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© 1997 UCA Editores
Año 1997
número 749
marzo 12
1997
ISSN 0259-9864
Falsos profetas de la verdad
La izquierda armada salvadoreña en las décadas de los 70 y 80: un debate pendiente
Implicaciones de la privatización de la energía eléctrica
Campaña electoral, desconfianza e interés
Un proceso fraudolento
Pensando en los derechos humanos:
¿por quién votar?
La verdad no puede ser instrumentalizada para remover obstáculos que impiden la consecución de ambiciones políticas, económicas o de cualquier otra índole. La instrumentalización de la verdad implica simultáneamente su desnaturalización. Esta pierde su carácter absoluto, es decir, independiente de cualquier otra consideración, quedando subordinada a las ambiciones o a los intereses de quien la utiliza o la esgrime. La verdad auténtica tiene consistencia en sí misma y se impone por lo que es y por lo que muestra.
Proceder de otra manera es cualquier cosa menos verdad. Podrá ser presunción, opinión, rumor o simple propaganda, pero nunca verdad. Esto es, precisamente, lo que hacen los dirigentes del Partido Demócrata cuando en su intento por desplazar al FMLN de las preferencias electorales de la ciudadanía revelan hechos escandalosos que, por otro lado, no han sido investigados debidamente.
La verdad, por su propia naturaleza, tiende a la totalidad. La verdad no puede ser parcial o incompleta. Quien busca la verdad quiere llegar a ella, abarcándola totalmente. Por lo tanto, no hay verdad cuando únicamente se enfoca una pequeña porción de la misma y mucho menos cuando esa parcialidad responde a ambiciones o a intereses personales o grupales. Por muy escandalosas que sean las revelaciones hechas por los dirigentes demócratas, éstas carecen de validez, porque no dicen toda la verdad. En consecuencia, lo que afirman como verdad es muy cuestionable.
Si se trata de la verdad sobre la guerra y sus aberraciones, ésta hay que buscarla y decirla en su totalidad. Existen informes suficientemente serios que evidencian una buena parte de esa verdad que ahora se quiere presentar como novedosa. Es cierto que todos los protagonistas de la guerra son responsables de violar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, pero unos lo son más que otros. Y los más responsables son los que más rehuyen la verdad y los que más se resisten a aceptar las conclusiones de los informes sobre la investigación de algunos de los crímenes más horrendos de la década pasada. Por lo tanto, en su parcialidad se muestra su manipulación interesada de la verdad, con lo cual añaden una mentira más a una serie ya de por sí bastante larga, hacen burla y escarnio de las víctimas e irrespetan el dolor de sus familiares.
La verdad es una pasión que no responde a ningún otro interés que llegar a la totalidad de la misma. Rutilio Grande, asesinado hace veinte años, el 12 de marzo de 1977, fue un jesuita apasionado por la verdad de su pueblo y su país. Por decir la verdad sobre El Salvador ante el gobierno en pleno, en la catedral de San Salvador, un 6 de agosto, no lo nombraron rector del Seminario San José de la Montaña. De la capital se fue a Aguilares, donde continuó diciendo la verdad sobre los campesinos, los terratenientes y el poder, y por eso lo asesinaron, junto con un niño y un anciano.
Mons. Romero fue un obispo apasionado, entre otras cosas, por la verdad del pueblo salvadoreño. También a él lo asesinaron hace diecisiete años por buscar y decir la verdad. Solía afirmar que si él no hablaba, las piedras de la catedral lo harían, porque la injusticia clamaba al cielo. La credibilidad de Mons. Romero se deriva de su compromiso inclaudicable con la verdad y el reconocimiento universal del que goza en la actualidad se debe a su entrega a la verdad sobre El Salvador y su pueblo.
Los nuevos abanderados de la verdad, surgidos al final de una campaña electoral violenta, nunca se han distinguido por su compromiso con ella. Cuando la Comisión de la verdad preparaba su informe pidieron omitir los nombres de los responsables de los crímenes investigados, invocando la estabilidad del país. Negociaron con el gobierno la postergación de la depuración de la Fuerza Armada recomendada por la Comisión ad hoc a cambio de beneficios económicos. Es cierto que no fueron los únicos, pero eso no los hace menos cómplices del encubrimiento y de la mentira oficial.
En nombre de la estabilidad y la gobernabilidad del país son los que más insisten en olvidar, junto con el gobierno y ARENA. Afirmaban querer olvidar la guerra y sus crueldades como medio para sanar las heridas del país, pero lo único que parecen haber olvidado efectivamente son las víctimas y sus ideales transformadores, aquellos que los llevaron a tomar las armas para forzarlos e imponerlos. En realidad, los demócratas y los areneros son los que menos han olvidado tal como lo demuestra la campaña electoral de ambos. Los demócratas que se adjudican el papel de la moderación, a última hora, al constatar que contaban muy poco para el electorado salvadoreño, optaron cínicamente por alimentar la violencia, haciendo revelaciones escandalosas y extemporáneas muy poco creíbles sobre el pasado. Paradójicamente, mientras por un lado se presentan como el partido de la sonrisa y la reconciliación, por el otro, agitan violentamente al electorado en vistas a apoyar los intentos de ARENA por derrotar al FMLN.
Ninguno de los protagonistas de la guerra ha dicho toda la verdad. Sorprende, por lo tanto, que algunos de ellos se presenten ahora como modelos de integridad y, además, se autodeclaren inocentes y se autoperdonen. Más aún, la poca verdad que se sabe sobre la guerra es porque ésta ha sido forzada por los organismos internacionales y la sociedad salvadoreña. Las repetidas demandas del pueblo salvadoreño, en particular de los familiares de las víctimas, para investigar y hacer justicia han caído en oídos sordos. Ninguno de los implicados directamente ha dicho la verdad voluntariamente. Ninguno de ellos cree en ella ni en su capacidad para sanar las heridas dejadas por la guerra. Su injusticia clama al cielo y espera que el Dios de la verdad y la justicia les pida cuentas de sus delitos y mentiras algún día no muy lejano.
Como es de sobra conocido, a lo largo de la década de los 70 se fueron constituyendo los núcleos político-militares que en la década siguiente conformarían el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN): FPL, ERP, FARN y PRTC, a los que se unió el PCS, con su brazo armado las FAL. Antes de vincularse más o menos orgánicamente en el FMLN, cada una de las organizaciones político-militares no sólo trató de hacerse de un cuerpo doctrinario que la legitimara como la auténtica expresión de los intereses populares (obreros y campesinos) y como la verdadera vanguardia de la revolución, sino que implementó las actividades más diversas para hacer sentir, ante la sociedad y ante los grupos de poder, su fuerza militar.
