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El complejo problema de la violencia
Recientemente, el Presidente del BID, Enrique Iglesias, reveló unas cifras escalofriantes sobre los niveles de violencia que abaten al país. Ciertamente, los salvadoreños estamos ante una situación verdaderamente grave y, lo que es peor, no parecemos darnos cuenta de ello. Se trata, entonces, de comenzar por prestarle atención al problema, entenderlo y buscar las mejores soluciones. Pero ello no es fácil, pues ante el tema de la violencia sobran las opiniones, sin que haya sobre ella una visión clara y precisa.
Ante todo, la violencia constituye un desafío para la academia. Teóricamente, no se la ha definido con suficiente claridad, aunque desde la filosofía, la sociología y la psicología se hayan difundido las tesis más diversas sobre la misma. Así, filosóficamente, se puede sostener que la violencia tiene un estatus antropológico irrecusable, por el cual la misma --como una dimensión de poder inscrita en la naturaleza humana— no puede ser eliminada del todo de la convivencia social. Sociológicamente, se puede prestar atención a la estructura social, las clases, las jerarquías y las relaciones de poder que existen entre unos grupos sociales y otros. Desde aquí se puede avanzar hacia la tesis de que la violencia es una exacerbación de esas relaciones de poder, especialmente cuando los grupos económica y políticamente dominantes ejercen la fuerza y la coacción para garantizar y proteger sus privilegios de clase. Psicológicamente, se puede aterrizar en los individuos y su subjetividad, así como en los patrones de interacción que los llevan a reafirmarse violentamente ante los otros. Clásicamente, estos han sido los modos de acercarse al problema de la violencia, sin que en ellos se hayan agotado las posibles explicaciones sobre el fenómeno. Las tres perspectivas pueden ser sostenidas con los más diversos argumentos, pero --por eso mismo-- ello hace más difícil alcanzar la claridad conceptual necesaria.
A nivel práctico, la violencia constituye un desafío para todos y cada uno de los miembros de la sociedad. En el caso concreto de El Salvador, sus habitantes viven en un contexto de violencia permanente, cuyas expresiones más significativas son los homicidios y las lesiones intencionales. Según datos de la Fiscalía General de la República, en nuestro país, en 1996, hubo 8019 homicidios a nivel nacional, es decir, una tasa de 146 muertos por cada 100 mil habitantes; hubo, asimismo, según los registros del Ministerio de Salud, un total de 26192 lesionados, es decir, una tasa de 464 personas agredidas por cada 100 mil habitantes. El frío cálculo numérico nos indica la gravedad de la situación, pues esas tasas de homicidios y lesionados sitúan a nuestro país a la cabeza de los países más violentos de América Latina. Más allá del dato, por supuesto, está la vida diaria de cada salvadoreño, para el cual es sumamente alta la probabilidad de ser agredido o asesinado tanto fuera como dentro de su casa.
Siempre en el terreno de la importancia práctica de la violencia, está el impacto económico de la misma. Impacta a nivel estatal, puesto que, a medida que la situación se vuelve más incontrolable, los gastos presupuestarios asignados a instituciones como la Policía Nacional Civil o la Fiscalía General de la República se vuelven insuficientes, por lo que es necesario desviar más recursos hacia ellas. Asimismo, el sistema de salud, por el cual pasa un buen número de lesionados --muchos de ellos a punto de fallecer--, invierte una parte importante de sus recursos –-ciertamente insuficientes-- en la atención de esos casos. Pero también los agentes privados invierten en su seguridad para protegerse de la violencia: rejas, balcones, vigilancia privada, seguros de autos. Un número importante de familias ha perdido sumas considerables por asaltos a sus casas o por robos de vehículos. Otras, o han perdido a un miembro que aportaba recursos para el sostenimiento del grupo familiar o se ven de pronto con un lesionado que drena recursos del hogar para su atención médica o su manutención.
Todo ello no ha sido mínimamente calculado, por lo cual no contamos con una cifra aproximada que nos diga cuánto de los recursos económicos del país, estatales y privados, son absorbidos por el agujero negro de la violencia y qué porcentaje del PIB representan esos costos. Estamos lejos de conocer, además, algo sumamente importante: cuánto cuesta a la sociedad perder, sea por homicidio o por lesión, miembros suyos cuya formación técnica y profesional ha supuesto una inversión económica y cultural considerable, así como lo que costaría formar a personas con similar nivel de conocimientos.
Dicho de otra forma, para acercarnos con un mínimo de seriedad al problema de la violencia en El Salvador necesitamos, primero, contar con precisión el número de muertos y lesionados. Segundo, se tienen que determinar las causas tanto de los asesinatos como de las lesiones. Tercero, se tiene que establecer la naturaleza de ambas con el mayor detalle posible. Y, cuarto, es imprescindible indagar acerca de cuánto invierten los actores privados en su seguridad, en la atención de miembros del hogar lesionados y la reducción de ingresos que supone perder a uno de los suyos. Sin esta contabilidad básica la discusión sobre la violencia carecerá de asidero en la realidad.
Una vez medida la magnitud y los costos de la violencia, se tiene que pasar a su combate, el cual no implica, como creen muchos, la pena de muerte. Se trata de auxiliarse de la medicina y hacer estudios epidemiológicos que permitan hacer un mapeo de los factores que se asocian a los diversos actos delictivos. Hecho este diagnóstico, llegará la hora de pasar a las soluciones no del macro problema de la violencia, sino de aquellos factores de corto, mediano y largo plazo que es necesario controlar o erradicar. Se trata, aquí, de hacer políticas públicas orientadas a resolver los problemas específicos detectados por estudios epidemiológicos científicamente llevados a cabo.
Esta última parte, una de las más importantes en el combate de la violencia, requiere --de parte de empresarios, políticos, académicos y ciudadanos en general-- no sólo de una preocupación real por el problema de la violencia, sino también de una disposición sin límites para coordinar esfuerzos que permitan hacer un trabajo más eficaz en orden a disminuir los niveles de violencia en el país.
Contradicciones en la privatización del canal 8 de televisión
Uno de los más recientes conflictos generados con motivo de la privatización ha girado en torno a la venta de uno de los dos canales tradicionalmente utilizados por el Estado para fines de educación informal: el canal 8. Incluso los funcionarios públicos difieren sobre la importancia de privatizar el citado canal, lo cual, además de reflejar con gran claridad como los objetivos de la privatización pueden estar reñidos con la educación, muestra como aquélla puede incluso llegar a planificarse en función de los intereses económicos particulares de los empresarios locales.
Originalmente, la Ley de Telecomunicaciones contemplaba, entre otras cosas, la venta de los canales 8 y 10 hasta ahora administrados por el Ministerio de Educación. Sin embargo, una de las últimas decisiones de la pasada Asamblea Legislativa fue la aprobación de reformas a la citada ley en orden a suspender la venta del canal 8. De acuerdo al diputado del partido ARENA, Walter Araujo, la reforma en cuestión pretendió convertir al canal 8 en un ente de servicio público administrado por el Ministerio de Educación. Según Araujo, "esto es parte de la política estatal que lleva adelante el Organo Ejecutivo".
