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© 1997 UCA Editores
Año 17
número 752
abril 9
1997
ISSN 0259-9864
El escenario legislativo tras el 16 de marzo
Los partidos políticos ante las elecciones presidenciales de 1999
Las tendencias inflacionarias en el primer trimestre de 1997
Incierta situación de la SEMA y deterioro ecológico
A propósito de las elecciones infantiles y los reporteritos
Las maquilas, de nuevo (I)
Las recién pasadas elecciones dejaron muchas sorpresas. Ahora que ya se han hecho públicos los resultados definitivos del evento electoral, es presumible que la nueva recomposición de la Asamblea Legislativa impondrá, como regla para alcanzar acuerdos, la negociación y el pacto entre los partidos con presencia en el parlamento. En esta dinámica política, el Partido de Conciliación Nacional (PCN) está llamado a jugar un papel relevante en un contexto en el cual lo característico es el equilibrio de fuerzas establecido entre ARENA y el FMLN. No es que los demás partidos minoritarios no tengan nada que decir en el nuevo escenario legislativo, sino más bien que cada uno de ellos por separado no cuenta con los 11 votos que posee el PCN y que lo convierten en el partido que puede inclinar las decisiones legislativas hacia el lado de uno de los partidos mayoritarios.
En el supuesto de que el PDC va a apoyar, con sus 7 diputados, las iniciativas de ARENA, el único mecanismo con el que cuentan los partidos pequeños para contrarrestar mínimamente el peso del PCN es la conformación de una alianza que les permita sumar en bloque los votos de cada uno de ellos, con lo cual alcanzarían 8 votos que les servirían para negociar una mayoría simple con ARENA-PDC, en el caso de que el PCN no estuviera dispuesto a ello. Sin embargo, esos 8 votos le serían insuficientes para negociar una mayoría simple con el FMLN, para lo cual el apoyo del PCN se volvería necesario. Más aún, el partido de izquierda no podría prescindir del respaldo pecenista aunque el supuesto que señalamos arriba fuese descartado, es decir, si el PDC en bloque o parte de sus diputados se distanciaran de ARENA y se mostraran dispuestos a respaldar algunas iniciativas del FMLN o incluso a sumarse a la hipotética alianza de los partidos minoritarios. Si, en el mejor de los casos, todos los diputados del PDC se integraran al bloque de centro o todos respaldaran las iniciativas del FMLN apenas alcanzarían en conjunto 42 votos, uno menos de los necesarios para la mayoría simple. Por supuesto que obtener un voto del PCN puede resultar mucho más fácil para el FMLN que obtener de ese mismo partido los 8 votos que serían necesarios si el PDC en su conjunto se plegara a ARENA. De aquí que, si se descarta esta última posibilidad, los votos que el partido de izquierda tendrá que negociar con el PCN dependerán de los diputados del PDC que decidan respaldar tanto al hipotético centro político como al FMLN.
Como quiera que sea, el PCN se perfila como el instituto político que será decisivo en el quehacer parlamentario de los próximos años. Para ARENA será todo un desafío y una necesidad ineludible buscar el respaldo de un partido que pretende erigirse como una alternativa política de derecha. Si esta pretensión es tan seria como parece, ARENA se verá en dificultades para plegar a sus intereses a un partido que ha integrado a sus filas a ex líderes areneros, cuyos desacuerdos con la conducción gubernamental han sido proclamados públicamente y sin reparos. Adicionalmente, a ARENA se le podría complicar más la situación si se produce una ruptura en las filas demócratacristianas, cosa probable dados los antecedentes del partido, el desastroso desempeño electoral del mismo y los intereses contrapuestos de muchos de sus dirigentes actuales. La inseguridad en los votos de algunos de los diputados del PDC y el reto que supondrán las negociaciones con el PCN son, sin duda alguna, dos de los grandes dolores de cabeza de los asesores e ideólogos de ARENA.
El FMLN, con sus 27 diputados, posee una cuota de poder legislativo insuficiente para hacer avanzar iniciativas que de suyo son impostergables para el país. Tiene que sumar, ya sea en forma individual o en bloque, los votos de los partidos de centro, pero también tiene que sumar los posibles votos del PDC y los necesarios votos del PCN. En cada uno de esos escenarios tiene que dar muestras de una habilidad negociadora particular, cuidándose de cualquier pretensión hegemonista como las que le han caracterizado en el pasado reciente. Posiblemente, le será más fácil hacer respaldar sus iniciativas con los votos de los partidos de centro si estos no establecen un bloque de centro unitario, pues de sentirse éstos con más poder de negociación, al estar aglutinados, quizás no van a resistir la tentación de lanzar iniciativas propias o de presionar para sacarlas adelante con el fin de alcanzar un protagonismo que termine fortaleciendo a uno de los integrantes de la alianza partidaria. Con todo, es con los diputados del PDC y el PCN con quienes tendrá mayores dificultades el FMLN, tanto por razones ideológicas como por razones de protagonismo político. Tiene que demostrarles que su afán no es imponerles su proyecto o acabarlos como rivales, sino colaborar con ellos, pedir su apoyo y respaldo teniendo como objetivo prioritario el bien del país.
Por su parte, los partidos centro, en las condiciones más favorables, podrán gozar de una importante presencia en el parlamento. La misma, no tiene porqué estar mediatizada por una unidad que les permita actuar como un solo bloque partidario. Ciertamente, ello les daría más coherencia y más capacidad de negociación en vistas a hacer que sus iniciativas no sean descartadas a priori; empero, el peligro de que uno de los miembros de la alianza pretenda catapultarse políticamente o catapultar a determinado partido en detrimento de los demás son peligros reales a los que conviene estar atentos.
Como han quedado las cosas después del 16 de marzo, una gran responsabilidad ha quedado sobre las espaldas de los partidos políticos y sus diputados electos para el parlamento. Es una buena oportunidad para que demuestren su compromiso con la instauración democrática; vale decir, para que demuestren que la corrupción y la deshonestidad ya no tendrán cabida en el quehacer político nacional. Partidos como el PCN estarán en la mira de la crítica ciudadana, cuya determinación de no avalar la incompetencia política ya se puso de manifiesto; el PDC tiene mucho camino que recorrer para limpiar su imagen de partido subalterno de ARENA; y el FMLN tiene que demostrar que no sólo es un partido de oposición, sino un partido capaz de hacer gobierno.
