Semanario Proceso

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

Semanario Proceso

Año 17
número 753

abril 16
1997
ISSN 0259-9864

Una presidencia difícil
Reestructuración en ARENA
Privatización de las sociedades distribuidoras de energía eléctrica
Consecuencias sociales de la nueva Ley de Migración de EEUU
Las maquilas, de nuevo (II)
El desafío de la criminalidad urbana

Una presidencia difícil

    Contrario a lo esperado, ni ARENA ni el FMLN dicen tener interés en la presidencia de la nueva asamblea legislativa. Por un lado, sorprende esta postura cuando lo que se esperaba, teniendo en cuenta el desarrollo de la campaña electoral, era una primera lucha encarnizada entre los dos contendientes políticos más importantes; pero, por otro lado, el desinterés es comprensible, porque al no tener ninguno de los dos la mayoría de los escaños, cualquier intento de dirección será complicado y quien la ocupe corre un grave riesgo de sufrir un desgaste político importante. Desde esta última perspectiva, los dos partidos están pensando más en las elecciones presidenciales de 1999, que en los intereses nacionales.
    Los dirigentes de los partidos Demócrata Cristiano y de Conciliación Nacional no han perdido el tiempo y, ante el desinterés de los grandes, no han podido ocultar sus aspiraciones a la presidencia de la asamblea legislativa. Las ambiciones personales y el afán de protagonismo han podido más que la razón y el sentido común, puesto que quienes se postulan no son los mejor preparados ni los más capaces para asumir el desafío político que esa presidencia conlleva en esta oportunidad, dada la nueva composición de la asamblea legislativa.
    El temor al desgaste manifestado por ARENA y el FMLN es muy razonable. Ninguno de los dos tiene los votos necesarios para obtener una mayoría simple, sino que debe contar con los votos de al menos otros dos partidos políticos. En ambos casos, la negociación con tales partidos es compleja y difícil, porque sus intereses y aspiraciones son divergentes cuando no contradictorios. ARENA ya no podrá asegurar esos votos ofreciendo prebendas gubernamentales o comprándolos, tal como ha sido la práctica usual. Por el otro lado, el FMLN tendrá que recurrir a la negociación, cediendo en algunas cosas y sabiendo ganar en otras. Ahora bien, si de lo que se trata es de obtener una mayoría cualificada, las dificultades que enfrentarán ambos partidos serán mucho mayores.
    En estas condiciones, la presidencia de la Asamblea Legislativa no podrá imponer su voluntad, tendrá dificultades para promover el debate y no conseguirá fácilmente los acuerdos mínimos necesarios para llegar a una decisión. En la agenda legislativa se encuentran temas difíciles como la privatización, la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los códigos penales, la reforma electoral, las reformas constitucionales, la ley del medio ambiente, etc. La falta de consenso en aquellas decisiones que están sometidas a plazos constitucionales puede empantanar no sólo la agenda legislativa, sino incluso la vida política del país. Sin embargo, la asamblea legislativa y su presidencia tienen la gran oportunidad de demostrar al país cómo se puede ejercer la democracia, buscando siempre acuerdos orientados a promover el bien común. Parte de la responsabilidad recae en la dirección de los dos partidos mayoritarios, aunque ninguno de ellos detente la presidencia de la nueva Asamblea Legislativa. Otra parte la tendrá esta última, por el inmenso poder que posee.
    El consenso no consiste en que el FMLN asuma como propias las decisiones de ARENA, como si éste partido tuviera garantizada la razón política. No es el FMLN el único que debe demostrar madurez y responsabilidad políticas, sino que ambos partidos comparten estas responsabilidades. El futuro de la Asamblea Legislativa no depende de que el FMLN acepte las propuestas de ARENA, sino de que ambos se esfuercen por aprobar propuestas que beneficien al país y en particular a la mayoría de la población. En sentido estricto, la recesión económica y sus consecuencias, la inseguridad ciudadana y el deterioro de las condiciones de vida no son atribuibles al FMLN, sino a ARENA, que gobierna el país por dos periodos consecutivos. Por eso, es ARENA el que debe demostrar que puede orientar al0 país hacia un desarrollo sostenible. Dada la experiencia de los años recién pasados, el que más temores debiera suscitar, por su incapacidad para conducir apropiadamente el país, es ARENA, no el FMLN.
    La presidencia de la nueva Asamblea Legislativa la debiera ocupar un diputado con amplitud de criterio, con visión de largo plazo, que sepa promover el debate abierto, pero también detenerlo cuando éste se vuelva estéril y, sobre todo, hábil en la negociación política. Debiera saber buscar los puntos de coincidencia, haciendo a un lado los dogmatismos, y limar las aristas de las diferencias, para aproximar las posiciones de las partes. Para ello, deberá estar en contacto continuo con las dirigencias de los dos partidos mayoritarios, contar con su confianza y tener su respeto. A la presidencia de la Asamblea Legislativa le correspondería también poner en evidencia ante la opinión pública a aquel partido que se niegue a negociar de buena fe. Así podría ejercer presión sobre los intransigentes, forzándolos a la flexibilidad y la tolerancia. En este sentido, al poder que el cargo conlleva en sí mismo habría que agregar el poder social de generar opinión.
    De esta manera, la presidencia de la asamblea legislativa representa una oportunidad para demostrar las virtudes del debate y de la negociación políticas y no para satisfacer ambiciones personales ni para convertirse en plataforma para el protagonismo político de un determinado político o partido. Quien ocupe este importantísimo cargo no debiera buscarse entre las filas de los partidos políticos, sino entre aquellos diputados con mayores dotes para asumir los retos planteados. En este caso, lo importante no es qué partido ocupa la presidencia de la Asamblea, sino quién puede enfrentar exitosamente los desafíos que ella implica.

