© 1997 UCA Editores
Año 17
número 748
marzo 5
1997
ISSN 0259-9864
La ofensiva de ARENA
PD y ARENA, ¿aliados una vez más?
Financiamiento externo, equidad social y medio ambiente
¿Viejos o nuevos problemas limítrofes?
Mujeres y elecciones
La semilla sigue dando frutos
A estas alturas de la contienda electoral los ánimos están caldeados y amenazan con estarlo aún más. En un país como El Salvador, una cierta dosis de agresividad en los partidos y sus dirigentes parecería de lo más normal cuando quedan menos de quince días para la celebración de los comicios legislativos y municipales. Sin embargo, aquélla ha sobrepasado en las últimas semanas los límites de lo tolerable, al punto de generar temores bien fundados acerca de un renacimiento de actividades violentas con motivación política. La sombra del terrorismo ha aparecido en el horizonte en un momento en el que la participación y la confianza ciudadanas tienen que ser potenciadas si lo que se quiere es avanzar en la consolidación democrática.
Es imposible no percibir que la tendencia hacia una campaña electoral intolerablemente agresiva ha sido más propia del partido ARENA que de cualquier otro partido de los que participan en el actual proceso electoral. La propaganda del partido de derecha ha sido doblemente agresiva: en primer lugar, hacia el FMLN, que no sólo ha sido el tema preferido en la propaganda arenera, al parecer con la venia del Tribunal Supremo Electoral, sino que ha sido puesto, siempre por iniciativa de ARENA, en el banquillo de los acusados bajo cargos que van desde sus actividades militares de la década pasada hasta la comercialización de armas y la utilización de fondos de determinadas ONGs para financiar su campaña política en el presente. Una de las últimas manifestaciones de la embestida de ARENA contra el FMLN ha sido la propuesta hecha por algunos de sus miembros de suspenderlo legalmente, mientras se hace una investigación sobre sus vinculaciones con el buzón de armas encontrado en Nicaragua.
En segundo lugar, el partido ARENA también se ha mostrado extremadamente agresivo con la sociedad. La ha agredido psicológicamente al llevar a los medios de comunicación tomas de vídeo en las que se recuerda escenas de la guerra civil, como si las elecciones del 16 de marzo constituyeran una oportunidad de opción entre la guerra y la paz, y como si al votar por el FMLN se estuviese optando por la primera y, a la inversa, el votar por ARENA significaría estar a favor de la segunda. En otras palabras, ARENA está creando un escenario de guerra inexistente, en el cual los ciudadanos tienen que involucrarse en favor de uno de los dos bandos enfrentados, bajo el supuesto de que el FMLN abandera los valores de la destrucción, la toma violenta del poder y el resquebrajamiento de la tradición. Optar por ARENA, entonces, sería optar por el combate frontal y sin reparar en los medios en contra de la izquierda, ya que "El Salvador será la tumba donde los rojos terminarán".
El partido ARENA, pues, está a la ofensiva; su guerra tiene un enemigo: el FMLN. Para enfrentarlo recurre a toda suerte de mecanismos, entre los cuales el desprestigio y las acusaciones exageradas ocupan un lugar importante. En realidad, el FMLN dejó de ser una amenaza militar para los grupos de poder salvadoreños desde la firma de los Acuerdos de Paz. Eso lo saben unos y otros. Pese a ello, los miembros de ARENA se hallan empecinados en hacer una propaganda electoral cuyo eje esencial es el quehacer político-militar que el FMLN desarrolló hasta antes de 1992, como si nada hubiera cambiado desde entonces en las estructuras y organización del mismo. Por lo demás, el hallazgo de armas en Nicaragua -más allá de la responsabilidad del FMLN en el caso- ha servido a ARENA para alimentar, morbosamente, un temor hacia una situación inexistente de violencia política presuntamente generada por los ex guerrilleros.
La imagen del FMLN que está propagando ARENA es de lo peor. Curiosamente, las pruebas que aduce este último para acusar al primero corresponden a lo que éste hizo en la década pasada -quemas de buses, destrucción de puentes, etc.- y a un debate en la Asamblea Legislativa, en el cual el diputado Francisco Jovel, en un discurso lleno de incoherencias -que no constituye la prueba de nada-, acepta y no acepta la responsabilidad del FMLN en la tenencia de armamento militar después de los firma de los Acuerdos de Paz. Si se repara en el comportamiento del FMLN después de 1992 y, más aún, en su desempeño en la actual coyuntura electoral, cuando la agresividad de ARENA ha sobrepasado los límites de lo tolerable, el partido de izquierda ha hecho bien poco para alimentar cualquier temor acerca de su presunta disposición a la violencia armada. Incluso verbalmente el FMLN ha sido opacado por la virulencia del discurso arenero, en el cual se ha insistido hasta la saciedad en lo que fueron lugares comunes de la cosmovisión de derecha en la década pasada.
Siendo así las cosas, ¿por qué la agresividad de ARENA? ¿Por qué su interés de hacer del FMLN una amenaza a la estabilidad socio-política? ¿Por qué esa insistencia en lo que fue el FMLN en el pasado, obviando con la mayor desfachatez el drástico cambio operado en el partido de izquierda?
Estas interrogantes no pueden responderse adecuadamente si no se reconoce lo siguiente: ARENA teme al FMLN, pero no como una fuerza político-militar, sino como una fuerza electoral, cuyas posibilidades de llevarse una cuota nada despreciable de poder han aumentado considerablemente, tal como lo reflejan los sondeos de opinión pública. Es justamente ese temor el que ha llevado al partido de derecha a asumir una posición visceralmente agresiva ante su "enemigo" político. Es ese temor el que lo ha llevado a convertirse en el principal foco de violencia verbal y psicológica -y en algunos casos física- en el momento actual del país. Paradójicamente, quienes han asumido el papel de denunciadores de posibles brotes de violencia política y de desestabilización son quienes promueven la una y la otra. La ofensiva de ARENA es, en el fondo, una defensa acérrima de lo que considera un poder incuestionable, una defensa forzada tanto por su descenso electoral como por el relativo ascenso del FMLN.