Bastante se ha dicho ya respecto a los resultados electorales y a sus consecuencias en la configuración del panorama político nacional. Sabemos que las modificaciones que en él produjo el proceso electoral reclaman una doble interpretación: por un lado, deben entenderse como el síntoma de la insatisfacción de la sociedad salvadoreña con el partido oficial
-fenómeno harto discutido y analizado- y, por otro, deben asumirse como la posibilidad de establecer una plataforma que abra a los partidos políticos salvadoreños la oportunidad de renovar su desempeño y contrarrestar su tan desprestigiada imagen.
Así pues, son las expectativas suscitadas por los cambios en el panorama político lo que ocupa ahora gran parte de la atención nacional en materia política. La pregunta abierta, planteada ya en distintas oportunidades es la siguiente: ¿qué cabe esperar del desempeño de la clase política, tras las modificaciones en el escenario político que los resultados electorales trajeron consigo? En función de esa interrogante ha salido a relucir la necesidad de un replanteamiento general del quehacer político en El Salvador. Ante un país que ha demostrado una mayor capacidad de asumir la democracia, los políticos salvadoreños están obligados a reformular sus tradicionales prácticas; es decir, tienen el compromiso de renovar su forma de concebir y hacer política, so pena de caer en desprestigio irreparable y recibir el castigo del electorado en comicios venideros.
Esa nueva forma de hacer y de concebir la política se podrá concretar únicamente en la medida en que los partidos sean capaces de basar en el consenso la toma de decisiones que regirán los destinos del país. El quehacer político debe entonces regirse, indefectiblemente, por la negociación.
Por último, la labor de la clase política debe priorizar, antes que cualquier otra cosa, los problemas del país. Que los políticos centraran nuevamente la mayor parte de sus esfuerzos en responder a sus propias necesidades, al margen de la problemática nacional, sería, además de vergonzoso, un suicidio político a estas alturas del desarrollo democrático salvadoreño.
Una nueva actitud en la clase política, que posibilite y favorezca el consenso, sólo tendrá sentido si las decisiones consensuadas que se consigan a través suyo favorecen a la mayor parte de la población.
Dicho la anterior, queda un esbozo de lo que son las expectativas frente a las instituciones políticas en el marco de la actual coyuntura. Pero surge una nueva interrogante: ¿en qué medida interviene en el futuro desempeño de tales instituciones la cercanía de las elecciones presidenciales de 1999? En un primer momento, podría pensarse que la totalidad de los partidos que participaron con éxito en las elecciones del 16 de marzo advierten con claridad la relación entre el proceso electoral recién pasado y las próximas elecciones presidenciales. Sin embargo, al examinar este punto un poco mas de cerca, puede advertirse que los partidos más bien parecen no estar aún totalmente preparados para enfrentar la doble responsabilidad de la que tendrán que hacerse cargo una vez se posicionen en los puestos asignados: por un lado, está la obligación de proceder del modo más coherente posible con las expectativas que los resultados electorales trajeron consigo; y, por otro, la de preparar estrategias que les permitan ofrecer alternativas atractivas para el electorado en las elecciones de 1999. Lo ideal sería, sin duda, que lograran fusionar ambos aspectos, sin permitir que un interés predomine sobre el otro.
Los dirigentes de ARENA han dado a conocer recientemente la estrategia electoral, diseñada en función de las futuras elecciones presidenciales, a la que denominaron "Plan 24 meses". Tal y como están las cosas, es comprensible que el partido oficial se esté preparando con todas sus energías para la planeación del triunfo en el 99. Que en esas elecciones pretendan recuperar la posición de "primera fuerza política del país" que con tanto orgullo habían proclamado, y que atiendan desde ahora los preparativos necesarios para lograrlo, resulta obvio. El peligro está en que ARENA decida invertir la mayor parte de sus esfuerzos de los próximos dos años en emprender una campaña prematura que le garantice el triunfo en los próximos comicios -triunfo que le permitiría levantar su prestigio frente a sus correligionarios y demostrar a la oposición que puede continuar invicto en el poder-, pues correría el riesgo de dejar a un lado cualquier compromiso, por mínimo que sea, con los problemas del país. Ello, por supuesto, restaría legitimidad a cualquier "plan" electoral, por más bien pensado que el mismo esté y por más recursos y rigor que se inviertan para formularlo y llevarlo a cabo.
Por su parte, el FMLN también corre riesgos importantes. En primer lugar, no hay que olvidar que, como partido, está estrenando una cuota de poder que, además de ser nueva, es sorpresiva. Habrá que ver cuanto tiempo será necesario esperar para que el principal partido de oposición se familiarice y logre insertarse de lleno a la dinámica de la democracia. Después de tanta celebración y agradecimiento por el "triunfo", es conveniente que el FMLN empiece a pensar en cómo va a responder no sólo ante sus electores, sino también ante quienes ahora ven en el nuevo panorama político una posibilidad real para que el país mejore.
De mostrarse capaces de mantener el poder y de hacerlo efectivo y traducible en medidas que favorezcan a los sectores populares, el FMLN se convertiría en una opción muy fuerte para las elecciones presidenciales de 1999. De no lograrlo, el partido vería seriamente perjudicadas sus pretensiones de alcanzar la codiciada posición de "primera fuerza política" del país. La cuota de poder que el FMLN detentará a partir del primero de mayo es, pues, un arma de doble filo que bien podría catapultarlo hacia el éxito en los comicios presidenciales, o mantenerlo indefinidamente en la oposición. Es por esto que dicho partido debe aprender a moverse entre la determinación y la cautela; la primera le permitirá probar su poder, su capacidad propositiva y su voluntad política para cumplir sus promesas; la segunda le será imprescindible si quiere cuidarse de acciones contraproducentes, cuyas consecuencias podrían representar un retroceso en los peldaños escalados en las pasadas elecciones.
