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© 1997 UCA Editores
Año 17
número 747
febrero 26
1997
ISSN 0259-9864
Políticos hipócritas
Elecciones: ¿guerra o competencia?
Preocupante escenario político
Aproximación cuantitativa al fenómeno de la violencia en El Salvador
Reflexiones ante la muerte de Deng Xiaoping: democracia, mercado y socialismo
¿Qué es lo mejor para El Salvador? (II)
Aclaración
La asamblea legislativa se ha exhibido de nuevo ante la nación. El pretexto fue el destino de las armas de guerra. La razón real, el aprieto en el cual se encuentra ARENA ante la posibilidad de que pierda terreno en las próximas elecciones. Para mayor vergüenza, los diputados oficialistas explotan el incidente en contra del FMLN, su adversario más fuerte en las próximas elecciones, sin dar la cara.
El fundamento del escándalo es un buzón de armas de guerra encontrado en Nicaragua, precisamente, cuando la campaña electoral salvadoreña entra en su fase final. Según los informes de prensa, el ejército nicaragüense atribuye, aparentemente sin mayor investigación, la pertenencia de dichas armas a "guerrilleros salvadoreños"; pero los diputados oficialistas salvadoreños entienden que se trata del FMLN. En cambio, la policía nicaragüense desconoce quién es el propietario del armamento, pues todavía no tiene evidencia alguna. Curiosamente, el general Cuadra, jefe del ejército nicaragüense, es amigo y socio de algunos dirigentes del Partido Demócrata.
Es lamentable que el FMLN haya caído en la provocación de este partido y haya dado explicaciones extemporáneas. Es lamentable que el Partido Demócrata, que hace alarde de una política de nuevo cuño, haya caído en las viejas prácticas de sus demás colegas. Es lamentable que no exija con la misma intensidad con que le exije al FMLN que ARENA dé cuenta del presupuesto de su campaña electoral. Es lamentable que la dirigencia demócrata cristiana que dice dolerle mucho el asesinato de sus alcaldes esté aliada con la organización responsable directa de tales hechos. Es lamentable que ARENA promueva esta clase de discusiones estériles y pobres para ocultar el rechazo de la población.
El escándalo revela, entre otras cosas, dos confrontaciones. La primera y la más importante tiene lugar entre ARENA y el FMLN, las dos principales fuerzas políticas del país. El motivo es la competencia electoral, es decir, el poder de la asamblea legislativa y de las municipalidades. La hegemonía de ARENA está en peligro y lo que antes parecía tan sólido, ahora se tambalea peligrosamente. La segunda confrontación tiene lugar entre el Partido Demócrata y el FMLN. El motivo es el mismo. Los demócratas también se encuentran cuestionados, su autodenominada política de centro no está dando los resultados esperados, tanto que si se mantienen los mínimos actuales, estaría a punto de desaparecer del registro oficial de partidos políticos. Calcularon que se convertirían en la alternativa obvia a lo que ellos llaman las extremas, pero el electorado piensa de otra manera. Los demócratas tampoco han explicado de donde provienen los fondos de su campaña. Su alianza con ARENA significa que un voto por el Partido Demócrata, en realidad, es un voto por el partido oficial.
Más allá de estas veleidades de los políticos y sus partidos se encuentran la realidad del pasado y la naturaleza antidemocrática del sistema político salvadoreño. Aparentemente, el pasado ya estaba olvidado. Pero ahora resulta que la postración de El Salvador se debe a la destrucción causada por la guerrilla durante la guerra, es decir, cinco años de gobierno de ARENA han servido de muy poco. El Salvador no es tan nuevo como asegura el presidente Calderón en sus discursos, sino que sería el mismo de siempre, devastado por la guerra. La guerrilla es la misma, estaría alzada en armas, es decir, no habrían ocurrido las asombrosas transformaciones que el gobierno pone con tanto orgullo como ejemplo ante el mundo. Es realmente difícil comprender el discurso de la propaganda electoral o al menos habría que señalar que no coincide con el oficial de los tiempos normales.
ARENA únicamente practica la democracia cuando tiene asegurado el poder del Estado. Aceptó la negociación y la firma de los acuerdos de paz porque estaba seguro de que retendría el control del país, pero no porque tuviera vocación de paz. Después permitió una elecciones más o menos limpias porque estaba seguro de que obtendría una mayoría cómoda. Sin embargo, ahora que ese poder es cuestionado democráticamente por un electorado descontento y frustrado, ARENA recurre a prácticas antidemocráticas muy conocidas en El Salvador, en un esfuerzo desesperado por retener el poder.
Una de las características más relevantes de este proceso electoral es la ligereza con la que ARENA y sus aliados modifican el Código Electoral, es decir, la regla que rige la competencia, según sus conveniencias. Nadie puede asegurar cuáles serán las reglas vigentes el día de la elección, cosa inaudita en un Estado que dice ser de derecho. Eso para no hablar de las constantes y crecientes violaciones a dichas reglas.
Si ARENA y sus aliados están tan preocupados por la verdad, por qué no se esfuerzan por averiguar la verdad completa, es decir, no solamente la procedencia o el destino de las armas de guerra, sino también el destino de las decenas de miles de desaparecidos y las actividades de los escuadrones de la muerte del pasado y del presente. En el primer caso se trata de armas, en el segundo de vidas humanas. La tenencia de armas es, sin duda, perturbadora y condenable, pero lo es más el encubrimiento de las actividades de los escuadrones de la muerte, el hecho más nefasto de la guerra.
Es una afrenta para el pueblo salvadoreño que algunos de los responsables de estas actividades aberrantes ocupen cargos públicos en la actualidad. Rasgarse las vestiduras por el destino de las armas y olvidarse de las víctimas de los escuadrones de la muerte es hipocresía farisaica.
