La competencia y la transparencia, supuestos pilares en los cuales se apoya la modernización de El Salvador, se encuentran cuestionados por la disputa alrededor de la privatización del Canal 8 y la destitución del Superintendente General de Electricidad y Telecomunicaciones. Los creyentes en los principios neoliberales han caído en contradicción, poniendo en crisis su propio credo.

El artículo primero y más importante de este credo, que la competencia es la norma última de todas las decisiones y prácticas, evitando así consideraciones de orden subjetivo o interesado, no ha sido aplicado con el rigor esperado en el caso de la privatización del Canal 8. Según el credo neoliberal, la competencia es árbitro imparcial, objetivo e implacable; pero en este caso, el gobierno se toma la libertad para imponerle límite. Dicho de forma más sencilla, el Canal 8 no se subasta porque el gobierno considera que ya existe suficiente competencia en el campo de la televisión.

El sector privado no está dispuesto a competir en el mercado de forma libre. Por un lado, este sector se confiesa creyente en la libertad del mercado; pero, al mismo tiempo, busca la protección del Estado de tal manera que se niega a invertir si éste no lo protege de la competencia o le proporciona privilegios que lo colocan en una posición ventajosa sobre sus competidores potenciales. En la práctica, no acepta las reglas fundamentales del mercado que proclama con tanta intensidad. Sus creencias neoliberales son de diente al labio, pero no de corazón.

El gobierno tampoco cree en los principios neoliberales, sino que se encuentra atrapado entre las afirmaciiones de su credo neoliberal y sus alianzas con el capital, en este caso concreto, con la Telecorporación Salvadoreña, según los señalamientos hechos por el propio Superintendente General de Electricidad y Telecomunicaciones. El gobierno actual carece de la independencia necesaria para promover la libre competencia. Sus compromisos con quienes lo llevaron al poder no le permiten impulsar la competencia propia del libre mercado ni distinguir de forma rigurosa entre lo público y lo privado.

Otro artículo de fe neoliberal cuestionado es el de la transparencia, o cristalinidad como gustan llamarla. El Ministerio de Educación no tenía interés en el Canal 8, se daba por satisfecho con el que ya tiene en el aire. El intempestivo interés del Presidente Calderón en la cultura nacional y en el Canal 8 hizo cambiar de posición al ministerio e hizo que ARENA exceptuara la frecuencia en cuestión de la ley de privatización, en el último momento de la última sesión plenaria de la Asamblea Legislativa anterior. De esta manera, la Telecorporación Salvadoreña tiene en su poder la mitad de los canales disponibles en la banda en cuestión.

La postura firme del superintendente, adepto fiel a los principios neoliberales, así como también lo fue a los principios anticomunistas de la guerra sucia del pasado reciente, puso en aprietos serios al Presidente Calderón y a su gobierno, al exponer ante la opinión pública sus contradicciones e inconsistencias. Orlando de Sola pensó, de manera equivocada, que lo habían nombrado superintendente por sus creencias firmes en la libertad del mercado. No contó con que este principio, al igual que cualquier otro, está sometido a la política, sobre todo cuando ésta responde a los intereses del gran capital. La fidelidad a sus creencias, que lo llevó a confrontar en público al presidente Calderón, le costó el puesto al final.

De acuerdo a los principios de la libre competencia, se pensó que el Superintendente General de Electricidad y Telecomunicaciones debía estar fuera del alcance de los vaivenes de la política partidista -y también del humor presidencial. Por eso, dicho Superintendente tendría un mandato de siete años y no podría ser destituido por el presidente de la república. Pero el gobierno actual no toleró tanta independencia y en la última sesión de la Asamblea Legislativa introdujo otra modificación a la ley de privatización para permitir que el Presidente Calderón pudiera destituir al Superintendente, si éste no era de su agrado, tal como ha sucedido. Los promotores de la independencia del Banco Central de Reserva debieran tomar nota del limitado nivel de tolerancia del Presidente de la República.

La fidelidad del superintendente a los artículos de fe neoliberal resultó intolerable para el Presidente Calderón. Primero intentó privatizar el Canal 8 y a continuación se disponía a subastar frecuencias de radio, ampliando la competencia, lo cual disgustó sobremanera a la poderosa Asociación Salvadoreña de Radiodifusión. La reacción de Casa Presidencial no se hizo esperar. Sobre el Superintendente cayeron anónimos amenazadores provenientes, según las declaraciones del mismo Superintendente, de la Secretaría de Información de la Presidencia de la República. No hay por qué dudar de estas acusaciones, porque Orlando de Sola es una de las personas que mejor conoce cómo opera la desinformación en El Salvador. No es la primera vez que dicha secretaría se ve implicada en esta clase de operaciones. Hace un año, cuando se vino una avalancha de críticas sobre la presidencia de Calderón, a esa oficina se le atribuyeron anónimos con amenazas de muerte contra varias personalidades, destinados a desviar la atención del mal desempeño del gobierno.

La competencia no es libre, la transparencia no existe, la ley se altera o manipula a discreción de los poderosos intereses económicos y las amenazas son reales e impunes. Si los creyentes en el neoliberalismo no son consecuentes con su credo, ¿cómo esperan que quienes no creemos en semejante doctrina nos convirtamos a ella?. Son ellos los que mandan las señales equivocadas a los inversionistas extranjeros. Invertir en El Salvador sigue siendo una aventura muy arriesgada.

El primer mes de la nueva Asamblea Legislativa

El primero de mayo, tras una presurosa jornada que logró la aprobación de numerosas reformas constitucionales, los 84 diputados que integran la nueva Asamblea Legislativa tomaron posesión de sus cargos. Según las disposiciones legales, ese mismo día los recién posesionados debían elegir la Junta Directiva de dicho organismo. Sin embargo, la elección se retrasó y fue hasta cinco días más tarde cuando el Presidente y los demás integrantes de dicha entidad fueron juramentados para ocupar la dirección de la Asamblea Legislativa. A pesar de la renuencia mostrada anteriormente por ARENA para ocupar el mando del organismo legislativo, fue Francisco Flores --diputado de ese partido-- quien se llevó la presidencia del mismo. Los puestos restantes en la Directiva se distribuyeron más o menos proporcionalmente a la distribución actual de los partidos políticos en la Asamblea Legislativa.