Como ya hemos señalado en anteriores oportunidades, la actual campaña electoral se ha caracterizado por el enfrentamiento entre los dos grandes polos del sistema político salvadoreño: el FMLN y ARENA. Enfrentamiento en el que este último instituto político ha utilizado todos los medios a su alcance para destruir y desprestigiar al primero. Como corolario de esta campaña, a todas luces difamatoria, el Partido Demócrata (PD), liderado por Joaquín Villalobos y Ana Guadalupe Martínez, pagó un espacio televisado para dar a conocer un "informe" en el que se retomaron y añadieron nuevas acusaciones contra el FMLN.
En el campo pagado, el PD, primero, pretendió realizar un autorreconocimiento de los pecados cometidos en la guerra con el fin de limpiar su conciencia ante el pueblo salvadoreño. Segundo, acusó a los dirigentes del FMLN de estar azuzando a sus militantes y seguidores contra ellos —el PD. En tercer lugar, mostró al FMLN como un partido poco comprometido con la paz y la reconciliación al culparlo de muchos y variados hechos, como por ejemplo: el asesinato y tortura de guerrilleros sospechosos de servir al ejército, la participación de sus miembros en hechos de terrorismo y secuestros internacionales, la manipulación del movimiento de masas con el fin de desestabilizar al país, la persecución física y la descalificación verbal de figuras trascendentales en la historia del país —de Ignacio Ellacuría, por ejemplo—, entre otros.
En resumen, el PD, con el supuesto deseo de poner las cartas sobre la mesa y aclarar de una vez por todas quienes serían los actores sociales más cercanos a la violencia, se presentó a sí mismo como la opción de centro entre los extremos encontrados, como la voz sincera que, al haber estado en relación estrecha con las fuerza oscuras del pasado, posee la capacidad de mostrar la diferencia entre el bien y el mal de la política actual. El PD, pues, realizó un perentorio llamado para que la población en edad para votar reconsiderara hacerlo por el FMLN o por ARENA, sugiriendo la opción por la alternativa de centro: él mismo u "otros" —tal vez en alusión a su evidente actual aliado, el PDC.
Para comprender el mensaje y la actitud del PD hay que responder una serie de interrogantes claves: ¿es realmente este partido una alternativa de centro? ¿Qué mueve a este instituto político a pagar un espacio televisado para denunciar las supuestas atrocidades cometidas por el FMLN en lugar de presentar sus propuestas y planes electorales? ¿A quién o a quiénes beneficia el PD al participar en una campaña en la que la obsesión por los hechos del pasado parece ser fruto único de las luchas de poder entre los antiguos grupos guerrilleros?
Cualquiera que tenga el mínimo de memoria sabe que los intereses del PD, luego de su separación del FMLN, han estado más cercanos a los de la derecha que a los del centro o la izquierda política. Muestra palmaria de ello lo constituye su participación en el Pacto de San Andrés, mecanismo a través del cual el PD, a cambio de prebendas políticas, brindó su apoyo al partido oficial para la aprobación del polémico incremento al Impuesto del Valor Agregado (IVA). Es risible y poco creíble que un instituto político pretenda ser la alternativa entre los opuestos, cuando desde sus inicios no dudó en entrar en fraternal comunión con uno de los extremos que ahora condena. El PD, por lo tanto, más que un punto de calma entre corrientes encontradas, es una institución que, haciendo gala de cinismo, ha sabido orientarse según el viento que más le conviene, aún cuando ello haya significado hacer venias a la ideología de derecha.
Ahora bien, cómo se explica que el PD, a pesar de su mansa servidumbre ante las urgencias de ARENA, haya pagado un oneroso espacio televisivo para llamar a la población a no votar ni por la izquierda representada por el FMLN ni por la derecha arenera. El que ese partido exija no votar por el Frente es algo obvio; el que exija no votar por ARENA encuentra su explicación en los reacomodos políticos que este último ha llevado a cabo, en conjunción con el PD y la camarilla pedecista liderada por Ronald Umaña, para dar pie a la formación de un "centro político" distinto al que pudo haber establecido la coalición entre la Convergencia Democrática, el Movimiento de Unidad y la facción del PDC cercana a Carlos Claramount.
Las reformas al código electoral de las últimas semanas, realizadas con el apoyo de ARENA, tendrían, pues, dos objetivos: el primero, que la alternativa de centro frente a las próximas elecciones quedara conformada por políticos con inclinaciones e intereses similares a los del partido en el poder, y, el segundo, asegurar que los partidos que constituyeran este centro de fachada no desaparecieran al obtener un número de votos menor al establecido por el Decreto 986 del código electoral (6%). Es decir, ARENA se aseguró que aquellos votantes que no opten por él terminen haciéndolo, al menos indirectamente, al votar por un ilusorio centro político.
A partir de lo anterior, es perfectamente razonable que el PD agreda públicamente al FMLN, se distancie, al menos en discurso, de ARENA y llame a la población a votar por la "opción de centro". El PD, con su reciente ataque, bajo disfraz de denuncia, estaría insertándose de lleno en una campaña que pretende a toda costa impedir el posible gane del FMLN y reforzar la idea de que los crímenes del pasado han salido a la luz bajo la única responsabilidad de los grupos que participaron en la guerra civil enfrentando al gobierno.
Sin embargo, lo realmente sorprendente de todo lo anterior es que poco a poco se esté logrando desligar al partido ARENA de la ola de acusaciones que parten del PD hacia el FMLN, que se esté pretendiendo cimentar la idea de que las aceptaciones de culpa obedecen solamente a las luchas y divergencias entre estos dos institutos políticos y no a un plan preconcebido, sagazmente llevado a cabo por ARENA.