El pasado 13 de febrero, el Ministro del Interior, Mario Acosta Oertel, presentó ante la Fiscalía General de la República una demanda por difamación en contra del jefe de campaña del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Facundo Guardado, quien días antes había manifestado que el Ministro importó al país varios automóviles sin pagar impuestos, valiéndose de su franquicia. Acosta Oertel sostuvo que las declaraciones difamatorias por parte de Guardado se produjeron luego de que, el 8 del mismo mes, el Ministerio del Interior denunciara que en la campaña política del FMLN se estaban utilizando recursos de algunas Organizaciones no Gubernamentales (ONGs). La prensa nacional consultó al Fiscal General de la República sobre el caso y éste expresó no haber recibido una denuncia formal al respecto por parte del Ministerio del Interior.
Ambas declaraciones llaman la atención por sus dudosos fundamentos. Primero, el Ministro del Interior acusa a 17 ONGs de desviar fondos y recursos materiales para apoyar a algunos partidos políticos -entre ellos el FMLN-, argumentando que tal actuación viola la Ley de Fundaciones y Organizaciones sin fines de Lucro aprobada recientemente por la Asamblea Legislativa. Según las declaraciones del funcionario, las ONGs deben cumplir la razón de ser que sustenta su creación, pues de lo contrario incurren en actividades ilícitas. Sin embargo, aproximadamente una semana después de presentada la acusación, la Fiscalía General de la República expresó no haber recibido una denuncia formal por parte del Ministerio del Interior. ¿Habrá que entender entonces que no había pruebas suficientes para respaldar tal acusación? De ser así, ¿cómo se justificaría que un Ministro califique de ilícita la actividad de 17 instituciones ante los medios de comunicación?
Acosta Oertel expresó que fiscalizaría los fondos de las organizaciones, "ya que hemos dicho que las ONGs son para llevar bienestar a las comunidades donde los programas de gobierno no han llegado". Ante tal declaración, cabría preguntar al Ministro porqué pretende controlar los fondos de los organismos que no dependen económicamente del gobierno y que por tanto se denominan justamente no gubernamentales. ¿Será que para el Ministro las ONGs son autónomas a la hora de "llevar bienestar donde los programas de gobierno no han llegado", pero no a la hora de apoyar al partido político de su preferencia? ¿No estarían las 0NGs en su derecho de apoyar al instituto político que prefieran, de la misma forma en que lo estaría cualquier empresa privada que decidiera hacerlo con el suyo? ¿No son los donantes a quienes correspondería fiscalizar los fondos que otorgan y decidir si éstos pueden o no utilizarse con fines políticos?
Pero lo que hace aún más llamativa la declaración del Ministro es que ésta ocurrió cuatro días después de que dirigentes del partido ARENA denunciaran ante los medios de comunicación que varias ONGs desvían fondos para la campaña del FMLN. Esta denuncia por parte de los areneros se produjo luego de la publicación de algunos datos de encuestas de opinión que los situaban por debajo del principal partido de oposición. Los dirigentes de ARENA revelaron también que existen otras fuentes de financiamiento de la campaña de su principal adversario político, tales como: el gobierno cubano, algunas organizaciones de izquierda de Canadá, el Comité de Solidaridad con el pueblo de El Salvador (CIPES) e incluso bandas delictivas. La respuesta de ARENA ante los resultados de las encuestas no es de extrañar, sobre todo tomando en cuenta la actitud confrontativa que en estas elecciones ha tomado el partido oficial; parece lógico que, frente al "peligro" de la derrota, los areneros intenten recuperar los votos que podrían creer perdidos; lo condenable del caso, empero, es que para lograrlo quieran valerse de cualquier artimaña o calumnia.
Las acusaciones de ARENA, publicadas en la prensa hace más de quince días, parecen no estar apoyadas en pruebas consistentes, ya que nada más se ha dicho en torno a ellas desde entonces. Igual destino parecen haber tenido las acusaciones del Ministro del Interior de las cuales no se sabe nada hasta la fecha. De lo anterior surgen nuevas interrogantes: ¿el hecho de que las denuncias por parte del Ministerio del Interior se dieran días después de publicadas las de ARENA fue simplemente una casualidad? ¿Por qué no hay en el gobierno quién se preocupe por fiscalizar los fondos con que ARENA financia su campaña? ¿O será que apoyar la campaña de ARENA es legal pero hacer lo mismo con la del FMLN no lo es?
Por otro lado, la denuncia que Facundo Guardado pronunció en contra del Ministro del Interior, en la cual acusa al funcionario de utilizar ilícitamente su franquicia para importar automóviles sin pagar impuestos, resulta también bastante cuestionable, debido a la falta de fundamentos que la sustenten. Acosta Oertel respondió ante la acusación argumentando que, efectivamente, hizo uso de la franquicia del Presidente de la República para introducir motobombas y automóviles al país, las primeras destinadas al Cuerpo de Bomberos y los segundos, cuyo número no especificó, para hacer efectivo un donativo a la Dirección de Correos por la Unión Postal Universal. El Ministro dio a Guardado "24 horas para probar sus declaraciones"; después de ese plazo, hizo efectiva una demanda al dirigente del FMLN por difamación. Guardado, por su parte, bromeó al respecto, restándole importancia a la reacción del Ministro.
La falta de pruebas que sustentaran la acusación lanzada por Guardado, además de quedar en evidencia, le costó a éste último una demanda penal. Sin embargo, al demandado pareció no preocuparle el hecho en lo absoluto. Tal despreocupación podría explicarse si suponemos que Guardado se tomó la libertad de lanzar acusaciones en contra de un funcionario habida cuenta de la ineficacia del sistema judicial salvadoreño. Pero, de ser así, ¿donde quedan la ética y la seriedad de los políticos de izquierda? ¿O es que también ellos creen que ejercer políticamente los faculta para hacer cualquier acusación sin importar que ésta tenga o no suficiente fundamento?
En conclusión, el panorama político en el marco del proceso electoral continúa enturbiándose. Inicialmente, la campaña se caracterizó por una propaganda deficiente de contenidos y tendiente a la polarización; luego, algunas decisiones sesgadas del TSE, pusieron en duda su credibilidad; a ésto hay que añadir la difusión de una encuesta falsa -atribuida al IUDOP-, con lo cual se puso en riesgo el prestigio de instituciones serias y confiables. Ahora, las acusaciones apresuradas e infundadas amenazan con sumarse a los múltiples factores que ensombrecen cada vez más el escenario político salvadoreño, en donde la reputación de los actores que en él se desenvuelven está corriendo un grave peligro.
