Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

Semanario Proceso

© 1997 UCA Editores

Fracaso del PD: ¿fracaso de la socialdemocracia?
Las reformas constitucionales: aprendiendo a concertar
Impacto económico de la industria maquiladora
Perú: irracionalidad estatal y miopía revolucionaria
Los desafíos del nuevo alcalde de San Salvador
Dos años al frente de la PDDH

    Con el violento y espectacular operativo de las fuerzas armadas peruanas que puso fin a la crisis de los rehenes en la embajada japonesa en Perú, el Presidente Alberto Fujimori le dio una demostración al mundo de la manera en que su democracia resuelve los conflictos de este tipo; el mismo día, los mandatarios de la mayoría de los países americanos aplaudieron emocionados hasta las lágrimas y se apresuraron a felicitar a su homólogo peruano por el heroico rescate y por el oportuno exterminio de los 14 guerrilleros del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA).
    Y es que la liberación de los 72 rehenes por la vía armada no fue un simple rescate, fue un acto simbólico con el que se afirmó un tajante "no más" a las acciones subversivas de los pocos movimientos guerrilleros que persisten aún en el mundo. Tal como lo interpretó Fujimori, y con él un gran número de gobernantes, el operativo de las fuerzas armadas peruanas era, más que la solución a un problema meramente nacional, una advertencia a cualquier grupo con actividades al margen de la legalidad estatal de que el modo con que reaccionaran de hoy en adelante las democracias ante la agresión será fiero y mortífero.
    Al observar el hecho fríamente es inevitable qué surja una pregunta: ¿eran conscientes los miembros del grupo del MRTA que se tomó la embajada de que su acción conduciría únicamente a su propio exterminio? ¿Fue la toma de los rehenes un mero preámbulo para su propia inmolación? Para contestar a esta pregunta hay que recordar que las exigencias que pusieron los guerrilleros para liberar a los rehenes se fueron reduciendo paulatinamente hasta llegar a una sola: la excarcelación inmediata de los miembros del MRTA que guardaban prisión; exigencia que desde el principio fue rechazada por Fujimori. Por qué, entonces, no buscaron negociar una forma de abandonar pacíficamente la embajada y obtener asilo en algún país en que pudieran ponerse a salvo, Cuba por ejemplo. O es que acaso el fin de su arriesgado plan era, tal como sucedió, ser aplastados sin pena ni gloria.
    Si el objetivo del grupo del MRTA que se tomó la embajada era el de obligar a la opinión mundial a que tomara conciencia del estado y la clase de democracia que había implantado Fujimori en el Perú, entonces es necesario afirmar que la misión fue un absoluto fracaso. Puesto que internacionalmente no sólo no se criticó la gestión del gobierno peruano, sino que incluso se avaló su falta de flexibilidad y disposición al diálogo. En lugar de alcanzar una victoria política, los emerretistas se prestaron a un juego en el que a ellos se les asignó el papel de simples delincuentes y en el que las huestes de Fujimori asumieron el papel de víctimas de una agresión brutal. Llámese falta de habilidad política o, en su defecto, de estrategia militar, el comando del MRTA solamente pudo hacer presencia como un grupo de temerarios terroristas destinado a la derrota.
    Seguramente no faltarán sectores que tratarán de hallar en el trágico fin de la crisis peruana un objeto de culto, una renovada manifestación del romanticismo revolucionario de los años setenta, una victoria en la derrota de los ideales de la lucha por la igualdad contra gobiernos opresivos e injustos. Sin embargo, realizar esta idealización es hacer gala de un maniqueísmo y de una simpleza imperdonables. A estas alturas de los tiempos, tanto los que suspiran con nostalgia por aquellos momentos de la historia latinoamericana en que el hombre comprometido con la realidad era el que vagaba por las montañas de su país defendiendo a los pobres con un fusil al hombro, como aquellos que pretenden encarnar todavía este pasado, deberían de haber comprendido ya que los actos suicidas y los discursos inconsistentes y retóricos ni sacan a los marginados de su situación ni logran cambios en la manera de hacer política de lo gobiernos, por muchas buenas intenciones que en ello se ponga. En este sentido, la acción del MRTA fue más un suicidio que un acto político de protesta por condiciones intolerables; más un palo de ciego, emanado de una izquierda confundida en su forma de hacer política, que un acto de heroicismo y arrojo.
    Ahora bien, qué decir de la respuesta del gobierno peruano ante la crisis de los rehenes. Entre todo, una cosa es clara: la solución por la vía armada buscó ser más una expresión de la polémica e intransigente personalidad del presidente Fujimori, de su forma de hacer política, que adaptarse o ser consecuente con las condiciones de los rehenes y las exigencias de un sistema democrático. Ciertamente, en una situación en la que la vida de sujetos retenidos en contra de su voluntad corre peligro, la eliminación física de sus captores se vuelve casi la única salida. Pero en el caso peruano la integridad física de los rehenes estaba de algún modo asegurada; muestra de ello es que los captores habían permitido el ingreso de médicos para que velaran por la salud de los rehenes y habían afirmado en reiteradas ocasiones que no se procedería al asesinato de alguno de ellos como forma de presión para el cumplimiento de sus exigencias.
    Así pues, el único momento en que la vida de los rehenes colgó de un hilo fue cuando las tropas élites peruanas atacaron la embajada. Por ello, la acción ordenada por Fujimori estaba orientada a servir de castigo ejemplarizante; por ello, no hay lugar para afirmar que la democracia en Perú salió triunfante. ¿O acaso la democracia debe hacerse imperar a sangre y fuego? Si ello es así, ¿qué distingue a Fujimori de un comando que veía en la violencia la única manera de hacerse escuchar?
    Sobre los hechos, el diputado del Partido de Conciliación Nacional (PCN) Dagoberto Marroquín afirmó que la liberación de los diplomáticos en el Perú debe interpretarse como la señal de que en el mundo "la violencia no tiene cabida". Si esta afirmación no hubiera sido hecha como reflejo de la opinión mundial al respecto sólo podría interpretarse como una más de las incoherencias en las que caen nuestros políticos faltos de toda educación e inteligencia, pero por serlo es digna de las mayores preocupaciones, puesto que entonces se está admitiendo que el ejercicio de la violencia irracional es legitima en tanto la realiza el Estado y aberrante cuando la utilizan grupos a los que éste les niega reconocimiento legal. ¿Cómo hablar de que la violencia de unos no tiene cabida cuando una violencia posterior ejercida por otros la detiene?
    En el mismo sentido se deben analizar las afirmaciones contenidas en un comunicado de prensa emanado del partido ARENA. En él, este instituto político "se une al júbilo de todo el mundo civilizado por la liberación de los rehenes". De nuevo es obligatorio preguntar ¿qué tipo de civilización es aquella que se alegra de resolver conflictos recurriendo a la muerte y la violencia? ¿No es este el mismo tipo de civilización que se utilizó para dominar hace un siglo a los "bárbaros" nativos de África, Irlanda y las estepas norteamericanas? ¿Podría entonces considerarse como incivilizado a un individuo, grupo o nación que decidiera mantenerse al margen de la lógica de la violencia como respuesta a la violencia?
    Los sucesos acaecidos en Perú y la respuesta que a ellos han dado las naciones del mundo no son sólo muestra del malestar de la democracia y la sociedad peruanas, son muestras palpables del malestar de la modalidad de civilización por la que se rige la comunidad internacional. En la liberación de los rehenes en Perú no sólo murieron los emerretistas, también murieron el respeto incondicional a la vida humana, los valores mínimos de la democracia y la fe en el progreso hacia niveles más humanos de convivencia.

