Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

Semanario Proceso

© 1997 UCA Editores

El 1 de mayo el país estrenó una nueva Asamblea Legislativa, a la cual ya habrá tiempo --y seguramente sobrarán oportunidades-- de medirle el pulso. Pero, si el examen del desempeño de la nueva Asamblea es algo que necesariamente tiene que esperar, no está demás echar una mirada al trabajo realizado por la anterior legislatura, pues de lo que ésta hizo o dejó de hacer pueden sacar muchas lecciones los diputados electos el 16 de marzo. Cualquiera podría aducir que, dado lo nefasto que fue su desempeño en muchos aspectos, ni siquiera vale la pena recordar a los anteriores legisladores, sobre todo si no se va corregir lo que ellos hicieron. Empero, más allá de si se puede o no hacer tal corrección, lo cierto es que no hace mal a nadie tener presente, siquiera sea por simple ejercicio mental, el desempeño de la Asamblea Legislativa que recién acaba de finalizar su periodo.

En los días previos a la terminación de sus funciones, la gran mayoría de los diputados salientes se dedicaron a autoalabar su trabajo; incluso ahora, no faltan diputados reelectos que insistan en lo mucho que trabajaron por el bien del país en el anterior periodo. Pero, vistas críticamente, esas alabanzas y autoalabanzas no son más que un mero ejercicio de demagogia barata, cuyo cotejo con la realidad las pone en evidencia. Para comenzar, conviene recordar cómo inició y cómo concluyó su trabajo la legislatura anterior: lo inició con una maniobra, orquestada por el partido ARENA, la Expresión Renovadora del Pueblo (ERP) y la Resistencia Nacional (RN), para hacerse del control de la directiva de la Asamblea Legislativa; y lo terminó con un debate risible y ridículo sobre la despenalización del aborto.

En ambos momentos, lo característico fue la propensión de los legisladores al espectáculo más burdo: en el primero de ellos, Joaquín Villalobos y los suyos haciendo alarde de una audacia rayana en el oportunismo más descarado; en el segundo, los diputados de ARENA resgándose las vestiduras como defensores de la vida y como promotores de los valores humanos más queridos. En ambas situaciones, por supuesto, el gran ausente fue el bien común de los salvadoreños, que no tiene nada que ver ni con el oportunismo de lo que después sería el Partido Demócrata ni con el “compromiso” con la vida proclamado por quienes la han despreciado en incontables oportunidades. Para ganar prensa, tanto el oportunismo de unos como el “sí a la vida” de los otros necesitaban de un show que les sirviera de plataforma; con el espectáculo de los primeros se inició el trabajo legislativo que se cerró con el de los segundos.

Entre los actos, por si no bastara, los anteriores legisladores pasaron una y otra vez por encima del bien común y de los intereses generales. Así, oportunistas y “defensores de la vida” salieron nuevamente a escena, primero para firmar el Pacto de San Andrés; y, segundo, para aprobar un incremento al Impuesto al Valor Agregado (IVA). El espectáculo, ciertamente, no podía faltar, sobre todo para el primero de los acontecimientos señalados: con las ruinas de San Andrés como trasfondo, el PD decidió apostar lo que todavía le quedaba de credibilidad a favor del gobierno y del partido ARENA; mientras que estos últimos, hábilmente, jugaron a envolver a los autoproclamados socialdemócratas en un proyecto que sólo favorecía a sus intereses. Como resultado de ello, el IVA fue incrementado, los sectores populares resintieron la presión sobre sus bolsillos, y ARENA y el gobierno se salieron con la suya. El PD, por su parte, tuvo que reconocer que estos últimos sólo le prestarían atención cuando su ayuda fuera necesaria, y que nunca llegaría a ser el aliado estratégico del partido de derecha, por más que renunciara al comunismo, al marxismo o al estalinismo.

Después de la puesta en escena del Pacto de San Andrés vinieron la Ley de Emergencia contra la delincuencia y la aprobación de la pena de muerte para los delitos de homicidio, violación y secuestro. Ambas iniciativas contaron con el patrocinio de ARENA que no se detuvo ante nada con tal de demostrar a la sociedad en manos de quién estaba el poder de decidir sobre sus destinos. Además, el partido de gobierno no sólo hizo un esfuerzo supremo por sumar a su favor la posición de partidos como el PCN y el PDC, sino que involucró a sectores sociales importantes cuyo clamor por la ola delincuencial le sirvió de respaldo. De este modo, se generó un clima de opinión en favor de la ley contra la delincuencia –una ley, por cierto, harto discutible--, así como en favor de la aplicación de la pena de muerte como medida idónea para combatir la criminalidad.

ARENA, el gobierno y los sectores sociales que clamaban por una solución drástica al problema de la delincuencia se dieron la mano; por su parte, los medios de comunicación sumaron su voz a este coro que clamaba por la coerción estatal. Las voces críticas, las voces que apelaban a la razón, o bien fueron silenciadas o, peor aún, fueron presentadas como aliadas de los delincuentes. Una oleada neoconservadora, alentada por el gobierno y por ARENA, impregnó el debate público. Desde la Asamblea Legislativa, que debe ser el espacio donde la racionalidad argumentativa debe prevalecer sobre cualquier interés particular o de grupo, se propagó una visión maniqueísta de la realidad, es decir, una visión en la que los buenos eran quienes aceptaba las decisiones oficiales y los malos eran quienes las cuestionaban o hacían llamados a la racionalidad.

La peor herencia de la anterior legislatura es la resistencia al debate público que se generó desde ella. Ciertamente, hubo mucho espectáculo; pero tras el mismo fueron los intereses y la cosmovisión de ARENA los que se impusieron. Los demás partidos fueron, por acción o por omisión, piezas del juego diseñado por ARENA. Un balance del quehacer legislativo recién finalizado no puede pasar desapercibidos los males que dejaron al país la prepotencia arenera, el oportunismo de los socialdemócratas y la pasividad de una izquierda de la que cabía esperar más de lo que efectivamente hizo. Ojalá que la satisfacción mostrada por algunos de los diputados reelectos no les impida caer en la cuenta de su pésimo desempeño en el pasado.