Paradójicamente, la política del gobierno es en realidad la privatización y no el mantenimiento de empresas estatales que, a juicio de los mismos funcionarios gubernamentales, causan más gastos que ingresos. Esta aparente contradicción podría ser resultado de una rectificación del Gobierno en torno a la necesidad de que la privatización no vaya en detrimento de la función social del Estado. Lamentablemente, y de acuerdo a las versiones de funcionarios públicos, la situación es muy diferente. En las siguientes líneas se presentan algunas de las posturas oficiales vertidas sobre este polémico caso para evidenciar como la política económica en realidad se maneja en función del beneficio del sector empresarial, principal integrante del partido de gobierno.
De acuerdo al Superintendente General de Electricidad y Telecomunicaciones, Orlando de Sola, la reforma a la Ley de Electricidad y Telecomunicaciones lo habría tomado por sorpresa, señalando que "si la SIGET [Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones] no lo subasta [al canal 8] podría hacerse acreedora de una sanción". De acuerdo a declaraciones del mismo funcionario, vertidas en medios radiales, televisivos y de prensa escrita, la decisión de retrasar la venta del canal 8 obedece a las presiones ejercidas por el grupo empresarial (Tele Corporación Salvadoreña, TCS) que dirige 3 canales locales, el cual no vería con buenos ojos el fomento de la competencia en el espectro televisivo. De Sola consideró conveniente que los diputados recapacitaran su decisión y, más aún, que el Presidente Calderón Sol vetara la reforma de la Ley de Telecomunicaciones.
Esta postura motivó una rápida reacción del Presidente Calderón Sol, quien afirmó que la decisión de no vender el canal 8 no responde a presiones de ningún empresario, sino a la necesidad de convertirlo en un canal de servicio público adscrito al Ministerio de Educación. Sobre el desconocimiento que el titular de la SIGET expresó tener de la reforma de ley el mandatario expresó que "[Presidente y Superintendente] no tenemos que estar comunicados, no veo por qué" y que "son iniciativas de diputados, [éstos] no tienen por qué andarle informando a nadie de lo que se va a hacer".
Aparte de que las declaraciones de Calderón Sol revelan algunas de las características negativas de su gestión gubernamental (descoordinación, insuficiente acceso a la información e improvisación), la polémica entre el Presidente y el titular de la SIGET ponen sobre el tapete el tema de los límites que deberían enmarcar al proceso de privatización.
Desde el primer gobierno del partido ARENA la privatización se ha planteado como una necesidad para alcanzar el desarrollo económico y social, aun cuando ello plantee la privatización de servicios básicos como la electricidad y el suministro de agua. Una de las justificaciones de esta dinámica ha sido la necesidad de generar ahorro público y, de acuerdo al gobierno, de generar recursos financieros que puedan ser invertidos en el área social.
En oposición a esta visión, sectores vinculados a gremiales laborales y académicos han planteado la necesidad de revisar el proceso de privatización para evitar dinámicas que podrían afectar negativamente a los sectores mayoritarios del país, sea a través de incrementos tarifarios, reducción del empleo o reducción de servicios. En este contexto se han reportado protestas públicas contra el proceso de privatización de la Administración Nacional de Telecomunicaciones y del sistema de pensiones, por ejemplo, las cuales no han encontrado el mismo eco que, a juicio de la SIGET, habrían encontrado las presiones de los empresarios televisivos. Otro cuestionamiento a los procesos de privatización proviene de su capacidad de generar nuevas dinámicas de concentración económica. El caso de la privatización del sistema financiero es una muestra palmaria de como la privatización puede facilitar la concentración de activos en pocas manos.
El repliegue del gobierno en lo que respecta a la venta del canal 8 llama la atención sobre los intereses que estarían en juego en este caso específico, pues ateniéndose a los lineamientos de la política de privatización del gobierno lo que cabría esperar sería la venta del canal 8. De la polémica surgen dos hipótesis obvias: la primera, que el gobierno está legítimamente interesado en la promoción de la educación informal o, la segunda, que el gobierno subordina la privatización a los intereses de los grupos empresariales locales más influyentes.
La primera hipótesis, aunque resulta esperanzadora para la mayoría de la población, tiene algunos argumentos en contra: primero, la venta de los canales educativos ya había sido considerada en la Ley de Telecomunicaciones y, segundo, la experiencia reciente muestra que para el gobierno la privatización debería ser implementada inclusive en el plano de la prestación de servicios básicos, por lo cual la privatización del canal 8 procedería.
En cambio, la segunda hipótesis podría ofrecer una explicación alternativa a la repentina preocupación por la educación mostrada por el gobierno. Como se mencionó, para el titular de la SIGET es claro que la prohibición de vender el canal 8 ha surgido debido a las presiones de los propietarios de los canales 2, 4 y 6, quienes verían en la venta de los canales estatales fuentes adicionales de competencia. Esta valoración se contextualiza más si se considera que en los últimos años han surgido nuevos canales que han restado audiencia a los 3 canales mencionados y que, más recientemente, se ha iniciado la participación de empresas televisivas mexicanas en canales locales. Ambas situaciones han minado el tradicional monopolio de TCS y la han colocado en posición defensiva frente a cualquier otro intento de aumentar la oferta televisiva.
El caso del canal 8 muestra al menos dos cosas: primero, que la capacidad de influencia que la gran empresa local tiene sobre la toma de decisiones es mucho mayor que la de los sectores mayoritarios y, segundo, la existencia de profundas diferencias entre los mismos funcionarios de gobierno sobre la forma que deberá adoptar el proceso de privatización. Resulta destacable cómo las decisiones políticas están fuertemente influenciadas por los grupos empresariales, mientras que los sectores de trabajadores prácticamente se encuentran excluidos de la toma de decisiones. Por otra parte, la idea de privatización del titular de SIGET refleja claramente un pensamiento ortodoxo liberal, en el cual la privatización debe ejecutarse a cualquier precio; en cambio en la visión presidencial y, al parecer, en la del partido ARENA, la privatización debe supeditarse a los intereses de los sectores empresariales.
Lo cierto es que la liberalización económica o privatización no conduce automáticamente al desarrollo y, por el contrario, podría convertirse en un elemento que genere condiciones negativas tanto para empresarios como para trabajadores. Por ello es fundamental que se asuma, y se cumpla, un marco normativo que oriente el proceso de privatización en función de la búsqueda de la reducción de la pobreza. Esto implicaría que el Estado en lugar de retirarse de la prestación de servicios básicos debería fortalecerla.
Hector Silva, ¿un inicio con pie izquierdo?
