© 1997 UCA Editores
En su informe anual a la Asamblea Legislativa, el Presidente Calderón sólo dijo una cosa importante. Anunció la disposición del poder ejecutivo para integrar una comisión con la Asamblea Legislativa cuyo objetivo fuera elaborar, en breve, un nuevo anteproyecto de ley para privatizar la empresa de telecomunicaciones. De esta manera, el Presidente Calderón tomó distancia de ARENA, cuyos diputados prometieron calamidades y cruzadas nacionales, aceptó la derogación de la ley vigente y se comprometió a trabajar para formular otra, resultado de una concertación con la oposición. No cabe duda de que la postura del poder ejecutivo es más inteligente y constructiva que la de ARENA. A diferencia de éste, el Presidente no se considera derrotado.
La oposición recibió bien la oferta del mandatario, aunque rechazó integrar una comisión conjunta, alegando la independencia de poderes. Es decir, la oposición no está dispuesta a elaborar el nuevo anteproyecto junto con los representantes del poder ejecutivo. Estos ya tuvieron su oportunidad y no supieron apreciar el valor de los aportes de la oposición. Esta conoce la ley derrogada y las disposiciones que deben ser revisadas y modificadas. Por lo tanto, no parte de cero, pero tampoco está dispuesta a enzarzarse en discusiones técnicas con los representantes del poder ejecutivo. La iniciativa ahora la tiene la oposición. El Presidente Calderón perdió su oportunidad por la falta de visión política de sus colaboradores.
Para que semejante cosa no vuelva a suceder, el poder ejecutivo debe establecer un canal de comunicación directo con las fracciones de los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa. Los diputados de ARENA no pueden desempeñar esta función, porque responden a una dinámica partidaria que no necesariamente coincide con la línea del gobierno y, sobre todo, porque han demostrado su miopía política. Los ministros y los presidentes de los entes autónomos tampoco pueden suplir dicho canal de comunicación, porque sólo son colaboradores del Presidente de la República y con frecuencia no tienen la capacidad ni la experiencia que el cargo que ocupan o el problema tratado requieren.
La función primordial de este canal sería facilitar la comunicación entre la Asamblea Legislativa y el poder ejecutivo. Antes esto no era necesario, porque bastaba una llamada telefónica de Casa Presidencial al jefe de la fracción de ARENA. La oposición política contaba muy poco. Ahora las cosas no son tan sencillas y, por eso mismo, urge la comunicación fluida entre ambos poderes. Sólo así podría haberse evitado que la Asamblea Legislativa derogase la Ley de Privatización de ANTEL y sólo así se podrá evitar una nueva confrontación, cuyos resultados tengan que lamentar uno o ambos poderes. Este vínculo directo y creíble con la Presidencia de la República podría dar seguimiento a la elaboración del nuevo anteproyecto de ley, respetando al mismo tiempo la independencia de la Asamblea Legislativa.
Por lo demás, el informe del tercer año de gobierno se redujo a hacer un recorrido incompleto por los ministerios de gobierno y los entes autónomos, señalando de forma rápida el logro más importante de cada uno de ellos. Llama la atención que justicia, trabajo, energía y transporte se hayan quedado en el tintero. De todas maneras, el Presidente Calderón no estaba interesado en entrar en la problemática nacional. Se limitó a señalar el logro más relevante de cada uno de los incluidos en la lista. Así, el discurso fue breve, lo cual es de agradecer, dadas las circunstancias.
No obstante, el Presidente Calderón dejó pasar una buena oportunidad para informar al país sobre el estado de la nación. La población espera una explicación consistente sobre el deterioro de sus condiciones de vida y quisiera oír una palabra de esperanza. El Presidente Calderón debió haber explicado, entre otras cosas, por qué la estabilidad de los índices macroeconómicos no se refleja en un mejoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de los salvadoreños, cuándo y cómo la riqueza que se acumula en unas pocas manos va a ser redistribuida en beneficio de la nación, por qué persiste la inseguridad ciudadana y somos el país más violento de América Latina, por qué los índices de salud pública siguen siendo los más bajos de la región, qué piensa hacer para reactivar la producción agrícola.
El Presidente Calderón dejó otra vez sin respuesta las preguntas que angustian a los salvadoreños, tanto que los periodistas, deseosos de salvarle la cara a su gobierno, se afanan por señalar las novedades del informe. Algunos, siguiendo con fidelidad su lógica, se atreven a repetir que no hay recesión, sino desaceleración; que la recuperación ya ha comenzado y el agro sale de su crisis, porque la zafra alcanzó una cifra récord este año. No es extraño, entonces, que la población haga una valoración muy crítica de los tres años de gobierno de Calderón, tal como lo muestra la encuesta del IUDOP. La nota otorgada por la opinión pública al Presidente, aunque ligeramente superior a la del año pasado, es sustancialmente muy baja. La valoración del desempeño del gobierno es negativa. De ahí que la inmensa mayoría pida cambios.
No se puede llamar informe de un año de labores a lo que
es una lista de actividades, todas ellas invariablemente positivas.
Siendo estrictos, el discurso del mandatario deja mucho que desear.
Incluso el anuncio más importante está contenido
en una simple frase, sin ninguna elaboración. Los escribanos
de Casa Presidencial no se molestaron en elaborar las ideas del
mandatario. Si el Presidente no informa sobre el estado de la
nación, este rito anual sin sentido bien podría
ser incluido en la lista de reformas constitucionales para ser
suprimido.
Uno de los temas más álgidos discutidos tras la instalación de la nueva Asamblea Legislativa ha sido la condonación de la deuda agraria. Cabe señalar, empero, que esta polémica no es nueva y se remonta prácticamente a inicios de la presente década con la profundización de la crisis del agro. La deuda agraria comprende los montos de los préstamos otorgados por el Estado y bancos privados tanto al sector reformado (o beneficiarios del proceso de reforma agraria de principios de los 80) como a otros empresarios agropecuarios no necesariamente involucrados en la reforma agraria.
Como era de esperarse, esta discusión ha abierto el debate sobre la pertinencia de la condonación de la deuda; sus detractores --entre los cuales se cuentan gremiales empresariales-- argumentan que la condonación de la deuda agraria beneficiaría a un grupo reducido de la población, a costa del aporte de otros sectores económicos. En cambio, diputados de los partidos de oposición en la Asamblea Legislativa parecen coincidir en señalar la importancia de condonar la deuda para aliviar la crisis económica del agro. En los siguientes párrafos se hace una revisión de algunas características de la estructura de la deuda agraria para aclarar las implicaciones más importantes de una posible condonación de la deuda agraria.
Existen diversas versiones sobre el monto de la deuda agraria del país; algunas sostienen que la cifra total --incluyendo intereses-- asciende a la cantidad de 6,000 millones de colones; otras manejan la cantidad de 3,500 millones de colones; y algunos más la refieren a un monto total de 1,700 millones de colones. Los datos con que se cuentan de fuente fidedigna están referidos a la deuda agraria a febrero de 1995 y se muestran en los cuadros que se anexan.
Estos montos incluyen intereses pendientes desde el año 80 a una tasa del 6%, para el sector reformado. Al aplicar los intereses de marzo/95 a mayo/97 resulta por supuesto que la deuda se eleva aún más; para algunos analistas del BCR el monto total estaría rondando los seis mil millones de colones.