El retraso en la elección de la Junta Directiva fue justificado por los distintos actores políticos por considerarlo producto de la voluntad de consenso que parece reinar en la actual gestión parlamentaria. Todas las fracciones se mostraron satisfechas con la nueva Directiva y no tuvieron inconveniente alguno en delegar nuevamente a ARENA el papel presidencial.

Desde ese primer encuentro entre las distintas fuerzas políticas del país, que ahora conforman la Asamblea Legislativa bajo unas circunstancias considerablemente distintas a las del pasado, ha pasado ya casi un mes. Ahora, conviene hacer un recuento de lo más sobrsaliente de estas últimas semanas: posibilidades que no se habían previsto han trastocado, de una forma u otra, los pronósticos y expectativas formulados alrededor del desempeño de la actual Asamblea, y han abierto nuevas pautas para el análisis y comprensión del mismo.

Después de la elección de la Junta Directiva, la discución en torno a las comisiones legislativas se abrió paso. Sin lugar a dudas, lo más llamativo fue el acuerdo al que llegaron ARENA y el FMLN para repartirse la presidencia de dichas entidades. Según el acuerdo, ambos partidos presidirán cuatro comisiones cada uno. ARENA la de Política, la de Hacienda y especial de presupuesto, la de Relaciones Exteriores y la de Obras Públicas; y el FMLN la de Economía y Agricultura, la de Trabajo y Previsión Social, la del Interior y Seguridad Pública y la de la Familia, la Mujer y el Niño. Al PDC, al PCN y al Bloque Socialcristiano, por su parte, les correspondería presidir dos comisiones cada uno.

En torno a estos hechos, el mencionado Bloque Socialcristiano no se pronunció. El PDC y el PCN, en cambio, por primera vez en la historia política desde su fundación, coincidieron en intereses comunes, mostrándose en desacuerdo con lo que llamaron una "coalición" entre las dos fuerzas mayoritarias. Pedecistas y pecenistas decidieron abstenerse de asistir a la elección de presidentes de las comisiones como una manera de ejercer presión para revertir el acuerdo entre ARENA y el FMLN, reacción con la cual mantuvieron prácticamente estancado el proceso de elección de las comisiones legislativas y, por ende, el trabajo de la Asamblea en general.

Frente a lo anterior, hay que afirmar que, dentro del abanico de posibilidades, un acuerdo fácil entre ARENA y el FMLN era lo menos barajado. No hay que perder de vista que, hasta el momento, la gestión de la Asamblea Legislativa se ha entrampado en el ámbito administrativo y sólo en decisiones que tienen que ver con el mismo es que las fracciones se han medido el pulso con los nuevos tiempos. Empero, que desde un principio los diputados empiecen a causar sorpresas no deja de alarmar. El que los partidos mayoritarios hayan decidido repartir, según sus criterios y preferencias, la presidencia de las comisiones puso de manifiesto su poder en relación a los demás. Los diputados de ARENA y el FMLN alcanzan juntos casi la mayoría calificada. Eso es algo que no conviene olvidar a la hora de pensar en perspectiva la labor de la Asamblea Legislativa en los próximos tres años.

Hasta hace poco, la hipótesis más defendida había sido la de la búsqueda permanente de mayorías relativas, en la cual ARENA y el FMLN deberían, cada quien por separado, buscar el apoyo de los partidos minoritarios para hacer valer sus propuestas. Siguiendo esta lógica, el PCN y el PDC --con 11 y 7 diputados respectivamente-- jugarían un papel determinante en la toma de decisiones legislativas. Así se explica el descontento que el pacto entre las mayores fuerzas políticas del país causó en ambos partidos. De repetirse ese tipo de alianzas, el poder que éstos habían dado por seguro, apelando a sus relativamente buenos resultados en las elecciones, quedaría seriamente disminuido.

Siendo realistas, es poco probable que, pasados los ajustes administrativos, ARENA y el FMLN quieran volver a aliarse. Con todo, si ya sucedió una vez, no hay que descartar la posibilidad de que la conformación de una alianza entre ambos pueda repetirse; no en temas fundamentales --resulta difícil imaginarse a éstos partidos haciendo pactos amistosos con respecto a la privatización o a la disminución del IVA--, sino en asuntos que, a lo largo del desempeño legislativo, con seguridad, irán surgiendo.

Ahora bien, si eso llegara a suceder, lo más conveniente sería que los partidos minoritarios evitaran escenas infantiles como la que protagonizaron el PCN y el PDC recientemente. Su condicionamiento para asistir a la mesa de negociación consistió en exigir que se invalidara el acuerdo entre ARENA y el FMLN por medio del cual aprobaron el incremento de 11 a 16 el número de miembros de cada comisión. Sin embargo, atendiendo a las declaraciones de los dirigentes de los partidos en cuestión, su descontento parecía obedecer más al pacto entre los partidos mayoritarios que al problema numérico de la conformación de las comisiones. El PDC y el PCN resolvieron dejar clara su capacidad de incidir en las decisiones de la Asamblea Legislativa tomando la actitud bastante cuestionable de faltar a la negociación. Su inconformidad con la "coalición" de los "grandes" no es de extrañar. Pero los demás apelativos que utilizaron para desprestigiarla y la actitud beligerante que asumieron para contrarrestarla restaron seriedad a su demanda y condujeron a pensar que más que interesarles realmente las comisiones, les interesaba demostrar su respectiva cuota de poder en el pleno.

Finalmente, la Asamblea se vio obligada a ceder: el número de miembros de las comisiones disminuyó de 16 a 12, el PCN adquirió la presidencia de tres comisiones (Cultura y Educación, Medio Ambiente y Salud Pública), el PDC dos (Justicia y Derechos Humanos y Gracias y excusas) y, por último, el Bloque Socialcristiano una (Legislación y Puntos Constitucionales).

El primer mes de la Asamblea se ha visto marcado, pues, por la organización de la estructura administrativa. Debates de envergadura, como la privatización de ANTEL y la condonación de la deuda agraria, han empezado ya a perfilarse y amenazan con ocupar largos meses antes de encontrar soluciones satisfactorias para todos. Además de lo anterior, temas diversos han desfilado por las mesas de discusión de los nuevos diputados. Desde la ubicación física de las distintas fracciones hasta la posible comisión contra la corrupción --que algunos partidos pretenden impulsar-- han sido mencionados.