En este sentido, el papel que han jugado los medios ha sido esencial, el editorial de un rotativo matutino es muestra de ello. En tal editorial, publicado el 5 de marzo, se afirma que "el recurso de revivir el pasado" obedecería a "una agria disputa ya muy vieja entre lo que hoy es el FMLN (FPL, Partido Comunista y PRTC de entonces) y el actual Partido Demócrata (que aglutina en parte al ERP y a la Resistencia nacional)". Es decir, serían estas dos instituciones las que, a raíz de antiguas enemistades, estarían acudiendo al pasado para desprestigiarse mutuamente, obviando así la responsabilidad por ver hacia el futuro y esforzarse por construirlo.
A lo largo de todo el editorial se evita, con evidente empeño, mencionar que el uso del pasado para atacar a los partidos políticos actuales arrancó, desde el inicio de la campaña electoral, de la mano de ARENA; se obvia sugerir que el PD, más que causa u origen de una campaña sucia, estaría sirviendo de instrumento de un plan orquestado de antemano. Más vergonzoso aún para un periódico que se jacta de ser democrático y objetivo, tal editorial reduce el pasado de la guerra al pasado de los actuales FMLN y PD, soslayando ideologizadamente el pasado sangriento de sujetos que formaron o forman parte del partido ARENA. Ciertamente, y en ello tiene razón el editorial, "todos [el FMLN y el PD] tienen las manos manchadas de sangre ", pero falsea la realidad histórica del país cuando este "todos" evita incluir a individuos de la derecha señalados por la Comisión de la Verdad como responsables de los más tortuosos e irracionales crímenes acaecidos en el curso de la guerra civil salvadoreña.
Paradójicamente, un periodismo que tiene como lema "decir al pueblo la verdad" se ha prestado, felizmente, a tergiversar la verdad con el fin de respaldar una campaña que busca mantener el status quo de una administración que se ha caracterizado por gobernar de espaldas al pueblo. Sólo al engaño y a la ilusión de la población sirven un periodismo de este talante.
En definitiva, los sucesos de los últimos quince días han mostrado una realidad política que por ambigua y engañosa es digna de las mayores preocupaciones. En ella ni los políticos ni los medios de comunicación se han mostrado interesados por hacer brillar la verdad sobre el sutil engaño de los espejismos y lo apariencial. El que ello se dé y se agudice a tan sólo 11 días de las elecciones es motivo de alarma, puesto que las probabilidades de un fraude generalizado se vuelven peligrosamente altas.
Durante los días 26 y 27 de febrero el gobierno de El Salvador recibió la visita de la Vicepresidenta del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Nancy Birdsall. Por su medio, la institución planteó algunas de las nuevas modalidades de financiamiento que serán ofrecidas al país durante los próximos años.
La principal novedad de los programas del BID estriba en el inicio de planes de financiamiento destinados a empresas privadas. Por lo demás, esta iniciativa muestra que la tendencia hacia el endeudamiento externo continúa pesando sobre la economía salvadoreña, pese a la relativa estabilidad del ámbito macroeconómico y el crecimiento de la producción. Tendencia que se origina en la clara incapacidad de la economía para generar por sus propios medios los recursos necesarios que impulsarian un proceso sostenido de crecimiento.
De acuerdo a funcionarios gubernamentales, la situación económica obliga a continuar la contratación de empréstitos. Según declaraciones del Ministro de Hacienda, Manuel Enrique Hinds, para mantener elevado el ritmo de crecimiento es necesario realizar inversiones por el orden de los 15,000 millones de colones, mientras que el total de la recaudación tributaria apenas alcanza los 12,000 millones de colones.
De acuerdo a declaraciones de la Vicepresidenta del BID, esa institución financiera proyecta incrementar en 100 millones de dólares su cartera de préstamos hacia El Salvador (que ya alcanza los 1,000 millones de dólares) y, además, promover programas de crédito destinados directamente a la empresa privada del país. Inclusive se informó que ya se conocen los dos primeros casos de financiamiento otorgado por el BID a empresas salvadoreñas.
Aunque no se trata de negar la necesidad del endeudamiento externo para sostener la economía nacional, sí se tiene que señalar que los empréstitos contratados en nombre del "desarrollo" en realidad no han producido los resultados esperados y que bien pudieron haber sido mejor invertidos. En las siguientes líneas se busca presentar algunos elementos que pueden aclarar cuáles han sido algunos de los resultados históricos más notables de aquél: deterioro del medio ambiente, comprometimiento de buena parte del presupuesto nacional y apuntalamiento de las condiciones para la ampliación de la pobreza. Una vez aclarados estos resultados, interesa presentar algunas consideraciones sobre la necesidad de revisar, de cara a la historia, la forma en que se utilizan los empréstitos externos.
Alrededor del mundo, los programas del Banco Mundial y de sus brazos regionales han privilegiado el financiamiento de proyectos nacionales que, en la mayoría de los casos, han provocado severos efectos sobre los recursos naturales, el medio ambiente y la satisfacción de las necesidades básicas. Esto es reconocido aun por el mismo Banco Mundial, el cual ha incluido ya en sus programas normativas para incorporar la evaluación del impacto ambiental. En lo que se refiere a El Salvador esta situación puede ejemplificarse perfectamente con la construcción de las "grandiosas" obras hidráulicas de generación eléctrica.
Estas obras supusieron, como en el caso del "Cerrón Grande", el desplazamiento de fuertes contingentes de población, la inmersión de tierra productiva, la pérdida de infraestructura y hábitat para la biodiversidad y la aceleración en el deterioro de los recursos naturales. El deterioro ambiental es tan extremo que el nivel de azolvamiento de la citada represa disminuye la capacidad de almacenamiento de agua, de modo que durante el invierno son frecuentes las aperturas de compuertas y las inundaciones de las zonas circundantes.
Otro ejemplo claro de los efectos ambientales negativos financiados a través de empréstitos externos, ha sido la construcción de infraestructura básica tal como ferrocarriles, carreteras y puentes.