Estas actividades -sin importar los costos humanos y materiales que trajeran consigo- siempre fueron presentadas por sus ejecutores como el medio necesario para arribar a una sociedad más humana, solidaria y fraterna. Es decir, eran actividades que se legitimaban por el fin que se buscaba conseguir con ellas. La violencia político-militar, pues, era la partera de la nueva sociedad: la socialista. Los lemas más queridos de estos grupos político-militares eran: "Liberación o muerte: hasta la victoria final", "Revolución o muerte, el pueblo armado vencerá", "Vencer o morir", "Lucha armada hoy, socialismo mañana", "Combatir hasta vencer por Centroamérica, la liberación y el socialismo".
La lucha y la muerte no eran males necesarios, sino valores que tenían que ser defendidos y proclamados a cualquier precio. Para la izquierda armada salvadoreña de los años 70, la lucha y la muerte no eran unos simples medios que se justificaban por el fin perseguido, sino que eran inseparables (incluso se identificaban) con este último. Era absolutamente ilegítimo proclamarse un socialista o un comunista si no se estaba en disposición de luchar militarmente, jugarse la propia vida y matar a otros (los "enemigos" del socialismo y del comunismo). Más aún, no bastaba la disposición, sino que había que demostrar con hechos la verdadera vocación revolucionaria.
En la década de los 80 nació el FMLN. La unidad de las cinco organizaciones político-militares bajo una sola sigla llevó a muchos engaños, entre ellos el de creer que con ello se habían superado los particularismos de la década anterior. Pues nada más alejado de la realidad que eso: en la comandancia general del FMLN nunca dejaron de estar representados los intereses y pugnas que las cinco organizaciones jamás superaron, al igual que nunca fueron superadas la barreras territoriales que cada una de ellas estableció en sus respectivas zonas de influencia.
En la década de los 80 también siguieron perviviendo, tanto en el FMLN como en cada una de sus organizaciones, los valores de la lucha y la muerte como exigencias insoslayables del compromiso revolucionario. En el marco de la guerra civil esos valores se tradujeron en iniciativas militares -algunas llevadas adelante por el FMLN y otras a iniciativa de una organización en particular- cuya creatividad dejó pasmados no sólo al ejército y al gobierno salvadoreños, sino también al gobierno de Estados Unidos, así como a las demás naciones que tenían puesta su mirada en El Salvador.
Pero no sólo se tomaron iniciativas de naturaleza estrictamente militar. Hubo una serie de iniciativas que trajeron consigo la pérdida de vidas humanas inocentes o pérdidas materiales de gran envergadura que sólo por cinismo o ignorancia se pueden considerar de carácter militar. En estas actividades unas veces la responsabilidad fue del FMLN -de los cinco jerarcas que conformaban la comandancia general (Schafik Handal, Joaquín Villalobos, Roberto Roca, Leonel González y Fermán Cienfuegos) y sus asesores más cercanos- y en otras fue una organización en especial la que siguió las ordenes de su máximo dirigente.
También hubo acciones al interior de los campamentos guerrilleros, en la relación hombre-mujer y en la relación adultos-niños, que tenían poco que ver con las exigencias militares y que más obedecían a patrones culturales -en los cuales confluían el machismo y el estalinismo- de utilización de los otros (mujeres y niños) para los propios fines.
Realmente es bien poco lo que se conoce del lado oscuro de la vida en los campamentos guerrilleros. Se sabe del heroísmo de quienes vivieron en ellos, de la nobleza de los cambatientes y de la recia personalidad de los comandantes. Se sabe también de lo sangriento de los bombardeos y del drama de las "guindas", de las incursiones del ejército y del trato que este daba a las mujeres. Pero ¿qué sabemos de las relaciones entre guerrilleros y guerrilleras, más allá de las idealizaciones que la misma izquierda ha hecho de ello? ¿Qué sabemos del trato dado a los niños hasta convertirlos en combatientes?
Situándonos en la década de los 70, ¿qué tanto se sabe de las acciones realizadas por los grupos político-militares y sus responsables? Situándonos en la década de los 80, ¿qué tanto se sabe de las iniciativas militares y no militares efectuadas por el FMLN y por cada organización particular? Y una pregunta más de fondo: ¿cómo asumen su responsabilidad las diversas organizaciones y el FMLN en su conjunto ante las acciones militares y no militares realizadas en las dos décadas anteriores? ¿Creen que todo lo realizado -lo bueno y lo malo (si es que lo hubo)- se legitimó por las necesidades impuestas por el terror de los escuadrones de la muerte y las exigencias de la guerra? Si ello es así, ¿acaso no se legitima también el accionar de los grupos político-militares y de la Fuerza Armada en las dos décadas que nos ocupan?
Una tentación siempre presente en la izquierda ex armada de El Salvador -así como en muchos de quienes simpatizan con ella- ha sido la de presentar el conjunto de sus acciones en los 70 y en los 80 no sólo como audaces y creativas, sino como inscritas en una lógica militar. Lo primero ha servido como publicidad; lo segundo, como justificación, sobre todo en aquellos casos en que las acciones armadas dejaban daños humanos y materiales nada despreciables cuantitativa o cualitativamente. Era como si la lógica militar estuviera por encima de cualquier valoración fundada en la razón y el respeto a la vida humana. Curiosamente, esa era la postura del ejército y los escuadrones de la muerte. Vaya posición más aberrante, pues muchas actividades del FMLN y de cada una de sus organizaciones no se inscribieron en -o respondieron a- una lógica militar -al igual que sucedió con el ejército y los escuadrones de la muerte-, y aunque así hubiera sido no todo lo realizado antes y durante la guerra tendría justificación.
Apelar a exigencias militares puede servir de excusa, pero no para justificar -hacer justas- acciones que trajeron consigo pérdidas humanas y materiales irreparables. La lógica de la guerra, ciertamente, lleva implícitas unas exigencias que son ineludibles para quienes se insertan en ella, ya que de no cumplirlas se juegan su propia vida. Pero no todas esas exigencias son de la misma naturaleza -las impuestas por el combate cuerpo a cuerpo, las de defensa de las posiciones, las de desgaste de las fuerzas contrarias, etc.- y , además, cada una de ellas tiene consecuencias sociales distintas, así como niveles de inexorabilidad también distintos. Recurrir a las urgencias de la guerra para justificar todo lo que se hizo es un absurdo, que si se acepta como válido para uno de los contendientes tiene que ser aceptado para el otro. Pero, ¿a cuenta de qué se va a tomar la lógica de la guerra como justifición de los más diversos crímenes y atrocidades? ¿A cuenta de qué se va a considerar como legítimo que vidas humanas sean sacrificadas ante el altar impuesto por esa lógica?