Lo que no conviene olvidar de la pasada campaña electoral

Una vez menguados los ánimos que inevitablemente acompañaron al proceso electoral recién pasado, conviene analizar, en frío y con mayor detenimiento, aquellos sucesos que, pretendiendo parecer ajenos a él, intervinieron indudablemente en su desarrollo y resultados. Tales sucesos se encontraron a la orden del día y trajeron como consecuencia la gestación de un clima turbio y confuso que dificultó al electorado determinar quiénes eran realmente los políticos que pretendían captar sus votos.

En cuanto a hechos que contribuyeron a enturbiar el panorama político salvadoreño -días antes de llevarse a cabo los comicios- sobresalieron las desfasadas acusaciones que ARENA y el Partido Demócrata (PD) lanzaron contra el FMLN. Lo primero que hicieron fue responsabilizar a ese último instituto político de haber enviado a varios de sus miembros a entrenar a los guerrilleros del movimiento peruano Tupac Amaru. Acto seguido, el partido oficial prosiguió a protagonizar un escándalo en torno al buzón de armas encontrado en Nicaragua, presuntamente, propiedad del FMLN. Al espectáculo se sumó el -siempre incondicional a ARENA- Partido Demócrata (PD), lanzando contra su antiguo aliado juicios y acusaciones que buscaban recriminarle los "pecados" cometidos durante la guerra. A todo ello hay que añadir el pleito surgido entre el Ministro del Interior Mario Acosta oertel y el jefe de campaña del FMLN, Facundo Guardado, a raíz de una denuncia que el último lanzó contra el primero.

Este cúmulo de señalamientos y recriminaciones comenzó a tener lugar en enero, casi al mismo tiempo en que daba inicio la campaña, pero se agudizó cuando distintas encuestas de opinión dieron a conocer resultados que no favorecían a ARENA y cuando faltaba menos de un mes para que el proceso electoral llegara a su fin. A la demanda por difamación que el Ministro Acosta Oertel interpuso contra Facundo Guardado, siguieron las multiples acusaciones, impulsadas por ARENA y el PD, destinadas, evidentemente, a desprestigiar al FMLN. Así las cosas -y tomando en cuenta que el desprestigio de su principal adversario político fue la estrategia predilecta del partido en el gobierno para ganar popularidad frente al electorado- resultaba imposible desvincular a ARENA del espectáculo que, secundado por el PD, le caía como anillo al dedo para cerrar con broche de oro la propaganda difamatoria lanzada contra el FMLN.

Con todo, por si pudiera caber aun alguna duda respecto a la relación entre las tácticas sucias de ARENA y el burdo espectáculo político que, paralelo a la campaña propagandística oficial, los salvadoreños nos vimos obligados presenciar, la prueba está en que los temas tan acaloradamente discutidos durante tal coyuntura, parecen haber sido relegados al más cruel de los olvidos. Tras las elecciones, otros asuntos, de muy lejano parentesco a estos, han pasado a ocupar la atención de los políticos que con tanto ahínco se acusaron entre sí o se defendieron de los ataques frontales de los demás.

La demanda contra Guardado fue archivada y, siendo realistas, no hay que hacerse muchas esperanzas de que la misma tenga alguna trascendencia en el futuro; entre otras cosas porque probablemente los involucrados estén más interesados que nadie en sepultar en el olvido un asunto que puede manchar su reputación. Ahora, en lo que concierne a las diversas acusaciones contra el FMLN, hay que señalar que han pasado ya tres meses desde que, en enero, los principales rotativos del país publicaron las primeras noticias que relacionaban al FMLN con el MRTA y, hasta la fecha, nada se ha vuelto a decir sobre ese punto. Después del 16 de marzo, ARENA se ocupó de su reestructuración y dejó atrás por completo la profunda indignación que parecían haberle provocado los "delitos" ocultos del FMLN. Por su parte, la Fiscalía General de la República prácticamente abandonó esos casos, mientras que los medios de comunicación no han vuelto ha publicar nada en torno a ellos.

En definitiva, ha quedado en evidencia que durante la campaña electoral fueron utilizados, por algunos partidos políticos, mecanismos caracterizados por la bajeza y la falta de escrupulos. Después de haber expuesto públicamente temas trascendentales para el país, relacionados con los horrores de la guerra; y después de haber provocado discusiones escandalosas y viserales, más parecidas a un conflicto familiar que a un intercambio razonable de ideas divergentes, los políticos parecen haber decidido hacer "borrón y cuenta nueva".

Pasadas las elecciones, el debate en torno a los "pecados" injustificados de la izquierda, cubierto hasta el cansancio por los medios y alimentado implacablemente por ARENA, perdió toda relevancia y vigencia. Pues bien, así como, en su momento, al partido oficial le sobró valor a la hora de atacar al FMLN, ahora parece faltarle la necesaria honestidad para reconocer que todo el espectáculo que se empeñó en orquestar le interesaba únicamente en la medida en que era útil a su objetivo de desprestigiar al FMLN. Su tan autoproclamado interés por defender la "verdad" y su pretensión de quedar frente a los salvadoreños como el único partido limpio y sin "pecados" que purgar quedan desmentidos ante la evidencia de que, más que ser un partido diáfano y preocupado por la verdad, ARENA es un instituto político capaz de valerse de los métodos más bajos o recurrir al oportunismo más descarado con tal de salir favorecido en sus interese políticos.

El FMLN, por su parte, carga consigo la imprudencia que Facundo Guardado cometió al acusar sin fundamento a un funcionario público y miembro del partido oficial. Imprudencia que se tradujo en una demanda a la que el acusado hizo caso omiso --confiado quizás en la inoperancia del sistema judicial--. Además, el que a ARENA no le interese realmente el pasado de el partido de izquierda, no significa que las acusaciones hechas en su contra y las declaraciones del PD no hayan calado, en mayor o menor medida, entre el electorado. El descontento de éste se manifestó el día de los comicios, cuando en su gran mayoría se abstuvo de ir a votar.