La actual coyuntura política parece no contradecir en nada al editorial del número 746 de Proceso en el cual se asemeja la campaña electoral a "una guerra sin cuartel" que admite cualquier medio para "derrotar al enemigo". Tal vez algunos políticos de nuestro país han confundido democracia con competencia desleal. Así, cualquier cosa puede ser dicha sin importar si su propósito es la difamación. Por tanto, asumir con responsabilidad lo que se expresa en público pierde sentido. Quizá nuestros políticos no han advertido que esa falta de seriedad no solo no contribuye en nada a la democratización, sino que favorece el descrédito que ante la ciudadanía ha adquirido la clase política. O, quizá, no les ha sido posible abandonar los antivalores de la confrontación asumidos en las décadas pasadas. Se dejaron las armas, pero nuevas y estilizadas maneras de combatir al adversario están creándose.
Los mismos políticos que se valen de estrategias maquiavélicas para satisfacer sus intereses, deberían advertir que no sólo están perjudicandose a sí mismos, arriesgando su reputación y aspiraciones políticas, sino, lo que es más grave, dañando al país y al desarrollo de su incipiente democracia.
Luego de las elecciones presidenciales del 20 de marzo de 1994, el FMLN debió de haber aprendido dos importantes lecciones: la primera, que en la competencia electoral con ARENA le hizo falta la suficiente experiencia y habilidad política para sortear los obstáculos puestos por aquella, la inteligencia y estrategia para incidir en un electorado amedrentado por la posibilidad de un cambio sin garantías; y, la segunda, que el partido en el poder recurriría a todos los medios para evitar ser relevado del gobierno. Ahora, habiendo transcurrido casi tres años desde esa fecha, todo parecer indicar que no se capitalizaron las experiencias de aquel entonces.
Ya desde el 94 fue obvio que una de las armas que utilizaría ARENA para competir electoralmente con el FMLN sería la de echarle en cara su pasado, un pasado que, desde el discurso ideológico arenero, lo estigmatizaba por su vinculación con hechos "terroristas" de diversa índole. Es decir, tal y como había sucedido en la anterior justa electoral, era de esperarse que en la campaña para alcaldes y diputados que se llevaría a cabo durante los primeros meses de este año, ARENA utilizaría la "historia oscura" del FMLN para desprestigiarlo ante el electorado, presentándolo como un grupo violento, digno de desconfianza. La utilización de este mecanismo de desprestigio no sólo lo esperaba esta institución política, sino también la mayoría de los actores sociales del país, los cuales, desde antes que iniciara el actual período electoral, ya habían hecho repetidos llamados a la cordura y ética de los partidos con el fin de que se realizara una "campaña de altura".
Pese a estos perentorios llamados, el primer mes de la actual campaña electoral se caracterizó por la confrontación, el escarnio y el juego sucio, características que, aunque negativas, no sorprendieron a nadie. Sin embargo, luego de que se diera a conocer que, según diferentes encuestas de opinión pública, el FMLN aventajaba en preferencias a ARENA, el combativo tono de la campaña se transformó en una malignidad y alevosía fuera de toda magnitud y control. Ello no sólo porque el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se ha visto incapaz para refrenar estas nefastas características -cuando no las ha permitido con resoluciones y comportamientos de dudosa imparcialidad-, sino también porque de una forma u otra un gran número de instituciones han propiciado su exacerbación y difusión.
Lo que en las siguientes líneas interesa analizar y discutir es, en primer lugar, la evidente falta de habilidad política del Frente para salir bien librado de una campaña destinada a restarle méritos y credibilidad; en segundo lugar, la irresponsabilidad y falta de ética de algunos medios de comunicación social al haber secundado la obvia intención de ARENA de destruir políticamente al FMLN; y, finalmente, las consecuencias que del actual contexto político se derivarán para el esfuerzo de construir una cultura de paz y reconciliación.
Ineptitud política o ingenuidad
Una de las primeras preguntas que surgen al echar un vistazo al show circense en que se convirtió la sesión de la Asamblea Legislativa del 19 de febrero es ¿cómo se permitió el FMLN participar en una discusión que, obviamente, buscaba mezclarlo en temas como el tráfico de armas y el incumplimiento de los Acuerdos de Paz? Una seguna pregunta es la siguiente: ¿cómo es que funcionarios que deberían estar acostumbrados a que cualquiera de sus afirmaciones se deforme para ser utilizada en su contra cayeron en una trampa tan evidente y burda? Las respuestas posibles se reducen a dos: o se hizo alarde de una absoluta falta de visión y estrategia política o los miembros del FMLN poseen una ingenuidad rayana con la negligencia.
No se trata de negar la posibilidad de que el FMLN, tal como fue acusado en dicha asamblea, posea todavía algún armamento oculto o que esté financiando su campaña con fondos provenientes de actividades ilícitas, el punto es que no debió participar en una discusión en la que, a la manera de los procesos inquisitoriales, toda afirmación o negación de los cargos que se le imputaban podía -de hecho pudo- ser usada como prueba de su culpabilidad. En lugar de participar en el debate acusando a otros de los cargos que se le señalaban, el FMLN debió de haber exigido a sus acusadores -el PD y el PDC- presentar las pruebas pertinentes o debió de haber recurrido a los procedimientos legales del caso con el fin de despejar las dudas sobre su inocencia -la que no ha vacilado en afirmar- y limpiar su nombre.
Lo que sucedió el 19 de febrero no fue, como han pretendido presentar los medios y el partido ARENA, una confesión de culpa por parte del FMLN, sino más bien un confuso y visceral intercambio de acusaciones, recriminaciones e insultos. De aquí que la posterior decisión de la Asamblea de difundir la grabación -por supuesto editada- de la discusión no puede ser interpretada de otra manera que una forma de realizar una propaganda sucia y gratuita contra el FMLN, porque de lo contrario cómo explicar que un encuentro verbal de callejón sea lo suficientemente interesante como para presentarlo ante el pueblo salvadoreño como un asunto de interés nacional ¿Quién si no ARENA, en el actual contexto electoral, buscaría difundir públicamente una más de las discusiones bizantinas que se generan al interior de la Asamblea Legislativa?