La deuda Fondo de Refinanciamiento de Apoyo a la Producción (FRAP) --rubro 2 de la deuda del sector reformado-- se refiere a un fondo de refinanciamiento que asumió el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) en 1991 para lograr que las cooperativas pudieran ser nuevamente sujetos de crédito pues, a ese momento, éstas se encontraban en mora y no podían optar a préstamos de avío o capital de trabajo. Con la absorción del ISTA de dicha deuda, el 100% de las cooperativas quedaron saneadas con el sistema financiero para que pudiesen solicitar fondos por las cantidades que ellos requiriesen, oportunidad que ciertamente no fue desaprovechada. Según algunas estimaciones, la nueva deuda adquirida por las cooperativas desde 1991 a 1995 asciende a 740.9 millones de colones, lo que equivale al 50.7% de la deuda del sector reformado.
Lamentablemente, esta inyección de recursos financieros no fue suficiente para evitar que el sector reformado revertiera la tendencia recesiva de su producción y que, por tanto, recayera nuevamente en una marcada situación de insolvencia financiera
Otro dato que se desprende de los datos en mención es que, del monto de préstamos para el sector reformado, al ISTA se le adeuda un total de 823.7 millones de colones, correspondiendo a capital (principal) la cantidad de 610 millones, e intereses de 213.7 millones de colones. Esta cifra representa un 56.4% del total de la deuda del sector reformado. En cambio, al sector financiero se le adeuda un total de 637.5 millones de colones, equivalentes a un 43.6% de la deuda total del sector reformado.
Cabe destacar que, en los últimos años, el gobierno ha pretendido favorecer al sector reformado con la condonación de la deuda del 70% por pronto pago, cuyo decreto vence en junio de 1997, quedando un saldo pendiente de deuda equivalente a un 30% y que totaliza los 438.4 millones de colones.
De acuerdo al Gerente de Transferencia de Tierras del ISTA, con la condonación del 70% de la deuda por pronto pago, muchas cooperativas accedieron a acogerse al ofrecimiento y, de hecho, habían iniciado ya sus pagos del 30%. La posibilidad de una condonación total, surgida recientemente, provocó la suspensión de los mencionados pagos. Según la misma fuente, de acuerdo a los balances de las cooperativas, éstas poseen sus fondos para el pago depositados en los bancos en la espera de una aprobación del decreto de condonación total, por lo que no pagarán mientras no vean los resultados del debate legislativo. Mientras tanto, esos fondos están ganando intereses por estar depositados a plazo de 3 ó 6 meses. Otras cooperativas ya poseen el financiamiento del banco para el pago de la deuda y han preferido que la institución financiera les cargue intereses mientras esperan el resultado de las discusiones sobre condonación total. Por supuesto, el monto de lo prestado ha sido colocado también en cuentas de ahorro, lo cual compensa parcialmente el pago de intereses por los préstamos otorgados.
No obstante, es importante aclarar que existe un porcentaje de cooperativas, menor en relación a los anteriores grupos citados, que definitivamente no puede pagar el 30% restante para optar a la condonación del 70%. Para solventar su situación, se les presenta como opción la parcelación de sus propiedades, pues el decreto de condonación del 70% de la deuda contempla que parcelas cuyo valor no exceda los ¢16,665 colones están automáticamente libres de todo pago. Esta parcelación no sería un nuevo atentado contra el espíritu cooperativista debido a que, desde hace años, los miembros de estas cooperativas trabajan la tierra a nivel individual. Ni siquiera compran insumos como cooperativa ni venden su producción agrícola en grupo.
Dado que en este segmento el espíritu cooperativista no existe, la mejor opción sería parcelar, para salir de la deuda, y ayudarles a organizarse en grupo para generar eficiencia en obtener menores precios de compra grupal y adquirir mayor poder de negociación con los "coyotes" o empresas agrícolas que compran sus productos cosechados.
Por otra parte, la condonación total de la deuda agraria también tendrá implicaciones macroeconómicas de consideración. El Banco Central de Reserva ha proyectado en su Programa Monetario y Financiero para cinco años, una disminución de la tasa de inflación así como un cambio nominal promedio constantes; sin embargo si se condonase la deuda agraria se generarían mayores desequilibrios en las finanzas públicas, mayores presiones para elevar las tasas impositivas y mayores presiones inflacionarias. Buena parte de la deuda, sino toda, deberá ser absorbida por el sector público. Lo anterior, sumado al relativo estancamiento de los ingresos tributarios implicaría que, en el corto plazo, el gobierno se vería obligado a incrementar las tasas impositivas para reducir el déficit de las finanzas públicas. Así, podrían esperarse presiones inflacionarias tanto por la vía del incremento de los impuestos o por la vía de la ampliación del déficit fiscal.
Otro elemento de importancia que debe considerarse es que, dentro de la planificación del ISTA, está la probable prórroga del decreto de pronto pago a cambio de la condonación del 70% de la deuda agraria hasta junio de 1998. Con ello se estaría favoreciendo a aquellas cooperativas que probablemente no tengan en este momento capacidad de pago del 30% de su deuda adquirida.
Teniendo en cuenta los anteriores elementos de la situación de liquidez de muchas cooperativas del sector reformado, se recomienda no condonar la deuda ya que se pueden generar salidas para aquellas organizaciones que realmente se encuentren en una situación crítica. Tampoco se deberá condonar la deuda de aquellas cooperativas que están en situación de insolvencia ya que se tendría que aplicar indistintamente para todos los beneficiarios de la reforma agraria.
Mucho menos se debería condonar la deuda agraria de empresas o personas que no han estado relacionadas con el proceso de reforma agraria, pues no existen garantías de que su situación financiera justifique una prebenda de esa magnitud. En muchos casos estos deudores en realidad se dedican a actividades muy lucrativas diferentes a la agricultura.
Debido a que existen intereses políticos, se está dejando de lado el impacto económico de la condonación de la deuda agraria y se pretende justificarla con el hecho de que, años atrás, se condonó la deuda de las 17 empresas del sector pesquero. El tema de la deuda agraria se vuelve complejo puesto que en gran medida se está favoreciendo la ineficiencia del sector agropecuario y el aprovechamiento de unos pocos para seguir usufructuando del esfuerzo de las demás personas que sí aportan ingresos tributarios.
Adicionalmente, no se cuenta aún con un programa sectorial destinado a favorecer la reactivación agropecuaria en base a estímulos económicos e incremento de la rentabilidad; consecuentemente, podría esperarse que en el corto plazo los agentes productivos del agro recaigan en mora, tal como lo hizo ya el sector cooperativo reformado entre 1991 y 1995.
Si en dado caso se desea satisfacer una promesa electoral, la última medida que se podría tomar es la condonación del 30% del monto que se le adeuda únicamente al ISTA, la cual equivale a unos 247 millones de colones y que corresponde a la década de los años 80, período de ejecución de la transformación agraria. Sin embargo, se vuelve a insistir en que dentro de ese segmento de cooperativas del sector reformado hay muchas que sí poseen capacidad de pago inmediato, por lo cual no es una salida "sana" porque cada vez el sector agropecuario y, específicamente el reformado, pedirá soluciones a sus problemas basándose en exigencias políticas, y esto no nos conduciría a generar una cultura del esfuerzo y eficiencia para sacar adelante el país.