Como se ha dicho ya en inumerables oportunidades, mientras los partidos no den muestras reales de honestidad, mientras su seriedad continúe poniendose en duda debido a sus propias apresuradas y egoístas acciones, y mientras los partidos de izquierda salvadoreños sigan soslayando el hecho de que sus cuentas pendientes con el pasado servirán siempre para desprestigiarlos, la política seguirá siendo en nuestro país motivo de duda y de desconfianza y a sus actores seguirá pasándoles lo mismo que al pastorcito mentiroso de la fábula infantil.

Los indicadores económicos en el primer trimestre de 1997

Desde principios de la década de lo 90, la situación de los indicadores macroeconómicos ha puesto de manifiesto algunas señales de la nueva coyuntura de la economía nacional: incapacidad de cerrar la brecha comercial y permanencia de la tendencia hacia el déficit fiscal. Estos problemas, pese a haber sido denunciados incansablemente por diferentes sectores, han sido tratados con relativa indiferencia por las autoridades económicas en gran medida porque, en la práctica, no han ocasionado ningún descalabro económico. Por el contrario, funcionarios gubernamentales fundamentan sus valoraciones de una economía saludable con datos como un tipo de cambio estable, inflación abajo del 10% e incrementos continuos de las Reservas Internacionales Netas (RIN).

Esta capacidad de maniobra se la debe el gobierno no a su capacidad de diseñar e implementar políticas de estabilización y ajuste económico, sino más bien a la presencia de un fuerte flujo de flujos monetarios unilaterales, integrados esencialmente por las remesas familiares. A contrapelo de las expectivas de los partidarios de la reforma económica iniciada en 1989, las exportaciones no se han convertido en el principal motor del crecimiento ni en el elemento que permitiría mantener la estabilidad macroeconómica. El crecimiento obedece esencialmente a la expansión de la producción no exportable y del consumo generado por las remesas familiares.

Paradójicamente, las recientes informaciones del Banco Central de Reserva (BCR), al igual que en el pasado, no prestan atención a esta grave deficiencia y se limitan a presentar, sin mayor esfuerzo de contextualización, los elementos positivos de la gestión económica. Así las cosas, interesa pasar revista a los indicadores macroeconómicos del primer trimestre del año para evidenciar que, pese al optimismo que puede desprenderse de las cifras, el panorama económico de mediano plazo se muestra incierto y amenazante.

Indicadores económicos

Un dato que llama la atención del más reciente informe periódico del BCR es el incremento del Indice de Volumen de Actividad Económica (IVAE) durante el pasado mes de febrero, cuando ésta experimentó un incremento de 0.9%. A partir de este dato, el Presidente del BCR, Roberto Orellana Milla, estimó que "los sectores donde se notan mayores índices de recuperación son la industria, el comercio y la construcción [por lo que] creemos que se cumplirá la meta de crecimiento de la economía estimada [en el Programa Monetario y Financiero] en cuatro por ciento". En lo tocante a precios se señala que la inflación acumulada para el mes de marzo pasado fue de 7.4%, porcentaje que es notablemente inferior a la obtenido en el mismo mes de 1996, cuando fue de 10.8%, lo cual --de acuerdo a Orellana Milla-- también daría la pauta para esperar "cumplir con la meta propuesta para este año: entre cinco y siete por ciento de inflación".

En el ámbito del sector externo, destaca el que las exportaciones del primer trimestre de 1997 experimentaron un crecimiento de 26.5%, en relación a las exportaciones del mismo período de 1996, con lo cual, de acuerdo al BCR, se habría logrado reducir el déficit de la balanza comercial. Adicionalmente, se establece que la meta de acumulación de RIN contemplada en el Programa Monetario y Financiero se sobrepasó en un 25%, siendo que para marzo tenía un nivel de RIN de 1,166 millones de dólares.

Las finanzas públicas, por otra parte, presentaron un superávit que, para el caso del Sector Público no Financiero, alcanzó los 297 millones de colones; ello, de acuerdo al BCR, "contribuye a la estabilidad de la economía en el sector financiero". Sobre este último sector, el reporte del BCR se limitó a señalar que durante el primer trimestre la demanda de créditos habría crecido en un 17%, lo cual, al ser compatible con el crecimiento de los recursos disponibles, habría dado paso a una reducción de las tasas de interés.

Los sempiternos problemas

La presencia del déficit en la Balanza Comercial es uno de los principales problemas que debería ser encarado por la política monetario-financiera. La presencia del déficit comercial no ha podido ser evitada por la política económica y, por el contrario, exceptuando 1996, durante toda la década se ha expandido apreciablemente. Por ejemplo, en 1991, el déficit fue de 6,359 millones de colones, mientras que, para 1995, fue de 14,797 millones de colones. En 1996, el déficit de la balanza comercial disminuyó en aproximadamente 18%, lo cual lamentablemente no se explica por un incremento absoluto de las exportaciones superior al de las importaciones, sino más bien por una caída de las importaciones, lo cual a su vez ha sido producto de la caída en las tasas de crecimiento económico. La tendencia clara del modelo es que a mayor crecimiento económico, mayor incremento de las importaciones y mayor el incremento del déficit comercial. El comportamiento de este último, para el primer trimestre 1997, aún refleja los efectos de la recesión económica.

El hecho de que con todo y déficit comercial se esté en capacidad de incrementar las RIN y de mantener fijo el tipo de cambio se debe exclusivamente al envío de remesas. Estas últimas ciertamente favorecen el consumo familiar y contribuyen a mantener en niveles controlados la tasa de inflación; no cabe duda, además, de que son muy deseables para mejorar los ingresos familiares y las condiciones de vida de importantes sectores de la sociedad, pero también conducen a inconsistencias en la política económica del gobierno.

Otro problema relativamente permanente para la estabilización ha sido la tendencia hacia el déficit fiscal. Aunque las autoridades del BCR afirman que, en el primer trimestre del año, se obtuvo un superávit en las finanzas públicas, lo cierto es que éstas aún no tienen un comportamiento definido. Para 1996, por ejemplo, cuando se creía que el déficit fiscal era un problema resuelto se registró un fuerte incremento del mismo que hizo recordar las peores épocas de desequilibrio fiscal.