Por otro lado, en el caso de la deuda externa salvadoreña puede decirse que esta se ha mantenido a niveles relativamente bajos en relación con otros países de América Latina. La crisis de la deuda de la década de 1980 no repercutió considerablemente en la economía de El Salvador debido al voluminoso nivel de asistencia financiera de los Estados Unidos y al envío de remesas familiares de salvadoreños residentes en ese país. Durante la presente década el problema se ha aminorado con la negociación del pago de la deuda multilateral y la condonación de parte de la deuda bilateral con el gobierno de los Estados Unidos. Lo anterior no significa que la deuda externa no represente una significativa proporción del PIB y que su servicio no abarque cerca de un quinto del presupuesto general de la nación.
Para 1995, por ejemplo, la deuda externa del gobierno central ascendía a cerca de un 16.6% del PIB, mientras que para el mismo año un 20.15% del presupuesto general de la nación fue utilizado para el servicio de la deuda externa. Este porcentaje es mayor que el destinado a los rubros sociales básicos como educación o salud.
Por otra parte, el efecto de los empréstitos en los esfuerzos de combate de la pobreza no han sido claros ni siquiera en la década de 1990. En esos años el BID ha otorgado financiamiento para el desarrollo de acciones directamente relacionadas con el alivio de la pobreza, aunque también con resultados cuestionables. El funcionamiento del Fondo de Inversión Social (FIS) ha sido posible gracias a este financiamiento, pero sus proyectos específicos en realidad han estado centrados principalmente en el desarrollo de obras de infraestructura más que en el incremento del capital humano de los pobres. Antes de 1990, el desarrollo social estuvo totalmente excluido de los lineamientos de financiamiento observados por las instituciones internacionales, y el énfasis se colocó principalmente en la creación de condiciones para el incremento de la inversión.
La evidencia histórica ha mostrado que los modelos de "desarrollo", implementados en base al financiamiento internacional, poseen graves deficiencias en términos de equidad social y de sostenibilidad ambiental. Las grandes inversiones propiciadas por el financiamiento han favorecido principalmente a la empresa privada, mientras que los sectores mayoritarios del país se han visto excluidos de los posibles beneficios de la inversión financiada. Por otra parte, las grandes obras de infraestructura se realizaron sin ninguna consideración de impacto ambiental y obviando planes de manejo que aseguraran la preservación de los recursos naturales y la protección ambiental. El servicio de la deuda externa, además, se ha convertido en una presión adicional sobre las finanzas públicas, pues compite con otros rubros de importancia por los fondos del presupuesto general de la nación.
De acuerdo a la evidencia reciente, el flujo de financiamiento externo hacia el país continuará durante los próximos años, ahora con consideraciones más claras hacia la promoción del desarrollo social y la protección ambiental. El nivel de efectividad de las acciones surgidas a partir de este financiamiento aún es dudoso, ya que -aunque existen nuevos lineamientos- la realidad es que los principales beneficiarios de dicho financiamiento externo al parecer continuarán siendo los empresarios privados.
Para los fines del desarrollo se impone la necesidad de que el gobierno diseñe estrategias de inversión de los empréstitos que aseguren una distribución equitativa de sus beneficios. La falta de equidad social implica fundamentalmente que los recursos financieros deben ser invertidos en obras que no sólo favorezcan a la empresa privada, sino que incrementen el capital humano de los pobres y creen oportunidades de empleo e ingreso permanente para los mismos.
Un nuevo problema fronterizo mantuvo durante siete días una tensa situación en la frontera Honduras-El Salvador, específicamente en la zona de Nahuaterique, con la prohibición del paso de un cargamento de madera desde territorio hondureño hacia El Salvador. La situación, que produjó enfrentamientos verbales entre los pobladores de la zona y los miembros de la policía y el ejército del vecino país, amenazó con el desencadenamiento de un posible enfrentamiento bélico.
La problemática, antes expuesta, analizada desde una óptica más amplia que el cierre fronterizo, obliga a incorporar varios elementos. Uno de ellos es el que se refiere al control del mercado de madera; otro tiene que ver con los antecedentes históricos y las coyunturas político sociales, las cuales no pueden obviarse.
El problema de los diferendos límitrofes entre El Salvador y Honduras no es nuevo. Debe recordarse que en 1969 ambos países se enfrentaron en una guerra que se denominó " La guerra de las cien horas", la cual dejó numerosas víctimas y diferentes explicaciones históricas sobre sus causas. Dos décadas después, ambos gobiernos recurrieron a la Corte Internacional de Justicia de la Haya para darle solución al problema limítrofe. Este organismo internacional impuso una sentencia que, aunque definió la porción de territorio que pasaría a manos hondureñas y salvadoreñas, dejó pendientes graves problemas, a los cuales debían dar solución cada uno de los gobiernos involucrados. No sólo el pasado está influyendo en la situación que nos ocupa, sino también las actuales relaciones entre ambos países así como las coyunturas específicas en cada uno de ellos.
Los problemas limítrofes se producen en medio del desinterés de ambos gobiernos, luego de que después del fallo no se han resuelto los problemas inherentes a los derechos de los pobladores salvadoreños que ahora se encuentran en territorio hondureño y que reclaman derechos de propiedad y circulación. Los obstáculos para los salvadoreños en los ex bolsones son contradictorios con el discurso de la integración centroamericana. No se trata de obviar el marco legal de Honduras, que prohíbe la propiedad sobre la tierra a extranjeros en los límites de las zonas fronterizas, ni el otorgamiento de la doble nacionalidad, situación jurídica que es necesario resolver de manera específica, pues los pobladores de los ex bolsones han vivido en estas zonas con independencia de su jurisdicción político-geográfica
Las comisiones binacionales, creadas a raíz del fallo de la Corte Internacional de Justicia, se han reunido en las capitales de ambos países sin aportar elementos o soluciones a los problemas reales de las zonas fronterizas, mientras la burocracia está a la orden del día.