Reestructuración en ARENA

Antecedentes
    La inesperada cadena de cambios que han venido suscitándose al interior del partido ARENA se originó cuando, en agosto del año pasado, Víctor Antonio Cornejo Arango (conocido como "El Maneque") inició una cruzada para renovar el Comité Ejecutivo Nacional (COENA). En septiembre, Juan José Domenech, entonces Presidente del COENA, depuso su cargo en un momento en que enfrentaba una denuncia por la introducción al país de un vehículo robado. A finales de ese mes, "El Maneque" y algunos de sus seguidores vieron frustados sus intentos de vincularse a la cúpula del partido. Cornejo Arango empezó a hablar de retirarse de ARENA y lo hizo finalmente en noviembre, cuando, acompañado por un grupo de correligionarios y funcionarios descontentos con la conducción de dicho instituto político, entró a engrosar las filas del Partido de Conciliación Nacional (PCN).
    Posteriormente, a lo largo del proceso electoral, encuestas de cuatro respetables instituciones predecían los futuros resultados electorales: el FMLN aventajaría ligeramente a ARENA en cuanto a las preferencias del electorado. Los dirigentes de ARENA desmintieron cualquier posibilidad de verse "derrotados" en las elecciones, acusaron a las encuestas de estar manipuladas por el FMLN y se mostraron absolutamente seguros del apoyo de sus simpatizantes el 16 de marzo, día en el que, según ellos, se llevaría a cabo la encuesta definitiva. Sin embargo, esa "encuesta verdadera y definitiva" tampoco los favoreció. La considerable disminución del número de diputados y la pérdida de gobiernos municipales estratégicos como el de San Salvador, Santa Ana, Santa Tecla, entre otros, traicionó su imperturbable seguridad de "primera fuerza política del país".
    Los resultados electorales pusieron, pues, de manifiesto el debilitamiento de un partido que días antes de las elecciones se negaba a reconocer su pérdida de simpatía frente al electorado producto tanto de su mala administración como de sus evidentes desajustes internos. En medio de la sorpresa que las elecciones tenían preparada al país, los dirigentes areneros reconocieron con diplomacia la "derrota" y felicitaron personalmente al nuevo alcalde capitalino pero, en un primer momento, fueron incapaces de asumir su responsabilidad en los resultados electorales. Funcionarios como Mario Valiente y Gloria Salguero Gross atribuyeron la ventaja del FMLN al "exceso de confianza" de los simpatizantes de ARENA, quienes habrían preferido "ir a la playa" el 16 de marzo en lugar de acudir a las urnas. El diputado Walter Araujo, por su parte, señaló que "aquí no ha pasado nada" y que su partido continuaba a la cabeza de las fuerzas políticas salvadoreñas.

Detalles sobre la reestructuración
    A pesar de las ligeras declaraciones del diputado Araujo, es evidente que esa fuerza de la que ARENA tanto se ha vanagloriado ha venido debilitándose aceleradamente en los últimos meses. Pero que los partidos se desgasten al detentar el poder y al manejar el aparato estatal es lo lógico dentro de un sistema democrático. Lo preocupante sería que esos partidos no se responsabilizaran por las consecuencias de ese desgaste y no estuvieran dispuestos a superar sus errores y a enmendar sus fracturas.
    La polémica y difundida "reestructuración" (obviando la renuencia de algunos dirigentes a denominar de ese modo a las modificaciones que actualmente sufre la cúpula del partido oficial) puede interpretarse como una muestra de la preocupación de ARENA por dejar el autismo y la prepotencia que lo han venido caracterizando a lo largo de su trayectoria política. Producto de esa actitud, criticada en reiteradas ocasiones por distintos sectores de la sociedad, era su insistencia en ignorar las opiniones de personas ajenas al partido, su certeza de estar caminando siempre en la dirección correcta y su incapacidad de reconocer los errores cometidos en la administración del país.
    Parece ser que ahora ARENA decidió, por fin, dejar a un lado por un momento tanta autocontemplación y autoalabanza, para atender al llamado de atención que sus votantes habituales le hicieron el día de las elecciones. Que las modificaciones que están llevándose a cabo al interior de ese partido tienen relación directa con los resultados electorales es sencillamente innegable, por más esfuerzos que algunos de sus dirigentes estén haciendo por desvincular ambos hechos. Y es que en realidad no se entiende el porqué de tal pretensión, cuando dichas modificaciones podrían darse a conocer como una disposición admirable de ARENA por cambiar para mejorar su desempeño, orientado por una nueva dirigencia cuyo interés no sea otro que el de servir al partido y al país.
    La "reestructuración" es el resultado de una intensa jornada evaluativa que el partido ARENA ha venido realizando para analizar su situación frente al nuevo panorama político. 6 de los 13 miembros del COENA dejan sus cargos, lo que significa que el 40% del máximo organismo arenero está siendo renovado. Entre los disidentes, llaman la atención fundamentalmente dos: Mario Valiente, actual edil capitalino y ex candidato perdedor para el mismo cargo, y Alfredo Mena Lagos, comisionado presidencial para la modernización del Estado. El primero, afirma haber dejado al partido la decisión de su reemplazo y expresa haber renunciado a la dirigencia porque "no fue el partido el que perdió la alcaldía sino él". Por su parte, Mena Lagos aseguró no contar con suficiente tiempo y, según explicó, el partido necesita "gente nueva que pueda servirlo a tiempo completo". Además, llamó a quienes entren a integrar el COENA a "interpretar correctamente el mensaje del electorado", pues, "aunque es necesario hacer ajustes, sabemos que estamos en el camino correcto por la libertad"
    Los dos funcionarios mencionados, sumados a otros cuatro ex dirigentes del COENA, dieron paso a las nuevas personalidades que integrarán a partir de ahora tal entidad. Esta renovación, evidentemente, pretende dar al partido una nueva imagen. Los miembros recién incorporados, varios de los cuales nunca han tenido participación en política ni han ocupado cargos públicos, no se caracterizan precisamente por hacer gala de posturas ideológicas recalcitrantes. Son profesionales o empresarios exitosos -como el destacado Murray Meza- quienes conducirán ahora a ARENA y en quienes recae gran parte de la responsabilidad de dejarlo bien parado para las elecciones de 1999.
    Según declaraciones de la dirigencia arenera, los nuevos integrantes del COENA no representan intereses gremiales y han accedido a ocupar nuevos cargos con el fin de contribuir a que el partido proponga los mejores programas para el país. El Presidente de la República, Armando Calderón Sol, aprovechó la oportunidad de hacer quedar bien al partido, manifestando que los cambios demuestran que ARENA es un partido de apertura en constante renovación, insistiendo en que "es un partido futurista con posiciones no ortodoxas".
    Así pues, ARENA está queriendo -o se vio obligado a- introducir reformas estructurales a su composición. Quiere presentarse ante el país con una nueva cara, limpia de rumores de corrupción, de vestigios reaccionarios y de sensaciones de derrota. Es obvio que está preparándose lo mejor posible -y más vale que lo haga si no quiere enfrentar otra desilución- para las elecciones presidenciales, pues no está dispuesta a abandonar el ejecutivo tan fácilmente.
    Si los resultados electorales plantearon a la izquierda salvadoreña grandes retos, ampliamente dilucidados con anterioridad, plantearon también a la derecha un serio compromiso con el país: el de ubicarse a la altura de los tiempos. Si la nueva configuración del panorama político es esperanzadora, también lo es que el partido que actualmente dirige los destinos del país esté modificando sus estructuras, porque, al margen de los intereses que se escondan tras los cambios en ARENA, la renovación es siempre preferible al anquilosamiento. El hecho de que ARENA, un partido que ha dado muestras de preferir el autoritarismo y la arrogancia a la apertura y la tolerancia, esté dispuesto a renovarse significa que el país está cambiando y todo cambio trae consigo la esperanza de una posible mejoría.