Cualquiera que haya conversado con alguno de los personajes del equipo del actual alcalde Hector Silva o que haya leído las entrevistas que se les hicieron en el contexto de la campaña electoral, tuvo que haber sacado en claro varios puntos sobre la mentalidad de la nueva administración edilicia: en primer lugar, la gestión de Silva se caracterizaría, principalmente, por gobernar de cara a las necesidades y expectativas de la población del Area Metropolitana de San Salvador; en segundo lugar, se buscaría llevar a cabo una administración en la que la honestidad y las buenas intenciones primarían sobre los anteriores esquemas de compadrazgo, corrupción y manejo político de la alcaldía; y, finalmente, que la efectividad de la nueva administración estaría garantizada por el profesionalismo y la apoliticidad de sus miembros.
El 5 de mayo, cuatro días después de haber tomado posesión de sus cargos, la autorización de los contratos de trabajo de los nuevos funcionarios edilicios revelaba la creación de dos nuevas plazas –-Asistente del Alcalde y Subjefe de la Unidad de Comunicaciones— y la aprobación de considerables aumentos para algunas de las que ya existían; por ejemplo, el salario del Gerente General pasó de 15 mil colones a 25 mil; el sueldo del Gerente Administrativo Financiero experimentó un incremento de 5 mil colones; el del Asesor de Recursos Humanos pasó de 8 mil a 15 mil colones, entre otros.
Como era razonable, esperar dada la supuesta mística que iba a caracterizar a la nueva alcaldía, el anuncio de la creación de las plazas y del aumento salarial ha consternado e indignado a muchos, especialmente a los sindicalistas de la Alcaldía, los cuales han amenazado con acciones de hecho en el caso de que no se conceda la segunda parte del aumento general (300 colones) que con anterioridad se negociaba con el ex alcalde Mario Valiente.
Cuestionado sobre los incrementos salariales, Hector Silva declaró que éstos forman parte de los cambios básicos que se habrían efectuado para alcanzar un óptimo funcionamiento de su administración. Además, pretendió justificar la creación de las nuevas plazas señalando el ejemplo de los “países europeos”, en los cuales “los jefes de gabinete [en alusión a los nuevos miembros de su equipo] se encargan de darle seguimiento al trabajo de los funcionarios que por diversas razones no se pueden atender”. Ante estas declaraciones es inevitable preguntarse: ¿si los incrementos estaban orientados a incentivar a los funcionarios para que cumplieran eficazmente sus funciones, entonces cómo se explica que se creen nuevas plazas para aliviar sus cargas administrativas? Por otra parte, ¿cómo justificar los incrementos salariales en funcionarios que antes de su elección habían jurado buscar únicamente el bien de la población y no prebendas o intereses particulares?
Como forma de argumentar complementariamente el incremento salarial, Mario Cerna, Gerente General de la alcaldía capitalina, afirmó que “la opinión de mucha gente es que se ha traído un equipo de lujo [a la alcaldía] y el recurso de calidad se tiene que pagar”. Resulta curioso que el funcionario que ha recibido el más jugoso de los aumentos razone de esta manera, pues no es a él ni a ninguno de los burócratas edilicios a quienes les corresponde definir la magnitud de su capacidad y calidad profesional, y, aun cuando ello fuera así, los incrementos salariales sólo caben después de que su desempeño ha dado muestras palpables de ambas características, algo que todavía no ha sucedido.
Sin haber realizado ninguna obra, sin haber mostrado que gracias a su gestión soplan vientos nuevos en la administración edilicia de San Salvador, Hector Silva ha premiado el respaldo del grupo de profesionales que conforman su equipo. Si una situación como esta es digna de críticas independientemente del partido político o de la figura pública que la hubiera llevado a cabo, lo es aún más en un personaje que adquirió apoyo popular proclamando a viva voz su compromiso de consultar con la población cualquier medida importante que fuera tomada en la alcaldía. ¿Acaso es posible afirmar que incrementos salariales que junto a los salarios de las nuevas plazas suman más de 50 mil colones son una pequeñez sin importancia? Si ello es así, ¿cómo podrá Silva negarse a incrementar a su vez, por ejemplo, los salarios de los recolectores de basura? ¿O es que acaso la labor de éstos es menos desgastante, de menor relevancia, que la de los nuevos y brillantes gerentes?
Dejando abierta la posibilidad de que la medida aprobada por el novel alcalde obedezca o a presiones de su propio equipo o al cinismo clásico de los politiqueros tradicionales o a una necesidad real e ineludible de la nueva administración, Hector Silva debe probar, ahora con mayor razón que antes, que la gestión edilicia bajo su mandato estará a la altura de sus promesas y de las expectativas que en él ha puesto la población.
En el día de la madre
Para la mayoría de los salvadoreños, el 10 de mayo o "día de la madre" no pasa inadvertido, no precisamente porque nos dediquemos a reflexionar sobre la maternidad, sino porque los recursos mercadológicos -campañas publicitarias (radiales, escritas o televisadas), promociones o productos creados para esa fecha- se han encargado de recordarnos año con año que hay que celebrarle a la madre, y que, si de hacer las cosas bien se trata, lo mejor es comprar un electrodoméstico de "x", "y" o "z" almacén, pues al fin y al cabo ellas son las "reinas del hogar" y, como tales, merecen renovar su patrimonio con nuevas estufas, refrigeradoras, lavadoras o televisores.
Al igual que la navidad, el año nuevo, la semana santa o las fiestas de agosto, el día de la madre se ha convertido en otro día bendito .... pero para lucrarse. ¿Qué más da indagar sobre el verdadero motivo de la celebración?; resulta más práctico hacernos los desentendidos a tener que encarar los retos asociados a tal reflexión. Son días de vacación y como tales se utilizan para ir a la playa, a algún restaurante o a las tiendas. El supuesto acercamiento humano inherente a dichos festivos se reduce a celebrar con regalos o fiestas, en fin, actividades que no impliquen grandes sacrificios de nuestra parte.
El día de la madre se ha convertido, así, en una oportunidad más que tienen los comerciantes para vender sus mercancías. Por supuesto, ellos se benefician de esa imagen de madre “hogareña”, cuyo único papel en la vida es cocinar y atender a los niños y al marido. Es una imagen de felicidad y satisfacción, por un desempeño que tiene que ser redituado con los regalos que hagan más llevadera esa vida en el hogar. Qué lejos, sin embargo, se haya esa imagen de la realidad.
Mientras que en 1985 las mujeres representaban el 35% de la Población Económicamente Activa (PEA) a nivel nacional, en 1990 esta participación representaba un 45% en las zonas urbanas; la vida de amas de casa no sólo se ha visto reducida o modificada, sino que la felicidad que la publicidad asocia a esa vida no puede ser disfrutada por miles de madres salvadoreñas que tienen que trabajar duramente, en las maquilas o en otras fábricas, para llevar el sustento a sus hogares.