La lentitud y el desinterés de las autoridades salvadoreñas y hondureñas por resolver la anterior problemática muestran la inexistencia de una política coherente y planificada, orientada a incluir a una población que se encuentra en la encrucijada de la sobrevivencia. Estas comunidades han vivido al margen de los programas de gobierno tanto salvadoreños como hondureños, pues ninguno ha tomado medidas concretas para potenciar su desarrollo. Resulta paradójico que se les pretende someter a la normativa de las leyes hondureñas para adquirir obligaciones; sin embargo, no gozan de los derechos que el Estado hondureño otorga a sus ciudadanos. Honduras reconoce el territorio como suyo, pero pretende obviar a su población; mientras que el gobierno salvadoreño no da pasos concretos a fin de satisfacer sus mínimas necesidades. La problemática está en establecer a qué territorio pertenecen y qué gobierno es responsable de su protección. La falta de respuesta a ella es una muestra de la comodidad y la irresponsabilidad con que manejan su política los gobiernos salvadoreño y hondureño. Los problemas que enfrentan los pobladores son específicos y tienen incidencia directa sobre el desarrollo de su vida personal y comunitaria, por lo cual no pueden ser postergados por más tiempo.
En torno a las coyunturas nacionales de ambos países hay dos elementos que podrían señalarse. Por un lado, la exaltación nacionalista que pretende desviar la atención de puntos neurálgicos de las políticas internas; y, por el otro, la incorporación de la hipótesis de que la protesta de los habitantes obedece a una manipulación externa, negándole así legitimidad a las exigencias de los pobladores de las zonas fronterizas.
La apelación al nacionalismo y a la defensa de la soberanía puede dar pie a la conjetura de que la baja popularidad de los gobiernos de ambos países está de por medio en la "solución" que se ha dado al problema limítrofe.
Con todo, la tensión que se creó en la frontera Honduras-El Salvador fue resuelta por las comisiones mediadoras nombradas por ambos gobiernos, las cuales lograron un acuerdo que, aunque permitió el paso del cargamento de madera, no ha tocado a fondo el problema fronterizo. Las demandas de los habitantes deben tener respuestas en lo concerniente a la posibilidad de la administración local, así como en la autonomía para el aprovechamiento racional de los recursos forestales. También se tiene que responder a su deseo de conformar un nuevo municipio, a la vez que se les indemnice por la madera decomisada, se desmilitarize la zona, se les otorgue la doble nacionalidad, y se respete la tenencia, posesión y uso de las tierras. Las demandas de los pobladores son coherentes con sus necesidades y expectativas y sería irresponsable recurrir a simples paliativos para apaciguar los conflictos que ahí se suscitan.
El acuerdo al que llegaron las comisiones mediadoras, como ya se señaló, solucionó la disputa por el tránsito de madera, pero no ha resuelto los elementos de fondo del problema ni ha atacado sus raíces estructurales. En los componentes sociales y políticos hay que buscar las verdaderas causas de los enfrentamientos en los territorios fronterizos. Ciertamente, la población de esos territorios tienen necesidades concretas y urgentes que se deben atender; manejar a la ligera esa difícil situación es negligente por parte de las autoridades hondureñas y salvadoreñas. El conflicto social está latente y sus repercusiones pueden ser peligrosas. A pesar de que el mandatario salvadoreño califique de normales las relaciones entre los dos países y piense que la posibilidad de un enfrentamiento bélico es lejana, lo cierto es que los pobladores se han aglutinado alrededor de intereses comunes.
Lo que queda claro es que nuevamente los políticos hacen gala de su estrechez de visión y del menosprecio al desarrollo de las comunidades y a su potencial humano. Los políticos deben de entender que ya es tiempo de perderle miedo a la capacidad propositiva y organizativa de los habitantes de los ex bolsones, pues ellos, en lugar de ser una amenaza, pueden convertirse en polos para el desarrollo de la zona, en ejemplo y práctica de la tan pregonada integración regional.
La asamblea legislativa en El Salvador consta de 84 escaños. En estas elecciones ha llamado la atención de algunos periodistas (ver V. Pino y B. Valiente, La Prensa Gráfica, 6 de febrero de 1997 pág. 5-A) el hecho de que varios partidos han nominado un total de 13 mujeres como candidatas a diputadas, dos de ellas en contienda por la diputación de Santa Ana y dos por la de Cuscatlán. Ha llamado tanto la atención el número de candidatas propuestas, que la nota periodística en la cual se presentan sus nombres y los partidos que las nominan se titula "Mujeres Asaltan la Política."
Más bien resulta interesante el que se califique de "asalto" la mera posibilidad de que 11 mujeres ocupen el 13% de los escaños parlamentarios. Según datos del Informe de Desarrollo Humano de 1995, el promedio mundial de representación femenina en parlamentos es del 10%, lo que sirve para ilustrar el grado de subparticipación política en las estructuras del Estado de más de la mitad de la población mundial. En caso de que estas 11 candidatas ganasen este marzo los escaños para los cuales han sido nominadas, El Salvador se encontraría ligeramente arriba del promedio mundial de representación femenina parlamentaria. ¿Qué importancia puede tener para esta ligera mejoría en la representación femenina parlamentaria? La opinión del sujeto común es que lo que interesa a la hora de que los partidos propongan candidatos y los votantes los elijan es poder obtener una asamblea compuesta por diputados honestos que representen verdaderamente los intereses del pueblo y tengan el talento de legislar en favor de su bienestar. ¿Qué importancia puede tener que éstos sean hombres o mujeres?
Puede tener mucha importancia, sobre todo para un país en el cual se considera una prioridad el fortalecer la democracia en todos los sentidos -en las instituciones, en los partidos, en las estructuras del Estado y en la producción y distribución de la riqueza- y el lograr mayor equidad social. La relación entre el porcentaje de mujeres diputadas y el total de mujeres en la población nacional es uno de los posibles indicadores del desarrollo de la democracia y la equidad en este país. Veamos en qué sentido.