Privatización de las sociedades distribuidoras de energía eléctrica

    Recientemente se conoció la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa de la "Ley para la Venta de Acciones de las Sociedades Distribuidoras de Energía Eléctrica", con lo cual se iniciaría el proceso de privatización del sector electricidad en El Salvador. Como reflejo de la polémica en torno a la privatización, la votación para aprobarla no fue unánime. Lo cierto es que la privatización de los servicios básicos, debido a que tiene incidencia sobre las tarifas de servicios esenciales para la reproducción humana, es un tema mucho más sensible que la privatización de otras empresas estatales.
    Aun cuando las tendencias mundiales apuntan hacia la privatización indiscriminada, no puede dejar de mencionarse que alrededor del mundo la privatización ha ampliado los campos de acumulación económica y las ganancias de grandes empresas transnacionales que se sirven de los gobiernos y los recursos de países tanto del sur como del norte. El pilar fundamental de este esquema es la capacidad de fijar tarifas con amplios márgenes de ganancia, aun a costa de mayores presiones sobre los precios, el presupuesto familiar y los ingresos reales.
    En El Salvador, la privatización se ha presentado como una forma de allegar recursos a las arcas del Estado, deshacerse de empresas que representarían costos financieros para aquel y mejorar la eficiencia y la cobertura de los servicios; sin embargo, se soslaya el hecho de que en algunos casos las empresas generan utilidades para el Estado (como el caso de la Administración Nacional de Telecomunicaciones) y, además, prestan servicios con tarifas que incorporan moderados márgenes de ganancia.
    En las siguientes líneas se comentan algunos de los principales rasgos de la Ley para la Venta de Acciones de las Sociedades Distribuidoras de Energía Eléctrica para establecer algunas de sus posibles implicaciones sobre las tarifas, las condiciones de vida y la propiedad de las empresas a privatizar.
    Los principales elementos contemplados en la citada ley se refieren en gran medida a los plazos y porcentajes que se observarán para la venta de las acciones de las empresas distribuidoras de energía eléctrica, así como al destino de los recursos que el Estado obtenga de la venta de acciones. De este modo, se establece que, en una primera etapa, se procederá a la venta de un 20% del total de acciones entre los empleados (exceptuando directores) de las cuatro distribuidoras a privatizar, de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y de la Empresa Salvadoreña de Energía S.A. de C.V. En una segunda etapa, se procedería a la venta del remanente entre inversionistas en general a través del mercado de valores. Sobre el precio de las acciones únicamente se establece que, para el caso de aquellas destinadas a los empleados de CEL, su precio será establecido por la misma y se facilitará el acceso a opciones crediticias para su adquisición.
    Por otra parte, en lo que respecta al destino de los fondos obtenidos en la venta de acciones, se establece que éstos deberán ser utilizados por CEL para proyectos de generación eléctrica mediante recursos naturales, reforestación necesaria para sus actividades y pago de deudas contraídas para implementar proyectos de rehabilitación y expansión de la red eléctrica.
    Uno de los argumentos esgrimidos por el sector de oposición de la Asamblea Legislativa para no votar por la aprobación de la ley en mención fue que ésta no contempla ninguna previsión en torno a las tarifas que serán adoptadas por las nuevas empresas privadas. Este punto es uno de los aspectos claves de la privatización; de no existir la posibilidad de fijar a voluntad las tarifas, la empresa privada no entrará fácilmente al negocio de la distribución de energía eléctrica. No es de extrañar entonces que el proyecto de ley elaborado por el gobierno -el principal defensor e impulsor de la privatización- no contemple mecanismos de fijación de tarifas.
    La experiencia de otros países fundamenta cualquier temor de alzas inmoderadas en las tarifas de servicios básicos después de su privatización, las cuales incluso llegan a opacar cualquier mejoría en la prestación de los servicios o en el ingreso ocasional que percibe el Estado al vender las empresas.
    Las condiciones de vida de la población se verán afectadas en la medida en que las tarifas estén en función de la obtención de máximas ganancias y, en consecuencia, su manejo se base en una política de constantes incrementos tarifarios. Los sectores urbanos serán, probablemente, los más afectados, ya que el servicio de energía eléctrica es más solicitado en esa área, aunque en los últimos años en el área rural también se ha extendido el uso de la electricidad. De acuerdo al último Censo de Población y Vivienda, un 92% de las viviendas urbanas poseen servicio de electricidad, mientras que en el área rural el porcentaje es de 42.3%. En términos de todo el país, la alteración de las tarifas afectaría a un 69.3% del total de hogares.
    La propiedad de las empresas, de acuerdo a las previsiones de ley, parece que se concentrará, principalmente, entre grandes inversionistas, lo cual no implica necesariamente a las grandes empresas transnacionales. Tal como se suscitó en el caso del sistema financiero, grandes inversionistas nacionales podrían llegar a concentrar la mayor parte de la propiedad de las empresas distribuidoras. En realidad, la ley no contempla medidas legislativas ni institucionales para evitar la concentración de la propiedad en estas empresas.
    En el caso de la energía eléctrica, la privatización de la distribución es un primer paso después de un proceso de inversión estatal en el sector energético a través del financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de fuertes incrementos en las tarifas de la energía eléctrica. Esto resulta desconcertante si se considera que los objetivos de la privatización son el mejoramiento de la situación financiera del Estado y la prestación de servicios básicos. No puede negarse, empero, que todo ello es consecuente con el esquema de privatización mencionado al principio y caracterizado por la depredación _planificada y avalada por los mismos gobiernos_de los recursos nacionales por parte de empresas transnacionales.
    El proyecto de ley de venta de las empresas deja las puertas abiertas para la introducción de políticas de fijación de tarifas que podrían oponerse a los objetivos de mejoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de la población. Otro problema adicional se plantea en tanto que aún no se ha definido el valor que tendrán las acciones que no serán destinadas a los trabajadores de CEL y que seguramente serán superiores al 80% del total de las mismas.
    Tal como se ha planteado hasta el momento, la privatización de las distribuidoras será de beneficio únicamente para los grandes inversionistas y para empleados de las empresas de electricidad cuyos ingresos les permitan acceder a las líneas de crédito que se ofrezcan. Los consumidores de energía eléctrica, en cambio, podrían enfrentarse a un incremento de los costos de la electricidad y, por tanto, a una disminución proporcional del ingreso destinado para otras actividades.
    El Estado, aunque obtendrá recursos financieros, se verá obligado a emplearlos en inversiones para el mismo sector electricidad y que favorecerán mayormente a las nuevas empresas privadas de distribución.
    Suponiendo la irreversibilidad de la privatización de la distribución de energía eléctrica, la ley de venta de las distribuidoras de electricidad aún requiere de mayor refinamiento en aspectos básicos tales como las tarifas, el precio de las acciones y el destino de los fondos obtenidos en la venta. Las tarifas deberían fijarse en base a los costos de producción y la obtención de una tasa de ganancia moderada; el precio de las acciones debería reflejar el verdadero valor de mercado de los activos y el destino de los fondos provenientes de la venta debería ser la ejecución de programas de compensación social, tal como el gobierno lo ha ofrecido en el pasado.

