© 1997 UCA Editores
Dudas sobre la Comisión de Desarrollo
La Comisión de Desarrollo designada por el Presidente Calderón Sol para que le presente, en un plazo de cuatro meses, la metodología y los temas con los cuales elaborar un plan nacional despierta serias dudas. Las atribuciones de la comisión corresponden a las de un Ministerio de Planificación, el cual fue suprimido por razones meramente ideológicas, argumentando la necesidad imperiosa de disminuir el tamaño del Estado y su inutilidad en una economía de mercado. Entre un Ministerio de Planificación, encargado de marcar el rumbo económico y social de la nación, y una economía planificada centralizadamente, al estilo de los países del este europeo, hay una diferencia abismal que los ideólogos del neoliberalismo salvadoreño no han sabido percibir.
No está claro, sin embargo, si el Presidente Calderón está realmente interesado en elaborar un plan de nación o lo que pretende imponer es el proyecto económico social elaborado por el Banco Mundial. Contrario a lo que se suele afirmar, el gobierno actual siempre ha contado con un plan estratégico trienal, elaborado por los expertos y asesores del Banco Mundial. El primero (1994-1996) se orientó a la consolidación de la paz. El segundo (1997-1999) pretende hacerla sostenible. Desde octubre del año pasado, el Banco Mundial consultó y discutió con el Presidente de la República, varios ministros y altos funcionarios gubernamentales, las estrategias que conforman el plan del trienio actual, las cuales están respaldadas por diferentes estudios llevados a cabo por sus expertos y asesores. La intervención del Banco Mundial en la dirección y formulación de la política económico social es tal que hace innecesario un Ministerio de Planificación salvadoreño.
Ante estos hechos, cabe preguntarse por el sentido que pueda tener la llamada Comisión de Desarrollo. Dudamos que el Presidente Calderón esté dispuesto a replantear el plan que el Banco Mundial ya ha echado a andar, sobre todo cuando están en juego 300 millones de dólares para el próximo año fiscal estadounidense. Es igualmente dudoso que el Banco Mundial esté dispuesto a aceptar cuestionamientos de fondo sobre su plan para El Salvador. De hecho, el banco se acercó a las organizaciones no gubernamentales con la intención de dialogar sobre los resultados de las políticas económico sociales del primer trienio y sobre las del siguiente. El diálogo no fue franco ni abierto. El Banco Mundial buscaba el aval de las organizaciones no gubernamentales o, al menos, poder decir que había dialogado con ellas. Por eso, algunas que no estaban dispuestas a prestarse a las manipulaciones del banco se retiraron, la UCA fue una de ellas.
No obstante, los estrategas del Banco Mundial están convencidos de que el éxito de su plan depende, en gran medida, de que éste sea aceptado ampliamente por la sociedad. Dicho con sus propias palabras, la sociedad salvadoreña debe hacer suya la visión del país que el Banco Mundial y el gobierno salvadoreño comparten conjuntamente. De ahí que se propongan construir un consenso nacional alrededor de la promesa de que los resultados del plan serán compartidos más equitativamente en el futuro. Como prueba de ello esperan poder mostrar algunos frutos en el corto plazo. Y es que ambos, el banco y el gobierno, esperan encontrar fuerte resistencia a algunas de sus estrategias, tanto del lado del capital como del de las mayorías populares.
Sin el apoyo de la sociedad, el gobierno enfrentará obstáculos que impedirán que el plan se aplique con la velocidad deseada, en especial por lo que toca a elevar los índices del desarrollo social, a transformar las estructuras verticalistas y autoritarias actuales en otras horizontales y participativas, a elevar los ingresos fiscales y a consolidar la privatización. En la medida en que el plan pierda momento, el Banco Mundial disminuirá considerablemente su ayuda. Más aún, el Banco Mundial ha adoptado medidas para tomar distancia del gobierno si el plan llegase a fracasar, es decir, si su visión no es compartida por la sociedad o si el nivel de vida de las mayorías populares no mejora. El Banco Mundial, pese a intervenir directamente en la dirección de la política económica y social, no está dispuesto a asumir las consecuencias de un fracaso.
Lo que falta, entonces, es construir el consenso alrededor de la visión compartida por el Banco Mundial y el gobierno. Si éste, tal como lo asegura el Presidente Calderón, no cambiará de rumbo, es decir, no se apartará de las estrategias propuestas por el Banco Mundial, no habrá más plan nacional que éste. Por otro lado, es sumamente difícil pensar en un plan nacional que no tome en consideración la política económica y social. Por lo tanto, la comisión de desarrollo parece destinada a ser el agente facilitador de ese consenso tan vital para el éxito del plan estratégico. El presupuesto es que sus miembros estarían dispuestos a aceptar el plan ya aprobado. Así, pues, la Comisión de Desarrollo haría las veces de intermediario entre el gobierno y las fuerzas sociales.
El gobierno por sí mismo no está capacitado para crear el consenso que se desea. Pero, probablemente, ni siquiera el partido ARENA comparte la visión de una fuerza laboral sana, educada y con poder para participar en las decisiones importantes del país. Al contrario, ARENA no parece estar dispuesto a comprometerse decididamente con la democratización de la sociedad y mucho menos con dar poder social a las organizaciones y comunidades.
Así, pues, el problema del gobierno actual no es la falta de plan, sino de capacidad para ejecutarlo. Debido a esta incapacidad crónica, producto de la falta de funcionarios, políticos y empresarios capaces, es que marcha sin rumbo, dando bandazos, que provocan incertidumbre. La Comisión de Desarrollo no podrá suplir esta carencia, debida a la pobreza humana del partido en el gobierno.
La nueva Junta Directiva de la Asamblea Legislativa
El pasado 5 de mayo se llevó a cabo la elección oficial de la Junta Directiva de la nueva Asamblea Legislativa. Tanto la prensa escrita como los distintos partidos políticos se han esforzado en presentar el hecho como la consecuencia de un ejemplar trabajo consensuado.