El porcentaje de mujeres en la asamblea nacional es uno de los cuatro datos que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo toma en cuenta para obtener el índice de potenciación de la mujer (IPM) de un país. Este índice intenta reflejar el grado de participación de las mujeres en la actividad económica formal, en los organismos legislativos, en el manejo del conocimiento técnico y en la toma de decisiones y ejecución de planes a nivel institucional. El IPM es, por lo tanto, un indicador de la participación de la mujer en las instancias de la vida social tradicionalmente regidas por los hombres. Entre más alto es el IPM de un país más alto es el grado de participación de las mujeres en las distintas esferas de la vida social.
Si se toma en cuenta que la democracia es, en un sentido amplio, la participación de todos en la toma de decisiones que a todos nos afectan, un IPM más alto es más participación para las mujeres y más democracia para todos. Si tomamos en consideración que lo que se conoce como democracia económica es el libre acceso a la producción y la justa distribución de las riquezas, entonces el IPM -al medir el nivel de participación de las mujeres en la vida económica formal- refleja el grado de democracia económica del que gozan las mujeres de un país. Más participación del sector femenino en la asamblea nacional se traduce en estructuras de gobierno más democráticas. Igualmente, más participación de las mujeres en cargos ejecutivos y administrativos significa más democracia institucional; y más participación de las mujeres en cargos profesionales y técnicos apunta hacia una mayor democracia económica.
Ahora bien, como sociedad no se pretende solamente fortalecer la democracia asegurando la participación de todos: hombres y mujeres, ricos y pobres, sectores urbanos y rurales. No sólo se aspira a más participación de todos los grupos sociales en los diversos ámbitos ciudadanos; es decir, se tiene como meta social que la participación de los diversos grupos sociales sea equitativa: que ningún grupo social acapare un escenario de participación. Que sólo los ricos, o sólo los hombres o sólo los pobladores urbanos decidan los asuntos que afectan a todos. Un caso paradigmático de falta de equidad social lo constituye Sudafrica con el apartheid, en donde una minoría blanca acaparó no sólo las estructuras de gobierno, sino también las institucionales. Abrir espacios de participación a los negros sudafricanos hizo posible una verdadera democracia en este país. Pero más allá de una mayor participación, los sudafricanos deseaban que la participación de personas de color en los distintos escenarios sociales fuese proporcional a su presencia en la población nacional, es decir, que fuese mayoritaria. La equidad exige mayor participación, pero demanda que la misma cumpla con el siguiente requisito: que sea proporcional a la de los grupos sociales con los que se quiere ser equitativos. Para los sudafricanos lograr esta meta constituye, desde una perspectiva racial, un avance significativo en la construcción de la equidad social.
También en El Salvador se aspira a una sociedad que no sólo sea más democrática, sino que su democracia esté fundada en la equidad. Equidad para todos los grupos sociales y en todos los escenarios de participación social; bien sean estos el gobierno, las profesiones o las instituciones. ¿Qué sería una sociedad equitativa desde la perspectiva de género? Una sociedad en donde la participación de las mujeres en las distintas esferas de la vida social fuese proporcional al número total de ellas en la población nacional. Si 52% de los diputados, los administradores, los ejecutivos, los técnicos y los profesionales de este país fuesen mujeres habría una participación perfectamente equitativa desde la perspectiva de género en estos escenarios sociales. Tendría que ser del 52% y no menos, puesto que este es el porcentaje actual de mujeres en la población del país.
Más participación de las mujeres en diversos escenarios implica, por lo tanto, no sólo más democracia para todos, sino también más equidad social. No puede haber democracia sin participación. No puede haber tampoco equidad social sin participación proporcional.
El 13% de mujeres diputadas que pudiera obtenerse en estas elecciones, así como el 17% de mujeres en cargos administrativos y ejecutivos, constituyen más bien retos a superar para todos los que dicen interesarse por la democracia y la equidad en este país. Esas conquistas no constituyen "asaltos" de las mujeres a ninguna esfera social; más bien son tímidos avances que sirven para medir la distancia con ese 52% de participación que sería necesario lograr.
Si se toma en cuenta que la asamblea legislativa representa al pueblo, el que sólo el 13% de los encargados de la legislación en este país sean mujeres resta legitimidad democrática al proceso legislativo. El que el 13% de los escaños parlamentarios pudiesen llegar a ser ocupados por mujeres, en un país en donde conforman el 52% de la población, refleja la abismal subparticipación política de uno de los grupos sociales más numerosos del país en la asamblea legislativa. Este 13%, que parece a algunos un logro, en relación a un pasado político con menor participación de las mayorías, más bien nos plantea un reto y varias interrogantes.
El reto es volver verdaderamente participativos los escenarios formales de la democracia en este país, no sólo de acuerdo al criterio de localidad, sino de acuerdo a otros criterios, por ejemplo el de género.
Nótese que el tener más mujeres diputadas no añade legitimidad democrática a un gobierno, por más que se presupone que se mejora la representación de los intereses de las mujeres como grupo mayoritario. El tener más mujeres diputadas no implica una mejor representación de los intereses de las mujeres como grupo social mayoritario. El ser mujer no le garantiza a nadie una adecuada sensibilidad a las necesidades de las mujeres como grupo social, mucho menos conocimiento de las mismas y, menos aún, un compromiso claro por mejorar la posición relativa de éstas en la sociedad. De hecho, hay razones para sospechar todo lo contrario.
Usualmente las mujeres que han logrado acceso a escenarios tradicionalmente dominados por los hombres lo han hecho aprendiendo a desempeñarse como si fueran tales y minusvalorando aptitudes típicamente femeninas. En vez de esperar de estas pioneras una intuitiva solidaridad y conciencia de la situación de la mujer tenemos razones para esperar lo contrario. Así que a mayor cantidad de mujeres no necesariamente ha de esperarse una más adecuada representación de la mayoría femenina.