Consecuencias sociales de la nueva Ley de Migración de EEUU

     Cualquiera que haya observado las tendencias de la política estadounidense de los últimos años sabrá que la aprobación y puesta en marcha de la nueva Ley de Migración no es más que la expresión natural de un nacionalismo exacerbado que encuentra en los inmigrantes el chivo expiatorio para todos los grandes problemas de Estados Unidos. En la década en que la libertad de mercado y la movilización irrestricta del capital son dogmas inescapables, el vecino país del norte se encuentra a la búsqueda de todos los mecanismos posibles para sellar, física y legalmente, sus fronteras al flujo de emigrantes de los países latinoamericanos.
    En este contexto, la vida de los indocumentados en Estados Unidos se ha convertido en una dramática prueba de persistencia. Los millones de latinoamericanos que se encuentran en ese país han debido encontrar la fuerza necesaria para vivir en una sociedad con una tradición xenófoba centenaria ahora deben presentar las justificaciones necesarias para que un juez norteamericano les permita permanecer en un país que les niega servicio médico, educación para sus hijos, salarios equivalentes a los de la población blanca; es decir, deben convencer a un Estado urgido por expulsarlos de que, contra viento y marea, están decididos a continuar realizando el trabajo que su población nativa se niega a realizar, aunque el precio de su estadía sea el de adquirir el estatuto de ciudadano de cuarta o quinta categoría.
    Pese a que las gestiones realizadas por los cancilleres de los países de Centro América y el Caribe han logrado que el Estado norteamericano extienda el plazo de las deportaciones hasta septiembre de este año y que la aplicación de la nueva Ley de Migración no tenga un carácter retroactivo para los centroamericanos que tramitan su legalización, la amenaza de una deportación masiva de salvadoreños ilegales en Estados Unidos ha empezado a cobrar el carácter de una crisis nacional, en especial cuando se considera que estos aportan cerca de mil millones de dólares anuales en concepto de remesas a la economía salvadoreña y que a la cabeza de la lista de los ilegales a ser deportados están los salvadoreños que cumplen penas por haber cometido delitos o cuya conducta puede ser calificada como antisocial.
    La Ley de Migración, pues, plantea dos problemáticas nacionales: la económica, relacionada con la cuestión del cese o disminución del flujo de remesas, y la social, vinculada a la recomposición social que originaría una deportación masiva. Dejando de lado el primer punto (si se desea, pueden verse los análisis al respecto publicados en Tendencias de junio de 1996, "El futuro de las remesas", y en Proceso, 734, "Los hallazgos de Segundo Montes en torno a las remesas"), lo que a continuación se analizarán son algunas de las consecuencias sociales que traería a El Salvador el regreso de un buen número de compatriotas residentes en Estados Unidos.

El problema del empleo
    No es ningún secreto que una de las motivaciones que llevaron a que cerca de un millón de salvadoreños abandonaran el país en busca de un "mejor" porvenir fue la falta de oportunidades de empleo y, en consecuencia, la difícil situación económica. Salir del país con rumbo a Estados Unidos, pese a todos los riesgos y privaciones, fue y sigue siendo una opción a mantenerse inmóvil en medio de la pobreza y el desempleo. Ahora bien, ¿que pasaría si miles de estos salvadoreños que envian una constante ayuda económica a sus familiares regresaran al país?
    En primer lugar, es obvio que el actual mercado laboral salvadoreño sería incapaz de acogerlos. Los que se vieran obligados a regresar o tendrían que contar con un nivel de estudios superior al que poseían antes de su partida para tener mayor posibilidades de conseguir trabajo _algo por lo demás imposible si se considera que en Estados Unidos la mayoría de los puestos de empleo para los salvadoreños ilegales han requerido desde siempre el mínimo de educación formal_ o tendrían que regresar con el capital suficiente como para montar una pequeña o mediana empresa capaz de sobrevivir en medio de una profunda recesión económica. En otras palabras, la sociedad salvadoreña, en su estado actual, sólo podría asumir de dos modos a los deportados: como desempleados _población que posiblemente podría incentivar a las industrias maquileras a abrir nuevas fábricas para captar un sector desesperado y acostumbrado a las labores más duras_ o como pequeños capitalistas con difíciles probabilidades de alcanzar el éxito.
    En segundo lugar, hay que considerar el impacto de la deportación en el sector poblacional dependiente de la ayuda de sus familiares en Estados Unidos. Como algunos estudios lo señalan, pese a los constantes llamados que el Estado salvadoreño ha venido haciendo para que las remesas fueran orientadas hacia áreas de inversión, la mayor parte de la ayuda familiar que viene de Estados Unidos ha sido destinada para bienes suntuarios; el ejemplo más claro de ello se encuentra en el pueblo de Intipucá, en la Unión, donde la mayoría de sus habitantes han utilizado las remesas de sus familiares en el exterior para vivir una vida artificialmente cómoda y despreocupada. ¿Qué pasará con este sector de la población cuando el dinero deje de llegar y deban hacerse cargo personalmente de la reproducción de sus existencias? La respuesta es obvia: aumentará la pobreza, los hijos o familiares de los migrantes deberán abandonar sus estudios y empezarán a buscar empleo, posiblemente aumente la delincuencia, entre otros posibles.

El problema delincuencial
    El año pasado, según la embajada de Estados Unidos en el país, 1000 compatriotas fueron deportados por sus actividades delincuenciales. Este año, según la Dirección de Migración de El Salvador, han sido deportados 528 salvadoreños, 126 de ellos por la misma causa. Si se es optimista y se proyecta que únicamente una tercera parte de estos 1126 deportados continuarán con su vida criminal, se tiene que en sólo un año y medio 371 nuevos delincuentes se han sumado a uno de los problemas más graves y acuciantes de nuestra sociedad.
    Las respuestas que las autoridades relacionadas con la Seguridad Pública han dado ante ello son poco convincentes y poco tranquilizadoras. Según Hugo Barrera, Ministro de Seguridad, la solución para la deportación de salvadoreños delincuentes sería "que cumplan su condena en Estados Unidos, que no sean enviados acá". En su afirmación es a todas luces evidente el desconocimiento del estado de las prisiones estadounidenses como resultado, entre otras cosas, de su lucha en contra del narcotráfico. No sólo las prisiones de este país del norte están ya atestadas de reclusos de origen hispano, sino que, además, el pueblo norteamericano tiene la percepción de que el problema delincuencial es obra y fruto de las oleadas migratorias. Enviar a los delincuentes a sus países de origen es, por lo tanto, una forma de aminorar los gastos de la administración carcelaria y, al mismo tiempo, de deshacerse de un sector de los emigrantes considerado como lacra social. Así pues, pretender que el Estado norteamericano ceda en este punto no es nada más que una demostración de ingenuidad infantil; ingenuidad que tras de sí podría ocultar el interés de evadir la responsabilidad por resolver el problema de nuestros propios compatriotas.
    Propuestas como la de controlar a cada uno de los deportados con récord delincuencial o la de retomar el proyecto de Ley de Defensa Social no son, desde ninguna perspectiva, alternativas plausibles para el problema. ¿Con qué recursos podría la PNC controlar a más de 1000 delincuentes deportados? ¿Sería prudente revivir un proyecto de ley acusado de persecutorio, anacrónico y autoritario?
    En definitiva, la impresión que dan las afirmaciones de los funcionarios públicos en torno al problema de la inminente deportación es que se está pretendiendo mantener a los ilegales en Estado Unidos, con el fin de no afrontar lo que sería necesario hacer aquí para proporcionarles una oportunidad de recomponer sus vidas con mediana seguridad de aceptación y bienestar. Hacerle frente a la nueva Ley de Migración de Estados Unidos mediante súplicas de concesiones y postergaciones es continuar manteniendo la idea de que el problema de la migración-deportación es única responsabilidad del país receptor y no del país que origina las causas que mueven a sus habitantes a escapar de él.

