de la guerra de baja intensidad, le confirió al ejército una identidad y, de algún modo, el presupuesto de que sus miembros eran los héroes de la patria. Los enemigos, la población civil. Los operativos de tierra arrasada del ejército guatemalteco y los testimonios que sobre los mismos existen documentan esta aseveración. Los militares salvadoreños no tienen nada que envidiarles, como lo muestran las masacres de las Hojas y El Sumpul.
Las tropas que han participado como autores materiales de estos crímenes de lesa humanidad tienen una indudable cuota de responsabilidad en los hechos ocurridos, pero esta responsabilidad es mayor aún en los autores intelectuales, quienes se encuentran en los mandos superiores del estamento militar. Si se demanda el esclarecimiento de los hechos y se clama justicia para la víctimas de estos asesinatos, los costos deberían pagarlos todos los involucrados, principalmente los Estados bajo cuyo servicio estuvieron los asesinos.
Muchos de los involucrados en estos hechos ahora gozan de privilegios y reconocimientos en el marco del advenimiento de la paz, a pesar de que alguna vez exigieron a sus subordinados, en nombre de Dios y la patria, matar a los enemigos. También ahora, invocando el patriotismo, les piden aceptar que ya no son útiles en los cuarteles y que deben regresar a sus originales ocupaciones. No se pueden obviar los problemas de identidad vividos por estos individuos. Pretender que quienes hicieron la guerra se reinserten sin mayores dificultades y sin obtener algunos logros, cuando menos económicos, es una miopía y una falta de previsión.
Contradictoriamente, el proceso ofrece la estabilidad para los mandos superiores, la participación de estos en la elaboración de planes de transitoriedad que los coloquen en una actividad concreta gozando de las prerrogativas del poder, en contraposición a la ausencia de planes específicos en los Acuerdos de Paz que posibiliten la reinserción de la tropa a la vida civil.
Finalmente, destacan las similitudes que el proceso de paz salvadoreño y guatemalteco sugieren al dejar al descubierto no sólo los problemas que ambos enfrentan en torno al desmontaje militar, sino también las lecturas de una realidad que no es ajena a sociedades marcadas a lo largo de su historia por el autoritarismo militar. Una de estas similitudes son los factores de poder que a través del tiempo se fueron proyectando desde el ejército al conjunto de la sociedad. No solamente por el uso excesivo de la fuerza, como ya se apuntaba, sino también por los privilegios que estos han tenido en América Latina. Los militares crearon un pequeño mundo con sus propias tiendas, gasolineras, funerarias y sus centros de diversión, lo cual deja implícito como este grupo obtenía para sí una incidencia sobre todo el conjunto de actividades que ocurrían en el país.
En segundo lugar, está el tema de la reducción del ejército. El número de efectivos necesarios en tiempos de paz y la forma en que el resto se desmovilizarán responderán a las características de cada país, pero en la lógica general comparten algunas coincidencias. El nacimiento de una nueva policía de carácter civil y la reforma en la doctrina de seguridad pública pueden señalarse como similitudes.
La tercera coincidencia hace relación con las reacciones frente a la desmovilización; en ambos procesos está presente la demanda de planes de reinserción satisfactorios. Por otra parte, hay que decir también que los métodos utilizados para su protesta tienen como eje el uso de la fuerza y el recordatorio de su beligerancia sobre el resto de la población. Basta recordar que en El Salvador los desmovilizados de la Fuerza Armada tomaron rehenes en diferentes edificios públicos y que inclusive en medio de la violencia generada por estos actos hubo muertos y heridos. Las acciones de hecho podrían repetirse invocando otras demandas, pero lo sobresaliente sería que estos grupos continuaran ejerciendo la presión y fuerza para obtener respuestas a sus exigencias.
La principal preocupación, mientras tanto, debe ser el peligro de una explosión social; la guerra no está superada aún y sigue siendo un peligroso fantasma para Centroamérica. Aunque se han señalado los casos concretos de Guatemala y El Salvador, en casi todos los países de la región el peligro inminente de la violencia es un llamando a solucionar demandas de toda la población, soluciones que deberán ser integradoras y no excluyentes.