Con respecto a los demás partidos, cabe señalar que han dado muestras de estar desde ya preparándose para lograr un buen desempeño en su gestión legislativa. Desempeño que les permitiría perfilarse como alternativas de poder en las elecciones de fin de siglo. El PDC y el PCN, por separado, han empezado a trazar estrategias con miras a los comicios presidenciales. Mientras que el Movimiento de Unidad (MU), la Convergencia Democrática (CD) y el Partido de Renovación Social Cristiano (PRSC) aparentemente se esfuerzan por consolidar el bloque social cristiano con el objeto de fortalecer el centro y, posiblemente, presentar un candidato presidencial único.
En definitiva, es innegable que existe en los partidos políticos la noción de que es necesario fortalecer sus estructuras y diseñar estrategias para salir bien librados en el 99. Empero, los resultados de las elecciones presidenciales dependerán en buena medida de su desempeño en los próximos dos años, porque es ahora cuando el país tiene los ojos puestos en su labor y es ahora cuando la sociedad salvadoreña estará pendiente del quehacer político.
La institución política que logre conjugar su estrategia para las elecciones presidenciales con sus responsabilidades frente a las necesidades del país, correrá indudablemente mejor suerte que aquella que priorice cualesquiera de las dos por separado. ARENA puede caer en el error de apostar todo a una campaña electoral anticipada, dejando de lado la realidad nacional, profundizando el descontento de sus simpatizantes. El FMLN podría intentar asumir el papel de "redentor", pretendiendo dar la imagen de un partido formado por políticos "buenos" y olvidando que la política no se hace únicamente con buenas intenciones. De los partidos pequeños, finalmente, hay que esperar que logren un mayor grado de autonomía y terminen de afianzar su participación en la Asamblea Legislativa.
A principios de febrero, la Universidad Tecnológica (UTEC) anunció la realización de elecciones infantiles organizadas en el marco del Programa de Defensa de la Niñez. Según el rector de la UTEC, Mauricio Loucel, la actividad pretendía formar a la niñez salvadoreña para que, en un futuro, ésta pueda asumir sus responsabilidades y derechos ciudadanos, eligiendo de una forma democrática a las autoridades que van a gobernar a la nación. El toque de formalidad a las mismas se dio no sólo por la participación de algunas instituciones del país y de los medios de comunicación, sino también por la organización de un Tribunal Supremo Infantil (TSI), el cual velaría porque el evento se desarrollase en completo orden.
El 19 del mismo mes, el jefe de Redacción del periódico matutino La Prensa Gráfica, Flavio Villacorta, informó que un grupo de 6 estudiantes de instituciones públicas y privadas cubrirían noticiosamente las elecciones infantiles; de esta manera surgieron los que luego se conocieron como los "Reporteritos Infantiles", los cuales, a juicio de Villacorta, mostrarían a la niñez la importancia del papel de la prensa como garante de transparencia en los procesos democráticos. "Si es un evento de niños, lo ideal es que se cubra la noticia de la perspectiva de los niños", dijo, al lamentar lo inadecuado que a veces resulta que los adultos tomen decisiones en nombre de la niñez. De esta forma, pese a que estas fueron las segundas elecciones infantiles realizadas por la UTEC, fue la primera vez que se les concedía a los niños el espacio para cumplir una labor periodística en los comicios infantiles.
Finalmente, el 2 de abril se dieron a conocer los resultados de las elecciones infantiles, en las cuales de un total de 14 mil votos, el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) ganó con un 45 por ciento de ellos las alcaldías de San Salvador, San Martín, San Miguel, Santa Ana y La Libertad; dejando en un segundo lugar al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), con un 36 por ciento de los votos, adjudicándose éste las alcaldías de Soyapango y Quezaltepeque, dado que las elecciones infantiles sólo se efectuaron en esas siete ciudades.
Si bien ambas iniciativas (realizar elecciones infantiles y cubrirlas noticiosamente por un grupo de niños) contaron con el visto bueno de la población, no puede soslayarse el hecho que las mismas representan sólo una parte de lo que una verdadera formación democrática implica. Efectivamente, las responsabilidades y derechos ciudadanos en un proceso democrático no se limitan al ejercicio del sufragio; a través del voto se concede una cuota de poder a un determinado partido o funcionario para que lleve a cabo sus plataformas políticas, de aquí que sus atinos o fracasos no sólo recaen en dicho partido o representante, sino también en los que le han elegido. Siendo esto así, ¿tendrían los niños suficientes elementos de juicio para elegir correctamente a sus gobernantes? Más aún, tal como Mauricio Loucel expresó refiriéndose al resultado de las elecciones "esto tiene que ver mucho con la publicidad del partido y la influencia que los padres ejercen sobre ellos", ¿habrían dado los niños el gane al partido que mejor responde a sus necesidades y expectativas o simplemente votaron por la tonada que más les parecía o les habían dicho era la mejor?
Por otro lado, en lo que se refiere a los "reporteritos infantiles", probablemente estos tienen el potencial para llegar a desempeñarse como periodistas en un futuro; incluso el empezar a familiarizarse con las técnicas de reporteo o de redacción les servirá para ejercer un buen papel cuando sean mayores. Sin embargo, aún les falta mucho camino que recorrer para entender el papel de los medios de comunicación en una sociedad democrática.
Una de las entrevistas más publicitadas fue la que los reporteritos hicieron al Presidente de la República, Armando Calderón Sol. Los niños le preguntaron al mandatario qué se hace por la ecología o si se necesita de su permiso (del presidente) para botar árboles, pero -quizá por simple desconocimiento de la gravedad del problema- no mostraron tanto interés por cuestionar al mandatario sobre lo que se hace para mejorar la situación de otros niños de su misma edad que deambulan por las calles y no precisamente para hacer reportajes; la nota periodística se centró en presentar a un presidente bonachón que les regaló no sólo parte de su tiempo, sino también prendedores que sólo lucen los altos funcionarios.
Formar políticamente a los niños implica brindarles la educación para que conozcan de diversas ideologías, procesos políticos, económicos sociales y culturales tanto nacionales como extranjeros, darles todo el cúmulo de conocimientos pertinentes para que sepan discernir entre lo que puede ser mejor para su futuro y, en su momento, elegir de una forma madura lo que más les conviene. Sólo así podrán llegar a ser reporteros o ciudadanos que contribuyan a construir una sociedad democrática. Por ahora, es a los adultos a quienes les compete asumir esa responsabilidad política que tienen para con los niños y la sociedad en general.