         Las maquilas, de nuevo (II)

    En nuestro último artículo nos referíamos a la problemática laboral que hombres y mujeres, más mujeres que hombres, a diario enfrentan en sus centros de trabajo, especialmente cuando estos son maquilas. Analizábamos algunas de las formas bajo las cuales son violados los derechos y también nos referíamos a dos factores que por ahora no son suficientes para evitar dichas violaciones: Por un lado, la legislación laboral existente y dentro de ella la ausencia de disposiciones que de manera específica protejan a los trabajadores que ofrecen su mano de obra a empresas internacionales en territorio salvadoreño; en segundo lugar, a la poca popularidad que por ahora tienen las organizaciones sindicales. Sobre estos dos, vamos a hablar en adelante. Detengámonos primero en el problema que actualmente enfrentan los sindicatos. Dentro de estos, y conociendo de cerca algunas experiencias, encontramos que una gran debilidad es la falta de conocimientos sobre derecho laboral que poseen sus miembros, especialmente sus directivos, quienes por disposición legal están llamados a representar a los miembros del sindicato en el ejercicio de los derechos que emanan de los contratos individuales de trabajo o de las leyes, así como a asesorarlos y promover la educación técnica y general de los trabajadores. En varias ocasiones hemos atendido en nuestra Oficina de Asistencia Legal a trabajadores que han sido injustamente despedidos, afiliados a los sindicatos existentes en sus centros de trabajo sin que el sindicato como tal se haya interesado en intentar resolver el problema, ello a veces responde a un evidente desinterés y otras, a que dolorosamente, no están en capacidad de ofrecer ningún tipo de orientación al trabajador.
    La justicia laboral, es a veces complicada. Hay quienes afirman que en El Salvador, los abogados que mejor dominan la materia laboral, están del lado de la parte patronal, rara vez, del lado del trabajador, argumentando que la primera es desde luego, "la que mejor paga". Lo anterior no niega que han habido ya importantes casos en los que ha vencido judicialmente la parte trabajadora, pronunciando el tribunal sentencias que condenan al patrono al pago de prestaciones. La Procuraduría General de la República, ha conseguido ya numerosas experiencias exitosas. Sin embargo, cuando un trabajador está dispuesto a invertir su tiempo, a veces recursos económicos, paciencia y demás para tramitar un juicio laboral, desde luego que su prioridad no es precisamente demostrarle al patrono que tiene la razón, sino más bien, en virtud de un fallo judicial, recibir el pago de la cantidad adeudada, ya en concepto de salarios no pagados, ya en concepto de indemnización o demás prestaciones. El caso es que el pronunciamiento de una sentencia judicial que declare victorioso al trabajador que ha demandado no es el punto final, luego hay que ejecutar la sentencia y es en esta parte en la que se puede llevar sorpresas, cuando el patrono, paradójicamente demuestra ser un pobre "don nadie" que no posee bienes a su favor que puedan ser embargados, o en el peor de los casos, cuando el patrono ha decidido salir del país y no queda ya nadie contra quien proceder para la ejecución de la sentencia.     Como ya lo dijimos, la legislación laboral no es precisamente la más adecuada, sin embargo, conviene llamar la atención hacia dos disposiciones de rango constitucional y hacer las siguientes apreciaciones. La primera disposición que nos interesa resaltar es la contenida en el inciso segundo del artículo 52 que textualmente reza: La enumeración de los derechos y beneficios a que este capítulo se refiere, no excluye otros que se deriven de los principios de justicia y equidad." Otro artículo     constitucional que también hemos de considerar es el artículo 8, que reza: Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni a privarse de lo que ella no prohibe.
    Respecto del primer artículo citado, el gobierno de El Salvador, entre mil novecientos noventa y tres y mil novecientos noventa y cuatro se negó a ratificar sustanciosos convenios de la OIT, sin embargo, basados en principios de justicia y equidad, pueden y de hecho, deben los trabajadores salvadoreños exigir el respeto y protección de sus derechos, aún y cuando estos no estén expresamente reconocidos. La segunda disposición traída a cuenta nos abre las puertas para ser creativos y poder diseñar estrategias, mecanismos que, a pesar de carecer de herramientas idóneas (leyes), sean sustitutivos de aquellas y permitan obtener mejoras en nuestros centros de trabajo, especialmente en lo que respecto a la relación laboral patrono- trabajador, ya sea por medio de contratos individuales, contratos colectivos, contratos ley, recomendaciones técnicas, previsión y seguridad social, y otras. Ahora nos preguntamos ¿es esto posible en El Salvador? ¿alguien ya lo ha logrado?. Desde luego que sí. El ejemplo, ya lo hemos comentado en esta revista, nos referimos a la experiencia exitosa de la maquila El Mandarín Internacional. Como ya los antecedentes han sido expuestos ( ver Proceso números 697 y 725), ahora nos remitiremos a lo que aconteció el pasado 22 de marzo, fecha en la que el Grupo de Monitoreo Independiente cumplió su primer aniversario, habiendo logrado ya el cumplimiento de importantes compromisos por cuenta de la parte patronal, entre ellos la recontratación de personal injustamente despedido:

Declaración de Aniversario
    El 22 de marzo de 1996 se firmó un acuerdo mediante el cual se puso fin a los conflictos laborales suscitados en Mandarín Internacional durante 1995. Dicho documento fue suscrito por representantes de la empresa, ex directivos(as) del Sindicato de empresa de Trabajadores del Mandarín Internacional (SETMI), directivos(as) de la Asociación de Trabajadores de la empresa Mandarín Internacional (ATEMISA) y el Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador (GMIES).
    En ese documento se encomendó al GMIES de la misión de vigilar el cumplimiento de los contenidos de dicho acuerdo en lo relativo al respeto de la legislación laboral nacional, Derechos Humanos y el código de Conducta de GAP, así como procurar la consolidación de un ambiente laboral estable, armonioso y productivo dentro del Mandarín Internacional.
    Para marzo de 1997, el punto uno de la resolución, relativo a la recontratación de ex directivos(as) sindicales ya se encuentra cumplido. El punto dos, que trata de la recontratación de las personas que salieron de la fábrica durante los conflictos de 1995, está en proceso de cumplimiento. Todo ello contando con la actitud positiva, el trabajo conjunto y la satisfacción de todas las partes firmantes de la resolución.
    A un año de firmado ese documento y frente a los logros alcanzados hasta hoy, se vuelve necesario establecer nuevas vías y mecanismos que orienten lo que será el trabajo a realizar en adelante. Por estas razones, las partes firmantes de la Resolución del 22 de marzo de 1996, declaran:
    Que en el proceso de monitoreo independiente seguido en Mandarín Internacional ha demostrado ser una herramienta útil para la generación de un ambiente laboral productivo, armonioso y respetuoso de las leyes y los códigos de conducta correspondientes. En este proceso ha sido importante la actitud de puertas abiertas que la empresa ha tenido con el GMIES, así como de la buena voluntad y disposición de las demás partes firmantes.
    Para continuar con dicho proceso, acuerdan:
     1. Continuar con el cumplimiento del punto dos de la Resolución del 22 de marzo de 1996, hasta llevar a feliz termino este punto, en el plazo más corto posible. A la fecha se ha iniciado el proceso de recontratación y la empresa tiene proyectos que agilizaran la reincorporación de trabajadores y trabajadoras que habían laborado anteriormente en Mandarín Internacional.
     2. Seguir realizando acciones que permitan mantener las relaciones armónicas y productivas dentro de las empresa, verificando el respeto a los Derechos Humanos y el fiel cumplimiento de la ley salvadoreña y los códigos de conducta correspondientes. Todo ello, conscientes del cumplimiento que Mandarín Internacional a dado a estas reglamentaciones a lo largo del proceso.
     3. Fomentar las acciones de acercamiento entre todo el personal de Mandarín Internacional, aprovechando la buena disposición que para ello ha mostrado la directiva de ATEMISA y del ex sindicato SETMI.
     4. Mantener acciones efectivas de acción directa y, de ser necesario, proponer las medidas adecuadas para contribuir a seguir mejorando las condiciones laborales de Mandarín Internacional.
     5. Colaborar para prevenir y solventar problemas laborales.
    La instancia encargada de garantizar el impulso de este esfuerzo y vigilar el cumplimiento de estos compromisos, será el Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador.
    Finalmente, las partes firmantes de la Resolución del 22 de marzo de 1996, declaran que el trabajo a realizarse cuenta con la buena voluntad y disposición a colaborar de todas las partes.

¿El maquilador general de la PNC?
    ¿Qué respondería Usted si un delegado de la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil llega a su casa o se lo encuentra en la calle y le hace algunas preguntas sobre el trabajo que realiza el cuerpo de seguridad? Si no conoce bien a la Inspectoría podría pensar que ésta es parte de la PNC y no se atrevería a ser totalmente sincero; si sabe que dicha Inspectoría pertenece al Ministerio de Seguridad Pública, igual. Bueno esa sensación es la que nos surge ahora al conocer los resultados del sondeo de opinión realizado recientemente por la instancia que dirige Víctor Valle, quien apareció presentándolos y tratando de brindar una imagen exageradamente bonita del cuerpo policial.
    Se dice que esa encuesta de opinión se llevó a cabo durante la última semana de marzo, entre casi 2 mil quinientos ciudadanas y ciudadanos. El comunicado que dio a conocer el inspector Valle dice que la muestra fue "distribuida proporcionalmente según la población de cada departamento y la composición de la población en cuanto a origen rural o urbano y garantizando el equilibrio en cuanto al sexo de los ciudadanos".
    Pero mejor conozcamos un poco los resultados de lo que ahora presentan como la "opinión" de la población. Según la Inspectoría General, el 54% considera que el combate de la delincuencia por parte de la institución es entre buena y excelente, el 52% sostiene que la rapidez y eficiencia con la que actúa la Policía en casos de emergencia en su comunidad es entre buena y excelente. En materia de respeto a los derechos humanos, el 63% afirma que la actuación de los agentes es entre buena y excelente; mientras, el 79% opina que la presencia de los miembros de la PNC, les genera reacciones de seguridad. Sólo el 3% siente miedo y el 1% rechazo, para encontrarnos con el 17% cuya reacción fue de indiferencia.
    ¿A quién pretende engañar Valle con estos porcentajes tan elevados de excelencia policial que no se advierten en la realidad? Lo que sí existen, por desgracia, son muchos casos que nos ilustran sobre el maltrato y el irrespeto a los derechos humanos de parte de estos servidores públicos en su relación con la gente. Recordamos por ejemplo el caso de William Antonio Gaytán Ayala, quien fue asesinado el 4 de enero de 1996 por agentes de la unidad de emergencia 121 de la PNC. Este joven de 15 años, honesto y prometedor, fue ejecutado de forma arbitraria y sus asesinos andan libres, protegidos por la impunidad institucional.
    El problema más grave ahora es que ya pasaron 15 meses desde la realización de ese condenable hecho sin que, hasta el momento, se haga justicia. La actuación de los fiscales específicos en el caso ha sido muy buena; mientras, la del doctor Valle ha sido nula en este y muchos otros casos donde aparecen involucrados miembros del cuerpo de seguridad. Según se observa, el inspector general se ha dedicado más a tratar de crear una linda imagen de la institución, "maquillando" las grandes deficiencias que existen al interior de la misma, y ha desatendido lo prioritario de su misión en esta etapa.
    Un caso más reciente y que también cuestiona la calidad de los procedimientos utilizados por la institución policial es el que se registró el miércoles 9 de abril en San Salvador, en el parque "Hula-Hula", cuando decenas de vendedores ambulantes se enfrentaron a miembros de la PNC que habían capturado a uno de sus compañeros. Como ya se es costumbre, el saldo fue de varias personas lesionadas. ¿Cuál será la explicación de Valle? ¿Falta de experiencia? ¿Nerviosismo?
    Ante los hechos registrados entre agentes de la PNC y los comerciantes, el director de la PNC, Rodrigo Ávila, se reunió con representantes de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes y Vendedores de Antojitos Ligeros, ANPECOVAL, para lograr un acuerdo y evitar la violencia en las calles, debido a los "malos entendidos" o faltas en los procedimientos policiales. En la reunión también estuvieron presentes miembros de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y de la Inspectoría General de la PNC.
    Con casos como los expuestos, ¿realmente piensan en la Inspectoría que la gente se va a "tragar la píldora" de una PNC excelente y bien vista? Valle no debería gastar los pocos recursos que dice tener, pretendiendo que creamos que las cosas marchan bien dentro de la PNC.
    Si de verdad se quiere que la población confíe en el cuerpo y tenga una opinión favorable de su actuación, lo que debe hacer es trabajar en serio para cumplir con sus funciones: detectando y señalando las anomalías que existen, especialmente aquellas que involucran a la conducción de la institución y que son las que realmente están ensuciando uno de los logros más importantes de la lucha del pueblo salvadoreño por democratizar el país y garantizar el respeto a sus derechos y libertades fundamentales. Si Valle trabaja en esta línea, estamos seguros que no necesitará encuestas de este tipo que sólo demuestran su incapacidad para hacer frente a los problemas y contribuir a su solución real.