"No matarás" dice el quinto mandamiento de la Ley de Dios. En él se encierra lo esencial de la protección a uno de los derechos fundamentales de los seres humanos: el derecho a la vida. Pero, según lo que se observa, en nuestro país ni las personas creyentes ni las no creyentes pueden afirmar que su existencia está segura pues, día a día, ese derecho se sigue pisoteando en todo el territorio nacional sin que --a la fecha-- se advierta una acción decidida y eficaz por parte de las instituciones estatales encargadas de investigar los delitos y sancionar a sus responsables. A las pruebas hay que remitirse y de esas tenemos abundantes. Sin ir muy lejos, el pasado domingo 9 de febrero aparecieron cerca de San Salvador los cuerpos de una mujer, en un sitio, y de dos jóvenes, en otro; como es costumbre, fueron asesinados con lujo de barbarie en el mejor estilo de los nunca desarticulados "escuadrones de la muerte", al observar las evidentes señales de tortura que presentaban.
Así, a cinco años del fin de la guerra y cansada ya de tanta violencia, la población salvadoreña se pregunta cada vez con mayor inquietud y desencanto: ¿por qué continúan este tipo de hechos? ¿por qué no se impulsan políticas oficiales concretas y coherentes para enfrentar la criminalidad común y organizada? ¿por qué tanta inseguridad? Básicamente, la respuesta a estas interrogantes es una: por la inoperancia y las distintas formas de corrupción que se mantienen dentro de los organismos del Estado, algunos de ellos bien diseñados teóricamente --quizás-- pero muy mal conducidos en la práctica.
Porque fuera de algunas operativos policiales y las numerosas capturas efectuadas durante 1996, junto a los cambios normativos y de personas en lo referente a la impartición de justicia, tal como lo comentamos en nuestro balance anual de la situación en el país (Proceso, 739), es claro que aquí todavía vivimos sumidos en un ambiente de impunidad que sólo favorece a los delincuentes de cualquier tipo. Éstos, ante sí, no tienen nada ni nadie verdaderamente serio que les impida seguir "haciendo de las suyas". El gobierno --hasta la fecha y por lo regular-- no ha dado muestras reales de investigar a fondo los hechos y sancionar a los criminales, sobre todo cuando éstos tienen algún poder o cuentan con su protección. Es más: hay ciertos casos de violencia fatal en los que se ha establecido la participación de agentes del Estado y, no obstante, éstos continúan en su puestos.
En ese marco, hace unos días --el lunes 11 de febrero-- se realizó una conferencia de prensa muy singular e importante. Singular porque, acostumbrados a los mismos de siempre en este tipo de actividades, en ella participaron "caras nuevas": las de unas personas que nunca imaginaron tener que utilizar estos recursos para alcanzar lo que es justo; las de unas personas que ahora se dan cuenta de la mentira institucional que sirvió y sirve para esconder la muerte y el dolor de tantas víctimas --anónimas y conocidas-- en El Salvador. Importante por que éstas, con su mensaje libre de cualquier militancia política partidaria o de algún otro interés material, se pueden convertir en un símbolo de la participación ciudadana valiente y responsable que necesita este país para salvarse.
Nos referimos a los familiares de Ramón Mauricio García Prieto, Manuel Adriano Vilanova Velver y William Antonio Gaytán Ayala, tres jóvenes salvadoreños asesinados entre junio de 1994 y enero de 1996. En ocasiones anteriores y desde este mismo espacio, el IDHUCA ha dado reiteradas muestras de su preocupación en torno a estos crímenes, ya que en ellos se advierte la participación de agentes estatales para su realización directa y/o el encubrimiento de sus responsables.
En la muerte del menor Gaytán Ayala --de cuya conducta intachable existen pruebas-- intervinieron directamente miembros uniformados de la Policía Nacional Civil (PNC), según consta desde las primeras averiguaciones. A estas alturas, transcurrido más de un año a partir del trágico hecho, todavía se mantiene una tipificación errada del delito que fue calificado como "culposo" en el tribunal donde se instruye el proceso. Ello pese a que: está comprobado el dolo del individuo que disparó contra la humanidad indefensa de William Antonio, existe una resolución de la señora procuradora para la defensa de los derechos humanos en tal sentido y los fiscales específicos ya solicitaron --de manera fundada-- que se subsane tal error.
