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La ley para privatizar las telecomunicaciones fue derogada por la oposición legislativa en respuesta a los desplantes de los funcionarios responsables de la venta de la empresa. Inicialmente, la oposición pidió un plazo de seis meses para revisar la ley, sobre la cual había serias dudas; pero los funcionarios gubernamentales respondieron de manera desafiante que la última palabra la tenía el Presidente Calderón y, por lo tanto, la venta tendría lugar tal como estaba programado. El revés infligido al gobierno por la oposición legislativa está, pues, justificado.
Esta fue la primera gran derrota legislativa de ARENA. Nunca se imaginó que enfrentaría a una oposición unida tan pronto. La improvisación de ARENA se manifiesta en la pobreza de su argumentación para defender lo indefendible. En algunos momentos del debate legislativo, los diputados de ARENA repitieron casi de manera textual la propaganda gubernamental a favor de la privatización de ANTEL. Expusieron sus argumentos con más emotividad que racionalidad.
En el debate, la postura oficial se defendió esgrimiendo sofismas. El primero sostenía que la privatización de ANTEL traerá ventajas considerables para el pueblo salvadoreño. El alejamiento de los diputados de ARENA del sentir popular no les permite apreciar el rechazo mayoritario a la privatización. Se mostraron alarmados por el impacto que la derogación de la ley tendría en la creación de empleo y en el hambre del pueblo, haciendo de la privatización un instrumento maravilloso que, por sí misma, creará bienestar en la población. También hablaron de sus muchos años de sacrificio, los cuales no les estaban siendo reconocidos. Amenazaron con una cruzada como sólo ellos saben organizarlas. En fin, su desconcierto fue evidente. ARENA tendrá que aprender a manejar las nuevas realidades políticas del país y tendrá que hacerlo pronto, de lo contrario, perderá más espacio aún.
Otro de los sofismas esgrimidos con frecuencia fue el mensaje equivocado que se estaba enviando a los inversionistas extranjeros. Hablaron del alejamiento de la inversión, de inseguridad jurídica, de irresponsabilidad, etc. En realidad, para los inversionistas honestos la derogación es una ventaja, porque las reglas según las cuales tendrá lugar la privatización serán más claras y es de esperar que las posibilidades para la corrupción sean reducidas de manera drástica. Si ANTEL está en quiebra, como dicen, ¿qué interés podrán tener los inversionistas extranjeros y nacionales en ella? Muy probablemente a éstos se les han proporcionado los datos reales sobre la rentabilidad de la empresa. Así, una vez realizada la venta se podrá demostrar el éxito de la operación.
Nadie puede asegurar que lo ejecutado hasta ahora sea acorde a las reglas establecidas, tal como lo demuestra el caso del Canal 8 y la subasta de las frecuencias de radio. El mismo ex Comisionado Presidencial para la Modernización del Estado reconoce que ha existen presiones fuertes para que el proceso de privatización privilegie a determinados intereses particulares. Nadie ha contribuido más a la inseguridad jurídica que ARENA el cual, apoyado en la mayoría que tenía en la asamblea anterior, modificó la legislación de manera intempestiva para exceptuar el Canal 8 de la privatización y permitir al Presidente Calderón destituir al Superintendente General de Electricidad y Telecomunicaciones a su antojo.
La oposición legislativa actuó con una diligencia desconocida. Tal como lo había prometido, eligió e instaló la comisión encargada de elaborar el nuevo anteproyecto de ley para privatizar ANTEL. Sin embargo, no está dispuesta a admitir en su seno a los representantes del poder ejecutivo, sino que prefiere asesorarse con técnicos independientes e incluso aceptar la ayuda de la embajada de Estados Unidos. La comisión no parte de cero, sino de la ley derogada; pero no se muestra dispuesta a enzarzarse en discusiones estériles, aparentemente técnicas, con los funcionarios y sus asesores. El rechazo al poder ejecutivo es claro y está justificado, dada su prepotencia, su falta de credibilidad y el despecho con el que hasta ahora trató a la oposición. Aunque hay que reconocer que el Presidente Calderón encajó el golpe con elegancia al no vetar el decreto legislativo que deroga la ley en cuestión. Ahora la iniciativa la tiene la Asamblea Legislativa. El poder ejecutivo perdió su oportunidad por falta de visión y capacidad políticas.
La empresa privada, en cambio, está obsesionada con la privatización de las telecomunicaciones, las pensiones y la distribución de energía eléctrica. Al igual que los ideólogos gubernamentales, piensa ingenuamente que la privatización es la clave del bienestar del país. En buena medida, esta obsesión obedece a sus intereses económicos y a los de sus aliados de los consorcios internacionales, pero también responde a una ideologización extrema. Supone, por ejemplo, que al privatizar una empresa estatal, la corrupción desaparece, olvidando que el sector privado es tan corrupto como el público. El sector privado también está preocupado por la señal enviada a los inversionistas extranjeros. Insiste en la privatización, sin importar el cómo y el cuándo. En el mejor de los casos, la privatización es uno de varios medios para relanzar la economía de países no industrializados como El Salvador, pero, por sí misma, no lo convertirá en un país industrializado.
La postura de la empresa privada no es objetiva. Reclama a los
diputados de la oposición la derogación de la ley,
pero pasa por alto la arbitrariedad con la que ARENA ha manejado
la privatización. La actitud opaca y sin duda interesada
del gobierno de ARENA frente a la privatización de las
telecomunicaciones debiera preocuparle más, porque demuestra
que la competencia no es libre. El gobierno sigue protegiendo
y promoviendo determinados intereses particulares. Los diputados
de la oposición han sido mucho más transparentes
y consistentes, pues pretenden evitar que los monopolios y los
oligopolios se apoderen de manera fraudulenta de las telecomunicaciones.
En las últimas semanas, hechos significativos han impactado en el escenario político salvadoreño. A la destitución del Superintendente de Energía y Comunicaciones, Orlando De Sola, se sumó la polémica derogación del decreto legislativo número 900, cuyo contenido es la Ley de Privatización de ANTEL. Poco después, el Presidente de la República, Armando Calderón Sol, celebraba sus tres años de gestión a cargo del ejecutivo y, días más tarde, el Comisionado presidencial para la modernización del Estado, Alfredo Mena Lagos, anunciaba su renuncia.
Sin duda, y como era de esperarse, la suspensión de la privatización de la autónoma ha sido el hecho más sobresaliente y discutido. El que los partidos de oposición hayan demostrado que la modificación en el equilibrio de fuerzas en la Asamblea Legislativa --producto de los resultados electorales-- es una realidad, no puede dejar de desconcertar a muchos. Sin embargo, conviene observar que la derogación de la privatización, y todo lo que se ha dicho y ha sucedido en torno a ella, no es -como algunos quieren verlo-- un hecho aislado de los demás.