Para la izquierda ex armada ha llegado el momento de dejar de referir todo lo que se hizo en las dos décadas pasadas a las exigencias de la guerra. La guerra no es un valor último en nombre del cual todo está permitido. Esto tienen que reconocerlo públicamente todos los que dirigieron a los grupos político-militares en la década de los 70 y también quienes comandaron al FMLN en la década de los 80. Pero no sólo eso. El país debe saber cómo operó la izquierda, ahora desarmada, en esas dos décadas, sus acciones político-militares, las perdidas materiales y humanas, las responsabilidades respectivas, etc. Y debe saberlo por boca de sus propios protagonistas, quienes deben hacer su propio informe de actividades, no como suelen hacerlo, de un modo triunfalista y heróico, sino con objetividad, rindiendo cuentas a la sociedad de los males que dejaron unas acciones que, exigidas o no por la lógica de la guerra, fueron nefastas en sus consecuencias.
Esta rendición de cuentas por parte de la izquierda ex armada tuvo que haber sido hecha después de la firma de los Acuerdos de Paz. Si así hubiera sido, a estas alturas ese pasado de la izquierda ex armada sería sólo eso, pasado. Ahora es un fantasma que la sigue a todas partes. El FMLN de ahora, que tiene poco que ver con el que participó en la guerra en la década pasada, tiene que enfrentar las acusaciones lanzadas por quienes fueron parte del mismo, cuyas cuentas ante la sociedad respecto de su pasado tampoco están del todo claras.
En fin, guste o no, la actual coyuntura electoral ha puesto a la izquierda ex armada (lo que ahora es el FMLN y el PD) ante el reto de rendir cuentas de su pasado. Tarde o temprano este momento tenía que llegar, y fue sólo por una falta de previsibilidad que ese desafío no salió a relucir en una coyuntura más propicia. Es indudable que el debate, animado por el PD -a cuya sombra muy probablemente está ARENA-, obedece a intereses que ni remotamente tienen que ver con una búsqueda sincera de la verdad. Y, precisamente, es la búsqueda de la verdad la que debe motivarlo. Inoportunamente el PD ha abanderado una disputa que perjudica al conjunto de la izquierda -incluido el propio PD cuyo pasado está ligado a las acciones político-militares y al accionar del FMLN de antes de los Acuerdos de Paz- y a la población. Mientras que la primera, al igual que el PD, pierde credibilidad social, la segunda se confunde aún más acerca de lo que sería el futuro político del país con suficiente poder en manos de la izquierda.
Después de las elecciones habrá una buena oportunidad para que el país se entere de una buena vez de lo que hicieron los grupos armados de las décadas de los 70 y 80. Si, por las razones que sean, no lo hacen, ese pasado los continuará persiguiendo como una sombra que se posará sobre sus cabezas cuando menos lo esperen. En las dos décadas pasadas se perfilaron dos bandos militares: la izquierda armada y el ejército-escuadrones de la muerte. Unos y otros realizaron acciones violentas que costaron vidas humanas inocentes y daños materiales de consideración. De los segundos algo se sabe, aunque falta mucho por investigar acerca de nombres y responsabilidades. De la primera es poco lo que sabe por boca de sus propios protagonistas. Así pues, parece que, por su bienestar político y por la confianza que determinados grupos sociales han depositado en ella como fuerza político-electoral, ha llegado el momento de que la izquierda ex armada rinda cuentas de su pasado ante la sociedad.
La capital salvadoreña es, en la actualidad, una ciudad caótica, en donde el crecimiento urbano desproporcionado, el desorden vial, la inseguridad y la contaminación se encuentran a la orden del día. San Salvador está lejos de ser una ciudad agradable; más bien, es cada vez más incómodo tener que desplazarse por sus calles y avenidas, no sólo porque el tráfico en las denominadas "horas pico" se hace insoportable, sino porque las probabilidades de ser víctima de un asalto o de cualquier otro hecho delincuencial son cada vez más altas. A esto hay que añadir la ineficiencia en la recolección de la basura y la falta de medidas para contrarrestar la contaminación.
El problema del transporte es, sin duda, uno de los más apremiantes de la capital, especialmente para quienes utilizan a diario el servicio público. Los costos de los pasajes van en constante aumento y las rutas están tan mal distribuidas para muchos de los usuarios que llegar a su destino se vuelve una difícil tarea. El creciente fenómeno delincuencial y la falta de medidas eficaces para contrarrestarlo hace aún más tortuoso y peligroso el uso del transporte público. La ciudadanía, además de sufrir cotidianamente los abusos de choferes y cobradores, está permanentemente expuesta a sufrir cualquier tipo de manifestación delincuencial.
Sólo dar respuesta a esta problemática otorgaría un merecido reconocimiento al futuro alcalde capitalino, pero retos de igual o mayor envergadura no podrían ser soslayados: implementar medidas contra la contaminación, enfrentar la escasez de agua, encontrar la mejor solución al problema de la basura, resolver el problema de los mercados ambulantes y controlar el crecimiento urbano desproporcionado.
A continuación se darán a conocer las plataformas municipales de los dos candidatos a la alcaldía que presumiblemente tienen más posibilidades de convertirse en ediles capitalinos: Mario Valiente (ARENA) y Héctor Silva (Coalición MU-FMLN-CD).
La plataforma municipal de ARENA
Lo que el partido ARENA dio en llamar el "Plan Estratégico" de la ciudad de San Salvador está constituido por tres partes. En la primera, se hace un "análisis del entorno", el cual consiste tanto en enunciar las características de la globalización, a nivel nacional e internacional, como en enumerar las oportunidades que dicha tendencia ofrece a San Salvador, tales como: "ser el centro financiero de Centroamérica, ser la capital de la industria centroamericana, ser líder en soluciones a los problemas que aquejan a las ciudades latinoamericanas, ser la ciudad de avanzada en el campo ecológico". Además, se señalan algunas debilidades actuales de la capital como: "el crecimiento urbano desproporcionado, la disminución de valores cívicos, éticos y morales, la confusión de las competencias municipales con el gobierno central, la inmigración de personas con poca capacitación, la tendencia al deterioro del medio ambiente, el crecimiento desproporcionado del tráfico vehicular", entre otras.