Después de un año de reducción en los índices inflacionarios, los primeros meses de 1997 han mostrado un comportamiento relativamente estable, que da continuidad a las tendencias del año anterior, aunque con una leve inclinación hacia el incremento de las tasas inflacionarias. Existen múltiples determinantes de la inflación, entre los cuales se cuentan el tipo de cambio, las expectativas inflacionarias y el índice de crecimiento de los sectores más dinámicos de la economía.
Lo que ha resultado claro durante los últimos años es que bajo las actuales circunstancias no es posible alcanzar altas tasas de crecimiento sin colocar mayores presiones para el incremento de la tasa inflacionaria y sin mantener fijo el tipo de cambio. Probablemente por ello para este año las proyecciones del programa monetario-financiero son conservadoras en lo tocante a las metas de crecimiento e inflación, al contemplar rangos de entre 4-5% y de entre 5-7%, respectivamente, y al contemplar también el mantenimiento del tipo de cambio.
Para el primer trimestre del año, el comportamiento de la inflación mostró tendencias hacia el alza aunque sin llegar a comprometer todavía el logro de las metas inflacionarias del gobierno. En este contexto, interesa revisar el comportamiento reciente de la inflación, sin perder de vista cuáles son las verdaderas determinantes del comportamiento de los precios, pues, como se trata de mostrar a continuación, en algunos casos la contención del crecimiento de los precios puede plantear disyuntivas tales como la búsqueda del incremento en la competitividad de las exportaciones versus la protección de los ingresos reales de los sectores de menores ingresos.
El comportamiento reciente de los precios
De acuerdo a datos de la Dirección General de Estadística y Censos, durante el primer trimestre de 1997 se habrían registrado las ya tradicionales tendencias hacia un incremento en los precios de los alimentos a tasas superiores a las observables en los restantes rubros. Así, resulta notable que para el pasado mes de marzo la tasa de crecimiento del índice general de precios fue de 2.4%, mientras que la del rubro alimentos alcanzó el 3%, la de vivienda 1.6%, la de vestuario 0.04% y la de misceláneos 2.4%.
El comportamiento de la inflación, durante el primer trimestre de 1997, ha sido similar al observado durante el mismo trimestre de 1996, cuando la tasa acumulada de inflación fue de 2.28%; es decir, sólo 0.12 centésimas menos que la registrada en 1997. En aquel momento, también fueron los alimentos los que impulsaron las tasas de inflación al reportar incrementos inclusive superiores al 3%.
Resulta claro, pues, que el rubro alimentos es el que más ha impulsado la inflación en el período, lo cual se torna especialmente preocupante al considerar que este es el rubro que absorbe la mayor parte de los ingresos y el consumo de la mayoría de familias del país.
En este marco, la meta de una tasa de inflación de entre 5 y 7 por ciento parece que dará pie a dinámicas inclusive más notorias que las del año pasado, cuando, en su segunda mitad, se reportaron disminuciones en el índice general de precios al consumidor. Al final del año la tasa inflacionaria fue de 7.3%, lo cual mueve a pensar que, dado el comportamiento de los precios en el primer trimestre de 1997, la meta de inflación entre 5 y 7 por ciento requerirá de mayor disciplina monetario-financiera.
Implicaciones de la política anti-inflacionaria
Llegados a este punto, cabe reflexionar sobre las implicaciones que para el gobierno tiene al mantener una política de reducción de la tasa inflacionaria. El efecto más obvio durante los últimos dos años ha sido la reducción de la tasa de crecimiento económico, principalmente debido a que las altas tasas inflacionarias fueron combatidas -y siguen siéndolo aún- mediante una drástica contracción del crédito, la cual, a su vez, generó una marcada contracción del consumo y de las actividades terciarias. Para 1997, se contempla mantener el crecimiento del crédito en niveles consistentes con las metas inflacionarias, de modo que se espera una tasa de crecimiento de sólo 16%, que contrasta con las tasas de más de 30% observadas antes de 1995.
Sin embargo, una implicación más profunda proviene de la relación entre precios y tipo de cambio. De acuerdo a estudios meramente contables o inclusive econométricos, se ha determinado que el tipo de cambio influye directamente sobre el nivel de precios. Así, ante incrementos en el tipo de cambio también se reportan incrementos en el nivel de precios. La política de liberalización del tipo de cambio ha conducido a una estabilización del mismo, resultando muy beneficiosa para los objetivos anti-inflacionarios.
Con todo, la contraparte negativa de esta práctica es que las exportaciones pierden competitividad constantemente. Esto porque la estabilización del tipo de cambio contribuye a la apreciación de la moneda y a un relativo encarecimiento de las exportaciones nacionales. Hasta ahora, esta problemática ha sido señalada ya por las gremiales empresariales, sin que por ello el gobierno haya renunciado a la estabilidad cambiaria.
Otra implicación de la política anti-inflacionaria es que no se ha logrado una reducción de las tasas inflacionarias de los productos más demandados por los sectores mayoritarios del país: los alimentos. El control de la inflación ha estado centrado más en los rubros vestuario, misceláneos y la vivienda.
Consideraciones
No puede negarse que los gobiernos de ARENA han buscado deliberadamente la disminución de las tasas inflacionarias, aún a costa del beneficio de sectores empresariales vinculados con las exportaciones e inclusive del éxito del plan de desarrollo basado en el crecimiento hacia afuera de las exportaciones.
En los últimos años los datos oficiales dan cuenta de una reducción en las tasas inflacionarias. En general, los primeros 6 años de la década de 1990 han dado paso a menores tasas inflacionarias que las observadas en la década de 1980. Empero, el alto costo de la vida continua siendo uno de los principales problemas económicos del país debido a que los precios de los alimentos aún están sometidos a incrementos de precios superiores al promedio.
Durante los primeros meses de 1997, las tendencias de los precios se han mantenido a niveles similares a los de 1996 en buena medida debido a la disciplina crediticia que data ya desde mediados de 1995. Aún así los objetivos inflacionarios anuales planteados por el gobierno aún parecen difíciles de alcanzar.