Aunque muchas de las acusaciones que se le han hecho al FMLN están basadas en meras suposiciones, la obsesiva cobertura que de ellas han hecho los medios las han hecho pasar del campo de la especulación al campo de las verdades inobjetables. Ante ello, el FMLN no ha sabido responder con nada más que con estupor e inmovilidad; dos actitudes que a la larga podrían perjudicarle de cara a las ya cercanas elecciones.
Ejemplo palpable de ello es el hecho de que la administración del Presidente Armando Calderón Sol haya podido presentar una queja formal, el 25 de febrero, acusando al FMLN de ser propietario del buzón de armas descubierto en Nicaragua, sin que éste respondiera a nivel nacional o se movilizara diplomáticamente para contrarrestar una acusación que, según sus dirigentes, nace sin fundamentos y pruebas sólidas. Siendo benévolos y dando el beneficio de la duda de que el silencio del FMLN no es una aceptación de culpa por omisión de respuesta, es sorprendente que un instituto político que posee, según las encuestas, buenas probabilidades en las próximas elecciones reaccione con tal lentitud y torpeza ante un ataque de tan graves consecuencias.
La postura de los medios
Lo que puede ser criticado en algunos medios de comunicación no es el hecho de que hayan informado sobre el hallazgo del buzón de armas en Nicaragua o sobre la asamblea del 19 de febrero, sino que en esta información se haya preferido acentuar la especulación sin atender a las pruebas, la culpabilidad del FMLN sin atender a los intereses que tras su deseo de mostrarlo como tal podrían esconderse. Resulta absurdo y sospechoso que rotativos que se ufanan de ser los más objetivos, serios y comprometidos con la verdad propaguen este desequilibrio entre la veracidad y la propaganda, entre el periodismo serio que busca llegar a la raíz de los hechos y la difusión de afirmaciones coloreadas por la irresponsabilidad y la inquina política.
Es difícil, si no imposible, creer en la neutralidad de los medios cuando, por ejemplo, algunos canales televisivos han cedido espacio para la difusión de spots anónimos en los que se llama a la población a no votar por el FMLN y se muestra a funcionarios de dicho partido haciendo afirmaciones que, por estar fuera de contexto, se prestan a interpretaciones erróneas. Sería interesante preguntarle a estos mismos medios si estarían dispuestos a sacar cortos en los cuales, junto a imágenes de los arrebatos discursivos del difunto mayor D'Aubuison, se le acusara a éste de haber dirigido los escuadrones de la muerte y al partido que fundó de haberlos tolerado en el pasado.
Evidentemente, la postura de los medios ha sido un elemento medular en la actual campaña de desprestigio contra el FMLN que abandera ARENA. Lo grave de esto no es tanto que ellos traicionen su deber de brindar información objetiva para beneficiar a un instituto político, sino que con ello se está fomentando el escepticismo del electorado y la renuencia de éste a participar en un ámbito en donde todo o aparece falso o es en principio desconfiable.
Consideraciones
Es paradójico que un proceso que busca consolidar y realizar la democracia en nuestra sociedad se descarrile hasta tal punto que entidades encargadas de vigilar el fortalecimiento de la primera terminen poniéndola en grave peligro de zozobrar. La burda utilización de la Asamblea Legislativa y la reducción del TSE a un estado inocuo para favorecer una campaña radicalmente confrontativa ponen de manifiesto el poco compromiso de ARENA con los más elementales valores de la conciliación y la paz.
Ciertamente, tal como argumenta el partido en el poder, antes de la reconciliación hace falta afrontar y reconocer los errores del pasado, pero es perturbador que este argumento sea rescatado por una de las instituciones políticas más comprometidas con el olvido del pecado y la protección de los pecadores. Si, como pretende ARENA, es necesario que el FMLN realice un público mea culpa para beneficio de la democracia, así también sería igualmente necesario que ella aceptara su participación en algunos de los más oscuros capítulos de la historia salvadoreña: el asesinato de Monseñor Romero y del Padre Ignacio Ellacuría, serían sólo algunos de ellos.
En definitiva, ni la cultura de paz ni el proceso democrático son los ganadores del actual contexto político; como en antaño, la abierta confrontación y la absoluta intolerancia son las voces cantantes de la vida política del país, voces desde las que fácilmente se podría derivar a la eliminación de los contrarios -manifestaciones que de una u otra manera ya han empezado a hacerse presentes. Las preguntas que queda en pie son: ¿qué pasaría de ganar la oposición? ¿Qué garantizaría que, así como la guerra verbal e ideológica de baja estofa ha cobrado realidad con tanta facilidad, así también la agresión física no sea después el medio preferido para mostrar el desacuerdo cuando aquella haya fallado?
Una de las mayores fallas de los modelos de "desarrollo" implementados en Latinoamérica ha sido su incapacidad para asegurar una satisfacción mínima de las necesidades básicas de la población. Lo anterior es válido aun durante los momentos en los que el crecimiento de la producción ha alcanzado sus máximos niveles. De acuerdo a datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Región de las Américas tiene una tasa de homicidios de 20/cien mil habitantes, suficiente para ser considerada como la región más violenta de todo el mundo.
La violencia social ha sido una constante a lo largo de la historia de Latinoamérica, en la mayoría de los casos como una forma de reivindicación de los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Paradójicamente, la violencia, pese al supuesto carácter reivindicativo que tuvo en muchos momentos, en realidad únicamente ha conducido al empeoramiento de la situación social. En el caso de El Salvador se han registrado múltiples episodios de violencia de los cuales el más reciente y de mayor magnitud ha sido la guerra civil de 12 años que llegó a su término con la firma de los Acuerdos de Paz en 1992.