A pesar de la renuencia que anteriormente ARENA había mostrado a ejercer el mando de la nueva Asamblea, Francisco Flores, diputado de dicho partido e impulsado por éste para ocupar la presidencia, fue elegido por todas las fracciones legislativas para desempeñar tal cargo. Los puestos restantes en la dirección de la Asamblea estarán distribuidos de la forma siguiente: dos vicepresidencias para el FMLN, que serán ocupadas por Orlando Quinteros y Norma Guevara; el PCN ocupará una tercera vicepresidencia con Ciro Cruz Cepeda; y el PDC posesionó a Ronal Umaña en una cuarta vicepresidencia.
Además de ocupar la presidencia, ARENA tendrá derecho a dos secretarías, mientras que el FMLN, el PCN y el PDC estarán a cargo de una cada uno. De esta forma, la proporción general de la nueva directiva será: ARENA tres directivos, FMLN tres, PCN dos, PDC dos y el Bloque Social Cristiano uno. Como era de esperarse, esta configuración corresponde más o menos proporcionalmente a la configuración de la actual Asamblea Legislativa. Dicha correspondencia puede entenderse -y de hecho ha sido entendida- como el complaciente resultado de una negociación que, sin dificultades, logró el consenso y, con justicia, otorgó a cada fracción la cuota de poder merecida.
Después de las intempestivas reformas constitucionales -propuestas y aprobadas días antes de la instauración de la actual Asamblea-, el nombramiento de la Junta Directiva del órgano legislativo ha sido, a juicio de los actores políticos, la segunda muestra palpable de su capacidad y disposición para el consenso. De no ser por la cuestionable premura con la que dichas reformas se llevaron a cabo y porque la elección de la Directiva más que poner en juego los intereses fundamentales de las fracciones logró dejarlos a todos satisfechos, podríamos sumarnos a quienes han aplaudido ambos fenómenos y se han basado en ellos para confiar en que a la nueva Asamblea le ha llegado el momento de establecer la negociación como eje central de una gestión antaño distante de los principios democráticos elementales.
Sin embargo, el hecho de que en los escenarios en los que se desenvuelve la política -y en el ambiente de la opinión pública en general- palabras como consenso y concertación hayan pasado a ocupar un lugar privilegiado no deja de ser alentador. Ello, no porque se crea ingenuamente que es la prueba inequívoca de que los sectores sociales y políticos identificados con las extremas están abandonando sus viejas ideas en aras de la democracia y del bienestar del país, sino porque el que los actores políticos hayan empezado a hacer suyos -aunque sea únicamente a nivel discursivo- los conceptos cuya connotación da cuenta de una actitud flexible que permite tanto poner en común ideas divergentes como alcanzar conclusiones conjuntas que busquen favorecer a la mayoría, los compromete a aproximar cada vez más su quehacer político a esa actitud de la que ahora dicen hacer gala.
Como muestra del supuesto afán de consenso que colorea al escenario político salvadoreño, Francisco Flores afirmó, en una entrevista publicada en un rotativo matutino del país, que su principal reto como presidente de la nueva Asamblea Legislativa es "buscar el respeto y la armonía...para que las posiciones divergentes o las controversias que ocurran vayan puliéndose en el debate, para lograr decisiones en provecho de la nación". Empero, cabría recordar que durante la campaña electoral fue este mismo diputado arenero quien, junto a su homólogo Walter Araujo, protagonizó spots televisivos en los que se le achacaban al FMLN los actos violentos cometidos durante la guerra y la relación de éstos con la situación económica actual. No deja de resultar curioso que, semanas más tarde, sea precisamente a él a quien ARENA haya impulsado, dándole la imagen de hombre moderado y humanista, como ejemplo en la promoción de la democracia; imagen que, a la luz de su participación en una campaña electoral caracterizada por el espíritu confrontativo, resulta muy dudosa. Pese a esto, ninguna de las fracciones políticas denominadas "de oposición" puso reparos en que dicho diputado ocupara la presidencia. "Flores recibe respaldo unánime" fue el titular que encabezó la noticia de su nombramiento.
Frente a la aceptación y complacencia general ante un hecho cuya contradicción resulta evidente al ser analizado fríamente -sin la premura que marcó el cambio de legislatura- surge la pregunta: ¿será que Francisco Flores abandonó por convicción el ánimo confrontativo que mostró durante la campaña electoral? ¿qué tan real y justificado es el asociarle la imagen de hombre de bien, de humanista y conciliador, que su partido se han empeñado en destacar?
Pero dejando de lado el asunto del nuevo Presidente de la Asamblea, a quien hay que dar tiempo para demostrar que es responsable con sus declaraciones y capaz de hacerlas concordar con sus acciones en la práctica, es importante señalar, además, el retraso con el que los diputados eligieron su Junta Directiva. Según lo estipulado por la Ley, el 1º de mayo deberían de haber tomado posesión de sus cargos tanto las nuevas autoridades municipales como las legislativas, al tiempo que a estas últimas les correspondía llevar a cabo la elección de la Directiva del órgano legislativo. Contraviniendo lo establecido, los nuevos diputados retrasaron dicha elección y no fue sino hasta el 5 de mayo cuando, en sesión plenaria, los nuevos miembros de la Junta Directiva fueron juramentados.
Para el diputado del FMLN, Miguel Saenz Varela, el acuerdo alcanzado por las distintas fracciones "es un inicio muy bueno y ojalá mantengamos así toda la legislatura aprobando las leyes producto del consenso. Valió la pena esperar un poco". De la misma manera, diputados de las distintas fracciones políticas justificaron la tardanza argumentando que fue producto de la negociación. Sin embargo, las decisiones en torno al establecimiento de la nueva Directiva se tomaron en cuestión de horas debido a que contaron con el respaldo unánime de las partes. No se entiende, pues, el motivo de la demora.
No se trata aquí de restarle méritos a la búsqueda del consenso ni de ser inflexibles frente a las fallas. Se trata de observar que si ahora, en un aspecto cuya relevancia es mucho menor que la de otros que se avecinan, los diputados pueden darse el lujo de atribuir a la negociación los retrasos, ¿qué garantiza que más adelante, cuando se trate de concertar sobre asuntos de verdadera trascendencia, no se retrasarán también utilizando el mismo pretexto para justificarse?