¿En qué sentido entonces es qué un mayor número de mujeres en la asamblea presta mayor legitimidad política a la democracia? Un mayor número de mujeres es un indicador de las oportunidades de participación de una de las mayorías sociales. El que haya más mujeres diputadas ilustra simplemente el que más mujeres han tenido acceso a la participación en las estructuras políticas del país y han logrado reconocimiento por su participación. El bajo número de candidatas incrimina, en primera instancia, a los partidos como poco democráticos. De que otro modo pueden explicar el hecho de que hayan tan pocas mujeres nominadas cuando éstas son una de las mayorías del país. Las únicas explicaciones son las siguientes. Una, que no hay un número proporcional de mujeres en las filas de los partidos. Siendo así, cómo pueden reclamar para sí el ser estructuras que representen los intereses del "pueblo", cuando el pueblo en su mayoría son mujeres. Dos, que sí hay mujeres participando en las bases pero por alguna razón nunca llegan a puestos de responsabilidades más visibles. Si es así, habría que examinar si no se les discrimina de ciertos cargos o responsabilidades. Tres, que las mujeres no consideren apropiado participar en las estructuras políticas formales, lo cual quería decir que más de la mitad de la población tiene la tendencia a no asumir sus responsabilidades ciudadanas.
En fin, uno de los criterios para juzgar el grado de perfección de una democracia representativa es constatar cuánto la pertenencia a distintos grupos sociales de los que participan en la gestión gubernamental refleja la proporción de estos grupos en la población en general.
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Colaboración de Anayra Santori, Departamento de Filosofía, Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"
El pasado sábado 1 de marzo, fue inaugurado el Centro de Formación en Derechos Humanos "Segundo Montes". Con esta iniciativa, el IDHUCA se propone impulsar y consolidar un nuevo espacio en El Salvador desde el cual se pueda contribuir, de manera efectiva, a garantizar que las y los salvadoreños conozcan más y hagan valer sus derechos fundamentales mediante una participación activa en la solución de los problemas, utilizando de forma adecuada y eficaz las instituciones del Estado y de la llamada "sociedad civil". Ante esta iniciativa, hubo personas e instituciones que nos hicieron llegar sus muestras de solidaridad; también hubo algunas que nos plantearon sus interrogantes. Consideramos que es oportuno, desde este espacio, agradecer a las primeras y posteriormente contestar a las segundas.
Antes, vale la pena decir que en el evento contamos con la honrosa presencia de la señora procuradora para la defensa de los derechos humanos, doctora Victoria Marina Velásquez de Avilés; junto a ella estuvieron David Escobar Galindo, rector de la Universidad "José Matías Delgado", y Félix Ulloa h., magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Estas personas y el resto de asistentes al acto, coincidieron en señalar la importancia de impulsar iniciativas de este tipo que --sin lugar a dudas-- muy difícilmente podríamos llevar a cabo de no contar con el apoyo del gobierno canadiense, a través de su Programa de Reconstrucción Social. Pasemos, ahora, a las interrogantes que nos hicieron y sus respectivas respuestas. Primera: ¿por qué crear un "Centro" de este tipo en nuestro país? Porque en El Salvador, durante las dolorosas épocas de la violencia política y la guerra, el tema de los derechos humanos fue sometido a un tratamiento sumamente incorrecto, no obstante ser el principal o uno de los principales puntos de la agenda nacional desde hace más de dos décadas; en realidad, resultó totalmente "maltratado" a través de su distorsión y manoseo.
Dentro del discurso contrainsurgente --que permeó a la sociedad salvadoreña durante muchos años-- fue colocado en el bando contrario, como ingrediente básico de la "propaganda subversiva" que pretendía desprestigiar al régimen y que ocupaba, para ello, diversos espacios internacionales. Así, precisamente, se intentó legitimar las graves, sistemáticas e indiscriminadas prácticas de violación a los mismos y --dentro de ellas-- fueron varias las víctimas entre las personas que sinceramente trabajaban por esa causa. Del lado de las organizaciones político-militares, pese a ser una de sus banderas de lucha la defensa de los derechos y las libertades fundamentales de la población, su actuar no resultó tan consecuente con su respeto irrestricto. De ello, ya se habló en el informe de la Comisión de la Verdad.
Pero ese problema no tiene que ver sólo con lo que pasó antes en el país. No obstante haber transcurrido cinco años desde que finalizaron los combates militares, en la actualidad los derechos humanos y las personas que dedican su vida a promover su respeto --defendiéndolos cuando son violados e intentando difundir ampliamente su conocimiento-- siguen siendo objeto de ataques injustos e infundados. El mejor ejemplo de ello, aunque no el único, es el de la doctora Velásquez de Avilés por desempeñar con responsabilidad y valentía su cargo al frente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos; con una visión totalmente errada, quizás fruto de todo lo anterior, para muchas y muchos es ella la "culpable" de la inseguridad que se vive actualmente en el país, por "defender sólo a los criminales y no a las víctimas".
Así las cosas, consideramos que en El Salvador se necesita --de manera urgente-- desarrollar un esfuerzo serio de reflexión y análisis que permita ubicar el tema en su justo lugar: como el referente único, libre de ideologizaciones o búsqueda de intereses particulares, desde el cual se deben adoptar las decisiones más importantes para el país y la gente que lo habita, sobre todo aquélla excluida en lo económico, lo social, lo judicial y lo político. Por eso, el Centro de Formación en Derechos Humanos "Segundo Montes" nace como una posibilidad para producir pensamiento y propuesta; pero, además, se plantea llegar a ser un espacio para compartir distintas experiencias y cualificar la "mano de obra" que trabaja en el campo. Finalmente, intenta difundir ampliamente todo lo que desde él se pueda generar.
La siguiente interrogante: ¿por qué el nombre de Segundo Montes? Pues porque el jesuita fue uno de los pioneros y baluartes de esta causa en nuestro país. Su actitud de servicio a las y los demás, en aras de elevar el respeto a la dignidad de las personas dentro y fuera del país, lo llevó a ofrendar su vida junto a tantos mártires de El Salvador. De esa manera, contando con un reducido grupo de abogados y estudiantes de Ciencias Jurídicas fundó --en agosto de 1975-- el ya desaparecido Socorro Jurídico Cristiano; diez años después, fue el motor para que en esta Universidad surgiera el IDHUCA, dirigiéndolo hasta el momento de su muerte física e inspirándolo en adelante.
