Año 17
número 762
junio 18
1997
ISSN 0259-9864
Editorial ¿Qué sucede en la PNC?
Política ARENA: ¿ex primera fuerza política? (I)
Economía Salario mínimo y necesidades básicas
Sociedad Resurge el caso de corrupción en el FIS
Derechos Humanos ¿Esperanza de vida o vida sin esperanza?
Documento Declaración Conjunta
En las últimas semanas han salido a relucir nuevamente las sospechas de que, al interior de la Policía Nacional Civil, funcionan grupos que no sólo realizan actividades ilegales, sino que también operan al margen de las instancias de control institucional propias del organismo policial. Ese tipo de sospechas han sido reiteradas desde que la nueva policía comenzó su trabajo, ante el desaparecimiento abrupto de la antigua Policía Nacional. Asesinatos, robos, secuestros, violaciones y actividades de narcotráfico han tenido como protagonistas directos a agentes y mandos medios de la PNC; varios de ellos, incluso, han sido expulsados del cuerpo policial. Los medios de comunicación, particularmente la prensa escrita, han dado amplia cobertura a hechos delincuenciales en los que la sospecha de participación policial ha podido ser sustentada tanto por la presencia de testigos oculares como por el conjunto de circunstancias que los rodearon.
Los acontecimientos criminales más recientes, en los que parecen estar involucrados miembros de la PNC, tienen que ver con una serie de asesinatos de presuntos miembros de maras. Asumiendo su responsabilidad en el respeto a la vida y a la integridad de los salvadoreños, la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Victoria Marina de Avilés, ha puesto en la mesa de discusión el tema de la responsabilidad policial en esos crímenes. El Ministro de Seguridad Pública, Hugo Barrera, y el Director de la PNC, Rodrigo Avila, han pedido "pruebas" a la Procuradora, haciendo uso de un recurso que ya ha demostrado su eficacia para contener las críticas hacia un desempeño institucional harto cuestionable. Y es que los que piden "pruebas" se refieren a una evidencia que sólo ellos desde el interior del organismo policial --o una instancia con poder suficiente desde el exterior-- pueden obtener.
Las personas o instituciones que no tienen poder alguno para examinar la vida interna de la Policía Nacional Civil no pueden más que aportar sospechas fundadas acerca del proceder ilegal de los miembros del cuerpo policial. Son sus instancias de autoridad y control las que tienen que ahondar en las investigaciones para determinar si se trata de vicios que atañen al conjunto de la institución o únicamente a algunos de sus miembros. Avila y Barrera son los funcionarios que, formalmente, tienen el poder y la autoridad para revisar expedientes, pedir cuentas de horarios de trabajo, castigos, desplazamientos, operativos, capturas y demás aspectos relacionados con el desempeño cotidiano de la policía. El recurso de pedir pruebas a quien ni de lejos puede acceder a esa información es sólo muestra de la mala fe y del menosprecio que manifiestan ambos funcionarios hacia el trabajo de la Procuradora.
Un papel relevante en la evaluación de la vida interna de la PNC le corresponde a la Inspectoría General. Sin embargo, el Inspector parece haber desaparecido de la faz de la tierra. Cosas graves están pasando en el desempeño policial y desde la Inspectoría no se dice ni se hace nada, con lo cual se pone de manifiesto lo lejos que se encuentra esa instancia de su responsabilidad en la vigilancia de una policía que, según los Acuerdos de Paz, está llamada a convertirse en sostén de un orden democrático. La Asamblea Legislativa debe hacerse cargo, lo más pronto posible, de la inoperancia de la actual Inspectoría General de la PNC, reencauzando y potenciando sus funciones con la promoción de un nuevo inspector que demuestre valentía y competencia para el cargo.
La acumulación de faltas policiales es tal que no se puede desestimar, de antemano, que se trate de vicios estructurales. Existen severos problemas en la formación educativa de los nuevos agentes -especialmente en materia de derechos humanos--, pero también parecen existir grupos de interés bien articulados cuyas prácticas guardan una gran semejanza con la de los antiguos cuerpos de seguridad. No sólo su actitud hacia la población genera desconfianza, sino que el crimen en sus más diversas manifestaciones ---extorsión, asesinato, robo, secuestro, violación- no les es ajeno. La presunción de que estos grupos operan con la mayor impunidad, incluso al margen de las instancias internas de control de la PNC, es más que fundada. Asimismo, es más que evidente la poca disposición mostrada por las autoridades de seguridad para investigarlos y desarticularlos.
En la PNC están sucediendo cosas preocupantes para el futuro de la consolidación democrática en el país, pues de institución garante del respeto de los derechos humanos se está convirtiendo en una institución violadora de los mismos. Son tantos los crímenes en los que aparecen involucrados sus agentes que pedir "pruebas" a quienes no pueden aportarlas es una grave irresponsabilidad, pues quienes las piden creen con ello hacer de los crímenes algo irrelevante: no hay "pruebas" -parece ser su argumento-, no hay crímenes. Pero el argumento tiene un trampa, ya que las pruebas de que existen vínculos policiales con actividades ilegales las hay en abundancia; lo que no se tiene son los nombres de los responsables, su récord personal, dónde y cuándo se integraron a la policía... Y es esto lo que están pidiendo el Ministro de Seguridad y el Director de la PNC. Son estas las pruebas que ellos quieren y, como es imposible que la Procuradora o alguna víctima pueda aportarlas, ellos, tan campantes, pueden decir que no pasa nada y que todo marcha bien en el organismo policial.
Ambos funcionarios deberían tomarse más en serio
el problema que tienen entre manos. El Presidente de la República
debería reconvenirlos drásticamente por lo mal que
está siendo llevada la policía. La Asamblea Legislativa
debería examinar detenidamente los casos en los que está
bien fundada la sospecha de participación de agentes de
la PNC en actividades delictivas. El desdén con el que
Avila y Barrera han respondido a las críticas de la Procuradora
para la Defensa de los Derechos Humanos pone en entredicho su
idoneidad para los desafíos que presenta la seguridad ciudadana
en la actualidad.