Pese a la finalización de la guerra civil, en la actualidad El Salvador se encuentra en una coyuntura caracterizada principalmente por la presencia de altos niveles de violencia, notable principalmente en el elevado índice de homicidios y lesiones. Debido a las gigantescas dimensiones que la violencia está adquiriendo en el país se torna de gran importancia realizar esfuerzos que busquen establecer su magnitud, costos y sus verdaderas causas. En las siguientes líneas se busca presentar una primera aproximación de la magnitud de la violencia, así como una revisión de la metodología de cálculo de sus costos con el objeto de llamar la atención sobre este ingente problema y demostrar la necesidad de que el Estado adopte políticas más agresivas para su combate.
Algunos indicadores de la magnitud de la violencia
La evaluación de la magnitud de la violencia tiene dos componentes principales de acuerdo a si ha provocado pérdidas humanas o materiales. Así, la magnitud de la violencia puede dividirse en personal y material. Sin embargo, para el caso de El Salvador, debido a la insuficiencia de los datos disponibles, únicamente resulta posible en este momento presentar una evaluación de la magnitud de la violencia en términos personales.
De acuerdo a informaciones del Instituto de Medicina Legal (IML), el Area Metropolitana de San Salvador (AMSS) es la zona donde se cometen el mayor porcentaje de hechos violentos. De acuerdo a la Fiscalía General de la República (FGR), un 37% de los expedientes delictivos se originan en el AMSS. Durante 1996 se registraron un total de 3,077 muertos sólo en el AMSS, lo cual implica una tasa de homicidios de 202/cien mil habitantes y la muerte de una persona cada 160 minutos.
A nivel nacional se producen más de 21 muertes violentas cada día, lo cual implica un total de 7,665 muertos al año, para una tasa de homicidios de 152/cien mil habitantes y la muerte de una persona cada 68 minutos. En lo tocante a las lesiones las mismas fuentes consignan que diariamente resultan lesionadas cerca de 40 personas lo cual implica un total de 14,600 lesionados al año.
Otro componente de la violencia destacado por el IML son los delitos con motivaciones sexuales, pues estos provocaron 1,600 victimas sólo durante los primeros nueve meses de 1996. Se considera, además, que hasta el mes de octubre pasado un total de 2,355 muertes estuvieron relacionadas con la comisión de delitos sexuales.
Como se mencionó al principio de este apartado, no se cuenta con datos agregados sobre la magnitud de la violencia en términos materiales; sin embargo, existen razones para afirmar que este componente tiene dimensiones considerables. A partir de datos de la FGR puede establecerse que los delitos contra el patrimonio (robos, hurtos, estafas y daños) provocaron que hasta el mes de octubre pasado se abrieran un total de 12,000 expedientes, de los cuales un 75% corresponde a los delitos de robos y hurtos.
Los costos monetarios de la violencia
Ante el crecimiento de la violencia a todo lo largo del continente en los últimos años se han desarrollado nuevos planteamientos metodológicos para calcular, de la forma más precisa posible, los costos económicos de la violencia. Como resultado de esfuerzos estimulados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la OPS se ha avanzado en el conocimiento de algunos componentes de los costos de la violencia.
Partiendo de la usual definición de costos directos e indirectos podrían establecerse al menos siete rubros para recolectar información relacionada con los costos de la violencia. Entre los costos directos se cuentan: costos personales o en el hogar, costos de la atención institucional, costos de rehabilitación, costos asociados con la prevención y los costos legales. Por otra parte, los costos indirectos incluyen las pérdidas de producción y/o ingreso, y las pérdidas materiales.
Cada uno de estos rubros tiene sus propios sub-componentes, los cuales, para el caso de El Salvador, aún no han sido cuantificados. El único rubro que presenta posibilidades de permitir un cálculo aproximado a partir de la información disponible es el de costos legales. Estos comprenden principalmente los costos judiciales y policiales que resultan de actos violentos que requieren de intervención policial, procesos judiciales y hasta encarcelamiento del agresor.
Cabe mencionar que los cálculos que siguen parten de la premisa de que los gastos en los ramos de Seguridad Pública, Organo Judicial, Ministerio de Justicia y Fiscalía General de la República son dedicados en su totalidad para la atención de la violencia. En realidad esta presunción no resulta descabellada considerando la magnitud de la violencia en El Salvador. Empero, no puede obviarse el hecho que una parte minoritaria de las acciones policiales y judiciales no son en realidad una respuesta a actos violentos, por lo cual las cifras que se presentan a continuación deben ser tomadas con las debidas reservas.
De acuerdo al Presupuesto General de la Nación, para 1996 los rubros mencionados absorbieron un total de 2,290,591,185 millones de colones, los cuales equivalen a un 15.5% del presupuesto total y a un 2.7% del PIB de 1996. Evidentemente, esta cifra esta sobreestimada pero puede dar una idea de los costos de la violencia, especialmente si se considera que únicamente se trata de uno de un total de siete componentes.
Implicaciones
En la época de transición de la guerra hacia la paz en El Salvador aún se experimentan niveles de violencia inusualmente altos para un país sin guerra. La magnitud de la violencia, de acuerdo a las cifras disponibles y a nivel nacional, es siete veces superior al promedio observado para el continente americano, mientras que para el caso del AMSS la magnitud sería superior en más de diez veces.
Los costos de la violencia, con todo y las reservas que merezca el cálculo, muestran que la violencia en El Salvador tiene dimensiones que inclusive podrían superar los niveles observados en países considerados como los más violentos y representar una importante proporción del PIB. La sola evaluación de los costos legales fundamentan esta afirmación.
Las dimensiones del impacto de la violencia sobre la sociedad salvadoreña justifican la realización de investigaciones que profundicen sobre el tema y permitan no sólo establecer su magnitud y costos sino también sus causas sociales y posibles medidas de prevención y mitigación.
En los últimos días, el fallecimiento del máximo dirigente de China continental, Deng Xiaoping, atrajo la atención de los medios de comunicación a nivel mundial, dándose a conocer las reacciones de diferentes jefes de estado de las grandes superpotencias con quienes Xiaoping había establecido relaciones comerciales, al instaurar en el país asiático la economía de mercado. El presidente francés, Jacques Chirac, elogió "su pragmatismo", al tiempo que lo calificó como "una de las principales figuras en la historia" de su país. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, lo calificó de "figura extraordinaria."