El optimismo de ARENA queda aquí nuevamente en evidencia. Que esta plataforma promueva las bondades de la globalización no es para extrañarse, no sólo porque debe concordar con los lineamientos del ejecutivo y con la bandera económica de su partido, sino también porque esa visión optimista es una de las mejores estrategias publicitarias de ARENA y uno de sus mejores ases bajo la manga a la hora de responder por los errores cometidos en su desempeño gubernamental de los últimos dos años. Puede considerarse prudente y objetivo por parte de la propuesta municipal del partido oficial el haber señalado algunas "debilidades" de la ciudad, lo cuestionable es que en ellas no se reconoce ninguna responsabilidad del gobierno municipal en funciones. Pareciera que esas "debilidades" son propias de San Salvador o de sus habitantes, sin que tengan nada que ver en ello las autoridades gubernamentales.
La segunda parte del "Plan Estratégico" apunta a la "visión" de ciudad que tiene el actual alcalde y candidato a la alcaldía de San Salvador, Mario Valiente: "una ciudad donde se respete el medio ambiente, que permita la superación integral de todos y cada uno de sus habitantes, que fortalezca el desarrollo empresarial a todos los niveles, que el respeto a las leyes y los derechos de cada ciudadano sea la principal norma y todo esto, en un ambiente de seguridad que permita que cada día vivamos mejor".
Como cualquier propuesta política suena muy bien y parece muy clara en sus objetivos. Sin embargo, no hay que olvidar que son palabras de quien ahora ocupa la alcaldía capitalina y cuyo desempeño en dicho cargo no dio muestras de una voluntad y una capacidad que garanticen que esas "buenas intenciones" puedan llevarse a cabo. El desempeño de Mario Valiente como edil no se caracteriza justamente por su lucha en pro del medio ambiente o por su preocupación por el desarrollo integral y muchos menos por el respeto a las leyes y a los derechos de los ciudadanos -la confusión en el asunto de las máquinas tragamonedas y el trato que han recibido las vendedoras ambulantes en los desalojos son muestras de ello.
En la tercera y última parte se señalan las estrategias a seguir para alcanzar los objetivos planteados. Dichas estrategias se presentan por sectores. Para salud y medio ambiente se propone "continuar con el programa para mejorar la recolección, reciclaje y disposición de los desechos sólidos, continuar con el programa de mercados saludables, continuar con los programas de saneamiento y recuperación de ríos y quebradas, programas para arborizar la ciudad, concientización ecológica de la población, incrementar el servicio de las brigadas médico-odontológicas". Para el desarrollo urbano integral y social, algunas de las propuestas son: "continuar con los programas de vivienda para las clases más necesitadas, continuar el programa de defensoría de los derechos de la niñez [y] programas para el fomento de la competitividad en la juventud".
El resto de las propuestas van dirigidas hacia el fortalecimiento de la seguridad y protección a la ciudadanía, el fomento de la cultura, los valores y los programas que favorezcan el desarrollo urbano y social.
Lo llamativo de esta serie de propuestas es que sólo uno de los grandes proyectos que llevaron al candidato a ganar las elecciones pasadas se mantiene: el del metro. De la gasificadora no se hace ninguna alusión, como tampoco se menciona nada a cerca del parque de Los Pericos. Ante tales vacíos, cabe preguntarse ¿será que el actual alcalde decidió renunciar a las metas que con tanto ahínco defendió? y si es así ¿qué confiabilidad pueden generar las propuestas actuales de un funcionario que no sólo no cumple con lo que ofrece, sino que no aclara porqué no lo hizo?
La plataforma municipal de la coalición FMLN-MU-CD
La propuesta municipal con la que Héctor Silva pretende ser elegido alcade es mucho más sencilla que la arriba expuesta. Se mencionan en ella, de manera breve, unas pretensiones de ciudad que, curiosamente, en nada difieren con las de ARENA. A este ideal se le denomina "la ciudad en positivo". Posteriormente, se señalan algunos de los pasos necesarios para lograr esa positiva ciudad que tendría que ser "segura, con iluminación, vigilancia, programas para jóvenes y culturales que posibiliten la disminución de la violencia; económicamente próspera, recuperando el centro urbano, solucionando el tráfico, descentralizando la gestión municipal y desarollando proyectos conjuntos con el sector privado; saludable, manteniendo verdes los cerros y colinas que rodean la ciudad, convirtiendo la basura en una fuente de ingresos a través del reciclaje y ofrecer servicios básicos a los barrios populares; agradable, que permita el merecido descanso, con parques y áreas recreacionales, con programas masivos de arte y deporte". Se propone, además, una nueva forma de gobernar cuyas características sean "la participación, el liderazgo, la administración transparente, sostenible y solidaria"
Todas estas propuestas pueden ser llamativas y viables, pero la plataforma de Silva deja irresuelta la incertidumbre con respecto a cómo enfrentará al ejecutivo en caso de ganar la alcaldía.
De cualquier modo, todo parece indicar que los capitalinos pueden esperar dos tipos de alcaldía: una de dudosa confiabilidad por su mal desempeño en la anterior administración y otra que puede tener buenas intenciones, pero pocas probabilidades reales de llevarlas a cabo. Esperemos que el futuro alcalde, cualquiera que sea, sepa cumplir seriamente con las responsabilidades que le corresponden.
La privatización es uno de los pivotes centrales de la estrategia económica del gobierno salvadoreño, cuyo éxito en el manejo de la economía depende directamente del grado de libertad y apertura económica alcanzado. La privatización se presenta, así, como una forma de lograr mayor apertura al capital extranjero, actualmente el más dinámico y con mayor capacidad de inversión, y en esa medida se presenta también como un mecanismo ineludible para promover el desarrollo.
La próxima iniciativa contemplada por el gobierno dentro del proceso de privatización es la venta de las distribuidoras de energía eléctrica, actualmente en manos del Estado, y que en su conjunto abastecen a un total aproximado de 600,000 abonados en todo el país.
Pese a que en el pasado funcionarios gubernamentales desmintieron una y otra vez la posibilidad de privatizar el servicio de energía eléctrica, la realidad es que este proceso será uno de los principales puntos de la agenda de la Comisión Presidencial para la Modernización del Sector Público.