Pero, además, porque tuvo una preocupación permanente: la de darle un tratamiento distinto al tema, con una visión más amplia y creativa. Por eso, propuso a las autoridades universitarias la creación de su Instituto, pues consideraba importante --desde entonces-- profundizar teóricamente en la materia pero sin apartarse de la especificidad salvadoreña. En función de ubicar todos aquellos casos que pudiesen revelar una violación a los derechos humanos, el padre Montes consideró que la UCA debía asumir un compromiso de la manera más objetiva posible y de la forma más asequible, pensando que dentro de ella se encontraban los recursos básicos y la suficiente autonomía para desempeñar, de un modo más científico, esa misión humanitaria.
Otro cuestionamiento: ¿qué ofrece nuestro Centro? Por el momento, nos proponemos impulsar cuatro ejes fundamentales de trabajo y aspiramos --con su desarrollo-- a beneficiar en algo a la población salvadoreña. El primero de ellos ha sido denominado: "Jornadas de análisis coyuntural en derechos humanos"; precisamente, después del acto inaugural del Centro se realizó la primera de ellas sobre: "El derecho a la participación ciudadana y las elecciones de 1997". Con estas "jornadas" se intenta llegar a un público interesado en temas específicos de importancia para el país, procurando la participación amplia --estatal, de la "sociedad civil" y de las esferas políticas-- y creativa que genere propuestas reales para la acción transformadora. Durante el año, se realizarán diez jornadas de este tipo y se editarán sus memorias.
Otro de los ejes de trabajo dentro del Centro es el de la cualificación de las personas que promueven y defienden los derechos humanos en el país. Ese esfuerzo se plantea desarrollar desde una perspectiva multiplicadora en la base, para lo cual se piensa invitar a promotoras y promotores que trabajan en organizaciones sociales sean éstas gremiales, comunales, religiosas, etc. También tienen cabida aquí --y a eso le queremos dedicar especial atención-- aquellas personas que prestan un servicio público y están en contacto directo con la población; nos referimos, principalmente, a miembros de la Policía Nacional Civil y del Órgano Judicial que pueden y deben jugar un papel importante dentro de esas instituciones, para incidir en la socialización de los conocimientos y el cambio de actitudes.
Y la idea es realizar dos módulos anuales con toda esta gente. Uno en el primer semestre, para compartir las herramientas teóricas y prácticas que cada participante deberá utilizar en su espacio cotidiano, a fin de mejorar ahí la situación de los derechos humanos de todas las personas y desde toda su amplitud. El segundo, durante los otros seis meses, con el objeto de encontrarnos nuevamente después de haber hecho esfuerzos por transformar nuestros entornos más cercanos, aplicando los conocimientos adquiridos; así se pondrán en común las experiencias de cada participante y se evaluarán a fondo para descubrir aciertos y errores, así como las condiciones en que éstos se dieron y las posibilidades de repetir los éxitos y evitar los fracasos.
También consideramos importante desarrollar otro eje: el de los "diplomados universitarios" en temas muy concretos relacionados principalmente con mujeres, infancia, adultos mayores, medio ambiente y desarrollo. Finalmente, el cuarto eje es el de la "formación a distancia" mediante la incursión en los medios masivos de difusión, ofreciéndole algo diferente en materia de derechos humanos a la población que lee los periódicos, que escucha la radio y que mira la televisión. Algo que contribuya a que en El Salvador comencemos a ubicarlos como un tema de interés, porque tienen que ver con nuestra tranquilidad y seguridad, con una vida digna y feliz. Para lograr eso, nos proponemos difundir experiencias en la cuales sí se respetan los derechos y las libertades fundamentales, u otras en las que se haya reparado el daño producido a personas que son iguales a las y los salvadoreños "comunes" y "corrientes".
Finalmente, respondemos a la última pregunta: ¿qué pide el Centro? Pues nada más sencillo que el involucramiento de quienes están interesadas e interesados en lograr un país donde la gente, de verdad, viva mejor. Además, pedimos la crítica justa y los aportes necesarios para ir construyendo en el camino este espacio de servicio a los demás. Porque el IDHUCA --consciente de las difíciles condiciones económicas, políticas y sociales que existen en el país, no obstante el fin de la guerra-- desea contribuir a desarrollar nuevas formas de coordinación y participación para que la población dé a conocer sus propuestas, para que éstas sean divulgadas ampliamente, para que las mismas tengan eco en las instituciones del Estado y para que se empiecen a ver resultados concretos que animen a la acción.
Pese a que hay quienes presentan a El Salvador como un país donde se respetan los derechos humanos, la realidad nos muestra que éstos siguen siendo violados, sobre todo aquellos que tienen que ver con la seguridad de las personas, el acceso a la justicia y sus condiciones materiales de vida. Esta situación no deja de ser preocupante para los organismos que nos hemos propuesto garantizar su vigencia. Y es que en el IDHUCA sí deseamos que el país cambie de rumbo; de no hacerlo, estaríamos faltando a la misión que inspira a la institución desde su nacimiento hace casi 12 años.
Con iniciativas como éstas, podemos decir con humildad que intentamos seguir el ejemplo de Segundo Montes y de tantas personas que --al igual que él-- murieron por defender la vida digna; podemos decir, también, que su sacrificio no fue en vano. Tantos sacrificios y tantos ejemplos retoñan ahora en la promotora y el promotor que en la base, día con día, se esfuerzan por incorporar más gente a esta tarea; se renuevan en las personas que dentro de unos días depositarán su voto de manera consciente, pensando en mejorar los niveles de respeto a sus derechos y libertades fundamentales; siguen presentes en las acciones que desarrollan las instituciones que buscan hacer de este país, por fin, un mejor lugar para vivir con justicia y paz.
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