La posibilidad de mantener fijo el tipo de cambio es, sin duda, una gran ventaja para mantener a niveles bajos la tasa inflacionaria. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para disminuir el crecimiento en los precios de los alimentos. Una de las deficiencias de la actual política anti-inflacionaria es que no se ha basado en una reducción del crecimiento de los precios de los alimentos. Las reducciones en la tasa inflacionaria se traducirán en mejores condiciones de vida en la medida en que estén fundamentadas en una disminución del incremento en los precios de los bienes de consumo masivo, especialmente los alimentos.
En las últimas semanas han sucedido incidentes que pusieron de manifiesto, por un lado, la absoluta desprotección ambiental frente a la voracidad empresarial y, por otro, la falta de una legislación moderna y de una institución que la aplique, de tal modo que ambas puedan responder al actual estado de los recursos naturales del país. Como ya en anteriores ocasiones se ha dicho, ante el agudo deterioro ambiental de El Salvador, la hora de las medidas preventivas finalizó hace algunos años. Sin embargo, hechos como los ocurridos son muestra patente de que mientras no se logre concretar un plan que de manera orgánica regule el avance de la industria salvadoreña, ésta continuará pugnando por abrirse paso, aunque para ello deba pasar por encima del equilibrio ecológico y, por ende, de la viabilidad de la sociedad al mediano plazo.
Dos de los puntos claves que en relación al medio ambiente deberían haber sido resueltos hace mucho tiempo son: la aprobación legislativa de la Ley del Medio Ambiente y el nombramiento definitivo de la figura institucional de la actual Secretaría Ejecutiva del Medio Ambiente (SEMA). Con respecto a la primera, el proyecto de ley se ha visto empantanado, desde 1995, en una larga serie de revisiones y contra revisiones por parte de los órganos ejecutivo y legislativo. Al parecer, las divergencias se han centrado en un aspecto en particular: la magnitud de las regulaciones que por ley les serían impuestas a la actividad industrial. Para algunos, los más cercanos a los intereses de los empresarios e industriales, la aprobación de la nueva Ley del Ambiente estaría sujeta a que sus exigencias no perjudicaran excesivamente la economía de las industrias, es decir, que las condiciones para la actividad de una industria con impacto en el medio ambiente no aumentaran los costos de sus operaciones. Para otros, en la formulación de la Ley debe primar el objetivo de proteger el medio ambiente sobre el interés de salvaguardar a los empresarios e industriales del costo que implicaría llevarlo a cabo.
En otra palabras, lo que ha entrampado la aprobación de la Ley ha sido el tratar de establecer un equilibrio entre la economía de los agentes sociales con actividades de impacto ambiental y la necesidad impostergable de una protección de los recursos naturales que aún quedan. De ser otra la realidad ambiental del país, tal vez ya se hubiera podido encontrar una solución que ni gravara excesivamente a los industriales ni descuidara por ello el mantenimiento de aquella, pero, debido al estado ambiental por todos conocidos, o se protege a los industriales o se destina irremediablemente al país a la desertificación.
En lo que respecta a la redefinición de la figura actual de SEMA, las dificultades han girado en torno a dos aspectos: el grado de independencia que la nueva institución poseería con respecto a las carteras del Estado y su capacidad ejecutoria real. Es así como las propuestas han tratado de conciliar ambos puntos: o se hace depender al SEMA —en la actualidad con autonomía propia— del Ministerio de la Presidencia; o se le convierte en un Viceministerio adscrito al Ministerio del Interior; o se incluye en su actual configuración el Centro de Desarrollo Pesquero y Recursos naturales, dependencias ambas del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG); o se le hace depender de otra cartera de Estado relacionada con su gestión; o se le convierte en la Comisión Ejecutiva del Medio Ambiente (CEMA) sin autoridad sobre las dependencias del MAG; o, finalmente, se le configura como CEMA y se le incorporan tales dependencias. La disyuntiva ha sido, pues, la de transformar a SEMA en una entidad con la independencia suficiente del Estado como para vetar o criticar proyectos que emanen de él y que al mismo tiempo posea la autoridad necesaria para llevar a cabo sus iniciativas.
Hasta el momento, lo único que aparece claro es que las discusiones sobre ambos proyectos de ley —el de Ambiente y el de transformación del SEMA— seguirán prolongándose por tiempo indefinido. Empero, la gravedad de los sucesos ambientales acaecidos a finales de marzo y principios de abril han mostrado la irresponsabilidad de seguir alargando la aprobación definitiva de los proyectos en cuestión. El primero y el más grave de ellos se dio el 31 de marzo, fecha en la cual cientos de pobladores de la zona de Acajutla resultaron intoxicados por la fuga en un contenedor de cloro licuado; el segundo y el tercero salieron a la luz pública cuando la Unidad del Medio Ambiente de la Fiscalía General de La República ordenó la paralización de las obras de dos empresas constructoras, las cuales se encontraban en proceso de talar cerca de 100 manzanas de cafetales y árboles de sombra ubicadas en fincas de Lourdes, Colón.
En torno a la fuga de cloro licuado en un contenedor perteneciente a la empresa SIRCA, lo que llama la atención es que, pese a que tal empresa manejaba productos químicos altamente tóxicos, las normas de seguridad interna se veían sobrepasadas por la peligrosidad de las materias que se trataban y distribuían. En contraparte, las declaraciones de altos personeros del Ministerio de Trabajo y Salud permiten suponer que ambas instancias gubernamentales no estaban enteradas de la índole de las operaciones de dicha empresa, por lo cual estaban en total ignorancia de las repercusiones que un accidente químico como el que sucedió podría generar. Es decir, en el incidente en Acajutla se juntaron dos fatales circunstancias: por un lado, la falta de seguridad en el manejo de sustancias tóxicas —fruto de la despreocupación por tener que cumplir con requisitos mínimos para tal actividad— y la ausencia de un plan estatal para controlar y estar al tanto de las operaciones de industrias de alto riesgo para la población y el medio ambiente.