El primer eslabón de la cadena de acontecimientos, que seguramente caracterizarán el desenvolvimiento del quehacer político en los próximos tres años, fue la destitución de Orlando De Sola por parte del Presidente Calderón Sol, quien, haciendo caso omiso del recurso de amparo interpuesto por el ex funcionario --y las denuncias que este hizo en la Asamblea Legislativa-- e intentando justificar la destitución con explicaciones vagas y sin fundamento, se aprestó a tomar la medida nombrando en el cargo al ingeniero Eric Casamiquela.
Los partidos de oposición manifestaron su respaldo a De Sola y la Corte Suprema de Justicia aceptó abrir el proceso. Sin embargo, el primer mandatario prefirió, sin mayor aspaviento, dar por terminado el asunto. Actitud comprensible dada la obviedad de que esa destitución obedecía a la presión de uno de los grupos económicos más poderosos de El Salvador; cualquier otra explicación del Presidente sonaba a -o era-- evasiva (Ver Proceso, 758).
Poco después, los partidos de oposición apoyaron con sus votos la iniciativa del PDC, con lo cual lograron derogar la Ley de Privatización de ANTEL. Así, la Asamblea Legislativa dejó atrás los ajustes administrativos que caracterizaron su primer mes de labores y, finalmente, entró en materia. Como se había esperado, esta vez ARENA y la oposición no coincidieron en un tema tan polémico. La suspensión de la privatización de dicha autónoma supone para el partido en el gobierno una doble derrota: en primer lugar, quedó demostrado, contundentemente, que su fracción dejó de ser la mayoritaria y que , por consiguiente, les será imposible aprobar cualquier iniciativa de Ley sin el apoyo de los demás partidos. Se acabaron para ARENA los privilegios de antaño y la facilidad con que decidía a su antojo el destino del país.
En segundo lugar, detener la privatización de ANTEL significa para la actual administración arenera poner en peligro prácticamente toda su gestión, pues su proyecto por excelencia ha sido la "modernización del Estado" y, dado que para ARENA modernizar significa privatizar y que la prueba de fuerza en materia de privatización ha sido ANTEL, suspenderla equivaldría a echar por la borda el proyecto gubernamental arenero. De ahí su preocupación por la paralización de la venta de los activos de la autónoma.
Con todo, el partido oficial ha sido muy cuidadoso con su imagen. La fracción arenera en la Asamblea a lo más que llegó fue a amenazar con "cruzadas cívicas"; por su parte, los funcionarios del gabinete de Calderón Sol manifestaron, incluso, cierta complacencia con respecto al debate suscitado por la suspención de la Ley de Privatización y el mismo Presidente --de quien se llegó a esperar que vetara la decisión del pleno legislativo-- se mostró muy dispuesto a entablar el diálogo y ofreció la creación de una comisión para trabajar conjuntamente en la modificación de la Ley. Vetar la derogación habría resultado definitivamente inconveniente para el gobierno no sólo porque hubiera puesto en entredicho su reiterado interés por la concertación, sino también porque habría manchado el informe con el que, frente a los diputados, cerró sus tres años de labores.
A pesar de las aparentemente buenas intenciones del gobierno, los diputados decidieron prescindir del órgano ejecutivo para el estudio de la Ley de Privatización de ANTEL y conformaron una comisión ad hoc integrada exclusivamente por representantes de la Asamblea. La comisión tendrá un mes para estipular la nueva ley y ha prometido trabajar conjuntamente con los sectores involucrados en el proceso.
Mientras la comisión se consolidaba, ARENA recibió un nuevo golpe: Alfredo Mena Lagos depuso su cargo como Comisionado Presidencial para la Modernización del Estado. Al ser interrogado respecto a las razones de su renuncia, Mena Lagos denunció ciertas irregularidades al interior de su partido. Según el ex funcionario, "hay una conducción no muy clara en el gobierno y dentro del partido". En declaraciones más recientes, ha llegado a poner en duda la integridad de quienes rodean a Calderón Sol, tildando al partido ARENA de "esquizofrénico".
A pesar de que diputados de ese instituto político restaron importancia a las declaraciones del ex funcionario, no cabe duda de que esa renuncia es una prueba más del resquebrajamiento paulatino que ARENA ha venido sufriendo en los últimos años. Los resultados electorales, la escasa calificación que obtuvo Calderón Sol en la encuesta realizada por el IUDOP para evaluar los tres años de su administración y la derogación del decreto legislativo número 900 son las muestras más palpables de que el partido en el gobierno ha perdido mucha de la fuerza de la que tanto se había preciado. Con todo, sus dirigentes continúan preparándose para 1999.
Es difícil atribuir sus repentinos deseos de consenso a un cambio profundo en sus convicciones políticas. Lo sucedido recientemente demuestra que ARENA sigue defendiendo los mismos intereses y asumiendo las mismas preocupaciones de siempre. El que ahora se muestre dispuesto a concertar es una táctica necesaria para llevar a cabo sus propósitos; cuesta pensar que, de no estar obligado por las nuevas circunstancias, el partido oficial, por iniciativa propia, hubiera abandonado su espíritu confrontativo y autoritario y se hubiera propuesto promover retóricamente la concertación como ahora lo hace.
Así las cosas, en manos de la oposición queda la última palabra sobre la Ley de Privatización de ANTEL. Con la destitución de De Sola --removido de la Superintendencia por defender la privatización de una instancia estatal-- y la insistencia de ARENA en la privatización total de ANTEL se puso de manifiesto, una vez más, la inconsistencia de un gobierno incapaz de mantenerse firme en sus propios principios. Ahora falta ver qué tan capaces son los partidos de oposición de contrarrestar esa inconsistencia.
La privatización es un asunto serio, pues los bienes del
país se están poniendo en juego en ese proceso.
En la anterior Asamblea Legislativa era relativamente fácil
ser oposición, porque la responsabilidad de los errores
era rápida y fácilmente atribuible a ARENA. Las
cosas han comenzado a cambiar, pero eso no significa solamente
una derrota para el partido de gobierno, sino un compromiso con
el país. Dependiendo de que tan en serio los partidos asuman
ese compromiso, El Salvador tendrá esperanzas de modificar
su rumbo y esperar mejorías en áreas secularmente
olvidadas.
Con pocas excepciones (entre ellas la Alcaldía de Zacatecoluca), paralelamente a la llegada de las nuevas administraciones a las alcaldías del país, se han experimentado aumentos sustanciales en los sueldos de algunos de sus funcionarios. Lo común en los incrementos ha sido la incapacidad de los funcionarios correspondientes para explicar convincentemente la razón de tal medida.