La privatización de la distribución de energía eléctrica da pie a importantes preguntas en torno a las posibles consecuencias de este proceso sobre las condiciones de vida de la población y sobre la capacidad de generar crecimiento con capitales nacionales. En principio, la privatización aparece como una forma de atraer capitales extranjeros al país y, de esa forma, paliar el déficit de recursos de inversión que caracteriza al mismo. Algunos efectos del posible incremento de la inversión privada, la producción y empleo en el sector electricidad serían incrementos de las tarifas y mayores presiones sobre la economía familiar de los abonados. En las siguientes líneas se busca hacer una aproximación de las principales implicaciones de la privatización del servicio de energía eléctrica, haciendo énfasis en sus posibles aportes para la búsqueda del desarrollo con equidad y la protección ambiental. La intención es sugerir que la privatización de los servicios básicos -aún y cuando puedan incrementar la eficiencia económica del Estado- contradice los principios de búsqueda del bien común.
De acuerdo a versiones periodísticas, la privatización de cuatro distribuidoras de electricidad será efectuada en el próximo mes de julio. De acuerdo al Gerente de una de estas empresas -la Empresa Eléctrica de Oriente- actualmente se realizan los trabajos de evaluación de activos, rentabilidad y operatividad de las empresas, para luego determinar un precio para cada una de ellas. De acuerdo a las mismas fuentes, esta versión habría sido confirmada por el comisionado presidencial para la modernización del estado.
Una de las implicaciones más obvias de la privatización de la distribución de energía eléctrica es un incremento de las tarifas de este servicio. Lo anterior inclusive se confirmaría en base a los estudios de rentabilidad realizados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en base a los cuales se recomendó a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) incrementos anuales de las tarifas para hacer frente a las obligaciones financieras contraídas con el mismo BID. Es en este contexto que se han experimentado alzas en las tarifas de energía eléctrica que, para 1994, alcanzaron el 30%; para 1995, el 25%; y, para 1996, el 16%. El incremento acumulado fue de 88.5%. Una vez en manos privadas las tarifas serán fijadas según criterios de obtención de niveles de rentabilidad hasta ahora nunca obtenidos en las empresas distribuidoras por privatizar.
La evidencia histórica muestra que la privatización de los servicios básicos en realidad no provocan mejorías en las condiciones de vida de los sectores más desfavorecidos, sino más bien las empeoran. El paradigmático caso de Chile muestra, por ejemplo, que las alzas tarifarias incluso han provocado endeudamientos de grupos familiares con las empresas distribuidoras.
Otras implicaciones de la privatización del servicio eléctrico derivarán de la venta o autorización de empresas de generación. Ello puede conllevar efectos negativos sobre la calidad del medio ambiente, que vendrían a sumarse a los ya registrados hasta ahora. Aunque formalmente aún no se inicia la privatización de la generación eléctrica, desde hace algunos años se autorizó ya el funcionamiento de la primera planta de generación eléctrica con capital extranjero y la cual ha privilegiado la generación en base a medios térmicos; es decir, utilizando derivados del petróleo. Esta práctica conlleva efectos negativos para la calidad del ambiente, pues es una fuente de emisión de gases de efecto invernadero. De acuerdo al Acuerdo Marco sobre Cambio Climático adoptado en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, la emisión de estos gases deberá reducirse a los niveles de 1990 para el año 2000 mediante la adopción de tecnologías apropiadas, que -en el caso del sector eléctrico- contemplarían proyectos de generación por medios hidráulicos, geotérmicos y eólicos, entre otros.
En el caso de El Salvador y de la mayoría de países subdesarrollados, los proyectos de generación eléctrica, incluso los considerados limpios, han conducido a un marcado deterioro de los recursos naturales y del medio ambiente (inmersión de tierras productivas, presiones demográficas sobre otras zonas, derrames de combustibles y/o desechos de plantas geotérmicas, etc.). Así aún y cuando los proyectos de generación eléctrica respetaran el Acuerdo Marco sobre Cambio Climático persistirían algunos efectos negativos sobre el medio ambiente, especialmente si se considera que la principal tendencia en la generación de la energía eléctrica ha sido la utilización de los medios térmicos.
No puede negarse que la privatización del servicio de energía eléctrica podría tener efectos positivos -aunque indirectos- sobre la producción del sector eléctrico y el empleo e ingresos de la población que se inserte en este sector económico. Asimismo, podrían suscitarse importantes avances en materia tecnológica y de capacitación de recursos humanos. Sin embargo, como contrapartida, se vislumbran algunas dinámicas que, aunque no son nuevas, no son deseables para la búsqueda del desarrollo sostenible y pueden llegar a poner trabas y cuestionar las posibles bondades de la venta del sector electricidad al sector privado.
La privatización de la distribución de energía eléctrica supondrá un mayor deterioro de las condiciones de vida de la población de bajos ingresos pues implicará un incremento de los gastos de vivienda y, además, una aceleración del proceso inflacionario, lo cual ya se ha evidenciado en el pasado con ocasión de incrementos tarifarios. El inicio de la privatización de la distribución eléctrica supone que en un futuro cercano también se promoverá la privatización de la generación, lo cual -de mantenerse las condiciones y tendencias actuales- implicaría una prolongación de la ya insostenible dinámica de deterioro ambiental.
La privatización del servicio de energía eléctrica abrirá mayores espacios de acumulación para el capital transnacional, y podría tener efectos positivos sobre la producción y el empleo de parte de la fuerza laboral. Lamentablemente, al mismo tiempo estos beneficios serán obtenidos a costa de 600,000 abonados y sus familias, que experimentarán un cremento en el costo de vida. Así pues, la privatización de los servicios básicos en general probablemente pueda volver más eficiente el funcionamiento del Estado y satisfacer las necesidades del capital transnacional, pero al mismo tiempo puede convertirse en una negación de la función social del Estado y de su papel como promotor del desarrollo sostenible.