En el caso de las compañías constructoras las anomalías no dejan de ser sorprendentes. Una de ellas, identificada como Co-Urban, ni llenaba los requisitos actuales ni contaba con la autorización para talar 57 manzanas de cafetales; la otra, TP, S. A. de C.V., sí contaba con la autorización pertinente, pero ella sólo estaba rubricada por el jefe de Servicios Forestales, por lo cual estaba incompleta y permite suponer que para su expedición se recurrió a un procedimiento ilegal. Sea como sea, en conjunto las dos constructoras lograron talar cerca de 70 manzanas sin que el trabajo fuera interrumpido por las entidades a las que por ley les correspondía hacerlo.
No se trata de afirmar que de haber estado en vigencia la nueva Ley del Ambiente y la nueva figura de SEMA se hubiera podido evitar el accidente químico en Acajutla o la tala de árboles en Lourdes; se trata de reconocer la posibilidad de que las sanciones y regulaciones de la primera, y el control y la autoridad de la segunda, hubieran cuando menos ejercido una presión para que estas industrias se vieran forzadas a apegar sus actividades al marco permitido por el Estado. Siendo realistas y aceptando el poco interés de las diversas industrias en proteger el medio ambiente, no se puede esperar que la actividad industrial se lleve a cabo con un mínimo de respeto por la salud de la población y de la naturaleza hasta que no exista una legislación estricta al respecto.
Actualmente, el que la legislación ambiental no imponga sanciones económicas cuantiosas contra los depredadores del medio ambiente —el orden de las sanciones en vigencia oscila entre la risible cantidad de uno y cien colones— y el que todavía no exista una institución que, de manera centralizada, vele por los recursos naturales libre de presiones gubernamentales o empresariales, son alicientes para la irresponsabilidad y voracidad que han caracterizado hasta la fecha a la actividad industrial salvadoreña. Algo que, como ya se ha visto, no da señales de menguar por libre voluntad.
¿Qué haría Usted si un día cualquiera, al llegar a su trabajo se encuentra con las instalaciones de éste cerradas y descubre que ya no tiene empleo? Seguramente, buscaría a sus jefes o a los mismos dueños de la empresa para pedirles una explicación razonable y buscar una salida al problema; si ya no es posible cambiar tal decisión, al menos esperaría recibir una justa indemnización. Pero si unos dicen que no tienen respuesta, los otros ni siquiera aparecen y --por tanto-- no existe posibilidad alguna de que le paguen lo que por ley le corresponde, el mundo se le vendría encima.
Pues, precisamente, eso fue lo que le sucedió a las 460 personas que laboraban en una fábrica maquiladora de ropa ubicada en la colonia Santa Lucía, Ilopango. Argumentando falta de materia prima y una mala administración, sus propietarios dejaron literalmente en la calle a esa buena cantidad de gente el último día de marzo. La mayoría de todas estas víctimas --ahora desempleadas o subempleadas-- son mujeres que cargan sobre las espaldas con la pesada responsabilidad de mantener sus hogares. No se les canceló la última semana que trabajaron y, además, no recibieron el pago de sus indemnizaciones.
Que se den estas injusticias en nuestro país, no es nada nuevo. En agosto del año pasado, sucedió lo mismo con la fábrica "Gabo, S.A. de C.V.". De la noche a la mañana, sus dueños dijeron que tenían problemas económicos y que, por eso, no seguirían operando. Al igual que en el caso anterior, esos modernos "amos" no cumplieron con sus obligaciones legales y dejaron en el peligroso desamparo a más de 400 personas que trabajaban para ellos y quién sabe a cuantas más que dependían de su pobre salario. Otro caso similar sucedió en junio de 1995, cuando Elsa Juana Calderón decidió que su empresa --"Confecciones y Ensambles"-- ya no iba a continuar funcionando. Sin decir "¡agua va!", parece que esta mujer salió del país y no tuvo ningún reparo en hacerlo sin cancelar lo que le debía a cada una de sus mil 300 empleadas.
Las enormes ganancias que obtienen los propietarios de las empresas maquiladoras, fruto de una mano de obra barata --que encuentran en abundancia dentro de El Salvador-- y de las múltiples facilidades que les ofrece el gobierno, no son suficientes para que este tipo de gente actúe con un elemental sentido de justicia. Siempre quieren más; por eso, con calculadora en mano para medir sus conveniencias económicas y libres de cualquier remordimiento, dejan sin trabajo a grandes cantidades de personas que --a pesar de las condiciones poco dignas que por lo general existen en este sector-- únicamente cuentan con esa fuente de ingresos para sobrevivir junto con sus familias.
Los ejemplos presentados ahora son una pequeña muestra de la absoluta falta de estabilidad laboral que existe en este sector. Pero además de eso, cuando están dentro de la producción, más las mujeres pero también los hombres padecen una variedad de violaciones a sus derechos más elementales, en el marco de una explotación que alcanza niveles insospechados. Todo ello, ante la mirada complaciente de las autoridades estatales que en nada contribuyen a frenar tantos y tan censurables abusos.
En un informe especial de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) publicado recientemente en el periódico "El Defensor del Pueblo" (año 1, época 2, nº 12, 28 de febrero de 1997), se dice que entre las malas condiciones de trabajo que caracterizan este sector destacan las que mencionamos a continuación. En primer lugar: la vulneración de la integridad personal de trabajadores y trabajadoras por los malos tratos y otras formas de violencia que sufren, entre ellos el hostigamiento sexual. Después se habla de las limitaciones infraestructurales de las empresas, lo que se traduce en riesgos para la salud e integridad de las personas que laboran en ellas.
La PDDH también da cuenta de otro aspecto sumamente grave: el de la inobservancia del marco legal que regula las relaciones laborales, por parte de los empresarios de la maquila. Pagan salarios por debajo del "mínimo", mantienen jornadas diarias de trabajo superiores a las ocho horas, no pagan el "séptimo", no otorgan vacaciones anuales ni pagan aguinaldo, no afilian a las y los trabajadores al Seguro Social y cuando lo hacen le limitan las posibilidades para hacer uso de los servicios que --bien o mal-- éste brinda... Esas son algunas violaciones a la legalidad que cotidianamente ocurren.