Con su discurso habitual, el Presidente de la República, Armando Calderón Sol, cerró su tercer año de labores a cargo del ejecutivo. Dicho discurso se centró, como siempre, en la enumeración de los logros de su gobierno en distintos rubros --economía, educación, salud, medio ambiente, seguridad pública e inmigración--. El informe anual parece querer decir que, gracias al esfuerzo de la administración Calderón Sol y de su gabinete, el país va por buen camino. Ahora bien, que el gobierno arenero aproveche ocasiones como esa para pretender congraciarse con los salvadoreños resulta obvio; el problema para ese partido es que su incapacidad y falta de voluntad para resolver la crisis que a distintos niveles vive el país --y de la cual ninguna mención se hizo en el discurso-- resulta cada vez más evidente.
Durante estos últimos tres años, con Calderón Sol a la cabeza del órgano ejecutivo, diferentes acontecimientos han venido abriendo grietas profundas en los fuertes cimientos sobre los que, en la década de los 80, se alzó ARENA. Ocho años en el poder han demostrado que mantenerse en él no es tan sencillo como pudo haber parecido en un principio, mucho menos dentro de un contexto en el que el escenario político sufre continuas transformaciones.
ARENA surgió del virulento rechazo a las ideas comunistas. Se planteó, desde un principio, como la única posibilidad política de contrarrestar a las fuerzas insurgentes del país. Los sectores económicos más poderosos lo apoyaron en todos los sentidos; veían --con cierta razón-- en el comunismo una amenaza palpable a sus intereses y en ARENA el instrumento político para hacerle frente. En 1992 vino la paz y ARENA no perdió oportunidad para promoverse como su principal gestor; la paz se convirtió en el caballo de batalla de un partido que había surgido en y para la guerra. ARENA, haciendo uso de todo su aparataje publicitario y aprovechando el carisma que el entonces Presidente de la República, Alfredo Cristiani, despertaba entre varios sectores de la población, no dudó en promoverse como protagonista de los Acuerdos de Paz y como propulsor ejemplar de un nuevo El Salvador. ARENA brilló bajo la luz de Cristiani y muchos salvadoreños confiaban en ese partido como el único capaz de gobernar al país y llevarlo por el camino menos escabroso.
Las elecciones de 1994 dieron de nuevo el triunfo a ARENA. El FMLN --recién inaugurado como partido político-- y sus seguidores se vieron obligados a tomar conciencia de su posición real dentro del sistema político y las preferencias de los salvadoreños. ARENA tenía todas las de ganar, logró posicionarse como el partido que había traído la paz al país. Mientras tanto, que el FMLN, acabando de dejar los fusiles, se insertara acertadamente en la transición democrática resultaba inconcebible para muchos. Aún hoy, incluso en los sectores populares, hay quienes piensan que dejar al país en manos del Frente significaría tener que resignarse a vivir como en Cuba.
En 1994, ARENA ocupó, por segunda vez consecutiva, el poder; pero el país que se aprestaba a gobernar ya había cambiado. Quizá su primer error fue haber lanzado a la presidencia a un candidato que ha demostrado, en tres años de gestión, no ser el más idóneo. Cuando la amenaza del Impuesto al Valor Agregado (IVA) se alzaba sobre los bolsillos de los salvadoreños --especialmente sobre los de los más pobres-- Calderón Sol prometió que ese impuesto no sería aprobado. A los pocos meses, el Presidente rompió su promesa y, en consecuencia, una considerable inflación económica cayó sobre los hombros de los sectores populares.
Después de este, muchos otros ejemplos podrían ilustrar las contradicciones, yerros y flaquezas que han puesto de manifiesto el desgaste -cada vez más inocultable-- de ARENA. Al año siguiente de la toma de posesión de Calderón Sol, el ex correligionario arenero, Kirio Waldo Salgado, emprendió una "cruzada" contra la corrupción, en la que acusó con nombres y apellidos a importantes funcionarios de ARENA. Muchos de ellos vieron caer al suelo su reputación, pero el acusado más perjudicado fue, sin duda, Alfredo Cristiani. Con el rumor de que él y varios de los miembros de su gabinete cometieron más de una acción corrupta --entre otras cosas, el tráfico de influencias--, la imagen impecable del hombre moderno y civilizado de ARENA, a quien muchos asociaban con la llegada de la paz, quedó irremediablemente manchada.
Con todo, ese fue apenas el primer escándalo de corrupción en el que funcionarios o allegados a ARENA se vieron involucrados. El caso más lamentable, entre otros que salieron a la luz pública, fue el de los alcaldes, a quienes, habiéndoseles comprobado manejo inadecuado de fondos y otras actividades ilícitas, el partido favoreció dictaminando un "fuero especial" que los eximía de responder ante la justicia. Hoy en día, los miembros de otros institutos políticos que entraron a ocupar los gobiernos municipales han encontrando déficits escandalosos producto de las fraudulentas administraciones anteriores.
A los casos de corrupción, de los cuales los anteriores fueron sólo las muestras más sobresalientes, se suman las numerosas dimisiones que ha sufrido ARENA a lo largo del gobierno de Calderón Sol. El año pasado, el gabinete presidencial sufrió diversos cambios; ministros y vice ministros fueron despedidos o decidieron renunciar a sus cargos por razones poco claras. En reiteradas ocasiones, Antonio Cornejo Arango, uno de los fundadores de ARENA, ocupó las primeras páginas de los periódicos denunciando su inconformidad con la manera cómo estaba siendo conducido el partido. Cornejo Arango exigió la renuncia del entonces presidente del COENA, Juan José Domench, quien por diversas razones se vio finalmente obligado a abandonar el cargo que ocupaba. Posteriormente, Cornejo Arango abandonó el partido, llevándose consigo a varios inconformes y esgrimiendo duras críticas al instituto político de derecha.