Consideraciones

El reporte trimestral del BCR refleja que, afortunadamente, aún permanece el flujo de remesas familiares que permiten mantener la estabilidad macroeconómica. Lamentablemente esta situación no puede perdurar ni siquiera en el mediano plazo, tanto porque existen condicionamientos familiares para el envío de remesas (migración de todo el grupo familiar, rompimiento de vínculos, etc.) como porque esta presente la amenaza de que un importante porcentaje de salvadoreños residentes en los Estados Unidos sean expulsados.

Al igual que en la década pasada el país aún no ha logrado definir sectores económicos estratégicos que permitan un incremento sostenido de la producción, el empleo y las exportaciones, lo cual es necesario para crear bases endógenas para la estabilidad macroeconómica. Esto resulta especialmente cuestionable, especialmente porque en este momento existe el suficiente margen de maniobra como para articular una estrategia de fomento de sectores estratégicos en un escenario de estabilidad económica posibilitado por las remesas familiares.

En buena medida, la impotencia del gobierno para orientar el modelo de desarrollo radica en que este ha renunciado a importantes herramientas de política, precisamente porque su discurso propone la limitación del rol del Estado y la liberación económica. Lo cierto es que la historia demuestra la necesidad de que el Estado asuma un papel fuerte de orientador del desarrollo, pues por lo general este no ha sido producto del libre juego de las fuerzas del mercado.

Los sindicatos celebran el 1 de mayo

En la conmemoración de un hecho histórico, por lo general, se siguen dos tendencias: la primera, reducirla a un mero espasmo anual en el cual se aprovecha para difundir discursos pocos relevantes o altamente ideologizados; la segunda, reparar en su caudal significativo y en el potencial que éste presta para interpretar creativamente los hechos del presente. En la primera, la fecha a conmemorar se convierte en una costumbre sin relevancia social; en la segunda, por el contrario, se acude a ella para mostrar sus implicaciones históricas y realizar un balance del presente en relación al pasado.

Con la paulatina pérdida de fuerzas y la descomposición de los sindicatos salvadoreños, la celebración del primero de mayo ("Día de la Solidaridad Internacional de los Trabajadores") ha ido disminuyendo en sentido y contenidos. Año con año se ha ido haciendo más patente la desorientación y el arraigo romántico con el pasado de los trabajadores agrupados en las distintas gremiales del sector laboral. Este año no fue la excepción. Si bien las manifestaciones convocadas por las gremiales lograron reunir un número considerable de personas —lo que para algunos es ya un éxito en la década del escepticismo y la apatía—, los panfletos y comunicados que se hicieron públicos ese día dan poca cabida a ver con optimismo lo que pretendía ser la expresión anual de la "lucha de los trabajadores".

En el comunicado "Manifiesto del 1º de mayo", publicado y rubricado por 13 organizaciones sociales (entre ellas, la UNTS, ATCEL, ATMOP, el Movimiento de Indígenas de El Salvador y el Movimiento Estudiantil Universitario), es notoria la repetición de muchos de los puntos que ya se habían planteado en la conmemoración del año pasado (ver Proceso, 707): el rechazo a la privatización de los entes estatales, el descontento social por el incremento en el costo de la vida, entre otros. Pero no todo fue pura repetición, pues el Manifiesto añadió un nuevo elemento con respecto al año pasado: el planteamiento de una Plataforma Nacional de gobierno. Sin embargo, al observar de cerca esta plataforma, es obvio que muchas de sus propuestas son calcos exactos de los planes de gobierno que impulsó el FMLN durante su campaña (la reducción del IVA y la congelación del proceso de privatización, por ejemplo).

En otras palabras, el Manifiesto, que pretendía ser un resumen de los puntos a conseguir por la "lucha de los trabajadores", terminó respaldando abiertamente el ascenso al poder de un partido político; respaldo que desmiente uno de los lineamientos básicos de la modernización de los sindicatos: su independencia respecto de las instituciones políticas establecidas. Si ya es grave que lo que piden los trabajadores en la única fecha del año en que la opinión pública les cede espacio sea un reflejo de lo que propugna un partido político con intereses y objetivos propios, es más grave aún que a éste se le pretenda observar desde los estereotipos e ideologías del pasado. Para las gremiales, el logro electoral del FMLN, más que implicar un robustecimiento del sistema democrático, "ha fortalecido su proyecto histórico". El cual, por no definirse en el Manifiesto, sólo puede entenderse como el socialista.

Este anclaje en el pasado y poca revisión crítica de las propuestas y los planteamientos encuentra su máxima expresión en uno de los pasajes del panfleto repartido por la Asociación General de Estudiantes Universitarios Salvadoreños (AGEUS). En el se afirma que "el Imperialismo, la Burguesía y sus agentes quieren imponer este orden neoliberal llamado "Globalización" con lo cual nos quieren quitar hasta el hombre (sic).... pero sobre todo aquí nos quiere matar de hambre la burguesía; al igual que en otros países como Perú donde ella misma utilizó a sus esbirros para asesinar a los 14 compañeros del MRTA que (sic) había tomado la Embajada de Japón, para protestar contra el Fascismo Neoliberal".

Si no fuera porque el panfleto pretende responder a la actual realidad salvadoreña y respaldar la actividad de las gremiales en pos de las más básicas reinvindicaciones laborales, la mentalidad de los "estudiantes salvadoreños" sólo podría mover a la risa. Pero por este hecho y porque surge de uno de los sectores que en teoría debería ser capaz de analizar la realidad con mayor objetividad y alcance, las palabras de los estudiantes —dignas repetidoras de las categorías de los manuales soviéticos— únicamente ayudan a ensombrecer más lo que por sí solo ya era digno de preocupación.

En definitiva, la conmemoración del primero de mayo de este año adoleció de una profunda crisis de propositividad, análisis y realismo. Si se contempla esta fecha como la punta de lanza para lo que a lo largo del año será la actividad de las gremiales de trabajadores, es poco probable que se logren alcanzar logros significativos a futuro. Mientras la permeabilidad al cambio y el servilismo a intereses ajenos sean los valores más queridos de los dirigentes sindicales, más lejano continuará siendo el ideal de que la gestión sindical rinda frutos concretos en situaciones laborales exasperantes.