Una vistazo rápido a la ubicación laboral de las mujeres evidencia, además, una amplia desventaja respecto de los trabajadores hombres: las trabajadoras devengan salarios que representan el 43% de los obtenidos por los hombres en el sector servicios, el 59% entre comerciantes y vendedores, el 77% entre profesionales, y 80% entre operarios y jornaleros.
Por otro lado, muchas de estas madres no cuentan con el apoyo de un compañero que les ayude a llevar la pesada carga cotidiana -en la zona urbana el fenómeno de la jefatura femenina de hogar es superior al 31%, de éstas el 95% se declara sin pareja-; o, si cuentan con pareja, muchas veces ésta constituye un carga más a la que se tiene que hacer frente (en una investigación pionera sobre violencia familiar se obtuvo como resultado que más del 57% de las mujeres eran maltratadas por su compañero de vida). Están también las madres desempleadas o subempleadas en los trabajos más denigrantes, como las que trabajan en cabarets, casas de citas y burdeles, para las cuales la felicidad en el hogar es un sueño lejano.
El día de la madre debería ser una ocasión propicia para reflexionar sobre la infelicidad de una gran mayoría de mujeres salvadoreñas. La imagen de “madre feliz en el hogar” es sólo eso: una imagen. Tampoco es cierto que todas las madres sean felices con un televisor, una lavadora o una licuadora. Algunas, la gran mayoría, lo que quieren es un trabajo digno y el respeto básico a sus derechos como mujeres; otras, las que han adquirido la instrucción suficiente, saben que la realización de una mujer no pasa necesariamente por planchar, criar a los hijos y atender al esposo. Respetar a las madres como mujeres y como seres humanos: ese es el mejor homenaje que se les puede hacer en el “día de la madre”.
La PDDH informa (I)
Hace unos días comenzó a circular la edición oficial del informe que anualmente elabora la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH); así, por ese medio se ofrecen los datos y la valoración oficial en torno a lo sucedido dentro del territorio nacional durante 1996 en lo relativo al campo que --por mandato constitucional-- le corresponde trabajar a la citada institución del Estado. En el documento, además de la acostumbrada presentación elaborada por su titular y de una reflexión global acerca del tema desde la perspectiva de la construcción de una sociedad democrática, se incluye tanto una síntesis de las denuncias recibidas a lo largo de esos doce meses y del curso que se les dio a las mismas, como los respectivos espacios específicos para el tratamiento de los derechos individuales y de los derechos económicos y sociales. Finalmente, se abordan situaciones concretas que afectan el respeto a la dignidad de grupos determinados de la población o de la población entera. Por la importancia que tiene el esfuerzo realizado y la necesidad de socializar el conocimiento de esta información valiosa --ya que es un aporte objetivo para entender lo que está sucediendo actualmente en el país -respectivas de éste-- intentaremos resumir su contenido y hacer los comentarios del caso.
Cabe señalar que dicha publicación no hubiera sido posible sin el generoso financiamiento que brindaron los gobiernos de Dinamarca, Suecia, Holanda y Noruega. A ellos debemos agradecer el contar con esta necesaria herramienta; al gobierno salvadoreño, en cambio, hay que volver a cuestionarlo por su infeliz decisión de reducirle el presupuesto a la PDDH, lo que afecta este tipo de difusión y revela su falta de visión en lo que a esta materia respecta, generando serias dudas en cuanto a su solvencia moral para ocupar un sitio en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Pero como nos interesa que en el país realmente mejoren las cosas, nuestra actitud no se reduce a señalar fallas como la anterior; además intentamos aportar constructivamente y, por ello, también exhortamos para que en los círculos oficiales se revisen las asignaciones destinadas a la Procuraduría, con el propósito de lograr su fortalecimiento y asegurar la continuidad de su incidencia positiva. Recordemos que, poco a poco, la contribución de la comunidad internacional se ha ido reduciendo y cada vez será mucho menor.
Dos son los objetivos que se plantea la PDDH al elaborar este tipo de informes anuales, de los cuales éste es el segundo que aparece en forma consecutiva: uno tiene que ver con el resto de la administración pública y el otro con la población en general. En el país existe una normatividad específica en materia de derechos humanos, producto de todo lo ocurrido en él --guerra, negociación, acuerdos de paz y verificación externa-- y explicitada tanto en la Constitución como en las leyes secundarias. Así, como el primero de esos objetivos encontramos precisamente la necesidad de garantizar que las autoridades estatales actúen respetando lo establecido en dicho marco normativo; para ello, después de investigar y señalar los casos en los cuales las y los funcionarios no cumplen el papel que les corresponde, la institución --tal como dice la señora procuradora en la presentación de su informe-- “pone a disposición de la democracia los elementos de juicio para que se establezcan las correcciones necesarias”. Por eso, al referirse a la misma Procuraduría, la doctora Victoria Marina de Avilés afirma que en esa “relación de identificar la ilegalidad y proponer la medida de corrección reside su esencia democrática”.
En relación a lo que se pretende alcanzar con la población, es muy clara la postura de la institución: “Desde la perspectiva de las víctimas, la Procuraduría al propiciar el cese de las violaciones o de los actos arbitrarios por rectificación de las propias dependencias del Estado, contribuye a que los habitantes confíen en la legalidad y obtengan respuesta a sus problemas”. En ese marco, la señora procuradora reafirma su clara percepción del tema y de las forma para abordarlo, al adoptar la siguiente posición: “El énfasis que ha empezado a poner la Procuraduría en la indemnización o reparación a las víctimas conforme al derecho vigente está encaminado también a que el Estado de Derecho llegue a los ciudadanos y ciudadanas con una efectiva protección de sus derechos”. Finalmente, de la presentación del documento vale la pena resaltar lo que constituye una definición de la actividad institucional: ésta se orienta de manera “imparcial, independiente y autónoma de cualquier tipo de poder ideológico, económico o político. La magistratura de conciencia de la Procuraduría para ser legítima tiene que responder sólo a la legitimidad de la ley”.
Al introducirnos en la materia, descubrimos que la PDDH recibió --durante los meses comprendidos entre enero y diciembre de 1996-- una significativa cantidad de denuncias: 12 mil 810. De esa totalidad, 3 mil 47 se registraron en su sede central ubicada en San Salvador; las 9 mil 763 restantes fueron presentadas en las delegaciones que la institución tiene en los otros trece departamentos del país. Después de analizar debidamente todo el universo anterior, 8 mil 365 no fueron admitidas y las personas denunciantes recibieron orientación para canalizar sus quejas a los organismos responsables. Quedaron, entonces, 4 mil 455 casos admitidos y ya tramitados o en proceso de trámite.
En cuanto al establecimiento de la presunta autoría material en cada una de las denuncias admitidas por la Procuraduría, el estudio en cuestión determina que fueron 2 mil 700 (55.7%) los casos en los cuales aparece señalada la Policía Nacional Civil (PNC). En seguida se habla del Órgano Judicial, al cual se le atribuye el 21% de la responsabilidad lo que representa una participación en mil 18 hechos. A los gobiernos locales --autoridades municipales y sus agentes de policía-- les corresponde el 6.6% (320 casos) y a los grupos irregulares que nunca dejaron de funcionar en el país se les atribuye el 2.6% de la responsabilidad (128 casos).