OPINION PUBLICA
Si algo han dejado en claro las encuestas de opinión pública realizadas en el transcurso de esta campaña electoral es que, por primera vez en mucho tiempo, no está claro cuál puede ser el resultado de las elecciones de 1997. Esto es válido no sólo en términos de los posibles ganadores de las elecciones sino que también en términos de participación electoral ciudadana. Ciertamente, las investigaciones del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) han demostrado la creciente falta de confianza y credibilidad de la población en el sistema político y en sus instituciones - escepticismo que ha llegado a su nivel más bajo en la historia contemporánea salvadoreña - , de tal manera que las elecciones en cuestión deberán desarrollarse sobre un ambiente de poca confianza incluso acrecentada por la manera en que ésta se ha desarrollado. Sin embargo y de manera peculiar, este proceso electoral ha estimulado cierto nivel de interés por parte de la población, una actitud que, en el pasado y sobre todo en las elecciones de 1994, siempre estuvo vinculada a la confianza en el proceso. En el presente, los salvadoreños muestran un interés y curiosidad por el proceso que no es del todo coherente con su nivel de confianza respecto de la transparencia y utilidad de los comicios. Los sondeos de opinión pública sugieren que la causa de esto se puede encontrar en la percepción misma que tiene la población sobre el resultado de las elecciones. A diferencia de los sufragios de 1994 y 1991, los salvadoreños no pueden prever o adelantar con facilidad quién será el ganador de las elecciones. En el pasado, para muchos salvadoreños estaba claro el vencedor de las elecciones por efecto de las encuestas de opinión pública y por las demostraciones de fuerza del partido gobernante; ello provocaba entre otras cosas que, ya sea por consentimiento tácito o por sentimiento de impotencia para cambiar las cosas, muchos electores decidieran no asistir a votar.
Las campañas en el pasado se asemejan a un partido de fútbol en el cual de antemano se sabe que un equipo es lo más cercano a un "equipo de ensueño" y el otro equipo, sin ser malo, no podía ser comparable al nivel del primero; a este tipo de partidos asisten sólo los fanáticos de cada uno de los equipos y algunos que disfrutan del juego por sí mismo, pero muchos otros - los aficionados casuales - se quedan en casa para ver el partido por televisión porque están seguros que su presencia no tendrá efecto en los resultados del evento. La presente campaña, por el contrario, se parece más a un partido en el cual los dos equipos se plantean con iguales niveles de capacidad técnica - aunque uno tenga más recursos y un atractivo grupo de porristas - y el partido definitorio se plantea muy interesante; a esta contienda, entonces, asisten muchos más aficionados que, a pesar de las dudas que mantienen sobre el cuerpo arbitral, están seguros que disfrutarán de un buen espectáculo y que piensan que su asistencia en las graderías puede tener efecto en los resultados a favor de un equipo u otro.
Así, lo que está sucediendo en la campaña electoral salvadoreña tiene divididos los pensamientos de muchos electores. Por un lado, los votantes no terminan de encontrar las garantías suficientes de que éste, a diferencia de los anteriores, sea un proceso transparente y en el cual se respetarán a cabalidad las reglas del juego - de hecho, a juzgar por los sucesos en la campaña, mucha gente ha visto reforzada su hipótesis sobre la falta de ética en el proceso - ; pero además, muchos ciudadanos no están convencidos de que estos sufragios vayan a significar un cambio en el quehacer político a favor del mejoramiento del país o que vayan a ser útiles para la construcción de una sociedad menos caótica. Sin embargo, por el otro lado, muchos de estos ciudadanos también perciben que ahora, más que nunca, sí existe la posibilidad de influir en los resultados electorales a partir de la propia participación y tienen la presunción - una idea no tan clara - de que dicho cambio podría significar una oportunidad de modificar el rumbo del país; de tal manera que han seguido con interés inusual la manera en que cada partido ha tratado de vender su proyecto político. En el fondo, muchos salvadoreños están debatiendo intensamente si asistir a votar o no con sus sentimientos encontrados de duda, escepticismo, esperanza, curiosidad e interés.
Paradójicamente, la campaña electoral desarrollada por los partidos políticos y por el Tribunal Supremo Electoral no ha servido para resolver ese dilema del público. Por el contrario, las estrategias electorales para invitar a la gente a participar parecen haber servido sólo para incrementar los sentimientos ambivalentes. Por un lado, la campaña ha demostrado a muchos ciudadanos lo lejos que está aún la clase política salvadoreña de llegar a la contienda "sin clavos en sus botines" o sin intentar "comprar al árbitro"; ello sólo ha reforzado la desconfianza popular en ellos. Pero por otra parte, la dinámica desesperada por inclinar una balanza oscilante hacia el propio lado, ha confirmado lo cerrado de la contienda y ha hecho que algunos ciudadanos sigan con interés la contienda electoral con todo y sus golpes bajos y su ausencia de propuestas.
La campaña electoral ha creado, además, una imagen de la realidad distinta a la que ha predominado en los últimos años: con todo y el descrédito de la política, los estrategas han logrado que los salvadoreños estén hablando de política y no de delincuencia o economía; y en esto, los políticos han logrado finalmente imponer su agenda - algo que no hicieron en estos tres años - sobre la agenda de los medios, los cuales se han olvidado parcialmente de la agenda de la población.
Sólo el día de las elecciones podrá saberse con cierto nivel de certeza lo que pudo más en la mente de los electores salvadoreños: la campaña propagandística con su falta de propuestas y su guerra sucia, la desconfianza en un sistema que no parece ya legítimo o el renovado interés por reivindicar un proyecto
DERECHOS HUMANOS
Antes de iniciar la contienda electoral que culminará con la jornada del domingo 16 y la presentación pública de sus resultados, seguramente algunas personas --por no estar bien informadas, de buena fe, por desconocer la realidad del país, con la clara intención de engañar o quizás por ingenuidad-- se aventuraron a sostener que estos comicios serían cualitativamente superiores a todos los anteriores. Pero una vez se dio la "señal de salida" para el desarrollo de esta "competencia", comenzaron a surgir las actitudes negativas de siempre que sólo han contribuido a fomentar el desencanto entre una población huérfana de motivos para considerar que este país de ahora es distinto al de hace cinco o diez años.
Y es que sí se acabaron los enfrentamientos armados entre los ejércitos gubernamental y guerrillero; incluso, este último desapareció. También se redujeron, sin llegar a desaparecer del todo, algunas violaciones a ciertos derechos humanos originadas por motivos políticos. Lo anterior es algo positivo y nadie debería ponerlo en duda; pero, fuera de eso, desde la perspectiva amplia e integral de ese marco normativo y de principios que son los derechos fundamentales del ser humano, ¿qué ha cambiado para las y los salvadoreños? Además, con todo lo sucedido desde el 16 de enero de 1992 hasta la fecha, ¿quién puede asegurar con certeza que existen bases sólidas para garantizar la irreversibilidad de esos importantes pero muy escasos progresos?
