© 1997 UCA Editores
abril 30
1997
ISSN 0259-9864
Demagogos de la vida
Impacto social y ecológico de la construcción de
represas en El Salvador
Sobre la necesidad de disentir
Los habitantes de los ex bolsones y las leyes
forestales de Honduras
Derechos humanos y acuerdos de paz en guatemala
Migración y derechos humanos (I)
aperturista en el cual el gobierno actual ha
embarcado a El Salvador.
Quienes hoy alegan defender la vida desde
su concepción y quienes aseguran estar
comprometidos con ella son los mismos que hace
tan sólo unos pocos meses aprobaron la pena de
muerte, en primera instancia. A la vista de los
resultados electorales, tendrán que desistir,
porque ya no cuentan con los votos necesarios
para aprobarla en segunda instancia. No se puede
decir sí a la vida, promoviéndola desde su
concepción, pero quitándola con la pena de muerte.
Si la vida es un valor absoluto en su comienzo,
también lo es en su final. Quienes ahora se
presentan como los abanderados de la vida son los
mismos que aparecen implicados en todos los
informes de Naciones Unidas en la organización y
el financiamiento de los escuadrones de la muerte.
Son los mismos que defendieron y encubrieron las
desapariciones forzadas de miles de
salvadoreños. Los que defendieron bombardeos y
masacres, donde murieron miles de niños, mujeres
y ancianos. Son los mismos que están vinculados a
los asesinatos de Mons. Romero y de los jesuitas
de la UCA. ARENA carece, pues, de la solvencia
histórica y moral necesarias para defender la
vida, al menos mientras no confiese públicamente
sus asesinatos y pida perdón.
En el plano personal, la biografía de quienes
ahora se presentan como defensores acérrimos de
la vida tampoco es ejemplar. Dicen defender la
vida desde su concepción, pero una vez dada a luz
no asumen responsablemente su paternidad, se
despreocupan por los miles de niños que llenan las
calles de las ciudades, se escandalizan
farisaicamente por la prostitución infantil,
desconocen el tráfico de niños y la drogadicción
infantil, se olvidan del abandono en el que miles de
salvadoreños y salvadoreñas terminan su vida en
asilos y de las miserables cuotas de jubilación
que da el seguro social.
La postura de ARENA sobre el aborto no
puede ser calificada sino de demagogia. Se ha
apropiado de esta bandera porque descubrió su
potencial movilizador -sobre todo en las clases
medias y alta, en particular entre los estudiantes
de los colegios católicos de educación media- y no
porque sea un convencido de la vida o porque haya
sido su defensor cuando las víctimas inocentes se
contaban por decenas de miles. Tampoco ha
perseguido el aborto clandestino, teniendo poder
para ello, quizás porque considera conveniente
cierto grado de tolerancia, pero sobre todo
porque teme tocar los intereses económicos de
quienes se benefician de esta actividad ilegal.
Asimismo, desconoce la elevada cantidad de
mujeres que ingresa a las emergencias de los
hospitales con sus órganos reproductores
destrozados a consecuencia de practicantes
empíricos del aborto.
Ni siquiera tiene un mínimo de vergüenza
para ocultar que su interés en la polémica es
únicamente electoral. Si hubiese calculado mejor
el potencial movilizador del tema y si sus
encuestas electorales le hubiesen reflejado
fielmente el sentir de la opinión pública, sin
ninguna duda, hubiese introducido el tema en la
campaña electoral, al igual que lo hizo con otros
temas tan importantes como la verdad sobre la
guerra y sus víctimas, de quienes hizo burla y
escarnio. El partido de derecha, en cuanto
demagogo de la vida, en realidad, es promotor de la
muerte.
cuya envergadura exigiría un estudio serio y
concienzudo que garantice que las reformas se
llevarán a cabo con el único propósito de mejorar
la Constitución y hacerla más acorde a las
necesidades actuales. En segundo lugar, porque da
pie para suponer que ese pilar en el que la
sociedad se fundamenta -o pretende
fundamentarse- no sólo no es tan sólido como
podría pensarse, sino que está aún muy lejos de
llegar a serlo.