Ciertamente, el dirigente chino asumió, en las últimas décadas, un papel activo en cuanto a dinamizar la economía de su país, utilizando métodos que no eran del todo ortodoxos. Su muerte ha generado desde declaraciones oficiales y protocolarias de pésame hasta un notorio interés por las implicaciones económicas y políticas de China comunista sobre el mundo, así como por las reformas a los presupuestos de las teorías socialistas. El futuro de las relaciones del país asiático con el resto del mundo es un tema que flota en el ambiente cuando el artífice de las reformas económicas ya no está presente para seguie llevándolas adelante.
Analizando el fenómeno de los cambios en China, sumado a otras transformaciones que a fines del milenio están sucediendo, es notable que aquéllos obligan a replantear el papel de las teorías políticas que transformaron y dividieron en bloques al mundo. La caída del muro de Berlín, el fin de la ex URSS, así como la separación de los países del llamado bloque socialista, son algunos de estas drásticas transformaciones.
Lo que llama la atención en la figura del dirigente chino son sus visiones reformistas respecto de la concepción centralizada del papel del Estado, prevaleciente en los regímenes socialistas. Xiaoping se convirtió en el arquitecto de importantes reformas económicas al interior de China, mismas que atentaron contra los planteamientos clásicos del socialismo, imprimiéndole a este país con su política un nuevo rumbo y un lugar diferencial en el llamado bloque socialista. Las reformas económicas, la apertura hacia otras naciones y sus relaciones con éstas le permitieron al país asiático crecer económicamente, elemento que se señala como una de las virtudes del modelo que impulsó Xiaoping.
Sin embargo, en el informe sobre desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se coloca a China en el lugar 111 de los índices de desarrollo humano, cuestionando las bondades de un sistema que algunos consideran que hay que aplaudir con fervor. Admitiendo el supuesto de que la economía de mercado puede establecer empresas eficientes, el informe del PNUD muestra que no necesariamente éstas se traducen en mayores índices de equidad para la población.
Por otro lado, resulta paradójico que mientras los jefes de Estado elogian la gestión del dirigente chino por su apoyo y declarada opción por la economía de mercado, pocos reconocen que él fue responsable de graves violaciones a los derechos humanos, así como de la falta de democracia y el uso excesivo de la fuerza frente a las protestas contra el régimen comunista chino. La masacre de estudiantes en la plaza de Tiananmen es el ejemplo más fehaciente de estos señalamientos.
Los aplausos para el dirigente chino muestran la doble moral con la cual se maneja la política mundial: por una lado, se apoya decididamente a aquellos regímenes que se avoquen por un modelo económico que sea eficiente, fuerte y competitivo, necesario en la red económica mundial; por el otro, se toleran con el silencio la irracionalidad y las figuras antidemocráticas.
La muerte del máximo dirigente chino propicia la discusión sobre el papel que los actores políticos ejercen sobre los destinos de sus países o sus pueblos. Se podría argumentar que los regímenes socialistas intentaron, como sistema, elevar los niveles de vida de la población, conceder relaciones más igualitarias al distribuir la propiedad en beneficio social. Pero, contrastando lo anterior, hay que decir que arrastraron grandes desigualdades al interior de las sociedades que pretendían transformar. Los acomodos y los privilegios de las élites de los partidos políticos acabaron por corromper no sólo las intenciones de las teorías políticas, sino también a los mismos actores.
Un cuestionamiento válido para cualquier régimen, independientemente del sistema por el cual propugne, atañe al excesivo poder de control social y político que pueda poseer una sola figura, así como sobre la falta de renovación de los liderazgos. La concentración del poder no sólo no es saludable para la economía, sino que también es antidemocrática, y ello porque el máximo dirigente de un partido y su séquito de seguidores tenderán a tomar medidas que de hecho legitimen la existencia de sus privilegios y su poder.
Los actores políticos únicos muestran los vicios del culto a la personalidad y a las figuras omnipresentes que dirigen procesos, las cuales, en nombre de causas salvadoras, se perpetúan en el poder. En la historia político-social mundial se conocen numerosos casos de personajes que sobresalieron del resto por su incidencia en procesos que parecían ser expresión de causas nobles. Sin embargo, los excesos de estos protagonistas -sobre todo cuando se creyeron dioses o fueron vistos como tales- derrumbaron proyectos o llevaron a la irracionalidad y la barbarie. Y es que la perpetuación en los cargos de dirección al interior de los partidos políticos u organizaciones generan dinamismos internos que acaban desvirtuando el sentido original con el que nacieron.
La discusión se debe centrar no sólo en los vicios de los sistemas socialistas, sino más bien en la concepción que de democracia se tiene en cualquier país. El tema de la democracia debe ser planteado sin dobles morales ni abstracciones, asumiendo como un a priori esencial que la misma debe permitir implementar una convivencia más racional y civilizada. La democracia, como método para dirimir diferencias y alternancias en el poder, debe establecer mecanismos para que las personas que participan de ella tengan iguales oportunidades para expresar y ejercer uno de los derechos inalienables de los individuos: el derecho al libre pensamiento, que nadie puede bajo ninguna circunstancia atropellar o restringir. Los sistemas políticos y económicos necesitan como principio básico la democratización. Pero está supone ineludiblemente el respeto de los derechos civiles, económicos y políticos. No basta con acceder a la llamada democracia representativa, pues es necesario contar con un sistema verdaderamente democrático en todos los aspectos de la vida política y social. Elegir representantes es parte y elemento constitutivo de una democracia, pero no significa que ésta se identifique totalmente con aquel procedimiento.
Es preciso que aquellos países en donde aún existen figuras únicas se abran los espacios para nuevas ideas y renovación de proyectos. Los méritos propios no se pueden obviar, pero también hay que reconocer los errores y las fallas de procesos que han acabado por convertirse en dictaduras. Con la muerte de Deng Xiaoping prácticamente ha terminado la era de las grandes figuras autocráticas que dominaron el siglo XX. Por lo demás, los que se autoproclaman democráticos deben establecer mecanismos garantes de que la alternancia del poder no sea un simple juego y un gasto presupuestario. En la latitud que sea, la democracia es un concepto inacabado e imperfecto; las fórmulas sobre su carácter o sobre sus implicaciones sugieren algo más que teorizaciones. La democracia es el horizonte al cual se pretende arribar lenta y penosamente; pero ello sólo será posible en la medida que la concentración del poder en pocas manos, en grupos oligárquicos o en figuras individuales poderosas, sea un vicio superado.