Justificaciones como la supuesta capacidad de los miembros de los equipos edilicios se desarman por sí mismas cuando ella aún no ha sido puesta a prueba o se ha demostrado. Otra de las razones que se ha argumentado es la de que los aumentos buscarían solventar las irregularidades de las anteriores administraciones. Por ejemplo, en el caso de San Salvador, el incremento en el sueldo del Gerente Administrativo Financiero de la alcaldía se pretendió justificar aduciendo que el anterior Gerente cobraba un porcentaje del monto de impuestos morosos recuperados, lo que elevaba su sueldo a niveles exorbitantes. Es así como, al eliminarse un privilegio administrativo totalmente sospechoso e irregular, se prevendría la tentación de la corrupción aumentando el sueldo del funcionario en cuestión. En esta lógica, el único motivo que alentaría a un funcionario a no corromperse sería que su salario compensara los beneficios económicos que de hacerlo obtendría.
Es decir, la rectitud y eficiencia del funcionario público estaría en una relación directamente proporcional con el monto de su salario: a menor sueldo menor honestidad y desempeño, y a la inversa. Por lo anterior, o de nuevo las explicaciones de las autoridades pertinentes no han sido lo suficientemente claras y dan lugar a mal entendidos, o hay que admitir a priori que ningún funcionario electo llega a su puesto por el objetivo de servir a la comunidad desinteresadamente.
Sea como sea, lo cierto es que la oleada de aumentos salariales llegó esta semana a la Asamblea Legislativa. El día seis de este mes, con los votos de ARENA, PDC, PCN y CD, se aprobó una reforma al presupuesto ordinario de la Asamblea, gracias a la cual los diputados experimentarán un aumento, destinado a transportes y comunicaciones, de 8 mil colones en sus salarios. Según declaraciones de prensa, el aumento pretendería compensar la eliminación de la franquicia de introducción de vehículos, la cual tenía un valor de 25 mil dólares.
Las razones esgrimidas por algunos diputados para justificar el aumento adolecen de las mismas características mencionadas anteriormente. Por ejemplo, para Jorge Villacorta, diputado de la Convergencia Democrática, el aumento "era indispensable para poder funcionar"; para Rafael Machuca, diputado del PCN, éste "es oportuno... el trabajo legislativo mejorará"; para Walter Araujo, de ARENA, el incremento salarial "no es nada exagerado, puede permitir un nivel de vida honesto, honrado, en el cual no necesita preocuparse de otros factores [en alusión a la posesión de vehículo]". Frente a estas declaraciones es oportuno cuestionarse, ¿es necesario que funcionarios que ganan más de 17 mil colones al mes experimenten un incremento salarial de 8 mil colones para "poder funcionar" eficientemente? ¿Es congruente con el obligado estado de austeridad de la población que los diputados se aumenten el equivalente a siete salarios mínimos para poder llevar "un nivel de vida honesto"?
Dejando de lado la significación de estos hechos en un
contexto en el que se pretenden reducir los gastos gubernamentales
y en el que la renuencia a incrementar el salario mínimo
contrasta con la elevación del precio de la canasta básica,
las pálidas y endebles justificaciones de los funcionarios
públicos siembran la duda del desapego de éstos
del tradicional perfil del político: aquel que como condición
sine qua non para desempeñar su labor exige salarios
elevados y amplias prebendas; aquel que hace depender su compromiso
con la honestidad y la eficiencia de factores externos a su persona;
aquel que ve el servicio a la comunidad como un pretexto para
alcanzar sus intereses.
Sobre las elecciones que se llevaron a cabo en marzo del presente año, para elegir a diputados y alcaldes, se puede decir que representan en su conjunto la posibilidad de enrumbar al país hacia un proceso de democratización real y no, como antes del 16 de marzo, a imponer la prepotencia encaminada hacia la formación de un Estado de derecho autoritario.
Los resultados de las recientes elecciones hacen posible las condiciones para llegar a tomar acuerdos por consenso entre los diferentes partidos políticos, principalmente entre ARENA y el FMLN. Esta situación obedece a que ARENA perdió la mayoría en la Asamblea Legislativa y que ambos partidos tienen un empate de curules. Esta variable ojalá le abra los ojos y lleve a reflexionar al Presidente Calderón Sol y lo haga cambiar su estilo autoritario de gobernar. Además, la fracción legislativa de ARENA, lo quiera o no, ya no podrá seguir con su comportamiento de imposición, prepotencia y menosprecio a los salvadoreños.
Asimismo, el FMLN tiene la posibilidad de cambiar su forma opaca y de falta de propuestas e iniciativas de ley técnicamente bien elaboradas. El mayor desafío del Frente es diseñar su estrategia y agenda legislativa, con visión de largo plazo, a modo estar preparado para encarar el período 1997-2000.
Es saludable subrayar y no dejar que la memoria colectiva olvide que el partido ARENA, por el hecho de haber ganado la presidencia y con un amplio margen las diputaciones y las municipalidades en las elecciones de 1994, se arrogó el derecho de imponerle a la población salvadoreña una gran cantidad de disposiciones del Poder Ejecutivo, lesivas a los intereses de las mayorías, pero sí beneficiosas de forma exclusiva para la élite del sector financiero, las multinacionales y los inversionistas extranjeros. Por la direccionalidad de los beneficios de tales disposiciones, la mayor parte de salvadoreños quedaron reducidos a ciudadanos de segunda categoría.
En este mismo sentido, el Poder Legislativo se convirtió en un vulgar apéndice del Poder Ejecutivo, lo cual obedeció a que el partido ARENA tuvo la mayoría de bancadas en la Asamblea Legislativa, situación que le permitió a la fracción política del partido oficial poder constituirse en una "aplanadora destructiva" de los intereses de la nación. Así pues, la legislatura de 1994-1997 representó la antítesis de la representación popular y del interés nacional. La gran cantidad de leyes que aprobó fueron antipopulares y anticonstitucionales, a pesar del intento de querer hacer creer por todos los medios posibles que beneficiaban a la población de El Salvador.
Sin embargo, la legislatura recién pasada no sólo llegó a erigirse como una "fábrica" de leyes contra los salvadoreños, sino que fue la que promovió e impulsó de forma decidida el aumento considerable de la desigualdad social, la pobreza, el desempleo, la delincuencia, la carestía de la canasta básica y la destrucción del sector agropecuario.
Hay que remarcar, que este esfuerzo antinacional del partido ARENA contó con el apoyo incondicional de las instituciones políticas Partido Demócrata (PD), Partido Conciliación Nacional (PCN) y Partido Demócrata Cristiano (PDC). También este escenario dantesco fue favorecido por el tortuguismo, apatía e indiferencia del Poder Judicial para actuar de manera expedita y de oficio contra la avalancha de leyes anticonstitucionales emanadas del parlamento.
El escenario descrito llevó a erróneamente a creer a los jerarcas de ARENA que eran los "dueños y señores" de El Salvador y que podían hacer lo que quisieran en nuestro país. Esta "borrachera de poder" los cegó casi totalmente, lo mismo que a las cúpulas de los partidos PD, PCN y PDC.