De ahora en adelante, corresponde a los legisladores empezar a demostrar que el consenso y la concertación no son sólo palabras convincentes que sirven para llenar promesas y buenas intenciones, sino capacidades reales de alcanzar los acuerdos necesarios para sacar al país de la crisis en la que se encuentra. Como ya hemos dicho en oportunidades anteriores, consensuar en asuntos coyunturales puede ser necesario, pero es insuficiente para probar la voluntad política de los actores porque no pone en juego sus intereses fundamentales. La Asamblea Legislativa suspende la privatización de ANTEL

Desde que se inició el proceso para vender los activos de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), tanto los funcionarios de gobierno encargados como sus asesores, se empeñaron en presentarlo como el caso paradigmático de la privatización (Proceso 704). Algunos de los argumentos de sus apologistas establecían que era posible esperar un incremento del empleo en el sector telecomunicaciones, en las remuneraciones anuales de los empleados, en el número de líneas instaladas e, inclusive, reducciones en las tarifas del servicio.

En algunos casos, asesores del gobierno llegaron a plantear que, de la privatización de ANTEL, dependía el futuro de todo el proceso privatizador en El Salvador, así como también de los resultados de las elecciones legislativas y municipales realizadas en marzo pasado.

Estas expectativas han resultado válidas, especialmente porque una de las discusiones más álgidas sostenidas en la recién instalada Asamblea Legislativa ha sido, precisamente, la propuesta --que ha sido respaldada por la fracción legislativa del partido de gobierno-- de suspender la venta de ANTEL hasta obtener el resultado de un estudio más profundo del proceso. Algunos de los cuestionamientos mencionados por los diputados para aplazar la citada venta son: fijación de un precio por debajo del verdadero valor de mercado; utilización de los fondos obtenidos de la venta de ANTEL para cancelar deuda pública interna de corto plazo y no para gasto social, como originalmente se habría ofrecido; y, finalmente, la forma en que el gobierno reemplazará las utilidades aportadas por ANTEL al erario público.

Por lo anterior, interesa revisar algunas de las implicaciones de la privatización de ANTEL. Para ello se pasa revista a las posibles ventajas políticas de la venta de la institución, las implicaciones que el proceso ha tenido sobre las tarifas y a la nueva coyuntura que, para la privatización, se configura a partir de la nueva correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa.

A diferencia del caso del canal 8, donde la privatización trastoca importantes intereses económicos y políticos, la venta de ANTEL parece ser algo muy deseado por el gobierno y sobre ella parece existir un consenso relativamente amplio. Ello obedece, fundamentalmente, a que los únicos intereses que están en juego son los del Estado y no los de particulares cercanos al partido de gobierno. Prueba de ello son las declaraciones de Alfredo Mena Lagos, Comisionado Presidencial para la Modernización del Estado, y del Presidente de la República en la que se plantea la necesidad de privatizar ANTEL, a contrapelo de la postura de la Asamblea Legislativa.

El citado Comisionado Presidencial habría expresado que, aunque considera sano el debate en la Asamblea Legislativa, la voluntad política del Gobierno es de no retrasar la venta de ANTEL. Al respecto expresó que "no se retrasará [la venta de ANTEL] y el calendario de venta se respetará". Al mismo tiempo, restó importancia al cuestionamiento sobre el precio de venta, argumentando que éste fue fijado por empresas de prestigio y que estaría rondando los 500 millones de dólares.

Por su parte, el Presidente Armando Calderón Sol habría expresado que pondrá a disposición de la Asamblea Legislativa los argumentos en favor de la venta de ANTEL. "Estamos dispuestos a concurrir, el Gobierno de la República con sus personeros, a las comisiones de la Asamblea que se nos indique, para poder explicar las razones, las dudas y poderles dar argumentos a los señores diputados", manifestó Calderón Sol. Asimismo, expresó el deseo de que esta situación sea suficiente para evitar verse en la necesidad de vetar iniciativas de ley que pretendan retrasar la venta de ANTEL.

Por otra parte, no puede soslayarse el hecho de que la privatización del sector telecomunicaciones ha sido instrumentalizada por el gobierno con el objeto de presentar ese caso específico como una característica general de las privatizaciones. De ser así, lo que se lograría es desprestigar el proceso, pues actualmente la venta de ANTEL está fuertemente cuestionada. Como se mencionó al principio, una de las supuestas bondades de la privatización de ANTEL sería el incremento del empleo en el sector. Sin embargo, lo cierto es que el gobierno esperaría una reducción del empleo, cuyos efectos políticos negativos pretendía postergar hasta después de las elecciones (Proceso, 736) para evitar los costos electorales que ello habría implicado. Por otra parte, la publicación de los estados financieros de ANTEL muestra que, en 1995, obtuvo ganancias por un monto estimado de 472 millones de colones, mientras que en 1996 por un monto de 1,107 millones de colones (un 47% del déficit fiscal). Esto invalida uno de los argumentos más fuertes en favor de la privatización: la reducción del gasto y déficit público.

Hasta el momento, las implicaciones de la preparación de ANTEL para la venta han sido más bien negativas. El pasado mes de agosto se suscitaron importantes incrementos en las tarifas de ANTEL, no porque estas se encontraran a niveles que comprometían las finanzas públicas --pues produce ganancias para el Estado--, sino porque se pretendía demostrar a inversionistas potenciales que los niveles tarifarios podían asegurarles importantes y crecientes montos de ganancias. Para ello, se triplicó el costo del minuto telefónico local y se mantuvieron constantes las tarifas que aplican para la mayor parte del volumen de llamadas internacionales.

El caso de ANTEL representaba la punta de lanza de una segunda fase de la privatización donde se incluirían servicios básicos (teléfono, agua, electricidad) y la seguridad social (sistema de pensiones). Empero, la actual situación prevaleciente en la Asamblea Legislativa da esperanzas de una posible revaluación del proceso. Sin lugar a dudas, los argumentos presentados en la Asamblea Legislativa (precio de venta, destino de fondos obtenidos y pérdida de las ganancias) deben mover a un rediseño del proceso de privatización en función de los intereses de nación.