A continuación transcribimos las notas del discurso del Presidente del BID, Enrique Iglesias, "El desafío de la criminalidad urbana", pronunciado en Río de Janeiro, Brasil, el 26 de febrero de 1997

El desafío de la criminalidad urbana

    Las perspectivas económicas de América Latina no son malas. El control de los desequilibrios macroeconómicos comienza a producir resultados, las tasas de inflación son bajas, muchos países han alcanzado tasas de crecimiento significativas y las que han experimentado retrocesos a lo largo del proceso, no sólo se han recuperado sino que han retomado la ruta del crecimiento.
    Es significativo que terminada la década perdida de los ochenta y las experiencias de recuperación de los años noventa, las noticias de la región son cada vez menos económicas, pero cada vez más sociales y políticas. Nadie discute hoy día que las reformas económicas se hicieron con enormes sacrificios humanos que empeoraron la situación social existente, pasadas las emergencias de la transición las prioridades humanas postergadas han comenzado a definir los perfiles de la realidad latinoamericana. Resolver este desafío constituye sin duda la prueba de fuego de la viabilidad de las reformas.
    Si bien la mayoría de la gente piensa sólo en los aspectos económicos de la competencia internacional, la ruta que conduce al mundo más integrado del próximo siglo plantea desafíos complejos que inciden en las capacidades de los países para estructurar sociedades que siendo abiertas y permeables, puedan mantener sin embargo su integridad; es decir, tengan dinamismo cultural y garanticen un orden normativo eficaz en lo interno y en lo externo.
    Las modernas condiciones del progreso material en un mundo abierto dan ventajas a las estructuras sociales que son capaces de adaptarse pero al hacerlo evitan procesos predatorios que son autodestructivos y que están asociados a la multiplicadión de la incertidumbre.
    El tema que hoy en día nos convoca constituye uno de los desafíos más difíciles que enfrenta la región. El crimen es por naturaleza predatorio y cuando alcanza niveles elevados erosiona la trama humana e institucional y tiene efectos negativos en la economía. Los síntomas son alarmantes. Si se comparan las tasas de criminalidad, América Latina está quizás entre las más altas del mundo.

Gravedad del problema
    Los pocos números que tenemos dan cuenta de la gravedad del crimen en la región. En Colombia se calcula que cada 15 minutos hay un asesinato; en ciudad de México cálculos muy conservadores indican que cada cuatro horas una persona es asesinada, y cada seis horas una mujer es violada; es probable que en Brasil una persona sea asesinada cada tres minutos, y estimaciones recientes para Venezuela colocan esa cifra en un asesinato cada dos horas.
    En muchos países los homicidios constituyen una de las principales causas de muerte, en los centros de análisis epidemiológicos de América Latina, los médicos estudian este fenómeno como si constituyera una epidemia, hay varios países en que el asesinato es la segunda causa principal de muerte.
    También los delitos contra la propiedad han alcanzado niveles alarmantes. Estimaciones para ciudad de México sugieren un promedio de un robo o hurto cada seis minutos; en Brasil uno por minuto y en Venezuela uno cada tres minutos.
    Las tasas que están detrás de estas cifras son preocupantes. En Caracas, los homicidios han estado entre 60 y 80 por cien mil en los últimos años; en ciudad de México entre 25 y 28; en las ciudades colombianas entre 200 y 600 y en Sao Paulo se calcula entre 40 y 45.

El caso especial de El Salvador
    Informaciones recientes indican que El Salvador tiene las tasas más elevadas de criminalidad del mundo. Con 140 homicidios por 100 mil habitantes, cada salvadoreño experimenta riesgos 60 veces superiores a los que experimenta un inglés promedio en su país. Cada cinco años, una de cada 28 familias sufre la dolorosa experiencia de perder uno de sus miembros; en diez años esa relación desciende a uno en 17 familias. Las estimaciones indican que los homicidios son un flagelo mucho más destructivo de vidas humanas que la sangrienta guerra civil que asoló al país, es un flagelo menos dramático pero a diferencia de ese enfrentamiento armado es sordo, y continuo y por su naturaleza no es susceptible de un acuerdo pacificador.
    Dos aspectos del drama salvadoreño que hay que destacar son: el aumento de la delincuencia juvenil con sus bandas armadas, asociadas internacionalmente a bandas similares en los Estados Unidos y el alto nivel que han alcanzado los crímenes contra la propiedad.

El problema de los países receptores de turistas
    Hay países en la región en que el turismo representa un ingreso esencial, si bien el estancamiento de esta industria tiene diversas causas, no hay duda que el aumento de la criminalidad es un factor importante. Hay naciones en El Caribe en que la tasa de homicidios ha escalado niveles de 40 por cien mil, cuatro veces la alta criminalidad de los Estados Unidos y casi 20 veces los niveles de delincuencia de Inglaterra. Cada cinco años una familia de cada 100 experimenta una muerte por homicidio y tanto los delitos contra la propiedad como la inseguridad en las calles son elevados. Los turistas deben permanecer recluidos en los hoteles y en una pequeña banda adyacente.

El aumento del crimen organizado
    El narcotráfico se ha difundido como un cáncer. La región ha dejado de ser sólo productora de drogas ilegales. En la medida que los Estados Unidos ha mejorado sus sistemas para impedir el ingreso de drogas, la necesidad de encontrar nuevas rutas ha involucrado a otros países de la región que tienen mejor acceso al mercado americano. La prensa nos informa periódicamente de lo que esto significa.
    Son varios los países de la región en que comienzan a adquirir significación dos nuevos mercados ilegales. En primer lugar el lavado de dinero con frecuencia tiene efectos locales aparentemente dinámicos, pero que requiere de cadenas de colusión y por lo tanto de corrupción. En la reunión que se celebró en el Banco en 1996, aprendimos que mientras más elevadas son las sumas que hay que lavar (con el consecuente aumento de su visibilidad), más amplia y profunda es la corrupción. Además, el consumo de drogas ha aumentado. Hay estudios que demuestran que ha penetrado entre los jóvenes y que los agentes del narcotráfico comienzan a controlar territorios que son impermeables a la acción de la policía. En algunas ciudades constituyen verdaderos gobiernos locales.
    Estas organizaciones, sus mercados y sus cadenas de corrupción contribuyen a la expansión del capital social perverso. Este es altamente adaptativo; su capacidad para mimetizarse simbióticamente con las instituciones y agencias legítimas de la sociedad es comparable a su capacidad para reducir el ámbito legal o para penetrarlo. Su efecto principal es erosionar la legitimidad del orden con sus libertades y obligaciones.
    En relación a esto, hay dos problemas que quiero destacar. El primero de ellos se refiere a cómo el crimen y la corrupción influyen sobre la libertad de expresión. La Sociedad Interamericana de Prensa ha publicado un folleto de testimonio y homenaje a los periodistas que han sido asesinados en la región, la mayoría de los casos permanece sin aclarar y los victimarios continúan en la impunidad.
    La víctima invisible del crimen y la violencia son los derechos de la población. Yo me alegro que el Gobierno de Brasil haya enfocado este desafío desde el punto de vista de los derechos. Este es un aspecto fundamental de la agenda democrática, sólo quiero recordar que las experiencias europeas de poblaciones aterrorizadas dio lugar al moderno concepto de "seguridad ciudadana". Tal como esta noción fue expresada en la Declaración del Atlántico Norte, vale decir la eliminación del miedo como factor de convivencia y orden social. El crimen produce terror y origina reacciones exageradas que terminan por producir abusos que atemorizan y limitan la libertad de la población. El respeto a los derechos es sin duda un poderoso factor de equilibrio.