En este mismo sentido, ARENA, a escasos dos meses de las elecciones de 1997, violó la Constitución Política de El Salvador, el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa y hasta el mismo Código Electoral con el fin último de retribuir a sus compañeros de "borrachera" por su lealtad demostrada con el proyecto anticonstitucional, antidemocrático, neoliberal y autoritario. Es decir, ARENA le dio vuelta a la Carta Magna y al Código Electoral para favorecer únicamente al PD y PDC.
En consecuencia, se puede afirmar que el PD existe por decreto y gracias a la voluntad de ARENA, y no por que el cuerpo electoral de El Salvador así lo haya querido. De igual manera, Ronal Umaña secretario general del PDC y miembro de la actual Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, es diputado por la mismas razones por las que el PD existe; al que por iguales razones se ha reelegido diputado a Juan Ramón Medrano por el PD-PDC.
Por otra parte, los resultados de las elecciones de marzo de 1997 son un mensaje de la población a los dirigentes de ARENA: la era escuadronera de hacer política en nuestro país ya pasó de moda y ya no es tolerada, y que los votos ya no se compran con tamales, camisas o gorras, ni tampoco son el simple resultado matemático de la inversión millonaria en las campañas electorales.
La población ya no quiere discursos ni himnos guerreristas como el de ARENA que dice que El Salvador será la tumba de los rojos. Los rojos, para algunos sectores duros de ARENA, son los ciudadanos democráticos y progresistas de El Salvador. Esta visión trasnochada es peligrosa, pues alienta prácticas violentas y excluyentes que tan caras han sido para todos en el pasado reciente.
La población lo que quiere es mejorar sus condiciones de vida, con salarios decorosos, empleos estables, seguridad ciudadana, salud y educación. En otras palabras, que los tres Poderes del Estado están en función del conjunto de la población y no al servicio de intereses foráneos o de las élites locales.
En este mismo sentido, el alto grado de abstencionismo registrado
en las elecciones de 1997 se puede interpretar como un rechazo
a la clase política y a los partidos, así como una
manifestación de la desconfianza ciudadana en los Poderes
del Estado. Los resultados de las encuestas avalan esta interpretación;
sólo resta esperar que los políticos asuman el malestar
social como un grave problema para el país y para ellos
mismos. Las elecciones presidenciales están cerca y un
resultado favorable dependerá del modo cómo cada
partido y cada dirigente político se desempeñe en
la práctica. Atrás ha quedado el tiempo de retórica
y la demagogia sin sentido; se trata de trabajar por el bien el
país, con honestidad y entrega.
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Colaboración de Oscar Martínez Peñate. Departamento
de Sociología, Universidad Centroamericana "José
Simeón Cañas".
Durante las últimas décadas se ha vuelto tradición el discurso presidencial anual que da cuenta de las labores de gobierno; igualmente tradicional es la tendencia a presentar únicamente datos que evidencian sus logros, omitiendo sistemáticamente aspectos que revelan la presencia de problemas graves tales como: ingresos reales, educación y salud.
Al extraer de su contexto algunos datos, el discurso presidencial logra aminorar el impacto político que causaría la difusión de la naturaleza y profundidad de la problemática económica del país, la cual se concentra, principalmente, en la incapacidad de generar ahorro, inversión, producción y divisas de una manera autónoma. De esta suerte, el crecimiento y el empleo dependen, fundamentalmente, del flujo de recursos desde el exterior, ya sea en forma de remesas familiares o de inversión extranjera. Problemas adicionales se plantean por la renuencia del gobierno a incrementar sustancialmente los presupuestos dedicados al desarrollo social, especialmente a los ramos de educación y vivienda. En las siguientes líneas se busca revisar algunas de las aseveraciones hechas por el Presidente Calderón Sol en su discurso de tercer año de gobierno, para contextualizarlas de cara a las principales tendencias macroeconómicas, de asignación del gasto social y de crecimiento económico.
De acuerdo al discurso presidencial, la dependencia externa del crecimiento no representa en realidad ningún problema y, por el contrario, es de vital interés "convertir a nuestro país en un lugar atractivo para la inversión y generación de empleo"; ello, sin embargo, no obstó para que el Presidente sostuviera que "pasamos por una desaceleración temporal, pero ya se está experimentando una recuperación, y para asegurar su sostenibilidad, es necesario volvernos más competitivos". Una de las pocas señales de esta recuperación, de acuerdo al Presidente, sería la reactivación del agro y la obtención de un "récord histórico en la producción azucarera del país". Datos que son sólo parte del comportamiento de la producción, pues otros sub-sectores del agro, como el café, granos básicos y ganadería, así como sectores urbanos de importancia, como la construcción y el comercio, se encuentran en franca recesión.
Una de las aseveraciones hechas por el Presidente en torno a la situación macroeconómica es que "la inflación bajó al siete por ciento...la tasa más baja de los últimos veinte años y la más baja de Centroamérica, lo que ha facilitado el descenso significativo de las tasas de interés". Aun aceptando este planteamiento, la coyuntura no debe ser interpretada al margen del comportamiento de los salarios mínimos reales en los últimos años, pues ello muestra que, pese a la reducción de las tasas inflacionarias, los salarios reales se han deteriorado considerablemente.
El último incremento de los salarios mínimos nominales fue en junio de 1995 y, de acuerdo a algunas estimaciones, para ese año el promedio del salario mínimo real fue de 840.23 colones; para mayo pasado se estima que este valor habría caído por debajo de los 800 colones. Es decir, la reducción de la inflación no se ha traducido en una mejoría de los salarios mínimos reales debido a que estos aún así crecen con menor celeridad que los precios.
Adicionalmente, se plantea como un importante logro la estabilización del tipo de cambio y el crecimiento 33% de las exportaciones. Ciertamente, la estabilización del tipo de cambio tiene repercusiones muy positivas sobre la estabilidad de los precios y explica en gran medida la reducción de la tasa inflacionaria; pero al mismo tiempo es uno de los cuestionamientos que los ortodoxos del ajuste y del sector exportador hacen el gobierno, por considerar que la estabilización del tipo de cambio se traduce en una pérdida de competitividad de las exportaciones.
Pese a que las exportaciones aumentaron en un 33%, lo más importante es establecer cuál ha sido el comportamiento de la balanza comercial. Hasta antes del actual período de recesión económica, las importaciones crecieron más que las exportaciones, con el consecuente incremento del saldo de la balanza comercial. Desde 1996, la situación ha cambiado por la contracción de las importaciones derivada de la caída de la producción, aunque un problema aún no resuelto es la tendencia hacia la ampliación del déficit comercial que se presenta durante épocas de crecimiento económico. Hasta ahora, esta tendencia desequilibrante ha sido neutralizada por la afluencia de recursos externos, especialmente remesas familiares, con las cuales ha sido posible obtener saldos positivos en la balanza de pagos, acumular reservas internacionales netas y mantener fijo el tipo de cambio.