Así pues, al finalizar 1996, la crisis de ARENA era un
hecho indiscutible (Ver ECA 575). A pesar de ello, sus
dirigentes se esforzaban --como lo hacen aún hoy-- en restar
importancia a los síntomas evidentes de su resquebrajamiento
y, con su clásica actitud prepotente, continuaban considerándose
la primera fuerza política del país. El 16 de marzo
de 1997 permitió corroborar las sospechas que ya habían
empezado a gestarse en torno al fracaso político de ARENA.
Las encuestas de opinión pública revelaban la insatisfacción
de un electorado, antes incondicional, con un gobierno incompetente.
La cuestionable gestión que Mario Valiente llevó
a cabo en la alcaldía capitalina era la prueba más
palpable de que el país se hallaba en manos de un partido
que no era precisamente ni el más eficaz ni el más
honesto. Finalmente, llegó el momento de "la verdadera
encuesta" --como lo afirmaron varias veces los dirigentes
areneros-- y los resultados electorales dieron el golpe de gracia
al partido de derecha, demostrándole que, efectivamente,
había dejado de ser la mayor fuerza política del
país y que, desde entonces en adelante, nuevos vientos
soplarían.
Uno de los temas más polémicos, después de los cambios en la Asamblea Legislativa y en los gobiernos municipales, ha sido el salario que deberían devengar los funcionarios públicos. De manera unilateral, el gobierno municipal de San Salvador y la Asamblea Legislativa optaron por incrementar los salarios de los funcionarios de más alto nivel. Paralelamente, se han suscitado demandas por incrementos salariales de parte de gremiales de trabajadores de la Alcaldía Municipal de San Salvador y del Ministerio de Salud, por ejemplo, que no han sido tan fructíferas.
También el incremento del salario mínimo ha sido puesto nuevamente en la mesa de discusión de los círculos políticos, tanto de la Comisión de Salario Mínimo como de parte de diputados de la Asamblea Legislativa, aunque sin que hasta ahora la iniciativa cuente con la suficiente fuerza como para llegar a implementarse. En realidad, esta parece haber sido la norma desde junio de 1995, cuando se reportó el último incremento de los salarios mínimos.
Desde esa fecha a la actualidad los salarios reales --es decir, los salarios mínimos ajustados por el nivel general de precios-- se han deteriorado, lo cual implica una pérdida de poder adquisitivo. Esta situación, sumada a la histórica inadecuación de los salarios mínimos al costo de la canasta básica, justifica suficientemente la necesidad de explorar la posibilidad de efectuar incrementos sustanciales en los salarios mínimos.
Uno de los obstáculos más importantes para adoptar esta medida radica, principalmente, en las posturas del sector empresarial, tradicionalmente opuesto a cualquier medida que implique un incremento de sus costos de producción y, consecuentemente, una disminución de sus márgenes de ganancia. En muchos casos, las argumentaciones del sector empresarial pretenden fundamentarse en posturas técnicas que suponen que incrementos en los salarios mínimos pueden llegar a traducirse en quiebra de empresas y caída del empleo, con lo cual el efecto bondadoso inicial quedaría más que neutralizado.
En las siguientes líneas se busca evidenciar, nuevamente, la insuficiencia de los salarios mínimos, pero también explorar las posibilidades prácticas de proceder a un incremento de ellos, sin comprometer el nivel de producción y de empleo. Para lograrlo, se recurre a una actualización del precio de la canasta básica (ampliada y de alimentos) y a una estimación de la distribución del valor agregado, con la intención de estimar cuál es la distribución entre salarios y ganancias. Para lo último, se recurrirá a la utilización de la matriz insumo-producto para los años 1978 y 1990.
Para diciembre de 1992, datos oficiales revelaban que el costo de la canasta básica, definida por la Dirección General de Estadística y Censos, rondaba los 3,160.4 colones; esta última incluye los rubros de alimentación, vivienda, vestuario y misceláneos. Sólo la canasta básica de alimentos representaba un costo de 1,313.4 colones. Para el mes de mayo pasado, el costo de la canasta básica era de 4,721.6 colones, mientras que el de la canasta de alimentos fue de 2,150 colones. El salario mínimo nominal actual es de apenas 1,150 colones, por lo cual ni siquiera es suficiente para cubrir el costo de la canasta de alimentos.
Sin embargo, el problema con los salarios mínimos es que éstos no son sólo insuficientes para cubrir el costo de la canasta básica, sino que también pierden constantemente poder adquisitivo. Esta caída es tan aguda que, desde 1979, se estima que los salarios mínimos reales han caído en aproximadamente 63%; lo cual implica que el salario mínimo real actual solamente representa un 37% del vigente para 1979. Ello muy a pesar de que en términos nominales los salarios mínimos hayan pasado de 270 a 1,150 colones, para el caso de industria y comercio. El último incremento de los salarios mínimos nominales fue en junio de 1995 y, de acuerdo a algunas estimaciones, para ese año el promedio del salario mínimo real fue de 840.23 colones; para mayo pasado se estima que este valor habría caído por debajo de los 800 colones.
En sintonía con el comportamiento de los salarios mínimos reales, la distribución del valor agregado, evidenciada en la matriz insumo-producto, ha reflejado una disminución de la participación de las remuneraciones o salarios dentro del total. Así, puede señalarse que, para el año 1978, la matriz insumo-producto mostraba que las remuneraciones de los trabajadores representaban el 36.1% del total del valor agregado, mientras que el excedente de explotación representaba más del 53.1%; para 1990, la situación habría cambiado en detrimento de las remuneraciones, que pasaron a representar sólo un 30.5% del total, mientras que el excedente de explotación incrementó su participación para llegar a representar un 59.3% del valor agregado.