Sopesando, por tanto, las desventajas para la economía
de El Salvador, lo más recomendable es desaconsejar la
condonación de cualquier tipo de deuda que se tenga con
los sectores económicos; hay que dejar en el pasado lo
que ya se condonó anteriormente. Estamos en el presente
con una economía que se desea estabilizar sobre bases autónomas,
requiriendo para ello dejar de lado las pugnas del pasado y de
un trabajo de comprensión y de cooperación a todos
los niveles.
CUADRO 1
DEUDA AGRARIA TOTAL
(FEBRERO 1995)
| a) Sector privado: préstamos FOSAFI y otros bancos | ¢1,795,000,000 |
| b) Sector reformado | ¢1,461,200,000 |
| 1. Deuda del ISTA con el BFA, la cual no incluye intereses Deuda del sector con el ISTA cuyo monto incluye intereses | ¢ 52,800,000 ¢ 83,500,000 |
| 2. Deuda con FOSAFI en el saneamiento de cartera de la Banca privada, efectuado el traspaso en 1991 (FRAP), de cuyo monto 152 millones corresponden a intereses | ¢584,000,000 |
| 3. Deuda con el sistema financiero formal de 1991 a 1995 | ¢740,900,000 |
| Total | ¢3,256,200,000 |
CUADRO 2
DEUDA AGRARIA-SECTOR REFORMADO POR ACREEDOR
(Febrero 1995. En millones de colones)
| Acreedor | Total | Condon. 70% | A pagar 30% |
| ISTA | 823.7 | 576.59 | 247.11 |
| Sistema Financiero | 637.5 | 446.25 | 191.25 |
| Total | 1,461.2 | 1,022.84 | 438.36 |
1996 fue un año de crisis política para el partido ARENA. En ese año salieron a la luz múltiples casos de corrupción en las alcaldías areneras y otras dependencias estatales manejadas por miembros del partido de derecha; además, una de sus figuras más importantes en ese entonces, Juan José Domenech, se vio obligado a renunciar a la presidencia del COENA en medio de un turbio y aún no del todo aclarado incidente de introducción fraudulenta de vehículos. Por otra parte, empezaron a emerger claras manifestaciones de que al interior del partido en el gobierno se estaban llevando a cabo luchas aguerridas por la obtención de cuotas de poder y por divergencias en cuanto a la conducción del país.
El caso de la corrupción en las alcaldías fue uno de los más sonados a lo largo de todo ese año. Además de poner en evidencia que el enriquecimiento fraudulento y el peculado eran dos de las actitudes más queridas de los funcionarios areneros que gobernaban la mayoría de las alcaldías del país, fue una muestra palpable de la tolerancia y permisividad del partido ARENA hacia ellas. Permisividad que encontró su expresión más justa en la aprobación, a mediados de 1996, de un decreto que impedía, a los órganos encargados de aplicar justicia procesar, a los alcaldes sin pasar antes por la Asamblea Legislativa.
Ante el asombro de la población y la impotencia de la oposición para impedir la aprobación del decreto, ARENA amarraba constitucionalmente a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía de la República con el fin de impedir que ambas hurgaran en el foco más grande de corrupción: las alcaldías. Gracias al decreto, cesaron los procesos penales que hasta ese momento se estaban llevando a cabo en contra de algunos ediles (no así las denuncias, las cuales se continuaron dando a lo largo del año). A pesar de los comunicados oficiales en los que el partido ARENA respaldaba a los acusados y se comprometía a brindar todo lo que estuviera en su poder para que la inocencia de éstos quedara en evidencia públicamente, nunca se pudo aclarar convincentemente la relación de los ediles con los cargos que se les imputaban, continuando la mayoría de ellos en el ejercicio de sus funciones.
Sin embargo, ARENA cometió un grave error de cálculo. Bien sea por una confianza en la capacidad del salvadoreño promedio para olvidar los hechos relevantes de su historia o por la consabida prepotencia de ARENA en llevar adelante sus proyectos al margen de la situación y las advertencias de la opinión pública, el hecho es que la cúpula arenera no dudo en escoger como candidatos para las elecciones de alcaldes de este año a muchos de los funcionarios que ya habían sido señalados como corruptos. El resultado de lo anterior ya es obvio: de haber tenido más de doscientas alcaldías en su poder para el período 1994-1997, ARENA, como resultado de las elecciones, ahora posee sólo 160 de ellas, perdiendo así el control de algunas de las más importantes y grandes del país -San Salvador, Apopa y Santa Ana, por ejemplo.
El cambio de administración en las alcaldías ha permitido que el tema de la corrupción, que con tanto esmero se había empeñado ARENA en remitir al olvido, haya cobrado nuevos bríos y vigencia. Pocos días después de haber tomado posesión, los alcaldes electos del FMLN empezaron a facilitarle a los medios de comunicación los primeros resultados de sus análisis administrativos y financieros, en los cuales se evidenciaban graves irregularidades y déficits heredados por los anteriores alcaldes (en su gran mayoría pertenecientes a ARENA).
Por ejemplo, en la alcaldía de San Marcos, el ex alcalde arenero, Rodolfo Bojorqués, habría heredado una deuda de 115 mil colones con el INPEP, institución que desde mayo del año pasado no percibe los abonos de los empleados municipales, a pesar de que éstos afirman haber experimentado los descuentos pertinentes en sus salarios; además, la nueva administración afirma poseer un documento en el que se registra el pago de 70 mil colones para la construcción de un parque que no existe. Otros casos son el de la alcaldía de Santa Ana, en la cual la administración saliente habría destruido los controles de recaudación de impuesto; Ilopango, que adeuda 470 mil colones, mantenía en sus planillas a un número de personas superior al que soporta el presupuesto edilicio y habría vendido casi la totalidad de las áreas verdes del municipio; y Mejicanos, que, al no haber cancelado los pagos por el servicio de agua y luz, adeudaría medio millón de colones.
Pese a que estos son sólo algunos ejemplos de lo que han encontrado las nuevas administraciones, el caso que más atención ha atraído es el de la Alcaldía de San Salvador. Así pues, el 27 de mayo, en una rueda de prensa convocada por el alcalde de la comuna, Héctor Silva, la nueva administración presentó un informe de diez páginas en el que se mostraban los resultados del estado administrativo financiero dejado por el anterior edil, Mario Valiente. Entre las irregularidades detectadas --que aún aguardan ser comprobadas por parte de la Corte de Cuentas-se mencionaron: deudas por un monto de 85 millones de colones, de los cuales 25 millones corresponde a préstamos adquiridos en los últimos tres meses de gestión y para los cuales se hipotecó el rastro municipal y el Mercado Sagrado Corazón; la existencia de planillas de periodistas que recibían honorarios por realizar una labor que beneficiaba la imagen de la alcaldía; deudas por 3 millones con ANDA y CAESS; la Gerencia de Mercados cobró impuestos sin que éstos entraran en las arcas municipales.