En lo respectivo al área social, el gobierno señala como pilares fundamentales la educación, la salud y la vivienda; destacando logros tales como la Reforma Educativa, la atención educativa de los sectores más necesitados, la ampliación de calidad y cobertura de los servicios asistenciales del Ministerio de Salud e Instituto Salvadoreño del Seguro Social y el financiamiento de soluciones habitacionales.
Poco se menciona, en cambio, de la forma en que el gobierno está respondiendo a su ofrecimiento planteado en el Plan de Desarrollo Social, el cual propone que para el año 1999 un 50% del presupuesto general de la nación estaría destinado para gasto social. Desde que se conoció esta promesa en 1995, el presupuesto del área social no ha reflejado la supuesta determinación del gobierno de incrementar el gasto social. Así, los presupuestos de 1996 y 1997 en realidad han mostrado un comportamiento que no está claramente definido hacia la expansión.
Entre 1995 y 1996, los porcentajes del presupuesto asignados a educación pasaron de 14.8 a 14.6; los de salud de 10.3 a 9.2; y los de vivienda de 0.36 a 0.31; es decir, todos disminuyeron. Para 1997, el sector salud experimentó una nueva baja porcentual de su participación, llegando a sólo un 8.6% del total del presupuesto, y el sector vivienda bajó a sólo 0.2% del mismo total. El sector educación fue el único que experimentó mejorías al alcanzar un 14.6% del total, aunque esto no fue suficiente para evitar que el total del gasto en desarrollo social disminuyera de 25.6%, en 1995, a 25.1% en 1997.
En síntesis, los resultados del tercer año de gobierno de Calderón Sol en materia económico-social no difieren sustancialmente del panorama presentado en años anteriores: recesión económica con estabilidad macroeconómica que depende de flujos externos y contracción del gasto social. Aspectos fundamentales para el bienestar de las mayorías del país, como el comportamiento de los salarios reales y la asignación del gasto social, continúan siendo ignorados, pese a formar parte de las principales preocupaciones discursivas del gobierno.
Dejando de lado que la retórica presidencial se ha vuelto rutinaria, no deja de asombrar como la misma es utilizada invariablemente para presentar una visión muy particular de la situación económica. Esta visión pretende resaltar fuertemente el logro de la estabilidad macroeconómica, dejando en un segundo plano tendencias desequilibrantes que son las que deberían ser eliminadas a través de medidas de política económica. En concreto, pueden mencionarse la elevada dependencia de recursos externos para impulsar el crecimiento, el empleo y la estabilidad.
A juzgar por los planteamientos del discurso presidencial, sus
mayores esperanzas se encuentran cifradas en el crecimiento de
la inversión extranjera, pues --dada la actual situación
de recesión económica-- parece obvio que a nivel
local no existen los suficientes recursos de ahorro para impulsar
la producción. Mientras tanto, la población aún
deberá continuar esperando el momento en que "los
beneficios del crecimiento económico lleguen a todos los
salvadoreños", tal como el mismo Presidente lo hace
ver, y que la política social asuma verdaderamente los
compromisos adquiridos anteriormente por el gobierno.
Con los tropiezos y dificultades que eran lógicos esperar, el proceso de la Reforma Educativa ha empezado a dar sus primeros frutos. Siendo algunos de ellos la modificación de los curriculum y textos educativos, el proceso de capacitación de maestros y la sustancial mejora de las infraestructuras de las escuelas.
De una educación bancaria y verticalista, en la que el maestro era la fuente única e indiscutible del conocimiento y el alumno un mero receptáculo pasivo de éste, se ha hecho el intento de pasar a un modelo educativo más abierto, integrador de las distintas disciplinas, con relaciones horizontales entre alumnos y profesores, en el que la escuela supera los límites físicos de la institución e integra en ella a los padres de familia, la comunidad, los estudiantes y los docentes. Así pues, ha sido tal la magnitud de los resultados arrojados por la Reforma que incluso los gremios de docentes, tradicionalmente hostiles ante los proyectos de las autoridades educativas oficiales, han dado su visto bueno y han puesto todo de su parte para ponerse a la altura de los nuevos tiempos.
Entre las distintas innovaciones que ha traído consigo la Reforma Educativa, una de las más interesantes y prometedoras es la del proyecto de Escuela para Padres. Con él, entre otras cosas, se buscaría insertar a los padres de familia en el proceso educativo de sus hijos, para con ello posibilitar el cumplimiento de los objetivos generales de la educación nacional; entre ellos : "propiciar las relaciones individuales y sociales en equitativo equilibrio entre los derechos y deberes humanos... ; mejorar la relación de la persona y su ambiente, utilizando formas y modalidades educativas que expliquen los procesos implícitos en esa relación, dentro de los cánones de la racionalidad y la conciencia ; y cultivar relaciones que desarrollen sentimientos de solidaridad, justicia, ayuda mutua, libertad y paz, en el contexto del orden democrático que reconoce la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado".
Si se considera lo anterior, cabría esperar que el proyecto estuviera cobrando realidad en las instituciones privadas y públicas de educación a través de reuniones periódicas en las que, de manera crítica y constructiva, se discutiera: a) la renovación de la familia (recomposición de los roles asignados a sus miembros) en un contexto de convivencia integrada; b) la revisión racional de los valores (religiosos, sociales, económicos) que es necesarios asumir para la formación de sujetos responsables y despiertos ante la realidad; y c) los yerros y aciertos que en la marcha del proceso educativo se fueran descubriendo.
Sin embargo, como suele suceder en los macro proyectos, la labor a desarrollar en la Escuela para Padres se ha prestado, en algunas instituciones privadas de orientación religiosa, a deformaciones y graves equívocos. Por ejemplo, a lo que debería ser un mecanismo de acercamiento voluntario entre padres (sin ninguna acepción de género) de familia y maestros, se le ha dotado de un carácter obligatorio que corta de tajo la espontaneidad y apertura que debería caracterizar a un espacio compartido de discusión. Es decir, a los padres se les obliga a asistir a las reuniones, so pena de que sus hijos sean sancionados o señalados públicamente por la supuesta "irresponsabilidad" de sus progenitores.
Además, lo que debería ser un campo de intercambio de ideas discutidas racional y críticamente, ha sido sustituido por un curso sabatino de adoctrinamiento en los más añejos temas de las relaciones machistas y de las más maniqueistas morales religiosas. Si ya de por sí se rompe con el espíritu de la Reforma al asumirse que la desidia de los padres de familia a involucrarse en la educación de sus hijos se combate mediante medidas coercitivas y no a través de la toma de conciencia y la reflexión, se le da un golpe más demoledor cuando un mecanismo para inyectar el cambio familiar y educativo se utiliza para difundir los valores y esquemas que la Reforma Educativa misma pretende sustituir o transformar.