La lluvia de reformas que en los últimos
días ha acaparado la discusión en materia política
y ha inundado los escritorios de los diputados a
punto de deponer sus cargos, se asemeja más a una
carrera de caballos que a una serie de reformas
que pretendan con seriedad mejorar el cuerpo
legislativo salvadoreño. En lugar de ponerse de
acuerdo para pensar con detenimiento en las
deficiencias de la Constitución y en sus posibles
correcciones, los distintos sectores políticos y
civiles parecieron haber atendido más a una
especie de "feria de las reformas", en la cual
cualquier petición es aceptada si cumple el único
requisito de presentarse, a lo sumo, una semana
antes de finalizada la gestión de la Asamblea
Legislativa.
La serie de reformas que con tanta premura
se encuentran estudiando nuestros _ahora
atareados_ diputados son, más que un conjunto
sistematizado de propuestas provenientes de los
partidos políticos y de los distintos sectores
sociales, un conglomerado de esfuerzos
particulares _si se quiere bien intencionados-
que aisladamente pretenden dejar huella en el
trabajo legislativo que finaliza.
Independientemente de si esta carrera de
reformas podría llegar a traer algo positivo, el
hecho de que nuestra incipiente democracia admita
tal intempestividad en la modificación de aquello
que constituye su esencia, es en sí mismo más que
desalentador. Significa entonces que las leyes de
nuestro país son moldeables al antojo y al ritmo
de los actores políticos y sociales y que, por
consiguiente, más que ser una estructura rígida
que soporta el peso del dinamismo social, es una
cuerda laxa que se mueve al vaivén de los
caprichos y los intereses de aquellos.
Pero como si con lo anterior no fuera
suficiente, a esa presurosa marcha de reformas
se añade la cínica pretensión-alimentada en
cierta medida por los medios- de resaltar su
carácter "consensuado". ARENA y el FMLN parecen
coincidir en varios de los aspectos referentes a
las reformas. Habría que ver que tanto de ese
espíritu conciliador se mantendrá cuando los
partidos mayoritarios se vean obligados a
negociar problemas distintos a la periodicidad de
los comicios o a la despartidización del Tribunal
Supremo Electoral, como, por ejemplo, el de la
privatización.
De leyes aprobadas apresuradamente el país
tiene la reciente experiencia de la Ley
Transitoria contra la Delincuencia. No hace
mucho -y como se esperaba desde el primer
momento- las inconsistencias de dicha ley
salieron a la luz pública: a siete de sus artículos
se les comprobó erores de inconstitucionalidad.
¿Qué se puede esperar entonces de las reformas
ahora discutidas si los artículos que demandan
modificación corresponden a la cuarta parte de la
Constitución y exigen obtener respuesta en un
lapso de tiempo menor que el que tuvo la anterior?
Pese a los aires optimistas que soplaban
tras el 16 de marzo, los partidos políticos
mayoritarios, seguidos de cerca por ciertos
sectores de la sociedad civil, decidieron apostar,
a última hora, a una nueva Constitución de la
República aprobada en un par días, no sólo
llevándolo a cabo con la mayor naturalidad
posible, sino haciendo gala de estar realizando un
arduo y buen trabajo basado en la concertación.
Según esta cuestionable actitud, debemos creer,
entonces, que lo que se está haciendo con la
Constitución no sólo es normal y no debe ser
motivo de sorpresa, sino que está bien hecho
porque quiere decir que el camino hacia las formas
consensuadas de decidir los destinos del país
está abierto. Ante tan descarada postura hay que
afirmar que así como no es posible asumir con
naturalidad que la cuarta parte de la Carta Magna
quiera ser modificada en cuestión de horas, así
tampoco ese acto repentino y acelerado puede dar
esperanzas de que nuestra sociedad esté
encaminándose hacia la concertación. Resulta
pertinente recordar a todos los actores políticos
y sociales involucrados en esta "feria de las
reformas" que -como reza el viejo adagio popular-
de las carreras no queda sino el cansancio. El
peligro radica en que con ese cansancio no
cargarán sólo los diputados salientes, sino
también El Salvador en general.
del país, el proyecto ha estado desde el principio
rodeado de la polémica. Evidentemente, los
habitantes de la zona a ser inundada se opusieron
desde el principio al proyecto, obligando primero a
posponerlo y luego a la adopción de planes de
reubicación de la población que no alteraron los
efectos negativos del proyecto sobre los
desplazados.