Migración y derechos humanos (II)

3. Sobre las "leyes migratorias" en los Estados Unidos de América

Este país está definido por determinadas características entre las cuales destaca una que, sin lugar a dudas, resulta fundamental: su composición multiétnica y plurinacional. Es muy cierto que una buena parte de las personas que lo habitan responde al patrón que, comúnmente, nos han presentado y que muchos han aceptado: el de mujeres y hombres rubios, metódicos y prácticos, anglosajones y de culto protestante. Pero también es cierto que en eso que ahora constituye su territorio, aún sobreviven personas cuyos antepasados formaron parte de grupos indígenas nativos; pero, además, dentro del mismo se sigue incrementando la llamada población “afroamericana”, codeándose con grandes grupos de otras nacionalidades que incluyen --además de la alemana, polaca, japonesa y rusa, por decir algunas-- aquellas que se localizan del río Bravo hacia el sur del continente americano.

En ese marco, desde la época de su colonización, la discriminación racial ha estado presente en los Estados Unidos de América, conocidos simplemente como los Estados Unidos. Es más: su crecimiento --en superficie y poderío a todo nivel-- se sostiene sobre bases ideológicas dentro de las cuales es posible ubicar claras reivindicaciones segregacionistas, fuertemente asentadas en diversos sectores de su sociedad. Pese a los grandes contrastes sociales que en él se advierten, el considerable éxito global del llamado “sueño americano” --crecimiento económico, desarrollo de su sistema político y una “cultura de la utilidad”-- ha servido para apoyar a quienes han sostenido y sostienen la "superioridad" de quienes se presentan como los artífices de tanta “maravilla”. Pero casi nunca se ha dicho o es poco lo que ha sonado, que gran parte de esas “realizaciones” son el resultado del trabajo que realizaron y realizan grupos étnicos explotados.

Atraídas por ese “sueño”, se dice que entre 1850 y 1930 arribaron a los Estados Unidos cerca de 35 millones de personas. En medio de esa “gran oleada” humana se “colaron”, cada vez en mayor medida, significativas cantidades de “impurezas” que provenían de un creciente número de países cuyas difíciles realidades políticas, económicas y sociales empujaban a la salida de su población en busca de mejores oportunidades. De esa manera, a la tierra de Washington y Lincoln ya no llegaban sólo migrantes de la parte norte y occidental de Europa, considerada racialmente “inmaculada”. A quienes comenzaron a ingresar en estas condiciones, se les fueron cerrando las puertas para acceder a las posibilidades que ofrecía el "paraíso americano".

Peor aún: desde el final del siglo pasado y al inicio del presente, la población que se encontraba asentada desde antes en esas tierras --la “raza superior”-- comenzó a ver con antipatía a las personas que habían llegado de fuera y que no lograban responder a los arquetipos establecidos. Era, pues, el momento propicio para empezar a endurecer las leyes migratorias y para adoptar otro tipo de medidas contra esa población.

Así, en 1882 tuvo lugar la aprobación del llamado “Decreto de exclusión”, dirigido principalmente contra las personas de origen japonés y de otras partes del oriente del planeta. En esas épocas, también el “Ku Klux Klan” --la tristemente célebre secta derechista, más conocida por las atrocidades que realizaba contra personas de raza negra-- se fijó en “los extranjeros indeseables” y lógicamente también utilizó la violencia contra ellos. A lo anterior, se agregó la segregación en las escuelas y las campañas en su contra lanzadas a diestra y siniestra a través de los medios de comunicación, con lo cual se fue estructurando alrededor de esta población la “imagen” de indolencia y torpeza, atraso y falta de educación, entre otras cosas.

No obstante ese ambiente, durante los primeros treinta años del siglo que está por finalizar destacó --en ese codiciado territorio del norte de América-- el papel de cerca de un millón y medio de personas también originarias de los Estados Unidos. Sin embargo, hay que hacer una consideración: éstas venían de más hacia el sur; nacidas en los Estados Unidos Mexicanos, más conocidos como México a secas, habían ingresado al territorio vecino entre 1900 y 1930.

Fue con los esfuerzos y sacrificios de esos migrantes que se instalaron las líneas para el paso de los ferrocarriles, a lo largo de miles y miles de kilómetros en el suroeste del país. Esta población alcanzó a convertirse hasta en el setenta por ciento de la fuerza laboral dentro de muchas empresas del ramo; también en el sector agrícola los jornaleros mexicanos, durante esa época, generaron gran parte de la riqueza en esa amplia región del territorio estadounidense. No obstante esos méritos, fueron víctimas de los atropellos y la explotación, del maltrato y la exclusión que se agravaban durante las crisis económicas, cuando se cerraban muchas plazas. Al igual que ahora, de igual forma se les expulsaba entonces del país.

Allá por los años veinte, las y los extranjeros ya casi constituían el cuarenta por ciento de la población en territorio estadounidense. En su mayoría, no eran ni por asomo un monumento al llamado "americanismo"; más bien representaban lo contrario por el color de su piel y sus características fisonómicas, sus costumbres y creencias religiosas. Por eso fueron emitidas leyes con dedicatoria: se impidió el estudio de sus idiomas en las escuelas y se establecieron mecanismos de "cuotas" para limitar su entrada. Obviamente, la "cuotas" más altas para el ingreso eran otorgadas a los países cuyas personas se encontraban más cerca de las pautas aceptadas.

Una vez finalizada la segunda guerra mundial, por las condiciones que se fueron generando en la Europa que surgió tras la conflagración, se acrecentó la migración "indeseable" proveniente de otros sitios y disminuyó la del “viejo continente”, la cual sí era bienvenida. De ahí el cada vez mayor número de caribeños y latinoamericanos que siguieron ingresando, sobre todo mexicanos que --al tener tan cerca su territorio-- estaban en contacto mayor con sus raíces y resultaban más reacios a hacer suyos los "valores" de la cultura vecina.

Todos esos antecedentes, vistos de manera muy general, nos sirven para entender el por qué de las afirmaciones xenofóbicas y racistas hechas a principios de los años ochenta por Alan Simpson, senador republicano quien --junto a su colega Peter Rodino-- patrocinó la enmienda a la Ley de Inmigración y Naturalización aprobada en 1986, la cual fue conocida como la Ley Simpson-Rodino y constituye el antecedente más inmediato de la normativa que al respecto acaba de entrar en vigor dentro de los Estados Unidos.