Rejuvenecimiento de la población criminal y tribalización de los jóvenes
    La edad promedio de los delincuentes ha descendido significativamente. Antes, el período activo estaba entre 20 y 35 años, ahora está entre 15 y 25 ó 30 años a lo más. En el interesante estudio del crimen en Caracas que se presenta en esta reunión se señala que el 70% de las víctimas y de los victimarios están en este tramo de edades. Hay informaciones menos sistemáticas para otras ciudades que confirman que ha habido un rejuvenecimiento de la población criminal.
    Estos antecedentes indican que la transición de los jóvenes hacia la vida adulta constituye un desafío que América Latina no logra resolver, a pesar de los significativos esfuerzos que se hacen en algunos países. Los problemas comienzan sin embargo a edades más tempranas. Los cálculos sugieren que hay millones de niños abandonados que viven en las calles de las ciudades latinoamericanas, que son víctimas y luego se convierten en victimarios. Sugieren también que la violencia familiar y el abuso de niños es un problema muy extendido.
    La bandas juveniles comienzan a multiplicarse en muchas ciudades de la región controlando territorios y aterrorizando vecindarios, hay indicios que sugieren que en algunos sitios el fenómeno está asociado a la comercialización local de drogas. Pero esto no es el único vínculo internacional, el fenómeno de bandas que actúan como filiales de bandas juveniles americanas es un ingrediente importante en la difusión del fenómeno. Esta tribalización de la juventud sugiere una fractura importante de los procesos de transmisión de valores y de absorción de las nuevas generaciones, sobre todo en los barrios en que viven familias con recursos limitados. Las informaciones muestran que el fenómeno es reciente y afecta a los países de América Central y a algunas ciudades en Ecuador, Perú y en Colombia. Hay indicios, sin embargo, que sugieren comienza a extenderse hacia otras ciudades de la región.

Efectos económicos del crimen
    El crimen incide en la tasa de crecimiento económico. En el coloquio que realizamos en la sede del Banco en Washington en 1996, la conclusión fue clara: los gastos en seguridad son apreciables, los costos de transición que origina el crimen son elevados e inciden negativamente sobre las tasas de crecimiento. Un cálculo para Colombia mostró que el nivel del gasto en seguridad representaba el 13% del PIB y el crimen contribuía a que la tasa de formación bruta de capital fuera hoy día 38% inferior a la que el país tenía en 1970 con niveles de delincuencia más bajos, el resultado era una pérdida de dos puntos en la tasa de crecimiento.
    El crimen incide también en la formación de capital humano. Si bien no tenemos cálculos apropiados, el crimen y la violencia afectan a las escuelas de dos maneras. Fomenta subculturas alternativas contrapuestas a la escolarización que aceleran los bajos rendimientos y la deserción. Además, al cabo del tiempo penetran en las escuelas creando climas humanos adversos al aprendizaje.
    Sobre esto sabemos todavía muy poco. Es significativo sin embargo la información que hay lugares en que la construcción y reparación de cárceles es un gasto que supera la construcción y reparación de escuelas.
    Finalmente, donde se consolidan los mercados ilegales, el crimen organizado y las cademas de corrupción, las operaciones de transables ilegales contribuyen a aumentar la regresividad de la distribución de los ingresos. Este efecto es significativo, porque no sólo se produce concentración de poder para amenazar e intimidar, es decir, para constituir monopolios que a la vez que concurren tienen las capacidades para penetrar a la esfera legal.

Cultura de la violencia

    Uno de los fenómenos que se observa cuando la delincuencia sube y alcanza niveles significativos es que el crimen es una actividad que se instala en el seno de la sociedad. HABITAT estima que las tasas de victimización urbana de América Latina son de alrededor del 14% por año, es decir en cinco años casi 70% de los habitantes de las aglomeraciones terminan por ser víctimas de algún acto criminal. Las experiencias directas generan a su vez una cadena de experiencias vicarias que multiplican las ansiedades de la población. Si tomamos la difusión personal de la información a partir de los nexos de interacción de la víctima, simulaciones hechas en el Banco Interamericano de Desarrollo permite estimar conservadoramente que esos 70 delitos en una población de 100 individuos generan en cinco años 8.750 mensajes de alguna intensidad comunicativa, alrededor de 87 por persona. Esto sin contar la información que difunden los medios de comunicación y que dan lugar a experiencias informativas de distinta intensidad. Si a esto agregamos que las tasas de victimización están regresivamente distribuidas, sobre la base de las cifras de victimización de Sao Paulo es posible estimar que mientras el 30% de la población que habita en áreas de baja delincuencia está expuesto a 19 mensajes por persona en cinco años, el 20% que vive en las áreas más peligrosas recibe 156 mensajes por persona. El promedio de la ciudad son 100 mensajes personales e intensos por habitantes en cinco años.
    Estos números no sólo ilustran el nivel público de preocupación por la seguridad que hay en algunas ciudades de la región, sugiere también que el crimen y la violencia se han convertido en temas que condicionan la cultura urbana que florece en las grandes aglomeraciones latinoamericanas.
    Por eso no es de extrañarse que la violencia y el crimen no sólo sean peligros reales, sino que además colonizan el mundo de la imaginación y las preferencias culturales de la población. Estimaciones hechas en los Estados Unidos, país que tiene casi cuatro veces las tasas de criminalidad de los países industriales de Europa, se calcula que cada niño que completa su educación primaria ha visto en la televisión 100.000 actos violentos y 8.000 asesinatos, al finalizar la educación media los asesinatos han subido a 16.000. La demanda cultural por violencia es tan elevada que se calcula que aún en los programas para niños hay un promedio de cinco actos violentos por hora, en los fines de semana este promedio sube a 18.
    Habría sido interesante poder contar con estudios semejantes para América Latina, lo único que sabemos es que durante los diez últimos años, la violencia parece haber aumentado en la programación.

Necesidad de consolidar el estado de derechos
El crimen y la violencia tienen efectos devastadores que inciden en la trama humana e institucional. Contribuye sin duda a que disminuya la confianza pública en la efectividad del orden social. Este es un el desafío más preocupante porque abre la posibilidad que grupos específicos intenten "privatizar" el orden en función de sus intereses. Si esto llegara a ocurrir, y espero que no suceda, estarían en peligro los esfuerzos que se han hecho y continúan haciéndose para consolidar la democracia y el estado de derecho.
Benito Juárez, un mexicano ilustre y uno de los latinoamericanos que con más profundidad ha destacado la importancia que el imperio de la ley y el respeto a los derechos tienen en la creación de un clima de confianza pública y paz ciudadana, pensaba que esto es un pre-requisito para que la democracia incorpore a la ciudadanía. Yo pienso que las frustraciones que desencadenan el crimen, la violencia y la corrupción, le dan un contenido contemporáneo a la gran visión política de Juárez, cuando afirmaba que " la libertad es el respeto al derecho de los otros".

Febrero 26, 1997.