Tenemos ya la experiencia de la elección de la Procuradora para la defensa de los Derechos Humanos, para la cual la anterior legislatura se retardó durante casi un mes. Es de esperar que el actual retraso sea sólo una coincidencia con aquel y no una constante en la gestión de los legisladores, ya que siendo ellos quienes estipulan y vigilan el cumplimiento de las leyes resulta absurdo que ellos mismos sean quienes las irrespetan a su antojo.
En definitiva, si bien es cierto que es necesario considerar como un logro el hecho de que los partidos políticos están empezando a ejercer su función basados en el consenso y que es esperanzador que los monopolios políticos se hayan resquebrajado logrando que de una sola fracción no dependan las decisiones a tomar para regir el destino del país, también lo es que el proceso democrático empieza apenas a consolidarse, que sus debilidades y flaquezas saltan a la vista y que así como es importante celebrar los pasos avanzados, lo es también advertir que son sólo pasos en una trayectoria larga cuya meta no vislumbramos todavía.
Crisis y reactivación del agro
En las últimas dos décadas, el sector agropecuario de El Salvador ha experimentado una fuerte tendencia contractiva por razones tan diversas que van desde lo político-militar hasta lo económico. Los primeros años de la década de 1990 han estado señalados por la influencia de nuevas prioridades de crecimiento económico centradas principalmente en el sector terciario, mientras que el sector agropecuario habría experimentado una caída de su participación porcentual en el Producto Interno Bruto (PIB). No es de extrañar que entre 1971 y 1992 la población rural de El Salvador haya pasado de 61 a 49 por ciento.
En este contexto se han conocido ya dos programas de reactivación del sector agropecuario: uno gubernamental (Proceso 743) y otro propuesto por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES). Ambos surgen en la recién citada coyuntura de crisis del sector agropecuario y pretenden constituirse en una respuesta para la compleja problemática del mismo, influenciada tanto por la política macroeconómica como por condicionantes estructurales del sector tales como la presencia de la población campesina y el deterioro ambiental.
La tendencia hacia la crisis en el sector agropecuario es común a la mayoría de países latinoamericanos y se remonta a la década de 1980 cuando se difundió la aplicación de programas de estabilización y ajuste estructural. Algunas de las principales implicaciones señaladas como resultado de estos programas son la caída de la población e ingresos rurales, proliferación de la economía campesina, profundización de la pobreza rural, etc. La aplicación de los citados programas en El Salvador data de 1989 y, al igual que otros países latinoamericanos, han tenido incidencia en la crisis del agro, aunque con mecanismos de transmisión específicos. En las siguientes líneas se busca avanzar en la búsqueda de un diagnóstico sobre las verdaderas causas de la crisis del agro, las cuales, tentativamente, podrían centrarse en cinco: imposibilidad de mejorar la competitividad de las exportaciones, reducción del Estado, reducción de los aranceles, agotamiento de los recursos naturales y difícil acceso a los mercados externos.
El instrumento de política macroeconómica al cual se le otorga mayor incidencia sobre la competitividad de las exportaciones es el tipo de cambio. Variaciones de este último provocarían variaciones directamente proporcionales en la competitividad. Para el caso de El Salvador, este instrumento en realidad no ha mostrado esta capacidad, y puede hipotetizarse que en la práctica los efectos de la devaluación del tipo de cambio nominal no mejoran el tipo de cambio real, porque inducen fuertes incrementos de la tasa inflacionaria.
Lo anterior explicaría que la creación del mercado paralelo de divisas en 1982 y, luego, la unificación del tipo de cambio en 1986 no provocaran ningún efecto expansor sobre las exportaciones nacionales. Durante la presente década la estabilización del tipo de cambio no ha permitido comprobar la anterior hipótesis pero, cuando menos, ha reducido las presiones inflacionarias.
La reducción del Estado también ha incidido sobre la crisis del sector agropecuario, aunque, curiosamente, los mayores efectos negativos han sido indirectos. La privatización del sistema financiero ha provocado que la orientación del crédito se desvincule de objetivos de desarrollo de largo plazo y se centre en aquellos proyectos de mayor rentabilidad de corto plazo. Debido a las dificultades que desde ese momento presentaba el sector agropecuario, la actitud de la nueva banca hacia él ha consistido en una reducción del porcentaje de participación del agro en el total del crédito. Otros factores que comprometen aún más la recuperación del agro son la reducción del personal y funciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería y la privatización de los centros de enseñanza y transferencia de tecnología.
El factor común del caso salvadoreño con otros países del área ha sido la reducción de los aranceles para los productos agropecuarios, lo cual ha contribuido también a reducir los ingresos rurales al provocar depresión en los precios de los productos agropecuarios. Esta situación afecta, principalmente, a la producción de granos básicos, la cual además ha enfrentado la limitante estructural impuesta por limitaciones crediticias (mucho mayores que las de los agroexportadores), carencia de tecnología, capacitación y apropiada comercialización.
Por otro lado, el sector agropecuario está íntimamente ligado a las condiciones de los recursos naturales y estos últimos determinan en última instancia la situación del medio ambiente. La deforestación, la erosión de suelos y el agotamiento de los recursos acuíferos han incidido negativamente sobre el sector productor de granos básicos y, consecuentemente, sobre el sector campesino. Las principales resultantes son : caídas en la productividad y producción e incremento de la vulnerabilidad a situaciones de sequía, las cuales están llegando a provocar severas reducciones en la producción.
Finalmente, cabe señalar que los productos de exportación en realidad dependen de las condiciones impuestas por los principales socios comerciales y por mercados potenciales para los productos salvadoreños. Esto resulta especialmente claro en el caso de productos tradicionales de exportación, los cuales dependen de la situación de mercado internacional o de condiciones de acceso preferencial a mercados, especialmente Estados Unidos. Las exportaciones no tradicionales se ven fuertemente limitadas por barreras arancelarias y no arancelarias que los países desarrollados imponen al comercio con países menos desarrollados. Una muestra coyuntural de esta situación son los magros resultados de la reciente cumbre de presidentes centroamericanos y de Estados Unidos en el sentido de reducir las barreras a las exportaciones centroamericanas dirigidas a ese país, pese a que en Centroamérica la mayor tendencia es hacia una drástica reducción de los aranceles, y especialmente en El Salvador que es el que posee el plan de desgravación arancelaria más agresivo.