Resulta notable que, entre 1978 y 1990, cuando se desarrolló la parte más intensa de la guerra civil finalizada en 1992, los empresarios, a pesar de la crisis económica, lograron mejorar la participación de sus ganancias en el valor agregado, aunque a costa de los trabajadores. En ese período, consolidaron y mejoraron su posición como el grupo de agentes económicos que se apropian de la mayor parte de la riqueza. La crisis de la década de los 80 y de los 90, en realidad, ha afectado con mayor fuerza a los grupos asalariados, pues --a diferencia de los empresarios-- su participación en la apropiación de la riqueza se ha contraído y ha pasado a engrosar las ganancias de aquéllos.
En resumen, durante los últimos años pueden identificarse dos dinámicas en relación a los salarios: por un lado, un pronunciado deterioro de la capacidad adquisitiva derivada del constante crecimiento de los precios y, por el otro, una disminución de su participación dentro del total del valor agregado. A lo anterior se suma el hecho de que el precio de la canasta básica ha crecido a ritmos muy superiores a los del salario mínimo nominal, lo cual disminuye las posibilidades de los asalariados de satisfacer sus necesidades básicas y contribuye a la proliferación de la pobreza.
El comportamiento de los salarios mínimos resulta cuestionable no solamente a nivel ético, sino también a nivel jurídico, pues la legislación salvadoreña contempla normativas para la fijación del salario mínimo que son flagrantemente incumplidas por el gobierno y delegados obreros y empresariales en la Comisión del Salario Mínimo. De acuerdo al Código de Trabajo, el trabajador tiene derecho a "devengar un salario mínimo que cubra suficientemente las necesidades normales de su hogar, en el orden material, moral y cultural"; sin embargo, los niveles actuales de salario mínimo ni siquiera permiten obtener la canasta de alimentos.
Por todo lo anterior, resulta de importancia que en el actual
contexto se proceda a un incremento de los salarios mínimos
que al menos compense el deterioro sufrido durante los últimos
dos años; aun cuando se argumente su inconveniencia debido
a la actual situación de recesión económica.
Tal como muestra la distribución del valor agregado, ello
no implicaría ninguna amenaza de colapso para las empresas,
pues éstas, en realidad, se apropian del mayor margen de
valor agregado, pese a que están constituidas por un grupo
social minoritario.
DISTRIBUCION FACTORIAL DEL VALOR AGREGADO 1978 y 1990
| COMPONENTES DEL VALOR AGREGADO | 1978 | 1990 |
| Remuneraciones | 36.1 | 30.5 |
| Consumo de capital fijo | 4.7 | 4.4 |
| Impuestos indirectos netos | 6.2 | 5.9 |
| Excedentes de explotación | 53.1 | 59.3 |
| TOTAL DEL VALOR AGREGADO | 100.0 | 100.0 |
Fuente: Aguilar, et al., "Análisis comparativo
de la matriz insumo-producto 1990: Aportes a la programación
económica nacional", Revista Realidad, No.
44, pp. 291-348.
En octubre del año pasado la fracción de oposición de la Asamblea Legislativa denunció, amparándose en un informe de la Corte de Cuentas, la malversación de 18 millones de colones a manos de la junta directiva del Fondo de Inversión Social (Proceso, 732). Los señalamientos de la Corte de Cuentas partían, principalmente, de la irregular aplicación del decreto 471 (Ley Temporal de Compensación Económica), gracias a la cual un buen número de funcionarios del FIS habrían recibido cuantiosas indemnizaciones.
Para entender la índole de las acusaciones en contra de los personeros del FIS, vale recordar el mecanismo establecido por el decreto 471 para indemnizar a aquellos empleados que, al haber sido notificados de la desaparición de su plaza, debían retirarse obligatoriamente de la institución en la que laboraban. Según el decreto, los empleados gubernamentales que se acogieran a él: a) no podrían, bajo ninguna circunstancia, volver a ser recontratados para el puesto que antes desempeñaban; y b) de ser su salario superior a los 4 mil 620 colones mensuales, recibirían una indemnización única equivalente a un salario mensual por cada año de servicio ininterrumpido.
En contraste con lo anterior, el informe de la Corte de Cuentas revelaba que altos funcionarios del FIS se habrían acogido al decreto 471 de una manera muy particular: en primer lugar, habrían experimentado aumentos salariales considerables pocos días antes de recibir las indemnizaciones, por lo cual el monto de éstas se incrementó notablemente (algunas de ellas alcanzaron los 800 mil colones); en segundo lugar, los funcionarios recibieron una compensación económica adicional calculada a partir del salario de sus últimos seis meses de labores; en tercer lugar, estos mismos funcionarios, habiendo recibido ya sus indemnizaciones, fueron recontratados por el FIS, algunos incluso uno o dos días después de su retiro; finalmente, para el cálculo de las indemnizaciones se tomó en cuenta el tiempo que los funcionarios laboraron en otras dependencias del Estado, fuera éste ininterrumpido o no.
Pese a la aparente solidez de las pruebas y a lo evidente que resultaba que se había recurrido a un procedimiento absolutamente irregular para beneficiar a algunos empleados del FIS, debió de pasar más de medio año antes que la Corte de Cuentas emitiera una resolución final sobre el caso. Fue hasta los primeros días de junio de este año que el Presidente de la institución, Hernán Contreras, definió la responsabilidad administrativa y patrimonial de los directivos del FIS en la malversación de los fondos.
Dejando a un lado la incomprensible tardanza en la resolución de la Corte de Cuentas, no deja de causar estupor el hecho de que a los principales implicados sólo se les ha sancionado con multas y con la devolución del efectivo malversado; la sanción penal que les correspondería (hasta seis años de prisión) únicamente podrá llevarse a cabo si la Fiscalía General de la República los encuentra culpables en el Juicio de Cuentas que se realizará dentro de un mes. Es así como, después de que han pasado ocho meses desde que saliera a la luz pública uno de los desfalcos más cuantiosos contra el Estado, los principales responsables continúan aún en sus puestos y todavía no encaran la posibilidad de pagar penalmente su delito.