Controlar Escuelas para Padres en las que no se respeta la libertad de culto de sus miembros, en las que se explican problemas sociales como las maras o la drogadicción juvenil recurriendo a influencias demoníacas, en las que viejos patriarcas mandan con voz tronante que las madres asuman el rol tradicional en el hogar, en las que la discusión racional se sustituye por la aceptación inapelable de dogmas de fe, es una de las tareas que, de manera imperativa, debe ser llevada a cabo por el Ministerio de Educación.
Ciertamente, esta modalidad de Escuela para Padres es más
bien la excepción que la norma, pero en cuanto que da al
traste con el esfuerzo educativo en marcha y refuerza la arremetida
conservadora que en estos días se ha hecho sentir en nuestra
sociedad, su eliminación es de una urgencia que no admite
excusas de ningún tipo, aun cuando éstas cuenten
con el aval de la lectura simplista que desde ciertos sectores
religiosos se hace de la sociedad y sus procesos.
El Comité de Familiares de Víctimas de las Violaciones de los Derechos Humanos en El Salvador "Marianella García Villas" (CODEFAM) nos envió, hace unos días, un paquete con toda la información de un evento que tuvo lugar durante los días 25 y 26 de abril del año en curso. Realizado en Santa Fe de Bogotá y denominado "Impunidad, poder judicial y derecho a la justicia", este seminario fue organizado por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM), en su calidad de órgano consultivo de las Naciones Unidas (ONU) y en el marco de un encuentro regional andino.
No era esta actividad solamente un pretexto para juntar a quienes --viviendo en países diferentes pero sufriendo una misma y trágica realidad-- siempre necesitan de la solidaridad mutua; además, con ella se buscaba iniciar un debate e impulsar la creación de una red para darle especial tratamiento a la llamada "Declaración de Santiago de Chile", elaborada y firmada en diciembre de 1996, dentro de la cual se abordan estos temas que --quieran o no algunas personas-- siguen siendo de interés para amplios sectores de la población en nuestra sufrida región.
Yanette Bautista --presidenta de la Federación-- después de saludar a las y los asistentes, le entró de lleno al problema dejando claro que son las víctimas y sus familiares quienes deben insistir, terca pero constructivamente, en el análisis y la búsqueda de alternativas frente a los graves problemas alrededor de estos asuntos. En esa línea, para precisar el sentido del evento citó --de manera precisa y oportuna-- al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU cuando, en su informe de 1990, se expresó así: "Como es en la mente de los hombres donde se conciben las violaciones a los derechos humanos, es en su mente y en su corazón donde debe inculcarse la conciencia de la dignidad, inherente a la persona humana".
Al momento de preparar su intervención, Yanette pensó en la impunidad y por su mente desfilaron "las caras de todos los familiares de los desaparecidos, de los asesinados, de los torturados, de los presos; las caras de los testigos amenazados, de los abogados, de los culpables demostrados y que han burlado todos los símbolos y valores de la convivencia humana". "Vi las caras --dijo-- de los desplazados, de los exiliados, de los sindicalistas y de los defensores de los derechos humanos, vivos y muertos. Las caras de muchos hombres y mujeres, de muchas madres y padres, abuelas y abuelos; los rostros de los ayer niños y hoy jóvenes. Y, finalmente, pensé en los bebés en los brazos de las compañeras en las marchas y en los talleres, que he visto pasar en casi diez años desde que desaparecieron mis seres queridos".
Traer a cuenta estos temas y las anteriores palabras, que sintetizan la razón de un encuentro latinoamericano donde se reunieron representantes de quienes mantienen vivos reclamos no escuchados aún, no tiene nada que ver con un ejercicio de autoflagelación colectiva en el marco de una sociedad como la nuestra donde la violencia, la injusticia y la inseguridad --tanto en lo personal como en lo social-- son "el pan de cada día". Más bien responde a la intención de enmarcar nuestro comentario sobre lo que, hace unos días, anunció el obispo auxiliar de la arquidiócesis metropolitana en relación a estas situaciones.
Dijo monseñor Gregorio Rosa Chávez, en su homilía del recién pasado domingo 1 de junio, que la iglesia católica de nuestro país pretendía recuperar los nombres de todas y todos los mártires "que ofrendaron su vida, dando testimonios del evangelio, durante la década pasada". "Por fin --dijo el prelado-- iniciaremos en las ocho diócesis de El Salvador, un trabajo apasionante: recoger la memoria de nuestros mártires". Destacó que en esa labor estarán presentes los requisitos que para tal fin, a principios de 1997, estableció Juan Pablo II en su mensaje de años nuevo: vida ejemplar de las víctimas; que su muerte haya sido violenta, aunque en su existencia hayan tenido como opción clara y definida hacia la solución pacífica de los conflictos; que fueran servidoras de la verdad, la justicia y la reconciliación.
Esta tarea, tantas veces postergada intencionalmente en el país por quienes detentan el poder o han tenido el poder para cobijarse bajo el manto de la impunidad, es fundamental para poder vivir en una sociedad que realmente logre estar en paz consigo misma. Además, que la iniciativa surja de la iglesia católica --y ojalá lo haga con espíritu ecuménico-- nos servirá aún más para colocar las cosas en su justo lugar dentro de un país donde se ha dicho de todo, menos la verdad. Porque en El Salvador han sido decenas de miles las personas que --además de haber fallecido en forma violenta o encontrarse todavía desparecidas injustamente-- fueron señaladas como delincuentes y traidoras a la Patria, como enemigas de la democracia y agentes de una conspiración internacional, como criminales y capaces de cometer las peores atrocidades.
Eso ha sido así hasta ahora, pese a que fueron ellas --las víctimas-- quienes realmente lucharon por una Patria mejor, llena de justicia y libertad, de paz y democracia; pese a que contra su humanidad y la de sus familiares, los verdaderos delincuentes cometieron los atropellos más condenables. De ahí que este esfuerzo, de realizarse bien, contribuirá a derrumbar la gran mentira erigida por aquellos que --ya sea por razones políticas o económicas, o por ambas a la vez-- no quieren que se conozcan los hechos tal como sucedieron en nuestro territorio durante las décadas de los años setenta y ochenta.
Si de esas 75 mil víctimas mortales y las más de 8 mil personas detenidas-desaparecidas se logra establecer que la inmensa mayoría de ellas llegaron a padecer el martirio por su compromiso cristiano con la justicia, la paz, la solidaridad, el amor y la libertad, difícilmente podrán sus asesinos sostenerle la mirada a una sociedad a la cual le mintieron de forma descarada. Ya no podrán los victimarios presentarse más como los pretendidos "salvadores de la Patria" y su responsabilidad en las violaciones a los derechos fundamentales que se cometieron comenzará, por fin, a quedar descubierta públicamente.