El caso del canal 8 ha sentado un precedente en el sentido de que la privatización no necesariamente debe aplicarse indiscriminadamente; incluso, puede descartarse por el mismo partido de gobierno con la única intención de proteger intereses económicos particulares. Con mayor razón se justificaría la no privatización de ANTEL, pues se estaría protegiendo el patrimonio nacional y manteniendo importantes fuentes de ingresos para el Estado.

Cada vez se evidencia más que la privatización es una estrategia formulada para favorecer principalmente a los grandes empresarios y, en el caso de El Salvador, la manipulación del proceso es más que evidente. El canal 8 y ANTEL revelan que el gobierno está dispuesto a impulsar el proceso, siempre y cuando éste no afecte los intereses de sus allegados y sin importar si el mismo provoca reducción del empleo público y/o pérdida de ingresos fiscales. Ateniéndose a las declaraciones del Comisionado Presidencial para la Modernización del Estado y del mismo Presidente de la República, cabría esperar que inclusive se recurra al veto presidencial para lograrlo.

En el actual contexto parece que la venta de ANTEL es una posibilidad en el futuro cercano, pero los cuestionamientos que han surgido en el camino evidencian que la privatización en realidad tiene fuertes inspiraciones ideológicas y que, en el caso de El Salvador, el proceso se ha estado manejando en una forma claramente sesgada en favor de intereses de empresarios particulares, nacionales o extranjeros.

Alrededor del mundo, los estudiosos de los procesos de privatización han logrado establecer una característica común de los mismos, y es que permiten consumar una suerte de "robo del siglo", ya que gobiernos de turno se dedican a la tarea de transferir los activos públicos sin el pleno consentimiento de la sociedad; con el agravante de que luego son utilizados para satisfacer afanes particulares de lucro, aun a costa de los ingresos de la mayoría de la población.

Las controversias en torno a la privatización sugieren que, cuando menos, el proceso sea discutido más ampliamente y que, de ser posible, la privatización sea sometida a un referéndum nacional. A fin de cuentas, los activos que se pretenden vender pertenecen a todos los ciudadanos y no sólo al gobierno de ARENA.

Los primeros treinta días de Héctor Silva : retos y problemas

Estando a pocos días de cumplir su primer mes en funciones, la administración edilicia que preside Héctor Silva ha de ser ya consciente de que fue más fácil ganarle la alcaldía a un equipo desgastado políticamente por sus infructuosos intentos de solucionar adecuadamente los graves problemas de la capital que encontrarles a estos mismos problemas vías alternativas de solución, sin caer en los errores que fueron criticados durante la campaña electoral.

Habiendo prometido creatividad, lucidez y eficiencia en la solución de los ya añejos problemas de la basura, las ventas ambulantes y el ordenamiento vehicular, entre otros, Silva ha de haber caído en la cuenta de que, aunque necesarias, estas características administrativas no podrán por sí solas desenmarañar la madeja de problemas propios de una ciudad que ha crecido sin orden ni plan alguno.

Aunque, obviamente, aún no ha pasado el tiempo que es razonable esperar para realizar una evaluación medianamente concluyente y objetiva sobre la nueva administración edilicia, es necesario señalar algunos de los retos que debe asumir una administración como la de Silva, así como también algunos de los obstáculos que ésta ha enfrentado en la solución de los dilemas más acuciantes de San Salvador.

Los retos de una nueva modalidad de administración

Como en anteriores ocasiones se ha señalado, el éxito electoral del equipo de Silva se debió, principalmente, a dos razones: en primer lugar, a su distancia de las fórmulas tradicionales bajo las cuales se han presentado los candidatos (a su desapego del arquetipo de político salvadoreño clásico) y, en segundo lugar, al desgaste político de la administración edilicia anterior, la cual sufrió un rechazo electoral no sólo a raíz de su propia gestión, sino que también debió cargar sobre sí el rechazo a los miembros de su partido ubicados en el órgano ejecutivo y legislativo.

Pese a que llegó y ganó las elecciones bajo el visto bueno de una coalición de centro-izquierda, Hector Silva y su equipo supieron explotar aquello que los diferenciaba de los candidatos tradicionales: su aparente falta de compromisos partidaristas, su figura empresarial y profesional, una campaña basada más en el acercamiento personal con la gente que en la lejanía del spot televisivo y la cuña radial, su supuesta intención de acceder al puesto de la comuna para realizar una gestión mas ciudadana (más desinteresada) que política, entre otros.

Así pues, Hector Silva llegó a la alcaldía de San Salvador como un profesional honesto con ganas de ayudar a su ciudad y no como un político deseoso de escalar peldaños para lanzarse a la candidatura presidencial u otros puestos de poder. De ello que una de sus primeras medidas --como todo buen empresario-- fuera la de “limpiar la casa” y asignarle a su equipo los incentivos salariales que le corresponderían a figuras de deslumbrante rendimiento y desempeño (ver Proceso, 758).

¿Qué retos asume, entonces, una administración de este tipo? En primer lugar, realizar una gestión al margen de las necesidades y presiones del partido político que impulsó su candidatura. En este sentido, se trata de un doble compromiso: por un lado, Hector Silva debe saber dirigir una gestión que recoja sus lineamientos más de las problemáticas de la población que de centros de interés político (lo cual, por ejemplo, debería de haberse manifestado en los criterios de selección de los miembros de su equipo) ; por el otro, la coalición FMLN-CD-MU debe respetar la autonomía de su protegido y debe saber apoyar, sin exigir compromisos, las políticas que, de la libre iniciativa de éste, emanen.

En segundo lugar, la nueva administración ha de superar el atolondramiento y simpleza de los diagnósticos que, durante los dos anteriores períodos, se han hecho sobre los problemas municipales; para ser coherente con el tan proclamado profesionalismo y capacidad de sus gerentes, Hector Silva ha de ser capaz de brindarle a la población análisis objetivos, científicamente fundamentados, sobre los problemas que le aquejan. Lo anterior, a la vez que le permitirá diseñar soluciones más realistas y apropiadas, se constituirá en el termómetro del mérito o sobre valuación de su equipo.