Como era de esperarse, las reacciones por parte de Mario Valiente y otros funcionarios areneros han sido más virulentas y personalizadas que explicativas o racionales. Epítetos como "gato" y "aprendiz de alcalde" fueron los términos usados para referirse a Silva, a la vez que se le hacía un llamado a que cesara de criticar, "cuando debería preocuparse mejor por resolver los problemas" de la alcaldía. Sin embargo, es llamativo que el mismo Valiente afirme tajantemente que "no existió corrupción" durante su administración, cuando en un primer momento -cuando la existencia de irregularidades eran sólo un rumor-- aceptó que ya en su gestión se habían detectado irregularidades en la Gerencia de Mercados y que en la alcaldía se dio corrupción en todos sus niveles.
Aunque los nuevos alcaldes se han cuidado mucho de calificar como "corrupción" a las irregularidades encontradas, los recientes señalamientos en contra de las anteriores administraciones edilicias areneras sólo vienen a evidenciar algo que empezó a cobrar cuerpo el año pasado: el fraude y la mala administración por parte de los funcionarios de ARENA es más una norma que una excepción. Por otra parte, son prueba de que el proteccionismo que en el pasado mostró el partido para con sus ediles se realizó solamente con el objetivo de ocultar una práctica generalizada de corrupción y no con el interés de proteger a figuras públicas de acusaciones maliciosas e infundadas, tal como pretendió ser explicado en su momento por ARENA.
Ciertamente, una gran paso para una administración cristalina
de los bienes públicos ha sido dado. Por ello, de ninguna
manera se le puede reclamar a los nuevos ediles por haber emprendido
la tarea de sacar "los trapos sucios" al sol, en especial
cuando ellos ponen en predicamento la labor de las posteriores
administraciones. Empero, no deja de ser preocupante la lentitud
con la que han reaccionado la Corte de Cuentas y la Fiscalía
de la República en su labor de verificar las acusaciones
de corrupción e iniciarles procesos penales a los responsables.
La actual coyuntura no sólo se presenta como el momento
idóneo para que la oposición asegure una administración
eficiente y coherente con el interés público, es
también una oportunidad clave para medir la capacidad del
partido en el poder para reconocer sus yerros y sus profundas
taras.
La población salvadoreña presenta una opinión poco favorable acerca del desempeño del Presidente Calderón Sol al frente del gobierno en sus tres años de gestión, según revea la más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA) de El Salvador. El sondeo, realizado con el objeto de conocer lo que piensan los salvadoreños sobre el trabajo del Ejecutivo en los tres años de administración, se efectuó entre el 17 y 25 de mayo del presente año, con una muestra nacional de 1,217 adultos de los catorce departamentos del país y con un error muestral de más o menos 4 por ciento. La pesquisa revela que una tercera parte de los ciudadanos (el 35.3 por ciento) califica de mala o muy mala la actuación del Presidente; mientras que un 30.6 por ciento considera que el trabajo del mandatario ha sido regular y otro porcentaje similar (el 30.2 por ciento) calificó como positivo el trabajo de Calderón Sol.
Como parte de una práctica periódica, el sondeo pidió además a los ciudadanos que, en una escala de 0 a 10, asignaran una nota al gobierno por su trabajo general en estos tres años. Los entrevistados respondieron calificando con un promedio de 4.96, levemente inferior a la obtenida el año pasado al cumplir los dos años de gestión. El segundo gobierno de ARENA consigue mejores promedios entre las clases altas y media-altas (aunque no llega a la nota del seis), mientras que en los sectores obreros y marginales los promedios de calificación se presentan por debajo del cinco.
Los logros del gobierno
Como es costumbre en los sondeos de evaluación de la gestión gubernamental, la UCA preguntó a los salvadoreños sobre los aspectos positivos de la actual administración nacional. Dos de cada tres consultados no han notado cambios positivos en el país desde que tomó posesión el actual gobierno hace tres años; mientras que uno de esos tres sí ha percibido mejoras en la situación del país.
Preguntados sobre los logros obtenidos por el gobierno de Armando
Calderón Sol, cerca del 40 por ciento de los ciudadanos
no identificó aspectos concretos; dentro de ese grupo algunos
contestaron que "no había logros" (27.2 por ciento),
mientras que otros no supieron encontrarlos (13.6 por ciento).
Por el otro lado, entre los méritos atribuidos al Ejecutivo
en los tres años de gestión se mantienen los mismos
aspectos que han venido siendo señalados en evaluaciones
anteriores, sólo con la diferencia de que "el arreglo
de calles y plazas" (24.9 por ciento) supera por mucho al
resto de logros atribuidos al gobierno. Tales otros méritos
son: el cumplimiento de los Acuerdos de Paz (7 por ciento), el
mejoramiento de los servicios públicos (6.9 por ciento),
el combate a la delincuencia (6.3 por ciento), las medidas económicas
(4.3 por ciento) y la educación (2.5 por ciento) entre
otros temas.
Los fracasos del gobierno
El sondeo abordó también el tema de los fracasos de la segunda gestión arenera. El 65.2 por ciento de los salvadoreños han percibido cambios negativos en el país desde que entró el actual gobierno, hace tres años; mientras que un 27.9 por ciento no ha visto cambios negativos y el resto se abstuvo de contestar.
Según los resultados de la tercera pesquisa de evaluación
gubernamental, las fallas principales se concentran en los aspectos
económicos del país, los cuales son vistos por los
ciudadanos como producto de la misma política del gobierno.
Un 28.1 por ciento mencionó el alto costo de la vida como
fracaso del gobierno, mientras que un 11.6 por ciento señaló
el desempleo, el 6.9 por ciento dijo que "sólo favorece
a los ricos", el 5.5 por ciento refirió el IVA y el
4.3 por ciento mencionó la privatización como aspectos
negativos. Otros fracasos apuntados fueron el auge de la delincuencia
(15.2 por ciento) y la corrupción (3.1 por ciento).
La economía del país
De hecho, vista el área por donde son señalados los fracasos gubernamentales, el sondeo en su conjunto revela nuevamente que el aspecto más criticado del trabajo del gobierno es la gestión económica. Un poco más de la mitad de los consultados (el 51.5 por ciento) piensa que la situación económica del país ha empeorado en los últimos tres años, el 31.5 por ciento considera que ésta ha seguido igual y un 14.5 por ciento cree que ha mejorado sustantivamente en el período de administración de Armando Calderón Sol.
En términos de la economía familiar, cinco de cada diez salvadoreños afirmaron que sus condiciones financieras siguen igual, cuatro de esos diez afirmaron que su economía doméstica está peor y el uno restante de estos diez reconoció que su situación económica habría mejorado en los últimos tres años.
Y es que la misma encuesta reveló que para más de la mitad de la población salvadoreña el gobierno sólo se preocupa por los más ricos (54.1 por ciento); mientras que sólo el 15.3 por ciento afirmó que el Ejecutivo se preocupa por todos los ciudadanos. Otros ciudadanos afirmaron que el gobierno sólo se preocupa por "ellos mismos" (12 por ciento), por los empresarios (6.5 por ciento), o por los areneros (4.1 por ciento) entre otras respuestas.
Dentro de las opiniones que tienen los salvadoreños sobre
la política económica del gobierno, uno de los resultados
más interesantes que arrojó el sondeo de la UCA
es el que se refiere al apoyo o rechazo al proceso de privatización
de las empresas públicas que está llevando a cabo
el Ejecutivo. De acuerdo a la encuesta, más de la mitad
de los ciudadanos está en contra de la privatización
de las empresas públicas como ANTEL; mientras que el 23.7
por ciento se mostró a favor de tal proceso y un 19.2 por
ciento no supo dar su opinión al respecto.