En el caso "García Prieto", desde hace más de dos años y medio que ocurrió el asesinato de Ramón Mauricio, ha existido una clara y peligrosa falta de iniciativa oficial para investigar a profundidad. Desde el principio y hasta la fecha han habido suficientes elementos de juicio para determinar la participación de --al menos-- otros dos autores materiales del crimen, entre los cuales se menciona al famoso "Zaldaña" --el detective Carlos Romero Alfaro-- quien también aparece involucrado en el caso "Velis". Pero no se avanza en tal sentido y no por falta elementos para ello, ya que existe una cantidad de pistas para recorrer un camino que --de hacerlo con una voluntad férrea-- le permitiría a la Fiscalía General de la República (FGR) llegar a las estructuras utilizadas para cometer el delito e, incluso, hasta el establecimiento de su autoría intelectual. Por eso no son fortuitas tantas amenazas y el constante acoso con lo cual se pretende, inútilmente, intimidar a esa familia doliente y sedienta de justicia.
En el último de estos tres crímenes --ocurrido hace casi un año y medio-- la resolución de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos estableció que existían pruebas para incriminar a miembros del actual cuerpo policial. En una parte de las conclusiones contenidas en la misma, la señora procuradora --doctora Victoria Marina Velásquez de Avilés--dijo que: "Con base a los hechos relatados y el análisis de las diversas hipótesis establecidas sobre la circunstancias de la muerte del joven Manuel Adriano Vilanova Velver y especialmente en función de los elementos que se han recabado en las distintas investigaciones, esta Procuraduría sostiene que existen serios indicios que hacen presumir la participación de elementos de la Policía Nacional Civil de Panchimalco, y particularmente del Cabo HUGO ORLANDO SARAVIA PERLERA, en el homicidio del joven Vilanova Velver. La mayoría de los elementos de juicio, testimonios e indicios recabados apuntan hacia la autoría material de tales personas". Sin embargo, tampoco en este caso ha habido justicia para la familia ofendida.
Estas personas, tras haber sufrido la pérdida violenta de sus seres tan queridos se presentaron --de buena fe-- ante las autoridades correspondientes y trataron de colaborar con ellas para esclarecer los hechos y sancionar a sus responsables. Hoy, lastimosamente y con sobrada razón, es poco o nada lo que pueden esperar de estas esferas. No sólo por lo que les sucedió cuando intentaron recorrer los tortuosos y oscuros caminos oficiales que deberían llevarlas hasta la satisfacción de su legítimo reclamo, sino también porque les sigue "lloviendo sobre mojado". Cualquier paso que dan en el ejercicio de su derecho a expresar libremente la opinión que tienen sobre sus trágicas experiencias y la incapacidad estatal para satisfacer realmente sus demandas, desencadena reacciones inaceptables por parte de quienes se sienten "ofendidos" por la denuncia pública que hacen. Ahora, tras la conferencia de prensa aludida, pasó lo mismo.
Inmediatamente, el director de la PNC --ingeniero Rodrigo Ávila-- se lanzó a descalificar lo expresado por estas familias, con unas declaraciones que nos preocupan y cuestionan sobre la real capacidad de este joven para cumplir a cabalidad con la importante misión que le encomendó el presidente de la República cuando lo nombró. Según se lee en el artículo 4, capítulo II, de la Ley Orgánica que rige a la institución, le corresponde ejercer "el mando ordinario de la Policía", de la cual es su "máxima autoridad administrativa". No nos metamos a examinar si el ingeniero realmente tiene o no "competencia notoria" para ello, que es uno de los principales requisitos establecidos en el artículo 5 de la citada ley. Dediquémonos solamente a analizar algunas de las cosas que dijo --bastante molesto, por cierto-- cuando representantes de los medios masivos de difusión le pidieron su opinión sobre lo expresado por las señoras y los señores Gaytán, García Prieto y Vilanova.