Finalmente, la administración Silva ha de hacer gala de aquello que se extraña habitualmente en los políticos: un manejo cristalino de los fondos públicos (que pueda ser demostrado a través de informes periódicos y por medio de la apertura a exámenes contables externos) y un acercamiento a la población libre de distorsiones demagógicas y populistas. Es significativo que ambas características han empezado a cobrar realidad en la nueva alcaldía: la primera, a través de un examen contable de los gastos de la administración de Valiente (la cual ha sacado a la luz graves anomalías financieras y comprometedores tratos entre periodistas y funcionarios edilicios) y, la segunda, a raíz de un cabildo abierto entre las autoridades de la alcaldía y los habitantes de Tonacatepeque.

El primer mes de Silva

Evidentemente, es poco lo que se le puede pedir a Silva en tan sólo un mes de funciones. Si, de por sí, es difícil la tarea de hacer más habitable el caótico San Salvador, el nuevo alcalde ha visto entorpecido el inicio de su labor por los males que le heredaron las anteriores administraciones; en especial la de su inmediato predecesor, Mario Valiente. Deudas por un monto mayor a los 80 millones de colones, agudo y generalizado desorden administrativo, contratos firmados con compañías cuyo incumplimiento implicaría el pago de multas onerosas, son sólo algunos de estos males. Sin embargo, si bien y con sobrada razón estos obstáculos disculpan a corto plazo que Silva y sus seguidores no se hayan dedicado de lleno a cumplir con su gestión, ello no podrá ser presentado para disculpar posibles atrasos y yerros en el futuro, menos aún podrá ser utilizado para justificar la posible ineptitud gerencial de profesionales que han exigido salarios de grandes vuelos.

En lo que respecta al problema de la recolección y procesamiento de la basura que produce el Gran San Salvador, al parecer, una de las actitudes más queridas de Silva --el cabildeo-- ha empezado a constituirse en un obstáculo para solventarlo. A pesar del inminente colapso del relleno sanitario de Nejapa (al cual van a parar buena parte de las 1500 toneladas diarias de deshechos), las pláticas con los habitantes de Tonacatepeque, en orden a negociar la instalación en su municipio de un nuevo relleno sanitario, han resultado infructuosas. Tal como están las cosas, Silva deberá decidir entre crear el relleno en Tonacatepeque (lugar que según los estudios de impacto ambiental es el más idóneo para tal propósito), pese a la oposición de su población, o, apegándose a su política de no hacer algo que no quiera la gente, desistir del proyecto y observar como el problema de la basura alcanza niveles apocalípticos.

Adicionalmente a este problema de concertación, Silva se enfrenta con la negativa del gobierno de Canadá a financiar su “Programa Integral de Tratamiento de Deshechos” (que requeriría de una inversión de 50 millones de dólares), mientras la nueva administración no resuelva la querella judicial que ha entablado la empresa canadiense Continental Waste Conversion (CWC) por incumplimiento de contrato. La firma, que sería responsable de llevar a cabo el proyecto de la planta gasificadora impulsado por Valiente, argumenta que, al haberse negado Silva a continuar con el proyecto, se habrían roto los compromisos previamente adquiridos, por lo cual se deberán cancelar 76 millones de colones en conceptos de gastos administrativos, de estudios ambientales realizados y reservación del terreno en el que se construiría la planta. Aunque Silva ha afirmado que judicialmente tiene todas las de ganar, ello no despeja la duda de qué pasará si el fallo favorece a CWC y el gobierno canadiense decide no financiar uno de los proyectos medulares de la plataforma de aquel, ¿de dónde sacaría la nueva administración fondos para pagar una deuda millonaria y al mismo tiempo financiar su proyecto de tratamiento de deshechos?

En torno al ordenamiento de San Salvador, el cual pasa por la reubicación de las ventas callejeras y la señalización de las principales arterias de la ciudad, poco o nada se ha dicho aún. Más bien, según se desprende de las declaraciones de los funcionarios edilicios responsables de llevar a cabo ambas tareas, se está tendiendo a continuar algunas de las medidas impulsadas por la administración anterior. Por ejemplo, en lo respectivo a las ventas callejeras de la capital, el mismo Héctor Silva reconoció la ausencia de un plan de acción concreto y la posibilidad de continuar con algunos de los proyectos del ex alcalde como medios para tratar de mitigar el desorden de la ciudad.

De esta manera, el único punto que se lanzó durante la campaña electoral y que ya ha rendido ciertos frutos es el de la readecuación de la labor del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) al trabajo municipal. Las promesas de Silva de cambiar las líneas militarizadas y policiales de la CAM por unas más cercanas al mero cuido del patrimonio municipal y más coherentes con la estructura civil, exigida a los cuerpos de seguridad, ya han empezado a cobrar realidad. Empero, este aparente éxito se ha debido más a la llegada de Eduardo Linares, ex diputado del FMLN, a la dirección de la CAM, que a la gestión de Silva.

En definitiva, el camino que se le abre a la nueva administración dista mucho de ser fácil; la magnitud de los problemas que aquejan a San Salvador, así como las expectativas que en ella se han puesto, le exigirán sobrepasar el desempeño que cabría esperar en cualquier otra gestión edilicia, en especial cuando ella se ha dado a la tarea de empezar sus actividades mostrando la corrupción, ineficiencia y aprovechamiento de las anteriores. El compromiso de Héctor Silva no es sólo el de mantener su honestidad y la de sus subalternos; es el de hacer esto y a la vez mostrar que el desempeño de un “equipo de lujo” puede ser, y es, cualitativamente superior a uno compuestos por meros burócratas.

La PDDH informa (II)

Utilizando las denuncias recibidas y admitidas en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, nos encontramos con la libertad personal como uno de los derechos que más resultaron irrespetados a lo largo de 1996: se ubicó en el segundo lugar de la escala con 880 casos en total. Dentro de esta categoría, las expresiones concretas de violaciones que más abundaron fueron las detenciones arbitrarias con el 48.3% del total de los casos (427); a éstas le siguen las detenciones por hechos que no están tipificados como delitos, constituyendo el 42.2% (373 casos). De ahí en adelante tenemos una serie de arbitrariedades e irregularidades de menor cuantía, pero no por eso de menos importancia en el análisis para adoptar las medidas necesarias que ayuden a superarlas: falta de garantías procesales para las personas a las cuales se les restringió su libertad personal (74), detenciones por falta de policía (7) y reclutamiento forzoso (2). Entre los responsables destacan, obviamente, la PNC y el Órgano Judicial.