La creación del embalse provocó pérdidas de
tierras productivas, de carreteras, puentes, un
ingenio azucarero, vestigios arqueológicos y el
desplazamiento de más de 25,000 habitantes de la
zona. Probablemente, lo más cuestionable es que
en la actualidad esta represa, lejos de prevenir
las inundaciones, se ha convertido en un
catalizador de ellas debido a las descargas de
agua que desde la misma y desde otras tres se
realizan. La problemática de las inundaciones
afecta gravemente a otros grupos poblacionales
rurales asentados en ambas riberas de la parte
baja del Lempa. Paradójicamente, toda el agua que
se libera durante el invierno ha provocado ya que
en épocas de sequía no se cuente con volúmenes
adecuados de agua y se proceda a implementar
drásticos racionamientos energéticos, tal como ha
sucedido en 1987 y 1991, por ejemplo.
Los principales beneficiados de la
construcción de las represas han sido, sin lugar a
dudas, los sectores urbanos-industriales, pues
para los sectores urbano-artesanales fue todo lo
contrario. La ampliación de la generación eléctrica
a principios de la década de 1950 dio paso al
surgimiento de grandes empresas de zapatos,
textiles, café soluble, velas y otros productos
que entraron en competencia desigual con la
producción artesanal. Estudios sobre la
utilización de la energía eléctrica revelan que los
kilowatt hora utilizados en la elaboración de los
productos se elevaron dramáticamente durante
esa época y paulatinamente provocaron una
drástica reducción de la producción artesanal.
El balance histórico de la construcción de
las represas resulta negativo no sólo por los
efectos mencionados, sino también porque el
manejo de las tierras aledañas a los embalses ha
provocado azolvamiento prematuro de las mismas y
reducción de la vida útil de la represas. Es decir
que las grandes inversiones realizadas en estos
proyectos únicamente han beneficiado a sectores
minoritarios, aun a costa del sacrificio de
sectores rurales y urbano-artesanales, así como
de apreciables incrementos de la deuda externa,
pues las represas fueron construidas,
fundamentalmente, a partir de empréstitos del
Banco Mundial.
Actualmente, no se considera contraer
nuevas deudas para la construcción de las
represas, pero los efectos experimentados en el
pasado deberían, cuando menos, promover una
revisión de los proyectos para que se eviten
cometer los mismos errores del pasado.
Evidentemente, ello pasa por la adopción de un
marco institucional y legal que promueva la
protección ambiental, pero también pueden
contemplarse algunos objetivos relacionados con
el mejoramiento de las condiciones económico-sociales en el agro.
Suponiendo la inevitabilidad de la
construcción de las represas, podrían señalarse,
cuando menos, cuatro diferentes líneas de acción:
promoción del uso sostenible de las tierras
aledañas a los embalses, expansión de la oferta
energética en el sector rural, construcción de
pequeñas obras de riego y control efectivo de las
inundaciones en la parte baja del Lempa. Como se
señaló arriba, la erosión de las tierras aledañas
a los embalses ha contribuido a acelerar su
azolvamiento; por ello se impone la adopción de
planes de manejo cuya implementación debería ser
promovida por la misma CEL. Por otra parte, la
expansión de la oferta energética en el sector
rural supondría un mejoramiento de las
condiciones de vida y al mismo tiempo abriría las
posibilidades de modernizar muchos procesos
agropecuarios y, por ende, incrementar la
productividad.
El diseño de las represas podría permitir
también crear un sistema de riego destinado a
abastecer a los agricultores aledaños al
proyecto hidroeléctrico; en el caso de El Salvador
ello podría favorecer inclusive los planes
gubernamentales de expandir los sistemas de
irrigación. Sin embargo, uno de los problemas más
graves que debería solucionarse con la
construcción de represas son las recurrentes
inundaciones de la zona baja; si en el pasado esto
no pudo lograrse, este es un momento propicio
para retomarlo como uno de los objetivos de la
ampliación de la infraestructura hidroeléctrica
del Lempa.