Ávila sostuvo que el menor Gaytán Ayala conducía un vehículo robado y que desde éste le hicieron disparos a la unidad policial del servicio conocido como "121" que desarrolló el operativo, de lo cual --según el director general de la PNC-- existen testigos. Únicamente los agentes que iban en la patrulla que realizó la persecución son los que declararon haber escuchado "como que disparaban", de lo que no se puede concluir automáticamente que de verdad hubieron disparos y que éstos provenían del auto que perseguían. Fuera de dichos agentes, nadie afirmó nada en tal sentido. Cuando capturaron al resto de los jóvenes que iban dentro del vehículo acribillado por los policías, no hubo decomiso de armas; tampoco se localizó una sola dentro del carro o en los lugares cercanos al lugar. Ciertamente, el vehículo había sido robado previamente pero en eso no tuvo nada que ver Willian Antonio, conclusión que surge de sus antecedentes personales y --por si el ingeniero lo duda-- de la misma declaración judicial rendida por el presunto responsable de dicho robo.
¿Y cuál fue la actitud del joven funcionario en relación al dolor y el reclamo de la familia García Prieto? Que los señalados no eran miembros de la PNC; que éstos formaban parte de la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos (CIHD), unidad perteneciente a la desaparecida Policía Nacional. Para ser justos, debemos agradecerle esa afirmación pues con ello está apoyando lo que hemos venido sosteniendo siempre: que hay suficientes elementos de juicio para que la FGR inicie una investigación seria, encaminada a establecer la participación de "Zaldaña" en el crimen de Ramón Mauricio.
Se debe aclarar que --contrario a lo dicho por Ávila y no obstante provenir de la CIHD-- al momento del hecho que nos ocupa, "Zaldaña" sí formaba parte de la división de investigación criminal (DIC) --cuyo jefe entonces era Roberto Mendoza Jerez-- y, por tanto, estaba incorporado en la estructura de la PNC. De no ser así, Mendoza Jerez no hubiera salido como salió de esa jefatura a raíz de las irregularidades detectadas alrededor del caso "Velis". También es válido seguir señalando la responsabilidad gubernamental al introducir elementos de esa calaña en el nuevo cuerpo policial y la de la otra parte por aceptarlo sin oponerse de forma intransigente; por eso, quizás, estamos como estamos.
Pero, además, Ávila le exigió a la familia García Prieto denunciar ante la PNC si alguno de sus miembros se sentía amenazado. De existir todavía los archivos del tan atacado DICO --el Departamento de Investigación del Crimen Organizado, perteneciente a la PNC-- cualquier persona interesada podrá encontrar en ellos el "AVISO Nº001DICO96", correspondiente al registro de la denuncia presentada por José Mauricio García Prieto Hirlemann el 5 de junio de 1996, sobre uno de los tantos hechos de persecución, amenazas e intimidación sufridos por su persona desde hace ya varios años. Por si le sirve al ingeniero Ávila y presumiendo que no está enterado de esta denuncia presentada en una dependencia del cuerpo que dirige (¿?), le comentamos que en dicho expediente también se incluyeron fotografías de los tipos que, en esa ocasión, vigilaban al señor García Prieto.
Sobre la muerte de Adriano Vilanova, el jefe policial pidió que presentaran pruebas y afirmó que estaban "politizando" el caso; según él, con esto último se pone en peligro la estabilidad de la institucionalidad y del país. Como muy bien dijo Rosalía de Vilanova, madre de la víctima y también víctima de la impunidad, la PNC --dirigida por la Fiscalía-- es el órgano auxiliar de la justicia que debe encargarse de trabajar diligentemente para esclarecer los delitos y, por tanto, recabar las pruebas. Sólo falta que ahora acusen a las y los familiares por no presentarlas y eso sirva de pretexto para que ciertos criminales continúen protegidos --quién sabe por qué-- dentro del cuerpo policial.