Al comentar los anteriores datos sobre la libertad personal, la PDDH sostiene algo que debe llamar a la reflexión responsable por parte de las autoridades estatales. “En los casos registrados de restricción a este derecho --se dice en el informe anual--, sea por el injustificado proceder policial como por el incumplimiento de los plazos legales, tanto en el ámbito administrativo como en el judicial, se constató que la detención estuvo siendo considerada un fin en sí misma y no una medida para impedir la evasión o el entorpecimiento de la justicia”. La PDDH no omite señalar que, en algunos casos, se intentó justificar la detención de personas con argumentos tales como “resistencia al arresto” o “menosprecio a las instituciones públicas”.

“Retardación de justicia y denegación de la misma, constituyeron la mayoría de las violaciones al debido proceso legal”, sostiene la institución al referirse a este tema. Y agrega: “Ello confronta con las exigencias de aseguramiento de una justicia pronta y debida y con el principio de eficacia. La PDDH, durante 1996, continuó requiriendo de los administradores de justicia su contribución a la erradicación definitiva de uno de los principales escollos de la legalidad democrática: la retardación de justicia”. ¿Cuál es la base para hacer las anteriores afirmaciones? Veamos los datos que proporciona la defensoría del pueblo salvadoreño.

En conjunto, se habla de 764 violaciones al debido proceso legal y esa cifra corresponde al 15 por ciento del total de las denuncias admitidas y verificadas por la Procuraduría. Al detallar lo anterior, lo más cuantioso que encontramos es lo siguiente: 348 casos tienen que ver con retardación de justicia, lo que constituye el 45.5% dentro de la categoría que ahora nos ocupa; en 144 ocasiones se registró la denegación de justicia ordinaria (18.8%); las violaciones al derecho de audiencia y defensa contabilizadas según las denuncias fueron 96 (12.5%); y en relación al derecho a ser juzgado por juez competente e imparcial se recibieron 91 quejas (11.9%).

Sin lugar a dudas, es necesario destacar el interesante esfuerzo que ha comenzado a desarrollar la Procuraduría --a partir de este informe-- en el sentido de incorporar dentro de él la jurisprudencia que está aportando la misma institución, mediante sus resoluciones en determinados casos. Estamos, entonces, ante la posibilidad de contar con una nueva herramienta que puede ser utilizada tanto por la señora procuradora en sus decisiones, como por operadores y usuarios del sistema judicial así como por aquellas instituciones que trabajan en la defensa y promoción de los derechos humanos. De esta forma, con ejemplos sencillos y cotidianos mediante los cuales se definen maneras correctas de actuar, se pueden evitar abusos posteriores y problemas derivados de ellos Un ejemplo de eso lo encontramos cuando, a partir del expediente SV52-96, se da un tratamiento más profundo a las detenciones por faltas.

“Esta conducta --dice la resolución de la PDDH en dicho caso-- es claramente constitutiva de falta de acuerdo con el Art.249 de nuestra ley procesal penal. Al respecto hay que señalar que se puede capturar a una persona por la comisión de una falta en el acto de cometerla y que existe la prohibición expresa de detener por esta clase de infracciones. Las autoridades policiales pueden, eso sí, «retener» al capturado en el puesto de policía por el tiempo prudencial suficiente para remitirlo inmediatamente al juez de Paz, o dejarlo ir en caso de que la falta se cometiera en horas fuera de audiencia, entregándole una esquela para que se presente al día siguiente ante la autoridad respectiva. Por supuesto, debe hacerse del conocimiento del juez respectivo esta situación. La «retención» de Roberto N. Para que le pasara la borrachera y evitar que continuara hostigando a su ex-compañera de vida, parece un procedimiento correcto. Procedía sin embargo, presentarlo en horas de audiencia ante el juez respectivo. Esto no ocurrió en el presente caso, incumpliendo los agentes con sus correspondientes deberes legales”.

Otro ejemplo de esta rescatable iniciativa lo encontramos en el expediente SV151-95, que trata sobre la detención en flagrancia. Textualmente, parte de la resolución dice lo siguiente: “En el presente caso, agentes de la PNC realizaron la captura y detención de Juan N. con base en lo manifestado por la persona presuntamente ofendida. Sin embargo, ninguna persona puede ser detenida sin orden judicial, a menos que se encuentre en flagrancia, que en este caso no existía. Los presupuestos de la flagrancia están establecidos en los Arts.242 y 243 del Código Procesal Penal. El imputado debe ser hallado en flagrancia, es decir, en el acto mismo de cometer el delito, inmediatamente después, o mientras fuere perseguido por el clamor público, por la fuerza pública o por el perjudicado. Se trata de una persecución actual o en “caliente” del imputado. Esta situación no se ha manifestado en el presente caso. El procedimiento correcto era recibir el aviso respectivo, realizar las investigaciones correspondientes, y hacerlas del conocimiento del juez competente para que éste iniciara el proceso”.

Del resto del documento de la PDDH aún queda mucho por comentar: lo relativo a los derechos económicos sociales y culturales; todo aquellos que tiene que ver con el estado de irrespeto a los derechos de la infancia, de la mujer y de la tercera edad; las situaciones que nos impiden disfrutar un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado; el cuadro de violaciones a los derechos humanos de las personas que trabajan en la maquila; las penurias de las y los salvadoreños en el extranjero, especialmente en los Estados Unidos. En fin, todavía son bastantes las dificultades que enfrenta la mayoría de la población salvadoreña para --al menos-- comenzar a sentirnos satisfechos en esta materia. Poco a poco, en comentarios siguientes y cuando sea oportuno, echaremos mano de los elementos que sobre estos aspectos se encuentran en este documento de la PDDH. De esa manera, estaremos contribuyendo a lograr que se cumplan las justas aspiraciones de la señora procuradora para nuestro país y su gente, explícitamente incluidas en la presentación del texto: “Espero que el informe --afirmó-- sea una herramienta útil en la protección integral de los derechos humanos y en la consolidación de la legalidad democrática”.

Por el derecho a la verdad

Quiero agradecer a todos ustedes el permitirme estar aquí esta mañana y al IDHUCA por la oportunidad de dirigirles unas breves palabras. Realmente el trabajo que ustedes desarrollarán a partir del estudio y análisis de casos concretos que han conmocionado nuestro país y que nos han hecho reconocer los niveles de impunidad en que vivimos es muy importante. Es necesario antes de seguir adelante que tratemos de dar un concepto sencillo de lo que es la impunidad.