Una revisión rápida de los condicionantes del sector agropecuario revela que la crisis del mismo no se resolverá sin apelar a soluciones que requieren de una activa participación del Estado, no solamente a nivel de política macroeconómica sino también al nivel de promoción de la producción agropecuaria.
Obviamente, esta visión contradice el ampliamente aceptado postulado del papel subsidiario del Estado, pero se justifica si lo que se desea es la promoción del desarrollo. Bajo las condiciones actuales es altamente improbable que el sector agropecuario recupere el dinamismo mostrado en décadas pasadas y, consecuentemente, que se revierta la tendencia hacia la proliferación de la pobreza.
Esto resulta especialmente grave si se considera que no se cuenta con un sector productivo nacional que supla la reducción de la participación del agro. La maquila depende de la inversión y de decisiones extranjeras y, aunque ha logrado incrementar fuertemente sus exportaciones, no genera consumo intermedio, paga bajos salarios y su crecimiento entraña el riesgo de repatriación de capitales. Así la política de estabilización y ajuste estructural parece estar estrangulando a la agricultura sin haber estimulado el surgimiento de sectores que lo sustituyan como principal impulsor del crecimiento económico, del empleo y las exportaciones.
En este contexto, un programa de reactivación agropecuaria necesariamente debería observar las siguientes medidas: fomento de la competitividad a través de la capacitación y transferencia tecnológica, adopción de estructuras arancelarias que eleven los precios al productor, adopción de planes crediticios amplios y con condiciones especialmente blandas para el sector agropecuario, definición de un andamiaje jurídico e institucional para la recuperación de los recursos naturales y la protección ambiental y definición de normativas de negociación comercial que no subestimen la importancia de la protección arancelaria del sector agropecuario.
Muchos de los factores que afectan al agro son resultado de la implementación de esquemas de ajuste estructural o, lo que es lo mismo, de liberalización de la economía. Sin embargo, la realidad muestra que este camino no conducirá inequívocamente al desarrollo, pues este requiere de un importante grado de intervención estatal.
¿Comisión para el Desarrollo Nacional?
El señor Presidente de la República es un especialista en hacer propuestas sorpresivas y sorprendentes; así hemos recibido el anuncio de la conformación de una Comisión para el Desarrollo Nacional, en alocución dirigida a la nación en vísperas del 1º de mayo. En primer lugar, no queda muy claro el origen motivador de este "mandato de concertación". Se puede leer así el resultado de las recientes elecciones que han mermado el monopolio o efecto-dominación del partido oficial en la Asamblea Legislativa. Por concertación parece que se ha procedido a la elección de la nueva Directiva del poder legislativo. Votantes y no votantes han patentizado su desacuerdo ante la falta de rumbo nacional; a través del voto legislativo han enviado su mensaje al poder ejecutivo.
También el origen motivador del mandato de concertación ha podido llegar, primordialmente, del "proyecto o plan de nación" recomendado al gobierno por el Banco Mundial. Aparte del verdadero origen motivador, lo sorpresivo es que inesperadamente se proponga la formulación de un Plan de Desarrrollo Nacional, sin que la breve alocución detalle los cuatro términos: formulación, plan, desarrollo y nacional. Es sorpresivo porque se trata de un gobierno que se inicia con la supresión del Ministerio de Planificación y Coordinación del Desarrollo Económico y Social. Un continuo interrogante en estos tres años de gobierno ha sido la existencia de un plan de desarrollo; si existe se debe publicar y conocer, porque si no se publica, ni es plan, ni es nacional, ni sirve al desarrollo.
Esto es lo que explícitamente reconoce el señor Presidente: "la formulación de un Plan de Desarrollo Nacional, con una visión de mediano y largo plazo, que nos lleve al desarrollo y genere estabilidad y confianza, y que sea impulsado por los gobiernos que alternativamente ejerzan el poder en el futuro". Esta frase dice más de lo que se lee textualmente. Dice que no tenemos un plan de desarrollo nacional, lo cual sospechábamos a juzgar por la serie de medidas novedosas anunciadas en los tres pasados años: dolarización, IVA, maquilas, aranceles, privatización, clusters..., más documentos confidenciales con el FMI que comprometían buena parte de la privatización de ANTEL para el pago de los $ 150 millones de LETES. Dice que carecemos de una visión de mediano y largo plazo que nos lleve al desarrollo, es decir, que no hay desarrollo sin un plan de desarrollo. Dice, además, que la estabilidad y la confianza pueden lograrse si existe un plan de desarrollo. Y recomienda a los gobiernos futuros que impulsen un plan de desarrollo, porque no basta con editar Programas Monetario-Financieros que año con año repiten similares consignas.
Como el tema de la falta de rumbo económico rebotaba de diario en diario, debido sobre todo a la seria recesión surgida desde 1995, no es casualidad que diez días antes del discurso presidencial, con fecha de domingo 20 de abril-1997, Edgardo Suárez, miembro del antiguo CONAPLAN y luego presidente del BCR, planteara un interrogante similar en un breve artículo: "Plan de Desarrollo ¿versus programa económico?". Muy en resumen, Suárez lamenta la decisión del presente gobierno de demoler (“con los cañones del Navarone”) el Ministerio de Planificación y Coordinación del Desarrollo Económico y Social. El error de esta decisión está en la pérdida de una de una visión de futuro, "que daría orientación y realismo a los programas económicos y monetarios de corto plazo". En la actualidad, añade Suárez, “tengo la impresión de que nunca existió un Plan de Desarrollo Económico y Social, ni programas sectoriales, ni mucho menos un programa consolidado de inversiones públicas bianual, ajustable anualmente”. Tal vez exista un “Programa Económico de Gobierno”, mal vendido o poco publicitado, y en gran medida derivado de los Programas Monetarios anuales del BCR. Surge así la pregunta: ¿quién orienta al orientador?