Nadie está "politizando" ni instrumentalizando ninguno de estos casos; nadie de las personas que intervinieron en la citada conferencia de prensa mencionó --directa o indirectamente-- algún partido de esos que, a las puertas de las elecciones, no le ofrecen nada consistente a la población para resolver sus problemas más urgentes, entre ellos el de su seguridad. Lo que verdaderamente sí pone en grave riesgo la estabilidad de una institucionalidad conseguida después de tanto dolor y tanta muerte, es la incapacidad de los funcionarios del Estado para hacer bien su trabajo o su deliberada actitud de falsear los hechos. En ese marco, nos preguntamos; ¿qué está haciendo el ingeniero Ávila? ¿controla, dirige y sabe lo que está sucediendo dentro de la institución a su cargo o quiere desinformar a la población? Estando en su posición, lo más recomendable sería averiguar primero entre sus "subordinados" sobre los hechos para después hablar; también procedería, mejor, acercarse más a las víctimas para servirlas de manera eficaz.
Finalmente, se debe decir que los tres casos que ahora nos volvieron a ocupar --junto a otros tantos que continúan sumergidos en el silencio oficial-- son una muestra clara del alto grado de impunidad que impera en el país y del peligroso rumbo que lleva nuestro único cuerpo policial. Pero la decidida acción de estas familias que --con el dedo puesto en una llaga tan lamentable-- exigen investigaciones serias y sanción para todos los responsables de su dolor, sigue siendo un rayo de esperanza que no se debe apagar. Su lúcida terquedad está moviendo conciencias e invitando a que todas las víctimas de la violencia y la injusticia, en este El Salvador después de la guerra, se involucren en el esfuerzo por no dejar que la sinrazón y el olvido impuesto vuelvan a matar a sus muertos.
NOMBRAMIENTO. El Presidente de la República, Armando Calderón Sol, anunció, el 03.02, el nombramiento de Renzo Martínez Bucciantini como Subdirector de Operaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), en sustitución de Rolando García, separado del cargo el 01.02. Por otro lado, autoridades policiales dieron a conocer, el 04.02, más de veinte traslados de mandos superiores de la PNC. De acuerdo a la orden, aprobada por el Presidente de la República, los nombramientos entrarán en vigor a partir del 15.02. Por su parte, el director de la Policía, Rodrigo Avila, aseguró que los cambios en las jefaturas son rutinarios, y no se pueden interpretar como una depuración de los mandos superiores. Entre los nombramientos más importantes se destacan: el nuevo jefe de la División de Finanzas, Mauricio Arriaza Chicas; en la jefatura de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), Carlos López; en la División de Armas y Explosivos, Oscar Miranda; y en la División de Personal, Juan José Hernández Guerra. La orden de destinos contempla los traslados de Rafael Antonio Garciaguirre, Hugo Armando Ramírez y Ernesto Alexander Reyes como los responsables de las delegaciones de la Zona Metropolitana, Zacamil y La Libertad, respectivamente. Rodrigo Avila explicó que al personal que se tiene que depurar no se le cambia, simplemente se le aplica el régimen disciplinario. "Hay cambios que obedecen a tratar de reorientar la capacidad de liderazgo y de gestión policial de cada uno de los jefes", puntualizó (LPG 04.02 p.6-a y LPG 05.02 p.16-a).
CRITICAS A JUSTICIA. La oficina de información de la Embajada de los Estados Unidos dio a conocer, el 11.02, el contenido del Informe General Derechos Humanos, elaborado para el Departamento de Estado, en el cual se califica a la justicia salvadoreña como "ineficiente y sujeta a la corrupción". El informe hace observaciones sobre la crisis del sistema penitenciario y sobre la notable disminución de crímenes políticos; sin embargo, señala a la Corte Suprema como lenta para destituir jueces incompetentes. Según el documento, "la Corte Suprema, que tiene la autoridad de disciplinar a los jueces, la impunidad, especialmente de quienes están bien conectados, política, económica o institucionalmente, continúan siendo un problema". El informe también incluye críticas contra acciones aisladas de la Policía Nacional Civil, a la que señala como la institución de Gobierno a la que más violaciones de los derechos humanos se le acumulan, aun cuando la corporación ha recibido calificaciones relativamente altas de aceptación en algunas encuestas. De igual forma, se analiza la situación de los penales en El Salvador, y se llega a la conclusión de que en ellos las condiciones carcelarias continúan deficientes, no se cuenta con suficiente espacio para los detenidos provisionales y los reos tienen que ser enviados a cárceles donde hay presos violentos (DH 12.02 p.3 y LPG 12.02 p.4-a).
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