"El impacto de la inmigración sobre el interés nacional --dijo entonces Simpson-- depende del número y de las características de los migrantes. así como de cuán adecuadamente asimilen los valores y el modo de vida del pueblo americano (sic)... La inmigración actual difiere de una manera significativa respecto a la que se daba en tiempos pasados. La inmigración a los Estados Unidos se encuentra dominada en un alto grado por personas que hablan tan solo un lenguaje extranjero, el español, si es que en ella incluimos la inmigración ilegal". Y agregó lo siguiente: "La asimilación del idioma inglés y de otros aspectos de la cultura americana por los inmigrantes de habla española parece ser menos rápida y completa que en el caso de otros grupos..."

"Si la inmigración continúa en grandes proporciones --finalizaba textualmente el senador-- y una parte sustancial de estos recién llegados y sus descendientes no se asimilan, pueden crear en América (sic) algunos de los mismos problemas sociales, políticos y económicos que existían en los países que han optado por abandonar..." Más claro no podía estar y los comentarios sobran: por mucho que se diga, cuando así convenga a los intereses de los Estados Unidos siempre estarán en la mira aquellas personas extranjeras que --con o sin documentos-- se encuentran en una situación de vulnerabilidad por ser parte de una migración no deseada, aunque necesaria.

Esto último es muy importante. Quiérase o no, las y los trabajadores provenientes del sur, indocumentados o no, representan un factor básico para la economía estadounidense y no hay legislación que pueda impedir su entrada a ese país y a los lugares donde se requiere su fuerza laboral. Lo que se trata de hacer con estas disposiciones es, más bien, es regular la cantidad. Para eso, las normas migratorias de los Estados Unidos tienden a "criminalizar" a las y los trabajadores indocumentados, instalándolos en el lugar más próximo a la delincuencia. El resultado real es uno: de esa manera se les puede explotar más pues se encuentran obligados a cobrar muy bajos salarios sin poder exigir prestaciones, a no gozar de derechos sindicales y a ser víctimas de cualquier otro tipo de arbitrariedades.

Desde esa perspectiva, ¿cuál de las leyes migratorias será peor? ¿El "Decreto de exclusión"? ¿La de 1952? ¿La Simpson-Rodino? ¿La normativa actual? Quién sabe. Quizás, lo único que se puede decir es que la nueva legislación lo que ha hecho es “mejorar” aquellas que la antecedieron. Además de la ley y sus fines--que no deben dejarse de lado para la reflexión y la acción-- hay que ir a sus raíces y hay que considerar también el peligroso ambiente que se genera en ese territorio cuando se calientan los ánimos racistas y, con ello, se incentivan las actitudes que propician la violación a los derechos humanos de las y los extranjeros, con o sin documentos.

Conclusión

No obstante la urgencia de hacer algo ahora que se han adoptado disposiciones migratorias más drásticas, la realidad que afecta a las y los salvadoreños que residen en los Estados Unidos en lo que toca al irrespeto cotidiano de sus derechos y libertades fundamentales, no se modificará sustancialmente mediante la adopción de medidas coyunturales. De ahí la importancia de esta iniciativa que ahora se da a conocer, sobre todo por su carácter “permanente”. Pero también este esfuerzo es tan sólo un primer paso; para seguir avanzando, cabe preguntarse entonces: ¿qué hacer? Seamos concretos.

Mientras se siga impulsando en El Salvador este modelo económico y sobre todo de la manera como se ha venido haciendo durante los últimos tres años, continuará la expulsión de compatriotas hacia el norte de América. Por eso, en primer lugar, el actual gobierno debe revisar este aspecto si es que pretende ser coherente en la práctica con su discurso, cuando plantea preocupación por el respeto a los derechos humanos de quienes se ven obligados a abandonar el país por esta causa estructural.

Así las cosas, debe diseñar e impulsar --con el concurso de otras fuerzas políticas y sociales-- una estrategia para el desarrollo del país, que asegure las condiciones básicas para una vida digna tanto a las personas que retornen de los Estados Unidos o de otros sitios como a las y los potenciales migrantes por razones económicas. Además, es importante que participe en esfuerzos como éste que ahora nos reúne --tal como lo está haciendo-- y también es necesario que haga lo posible por ganarse la suficiente solvencia moral para exigir buen trato a nuestras y nuestros compatriotas dispersos por el mundo, respetando los derechos humanos de quienes transitan por nuestro territorio.

Los partidos políticos con representación en la Asamblea Legislativa y en el Parlamento Centroamericano no se escapan. Real y sinceramente deben incluir en sus agendas este tema, otorgándole la importancia que se merece. Ello, con el fin de adoptar las medidas pertinentes a nivel nacional y regional que permitan enfrentar las consecuencias más urgentes de la problemática, sin descuidar el ataque integral a sus causas.

La población salvadoreña, por su parte, debe estar enterada objetivamente de lo que esta situación representa para sus hermanas y hermanos fuera del territorio nacional, a fin de recuperar la cuota de solidaridad que puede haber perdido con tanta frustración después de la guerra y en medio de una peligrosa globalización del egoismo. También debe trabajar para construir, desde la base, una sociedad integralmente segura que --por ser justa y garante de los derechos humanos-- no expulse a sus miembros; para ello, debe involucrarse directamente en la gestión municipal mediante el apoyo a las iniciativas que la beneficien, la fiscalización del poder y la denuncia cuando ésta sea necesaria.

Finalmente, la PDDH tiene que continuar fomentando y ejerciendo su liderazo para el impulso de esfuerzos como éste, en aras de sumar voluntades y acciones con el objeto de aportar propuestas en el corto, mediano y largo plazo. Es importante que institucionalmente incida eficazmente en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales. Debe, asimismo, utilizar bien el lugar que ocupa la doctora Victoria Marina de Avilés al frente del Consejo de Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos, para que tanto los aspectos coyunturales como los estructurales de esta problemática sean asumidos como lo que realmente son: afrentas intolerables a la dignidad humana.