Cabe mencionar en este punto que en algunos
países la construcción de represas ha sido
concebida como un punto de partida para impulsar
auténticos procesos de recuperación ambiental,
manejo sostenible de los recursos naturales y
mejoramiento de las condiciones socio-económicas
de los agricultores. Para ello la construcción de
represas ha sido acompañada de campañas de
mejoramiento de técnicas agropecuarias,
distribución de abonos, campañas de salud e
introducción masiva de la electricidad en el agro.
La propuesta de CEL de construir cinco
nuevas represas hidroeléctricas debería llamar a
la reflexión debido a que podría implicar que los
recursos de la privatización se inviertan en
beneficio de unos pocos sectores (los nuevos
propietarios de las distribuidoras eléctricas, los industriales y algunos sectores domiciliares urbanos), mientras que los mayores costos de la construcción de las represas y de la creación de embalses serían trasladados a los sectores rurales tradicionalmente excluidos de los beneficios de la expansión de la capacidad energética.
éstos políticos, económicos, religiosos o de la
índole que se quiera. En esta lógica, la simple
creencia u opinión ( doxa dirían los griegos), que
ahora es dogma de fe inescapable, pasa a regir la
vida social y política de una nación para beneficio
de unos pocos y no de muchos. Lamentablemente,
por lo general la irracionalidad y falta de
criticidad ética de este tipo de situaciones sólo
se manifiesta a posteriori, cuando ya las
consecuencias de la actuación social basadas en
meras suposiciones es difícilmente reversible en
costos humanos.
En nuestro contexto, un ejemplo claro de lo
anterior se dio con la reintroducción de la pena
capital en la constitución. En la generación del
consentimiento general que veía como correcta y
adecuada tal medida fueron claves dos elementos:
la agudización del problema delincuencial y la
tendencia de los medios de comunicación a seguir
una línea acrítica con respecto a las soluciones y
alternativas que frente a él se planteaban. Las
voces que sugerían un análisis más sereno y
consecuente con las causas de la delincuencia
fueron rápidamente descartadas o cobraron un
carácter marginal dentro de la discusión pública.
La opinión general _apoyada sin recato por el
partido en el gobierno_ proclamaba que: o se
estaba en contra la delincuencia, lo que
significaba apoyar la pena de muerte, o se estaba
a su favor. Según esta lógica, cualquiera que
hubiera pretendido sugerir que la instauración de
la pena capital entraba en contradicción con la
razón y la ética más simples, estaba afirmando a la
vez que los delincuentes debían ser defendidos y
que la delincuencia debía ser tolerada.
Fue así como la argumentación del
consentimiento general se impuso: si la aprobación
de la pena capital era aquello en lo que coincidían
la mayoría de los actores sociales (individuos e
instituciones), entonces su realización práctica
se encontraba ya fuera de toda valoración
racional y ética. Que en ello estuvieran primando
los intereses de un partido político por acaparar
para sí tal irracionalidad con fines electorales
no desvirtuó la argumentación.
Un segundo ejemplo puede encontrarse en
uno de lo más debatidos y controversiales temas
de la actualidad: la penalización del aborto. No se
trata de afirmar que, porque haya habido un
consentimiento aparentemente general en torno a
su penalización, los argumentos en contra del
aborto padezcan per se de la irracionalidad o
falta de ética que caracterizaron a los que se
utilizaron para aprobar la pena de muerte; se
trata de señalar que, porque dicho consentimiento
existió, se tendió a soslayar un análisis más
crítico, objetivo y serio del problema. En el caso
del aborto, las pocas voces que disintieron no
sólo fueron las menos, sino que, además, sobre
ellas recayó una condena oficial casi inmediata.