Detengámonos un poco en lo que relativo al salario mínimo frente a la llamada "canasta básica". Oficialmente dicen que una familia de cuatro personas necesita mil 136 colones con 55 centavos al mes tan sólo para alimentarse. Nominalmente, el "mínimo urbano" actual es de mil 150 colones, realmente andará por los 800 colones. ¿De dónde sacan el dinero para pagar educación, salud, vestido, transporte, vivienda y recreación? ¿Y si la familia, como suele suceder en el país, está compuesta por cinco o más miembros? ¿Y si una buena parte de la gente que trabaja en la maquila no recibe ni siquiera ese "mínimo"?
Para colmo de males, se obstaculiza la libre asociación dentro de este sector no obstante el rango constitucional de dicho derecho. En el estudio de la PDDH, se afirma lo siguiente: "Si bien se han hecho públicas las quejas de acciones patronales tendientes a impedir o bloquear el desarrollo de la sindicalización en las empresas ubicadas en Zonas Francas como en Recintos Fiscales, el informe comentado al examinar el interés de aquéllos/as en su derecho a la sindicalización, destaca el componente de la confianza en los sindicatos, estableciéndose que el 21.3% de los/as trabajadores/as manifiesta confiar en éstos, mientras que el 54.7% expresa no confiar en los mismos".
En la publicación de la Procuraduría no aparece, pero ojalá esta institución haya analizado seriamente el por qué de tal situación para no ser injustos en la valoración. Frente a la situación descrita, nosotros consideramos que existen razones lógicas para explicar esa desconfianza: en el país, son muy pocos los ejemplos vivos de una organización sindical verdaderamente comprometida con los intereses del sector laboral al cual dicen representar. Sea por corrupción, por alianzas con las patronales, por ser pro gubernamentales o por darle prioridad a determinadas reivindicaciones políticas --dejando en un segundo o tercer plano las demandas inmediatas de las y los trabajadores-- el caso es que las dirigencias de estas agrupaciones no se han ganado el respeto de la gente.
Por su falta de eficacia para incidir realmente en una mejoría sustancial de las condiciones materiales de la clase trabajadora, pues, al igual que los partidos políticos el actual movimiento sindical organizado del país no es muy bien visto. Pero no sólo eso es lo que influye para la desconfianza de las y los trabajadores salvadoreños en general. No hay que olvidar la represión sistemática y generalizada que el sector laboral sufrió durante el pasado reciente. Esa "desconfianza", sin duda, también tiene mucho de temor; más aún cuando los empresarios de la maquila arremeten con todo contra quienes intentan impulsar procesos organizativos para mejorar sus condiciones de trabajo: son sólo asomar la cabeza, se las cortan.
Así, entonces, con la mala imagen de los sindicatos y el peligro que siempre ha representado en este país la lucha por la defensa de los derechos laborales, estamos claros que no existen las mejores condiciones para una creciente participación activa de ese tipo y en este sector. De ahí la urgencia de trabajar por cambiarlas, ofreciéndole a los y las trabajadoras de la maquila ejemplos concretos de agrupaciones sindicales "exitosas" porque ofrecen resultados concretos que realmente benefician a sus agremiadas y agremiados, sobre la base de una participación amplia y democrática junto a una administración honesta y transparente de los recursos.
No cabe duda que, tras las elecciones, en el país se respiran aires diferentes que pueden favorecer el impulso de acciones en beneficio de su población más necesitada. En ese marco y concretamente en lo que toca al caso que ahora nos ocupa, entre tantos asuntos pendientes y urgentes, la nueva Asamblea Legislativa deberá priorizar en la adopción de las medidas más atinadas para garantizar mejores niveles de respeto a los derechos y las libertades fundamentales de las y los trabajadores en las maquilas. Una de ellas es, sin lugar a dudas, la aprobación ágil de las reformas a la Ley de Zonas Francas y Recintos Fiscales las cuales están sobre el "tapete" desde hace casi dos años.
Entre las propuestas más importantes hechas por grupos de la llamada "sociedad civil" y algunos partidos políticos se contemplan las siguientes: que las empresas establecidas en estos sitios puedan exportar hasta un máximo del 25% de su producción mensual al mercado centroamericano; que se incluya el derecho de asociación, organización y negociación colectiva de las condiciones de trabajo; que las empresas rindan una fianza que sirva de garantía para las y los trabajadores; que se faculte al Ministerio de Economía para la aplicación de multas y suspensiones a los empresarios, cuando éstos no cumplan sus obligaciones de carácter laboral y de seguridad social.
La actual legislación sobre la materia adolece de enormes vacíos, los cuales posibilitan que ocurran las graves violaciones a los derechos humanos antes descritas. Eugenio Chicas, diputado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional se refirió --por citar un ejemplo-- a la necesidad de la fianza antes mencionada ya que ahora cualquiera cierra su fábrica sin problema alguno para él, aunque sí con enormes dificultades y angustias para las y los trabajadores que no reciben el pago de sus salarios atrasados ni sus indemnizaciones. Chicas sostiene que en la legislación vigente se contemplaba esa disposición pero fue rechazada por el presidente de la República, Armando Calderón Sol, y por la Asociación Salvadoreña de Industriales de la Construcción. De esa forma, en este momento no existe regulación en tal sentido que proteja al sector laboral.
DESCARTA CAMBIOS. El Presidente de la República, Armando Calderón Sol, descartó, el 07.03, durante rueda de prensa en Casa Presidencial, cambios en su gabinete a raíz de los resultados electorales. El mandatario salió al paso de las expectativas sobre posibles sustituciones en su grupo de colaboradores, principalmente los que integran el gabinete económico, formado por los ministros de Hacienda y Economía, Manuel Enrique Hinds y Eduardo Zablah Touché, respectivamente, así como el presidente del Banco Central de Reserva, Roberto Orellana Milla. "Quiero ser muy enfático en que no habrá cambios en el gabinete de Gobierno a raíz de los resultados electorales, y profundizaremos la economía social de mercado que está plasmada en nuestro programa de Gobierno", afirmó. Calderón Sol agregó que se enfocará en el "rostro humano" de la política económica; revelando, además, que ante la cercanía de su tercer año de gestión, mantendrá en permanente evaluación a los mandos medios y superiores del equipo de Gobierno. "Esta es una manifestación muy clara de las facultades constitucionales que tiene el Presidente de la República y que yo lo he venido manifestando", comentó sobre la evaluación de sus funcionarios. A parte del rubro económico, aseveró que se redoblarán esfuerzos en la seguridad pública, apoyando financiera, técnica y logísticamente a la Policía Nacional Civil (LPG 08.04 p.8-a, DH 08.04 p.4 y EM 08.04 p.3).