Las denuncias que no fueron rechazadas por la institución durante 1996, son observadas también desde la perspectiva de los derechos violados y se presentan agrupadas a partir de la clasificación “clásica”: la de las llamadas “tres generaciones”. Así, pese a todo lo que ha sucedido en El Salvador una vez terminada la confrontación armada, por estas tierras siguen siendo las violaciones a los derechos individuales las que aparecen en el primer lugar de los reclamos provenientes de la población. Son 3 mil 653 las denuncias que admitió la PDDH en este ámbito, lo cual constituye el 71.4% del total de los casos. Al considerar todas esas denuncias sobre actos contra los derechos de la “primera generación”, destacan aquellas relacionadas con los temas de la integridad personal (23% de los casos) y de la libertad personal (17%).
Al referirse de manera específica al derecho a la vida, la Procuraduría sostiene que las cifras de violaciones denunciadas y admitidas en este rubro, “aun comparadas con el año anterior continúan siendo altas. En más de la mitad de los casos registrados, se trató de muertes arbitrarias consumadas y fallidas, y en muchos casos su fuente estuvo en agentes de la seguridad pública. Ello se vuelve grave cuando el país apenas emerge de un conflicto en el que primó el irrespeto a la vida y se ha comprometido a la erradicación de esta práctica lesiva a la persona humana y a la vigencia del Estado de Derecho”. Veamos el detalle de lo anterior: se habla de 248 casos de los cuales 80 tienen que ver con muertes arbitrarias consumadas, 93 con personas amenazadas de muerte, 45 con muertes arbitrarias fallidas y 30 con hechos en los cuales --dice el texto-- “hubo sospechas de desaparición forzada o involuntaria, aunque no se obtuvieron indicios concluyentes al respecto”. Vale la pena rescatar el hecho de que la Procuraduría no deja de enmarcar sus cifras, en este rubro, dentro del clima de violencia generalizada que actualmente se vive en el país y el cual ya ha sido mencionado en este mismo espacio (ver Proceso, 749).
Al referirse expresamente a la participación de agentes de la PNC en las violaciones al derecho a la vida, en el informe se consignan unas de cal y otras de arena. En algunos casos se cometieron los ilícitos estando en servicio los agentes involucrados; en otros no. De igual forma, en algunos casos “existió disposición institucional para realizar las investigaciones tendientes a esclarecer los hechos y deducir responsabilidades”, tal como se afirma en el texto; en otros, “se constató que la autoridad toleró acciones tendientes al encubrimiento cuando la sospecha recayó en agentes del cuerpo policial o cuando menos mantuvo expedientes abiertos sin agotar los extremos de la investigación para dar con los responsables”.
En cuanto a las mil 181 denuncias admitidas sobre violaciones al derecho a la integridad personal --que, como ya se advirtió, fueron las más numerosas-- el detalle proporcionado nos revela aspectos preocupantes que deben ser corregidos de inmediato, sobre todo cuando se siguen conociendo hechos de tortura independientemente de su motivación; de no hacerlo, se corre el riesgo de llegar a situaciones sumamente peligrosas. Veamos: son 926 casos los que tienen que ver con malos tratos, lo cual constituye el 78.4% dentro de esta categoría; 110 con el uso desproporcionado de la fuerza (9.3%); 85 con el trato inhumano a personas detenidas (7.2%); 45 con tratos o penas crueles, inhumanas (3.8%); y 15 con aplicación de tortura (1.2%).
“La mayoría de las violaciones al derecho a la integridad personal --afirma la PDDH-- se produjo casi siempre en el marco de operativos policiales de combate al delito. La fuente de tales conductas constituyó casi siempre la aplicación inadecuada de los procedimientos policiales. Dos condiciones incidentales que contribuyeron a esta práctica fueron el incumplimiento de los plazos de remisión de los detenidos y la disponibilidad para privilegiar el uso de la fuerza de manera desproporcionada”. Ojo: se está hablando de una “nueva policía” nacida de los acuerdos de paz firmados por los bandos que participaron en una guerra suscitada, entre algunas de sus causas, debido al irrespeto sistemático e impune de los derechos humanos desde el lado los antiguos cuerpos de seguridad, dirigido contra aquellas personas que consideraban --real o ficticiamente-- sus enemigas.
De seguir aumentando en el país los casos de este tipo amparados en la falaz argumentación de obtener con ello un supuesto “bien mayor” --el de “acabar con la violencia delincuencial”-- nos estaremos colocando ante la posibilidad cierta de una pérdida progresiva de la necesaria confianza que la población debe tener en la institución encargada, por su ley orgánica y mientras no prosperen los intentos por reformarla, de “proteger y garantizar el libre ejercicio de los derechos y las libertades de las personas”, así como “prevenir y combatir toda clase de delitos, mantener la paz interna, la tranquilidad, el orden y la seguridad pública, tanto en el ámbito urbano como rural, con estricto apego a los derechos humanos”.
Cuando hablamos de las violaciones a los derechos a la seguridad y a la privacidad personales admitidas por la PDDH, nos estamos refiriendo a 445 casos que --al igual que en la categoría anterior-- no deben dejar de atenderse con preocupación simplemente por el hecho de “ser pocos en relación al pasado”, sobre todo a sabiendas que existen las condiciones para que éstos puedan aumentar peligrosamente “si las circunstancias así lo exigen”. En orden descendente, se presentan de la siguiente manera: 248 (55.7% de ellos) se refieren a coacción o intimidación; 151 (33.9%) a allanamientos de morada; 44 (9.8%) a indagaciones judiciales injustificadas: y, finalmente, un caso de registro ilegal de información e intervención telefónica, cablegráfica o de correspondencia.
Al respecto, la PDDH señala lo que sigue: “La persistencia de la indisposición de los agentes de la seguridad pública, en agotar los medios técnicos y legales al implementar los procedimientos policiales, constituyó la principal fuente de violaciones de los derechos a la seguridad y a la privacidad personal. En la mayoría de los casos registrados, las violaciones a estos derechos fueron condiciones concomitantes a las restricciones legales e ilegales de la libertad personal”. Con esto último --las violaciones al derecho a la libertad personal registradas por la Procuraduría-- iniciaremos dentro de ocho días lo que falta por comentar sobre el tema que nos preocupa.
Transcribimos a continuación el texto completo de la Declaración de San José, redactada en ocasión de la cumbre presidencial Centroamérica-República Domicana-Estados Unidos, celebrada en San José, Costa Rica, el 8 de mayo de 1997.