Estos hechos despiertan algunas interrogantes: ¿por qué la Fiscalía no abrió meses atrás un proceso en contra de los funcionarios, pese a que ya existía un informe preliminar que mostraba las graves irregularidades cometidas? ¿Cómo es que el gobierno no ha despedido de sus puestos a la junta directiva del FIS, cuando éstos ya han sido hallados culpables de los cargos que se les imputan? ¿Obedeció la lentitud procedimental de la Corte de Cuentas y la descoordinación entre ésta y la Fiscalía a la importancia de los funcionarios gubernamentales implicados?
En definitiva, el caso del FIS confirma, por enésima vez, la poca voluntad del gobierno para combatir la corrupción y la forzada ineficiencia en que caen las entidades encargadas de vigilar el recto funcionamiento del Estado cuando en hechos anómalos se ven involucrados funcionarios gubernamentales de alto nivel. En manos de la Fiscalía de la República está ahora la responsabilidad de concluir, convincentemente y con apego a la ley, uno de los casos más bochornosos de corrupción al interior del Estado.
Por otra parte, los hechos exponen la facilidad con que los objetivos
de una ley o decreto son modificados por los funcionarios encargados
de velar por su cumplimiento. En el caso del FIS, el decreto 471,
diseñado para modernizar el Estado a través de la
desaparición de puestos laborales, fue utilizado para llevar
a cabo un proceso de "reingeniería administrativa"
que únicamente otorgó indemnizaciones y no redujo
en gran cosa el tamaño de la administración de la
institución.
Hace unos días conocimos algunos de los datos incluidos en dos informes que, desde nuestra perspectiva, son de mucha importancia y merecen ser comentados en este espacio. Se trata del octavo que publica el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y del último que anualmente elabora Amnistía Internacional (AI). Ambas instituciones de reconocido prestigio cuentan con una capacidad instalada, suficiente para tener una visión bastante objetiva de la situación actual en el mundo desde su especificidad; así, sumando ambos esfuerzos es posible contar con una aproximación global e integral, país por país, del estado en que se encuentran tanto los derechos civiles y políticos como los económicos, sociales y culturales.
Dentro del documento del PNUD, denominado "Informe sobre desarrollo humano 1997", El Salvador aparece ubicado en el lugar 112 de una tabla que incluye 175 países. Según se pudo apreciar en el acto público del pasado lunes 16 de junio, realizado para dar a conocer dicho documento, el sitio otorgado en esa clasificación no dejó muy satisfecho al vicepresidente de la República, doctor Enrique Borgo Bustamante. Eso se desprende de su intervención; en ella, cuestionando la solidez del informe, dijo cosas como éstas: "No obstante la rigurosidad científica con que se trata de medir los atrasos o progresos en materia de desarrollo humano, debido a las metodologías usadas no es posible obtener siempre una visión integral de lo que ocurre en un país determinado".
Velada para algunas personas y obvia para otras, esa actitud de rechazo oficial a las conclusiones del organismo internacional sobre nuestro país no debe impedir comentar que --con las exposiciones hechas por las autoridades del PNUD-- se advierte que el principal interés del documento es el de analizar la situación de la población mundial desde la perspectiva del estado de pobreza en que se encuentra o de su desarrollo humano, según sea el caso, para medir con ello su esperanza de vida. Pero para eso, es importante dejar bien claro de qué estamos hablando porque --casi siempre-- se acostumbra utilizar términos vagos o incomprensibles para la mayoría de las personas. La ventaja de este informe es que se ha hecho un esfuerzo para explicar las cosas.
De esa manera, por ejemplo, nos enteramos que al hablar de pobreza se deben establecer tres niveles: el de la absoluta, el de la relativa y el de la llamada "ultrapobreza". La primera tiene que ver con las personas cuyo ingreso es inferior a la línea de pobreza que en su país se ha definido, partiendo del mínimo necesario para la supervivencia. La segunda --la relativa-- se reconoce cuando las personas están rezagadas del resto de su comunidad; aquí, entonces, estamos hablando de los "grupos de ingresos más bajos". Finalmente, en la "ultrapobreza" se encuentran aquellos hogares que no logran satisfacer el 80 por ciento de sus necesidades de calorías mínimas.
Como la otra cara de la moneda, aparece en el documento del PNUD aparece el desarrollo humano. Aquí estamos hablando de las posibilidades que tiene la gente para disfrutar de una larga y saludable vida, para adquirir conocimientos y para tener acceso a los recursos necesarios que le permitan --por consiguiente-- vivir decentemente. Pero, además, estamos hablando de otras cosas importantes para todas las personas: del ejercicio real de sus libertades públicas; de su participación política, económica y social; de las oportunidades que tienen para dedicarse a actividades creativas, recreativas y productivas; del respeto a sí mismas y a sus derechos humanos sin distinción. De esa manera, queda claro que el ingreso es un medio, pero el desarrollo humano es el fin.
El PNUD determina el índice de desarrollo humano en cada país utilizando tres variables: esperanza de vida, producto interno bruto "per cápita" real y logro educacional. Dentro de la última variable se incluye la alfabetización de adultos junto a la matrícula primaria, secundaria y terciaria. Para establecer la privación en el desarrollo humano --lo que constituye el índice de pobreza humana-- el organismo de las Naciones Unidas utiliza las siguientes variables: porcentaje de la población que se estima morirá antes de los 40 años de edad, porcentaje de personas adultas que son analfabetas, porcentaje de niños menores de cinco años con peso insuficiente, y porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud y agua potable.