Parecería que el actual gobierno ha dado muchos pasos hacia atrás con la supresión de esa institución analítica y orientadora del desarrollo nacional, que difícilmente se subsana con una espontánea “comisión” de personalidades distinguidas. No significa esto ningún reparo a las personas escogidas, porque esperamos que algún miembro de la comisión proponga como primer tema de agenda la reconstitución del Ministerio de Planificación. La alocución presidencial sigue siendo sorpresiva y sorprendente porque este gobierno ha sustituido la planeación económica por el "sigilo y el secreto", sumados a la improvisación, impuestos por una minoría privilegiada y autoelegida, que Héctor Dada califica como "¿dictadura del empresariado?".
Aunque un plan de desarrollo nacional abarca más áreas, problemas e interrogantes que un plan de desarrollo económico y social, manteniéndonos de momento en esta última esfera, conviene recordar que el año de 1996 fue prolífico en la presentación de propuestas económicas, abiertas al diálogo o concertación (ANEP, FUNDE, FMNL, CPDN, FUSADES...), porque se tenía la sensación generalizada de que El Salvador no tenía un rumbo orientador, de parte del gobierno, mientras que la economía real se venía enrrumbando hacia una grave terciarización económica, hacia un predominio del capital especulativo y hacia una reconcentración de la riqueza nacional. Estos documentos hablaban de un crecimiento ficticio, frágil y no sostenible, enfatizaban el riesgo del deterioro del medio ambiente y criticaban la precipitación y la falta de transparencia legal en el proceso de las privatizaciones. El gobierno oyó, pero no escuchó.
Adicionalmente, el Comité Económico y el resto de unidades gubernamentales no han mostrado la menor atención e interés ante la publicación de nuestras matrices intersectoriales de 1978, y sobre todo de 1990 (publicada en 1993), obra del BCR, que hubieran servido a la orientación del crédito hacia sectores realmente productivos y reproductivos. La propia ANEP ha venido criticando el sesgo en la orientación del crédito hacia áreas de mayores márgenes de ganancia en el corto plazo (comercio y servicios), sacrificando la inversión productiva en los sectores primario-secundario, que generan más valor agregado y capacidad exportadora. El oligopolio financiero obtiene ingentes beneficios, poco fiscalizados, mientras que el conjunto de las ramas productoras se ven sometidas a una gravosa recesión económica. Votantes y no votantes han expresado su parecer en las últimas elecciones.
El Instituto de Turismo, con beneplácito del gobierno, está editando, en inglés, unos lujosos y caros folletos, a modo de guía oficial para el visitante de El Salvador. Pero las fotos y los atrayentes comentarios no logran borrar de la memoria o conciencia de los residentes internos otros problemas cuantitativos y cualitativos, que también rebotan de diario en diario y de televisión a televisión, como son la inseguridad y crimen, organizado y desorganizado, la corrupción ampliada, el lavado de dólares y el lavado de cerebros, traducidos en gran insolidaridad social. Sin duda, los miembros de la “Comisión” se atreverán a listar algunos de estos temas en Casa Presidencial. Pero han sido tantas las “comisiones ad-hoc” sin mayores resultados prácticos, que confirman el dicho de que cuando no se tiene interés en que algo se haga, se nombra una comisión.
Por un país integralmente seguro
Cinco años han transcurrido desde que se firmó el acuerdo final de paz. Durante ese período se han realizado dos procesos electorales y prácticamente finalizó ya la verificación de la comunidad internacional sobre el caso salvadoreño. Pese a ello y a otros hechos destacados mediante los cuales se ha pretendido instalar en el territorio nacional las bases para una convivencia armónica, la población mayoritaria aún se encuentra viviendo y padeciendo, dentro de una realidad que no merece ser calificada como satisfactoria cuando se observa bajo la lupa de los derechos humanos. Basta echar una ojeada a los periódicos nacionales para darnos cuenta de eso y para reclamar de nuestra parte un esfuerzo serio de reflexión y propuesta, en función de buscar soluciones creativas y oportunas para hacer de nuestro país un mejor lugar donde vivir.
“Otro caso más para la DIC: `Despellejan' a dos hombres en Apopa”, rezaba el titular de la noticia que apareció publicada en el Co-Latino, el pasado 17 de abril. “Una de las víctimas --señalaba el rotativo-- respondía al nombre de Modesto Pleitéz, de 51 años de edad, residente en la casa número 17 de la colonia Valle del Sol. La otra no fue identificada... A las víctimas les fue arrancada la piel del rostro hasta el abdomen, presuntamente para evitar que sea reconocidas por las autoridades judiciales... El dantesco cuadro hizo recordar, a los vecinos del lugar, el hallazgo de las víctimas de los “escuadrones de la muerte” de finales de la década de los setenta y de los años ochenta”.
A propósito, del otro vespertino local recuperamos una noticia también “fresca” cuyo encabezado rezaba así: “Fiscalía afirma que resurgen los escuadrones de la muerte”. En el cuerpo de la nota se afirmaba lo siguiente: “Una fuente oficial del ministerio público sostuvo que las últimas ejecuciones producidas en el departamento de San Salvador, hacen pensar que han resurgido este tipo de organizaciones dedicadas a exterminar a posibles delincuentes diseminados en todo el país” (EM, 03.05, p.2). Para la institución estatal encargada de dirigir funcionalmente la investigación de los delitos, según dicha fuente, tal resurgimiento es consecuencia negativa del precedente que se sentó cuando fueron absueltos --hace unos días-- tres individuos acusados de pertenecer a la autodenominada “Sombra Negra”.
Pero el tribunal de conciencia respectivo no sólo adoptó esa decisión; también condenó explícitamente el método para enfrentar la delincuencia, mediante la acción de los “escuadrones de la muerte”, y reclamó la investigación de sus responsables intelectuales. No obstante, casi nadie se percató de ello. Los medios de difusión no destacaron suficientemente la importancia de estos últimos aspecto del veredicto y, por eso, no resulta aventurado imaginar que estos grupos ilegales ahora se sientan con más libertad para desarrollar sus criminales acciones. No sería raro que a ello responda la serie de ejecuciones en San Marcos, también en el departamento de San Salvador, durante los últimos días de marzo y el mes de abril.