Y ante la anterior afirmación del mandatario, no faltará la persona que --de la manera más inocente-- se pregunte por la calidad de aquellos profesionales del Derecho que elaboraron la "Ley de Emergencia", con todas sus deficiencias ya establecidas por la Corte Suprema de Justicia en su resolución del 14 de febrero. Así, pues, cualquiera podría poner en tela de juicio la calidad de las y los abogados que la redactaron: ¿fueron entonces malos o quizás eran los peores para cumplir con la responsabilidad de dotar a la sociedad de un instrumento jurídico adecuado y eficaz para enfrentar el problema? ¿tenían los suficientes elementos de juicio o la autonomía para decidir sobre el tema?
Aún más: ¿qué se puede esperar ahora de las y los juristas que buscará el presidente Calderón Sol para la elaboración de las otras leyes que acaba de prometer? ¿acaso no tuvimos suficiente con los once meses durante los cuales se "experimentó", sin mayores éxitos, con la "Ley de Emergencia"? ¿qué más tendrá que soportar la población antes de que el gobierno contribuya de manera eficiente para encontrar soluciones reales al problema de la delincuencia común y organizada?
Pero además de lo dicho por el señor presidente, se pudieron observar otras posturas en torno a la resolución de la Corte Suprema de Justicia sobre la inconstitucionalidad de los siete artículos de la "Ley de Emergencia", especialmente en lo que toca a la retroactividad de la misma. Por eso Rodrigo Ávila, director general de la PNC, habló así: "¿Entonces, yo me pregunto si todos los delincuentes que agarramos hay que soltarlos?" Al respecto, el doctor Enrique Argumedo --integrante de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia-- lamentó la confusión generada por algunos miembros de la administración pública que, sin un conocimiento profundo del tema y demasiado a la ligera, dijeron que con esta decisión del máximo Tribunal sucedería lo dicho por Ávila o algo peor. Cosa totalmente falsa pues, como aclaró otro magistrado de la misma Sala --el doctor René Hernández Valiente-- "las inconstitucionalidades son a futuro; no tienen efecto retroactivo".
Hay quienes, como el jefe de la división de investigación criminal (DIC) de la PNC, licenciado Mauricio Rodríguez, afirman que "las disposiciones de los magistrados al desaprobar algunos puntos de la Ley de Emergencia repercutirán negativamente en el trabajo policial debido a que benefician a los criminales". Ante esta opinión y otras similares, el doctor Argumedo sostiene que los "factores de la delincuencia son enormes y las sanciones son una de las maneras para combatirla", lo cual no significa que se está quedando sin armas la PNC para realizar su legítima labor. El problema es que aún no usan bien las que tienen.
En ese marco, el ministro de Seguridad Pública fue más atrevido. Don Hugo Barrera, con su peculiar manera de interpretar y decir las cosas, sostuvo que la "Ley de Emergencia" --antes de la resolución de la Corte-- no se aplicó de manera generalizada porque faltó disposición del sector judicial. Para él, en el país se estaba viviendo una situación de emergencia que debía enfrentarse con leyes como la que ahora nos ocupa, pues la actual normativa estaba siendo anulada por "acuerdos internacionales que ni siquiera han sido incorporados al sistema legislativo salvadoreño y, por lo tanto son ilegales".
Sin duda, este tipo de discusiones podrían haberse evitado si desde un principio las y los diputados que levantaron su mano en marzo del año pasado para aprobar tal aberración jurídica --pensando sólo en su beneficio político, en aras de ganarse el aprecio del electorado-- hubiesen escuchado las voces sensatas que les advertieron sobre la barbaridad que estaban a punto de cometer. También se hubieran evitado, en parte, si la Corte hubiera trabajado con mayor celeridad en el análisis y la resolución de los recursos de inconstitucionalidad que le fueron presentados.
Pero como ya es costumbre en El Salvador, ante los temas más urgentes no se está actuando de la mejor manera; es decir, teniendo como prioridad el beneficio real de la población salvadoreña que, poco a poco, se siente más desesperada por el problema de la delincuencia y el sentimiento de temor que ésta le genera. A estas alturas, lo mejor para nuestro país y su gente no son las y los abogados que elaboran leyes como la de "emergencia". Lo que se debe hacer, más bien, es adoptar medidas pensadas y analizadas por los diversos sectores sociales que tienen capacidad para aportar y que --hasta la fecha-- no están siendo tomados en cuenta. No estamos de acuerdo con un grupo de "juristas iluminados" contratados por el Ejecutivo para trabajar en esta materia, porque sabemos que --pese a lo que de su "sabiduría" puedan aportar" eso no basta.
Si las decisiones trascendentales para nuestro país continúan saliendo de las cúpulas sin considerar la realidad y la opinión de la gente que está sufriendo las consecuencias de los errores que se cometen allá arriba, es poco lo que vamos a avanzar y es mucho lo que podemos perder. Luego del fracaso de la "Ley de Emergencia", debemos aprender la lección. Así, pues, ya es hora que se comiencen a abrir espacios reales de participación para que surjan mejores ideas que permita el desarrollo de las políticas más adecuadas, en función de enfrentar la impunidad y todos los demás elementos que favorecen a la delincuencia de cualquier tipo.
Un nuevo suceso ha venido a deteriorar, aún más, el ya cuestionable proceso electoral que actualmente se desarrolla en nuestro país, dentro del cual se observan repetidas críticas a su organismo rector --el Tribunal Supremo Electoral-- y a la Asamblea Legislativa que, de manera poco seria, cambia constantemente las reglas del juego. Del funcionamiento inadecuado de estas instituciones, mucho se podría hablar; pero ahora sólo nos referiremos a lo que pasó hace unos días, exactamente el jueves 20 de febrero: ocho hombres fuertemente armados ametrallaron a cinco miembros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en el caserío Calle Vieja, sector número tres del cantón Galera Quemada, municipio de Nejapa, departamento de San Salvador. Como resultado de este trágico y condenable hecho murió el joven Moisés Cano Reyes, de 23 años de edad, y --según la información proveniente del citado instituto político-- cuatro personas más resultaron heridas.