Con esas herramientas, nos damos cuenta que casi un tercio de la población que habita en los llamados "países en desarrollo" --cerca de mil 300 millones de personas-- sobrevive diariamente con menos de un dólar. ¿Cómo? Quien sabe. También nos enteramos de que existen más de 800 millones de personas sin lo suficiente para alimentarse. Y la pobreza golpea con mayor fuerza a las mujeres y a la niñez, cuya situación muchas veces es utilizada por parte de los gobiernos para lanzar "programas", "campañas" o "medidas" de atención que no resuelven los problemas pero sí buscan --mediante su manejo publicitario-- mejorar la deteriorada imagen de sus patrocinadores.
Dentro del informe del PNUD se afirma que no bastan tales programas oficiales contra este flagelo, que continúa azotando a buena parte de la humanidad. Además, los gobiernos deben "aumentar la productividad de la agricultura en pequeña escala y de otras microempresas, fomentar el crecimiento orientado por el empleo, y aumentar las aptitudes y la capacidad de la gente". Y agrega que si "bien el crecimiento económico puede ser un medio poderoso" para hacer frente a la situación, no es suficiente con "aumentar la productividad y el ingreso, y ampliar las oportunidades y las opciones". Ello, porque abundantes muestras de que así no se ha logrado reducir la pobreza, "ya sea porque el crecimiento ha sido demasiado lento o porque su calidad y estructura han beneficiado a los pobres en medida insuficiente".
Es en ese marco dentro del cual se debe examinar el estado de cosas en el territorio nacional. El año pasado, El Salvador ocupaba la casilla número 115; ahora, como ya dijimos, subió a la 112 en una tabla que examina el índice de desarrollo humano en 175 países. Pese a este pequeño "avance" en el "escalafón" de la institución intergubernamental, estamos a 63 lugares del fondo y a 111 de la punta. Es evidente, entonces, que aún falta mucho por hacer. Independientemente de su disposición a reconocerlo, es un hecho que el gobierno salvadoreño no ha tenido la suficiente capacidad para mejorar sustancialmente el nivel de vida de la mayoría de las y los salvadoreños, no obstante las promesas del doctor Armando Calderón Sol cuando asumió la presidencia de la República hace más de tres años.
Y eso no se va a lograr apelando al premio que recientemente le entregó el secretario general de las Naciones Unidas a su esposa, ni recordando de nuevo el reconocimiento del Banco Mundial al programa "EDUCO". El vicepresidente Borgo lo hizo en el acto público cuando el PNUD presentó su informe, ofreciéndolos como argumentos para cuestionar el sitio que le otorgaron a nuestro país este año; pero a la gente que día a día vive insegura en lo personal, lo económico y lo jurídico, esos "logros gubernamentales" no le sirven de mucho. Por el contrario, la mayor parte de la población salvadoreña percibe un mayor deterioro en su nivel de vida durante los últimos tres años, tal como lo revela la encuesta más reciente del Instituto Universitario de Opinión Pública.
El mismo día que el PNUD presentó su informe en nuestro país, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) inauguró el "XV Curso interdisciplinario" sobre la materia. El orador principal del acto fue el presidente de Costa Rica, José María Figueres; éste sostuvo, ante los más de cien especialistas de todo el continente participantes en el evento, que la defensa de los derechos humanos debe procurar el desarrollo económico e integral de todas las personas. "Necesitamos --dijo el mandatario "tico"-- producir como capitalistas pero invertir como socialistas, para crear más y mejores oportunidades para nuestros pueblos y así seguir luchando por todos sus derechos humanos".
Juan Méndez, director ejecutivo del IIDH, también subrayó la necesidad de luchar contra la exclusión social que prevalece en nuestros países pero, además, incluyó en su análisis un elemento que incide en el mayor deterioro de la calidad de vida entre la mayoría de sus habitantes: la impunidad. El presidente del Instituto, nuestro conocido Pedro Nikken, fue más allá al señalar que "en la actualidad la desesperanza democrática nos llena de angustia, la cual se acrecienta al comprobar que hay regímenes civiles que violan los derechos humanos".
Las afirmaciones anteriores encuentran eco en el informe de Amnistía Internacional, síntesis de sus investigaciones a lo largo de 1996. Según los datos recogidos de los cables de prensa, en la región latinoamericana --durante los doce meses de ese año-- "miles de personas fueron ejecutadas extrajudicialmente por miembros de las fuerzas de seguridad y grupos paramilitares". Destacan en el documento las dificultades y los peligros que, en ese período, enfrentaron las y los defensores de los derechos humanos; ejemplo de ello son las amenazas de muerte, teléfonos intervenidos, vigilancia en sus domicilios e intimidación a sus familiares. Obviamente en una cantidad menor, si se compara con lo sucedido durante la guerra, pero en El Salvador esos hechos continúan produciéndose.
Especialistas en la materia opinan que los problemas económicos que en la actualidad afectan a la mayoría de las y los salvadoreños, nos pueden conducir a una situación muy arriesgada y sumamente peligrosa. De no cambiar el rumbo del país en una dirección que tenga como meta el verdadero desarrollo humano de su población, las condiciones sociales se pueden volver aún más complicadas. Eso podría dejar abierta la puerta para que, con el apoyo de la gente o sin él --bajo el argumento de "poner fin a la ola delincuencial", por ejemplo--, en nuestro territorio vuelva a sentar sus reales el autoritarismo, aunque nos lo quieran recetar con un "rostro" distinto al que ya conocemos.
Para evitar llegar a eso y quedar instalados ante la posibilidad
cierta de nuevos estallidos sociales, cualquiera que sean sus
formas de manifestarse, hacen falta adecuadas políticas
de Estado tanto en el campo social --para enfrentar con tino el
fenómeno de la pobreza-- como en lo relativo al fortalecimiento
de la institucionalidad democrática. Esta última,
digan lo que digan, todavía es muy frágil y no se
encuentra en capacidad de garantizar la vigencia de los derechos
y las libertades fundamentales si --ojalá que no-- se llega
a producir una situación límite en el país.