Declaración de San José
Los presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Estados Unidos de América y el Primer Ministro de Belice, reunidos en la ciudad de San José, Costa Rica, el día 8 de mayo de 1997, reafirmamos la notable transformación democrática en Centroamérica. Centroamérica es ahora una región de paz, libertad y democracia profundamente comprometida con un proceso de integración, en la cual impera un espíritu de concordia, cooperación, pluralismo y donde prevalece el respeto a los derechos humanos. Este espíritu marca una era sin precedentes de estabilidad en la historia de Centroamérica.
Estamos convencidos que los recursos y el potencial de Centroamérica y de la República Dominicana pueden ahora orientarse a asegurar que nuestros pueblos puedan desarrollar al máximo todas sus capacidades en el marco de sociedades justas y democráticas. Estamos resueltos a avanzar hacia el futuro como socios, sobre una base de amistad, entendimiento y cooperación cada vez más sólida. Con esta reunión se inaugura una nueva etapa de nuestras relaciones fundada en el respeto mutuo y la reciprocidad, que dará a nuestros pueblos ventajas más amplias para enfrentar con éxito los desafíos del nuevo milenio.
Reconocemos que existen grandes retos, que debemos asumir de manera conjunta, y coincidimos en que se nos presentan múltiples oportunidades que favorecen la creación de una gran área de prosperidad compartida entre Centroamérica, la República Dominicana y los Estados Unidos y de una asociación creativa y visionaria entre nuestras naciones.
Inspirados en los principios y objetivos de la Cumbre de las Américas y guiados por la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible, identificamos como los fundamentos centrales de esta relación renovada, la promoción de la prosperidad por medio del fortalecimiento de la democracia y la gobernabilidad; el diálogo sobre migración y el tráfico ilícito de migrantes, la integración económica y el libre comercio; el desarrollo continuado de sociedades justas y equitativas generadoras de oportunidades para todos; y el desarrollo de políticas ambientales responsables como elemento integral del desarrollo sostenible; todo ello en un contexto de cooperación mutua.
Fortalecimiento de la democracia y la gobernabilidad
Reafirmamos nuestra profunda convicción de que sólo gobiernos electos democráticamente garantizan la plena vigencia del Estado de Derecho, condición indispensable para la preservación de la paz y la armonía.
Reafirmamos nuestra fe en la dignidad de nuestra gente y nuestro compromiso con el Estado de Derecho. Reconocemos que la delincuencia es una de las principales amenazas al régimen democrático, a la seguridad pública y a la estabilidad social de nuestros países, por lo que redoblaremos nuestros esfuerzos para combatir el crimen y mejorar la seguridad de nuestra gente. De acuerdo con nuestras disposiciones constitucionales y reconociendo la independencia de los poderes legislativo y judicial, nos comprometemos a modernizar nuestros tratados de extradición y aplicarlos vigorosamente para ayudar a asegurar que los criminales sean llevados ante la justicia donde el efecto de su crimen se siente más severamente.
Acordamos intensificar nuestros esfuerzos nacionales y aumentar la cooperación bilateral, multilateral y regional para combatir el consumo y el tráfico de drogas, el lavado de dinero y la narcoactividad en todas sus manifestaciones. Reafirmamos nuestro compromiso de luchar en contra de la corrupción, a través de la cooperación mutua y el fortalecimiento de las instituciones supervisoras y promover la ratificación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, de la Organización de Estados Americanos, instruimos a nuestros Ministros encargados de velar por la seguridad pública y por el cumplimiento de las leyes, así como otras autoridades competentes, a trabajar conjuntamente para desarrollar este año un plan de acción para combatir estas amenazas al bienestar de nuestra gente.
Los Presidentes de los Estados Unidos y de la República Dominicana, y el Primer Ministro de Belice expresamos nuestro apoyo por el progreso alcanzado por los Presidentes Centroamericanos al redefinir la seguridad regional en el marco del Estado de Derecho, al fortalecer las instituciones democráticas, al reforzar la autoridad civil, al limitar el papel de las fuerzas armadas y de seguridad pública a sus mandatos constitucionales, y al promover una cultura de paz, diálogo, entendimiento y tolerancia basada en valores democráticos comunes. El fuerte compromiso con estos principios es un ejemplo importante para otras partes del mundo que buscan la transparencia y la confianza mutua en sus relaciones.
Diálogo sobre Migración y Tráfico ilícito de Migrantes
Estamos conscientes del grave impacto que las nuevas disposiciones migratorias tienen sobre grupos originarios de la región, domiciliados y con raíces en los Estados Unidos. En este sentido, nos comprometemos a mantener un diálogo abierto y constante, al más alto nivel, con el objetivo de encontrar soluciones humanas y adecuadas a las complejidades de la situación migratoria, así como asegurar que el caso de cada persona sea evaluado en forma individual y justa, tomando en cuenta su valioso aporte a la sociedad del país que lo recibe.
Habiendo expresado nuestra preocupación al Presidente de los Estados Unidos, los Presidentes de Centroamérica, de la República Dominicana y el Primer Ministro de Belice, acogemos con complacencia el inicio de consultas por parte del gobierno de los Estados Unidos con su Congreso en relación al alcance, la implementación y las consecuencias de la reciente legislación sobre inmigración aprobada por los Estados Unidos, y confirmamos que la dignidad y los derechos humanos de los individuos que puedan ser afectados serán plenamente respetados.
Creemos que el tráfico ilícito de migrantes es una afrenta a la dignidad humana y estamos comprometidos a aumentar la cooperación para combatir esta práctica degradante.
Promoción de la prosperidad por medio de la integración económica, el libre comercio y la inversión
En la Cumbre de las Américas, decidimos integrarnos en un hemisferio unido por el libre comercio a más tardar en el año 2005. Reiteramos nuestra intención de llevar a cabo todas las acciones necesarias para hacer del "espíritu de Miami" una realidad. Con este fin, hacemos un llamado para que, en la Segunda Cumbre de las Américas que se llevará a cabo en Santiago de Chile, se lancen las negociaciones que llevarán al establecimiento del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Reiteramos nuestra intención de trabajar conjuntamente durante estas negociaciones.
Los Presidentes de Centroamérica y de la República Dominicana y el Primer Ministro de Belice acogemos con complacencia la decisión del Gobierno de los Estados Unidos de apoyar la aprobación expedita de un proyecto de ley que amplíe los beneficios otorgados por la iniciativa de la Cuenca del Caribe. Reconocemos que las concesiones unilaterales han sido de gran importancia en las etapas iniciales del proceso de apertura económica. Creemos que ahora es necesario evolucionar hacia una relación comercial que ofrezca a todas las partes condiciones de beneficio mutuo.
Estamos convencidos que para promover y mantener la estabilidad democrática y contribuir a nuestra prosperidad común, es necesario contar con economías sanas y dinámicas. Con este fin y reconociendo los avances que Centroamérica ha realizado en la apertura de sus economías, hemos resuelto profundizar nuestras relaciones económicas y comerciales. Trabajaremos conjunta y expeditamente para identificar pasos específicos, consistentes con los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y con el proyecto del ALCA, incluyendo acuerdos bilaterales, multilaterales y regionales de comercio basados en la reciprocidad, que intensifique las relaciones económicas entre nuestras naciones.