La impunidad es la ausencia de investigación o la consciente deficiencia en la investigación para castigar a los responsables de violaciones a los derechos humanos. Pero creo que hay un tipo de impunidad que especialmente hay que combatir: aquella donde el delito o las violaciones a los derechos humanos son impunes porque sus actores intelectuales o materiales detentan poder político, administrativo o económico. Esta es la más grave porque, al generalizarse, genera una suerte de impunidad estructural. Y donde hay impunidad estructural la democracia no puede consolidarse; por el contrario se debilita y hasta desaparece. En nuestro país la tarea de luchar contra la impunidad estructural está aún pendiente.

En esta tarea, la participación de una defensora del pueblo es necesaria. Nuestra institución --debemos de reconocerlo-- trabaja y se desarrolla en un ambiente donde la cultura de promoción y aceptación no es general, y donde la arbitrariedad y la impunidad golpean la institucionalidad que aún estamos construyendo.

A pesar de todo estamos creciendo y nos estamos fortaleciendo a base de golpes y de conflictos, de acusaciones públicas que nos señalan como institución defensora de delincuentes y promotora de inseguridad pública, tal y como antes se le caracterizaba como brazo del comunismo y de la subversión. Los sectores más recalcitrantes son los más empeñados en crear esa imagen de su titular y de la institución defensora de los derechos humanos.

No obstante, somos quienes en su momento nos hemos pronunciado públicamente contra agentes de autoridad que han cometido delitos de lesa humanidad, que han recurrido a la desaparición forzada de personas, que han practicado ejecuciones sumarias, que han torturado, privado ilegalmente de la libertad o reprimido a comunidades enteras. En este esfuerzo no estamos solos. El trabajo que ustedes realizan nos lo confirma y por ello creemos que el proceso de democratización política y la creciente movilización de la sociedad civil están contribuyendo a un mayor escrutinio social de dichas violaciones y a la aplicación de acciones para combatirla y erradicarla.

La democracia política no resolverá por si sola la violación de los derechos humanos, pero es una condición necesaria para renunciar a la violación y canalizar los conflictos sociales de manera pacífica a través del consenso, y también para tener espacios de expresión y denuncia pública de los hechos delictivos La responsabilidad especial es de los gobiernos pero la sociedad civil tiene también el derecho y el deber de reivindicar que las leyes y los compromisos políticos se cumplan.

Me he permitido además traer varios tomos de la publicación de casos investigados por la Procuraduría, que tal vez les sirvan para un trabajo similar en el futuro. Recordemos que unidos en esta lucha estamos consolidando un derecho humano más, el derecho a la verdad que necesariamente se conforma por: 1) una investigación y divulgación de los hechos; 2) el inicio de procesos jurídicos tratando de identificar individualmente a los responsables, pero también al Estado por sus omisiones; y 3) la de sancionar a los responsables.

El estandarte de ese derecho a la verdad lo han comenzado a levantar los familiares de las víctimas de los casos que ustedes estudiarán. Lo han iniciado los familiares de los niños y niñas desaparecidos. Sigamos nosotros su ejemplo de valentía, si de veras queremos legar a las futuras generaciones una sociedad libre de la injusticia y de la impunidad.

Al dar por inaugurado este evento, les deseo muchos éxitos. Gracias.

DESTITUCION. El Presidente de la República, Armando Calderón Sol, anunció, el 26.05, la destitución de Orlando de Sola como titular de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIGET). "He firmado el acuerdo en que se destituye al Superintendente de Electricidad y Telecomunicaciones, después de haber hecho una valoración", manifestó Calderón Sol, adelantando que "nombrará a una persona idónea" para el puesto en los próximos días. El Presidente dio a conocer las razones de la destitución a través de un comunicado divulgado por la Secretaría de Información de la Presidencia, entre dichas razones se citan: una falta de reglamento de aplicación de la institución, la carencia de una resolución sobre las frecuencias llamadas de "uso libre" y "uso oficial", y falta de nombramiento de los gerentes de Electricidad y Telecomunicaciones. Por su parte, el destituido superintendente, Orlando de Sola, aseguró, el 26.05, que, con la separación del cargo, lo que el Presidente de la República buscaría es un títere a quien poder imponer lo conveniente para los grupos de presión que promovieron su destitución. De Sola advirtió que su remoción afectará gravemente el proceso de privatización en el que está inmerso el gobierno salvadoreño, "porque teniendo un Superintendente títere, los nuevos dueños de ANTEL o de CEL van a poderle manosear". El ex funcionario descartó los tres puntos mencionados por el Presidente como causales de su separación del cargo, atribuyendo la misma a presiones de grupos que rechazan la competencia en materia de televisión (LPG 27.05 p.4 y DH 27.05 p.7, DL 27.05 p.24).

INVERSION EN TRANSPORTE. El Viceministro de Transporte Terrestre, Julio Valdivieso, aseguró, el 26.05, que en la recién concluida visita oficial del Presidente de la República y algunos de sus funcionarios a México se recibieron ofertas de empresas de dicho país, interesadas en invertir en el sector transporte. Según Valdivieso, se adquirió un compromiso de preparar dentro de 60 días los memorándums de entendimiento para operativizar los acuerdos firmados por el mandatario. "Recibimos ofertas de inversión de empresas muy serias", dijo Valdivieso, las cuales pertenecen al área de transporte colectivo, servicio público y transporte aéreo. Paralelamente, las gremiales de transporte salvadoreñas expresaron su preocupación por tales inversiones. El presidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS), Genaro Ramírez, consideró que, al aceptar la inversión extranjera, se están dejando las puertas abiertas para que cualquiera que tenga capacidad económica gane una licitación de línea de transporte. Por su parte, el Presidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Público (ATP), Miguel Guerrero, manifestó que lo que solicitan es una igualdad de condiciones, pues a su juicio, por un lado, no se puede competir con las empresas mexicanas y, por otro, dicha inversión podría llevar a una saturación de líneas. Ambas gremiales manifestaron no oponerse a la inversión foránea, pero consideraron que "no es el momento adecuado para ello" (LPG 27.05 p.10, DH 27.05 p.2).