"Señor: Benjamín Cuéllar, director de IDHUCA:
Señores y señoras:
    Es para mi un honor haber sido invitada a este acto en el que el IDHUCA, siguiendo una tradición de trabajo responsable y visionario en materia de derechos humanos, inaugura el Centro de Formación en Derechos Humanos «Segundo Montes».
    Digo actitud responsable pues en El Salvador de hoy, país de transición y consolidación democrática, es un acto de responsabilidad trabajar en la perspectiva de la construcción de la legalidad y de una relación Estado-sociedad respetuosa del pacto social básico que sólo puede sustentarse en el respeto de derechos y el cumplimiento de obligaciones, pues lo que queremos no es una democracia formal simplemente sino un Estado de Derecho real, funcional, donde la población sienta que vive democráticamente.
    Y digo, visionaria, pues trabajar en derechos humanos y más concretamente en los derechos políticos de participación, como la jornada de esta mañana, es ciertamente actuar en el presente pero pensando en el futuro.
    La formación y capacitación en derechos humanos en una sociedad que ha salido del conflicto armado, que su patrón histórico no ha sido precisamente el del respeto a la legalidad ni el ejercicio democrático del poder y que, hoy, trata de construir el futuro sobre la base de un consenso nacional amplio a favor del Estado de Derecho, es una tarea esencial, prioritaria.
    La democracia requiere ciudadanos. Pero no existen ciudadanos plenos si no ejercen sus derechos, y éstos no pueden ejercerse si en primer lugar no se da una conciencia en el propio individuo de la existencia del derecho subjetivo y del deber de garantía del Estado para respetarlo o realizarlo. En esa perspectiva, la formación y capacitación de la población, especialmente de los jóvenes en el ejercicio de sus derechos políticos y en las reglas del Estado de Derecho es una opción para crear ciudadanos, para desarrollar lo que con mucha simpleza pero con gran profundidad se llama cultura cívica.
    El primer requisito para la participación es, como he señalado, la facultad subjetiva del derecho a participar y la facultad objetiva de la norma jurídica o del acto del poder público que debe permitir, promover y garantizar la participación. En este contexto, la participación es un derecho y es un deber que no se agota con el ejercicio del voto; en realidad el voto, el sufragio, es un acto participatorio de elección de gobernantes, pero la participación política es la intervención activa en la acción de gobierno o de administración y al mismo tiempo es la acción de fiscalización.
    Los gobernados en la democracia moderna no son entes pasivos, son agentes activos del gobierno local y nacional a través de formas y medios participativos que implican la organización del poder civil y el ejercicio democrático del poder público.
    Estoy persuadida de que el Centro «Segundo Montes», que hoy se inaugura, cumplirá plenamente la misión de promover los derechos humanos y entre ellos los derechos políticos, para contribuir a democratizar la vida cotidiana desde una perspectiva plural y compartida del poder público, en la que la autoridad debe gobernar escuchando a los electores organizados en la sociedad civil y siempre sujeta a la fiscalización por parte de éstos. Otras tareas de capacitación que estoy segura desarrollará el Centro en el futuro, serán siempre convergentes con esta idea que vincula al individuo, a la sociedad y a las estructuras de gobierno con las nociones de legalidad y participación.
    El derrotero que el Centro habrá de discurrir en el futuro, en estas tareas, será al mismo tiempo el mejor homenaje a Segundo Montes, quien dedicó su vida y la ofrendó justamente en el compromiso de contribuir a la construcción de una sociedad justa y más humana, en la que el valor de la participación sea una verdadera medida de su contenido democrático.
    En esta tarea, el Centro puede estar seguro que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos habrá de contribuir con todos sus esfuerzos para respaldar y apoyar sus actividades. Finalmente, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos es una contralora de la legalidad democrática cuyo trabajo supone dos premisas básicas: autonomía e independencia de cualquier ideología. Estos valores en los que la Procuraduría intenta fundamentar la legitimidad de su acción creo que son comunes a todas las instituciones que trabajan en el ámbito de los derechos humanos.
    Formar en derechos humanos no es ideologizar al individuo o a la sociedad. Es, simplemente, contribuir a que hombres y mujeres afirmen su dignidad y que las relaciones de unos y otros y de todos con el Estado se regulen por la ley; por una ley fundada en los derechos humanos. Las interacciones que emergen de este relacionamiento social constituyen la democracia. En síntesis se trata, como dijo Sartre, de algo simple: que aprendamos a respetar la dignidad del otro.
        