Presentamos a continuación el texto de la declaración
conjunta firmada por el Presidente de México, Ernesto Zedillo,
y el Presidente de El Salvador, Armando Calderón Sol, con
motivo de la visita que este último realizara a México,
los días 21-24 de mayo de 1997.
En atención a la invitación que le hiciera el Señor
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Doctor Ernesto Zedillo
Ponce de León, el Presidente de la República de
El Salvador, Doctor Armando Calderón Sol, realizó
una Visita de Estado a México del 21 al 24 de mayo de 1997.
El Presidente de la República de El Salvador, Armando Calderón
Sol, fue condecorado por el Presidente Ernesto Zedillo con la
Orden Mexicana del Aguila Azteca. Por su parte, el Dr. Armando
Calderón Sol distinguió al Mandatario mexicano con
la Orden Nacional José Matías Delgado en Grado de
Gran Cruz, Placa de Oro.
Asimismo, el Presidente Armando Calderón Sol fue declarado
Huésped Distinguido de la Ciudad de México y recibió
las Llaves de la Ciudad del Jefe del Departamento del Distrito
Federal.
Entre las actividades que realizó el Presidente Armando
Calderón Sol destacan las siguientes:
Un discurso a la Comisión Permanente del Honorable Congreso
de la Unión.
Una Visita a la exposición de pintura contemporánea
salvadoreña, en el Museo José Luis Cuevas.
Reuniones con empresarios mexicanos acompañado de la Delegación
Empresarial Salvadoreña.
Visita de Trabajo del Secretario de Relaciones Exteriores y del
Secretario de Comunicaciones y Transportes.
Visita al Estado de Nuevo León, incluyendo entrevistas
con funcionarios y empresarios mexicanos, así como con
ciudadanos salvadoreños residentes en ese Estado.
Asimismo, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Doctor
Ernesto Zedillo y el Presidente de la República de El Salvador,
Doctor Armando Calderón Sol, sostuvieron un fructífero
diálogo, en el que prevaleció un ambiente de fraternidad,
respecto y entendimiento mutuos. Al término de sus conversaciones,
los Mandatarios decidieron adoptar la siguiente:
1. Al evaluar las relaciones bilaterales coincidieron en
destacar el excelente nivel en el que se encuentran, reiterando
la decisión de ambos Gobiernos para profundizarlas aún
más, con el propósito de fortalecer el diálogo
político, los intercambios económicos y comerciales
y definir nuevos proyectos de cooperación.
2. En esta ocasión el Presidente Ernesto Zedillo felicitó
a nombre del pueblo y Gobierno de México a El Salvador
por la consolidación de la democracia demostrada en el
desarrollo de las pasadas elecciones legislativas y municipales
en ese país, muestra de los avances alcanzados en el proceso
de reconciliación nacional salvadoreña.
3. El Presidente de México felicitó también
al pueblo y Gobierno de El Salvador por ser ejemplo mundial de
la reconciliación a través del diálogo y
la concertación social, señalando a este respecto
su beneplácito por que las Naciones Unidas darán
por concluidas, en junio de 1997, las labores que efectúan
en El Salvador.
4. Ambos Presidentes, al referirse a la Reunión de la Comisión
Binacional, celebrada los días 19 y 20, en la que se revisó
puntualmente la agenda bilateral, subrayaron su complacencia por
los resultados alcanzados en el marco de las Subcomisiones de
Asuntos Políticos; de Asuntos Económicos, Comerciales
y Financieros; de Asuntos de Cooperación Técnica
y Científica; de Asuntos de Cooperación Educativa
y Cultural y del Grupo de Trabajo de Asuntos Migratorios y Consulares.
5. Asimismo, al referirse a la II Reunión de Jefes de Estado
y/o Gobierno de Centroamérica y México, reconocieron
al Mecanismo de Tuxtla como el foro adecuado para la búsqueda
de consensos regionales en temas de interés común.
En este sentido, ambos Presidentes acordaron que sus Gobiernos
trabajen conjuntamente para asegurar el éxito de la III
Reunión Cumbre de ese Mecanismo, que se celebrará
en San Salvador, El Salvador, en 1998.
Asimismo, expresaron sus mejores votos para que la próxima
Reunión de Cancilleres del Mecanismo de Tuxtla II, a celebrarse
en Honduras, los días 28 y 29 de agosto de 1997, contribuya
a consolidar la asociación privilegiada que debe permear
la relaciones entre los ocho países que lo integran.
6. Ambos Mandatarios se congratularon por la firma del Acuerdo
de Paz Firme y Duradera en Guatemala, el pasado 29 de diciembre
de 1996, con lo que Centroamérica se consolido en una Región
de Paz y Democracia.
Expresaron, asimismo, su deseo de que la comunidad internacional
continué apoyando los esfuerzos de Guatemala para consolidar
la pacificación y la reconciliación nacional a través
de programas especiales que incidan en el desarrollo sostenible
de Centroamérica.
7. En materia migratoria, los Presidentes destacaron la importancia
de velar por el respecto de los Derechos Humanos de los migrantes,
de acuerdo con los diferentes instrumentos internacionales sobre
la materia, y se congratularon por los avances obtenidos en la
instrumentación de los mecanismos establecidos entre ambos
países para este fin.
Asimismo, manifestaron su satisfacción por los acuerdos
alcanzados por sus Gobiernos para facilitar y agilizar los trámites
de documentación migratorios entre ambos países,
contribuyendo de esta manera a ampliar e intensificar los contactos
humanos y vínculos económicos, comerciales entre
ambas naciones.
8. Los Presidentes reiteraron su satisfacción por los resultados
alcanzados en las Conferencias Regionales de Migración,
efectuadas en Puebla, México y Panamá, Panamá,
reconociendo que en este foro se ha profundizado el análisis
del tema desde un punto de vista integral y se ha consolidado
el diálogo continuo entre Canadá, Centroamérica,
Estados Unidos y México.