Para alcanzar estos objetivos comerciales comunes, instruimos a nuestros Ministros encargados de Comercio a constituirse en un Consejo de Comercio e Inversión con el mandato de hacer recomendaciones específicas. En apoyo de estos objetivos, nuestros gobiernos continuarán haciendo esfuerzos para concluir los tratados bilaterales de inversión y los de derechos de la propiedad intelectual. Adicionalmente, bajo los auspicios de la Organización Mundial de Comercio, promoveremos la liberalización de nuestras telecomunicaciones, tecnología informática y de los sectores de servicios financieros.
Una expresión significativa de esta voluntad la constituye la firma, durante nuestro encuentro en San José, de Convenios de Cielos Abiertos entre los Estados Unidos, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua que servirán para ampliar las relaciones comerciales y el turismo entre nuestros pueblos y sectores productivos. En este sentido es necesario realizar acciones adicionales que fortalezcan y amplíen la cooperación técnica en materia aeronáutica.
Realzamos la importancia de las economías de libre mercado y de las iniciativas del sector privado como fuentes de prosperidad para nuestros pueblos y reafirmamos nuestro propósito de promover encuentros empresariales y otras actividades complementarias que desarrollen las relaciones de comercio e inversión entre los sectores privados de nuestros países.
Reconocemos que en este proceso existen desafíos importantes que debemos atender para mantener condiciones idóneas para nuestro crecimiento económico y social, tomando en cuenta la situación particular de cada país. Entre estos retos existe la necesidad de mantener mercados abiertos al comercio y a la inversión, asegurar la participación de toda nuestra gente en los beneficios del crecimiento económico y mantener una macroeconomía y un sistema financiero estables. Dentro del marco de la economía de mercado, el uso de la deuda puede complementar ahorros domésticos limitados y respaldar altas tasas de inversión y crecimiento. Con ese fin declaramos nuestra intención de utilizar más plenamente modalidades que permitan una mejor administración del peso y costo de la deuda externa.
Desarrollo continuado de sociedades justas, equitativas y generadoras de oportunidades para todos
Expresamos nuestra determinación de continuar realizando la inversión social necesaria para mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos. Estamos convencidos de que la capacitación de la fuerza de trabajo, sumada a la provisión de servicios de salud, educación y vivienda básica, aumentan el bienestar de nuestras sociedades al tiempo que incrementan la productividad y la competitividad de nuestras economías. Estamos comprometidos a compartir ideas, recursos humanos y programas dentro de lineamientos acordados mutuamente para promover el desarrollo y la democracia.
Destacamos la importancia de dar énfasis creciente a la plena participación de la mujer en todos los aspectos políticos, social y económico del desarrollo, en especial en campos tales como mecanismos de crédito, organización comunitaria, sistema productivo y núcleos de toma de decisiones.
Reafirmamos nuestros compromiso con la plena vigencia de los Derechos Humanos según lo estipulado en la Declaración Universal y los instrumentos internacionales e interamericanos en la materia, de los cuales somos parte, respectivamente. En particular, reconocemos la importancia de los derechos económicos, sociales y culturales y dentro de ellos destacamos los derechos de los trabajadores, y reafirmamos nuestra voluntad de hacer cumplir lo estipulado en la Constitución y las Convenciones de la Organización Internacional del Trabajo ratificadas respectivamente por nuestros gobiernos. Acogemos con complacencia el aporte del sector laboral en el proceso hemisférico de integración económica.
Reconocemos los esfuerzos de las partes interesadas tales como los empleadores y las organizaciones de trabajadores para trabajar de manera conjunta a fin de promover el respeto de los derechos de los trabajadores y mejorar las condiciones laborales. Hemos instruido a nuestros Ministros de Trabajo a que se reúnan con las partes interesadas para intercambiar ideas sobre este tema.
Los presidentes de Centroamérica y de la República Dominicana y el Primer Ministro de Belice notamos con interés el reciente anuncio del Presidente de los Estados Unidos sobre la Asociación de la industria de la Confección en ese país.
Coincidimos en la importancia que la micro, pequeña y mediana empresa tienen para el desarrollo social de nuestros países. Estos esfuerzos empresariales permiten la expansión productiva en amplios sectores sociales y contribuyen de manera decisiva a la democratización del capital y a una distribución más equitativa de la riqueza. Ampliaremos nuestros esfuerzos por promover estas empresas e incrementar sus capacidades. Igualmente solicitamos que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y otras instituciones y donantes continúen y fortalezcan el apoyo a estas actividades.
Desarrollo de políticas ambientales responsables como elemento integral del desarrollo sostenible
Renovamos nuestro compromiso con la promoción de los principios y objetivos ambientales de la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible los cuales inspiran la firma de la Declaración Conjunta Centroamérica-Estados Unidos de América (CONCA-USA) e influyeron en la Conferencia de Desarrollo Sostenible de Santa Cruz de la Sierra. Dentro de este marco reconocemos los logros obtenidos así como el apoyo recibido y coincidimos en la necesidad de incrementar la cooperación en nuevas áreas de acción.
Reconocemos el liderazgo de Centroamérica en la protección del medio ambiente y en la preservación de la biodiversidad, particularmente en el rescate y aprovechamiento de las capacidades ancestrales de nuestras culturas autóctonas, así como en el uso innovador de asociaciones entre los sectores públicos y privados. En esta materia, renovaremos nuestros esfuerzos por proteger las especies en peligro de extinción y hacer un uso sostenible de la flora y la fauna.
Notamos las acciones desplegadas en Centroamérica en el ámbito del cambio climático, en especial aquellas que realizadas con la participación de nuestros sectores privados, permitieron la concesión de créditos para proyectos de implementación conjunta y otras iniciativas para limitar y reducir las emisiones de gas que ocasionan el efecto invernadero. En este sentido, instamos a las partes de la Convención Marco sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas a hacer un verdadero esfuerzo por abordar estos temas durante su Tercera Conferencia.
Resolvemos, en este espíritu, impulsar la promoción de inversiones en proyectos ambientalmente amigables tales como el ecoturismo, el desarrollo energético con fuentes renovables, el reciclaje, la transferencia de tecnologías limpias bajo términos mutuamente acordados por todas las partes y el comercio de productos orgánicos entre otros. En particular, resaltamos la importancia de los esfuerzos conjuntos en materia de generación y uso sostenible de la energía en proyectos que, al combinar nuestros esfuerzos con los de otras naciones, permiten un mejor aprovechamiento de nuestros recursos promoviendo al mismo tiempo la integración regional.