Que ello haya sucedido así ya es digno de
preocupación, pero que se dé en un contexto en el
que se están pretendiendo inyectar los valores de
una democracia lo es aún más. Cualquiera que
pretenda convivir en un ambiente de mínima
democracia debe aceptar la tolerancia a opiniones
diferentes a las establecidas, de lo contrario la
pluralidad de opiniones se pervierte en
unificación forzada de criterios. Restringir la
posibilidad de disentir a las áreas en las que el
Estado u otras instituciones sociales se sienten
cómodos o no ponen en juego sus intereses y
creencias, es socavar la vitalidad y el dinamismo
de una sociedad, en especial si ella se denomina a
sí misma democrática.
Tanto en el caso de la pena muerte como en
el del aborto la balanza se inclinó más por el
consentimiento general que por el disentimiento,
por la aceptación acrítica de ideas preconcebidas
que por un estudio racional de las consecuencias
sociales que la aprobación de ambas implicaría.
Ante estos hechos, es necesario recalcar que
mucho de la salud de nuestra sociedad depende del
abandono de la mentalidad que ve en el disentir
una forma de provocación inútil y herética, y no
una manera de aportar racionalidad a los proceso
sociales. Tanto más necesarias son las voces
críticas cuanto más siga siendo utilizado el
consentimiento general para debilitar los valores
que sostienen a la democracia.
Justicia de la Haya replanteó no sólo la
distribución geográfica, sino también la forma de
producción de los habitantes de estas zonas, como
resultado de lo cual éstos tienen que insertarse
en un nuevo ordenamiento jurídico. Los pobladores
salvadoreños en honduras, pese a todo lo que se
pueda argumentar a su favor, están en la
obligación de acatar las leyes del país en el cual
les ha tocado habitar.
En este marco hay que considerar, primero,
que no se puede obviar que la zona de la cual se
está extrayendo madera pertenece a territorio
hondureño y que el mismo tiene un ordenamiento
jurídico que regula esa actividad. Este marco es
la legislación forestal hondureña de 1947, la cual
establece que los bosques son propiedad del
Estado, aunque estén en propiedades privadas y,
por lo tanto, su explotación debe ser avalada por
las autoridades. Dicho esto, si los habitantes
salvadoreños de los ex bolsones talan árboles sin
los permisos debidos, es indudable que violan la
ley. Y ello, en consecuencia, los pone en la mira de
los mecanismos cohercitivos y de penalización
establecidos para ese delito en Honduras.
Ciertamente, es importante resolver la
disyuntiva entre lo que establece la ley y las
necesidades de sobrevivivencia de los pobladores
salvadoreños. El problema, como se ha señalado,
es esencialmente legal y es en este sentido que
deberá resolverse. El respeto a la legislación
hondureña es importante para superar
situaciones difíciles como la que se comenta, al
igual que lo es la asesoría, en materia legal, a los
habitantes salvadoreños de los ex bolsones para
que estos puedan hacer frente a las exigencias y
necesidades que les plantean su integración a una
sociedad que no es la suya. La protección del
medio ambiente y de los recursos forestales es
algo en sí mismo legítimo, aunque ello sea
contrario a las posibilidades de desarrollo y de
inserción de los ciudadanos salvadoreños en los
ex bolsones. Se trata, entonces, de diseñar
mecanismos alternativos de desarrollo para estos
habitantes, de modo tal que sus esfuerzos por
sobrevivir no los lleven a deteriorar los
recursos naturales y a violentar, así, las leyes
de Honduras.
resultados de esas pesquisas.
Cabe recordar que en los Acuerdos las
masacres y la ejecución extrajudicial no están
calificados como crímenes de lesa humanidad y/o
no prescriptibles y que el proceso de paz y su
ejercicio de perdón no ignora ni evita la justicia.
Aún siguen apareciendo cementerios clandestinos
que están siendo investigados por antropólogos y
organismos de derechos humanos para esclarecer
la idendidad de las víctimas y los victimarios,
pero los principales responsables de la mayoría
de crímenes masivos que requieren procesos de
justicia aun quedan impunes. Recientemente, el
Equipo de Antropología Forense de Guatemala
inició las excavaciones en una fosa común en busca
de las osamentas de unos 300 campesinos
supuestamente asesinados entre 1981 y 1982. Las
excavaciones son realizadas en el piso de una
iglesia católica situada en San Andrés Sajcabaj,
en el departamento del Quiché.