A esta criminal acción se deben sumar otras igualmente peligrosas como el ametrallamiento del local del partido opositor situado en Ayutuxtepeque y otros hechos intimidatorios en las sedes del "Frente" en Mejicanos y Ciudad Delgado, también del departamento de San Salvador. De igual manera preocupa, por lo provocativo de las mismas, la destrucción de vallas publicitarias y propaganda política de los diversos partidos. Finalmente, en este marco, no se puede dejar de lado el saqueo de la residencia de uno de sus diputados y principales dirigentes, Francisco Jovel. Para ciertos analistas, en la gravedad de todos esos hechos se palpan signos de una evidente desesperación y angustia originada quizás por los resultados arrojados por encuestas recientes.
Es tal el grado de intranquilidad que incluso se ha recurrido a la vieja práctica de las amenazas propias de los "escuadrones de la muerte", tal como lo demuestra el hecho protagonizado por Edgardo Zelaya, diputado de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y candidato a continuar instalado en su "curul" durante la próxima legislatura. Según declaraciones de la misma víctima, éste "político" --junto a la candidata a alcaldesa de Ciudad Delgado-- secuestró por más de cuatro horas a un joven estadounidense que había acudido al local de ese partido para realizar una entrevista, como parte de su misión de observador internacional en las próximas elecciones.
Durante el lapso en el cual se le mantuvo privado ilegalmente de su libertad, el joven extranjero fue amenazado de muerte por el propio diputado, quien además le ofreció enviarlo al Centro Penal "La Esperanza", en Mariona, lugar donde --según le expresó Zelaya-- existía un grupo de reclusos que se encargaría de violarlo y asesinarlo. Todo lo anterior porque, a juicio del agresor, el observador estadounidense era "comunista y espía".
Según la Policía Nacional Civil (PNC) al referirse al primero de los acontecimientos relatados, éste tuvo lugar como parte de un asalto a una tienda. Sin embargo, el FMLN asegura que el mismo tiene tintes políticos ya que, anteriormente, en el sitio del atentado que ahora nos ocupa ocurrió un enfrentamiento entre algunas de las víctimas y una caravana de activistas del partido ARENA. Dicho incidente finalizó con las amenazas de muerte proferidas contra los "frentistas" por parte de los "areneros".
Para el FMLN es imposible atribuir este atentado a la delincuencia común, tal como lo quiere hacer aparecer la PNC. ¿Por qué? Pues porque a las víctimas no les robaron sus pertenencias; además, el tipo de armas y de vestimenta utilizadas por los asesinos no es similar al que usan los delincuentes comunes; más bien, se parece al de los grupos armados ilegales. El coordinador del FMLN, Salvador Sánchez Cerén, además de sostener que estos hechos ponen en "peligro" el proceso electoral, considera que tal violencia proviene de los "escuadrones de la muerte".
En efecto, por las características del hecho, junto a las de otros similares ocurridos recientemente, se puede y se debe pensar que en nuestro país continúan activas dichas estructuras paramilitares clandestinas y ahora empiezan a ser utilizadas --en el marco de una campaña electoral "caliente" y poco responsable-- para eliminar a las personas que no son del "agrado" de determinada agrupación política, tal como sucedía en las décadas de los setentas y ochentas.
Ante este panorama, es válido preguntar sobre lo que se pretende con el incremento de la violencia política a este nivel: ¿acaso se intenta alimentar el miedo de la gente para que no asista a votar durante las próximas elecciones? ¿a quiénes o a cuáles partidos les conviene que la gente no participe de manera consciente? ¿por qué, casi siempre, se atribuyen estos hechos a "la delincuencia común" y no se investiga más a fondo para capturar y sancionar a los culpables? ¿no queremos aprender de las dolorosas lecciones del pasado? ¿ya quedaron descartadas la razón y el diálogo como fórmulas para resolver los problemas?
Sin duda alguna, este cuadro de violencia se torna más grave y alarmante cuando deberíamos --según dicen-- estar metidos de lleno "en el camino para superar la utilización de métodos autoritarios de imposición política y exclusión ciudadana", e impulsando --cada vez más-- el uso de mecanismos civilizados y racionales en la solución de los conflictos, contribuyendo de esa manera a la consolidación de la democracia, en un ambiente de más confianza y menos temores".
Pero no; las cosas no van por ese rumbo a pesar de todo lo que se ha dicho y hecho hasta la fecha, desde que se acabó la guerra. En este sentido, se necesita que en casos como el que ahora nos ocupa se investigue y sancione de manera rápida y drástica a sus responsables. Es fundamental para el futuro impedir que estos hechos queden sin aclararse, porque de esa manera se fomenta el fortalecimiento de la impunidad y --entre otras cosas-- se impide el ejercicio de un importante derecho humano negado históricamente en nuestro país: el que tiene que ver con la participación ciudadana. De no hacer algo pronto y responsablemente, nos estaremos enfrentando a peligros muy serios.
Dado que un artículo, aparecido en este medio hace algunas semanas, puede prestarse a malas interpretaciones sobre la posición de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas sobre el aborto, deseamos aclarar que estamos a favor de la vida en todas sus dimensiones. La universidad está decididamente en contra del aborto como práctica personal y social. En este sentido, lamentamos que el artículo en cuestión, cuya intención era resaltar la necesidad de estar a favor de la vida en su totalidad, no haya dejado suficientemente clara su posición ante este mal.
Con la misma firmeza con la que condenamos el aborto y la eutanasia, también condenamos la pena de muerte y la muerte lenta de la pobreza de una gran cantidad de niños y niñas de nuestro país. Desviar recursos hacia el lujo, la burocracia o el armamentismo, mientras El Salvador tiene un elevado índice de mortalidad infantil, puede ser moralmente tan cuestionable como quedarse callado ante el aborto.
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