Mecanismos de seguimiento
Con el fin de fortalecer nuestra relación como amigos, vecinos y socios, así como para asegurar un creciente y efectivo nivel de comunicación, coordinación y seguimiento entre nuestros gobiernos, hemos resuelto establecer un mecanismo de consulta que incluya reuniones periódicas al más alto nivel; una reunión anual de nuestros Ministros de Relaciones Exteriores, cuya próxima reunión será durante la Sesión Ordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas en octubre de 1997; un Consejo de Comercio e Inversión a nivel Ministerial, que lleve a cabo su reunión inaugural en Washington D.C.; y un diálogo continuo al más alto nivel sobre el tema de migración.
Adicionalmente, nuestros ministros responsables de velar por la seguridad pública y el cumplimiento de las leyes, al igual que nuestros Ministros de Trabajo convocarán a reuniones este año en sus áreas respectivas.
José María Figueres Olsen, Presidente República de Costa Rica.
William J. Clinton, Presidente de Estados Unidos de América.
Carlos Roberto Reina Idiáquez, Presidente República de Honduras.
Leonel Fernández Reyna, Presidente República Dominicana.
Armando Calderón Sol, Presidente República de El Salvador.
Alvaro Arzú Irigoyen, Presidente República de Guatemala.
Arnoldo Alemán Lacayo, Presidente República de Nicaragua.
Manuel Esquivel, Primer Ministro de Belice.
INICIARA TRANSMISION. La Ministra de Educación, Cecilia Gallardo de Cano, reveló, el 20.05, que el canal 8 de televisión comenzará a operar nuevamente en septiembre como un "canal público" que pondrá franjas a disposición de partidos políticos, universidades, la Asamblea Legislativa e instituciones del Gobierno, para que den a conocer sus quehaceres y opiniones sobre los problemas del país. "El canal público significa que nosotros vamos a donar espacios o hacer convenios con instituciones, con partidos políticos, para que tengan franjas que no solamente permita que los funcionarios estén de cara a la televisión escuchando los problemas de la población", explicó. Gallardo de Cano adelantó que se podrán transmitir vía Canal 8 las sesiones plenarias de la Asamblea Legislativa, las universidades podrían montar discusiones sobre problemas ambientales o de economía, y los ministerios podrán dar a conocer leyes que promuevan. La Ministra reiteró que el Gobierno conservará la propiedad del canal para echar a andar un proyecto que se viene trabajando con la cooperación de los gobiernos de España y México. Ante la posibilidad de que el canal sea utilizado para favorecer al partido ARENA durante la campaña para las elecciones de 1999, la funcionaria aseguró que si eso ocurriera "el Ministerio de Educación haría una crítica pública...mi compromiso, y eso es lo que el Presidente me ha solicitado, es que sea un canal abierto para todas las propuestas políticas y que se trabaje con toda la población civil" (LPG 21.05 p.10 y 16.05 p.17-a).AUMENTOS AL PASAJE. El Viceministro de Transporte Terrestre, Julio Valdivieso, aseguró, el 20.05, que a pesar de las amenazas de los transportistas no permitirá el alza de precios en los pasajes. La Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS) amenazó, el 08.05, con elevar los precios del pasaje ante supuestas irregularidades en el subsidio de diesel. El presidente de AEAS, Genaro Ramírez, habría acusado a los funcionarios de Transporte y Economía "de incumplir los acuerdos pactados, ya que de cuatro millones de galones mensuales que deberían recibir desde noviembre pasado, sólo han recibido 3.5 millones cada mes". Por su parte, el Viceministro de Transporte consideró que los reclamos realizados por AEAS carecen de sentido, porque son ellos mismos los responsables de que algunos buses carezcan del subsidio ante la falta del punteo o control de viajes diarios realizados por las unidades (LPG 21.05 p.16).
ACCESO A VIVIENDA. La directora general del Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (VMVDU), María Alicia de Santamaría, externó, el 20.05, que en el marco del proyecto "parcelas municipales" más de 30 mil familias que vivían en champas de cartón y plástico o en zonas marginales han sido beneficiadas con terrenos para que puedan construir una vivienda digna. La funcionaria añadió que hasta el momento han sido desembolsados más de 58 millones de colones (LPG 21.05 p.25).NO APOYA CANDIDATURA. El presidente del Centro de Tecnología Apropiada (CESTA), Ricardo Navarro, dijo no estar de acuerdo con la candidatura del licenciado Miguel Araujo para desempeñar el cargo de Ministro de Ambiente y Recursos naturales, aduciendo que éste desconoce la problemática ambiental. La designación de Araujo fue hecha pública por el Presidente Calderón Sol, el 19.05, pese a la oposición de varios sectores y a la propuesta de que la designación fuera concertada con las organizaciones medioambientalistas. Navarro externó preocupación por la designación, ya que considera que "la actitud de Araujo en el SEMA se caracterizó por defender las empresas grandes", y representar los intereses de FUSADES (DL 20.05 p.4).
REFORMARA LEY. El Ministro de Ambiente y Recursos Naturales, Miguel Araujo, manifestó, el 20.05, que después de elaborar una propuesta de visión ambiental "pasaría a revisar la Ley del Ambiente". Según el Ministro, el anteproyecto actual es un esfuerzo que "no hay que subvalorar, porque ha tenido mucha participación e ideas muy interesantes", pero debido a los diferentes ajustes y adiciones que sufrió durante su proceso de estudio en el Organo Ejecutivo "quedaría abierto a ser revisado". "La meta para que se apruebe sería octubre de este año", aseguró Araujo, añadiendo que también estarán trabajando en la revisión de otras leyes ambientales (LPG 21.05 p.4).CRITICAS. El Diputado por el PCN y ex-Director de la Secretaría del Medio Ambiente (SEMA), Horacio Ríos, manifestó que "el Presidente Armando Calderón Sol, está siendo manejado por FUSADES" en cuanto a la designación de Miguel Araujo en el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales. Según Ríos, Araujo no es la persona idónea, puesto que durante el tiempo en que dirigió SEMA hubo una mala administración. Por su parte, el Ministro de Agricultura y Ganadería, Ricardo Quiñónez, se mostró complacido por el nombramiento de este funcionario e invitó a todos los sectores a respaldar a Araujo (DL 20.05 p.24).
VIAJE A MEXICO. El Presidente de la República, Armando Calderón Sol, y algunos miembros de su gabinete firmarán, el 21.05, con sus homólogos mexicanos, siete acuerdos de distinta naturaleza, entre económicos, políticos y culturales, como parte de la visita de Estado que realiza una misión salvadoreña a México, del 21 al 24 de mayo. Dentro de los documentos que firmarán el Ministro de Relaciones Exteriores, Ramón González Giner, y el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Angel Gurría, están el "convenio de cooperación educativa y cultural entre los gobiernos de México y El Salvador". Aunque aún no se han realizado declaraciones detalladas, se firmarán acuerdos de extradición entre los gobiernos de ambos países, así como de cooperación y asistencia jurídica (LPG 21.05 p.8-a).