La resolución de los problemas nacionales
En esta encuesta, la población volvió a identificar los problemas nacionales más graves en la economía y en la delincuencia. Curiosamente, desde el proceso electoral del 16 de marzo, los sondeos muestran un repunte en las preocupaciones populares por los temas económicos más que por la delincuencia. A tres años de gobierno, la mayoría de los salvadoreños piensa que el gobierno no está resolviendo adecuadamente tales problemas.
La mayor parte de la población (el 83.6 por ciento) piensa que la administración de Calderón Sol no está solucionando el problema de la economía nacional, que para muchos es el más grave; mientras sólo el 13.1 por ciento de los encuestados considera que sí lo está resolviendo. En el caso de la delincuencia y de la corrupción, las opiniones siguen la misma tendencia: tres de cada cuatro salvadoreños piensa que el gobierno no ha resuelto tal problema y sólo uno de esos cuatro piensa lo contrario.
Y es que a tres años de gestión, el Presidente Calderón
Sol encuentra la mayor proporción de ciudadanos que dicen
que no ha cumplido con sus promesas (67.5 por ciento), mientras
que un 25.1 por ciento se mantiene con la opinión de que
sí ha cumplido sus ofrecimientos de campaña.
La opinión sobre el rumbo del país
Todos los datos anteriores de alguna manera explican las opiniones sobre el rumbo del país. Después de tres años de gobierno, la población piensa que El Salvador no va por un buen camino y que por el contrario necesita un cambio (79 por ciento). Sólo el 16.1 por ciento opina de manera favorable por el rumbo que lleva el país.
En tal sentido, se pidió a los entrevistados que identificaran la principal tarea que, a juicio de ellos, deberá enfrentar la administración de Armando Calderón Sol en el próximo año. Las respuestas se concentraron en los aspectos por los cuales ha sido criticado el gobierno en esta evaluación, esto es, resolver los problemas principales del país, las cuestiones de economía y de seguridad pública. El 26.5 dijo que el gobierno debería abrir fuentes de trabajo, el 20 por ciento señaló la urgencia de frenar la criminalidad, el 12.2 se refirió a "atender el problema económico", y en la misma línea casi el 20 por ciento habló de combatir la pobreza y de controlar los precios de la canasta básica, entre otras tareas propuestas.
En síntesis, el sondeo de evaluación de los tres
años de gobierno de Calderón Sol, muestra que hasta
la fecha la población continúa teniendo una opinión
negativa acerca de la gestión gubernamental. Una comparación
con sondeos anteriores señala que las opiniones críticas
hacia el trabajo del Ejecutivo han venido aumentando conforme
pasa el período presidencial, esto es especialmente cierto
en las valoraciones sobre la política económica
actual que es donde los ciudadanos siguen esperando un cambio
drástico de rumbo. La encuesta señala además
que ese rechazo a las medidas económicas está relacionado
con la baja calificación que en general ha venido obteniendo
este gobierno en los tres años de administración.
En tal sentido, no sería aventurado afirmar que la poca
popularidad de las políticas económicas implementadas
por el actual gobierno de ARENA explicarían también
el pasado resultado electoral de tal instituto político.
San Salvador, 28 de mayo de 1997.
Siete días antes de que el doctor Armando Calderón Sol celebrara el tercer aniversario de su llegada a la titularidad del Ejecutivo, Mario Antonio Ascencio falleció en el único hospital público para la atención de niñas y niños que existe en El Salvador. Este menor tenía tan sólo ocho años de edad y había ingresado a ese centro asistencial --el "Benjamín Bloom"-- después de haber sido atropellado cerca de las dieciocho horas con treinta minutos del jueves 22 de mayo. El conductor o la conductora del criminal vehículo que embistió a Marito se dio a la fuga, dejando al pequeño tirado en el pavimento de una esquina de la colonia Escalón --calle La Mascota y 79 avenida sur-- muy cerca de la exclusiva "Zona Rosa". Con todos sus huesos de la cara fracturados y con el parietal izquierdo hundido además de un severo edema cerebral, el niño ingresó esa noche a la sala de emergencias del "Bloom" en estado de "coma" y nunca volvió a recuperar el conocimiento.
En su mayoría, el personal del centro hospitalario estatal hizo lo posible para salvarlo aunque no podía hacer mucho, no sólo por la gravedad del cuadro clínico que presentaba Marito --uno de los médicos llegó a decir que no sabía cómo estaba con vida-- sino también porque no cuentan con los recursos suficientes para atender a sus pacientes. Por ejemplo: a la familia le entregaron la receta para que ésta comprara --además de unas ampolletas-- los analgésicos y antiinflamatorios que debían ser administrados, en forma de supositorio, dos cada cuatro horas. Para tener en cuenta: la caja con diez de estos supositorios vale alrededor de ochenta colones y casi no se encuentra en el mercado.
Dos días y medio después de haber ingresado a la sala de cuidados intensivos del nosocomio salió sin vida el maltratado cuerpo de este menor que --al momento de ser arrollado por el o la impune homicida-- se encontraba junto a su hermano Nelson pidiendo unos centavos a los automovilistas en ese peligroso cruce de calles en este San Salvador, lugar de encuentro permanente entre esa opulencia que ofende a la justicia y una miseria que indigna las conciencias aún activas. Desde aproximadamente las ocho de la mañana de ese domingo 25 de mayo, las y los miembros de la familia Ascencio comenzaron a buscar la forma de trasladar los restos mortales de su niño para velarlos en el lugar donde "viven": una comunidad llamada ¨La Mascota", al igual que la lujosa zona residencial en medio de la cual se encuentra incrustada.
Fue hasta casi las dieciséis horas de ese día que lograron llevarlo en un vehículo facilitado por un vecino. Durante ese tiempo, además, tuvieron que reunir seiscientos colones para comprar el blanco ataúd en el cual enterraron al pequeño el lunes 26 por la tarde; esa cantidad la obtuvieron con la ayuda de personas solidarias pertenecientes a la comunidad. Durante toda la noche del domingo, la madre de Marito y sus hermanos estuvieron velándolo junto a las y los vecinos que se acercaron para ello; mientras tanto, muy cerca del lugar, en los lujosos negocios de la "Zona Rosa" la vida seguía su curso y se atendían a los clientes que quizás --en algunos casos-- gastaban mucho más que lo que costaron el féretro y las medicinas para este menor injustamente desaparecido.
Y, ¿cómo llegaron "los Ascencio", de notorio origen rural, a parar al sitio donde actualmente se encuentran? Este numeroso grupo familiar es tan sólo un ejemplo de lo que sucedió en el campo salvadoreño entre, al menos, 1977 y 1992: el desplazamiento interno de una buena parte de su población a las ciudades o la migración hacia otros países dentro o fuera de la región, huyendo de la violencia política y de los estragos de la guerra que finalizó hace cinco años. Al inicio de la década de los ochenta, Patrocinia Ascencio --cabeza de la familia-- decidió salir de Villa Victoria en el departamento de Cabañas y dirigirse a San Salvador cargando con toda su prole.