A menos que el Foro de Concertación Económica y Social se considere un éxito, con los acuerdos de paz no se logró nada para mejorar la situación de la población mayoritaria en lo relativo a estas materias. Por el contrario, parece que el panorama ha empeorado. El gran objetivo de ese espacio era generar "acuerdos tendientes al desarrollo económico y social del país, en beneficio de todos sus habitantes".
Pero, lógicamente, eso no se consiguió porque realmente esta instancia "funcionó" durante un corto tiempo y lo hizo de manera muy irregular, debido a las características de los tres sectores que lo integraron: el gubernamental, más interesado en manejar a su favor el cumplimiento de otros compromisos en lo político y judicial; el laboral, sin mayor representatividad de las y los trabajadores; y el empresarial, ausente durante buena parte de la efímera "existencia" del Foro, pues no tenía nada frente a sí que lo obligase a permanecer sentado en la mesa para negociar de verdad.
Además, adolecía de una grave falla de origen: en "términos generales", se diseñó como el mecanismo para concertar medidas destinadas a aliviar "el costo social del programa de ajuste estructural". Dicho en otras palabras: el Foro debía buscar la manera de hacer menos doloroso el impacto negativo entre los sectores más desfavorecidos de la sociedad, al impulsarse las políticas propias de ese programa. Políticas que --como afirmó Javier Pérez de Cuéllar en un documento oficial de las Naciones Unidas publicado con fecha 14 de junio de 1990-- "han empeorado la situación de los pobres".
Para precisar aún más las consecuencias de la aplicación del ajuste estructural a partir de la experiencia en otros países, el entonces secretario general del organismo sostuvo: "Los sueldos han bajado, el acceso a la sanidad y la educación se ha visto reducido, y en algunos países el declive de la mortalidad infantil ha sido más lento e incluso se ha paralizado por completo". Así las cosas, es muy atrevido afirmar que han habido mejoras sustanciales en lo que toca a la situación de los derechos económicos, sociales y culturales en el país, cuya violación estructural fue una de las causas principales que nos llevaron a la guerra.
Veamos otros aspectos que nos interesan para la reflexión: el de la vida, la integridad física y la seguridad de las personas. En otras ocasiones nos hemos referido a la información de la Fiscalía General de la República sobre la cantidad de homicidios que ocurrieron en 1994 y 1995: un promedio anual de 8 mil. Y 1996 no fue la excepción: la institución estatal registró 8 mil 47 hechos de este tipo. Además, contabilizó 14 mil 352 personas lesionadas. En total, pues, fueron más de 22 las víctimas mortales por día durante el año anterior: casi una por hora. Según el Instituto de Medicina Legal, la principal causa de muerte fue el disparo con arma de fuego.
A lo anterior deben agregarse las personas amenazadas de cualquier forma y por cualquier motivo. No en balde, el Banco Interamericano de Desarrollo recientemente público un estudio donde El Salvador aparece como el país de América Latina con los índices más elevados de criminalidad y muerte, muy por encima de Colombia y Brasil que resultan ubicados en los siguientes lugares de tan deshonrosa clasificación, dentro una región que el mismo organismo internacional considera la más violenta del mundo.
Dentro de todo ese panorama, no debe quedar fuera la información que nos brinda la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). A lo largo de 1996, la institución del Estado con mayor credibilidad entre la población recibió 12 mil 810 denuncias y admitió 3 mil 135 de ellas; de ese cúmulo se deriva la presunta consumación de 5 mil 146 hechos violatorios. El resumen de los datos consolidados en relación a los hechos violatorios registrados por la Procuraduría, es el siguiente: mil 181 tienen que ver con el derecho a la integridad personal, 880 con el derecho a la libertad personal, 810 con el derecho a un debido proceso judicial, 686 con el derecho a un debido proceso administrativo, 444 con el derecho a la seguridad y privacidad, 264 con el derecho al trabajo y 248 con el derecho a la vida. El resto --633 actos violatorios-- se refieren a otro tipo de derechos.
Esas cifras objetivas proporcionadas por la PDDH nos ilustran en torno a lo que está sucediendo en nuestro país a estas alturas, después de tantos esfuerzos y recursos materiales invertidos en él. La situación se vuelve más preocupante al observar el detalle de las denuncias sobre las presuntas responsabilidades en los hechos violatorios registrados: contra la Policía Nacional Civil (PNC) hay 2 mil 625 denuncias, 896 contra el Órgano Judicial, 396 contra otras dependencias del Órgano Ejecutivo, 320 contra gobiernos locales (alcaldías) y 282 contra otras autoridades.
De esta manera --además de encontrarnos todavía muy lejos de alcanzar niveles aceptables en materia de seguridad económica y social para toda la población-- ni siquiera es posible hablar de un respeto irrrestricto al llamado "nucleo duro" de los derechos humanos, pese a que era uno de los cuatro componentes constitutivos del "propósito" que se planteó cumplir con el proceso inciado hace siete años en Ginebra. Le pese a quien le pese, acá se siguen violando derechos y libertades fundamentales que le impiden a las y los salvadoreños vivir tranquilos, sin que exista una institucionalidad del Estado capaz de enfrentar esa realidad para superarla.
Pero, no obstante, siempre habrá alguien diciendo que estamos mejor porque atrás del actual panorama de violencia no existen motivaciones políticas o que éstas se han reducido. Pobre consuelo. Antes, cualquier responsable de un delito común podía cubrirse presentándolo como un hecho político, realizado en el marco de una espiral incontrolable de guerra y represión. Ahora, en medio de la inseguridad y el temor general, cualquier hecho motivado políticamente se atribuye a la "violencia delincuencial" y tampoco se investiga.
De cara a esa situación, ahora que está por finalizar otro evento electoral no logramos descubrir dentro de él --lamentablemente-- indicadores mínimos para sostener con absoluta certeza que estamos ante la posibilidad real de modificar radicalmente todo lo anterior. Puede ser que, durante la campaña, se hayan enunciado en algún momento los graves problemas que afectan a la mayor parte de la población, pero no conocimos ofertas verdaderamente serias para solucionarlos. En el mejor de los casos, quizás hubieron algunas propuestas pero muy superficiales; más bien, lo que se observó a nivel general fue una "venta de mercado" saturada por la demagogia y los intentos sucios para descalificar al adversario.