Tras los crímenes de guerra y de lesa humanidad que tuvieron lugar en la región, de todas y todos es sabido que nunca se logró ni por cerca el máximo de justicia. Pero en Argentina la cúpula de las Fuerzas Armadas tuvo que comparecer ante órganos competentes y recibió su condena, pese a que después sus miembros fueron indultados; también, recientemente, el jefe del ejército reconoció los hechos y pidió perdón por la responsabilidad institucional en los mismos. En Chile se han impulsado procesos judiciales por las desapariciones forzadas de personas, independientemente de que en la actualidad se observe una marcada tendencia a su cierre. Aquí cerca, en Guatemala y Honduras se han llevado a cabo varias exhumaciones en diversos "cementerios clandestinos"; con ello, se ha logrado establecer un importante nivel de denuncia y de conocimiento de la verdad en torno a lo que sucedió.
Pero en El Salvador, nada de eso se ha hecho fuera del intento
realizado por la Comisión de la Verdad cuyo esfuerzo --lástima
grande-- no fue aprovechado y más bien resultó "enterrado"
por los victimarios, tal como hicieron con sus víctimas.
Es de esperar que la iniciativa de la jerarquía católica
anunciada por monseñor Rosa Chávez prospere; más
aún, es nuestra obligación sumarnos a las actividades
que de ella se deriven y de esa forma contribuir a reivindicar
dos de los derechos más violados en nuestro país
desde antes de la guerra, durante ella e incluso después
de la misma: a la verdad y a la justicia.
Desde hace unos días hemos venido insistiendo, en público y en privado, sobre algo que nos debe preocupar a todas y a todos: el involucramiento de algunos miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) en grupos armados ilegales que se han dedicado a ejecutar personas porque, aparentemente, realizaban actividades delictivas. Que ahora abordemos el tema en esta espacio, indica el elevado nivel de inquietud que nos generan estas situaciones, sobre todo por tratarse del organismo surgido de los acuerdos de paz, que originalmente fue concebido para proporcionar seguridad y no para generar mayores niveles de intranquilidad entre la población.
El panorama se torna más grave porque mientras se niega oficialmente la existencia de estructuras criminales dentro del cuerpo, siguen saliendo a flote una serie de anomalías que sólo confirman lo mal que anda dicha institución. Una prueba de ello es que, el jueves 5 de junio, agentes del cuerpo capturaron a José Israel Vásquez; éste es un testigo clave en el caso de los policías involucrados en el homicidio de cuatro jóvenes miembros de las maras en Santa Ana.
Ese día, luego del reconocimiento en rueda de reos realizado en el Centro Penitenciario de Occidente, el declarante en ese caso fue interceptado por elementos de la PNC cuando era conducido a los juzgados. Los agentes le manifestaron que lo capturaban por la violación de una joven el 18 de marzo de 1996. Según la información que poseemos, la orden de detención que le fue presentada sólo estaba firmada por el jefe de la delegación policial de Santa Ana, subcomisionado Douglas Omar García Funes.
Pero es el caso que inmediatamente después, el juez segundo de lo Penal de esa ciudad dictó orden de libertad en favor de Vásquez. De acuerdo a este funcionario judicial, no existen méritos suficientes para su arresto. No obstante, en una acción que únicamente puede interpretarse como parte de un mal entendido espíritu corporativo, se realizó la captura del testigo en cuestión tras la realización del mencionado reconocimiento y, con ello, se lanzó otra señal negativa más a quienes quieran animarse a testificar contra las o los miembros de un cuerpo que, según se observa, pretende volverse "intocable" y ajeno a cualquier tipo de críticas que se le hagan desde la llamada "sociedad civil".
Con acciones de este tipo por parte de la PNC --absolutamente erradas a todas luces-- lejos de ayudar a dar con el paradero de los demás responsables en estos y otros hechos de violencia, entre la población se continúan sembrando más dudas que únicamente sirven para socavar la confianza de ésta en el cuerpo; además, se siguen obstruyendo las investigaciones judiciales necesarias para hacerle frente al fenómeno criminal de manera adecuada.
Para ganar credibilidad y respeto, la Policía Nacional Civil más bien debería mostrar una decidida voluntad para esclarecer las actividades delictivas que tienen lugar en el país, dentro y fuera de sus filas, evitando la tentación de desprestigiar y anular a las personas que se atreven a rendir su testimonio. Su papel debería estar encaminado, mejor, a prestar toda la colaboración necesaria a las instituciones judiciales en el cumplimiento de su misión. No es la primera vez que se producen situaciones como las que ahora nos ocupan y eso hace que nuestra intranquilidad sea mayor.
En lugar de intentar descalificar los testimonios con maniobras sucias, dentro de la PNC deberían preguntarse por qué se dan este tipo de cosas a su interior; deberían revisar por qué existen personas de esa "calaña" en la institución. Así, podrían encontrar respuestas más objetivas y comenzar a tomar las medidas del caso. Quizás sería necesario evaluar el proceso seguido para seleccionar las y los aspirantes a ingresar dentro del cuerpo, pues parece que no son investigados en forma adecuada antes de su entrada a la Academia Nacional de Seguridad Pública; también se podría estudiar el tipo de preparación que las y los alumnos reciben dentro de ella. Pero, sobre todo, habría que trabajar en serio para depurar la institución policial.
Sin duda, que estén sucediendo todas estas cosas no es fortuito. Mucho tiene que ver con ello el incumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y del Grupo Conjunto para la Investigación de Grupos Armados Ilegales con Motivación Política. Entre otras cosas, dentro de ellas se establecía la necesidad de crear unidades especiales de investigación y se planteaba el fortalecimiento de otros mecanismos, a fin de erradicar las prácticas ilegales como las que ahora siguen ocupando nuestra atención.
No es posible "tapar el sol con un dedo" pretendiendo negar la existencia de estructuras de este tipo dentro de la PNC, independientemente que se quiera evitar mencionarlas con todas sus letras al decir que sólo son "malos elementos" los que existen. No podemos continuar permitiendo que, de esa manera, se favorezca su actuación impune. Es obvio que las hay; de ello han dado cuenta los observadores de las Naciones Unidas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. A esta última institución, el señor ministro de Seguridad Pública le pidió recientemente una comunicación oficial donde se afirme eso y las pruebas que respalden lo dicho.
No hay que complicarse tanto. Basta que don Hugo Barrera tome
la resolución de la señora procuradora sobre el
caso de Manuel Adriano Vilanova Velver --por el cual se encuentran
detenidos, después de mucha resistencia desde la cúpula
policial, varios agentes de la PNC-- y que la lea detenidamente.