Para la licenciada María Julia Hernández, directora de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado (OTLA), la dinámica de los acontecimientos expuestos hace que la impunidad se vaya asentando, “de tal manera que no se puede salir del miedo y del terror, (lo) que no contribuye en nada con la consolidación de la democracia” (LPG, 08 05, p.5-A). En ese marco, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) en boca de su “segundo de a bordo” --licenciado Eduardo Antonio Urquilla-- se pronunció en favor de la participación ciudadana para alcanzar el establecimiento de un verdadero Estado de Derecho, mediante su rechazo al tipo de prácticas que llevan a cabo los “escuadrones de la muerte”. A diferencia de otras voces irresponsables, Urquilla afirmó tajante que la PDDH “jamás” avalará “la constitución de grupos armados ilegales que pretendan hacer justicia por su propia mano” (LPG, 11.05, p.5-A).
Pero además de “soluciones” al problema de la violencia y la inseguridad tan falsas y absolutamente erradas como esa que le apuesta al accionar “escuadronero” --por haberse comprobado desde hace tiempo su ineficacia y por socavar la frágil legalidad existente-- ahora hay quienes pretenden apostarle a otro “retroceso” en lo que a los derechos fundamentales de la población se refiere: la intervención de las comunicaciones telefónicas por parte del cuerpo policial. De seguir así, dando “palos de ciego”, quienes ahora tienen la misión de garantizar la seguridad pública serán señalados mañana como los responsables de los mayores niveles de inestabilidad que se puedan generar en el país.
La investigación del delito y la procuración de justicia encuentran su base en la confianza que la población tiene en las autoridades encargadas de tan importantes tareas. Dicha confianza nunca podrá ser ganada en la medida que esas autoridades violen los derechos de las personas de cualquier forma, ya sea selectiva o sistemáticamente, o propicien las condiciones para ello. Si la gente “común y corriente” observa que aquéllas violan los derechos humanos o admiten las violaciones para “combatir la delincuencia”, es imposible imaginar que va a depositar su confianza en ellas y que va a participar. ¿Por qué? Pues porque -- independientemente de los “manejos de la opinión pública”, que explotan el sentimiento de indefensión e inseguridad de las personas-- toda la población sabrá de lo que son capaces y siempre vivirá bajo la amenaza de ser una víctima más de sus atropellos.
Debemos tener presente que la confianza en las autoridades estatales deviene de su capacidad para actuar conforme a los valores fundamentales de un verdadero Estado de Derecho, democrático y participativo. Ello, en concreto, debe traducirse en un desempeño transparente y respetuoso de la legalidad. En esa línea y considerando la necesidad de buscar salidas atinadas a los problemas urgentes que nos aquejan, consciente de la interrelación que existen entre ellos y en el marco de la reciente instalación de una legislatura más, el IDHUCA propone las siguientes “IDEAS PARA UNA AGENDA LEGISLATIVA EN DERECHOS HUMANOS” para enfrentar la violencia actual y prevenir la del futuro.
1. Por un país integralmente seguro
En 1992 se superó la guerra en el país. Aparentemente hay paz; sin embargo, la población no la disfruta. Más bien, vive en un estado de zozobra. La inseguridad se ha generalizado durante estos cinco años en casi todos los ámbitos: personal, social, económico, político, jurídico y ambiental.
Los ideales de justicia, democracia y estabilidad deben dejar de ser sólo aspiraciones utilizadas por los políticos en sus discursos. La sociedad civil demanda que se hagan realidad. Para ello, la contribución de la Asamblea Legislativa puede ser muy grande, como igualmente lo es su responsabilidad.
2. Lo que esperamos de la nueva Asamblea Legislativa
La crítica situación de inseguridad global que vive el país reclama la acción conjunta y coordinada de los tres órganos del Estado. Entre ellos debe haber, también, controles y contrapesos.
Legislar es la más importante función de la Asamblea y debe exigirse que lo haga con responsabilidad, colocando siempre en primer lugar el interés nacional.
Pero también es importante que asuma realmente las demás funciones que le competen: velar porque las leyes se apliquen en forma efectiva; colaborar en la labor de los órganos ejecutivo y judicial; hacer uso de los mecanismos de interpelación; crear las comisiones especiales que la situación requiera; revisar y aprobar el Presupuesto de la Nación, así como los préstamos del exterior; y ratificar los tratados internacionales de derechos humanos, entre las más importantes.
3. Seguridad Personal
El auge delincuencial y la inseguridad ciudadana han puesto en evidencia la ausencia de una adecuada política estatal para enfrentar el fenómeno criminal. El Legislativo, en coordinación con el Ejecutivo y el Judicial, debe contribuir a la definición de ésta. Habrá que revisar entonces si las nuevas normas en materia Penal, Procesal Penal y Penitenciaria, aprobadas en forma apresurada, están en sintonía con dicha política.
Se debe reforzar, más que la dureza de las leyes, la eficacia en su aplicación. Así, en lugar de ratificar la pena de muerte o tratar de revivir la “Ley de Emergencia”, lo que debe hacerse es fortalecer la prevención y la investigación del delito.
Ante situaciones concretas, debe alentarse la cooperación efectiva entre los órganos estatales, así como con las tres instituciones que integran el Ministerio Público.
4. Seguridad económica y social
En el país prevalece la inseguridad en el empleo así como el desempleo, abierto o encubierto. A nivel global, son también inseguras las bases en que se asienta el actual modelo económico. De continuarse impulsando dicho modelo, se deben atender con urgencia y seriedad los costos sociales del mismo. También demandamos cautela en las privatizaciones, especialmente cuando se trata de bienes o empresas rentables que aportan a las arcas de la Nación.
Es necesaria la revisión del Código Laboral, en especial en lo que atañe a zonas francas y los recintos fiscales para asegurar, efectivamente, el respeto a los derechos humanos de las y los trabajadores en la maquila. El derecho de sindicalización debe extenderse a las y los campesinos y empleados públicos. Lejos de privatizar la seguridad social, ésta debería ampliar su cobertura a otros segmentos de la población laboral.
5. Seguridad jurídica y política
El Estado de Derecho debe proteger a toda la gente y no sólo a quienes pueden pagar por su seguridad y tranquilidad. Pero en El Salvador, la justicia se sigue impartiendo injustamente. Urge la profunda reforma judicial a la que se comprometió el Estado en los acuerdos de paz, sin más dilaciones y sin timidez.