En ese contexto, es válido preguntarse: ¿es
segura la paz? ¿Qué puede esperarse que ocurra
en la transición con estos asesinatos colectivos
todavía impunes? No cabe duda de que para que las
expectativas populares sobre la paz no sean una
vana ilusión hace falta superar grandes
dificultades y retos.
Hace tres meses gran parte de la población
esperaba con optimismo que hubiera cambios
beneficiosos en la seguridad y en la economía de
Guatemala, pero durante este período la población
ha sido afectada por la continuidad de las
violaciones a sus derechos más elementales, y
ello en un ambiente hostil marcado por la violencia
estatal. Por otro lado, la economía familiar
experimenta los efectos de una crisis no
solucionable a corto plazo. Asimismo, el sistema
judicial adolece de severas limitaciones
materiales y humanas que lo vuelven incapaz de
combatir al crimen organizado, favorecido por la
corrupción en el seno de las Fuerzas Armadas. La
sociedad civil deberá, pues, buscar nuevas formas
y mecanismos para hacer viable la seguridad
ciudadana y el Estado deberá asumir los
principios constitucionales de garantizar la vida
de todos los miembros de la sociedad.
| Publicamos la primera parte de la intervención del director del IDHUCA el pasado 29 de abril, durante la inauguración de la "Mesa permanente de trabajo sobre migrantes y personas desarraigadas", a iniciativa de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. |
Migración y derechos humanos (I)
Introducción
Asomarse al mundo de las personas que han
abandonado su tierra por razones políticas o
económicas, irremediablemente nos ubica ante un
drama de incalculables y dolorosas facetas.
Destacan, entre ellas, las causas que originan el
desplazamiento siempre forzado --aunque a veces
no lo parezca-- así como el trayecto inseguro y
traumático hacia un imaginario "mejor sitio donde
vivir". Junto a las anteriores, también
encontramos otras manifestaciones de la
problemática: desintegración de las familias y
enormes dificultades para la reconstrucción de
los espacios vitales, al estar en el medio de
realidades que --por lo general-- resultan ser
nuevas, diferentes y adversas; las indignas
condiciones de trabajo en las que se desenvuelven
quienes están en un país extraño y sin documentos
que los amparen; el maltrato, la discriminación y la
permanente amenaza de la deportación o la
denigrante consumación de la misma.
Cotidianamente, muchas y muchos de
nuestros compatriotas padecen las graves
consecuencias de todas esas situaciones; es más,
de diversas formas, la sociedad salvadoreña
entera también ha sufrido por ellas. Sin embargo, a
pesar de eso, todavía nos encontramos muy lejos
de lograr que dicho cuadro impacte lo suficiente
nuestra conciencia y se convierta, de verdad, en
una prioridad dentro de la agenda nacional. Por
ello, esta iniciativa de la Procuraduría para la
Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) --con el
apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR)-- es sumamente
acertada y muy oportuna.
De concretarse más allá del acto formal en
el que ahora participamos, estaremos situados
dentro de un espacio real para la reflexión y la
acción en favor de las personas que --en el
exterior-- resultan ser víctimas de la violación a
muchos de sus derechos fundamentales. Son ellas
las salvadoreñas y los salvadoreños cuya
situación de vulnerabilidad, sobre todo en el caso
de las niñas y los niños, nos exige pensar y
actuar de manera seria y eficaz para
transformarla positivamente.
Si --como esperamos-- esta "Mesa
permanente de trabajo sobre migrantes y personas
desarraigadas" logra promover con fuerza la
adopción de medidas adecuadas en tal sentido, la
PDDH seguirá dando muestras reales de su
compromiso con la vigencia irrestricta de los
derechos humanos de todas y todos los
salvadoreños. Por eso --a nombre del IDHUCA--
agradecemos a la institución el habernos tomado
en cuenta, la felicitamos por su iniciativa y nos
comprometemos a brindarle nuestro apoyo
incondicional para que esta empresa resulte
exitosa.