DIA DEL TRABAJO. Miles de trabajadores organizados por las 11 centrales sindicalistas del país, marcharon pacíficamente, el 01.05, por algunas calles de San Salvador en el marco del Día Internacional del Trabajo. La manifestación que partió del Estadio "Flor Blanca" hizo una escala en la sede de la Asamblea legislativa, donde presentaron a los nuevos diputados una plataforma laboral. "Esta es una marcha dedicada a decirle no al neoliberalismo", dijo el dirigente sindical, Adilio Mejía. En medio de un fuerte dispositivo policial, los trabajadores solicitaron a los nuevos legisladores su intervención para promover la apertura de empleos y la condonación total de la deuda agraria y bancaria. De igual forma, la reducción de 3 puntos en el IVA y la discusión de un nuevo Código de Trabajo están incluidos en los puntos de la plataforma de los trabajadores, manifestó el coordinador de la Unidad Nacional de los Trabajadores (UNTS), Julio García Prieto. Las exigencias incluían, además, el cese inmediato de la privatización de ANTEL, ANDA, CEL, Seguro Social e INPEP, entre otras. El sector laboral manifestó que esperaban un aumento al salario mínimo, mayor inversión gubernamental de las arcas nacionales al sistema de salud, educación, vivienda y recreación; así como que toda ley que llegue a manos del parlamento sea consultada con los trabajadores antes de ser aprobada (LPG 02.05 p.8-a, DL 01.05 p.3).

CRITICAN COMISION. Dirigentes de los partidos de oposición cuestionaron, el 06.05, la creación de la Comisión Nacional que colaborará en la elaboración del Plan de Desarrollo Nacional que impulsa el gobierno. El dirigente del Partido de Conciliación Nacional (PCN), Rafael Machuca, lamentó que el Presidente de la República utilice siempre a los mismos profesionales para integrar comisiones. "Un día bailan, otro día cantan y a veces ponen la mesa, son los mismos haciendo cosas diferentes", razonó Machuca. Agregó que la citada Comisión Nacional, si bien es un esfuerzo intelectual para que se diga que se está haciendo algo positivo en el país, en ningún momento busca resolver problemas. Por su parte, el dirigente de Convergencia Democrática, Rubén Zamora, expresó que no está claro el mandato que tiene la Comisión Nacional, "porque no se sabe a ciencia cierta si es una Comisión llamada a preparar un documento para someterlo a consulta popular o sorpresivamente el documento se someterá nada más a firma". "Creo que ni el mismo mandatario tiene claro de lo que se trata", añadió Zamora, comparando que no es lo mismo una comisión de académicos y otra que represente el desarrollo. No obstante, advirtió que esperan no tener que enfrentar "otro Pacto de San Andrés". Los partidos Demócrata Cristiano y Renovación Social Cristiano coincidieron en señalar que los miembros de la Comisión son personalidades que conocen el proceso político del país, pero, a su juicio, hace falta la presencia del sector empresarial para que exista representatividad en la misma (LPG 07.05 p.4-a).

ELIGEN JUNTA. Luego de lograr un consenso general, los diferentes partidos políticos juramentaron, el 05.05, la nueva Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. Como presidente de la misma se eligió al diputado Francisco Guillermo Flores Pérez, de ARENA; como vicepresidentes se eligieron a Orlando Quinteros, del FMLN, Ciro Cruz Zepeda, del PCN, Ronal Umaña, del PDC, y Norma Guevara, del FMLN. Asimismo se escogieron como secretarios a los diputados Alfonso Arístides Alvarenga del PDC; Elvia Violeta Menjívar, FMLN; Rafael Machuca, PCN; Juan Duch Martínez y Julio Gamero, ambos de ARENA. Como novedad, se creó una sexta secretaría, la cual elevó a once los cargos directivos en el Congreso; para el desempeño del cargo se nombró a Jorge Villacorta de Convergencia Democrática, en representación del grupo de partidos pequeños. Por su parte, el nuevo presidente de la Asamblea, Francisco Flores, expresó que en ella todas las representaciones políticas están llamadas a ponerse de acuerdo, por lo cual deben crearse los espacios para el entendimiento y el respeto de las distintas posiciones. Por otra parte, el funcionario adelantó que continuará impulsando el programa de gobierno de ARENA, aunque advirtió que dependerá del pleno agilizar o no el proyecto de privatización. Además, afirmó que una de sus primeras acciones de trabajo será la de reunirse con los miembros de la junta directiva para elaborar un plan a fin de planificar las acciones que tomarán a corto, mediano y largo plazo (LPG 06.05.p.5-a y DH 06.05. p.3).

DECLARACIONES. El Presidente de la República, Armando Calderón Sol, expresó, el 03.05, su satisfacción porque todas las fuerzas políticas del país representadas en la Asamblea Legislativa eligieron a Francisco Flores como presidente de ésta. "Yo como presidente me siento muy satisfecho y contento de ver cómo la dinámica misma de nuestro país se consolida, y prueba de ello es este acuerdo anunciado por parte de los secretarios generales de los partidos políticos", afirmó el mandatario. Calderón Sol calificó a Francisco Flores como "un distinguido diputado, es un valor dentro de ARENA, que ha venido dando sus esfuerzos en las diferentes etapas del partido" (LPG 04.05 p.4-a).

RENUNCIA. A pocas horas de tomar posesión del cargo de diputado, Vicente Arturo Argumedo, diputado del PDC, se declaró independiente y renunció a todo puesto dentro de la dirigencia pedecista. El diputado justificó su renuncia aduciendo no concordar con la existencia de grupos dentro del partido, como el de Carlos Parada, Julio Alfredo Samayoa y Alfonso Arístides Alvarenga, en los cuales cada uno "aserrierra el piso" al secretario general, Ronal Umaña, para tomar por asalto la dirigencia. El diputado renunció también al cargo de síndico y como miembro de la comisión que negocia la integración de la directiva de la Asamblea. Por su parte, Ronal Umaña, secretario general del PDC, declaró que en tanto no reciba nada por escrito de Argumedo no puede opinar, pero adelantó que un diputado más o uno menos no afecta al partido (LPG 02.05 p.4-a).