Sin dinero y sin ninguna persona conocida que le echara la mano, anduvieron rodando por las calles y pasando la noche en dormitorios públicos o bajo los portales del centro de la ciudad, comiendo lo que encontraban y cuando encontraban algo. Así pasaron varios meses --entre tres y seis, recuerda vagamente doña Patrocinia-- sin que su suerte cambiara. Pero, por fin, llegaron "tiempos mejores": la familia logró conseguir un cuarto de aproximadamente 4 metros de ancho por 3 de largo en la comunidad "La Mascota", formada durante el gobierno del "finado Duarte" según cuenta Valentín, uno de los miembros del grupo. También fue aumentando el número de sus integrantes y, poco a poco las necesidades también se incrementaron.
Al entrar a la "casa" donde vivía Marito, de inmediato aparece nítido un cuadro que golpea: sin que la abundancia del "rebalse económico" que enorgullece a los gobernantes del país haya ahogado con bienes materiales a esta familia, lo que verdaderamente agobia a "los Ascencio" --al igual que a sus vecinas y vecinos-- es la terrible pobreza en la cual sobreviven quién sabe cómo y hasta cuando. ¿Será por eso que, en su reciente discurso, el doctor Calderón Sol dijo que aún "queda mucho por hacer para lograr nuestro objetivo de que los beneficios del crecimiento económico lleguen a todos los salvadoreños"?
Sus únicas pertenencias se reducen a un televisor viejo y una pequeña mesa de madera, pocas prendas de vestir --obsequio de personas amigas-- junto a una imagen de la Virgen María y otra del Sagrado Corazón de Jesús. Pero tienen otras cosas: cuentan, además, con dos camas viejas donde duerme Victorina y sus cuatro hijos en una; en la otra, Andrea --madre de Marito-- con dos de sus pequeños. Otras seis personas, entre ellas cuatro menores de edad, al llegar la noche no les queda más que acostarse en el suelo. Ello, no obstante el actual gobierno ha atendido --durante los tres años transcurridos-- "las más grandes necesidades y aspiraciones de la familia, como es el tener una casa digna y segura", según dijo el señor presidente este domingo 1 de junio.
Pero no es solamente el derecho a tener una vivienda digna es lo que se le está negando a la familia Ascencio. El conjunto de las violaciones es abundante. Sólo María Candelaria --de 17 años de edad y madre de una niña-- está trabajando como ordenanza y por ello le pagan el salario mínimo, con lo cual no se acerca siquiera a cubrir las necesidades mínimas del grupo. Es evidente la mala alimentación de todas y todos, así como la desnutrición de las y los menores. Cuando padecen alguna enfermedad, no tienen para comprar las medicinas que les recetan en la unidad de salud; así, como dicen, "les toca sufrir cuando para su mala suerte en la clínica no les proporciona los medicamentos más caros".
Sin embargo, el presidente Calderón Sol afirmó muy seguro: "La salud es otro componente básico de nuestro plan de desarrollo social, por lo que hemos continuado desarrollando el proceso de modernización de la gestión del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, así como del Instituto del Seguro Social, registrando significativos logros en el mejoramiento de la calidad y cobertura de los servicios asistenciales, con un impacto beneficioso para la salud del pueblo".
"La grandeza de El Salvador --afirmó también muy ufano el primer mandatario-- y el porvenir de las nuevas generaciones está en nuestras manos". Sin conocer estas palabras del señor presidente, las y los miembros de la familia Ascencio dicen que si pudieran "hablar con el gobierno, lo único que le pedirían es que les ayude a salir de su situación regalándoles víveres, ropa o lo indispensable para vivir". Doña Patrocinia pediría, además, que le den el pedacito de tierra que se encuentra al lado de su pequeño cuarto para poder levantar otras paredes y un techo. Aunque eso que desean no es mucho y es de elemental justicia, nunca será una prioridad para quienes lo que buscan es "fortalecer la imagen de nuestro país en el exterior, ampliar niveles de cooperación y promover a El Salvador como un lugar de grandes atractivos para la inversión".
Doña Patrocinia, quien ya pasa de los setenta y cinco años, sale todos los días a buscar leña para venderla y así ayudar en los gastos de la casa; también la ocupa para el consumo de su gente, pero a veces --cuenta ella-- regresa en la noche y no hay necesidad de utilizarla pues no tienen nada para cocinar. Precisamente esta situación es la que hacía que Marito y su hermano --en lugar de estar jugando, estudiando o descansando como otros de su edad-- salieran casi al final de muchas tardes de sus cortas existencias, a buscar unas cuantas monedas para poder comprar algo que hiciera las veces de cena. Fue de esa forma que, el jueves 22 de mayo, el menor sufrió otro atropello más en su vida: el que le puso fin a ésta.
Esta historia real, contada en este espacio, para algunos no será más que un simple ejercicio "demagógico" o "populista" que no pasará --en el mejor de los casos-- de causar un poco de lástima. Para nosotros representa una buena manera de hacer el balance de los tres años de un gobierno que, en lo fundamental, no es más que la profundización de un modelo económico absolutamente injusto porque en esencia excluye a la mayoría de la población de los bienes que necesita para vivir con dignidad. Mientras no se pase del simple discurso retórico a las acciones eficaces, todos los atropellos que sufrió Marito serán una denuncia permanente de esa situación intolerable que impide presentar a El Salvador como un modelo.
Como muy bien señala el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para 1996, el "propósito primordial del crecimiento económico debería ser el enriquecer la vida de las personas". Pero en el caso de El Salvador sucede todo lo contrario: aquí el crecimiento de económico sólo está sirviendo para el enriquecimiento de un grupo reducido y está conspirando contra la vida digna de la mayor parte de su población que, cada vez más, se sumerge en la inseguridad a todo nivel.
En su discurso reciente, el primer mandatario habló sobre la economía del país y reconoció que ésta sufrió una "desaceleración temporal", pero también dijo que ya se estaba "experimentando una recuperación". Además, añadió que la "sólida situación macroeconómica" existente permitía promover al país ante los ojos de la inversión extranjera. Sin embargo, por mucho que se hable de sus "bondades", a la gente "común y corriente" no le interesa saber si allá en las "alturas" estamos bien, ya que eso no representa mejoría alguna para su presupuesto. Lo cierto es que gran parte del pueblo continúa sin que le alcance el sueldo para terminar el mes, cuando tiene un trabajo; ello, fruto de las medidas adoptadas por un gobierno enfrascado en "modernizar" al país, pensando más en los beneficios de ciertos grupos poderosos y no en los costos sociales de sus desacertadas políticas.
Pero además de la crisis económica, otro de los problemas que abate a la mayoría de las y los salvadoreños es el de su seguridad personal. En el discurso presidencial, se menciona que el gobierno ha dado un tratamiento especial a este problema, "promoviendo iniciativas de ley para fortalecer el combate a la delincuencia". No obstante, la realidad nos muestra que estas medidas no han sido las más adecuadas para enfrentar este fenómeno de inseguridad generalizada que nos aflige. Peor aún, en los últimos días se ha incrementado el número de muertes violentas sin que se conozcan acciones oficiales eficaces para ponerles freno. En varias partes del país se han registrado asesinatos con tortura y han aparecido personas decapitadas, atadas de los dedos pulgares, "despellejadas" al estilo de los "escuadrones de la muerte"...