1. Sobre los países de "tránsito"
Con el propósito de alcanzar el territorio
estadounidense --a pesar de todo, siempre
atractivo para quienes no encuentran oportunidad
de un desarrollo digno dentro del país-- desde
hace ya bastante tiempo cientos de miles de
salvadoreñas y salvadoreños han recorrido
Guatemala y México, de sur a norte, sorteando
innumerables obstáculos. Pero también es mucha la
gente que nunca llegó a su meta y se regresó, la
que llegó y la regresaron o la que se fue quedando
en el camino de ida o de vuelta, instalándose
sobre todo en el último de los países mencionados.
Por ser mucho menos conocida la realidad de
nuestras y nuestros compatriotas en suelo
mexicano, cabe detenernos un momento en este
punto.
A finales de la década anterior, según el
ACNUR, en ese territorio se encontraban entre
350 y 400 mil personas de diversas nacionalidades
buscando obtener cierto grado de seguridad
personal y económica. En su mayoría --dicho en las
palabras del Alto Comisionado-- eran "extranjeros
centroamericanos indocumentados", casi todos
provenientes de tierras guatemaltecas y
salvadoreñas. Las cifras hablan por sí mismas: de
ese universo, únicamente 53 mil personas estaban
reconocidas como "refugiadas" y, por ende, sólo
cerca del 13 por ciento recibía algún tipo de
apoyo del ACNUR. De tan pequeño porcentaje de
"reconocidos" --como se llamaban entre ellas y
ellos-- 43 mil eran indígenas de Guatemala que se
encontraban en campamentos repartidos en tres
provincias mexicanas: Quintana Roo, Campeche y
Chiapas.
Además de vivir en condiciones precarias, a
pesar de la ayuda recibida, esta población también
sufría por la separación de su ancestral "Madre
Tierra". Las otras 10 mil personas con estatuto
de "refugiadas" no estaban en una mejor situación,
en el marco de un México cada vez más crítico
incluso hasta para su misma gente. Buena parte
del resto --más de 300 mil personas-- deambulaba
principalmente por el Distrito Federal y sus
alrededores buscando de qué vivir, sin mayores
razones para creer en algo y para tener
esperanza.
¿Qué caracterizaba la realidad de toda esta
gente? Veamos lo más importante: la dependencia
de la solidaridad del pueblo mexicano, al momento
de su llegada; la ilegalidad en que se vivía; la
necesidad de trabajar "en lo que sea" o "de lo que
sea", al encontrarse instalada en medio de una
creciente crisis económica y tener un bajo o nulo
nivel de cualificación profesional o técnica; la
exigencia --por parte de las y los empleadores--
de una documentación migratoria en regla que no
se tenía, lo que propiciaba mayores abusos como
la negativa de acceso a prestaciones sociales,
los salarios por debajo del "mínimo", etc. A lo
anterior se deben añadir las condiciones de salud,
vivienda, alimentación y educación determinadas
por tan deplorable estado de cosas y cuyas
consecuencias eran muy graves, fundamentalmente
para las niñas y los niños. Cabe decir que --según
un estudio realizado por instituciones
humanitarias de México y El Salvador en esa
época-- el 67.22 por ciento de esta población no
pasaba de los quince años de edad.
Hace casi una década --en julio de 1987--
se realizó en ese país el "Encuentro de
organizaciones no gubernamentales de ayuda a
refugiados centroamericanos". La única
institución de éstas que atendía menores de edad
originarios de nuestros países, presentó
entonces un documento; de él retomamos lo
concerniente al perfil psico-social de la niña y el
niño refugiado viviendo en México durante esa
época. Según el análisis ofrecido, por lo general
presentaban "problemas derivados de la formación
familiar además de las particularidades de su
condición económica". Procedian de familias
desintegradas, lo cual no solamente significaba
que los cónyuges estaban separados sino que
también una parte de los hermanos se encontraban
en el país de origen debido a que no pudieron
costear su traslado.