INDEMNIZACION. Luego de realizar un análisis de la sustancia emanada de la Planta Silicato de Centro América (SILCA), que produjo la intoxicación de por lo menos unas 410 personas, la Fiscalía General de la República, a través del departamento de la Unidad para la Defensa del Medio Ambiente y la Salud, podría solicitar la indemnización de todos los afectados, según lo dio a conocer el Jefe de la Unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía, Lic. Carlos Solórzano. Solórzano aclaró que es necesario que los dueños de la fábrica indemnicen a todas las personas afectadas, ya que el análisis practicado ha revelado que los daños causados en el organismo pueden aparecer en años futuros. El funcionario manifestó que es posible que en la actualidad los afectados no sufran complicaciones en el organismo, pero debido a lo tóxico de la sustancia, los efectos pueden aparecer entre uno o dos años, por lo cual procede la indemnización. Asimismo, dio a conocer que en las primeras investigaciones iniciadas desde la emanación del gas, se ha determinado que los responsables directos son los dueños de la empresa, ya que ésta no cuenta con una autorización para el manejo de este tipo de sustancias, no tiene capacidad industrial para ello y no tiene un plan de contingencia para la salud de la población (DH 03.04 p.3, EM 03.04 p.6 y DL 03.04 p.3).
CIERRE TEMPORAL. El Ministro de Salud, Eduardo Interiano, precisó, el 07.04, que la clausura de la empresa Silicatos de Centroamerica (SILCA) es de carácter temporal hasta que no cumpla con los requisitos indispensables para garantizar la seguridad laboral de sus empleados. El funcionario además aclaró que la fábrica tendrá que guardar por la seguridad de las comunidades aledañas para evitar una nueva tragedia. Esta determinación se lleva a cabo con base en los puntos de resolución del Comité de Seguridad Química (COSEQUI) en los que se ordena el cierre de SILCA, fundamentalmente, porque ésta carece de medidas de seguridad preventiva y no cumple con las normas internacionales para el manejo de elementos químicos. El Comité resolvió que es necesario elaborar un expediente legal administrativo para deducir responsabilidades en lo ocurrido y establecer las sanciones correspondientes con base en el artículo 315 del Código de Salud. También se deberá mantener a nivel local la vigilancia y control oportunos en el área afectada a fin de evitar el funcionamiento de la planta hasta que se obtenga el permiso correspondiente del Ministerio de Salud. Mientras tanto, el director del Comité de Emergencia Nacional (COEN), Mauricio Ferrer, informó que la descontaminación y tratamiento del lugar ya han comenzado. Sin embargo, aún falta por hacer, dado que en el país no existen personas o instituciones que tengan experiencia en el tratamiento de desastres tecnológicos (LPG 05.04 p.3-a, LPG 07.04 p.17-a y LPG 08.04 p.16-a).
COMISION. Ante la entrada en vigencia de la nueva Ley de Inmigración de Estados Unidos, el presidente Armando Calderón Sol anunció, el 07.04, que está en camino la instauración de una comisión, formada por personalidades de diferentes sectores e ideologías del país. "El Gobierno enviará una comisión pluralista, integrada por distintos sectores políticos y gremiales, rumbo a Estados Unidos, para hacer una visita a Washington y tener una vivencia clara de todos los sectores", dijo Calderón. Esta visita será parte de una invitación de Estados Unidos para informar de los aspectos relacionados con la puesta en marcha de la Ley de Migración. El mandatario agregó que las gestiones efectuadas por nuestro país "han dado resultados positivos" y que agradecía la "comprensión" de las autoridades estadounidenses al prorrogar la aplicación de la Ley. "Nos satisface que Estados Unidos reitere que no habrá deportación masiva y que se han suspendido los efectos de la ley por 7 meses", dijo. Sin embargo, esta medida no aplica a los salvadoreños que tengan problemas con la justicia y en los casos en que la orden de deportación haya sido emitida antes de la puesta en vigencia de la ley. Mientras tanto, el Gerente General de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Jorge Arriaza, manifestó su preocupación por la posibilidad de deportaciones masivas, pues a su criterio El Salvador, y principalmente el sector industrial, no tiene la capacidad para ofrecer un trabajo a los salvadoreños que sean deportados (DH 05.04 p.9, DH 08.04 p.3 y DL 07.04 p.3).
DECLARACIONES. El Arzobispo de San Salvador, Mons. Fernando Sáenz Lacalle, reconoció, el 06.04, que la aplicación de la nueva ley de migración de Estados Unidos y otras medidas no son "muy humanas", pero estima que, al analizar la parte positiva, podría contribuir a la reintegración familiar. Sáenz Lacalle, se abstuvo de comentar sobre el impacto económico que generaría una deportación masiva de compatriotas. Para el arzobispo la migración de salvadoreños fue temporal y considera que el retorno de éstos unirá aquí a las familias salvadoreñas. "En cierta manera esta ida del país es temporal, esperando un poco el regreso, en muchos casos puede significar entonces la reintegración familiar y es un dato muy positivo", dijo. El prelado sostuvo que los salvadoreños que actualmente residen en los Estados Unidos no deben olvidar su lugar de origen y que si por algún motivo tuvieron que emigrar, esto es temporal ya que es junto a sus grupos familiares donde deben estar. "Los inmigrantes no deben hacer a un lado su fe cristiana, por ese materialismo que es lo que generalmente prevalece en países desarrollados", acotó. El jerarca católico dijo que la Iglesia como institución no está facultada para realizar gestiones; sin embargo, están tomando las medidas necesarias para evitar que muchos compatriotas sean deportados en forma masiva, aunque es a otras instituciones a quienes les corresponde realizar específicamente este tipo de actividades (LPG 07.04 p.8-a, DL 07.04 p.4 y DH 07.04 p.17).
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