Dentro de ese marco, llama la atención que en ningún momento del discurso presidencial se hayan mencionado el combate a la corrupción y el crimen organizado ni las medidas para superar la impunidad que favorece a la existencia de esos dos males. Parece que el mandatario no estaba con ánimos para abordar temas conflictivos y más bien quería destacar logros que, lejos de reflejar la realidad de nuestro país, la disfrazan de manera cosmética. En definitiva, problemas como los mencionados siguen presentes en este El Salvador sin guerra, y hace falta algo más que promesas o discursos bonitos para enfrentarlos. El gobierno del doctor Calderón Sol --a lo largo de estos tres años transcurridos-- ha sido rico en ofrecimientos pero muy pobre en resultados.
Sólo ha mostrado voluntad para concertar en serio cuando
se trata de temas que son de su interés y cuando la correlación
de fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa no le favorece.
Tal es el caso del proceso de privatización de la Administración
Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), para lo cual solicitó
la creación de una "comisión conjunta"
que estudie la elaboración de una nueva ley después
de que la anterior fue derogada. Y los otros asuntos urgentes
que le interesan a la gente "común y corriente",
esa que no participará en el reparto del "pastel"
de las telecomunicaciones pero que vive insegura, intranquila
y cada vez más pobre, ¿cuándo serán
atendidos en serio?
Reproducimos el texto del discurso del Presidente Armando Calderón
Sol, pronunciado el 1 de junio, con motivo de su tercer año
de gobierno.
MENSAJE AL PUEBLO SALVADOREÑO DEL SEÑOR PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA DOCTOR ARMANDO CALDERON SOL, CON MOTIVO DEL TERCER
AÑO DE GOBIERNO
SEÑORES DIPUTADOS, PUEBLO SALVADOREÑO:
Venimos a esta Honorable Asamblea Legislativa, a presentar una síntesis de la situación del país, correspondiente al período entre el primero de junio de mil novecientos noventa y seis, y el treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y siete. Por conducto de los señores ministros se presentará un informe detallado de las actividades realizadas por cada Secretaría de Estado, en cumplimiento del mandato constitucional.
Representa un alto honor estar en el recinto legislativo, donde cobra plena vigencia la democracia plural y representativa, y como resultado del debate parlamentario se plasman las leyes que enmarcan las distintas actividades del país.
En virtud de la decisión soberana del pueblo, hemos entrado en una nueva etapa de desarrollo democrático, y con un mandato claro de que los órganos fundamentales del Gobierno de la República, trabajen en un ambiente de entendimiento respetuoso, en armonía y decididamente orientados a la búsqueda de la concertación.
Con el logro de la paz, demostramos que, no obstante los matices ideológicos, somos capaces de alcanzar trascendentales acuerdos, cuando así lo requieren los altos intereses de nuestra Patria.
Esto nos obliga a forjar las bases de un plan de desarrollo que sustente una visión de nación, que sea común a todos, que conozca el anehelo social, fije el objetivo central del país de cara al futuro, establezca los principios de acción, las grandes líneas estratégicas y reglas fundamentales. Este plan debe reflejar los objetivos básicos que a través de un diálogo amplio definan los sectores más representativos de la sociedad salvadoreña.
En nuestras manos está la responsabilidad de encontrar las soluciones, eliminar los desequilibrios y generar las bases para el desarrollo del trabajo productivo.
Necesitamos tener una visión de largo plazo, para dar estabilidad y continuidad al pais, más allá de los períodos de Gobierno, a fin de convertir a nuestro país en un lugar atractivo para la inversión y generación de empleo, que eleven el bienestar y calidad de vida de la población.
Conscientes de esa necesidad, tomamos la decisión de crear una Comisión para que proponga el mecanismo que permita la formulación del Plan de Desarrollo Nacional, para lo cual convocamos a distinguidas personalidades, de reconocida capacidad y distintos pensamientos políticos.
En el área económica, pasamos por una desaceleración temporal, pero ya se está experimentando una recuperación, y para asegurar su sostenibilidad, es necesario volvernos más competitivos.
La inflación bajó el siete por ciento, siendo la tasa más baja de los últimos veinte años y la más baja de Centroamérica, lo que ha facilitado el descenso significativo de las tasas de interés; el tipo de cambio se mantiene estable, y como resultado de la fortaleza del sector externo, al mes de abril de este año, las exportaciones crecieron en un treinta y tres por ciento, con relación al mismo período del año anterior.
Esta sólida situación macroeconómica, nos ha permitido promover a El Salvador como un país de grandes atractivos para la inversión. A nivel internacional se reconocen los grandes logros que en este campo hemos alcanzado, gracias a la capacidad productiva de los empresarios y de los trabajadores salvadoreños. Esta es una credencial internacional y es la llave que estamos usando para abrir puertas a la inversión con el propósito de fortalecer nuestro proceso de desarrollo económico y social. Por esa razón, es importante para el interés de la nación que cuidemos esa llave y la usemos inteligentemente.
Sabemos que queda mucho por hacer, para lograr nuestro objetivo de que los beneficios del crecimiento económico lleguen a todos los salvadoreños.
A nosotros nos ha tocado vivir y enfrentar los desafíos de este período de transición, y gracias al esfuerzo de nuestros empresarios y trabajadores, hemos logrado levantar de las cenizas nuestra economía del país revirtiendo así el rezago social que sufrimos durante los años ochenta. Ha sido también prioridad en nuestro Gobierno, la reconstrucción y modernización de la infraestructura de carreteras, caminos, puentes, puertos, aeropuertos, comunicaciones y electricidad, entre otros.
Es importante mencionar que la reactivación del agro está ya en marcha, gracias a una serie de medidas que hemos adoptado para apoyar a uno de los sectores que más sufrió durante los años del conflicto.
Nos satisface señalar que este año la zafra alcanzó un récord histórico en la producción azucarera del país, y estamos proyectando para el próximo año agrícola, lograr otros altos niveles de producción agropecuaria. Esto nos compromete a redoblar nuestra atención hacia ese importante sector de la economía nacional.
Uno de nuestros principales compromisos ha sido la inversión en el capital humano, mediante el desarrollo de programas sociales que efectivamente beneficien a los sectores más necesitados de la población. En cumplimiento de ello hemos hecho grandes transformaciones en la asignación de los recursos públicos, incrementando las partidas presupuestarias para el área social en un setenta y cinco por ciento en los últimos tres años, y actualmente representa el treinta y cuatro por ciento del presupuesto general de la nación.
Convencidos de que la educación es la piedra angular para superar la pobreza y generar movilidad social, hemos incrementado los esfuerzos y recursos del Gobierno, para impulsar la Reforma Educativa y financiar innovadores programas de educación y atención a los sectores más necesitados, con los programas "Escuela Saludable" y "EDUCO", al que se le ha otorgado un premio internacional por constituir un proyecto modelo en el ámbito mundial.