Se agregaba que "la gran mayoría de las
familias" tenía a la madre "como único sostén
económico"; muchas veces, éstas debían realizar
labores que les imposibilitan --por razones de
tiempo-- "desempeñar el rol tradicional de
madre". La institución humanitaria daba cuenta de
"casos bastante frecuentes" en los cuales la
niña o el niño quedaban a cargo de la abuela, ya
sea porque la madre se encontraba detenida por
razones políticas en su país o bien porque estaba
trabajando fuera de México. Finalmente, en el
documento se sostenía lo siguiente: "Para la
mayor parte de las familias está negada la
divulgación de su nacionalidad, por problemas
supuestos o reales ante la comunidad. Por
ejemplo: una señora fue impedida de vender frente
a un Colegio de Bachilleres por otro grupo de
mujeres de la comunidad, cuando éstas se
enteraron de su procedencia. Los niños están
entrenados en una discreción casi policiaca. La
inseguridad hace que su interacción en la
comunidad sea limitada".
El artículo 22 de la Convención sobre los
Derechos del Niño establece --a la letra-- que
los Estados Partes "adoptarán las medidas para
lograr que el niño que trate de obtener el
estatuto de refugiado o que sea considerado
refugiado de conformidad con el Derecho y los
procedimientos internacionales o internos
aplicables reciba, tanto si está solo como si está
acompañado de sus padres o de cualquier otra
persona, la protección y asistencia humanitaria
adecuadas para el disfrute de los derechos
enunciados en esta Convención y en otros
instrumentos internacionales de derechos
humanos o de carácter humanitario en que dichos
Estados sean Partes".
Además, en su segundo párrafo, el
mencionado artículo se refiere a la necesidad de
"proteger y ayudar" al niño refugiado para
procurar, en los casos pertinentes, la
reunificación familiar. Pero la vida de las y los
niños centroamericanos que tuvieron que crecer
en México durante las dos décadas pasadas no
estaba a la altura de las aspiraciones plasmadas
en ese artículo de la citada Convención. Tampoco a
las del resto; entre ellas las relativas a la no
discriminación, la preservación de la identidad, la
protección contra los abusos, y particularmente
aquellas que tenían que ver con las condiciones
sociales adecuadas para su desarrollo integral.
Esas niñas y niños son, ahora, salvadoreños y
salvadoreñas adultas que --retornados al país o
viviendo siempre en México-- pueden llevar
consigo uan pesada carga de vivencias duras sin
haber logrado ni siqueira lo que para algunos
podría justificar tanto sacrifio: los dólares que
se consiguen más al norte.
Aquí nos detenemos en lo que toca a la
situación de estas y estos migrantes
centroamericanos que tuvieron que vivir en
condiciones quizás más difíciles que el resto, por
no tener acceso a los beneficios reales de una
buena seguridad social gratuita y a otros
servicios estatales proporcionados en aquellos
países que abrieron sus puertas al fenómeno de la
violencia generalizada en la región o que --muy a
su pesar-- no las pudieron cerrar para evitar esa
irrupción humana. Pero antes, debemos referirnos
a una situación no abordada y tenemos que dejar
planteadas algunas interrogantes.
Empecemos por lo último: ¿cuántas persona
individuales y grupos familiares salvadoreños
quedaron en ese país? ¿se habrá modificado el
estado de cosas para ellas? De no ser así, ¿cómo sobreviven ahora que en El Salvador ya no hay guerra y --según muchos-- no se justifica su estancia en México? Finalmente, debemos hacer mención --aunque sea por encima-- de los abusos padecidos por nuestras y nuestros compatriotas que continúan utilizando ese largo corredor para llegar al vecino país del norte; abusos cometidos tanto por los "polleros" o "coyotes" que se contratan con ese objeto, como por las autoridades migratorias que se aprovechan de su calidad para ello.
RECHAZAN ABORTO. Miles de jóvenes de diversos colegios privados se concentraron, el 24.04, frente a la sede de la Asamblea Legislativa para mostrar su oposición a la posible despenalización del aborto terapéutico. Los jóvenes exigían la eliminación del artículo 137 del nuevo Código Penal, así como la introducción de penas más drásticas para los abortistas. "Nosotros que representamos al pueblo, tenemos que dar nuestro aporte a una cultura de vida, de paz; y no puede haber paz si continuamos permitiendo el aborto", dijo una estudiante no identificada ( LPG 25.04 p.6-a, DH 25.04 p.3).