En ella se brindan pistas, incluidos nombres y direcciones, sobre
dichas estructuras; las pruebas deben ser buscadas, con voluntad
y hasta encontrase, por parte de los organismos encargados de
eso. Así, pues, en lugar de "enredar" más
las cosas lo que deberían hacer --en el Ministerio de Seguridad
Pública y la dirección de la PNC-- es facilitar
los medios para dar con sus responsables y acabar de una vez por
todas con ellas.
AUMENTO SALARIAL. Un aumento de 8 mil 750 colones al salario de los diputados fue aprobado, el 06.06, en la tercera plenaria de la Asamblea Legislativa. El aumento se produjo cuando el diputado Aristides Alvarenga, del PDC, introdujo con dispensa de trámite una reforma al presupuesto ordinario de la Asamblea, aprobándose posteriormente con 56 votos de ARENA, PDC, PCN y CD, mientras que el FMLN se abstuvo. "Lo que se hizo es un aumento en algunas áreas como las comunicaciones y transporte. La otra es un aumento de mil 700 colones en el caso del salario, que tampoco había sido movido en los últimos 3 años", argumentó el Secretario de la Directiva. Según el diputado de Convergencia Democrática, Jorge Villacorta, el aumento responde a las necesidades de comunicación y transporte, lo cual incluye un ajuste a las cuotas de gasolina que tienen asignadas, mientras que en la comunicación servirá para que utilicen teléfonos celulares o localizadores, cuyo costo no lo cubre la Asamblea. Según un documento entregado por la presidencia de la Junta Directiva de la Asamblea, los diputados ganarán 26 mil 629 colones, siendo su sueldo anterior de 17 mil 789 colones; no obstante, el escrito establece que el salario mensual de un parlamentario llegaba a los 23 mil 329 colones, incluyendo 5 mil 450 colones como "beneficio promedio mensual del uso de la franquicia", abolida en la pasada legislatura. Así, luego de la aprobación de los aumentos, a la presidencia le corresponden 42 mil 600 colones; las vicepresidencias llegarán hasta 38 mil 520; y las secretarías hasta 35 mil 360 colones (LPG 07.06 p.4, DH 07.06 p.3, DL 07.06 p.3)
REACCIONES. Respecto del malestar presentado por algunos sectores dada la aprobación del aumento del salario de los diputados, el diputado Kirio Waldo Salgado, del PLD, consideró el, 09.06, que "se hizo una tormenta en un vaso de agua", porque el aumento ya había sido considerado en el actual Presupuesto de la Nación, aprobado por la anterior legislatura. Salgado consideró que el aumento asignado para gastos de representación, transporte y comunicaciones posibilitarán a los diputados resarcirse de los gastos que le genere su vehículo, o si no lo tiene, le permitirá pagar el alquiler de uno. Por su parte, el jefe de fracción de ARENA, Walter Araujo, expresó que los legisladores adquieren así una mayor responsabilidad, pues no tendrán excusas de falta de transporte o comunicación para cumplir con sus obligaciones. "Ahora ya nadie puede excusarse de no estar en algún lugar por carecer de los medios para hacerlo", estimó Araujo. Postura similar adoptó el ministro de Economía, Eduardo Zabla Touché, quien dijo que a pesar del incremento, éste no "refleja la responsabilidad que tienen (los legisladores) en sus manos". Gloria Salguero Gross, justificó el aumento expresando que "debía aumentarse porque teníamos una franquicia de 25 mil dólares que fue suprimida y esto viene a ser una especie de compensación". Mientras tanto, Roberto Lorenzana del FMLN expresó "nos abstuvimos de votar por el procedimiento y porque estamos obligados a consultarlo", aduciendo que el aumento "es inoportuno" (DH 10.06 p.3, DL 10.06 p.24).
DECLARACIONES. El ex comisionado presidencial para la Modernización del Estado, Alfredo Mena Lagos, afirmó, el 09.06, durante una entrevista del canal 12, que el Presidente Armando Calderón Sol no está gobernando con libertad. "Aquí se juegan grandes intereses que no le permiten al Presidente obrar con claridad. Yo considero que el Presidente es una buena persona, pero no puedo decir lo mismo de la gente que le rodea", declaró. Consultado sobre cuáles son los intereses que están predominando en ARENA, contestó que ese instituto político es "esquizofrénico". "He insistido en que el Presidente tiene que ponerse a distancia del partido, creo que esto sería beneficioso para ambos, liberaría al partido de las responsabilidades de la gestión gubernamental y de las decisiones gubernamentales", reflexionó. Mena Lagos opinó que el gabinete económico está integrado por personas "brillantes", pero señala que están amparados a presiones políticas. Por otra parte, advirtió que la fracción del FMLN en la Asamblea Legislativa intenta "castrar" al Organo Ejecutivo, lo cual "no es bueno para el país". Por su parte, el diputado por ARENA, Roberto D'Abuisson hijo, consideró, el 10.06, que las declaraciones de Mena Lagos son "viscerales" e "injustas" "tal vez porque quería que el Presidente fuera autocrático sobre la legislatura". D'Abuisson aseguró que las declaraciones de Mena Lagos hicieron que la oposición frenara la venta de ANTEL. No obstante, para el diputado del FMLN, Roberto Lorenzana, las declaraciones del ex comisionado dejan al descubierto los problemas internos del partido de gobierno (DH 11.06 p.8 y 9, LPG 10.06 p.4).
GRUPOS IRREGULARES. El Ministro de Seguridad Pública, Hugo
Barrera, pidió, el 10.06, pruebas concretas a la procuradora
de los Derechos Humanos, Victoria Marina de Avilés, sobre
la presunta existencia de grupos irregulares dentro de la PNC.
El funcionario aseguró que hasta el momento no tiene información
de la presunta existencia de estructuras irregulares dentro de
la Policía, aunque reconoció la posibilidad de que
haya alguna estructura debidamente organizada. Barrera lamentó
la falta de comunicación entre la secretaría de
Estado que administra y la Procuraduría para la Defensa
de los Derechos Humanos, agregando que la voluntad del gobierno
y de las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública
es no tolerar ese tipo de situaciones al interior de la Policía,
y para ello se requiere la colaboración de las instituciones
que tienen facultades para analizar ese tipo de hechos. Mientras
tanto, el director de la PNC, Rodrigo Avila, demandó de
la Asamblea legislativa instrumentos legales que permitan al cuerpo
de seguridad proceder con mayor drasticidad ante situaciones en
las que estén involucrados elementos policiales. Avila
acudió, el 10.06, al Primer Organo del Estado junto con
el Ministro de Seguridad Pública, para definir su posición
ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, en torno
a la presunta existencia de grupos de exterminio al interior de
la PNC. Ambos funcionarios rechazaron los señalamientos,
insistiendo en que la depuración de la policía es
permanente, pero que se actuaría con mayor rigor si la
Asamblea reformara la Ley de la Carrera Policial y el Régimen
Disciplinario de la institución (LPG 11.06 p.6,
DH 11.06 p.6).
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