La salud es otro componente básico de nuestro plan de desarrollo social, por lo que hemos continuado desarrollando el proceso de modernización de la gestión del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, así como del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, registrando significativos logros en el mejoramiento de la calidad y cobertura de los servicios asistenciales, con un impacto beneficioso para la salud del pueblo. Otros componentes de la salud son, el agua potable y el saneamiento ambienta, por lo cual "ANDA" ha incrementado la cobertura de sus servicios a más de un millón de habitantes y seguiremos trabajando hasta llevarla a todas las comunidades que la necesiten.
La vivienda y el desarrollo urbano, ocupan también la atención especial del Gobierno. En este período a través de "FONAVIPO", y el "Fondo Social para la Vivienda", se otorgaron entre donativos y préstamos, más de ochocientos treinta y cuatro millones de colones, favoreciendo a más de veinticinco mil familias. De esta manera estamos atendiendo las más grandes necesidades y aspiraciones de la familia, como es el tener una casa digna y segura.
La protección del medio ambiente es otro factor determinante para la calidad de la vida humana, y por ello estamos implementando políticas y programas encaminados a la preservación del sistema ecológico, y conscientes de su importancia estratégica, decidimos crear el Ministerio del Medio Ambiente, con el propósito de que norme, coordine, integre y promueva las actividades ambientalistas.
Para estimular el progreso, generar riqueza y empleos que sustenten el desarrollo local, con la participación de los gobiernos municipales, las comunidades, la empresa privada y el Gobierno Central, hemos realizado numerosos proyectos de infraestructura y de proyección económica y social en todos los municipios del país.
Reconociendo las necesidades de las mujeres, que representan más de la mitad de nuestra población, el Gobierno formuló y aprobó la Política Nacional de la Mujer, y está dispuesto a apoyar su cumplimiento para impulsar cambios que mejoren integralmente la posición de la mujer dentro de la sociedad.
Siendo la seguridad ciudadana una alta prioridad del Gobierno, le hemos dado un tratamiento especial, promoviendo iniciativas de ley para fortalecer el combate contra la delincuencia, coordinando acciones conjuntas con las demás instituciones del Gobierno; y asignando a la Seguridad Pública en este ejercicio, la cantidad de mil trescientos millones de colones, que es el doble de lo asignado en mil novecientos noventa y cuatro.
La labor desplegada por la Academia Nacional de Seguridad Pública y la Policía Nacional Civil, bajo la coordinación del Ministerio de Seguridad Pública, ha sido ardua y cada vez más efectiva, desarticulando peligrosas bandas de criminales en distintos lugares del país.
Aunque la institución policial ha tenido un despliegue notable y es satisfactorio su trabajo global, reconocemos que aún hace falta completar su personal para lograr toda la cobertura territorial, así como mejorar su eficiencia y conducta profesional.
En el área de las Relaciones Exteriores, durante el período efectuamos importantes actividades a nivel regional e internacional, con el objetivo primordial de fortalecer la imagen de nuestro país en el exterior, ampliar los niveles de cooperación y promover a El Salvador como un lugar de grandes atractivos para la inversión.
En las distintas cumbres presidenciales centroamericanas, hemisféricas e iberoamericanas, hemos planteado la urgencia de acelerar los procesos de integración, con miras de insertar a los países centroamericanos en el proceso de globalización económica.
Con esos mismos objetivos, realizamos visitas de estado al Perú, República de China, España y México, las cuales nos permitieron fortalecer más nuestras relaciones en las áreas: política, económica, comercial, financiera y de cooperación.
Prioritaria en nuestra gestión exterior, es la atención de nuestros hermanos inmigrantes, por lo que en la reunión que sostuvimos los mandatarios de Centroamérica, con el Presidente Clinton de los Estados Unidos de América, en representación de los países hermanos, planteamos la petición de una amnistía para nuestros hermanos que atraviesan por circunstancias muy dificiles a raíz de la nueva legislación migratoria norteamericana. Obtuvimos del Presidente Clinton, la promesa de no efectuar deportaciones masivas y tomar en cuenta las implicaciones humanitarias, políticas y sociales del problema. También hemos concentrado nuestra atención en el problema de nuestros connacionales que debido a la sentencia de la Corte Internacional de Justicia quedaron en territorio hondureño, y ambos gobiernos estamos trabajando con el propósito de alcanzar una solución satisfactoria.
Es oportuno hacer un reconocimiento público a la Fuerza
Armada de El Salvador, por su profesionalismo en el cumplimiento
de sus obligaciones constitucionales, por lo que es considerada
como una institución ejemplar al servicio de la República,
y con un reconocimiento adquirido en el ámbito continental.
Salvadoreños todos:
En los umbrales del próximo siglo, el mundo está experimentando cambios profundos en todos los órdenes de la vida y la humanidad se encamina al encuentro de un futuro de grandes desafíos, que sólo podrán superarse con una visión global y una firme determinación de alcanzar nuevas fronteras políticas, económicas, sociales, científicas y tecnológicas.
Estamos viviendo en una era de grandes transformaciones, y El Salvador lo está experimentando en lo político, económico y social. Hemos perdido el temor a las innovaciones que imponen estos tiempos. Somos un pueblo cada vez más exigente, y esto es bueno, porque es un requisito básico para ser competitivos.
Tenemos grandes dificultades y limitaciones, pero cuando unimos voluntades, logramos cosas extraordinarias para el engrandecimiento de nuestro querido El Salvador.
Tenemos todo para ganar, y creemos que juntos podemos lograrlo. Pero para alcanzar nuestros grandes objetivos, que giran alrededor de la dignificación y bienestar de la persona humana, necesitamos imperativamente una visión de futuro, que englobe y articule mecanismos de solución a los grandes problemas que confrontamos.
Desde este recinto legislativo, hacemos un sincero llamado a esta Honorable Asamblea Legislativa, a los partidos políticos, a los sectores productivos y los profesionales, a que todos juntos trabajemos hombro a hombro, sin distingos de banderas ideológicas, para enfrentar los grandes retos que tenemos por delante.
Tenemos el gran desafío de erradicar las causas que generan la pobreza, y profundizar los programas sociales, a fin de que los sectores más necesitados sean partícipes de los beneficios del desarrollo económico.
Tenemos el reto de crear nuevos y mejores empleos, para asegurar
el bienestar social; y enfrentamos el desafío de salvar
y restaurar nuestro medio ambiente, que está seriamente
degradado, y que si no actuamos en su defensa, corremos el riesgo
de afectar la sostenibilidad del proceso de desarrollo económico
y social.
Señores Diputados:
Durante la presente semana el Organo Legislativo en uso de sus
facultades constitucionales, tomó la decisión de
derogar la Ley de Privatización de ANTEL. Con la mayor
voluntad política, propongo a este Honorable Cuerpo Legislativo,
que en aras del interés nacional, integremos lo más
pronto posible una comisión conjunta para que elabore un
nuevo proyecto de ley, a efecto de que el proceso continúe
con transparencia y coherencia, sin perjudicar la credibilidad
de nuestro país en el exterior.
Compatriotas:
El futuro de nuestros hijos depende de que enfrentemos ahora,
con responsabilidad estos y otros grandes desafíos. La
grandeza de El Salvador y el porvenir de las nuevas generaciones
está en nuestras manos.
Trabajemos unidos para seguir construyendo el destino de este Nuevo El Salvador, en Paz, Progreso y Libertad.
¡Que Dios nos ilumine y bendiga a todos!
Muchas gracias
1 de junio de 1997
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