NOMBRAN JEFE DE FRACCION. El 05.05, la fracción legislativa de ARENA designó como jefe de fracción al diputado Walter Araujo, en sustitución de Francisco Flores, quien ascendió a la presidencia del Organo Legislativo. Asimismo, se crearon 4 comisiones de apoyo a la jefatura de fracción: la de Prensa y Comunicaciones, a cargo de René Mario Figueroa; Protocolo y Relaciones Públicas, dirigida por Norman Quijano; la Comisión Administrativa, presidida por Nelson Funes; y la Comisión de Etica y Evaluación, comandada por Gerardo Suvillaga (LPG 06.05. p.5-a).

INMIGRANTES. El presidente de la República, Armando Calderón Sol, reiteró, el 05.05, que uno de los temas principales a discutirse con el presidente Bill Clinton en la reunión de presidentes centroamericanos, en San José, Costa Rica, será la situación de miles de centroamericanos que viven en Estados Unidos. "Pediremos una amnistía, creo que es lo menos que podemos pedir los presidentes de Centroamérica y en lo personal yo, ya que muchos compatriotas creyeron en las leyes norteamericanas y ahora se les ha cambiado el esquema jurídico con una ley de migración diferente", afirmó Calderón Sol. El mandatario expresó que otro de los principales temas a tratar sería el comercial, en lo cual la región no pediría ayuda, sino comercio e inversión, pues consideró que si Estados Unidos no quiere más inmigrantes debe colaborar con el desarrollo del istmo (LPG 06.05 p.6-a y DH 06.05 p.37)

NO HABRAN DEPORTACIONES. La Secretaria de Estado del gobierno de Bill Clinton, Madeleine Allbright, insistió, el 04.05, en Guatemala, que no habrán deportaciones masivas de inmigrantes ilegales a sus respectivos países de origen. "No habrá deportaciones masivas, cada caso será estudiado uno a uno. De hecho, por el momento hemos detenido la puesta en marcha de la ley hasta garantizar que esto se haga en forma humana", dijo Allbright. "Yo misma soy inmigrante y sé lo que es ir a un país en busca de trabajo y libertad. Estados Unidos es el país más abierto del mundo, pero tenemos que hacer cumplir la legislación norteamericana", indicó. Mientras tanto, en el marco de la reunión de mandatarios centroamericanos con el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, el canciller hondureño, Delmer Urbizo Panting, declaró, el 04.05, que Clinton se comprometerá con sus colegas centroamericanos a respetar los derechos humanos de los inmigrantes ilegales residentes en Estados Unidos. "En el texto de una declaración que Clinton firmará junto a los presidentes de Centroamerica se establece que Estados Unidos respetará los derechos humanos de los inmigrantes radicados en ese país", dijo Urbizo. El funcionario hondureño indicó que "los centroamericanos no podrán ser sacados violentamente de Estados Unidos, que hará las consultas necesarias ante el Congreso para buscar la forma de aminorar los impactos de la nueva ley de inmigración (EM 05.05. p.7).

TOMA POSESION. En un sencillo acto realizado en el Teatro nacional, Héctor Silva y el resto de miembros del nuevo Concejo Municipal de San Salvador tomaron posesión de sus cargos. El alcalde saliente, Mario Valiente, efectuó el traspaso del gobierno municipal. "Mi plan de gobierno municipal lo había diseñado para seis años, pero así es la democracia y lo aceptamos", declaró. Por su parte, Silva aseguró que en los tres años que se avecinan se tratará de establecer un nuevo mecanismo de gobernabilidad municipal, en el cual se dará especial atención a los principales problemas de la ciudad. La política se orientará a la participación de todos los sectores para buscar soluciones en conjunto, lo cual implica que será obligación del gobierno municipal y de sus funcionarios la transparencia, aseguró (LPG 02.05 p.20-a, DH 02.05 p.34 y EM 02.05 p.3)

VENTA DE ANTEL. El presidente de ANTEL, Juan José Daboub, informó, el 02.05, que las cuatro compañías extranjeras interesadas en la compra de la ANTEL mantienen su postura de adquirir las acciones de la telefónica estatal, por lo que sólo se "está esperando el día en que se tiene que presentar las ofertas de compra que pueden ser junio o julio". Daboub reveló que los accionistas extranjeros "estuvieron a punto de retirarse" en los meses de febrero y marzo, debido a una combinación de factores políticos nacionales y ofertas telefónicas en mercados internacionales; sin embargo, los grandes compradores han notado —según Daboub— que el país sigue adelante y han recapacitado en sus posiciones, por lo que el interés inversor de las cuatro empresas sigue "viento en popa" (LPG 03.05 p.12-a).

SANCIONAN A DOCENTES. 14 maestros despedidos, 18 suspendidos, 9 amonestados y 123 en proceso de investigación son los resultados de las 220 demandas que resolvieron las Juntas Departamenteales y los Tribunales de la Carrera Docente, detalló, el 05.05, la Ministra de Educación, Cecilia Gallardo de Cano. La Ministra informó que las denuncias conocidas por las juntas han sido interpuestas por 78 profesores, 41 directores, 54 padres de familia, 12 alumnos, cinco por el Ministerio de Educación y 7 por los Consejos Directivos Escolares. Los motivos más frecuentes de las denuncias contra los profesores han sido indisciplina, inasistencia, alcoholismo, abandono de labores, negligencia en el trabajo, maltrato psicológico, desobediencia a la autoridad, acoso sexual y conducta privada viciada. A los directores -dijo la Ministra-, además del abandono de sus labores, acoso sexual y problemas de alcoholismo, se les ha denunciado por negar matrícula a los alumnos, cobro obligatorio de cuotas, malversación de fondos, abuso de autoridad, entorpecimiento de labores, defraudación del Estado y actos irrespetuosos. Para la funcionaria y la Asociación nacional de Educadores Salvadoreños (ANDES) constituye un logro el que las juntas estén aplicando sanciones específicas contra los maestros que no se apegan a los lineamientos de la Ley de la Carrera Docente (LPG 06.05 p.7-a y EM 05.05 p.2).