Las reglas del juego en materia electoral se han reformado de manera apresurada, con parcialidad y falta de profundidad. El voto domiciliar y la proporcionalidad en los concejos municipales deben ser aprobados. Asimismo, otras medidas que modifiquen el tamaño de las circunscripciones y la duración de los mandatos.
Debe facilitarse el voto emigrante, hacer efectivo el voto femenino y abrir la participación electoral a los adolescentes. Ha de reconocerse que el derecho al voto incluye el derecho a la abstención. La representatividad de los partidos políticos no debe impedir a instituciones no partidarias su participación electoral.
6. Seguridad ambiental
La deforestación ha avanzado tan vorazmente que no es exagerado afirmar que en El Salvador se vive un proceso de desertificación. La calidad y cantidad de agua potable disponible se perfila como un gravísimo problema del futuro inmediato. En muchas lugares, ya es un problema. En las zonas urbanas la contaminación del aire, la basura y el ruido se están volviendo inmanejables.
Urge la aplicación eficaz de la Ley de Protección al Medio Ambiente. Hay que complementarla con normas específicas que atiendan el aspecto forestal, el de los deshechos industriales, la acción de las urbanizadoras, etc.
La inacción estatal para preservar un medio ambiente sano es un atentado a la salud de las y los salvadoreños. El gran reto para que El Salvador siga siendo habitable en el próximo siglo, es promover la acción del Estado y la participación de la población en la búsqueda y aplicación de las medidas integrales para solucionar la problemática ecológica.
Publicamos a continuación el discurso leído en el acto de Reconocimiento al padre Francisco Javier Ibisate, organizado por el Departamento de Economía de la UCA el día 13 de mayo de 1997.
“En esta tarde, y después de haber escuchado la exposición central, se ratifica y es palpable el sentimiento de preocupación académica y profesional sobre la compleja realidad del país. Ella se nos presenta como un mosaico desintegrado caracterizado por intereses divergentes, el cual se traduce en una ausencia de interpretaciones objetivas que permitan soluciones integradas a los distintos problemas que conforman esa realidad.
Parece ser que este sentimiento-preocupación se ha ido imponiendo poco a poco en los distintos sectores del país, incluida la empresa privada y el gobierno. La primera ya ha presentado su propuesta global de soluciones que dista mucho de constituirse en programas objetivos y aterrizados. El gobierno, por su lado, ha creado una comisión ad-hoc para que diseñe una metodología que permita formular un plan de nación.
Estas recientes manifestaciones de los sectores con poder económico y político del país hacen evidente la carencia de una visión de nación que trascienda los tradicionales consensos políticos que en muchos casos están plagados de demagogia. En este contexto, el país requiere de sus ciudadanos: experiencia, méritos y compromiso público para formular propuestas congruentes con una visión de país socialmente deseable.
La experiencia, la objetividad, la honestidad, el respeto a las ideas de los demás y el compromiso para con la nación son atributos difíciles de encontrarlos combinados en una sola persona, por ello parece justo reconocerlos públicamente en aquellos que los posean.
En esta tarde, rompiendo con el protocolo y aprovechando que tenemos una importante representación de la comunidad universitaria con nosotros, queremos compartir con todos ustedes un homenaje que tiene como testigo los últimos 25 años de labor en la UCA. Un homenaje a nuestro amigo y compañero el Padre Francisco Javier Ibisate.
El Padre Ibi asume con valentía la tarea de contribuir desde una perspectiva multifacética al discernimiento de la verdad. Precisamente, es la convicción de que estamos frente a un ético inconforme la que nos mueve a reconocer públicamente la labor de un hombre cuyo compromiso por incidir en las transformaciones históricas le ha llevado no sólo a ser conciencia crítica, en sentido propiamente académico, sino que es testimonio viviente de esfuerzo y apertura reconocidos por diversas sectores académicos y políticos.
Creemos conveniente señalar los méritos del Padre Ibi. En primer lugar, ha dado muestras de una búsqueda sincera de respuestas a los desafíos concretos que se nos presentan o que se perfilan. Es una persona convencida de que las soluciones las construimos todos no sólo con voluntad, sino también con esfuerzo.
En segundo lugar, aparece su naturaleza "dialéctica", es decir, a diferencia de las posiciones dogmáticas que suelen adoptar muchos de los supuestamente "consagrados" cientistas locales, el Padre Ibi nos sacude con posiciones de vanguardia que señalan el centro de los problemas y la raíz de la soluciones. Esta tarea solo se puede explicar a partir de su empeño constante por estar actualizado con los hechos mundiales, regionales y nacionales.
En tercer lugar, el Padre Ibi le imprime su propio sello a la jerarquización y simbiosis de los fundamentos filosóficos del quehacer universitario. Para él, la transformación de los marcos que sustentan la realidad es posible, desde la academia, si hay una escogitación en favor de la acción científica que genere agentes de cambio. Esta posición es especialmente valiosa en un país donde las posiciones ideológicas tienden a sustituir la propuesta objetiva por visiones sesgadas.
En esta dirección merece el reconocimiento de ser el artífice de los radicales cambios que han surgido en la revisión de los programas de estudio de las carreras de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Convergieron las ideas renovadas de un hombre que puso a disposición su larga experiencia como académico y como docente con las vibrantes inquietudes de jóvenes profesionales (en su mayoría especializados en el exterior) que estimaron que si no se ejecutan las transformaciones sugeridas como universidad y como país estaremos en rezago relativo. De ahí que, universitariamente hablando, un gran aporte a la nación deviene de la calidad de los profesionales que egresemos y no expresamente en la articulación de una propuesta tan completa y tan extensa que es responsabilidad compartida entre el sector público y el privado.
La nota de su nombramiento como rector, en noviembre de 1995, literalmente decía: "Es de todos conocida la larga trayectoria que el Padre Ibisate tiene en la universidad como docente, escritor, administrador, párroco y consejero. El Padre Ibisate es el único jesuita vivo que puede dar testimonio de los treinta años de la universidad. Su vida está estrechamente vinculada a la historia de la universidad". Ella recoge y resume sus méritos y su compromiso público en esos años. Como docente, el más comprometido por articular la teoría con la realidad; como escritor, el más preocupado por seguir el termómetro del avance y llevarlo a la sistematización; como administrador, el más fiel de la transparencia, encargado de hacer cumplir con criterio los reglamentos internos; como párroco, el conductor respetuoso ; y como consejero, el hombre paciente y sensible.