Dentro de todo eso destaca por lo negativa y totalmente condenable desde nuestra perspectiva institucional, la manipulación de muchas de las víctimas mortales producidas durante los años ochenta. Dicho tratamiento irrespetuoso fue realizado por el grupo político que conducen tres cabecillas de la ex guerrilla quienes, sin ninguna solvencia moral fuera de la que ellos mismos se adjudican, pretenden para sí un dudoso mérito: "haber calentado la campaña electoral que se encontraba muy fría", con lo cual --afirman-- despertaron el interés de la ciudadanía para lograr su participación en los comicios. Eso no es raro: antes también intentaron justificar de cualquier manera sus acciones poco éticas, como el cobro de un rescate millonario realizado a una poderosa familia pese a que ya había muerto la persona secuestrada, cuyo cadáver no devolvieron.
Que quede muy claro: no estamos desaprobando sólo los asesinatos, las desapariciones forzadas y otros crímenes de "lesa humanidad" realizados por un bando; tampoco pretendemos disculpar los del lado contrario. Para nuestra institución son igualmente censurables unos y otros: tanto los cometidos por los aparatos estatales de manera abierta o clandestina, como aquellos cuya responsabilidad recae directamente en las fuerzas insurgentes, independientemente de la fracción que los haya realizado. Cuando condenamos las "revelaciones" hechas por los ahora "dirigentes demócratas" --entre ellos alguien que llegó a ser conocido como el "Baby face" o el "Pol Pot" de la guerrilla salvadoreña-- no lo hacemos pensando en ninguno de los grupos que optaron por la violencia desde cualquier signo, sino en sus víctimas.
Esos tipos al "descubrir su verdad" lo único que consiguieron fue volver a irrespetar a las personas que más sufrieron por la represión oficial, la violencia guerrillera y los combates militares. Y eso es posible porque, tras haber asesinado y desaparecido, todos los responsables de los crímenes se "liberaron cómodamente de sus culpas" entre sí, al aprobar el 20 de marzo de 1993 una repudiable amnistía o al dejar que eso se hiciera sin presentar una oposición realmente seria. ¡Qué bien! Así se evitó llegar al fondo de las cosas para establecer la verdad y hacer justicia, mediante la reparación moral y material del daño ocasionado.
Debido a eso --independientemente de los "ideales" que diga defender, sin vergüenza alguna-- ahora cualquiera puede, pensando en su propio interés o el de un grupo determinado, intentar conseguir votos o ganar dinero mediante la explotación de un pasado doloroso dentro del cual tuvo algún grado de responsabilidad directa o indirecta, mayor o menor. Para no permitir que eso siga sucediendo, es necesario que la sociedad entera se decida a encarar con valor esa dura historia reciente que quisieron "resolver" y superar sus mismos responsables, sin tomar en cuenta a las víctimas, mediante la legalización de la impunidad. Por eso, quieran reconocerlo o no, El Salvador sigue siendo explosivo.
Fuera de algunos intentos sinceros por debatir seriamente, esta contienda electoral --en su conjunto-- deberá ser recordada sobre todo por sus aspectos negativos: falta de contenidos, irrespeto a las legalidad establecida previamente, trampas, ataques sucios, mentiras, manipulación de la verdad y acciones que produjeron la muerte de algunos militantes opositores. Y aquellos que, dentro o fuera del país, andan muy ufanos presentando al nuestro como un lugar donde realmente han mejorado los niveles de respeto a los derechos y las libertades políticas, deben tener mucho cuidado. Así como están las cosas, pueden quedar muy mal; principalmente porque el ambiente se ha "calentado" de verdad y sus consecuencias violentas pueden incrementarse a partir del 16 de marzo.
Uno de nuestros mayores deseos es el de estar equivocados en todo este intento de "diagnóstico" alrededor de un proceso que, desde que inició, generó muchas expectativas. Honestamente, nos encantaría decir que vamos por buen camino; que las cosas marchan bien y que se están realizando las aspiraciones de tantas personas que entregaron su vida por llegar a tener un país distinto. Sin embargo, debido a que nuestra responsabilidad más importante es la de analizar con la mayor objetividad posible la situación de los derechos humanos, consideramos que el afamado proceso desarrollado en El Salvador desde que se iniciaron las negociaciones en 1990 se está convirtiendo en un fraude. Y en gran medida, salvo honrosas excepciones, son responsables de ello quienes ahora se disputan el poder político en unas urnas que todavía no alcanzan a ser el símbolo de una verdadera democracia.
DOCUMENTO
Presentamos el texto del documento del IDHUCA "Pensando en los derechos humanos: ¿por quién votar?", cuyo propósito es esbozar un perfil de los diputadas y diputados para la próxima Asamblea Legislativa.
Pensando en los derechos humanos:
¿por quién votar?
Desde los derechos humanos, el perfil de las diputadas y los diputados para la próxima Asamblea Legislativa es:
I. COMPROMETIDO: con esta causa, porque en El Salvador de postguerra la situación de los derechos humanos sigue siendo muy grave.
II. CONSCIENTE: de que no es un asunto de "izquierdas" o "derechas", sino uno de los principales temas de la agenda nacional y la base para una verdadera democracia.
III. POSITIVO: para legislar con la actitud de unir, sumar y avanzar en beneficio de los derechos humanos de todas y todos.
IV. SENSIBLE: para anticiparse y prevenir cualquier situación de irrespeto a los derechos humanos o --si llega a darse-- contribuir activamente a solucionarla.
V. CONOCEDOR: tanto de la dura experiencia que vivió el país, como de la teoría y la doctrina de los derechos humanos en toda su amplitud.
VI. RESPONSABLE: para incorporar en todas las leyes el componente de derechos humanos que éstas deben tener, garantizando siempre el respeto a la Constitución.
VII. COHERENTE: para armonizar toda la legislación nacional y ésta con los tratados internacionales, y así tener los recursos adecuados para promover y proteger los derechos humanos.
VIII. CONSECUENTE: como representante de un pueblo que está en favor de la vida, la libertad, la justicia y la paz.
IX. LEAL: con los votantes que lo eligieron por pertenecer a un determinado partido y que esperan siga en él para el cumplimiento de las promesas de campaña.
X. INDEPENDIENTE: para decidir conscientemente, pensando siempre en los derechos humanos por encima de cualquier presión o interés particular.
Este perfil es el DECÁLOGO o los DIEZ MANDAMIENTOS que deben hacer suyos quienes aspiran a ser representantes del pueblo. Dependerá de cada salvadoreña y salvadoreño con derecho al voto, que la próxima Asamblea Legislativa tenga la calidad que nuestra Patria necesita y merece. Nosotras y nosotros debemos "medir con esta vara" a las candidatas y candidatos para elegir bien y vivir en una sociedad donde se respeten los derechos humanos.
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