VINCULOS FMLN-MRTA. El Partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) fue involucrado con el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), de Perú, luego de que, el 23.05, un periódico peruano difundió que miembros de ambas organizaciones estarían planeando reunirse en San Salvador. De acuerdo con un cable de las agencias de noticias Reuter y EFE, que citan al periódico peruano La República, la Policía antiterrorista de Perú habría detectado que el presunto nuevo cabecilla del MRTA, Hugo Avellaneda, viajaría a Centroamérica. Según el cable, fuentes del periódico sostienen que la elección de El Salvador como sede de la reunión obedecería a que el MRTA tiene "importantes contactos" con el FMLN. La publicación afirma que los objetivos de la reunión serían "reestructurar el Comité Ejecutivo del MRTA, dotar de cabezas a los frentes guerrilleros, y saldar cuentas con el gobierno de Alberto Fujimori". Asimismo, el informe agrega que dentro de la actual estructura del MRTA se encuentran dos salvadoreños, a quienes identifica sólo con los seudónimos de "Román" y "Osmín". Por su parte, Gerson Martínez, del FMLN, calificó la información como algo tendencioso que busca afectarlos políticamente. De igual forma, Eugenio Chicas, también del FMLN, desmintió cualquier probabilidad de reunión, asegurando que su partido no tiene vínculos con el MRTA y que la noticia peruana es con afán de "desinformar por intereses" (LPG 24.05 p.8, DH 24.05 p.3 y EM 24.05 p.2).

CONCLUYE VISITA. El Presidente de la República, Armando Calderón Sol, concluyó, el 24.05, una visita oficial a México en la que logró suscribir una serie de compromisos comerciales, culturales y de cooperación recíproca. Calderón Sol llegó el 21.05 a México, donde cumplió una apretada agenda de trabajo que incluyó reuniones con su homólogo mexicano Ernesto Zedillo, funcionarios públicos, empresarios y representantes de las colonias salvadoreñas residentes en México. El Presidente salvadoreño estuvo también en Monterrey, Estado de Nuevo León, donde empresarios de esa ciudad se mostraron interesados en invertir en El Salvador, principalmente en la industria del cemento, hierro y electrodomésticos. Uno de los logros más importantes fue haber suscrito compromisos en materia comercial, en tratado de extradición, supresión de visados en pasaportes diplomáticos, cooperación educativa y cultural, asistencia jurídica y tratamiento especial a compatriotas de ambos países en el extranjero. En materia comercial, se acordó una ampliación al acuerdo de alcance parcial que permitirá el ingreso a México de más de mil productos salvadoreños con ventajas arancelarias. A la vez, se logró el compromiso de suscribir con México un tratado de libre comercio que incluye a Guatemala y Honduras. Otro de los resultados de la gira fue el apoyo logrado para relanzar los canales 8 y 10, para lo cual México dará asistencia técnica y apoyo en capacitación de recurso humano (LPG 25.05 p.7, DH 24.05 p.18).

DENUNCIAN ANOMALIAS. El Alcalde de San Salvador, Héctor Silva, señaló, el 26.05, anormalidades detectadas en la comuna capitalina, herencia de la administración pasada. Entre los casos cuestionados se encuentra la cancelación y posterior renovación del contrato de construcción de cinco bóvedas recreativas por parte del Concejo Municipal de Mario Valiente. Según el edil, las irregularidades radican en el súbito rechazo a las observaciones, dadas por el DUA, sobre los riesgos de las estructuras realizadas. Otra anormalidad detectada es una planilla secreta destinada a periodistas de distintos medios de comunicación, quienes supuestamente recibían dinero extra, de parte de la municipalidad, para no difundir aspectos negativos de la misma. Se detectaron también deudas de la Unidad de Comunicaciones de la Alcaldía con agencias de publicidad por más de un millón 800 mil colones, en concepto de anuncios, así como un déficit de 229 millones de colones, hipoteca del mercado El Calvario y del Rastro Municipal. Respecto a la gestión de la gerencia de mercados, la anterior municipalidad debe 3 millones de colones, suma adeudada a la Administración de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y la Compañía de Alumbrado Eléctrico (CAESS). Sobre las mencionadas deudas, Silva aclaró que estas se continuarán investigando para deducir responsabilidades, y se cancelarán sólo aquellas que estén respaldadas por un acuerdo del Concejo Municipal o por un contrato (DH 27.05 p.36, DL 27.05 p.3).

RECHAZAN DENUNCIAS. A raíz de la presentación de un informe que contenía una serie de presuntas anomalías acaecidas durante la administración de Mario Valiente, el ex alcalde capitalino cuestionó, el 27.05, dichas acusaciones. El alcalde Héctor Silva mostró, el mismo día, una serie de documentos durante una rueda informativa en la que se señala a varios periodistas como "colaboradores de la Alcaldía" en planillas secretas mantenidas durante la administración pasada. Sin embargo, Valiente negó que durante su gestión sobornara periodistas. Silva explicó que los "profesionales de la comunicación" recibían mensualmente 400 colones por dar cobertura especial a los diferentes eventos que realizaba la Comuna y por garantizar que no se publicaran o transmitieran críticas de la gestión del ex alcalde. Entre los periodistas que habrían sido sobornados están: Mauricio Cáceres, de diario El Mundo, Mario Madrid, de Cadena Cuscatlán; Roldán Amaya, de Cadena Radial América; Tulio Sánchez e Ismael Beltrán, de El Diario de Hoy; Antonio Jule, de Radio Vanguardia; Trini Jovel, de Radio la Máxima; y Rosy Castillo, de Radiópolis. Por su parte, varios de los periodistas señalados rechazaron las acusaciones en su contra, entre éstos Rosy Castillo, de Radiópolis, quien señaló que "aquí son sensacionalistas, yo soy empresaria y no necesito recibir pagos de ningún alcalde. Yo le vendía espacios publicitarios a la Alcaldía, pero nunca recibó pagos de ese tipo". De igual forma, Mario Madrid, de Radio Cuscatlán, señaló que el problema es que "el FMLN quiere demostrar transparencia y se preocupa de un pequeño problema y no resuelve los grandes" (LPG 28.05 P.6, DH 28.05 p.7).