        MUCHAS GRACIAS."

MINISTERIO DEL AMBIENTE. El Presidente de la República, Armando Calderón Sol, anunció, el 21.04, que la Secretaría Ejecutiva del Medio Ambiente (SEMA) sería ascendida al rango de ministerio, a partir del 01.06. Calderón Sol sostuvo que diversos sectores de la vida nacional han venido haciendo un esfuerzo por proteger el ecosistema, pero hay que intensificar dicha labor para preservar el país. Por el momento, declinó adelantar nombres de quiénes podrían estar al frente de la nueva cartera ni cuál será el presupuesto inicial con que arrancará ( LPG 22.04 p.10-a).

ELIGEN JEFE. La jefatura de la fracción legislativa del PCN recaerá en el coronel Sigifredo Ochoa Pérez, reveló, el 20.04, el secretario general del partido, Ciro Cruz Zepeda. Mientras tanto, Horacio Ríos, Mauricio Gutiérrez Castro y Víctor Antonio Cornejo Arango, todos disidentes de ARENA, formarán parte de las comisiones del Medio Ambiente, Legislación y Puntos Constitucionales y Agricultura. El secretario del PCN descartó la posibilidad de que la jefatura de fracción haya sido negociada con los disidentes de ARENA, como parte de compromisos adquiridos ( LPG 21.04 p.6-a).