Otra razón no menos relevante es su posición de trabajador eficiente y de conciliador por naturaleza. Sin renunciar a sus principios tiene la capacidad de integrar la opinión de los demás a las decisiones, de modo que el resultado es un ejercicio democrático: nunca impone, persuade. Sus discrepancias son claras y sus decisiones concertadas; en suma, es un ejemplo a emular en la consecución de los óptimos, en la forma de hacer gobierno.
Las anteriores razones y muchísimas más que quedan marcadas con su propio testimonio le hacen merecedor de este humilde homenaje en dos actos: el primero consiste en la entrega de la recopilación de sus principales escritos, los que esperamos sean reproducidos próximamente en forma de libro. El segundo consiste en que deseamos que nuestro Departamento de Economía sea nominado con el nombre del Padre Francisco Javier Ibisate. Este tributo se lo hacemos, Padre Ibisate, sus compañeros, todos los miembros de un Departamento que consideramos un verdadero privilegio contar dentro de sus filas.
Trabajador incansable, ético inconforme, dialéctico, democrático, respetuoso, humorista nato, todos estos epítetos se suman a la capacidad y potencial que usted posee y las que el país debe reconocer en sus ciudadanos...
Con admiración, respeto y cariño reciba este tributo como muestra de nuestra gratitud por su compromiso con la verdad para con quien legítimamente tiene la capacidad de liderar procesos de transformación que el país necesita... “
Transcribimos a continuación el “acta de compromiso” suscrita, el 2 de mayo de 1997, por los distintos partidos políticos del país en el marco de la elección de la junta directiva de la Asamblea Legislativa.
Acta de compromiso
Nosotros en representación de los partidos políticos Alianza Republicana Nacionalista, Convergencia Democrática, Conciliación Nacional, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Demócrata, Demócrata Cristiano, Liberal Democrático, Movimiento de Unidad y Renovación Social Cristiano, hemos acordado lo siguiente:
1) el día primero de mayo, nos reunimos en el salón Centroamérica, de la Asamblea Legislativa, para elaborar una propuesta consensuada de junta directiva de la Asamblea Legislativa, con el objeto de dar una clara muestra ante el pueblo salvadoreño de nuestra voluntad de actuar en forma concertada. En esta reunión, intercambiamos criterios y solicitamos a los partidos --ARENA y FMLN-- que construyeran una propuesta de consenso la cual, sería respaldada por todos nosotros.
2) El día de hoy, a las 2:00 p.m. los partidos --ARENA y FMLN-- nos presentaron la siguiente propuesta:
a) Convenimos en propiciar la integración de una junta directiva compuesta por once miembros, con base en las propuestas de los partidos políticos, en la búsqueda de la proporcionalidad, por lo que los cargos serán distribuidos de la siguiente forma:
Presidente: corresponderá a la fracción legislativa de ARENA;
Primera vicepresidencia: corresponderá a la fracción legislativa del FMLN;
Segunda vicepresidencia: corresponderá a la fracción legislativa del Partido de Conciliación Nacional (PCN);
Tercera vicepresidencia: corresponderá a la fracción legislativa del Partido Demócrata Cristiano (PDC);
Cuarta vicepresidencia: corresponderá a la fracción legislativa del FMLN;
Primera secretaría: corresponderá a la fracción legislativa de ARENA;
Segunda secretaría: corresponderá a la fracción legislativa del PCN;
Tercera secretaría: corresponderá a la fracción legislativa del PDC;
Cuarta secretaría: corresponderá a la fracción legislativa de ARENA;
Quinta secretaría: corresponderá a la fracción legislativa del FMLN;
Sexta secretaría : corresponderá a las fracciones legislativas de los demás partidos políticos.
b) Convenimos proponer como presidente de la junta directiva a un diputado seleccionado de la terna propuesta por el partido ARENA.
c) Sobre la creación de la sexta secretaría, se conviene proponer al pleno que dicho cargo sea ocupado por un diputado, seleccionado de una terna propuesta por las fracciones legislativas de los partidos Convergencia Democrática, Partido de Renovación Social Cristiano, Movimiento de Unidad, Liberal Democrático y Demócrata.
d) Sobre la creación de la sexta secretaría, la supresión del voto de calidad que actualmente tiene la presidencia de la Asamblea, así como la calificación ordinal para las vicepresidencias y las secretarías de la junta directiva, se conviene proponer las reformas respectivas al reglamento interior de la Asamblea Legislativa.
e) Se propone la suscripción de un protocolo por todos los partidos políticos, cuyos términos han sido preparados de común acuerdo entre ARENA y FMLN. El protocolo en referencia tendrá los términos y parámetros bajo los cuales deberá realizar sus labores la nueva junta directiva de la Asamblea, su presidencia, así como los demás diputados que la integran.
3) Todos los partidos abajo firmantes consideramos que la propuesta presentada llena nuestras aspiraciones de lograr una junta directiva plenamente representativa de quienes hemos sido electos por el pueblo en consecuencia, suscribimos la propuesta y nos comprometemos a impulsarla en la sesión plenaria correspondiente.
4) Si bien todos los partidos nos comprometemos a lo anterior, el Partido Demócrata Cristiano quiere dejar constancia que mantuvo una posición diferente en cuanto a la ampliación de la junta directiva en un miembro; asimismo, el Partido Liberal Democrático, si bien respalda la propuesta presentada, se reserva el derecho de abstenerse en la votación de algún candidato en particular.
5) En Vista de lo anterior, firmamos esta acta de compromiso en nueve ejemplares, uno para cada partido.
San Salvador, 2 de mayo de 1997
Alianza Republicana Nacionalista Partido Convergencia Democrática
ARENA CD
Partido Conciliación Nacional Frente Farabundo Martí PCN para la Liberación Nacional
FMLN
Partido Demócrata Cristiano Partido Demócrata PDC PD
Partido Liberal Democrático Partido Movimiento de Unidad PLD MU
Partido de Renovación Social Cristiano
PRSC