9. En relación a la Ley Migratoria de los Estados Unidos
de 1996, los Presidentes de México y El Salvador acordaron
impulsar la realización de acciones conjuntas entre México,
Centroamérica y República Dominicana para diseñar
un programa de atención a migrantes documentados o indocumentados
que pudieran ver afectados sus derechos por la entrada en vigor
de la citada ley.
10. Al abordar el fenómeno del consumo y tráfico
ilícito de drogas y delitos conexos, los Presidentes de
México y El Salvador reconocieron que es un problema que
trasciende las fronteras nacionales y acordaron fortalecer la
cooperación bilateral en esta materia.
11. Expresaron, asimismo, su beneplácito por la resolución
adoptada en la Quincuagésima Primera Asamblea General de
las Naciones Unidas, relativa a la celebración en 1998
de una Sesión Extraordinaria de la AGONU dedicada a combatir
la "Producción, la Venta, la Demanda, el Tráfico
y la Distribución Ilícita de Estupefacientes y Sustancias
Psicotrópicas y actividades relacionadas".
Subrayaron a este respecto que esta Sesión Extraordinaria
de la AGONU permitirá intensificar el diálogo y
la cooperación con un enfoque amplio y equilibrado, sobre
la base del principio de corresponsabilidad, con el pleno respeto
a los principios del derecho internacional, particularmente a
la soberanía de los Estados.
12. Los Jefes de Estado resaltaron que las conmemoraciones del
XXX Aniversario del Tratado de Tlatelolco fueron propicias para
destacar y difundir el tenaz e incesante esfuerzo de los Estados
Parte por lograr el establecimiento de la primera zona libre de
armas nucleares en el mundo, así como la aportación
de este relevante instrumento a la paz y la seguridad internacionales.
13. El Presidente de El Salvador, Armando Calderón Sol
en nombre de su Gobierno manifestó su agradecimiento por
el importante gesto del Gobierno de México de apoyar el
Programa de Intercambio de Bienes de Consumo por Armas de Fuego,
acto que contribuye a consolidar el desarme de la población
civil en su país.
14. El Presidente de México congratuló a su homólogo de El Salvador, por la decisión adoptada por los países centroamericanos en el sentido de convertir a la región en una zona libre de minas antipersonal. En este sentido, los Mandatarios manifestaron su respaldo al proceso de negociación de la Convención para la Prohibición Total de la Fabricación, Venta, Transferencia y Uso de Minas Terrestres Antipersonal, con el objetivo de que tal Convención pueda ser abierta a firma en el mes de diciembre de 1997, en Ottawa, Canadá.
ECONÓMICOS:
15. Ambos Mandatarios expresaron su satisfacción por el
establecimiento y desarrollo del proceso de negociación
que, de conformidad con el mandato emanado de la Reunión
Cumbre de Tuxtla II, permitirá concertar un Tratado de
Libre Comercio entre México y El Salvador, Guatemala y
Honduras. En ese sentido, manifestaron el total apoyo de sus Gobiernos
para impulsar los trabajos correspondientes y su intención
de que, de ser posible, se concluya el proceso de negociación
durante el presente año.
16. El Presidente de El Salvador expresó al Presidente
de México su complacencia por la suscripción del
Protocolo que prórroga la vigencia del Acuerdo de Alcance
Parcial entre los dos países hasta el 30 de junio de 1998.
17. Los Presidentes de México y El Salvador se congratularon
por el dinamismo que ha adquirido el Acuerdo de San José
y por el impacto positivo de las modificaciones a los términos
y condiciones de generación de recursos financieros bajo
este esquema de cooperación, las cuales han permitido la
ampliación de los recursos disponibles para El Salvador,
así como el establecimiento de plazos de financiamiento
más amplios para el desarrollo de proyectos que el Gobierno
salvadoreño defina como prioritarios.
18. En este sentido, ambos Mandatarios reiteraron la disposición
de sus gobiernos para continuar identificando proyectos de desarrollo
en El Salvador que hagan uso de los recursos disponibles en los
Convenios de Cooperación Financiera México- Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE),
con el propósito de concretar la plena utilización
de los recursos correspondientes a El Salvador. En este sentido,
el Presidente de El Salvador expresó que próximamente
se presentará el Proyecto "Anillo Periférico
del Área Metropolitana de San Salvador", a través
de los procedimientos correspondientes.
19. Los Presidentes manifestaron su satisfacción por el pronto inicio de negociaciones de un convenio bilateral aéreo entre México y El Salvador, consistente con el objetivo de intensificar las relaciones entre ambos países en todos sus ámbitos. Expresaron, asimismo, su interés por que las mismas puedan culminar en el más corto plazo posible.
COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA:
20. Los Presidentes expresaron su complacencia por el impulso
que ha recibido la cooperación bilateral en los ámbitos
económico, técnico y educativo-cultural en el marco
de las actividades desarrolladas por la Comisión Mexicana
para la Cooperación con Centroamérica.
21. Los Presidentes de México y El Salvador expresaron
su satisfacción por los resultados alcanzados en el Programa
de Cooperación Técnica y Científica 1995-1997,
el cual presenta un notable avance de cumplimiento y que ha contribuido
al fortalecimiento, incremento y diversificación de la
cooperación entre los dos países, reconociendo el
impacto positivo de los resultados de la cooperación desarrollada
en diversos sectores de alto interés para El Salvador.
22. Ambos Presidentes subrayaron la importancia de la cooperación
técnica y científica como una de las fórmulas
adecuadas que contribuyen al logro de las metas de desarrollo
que tienen los países, tanto a nivel bilateral como multilateral.
23. Ambos Mandatarios destacaron la necesidad de optimizar el
uso de los recursos orientados a la Cooperación mediante
el establecimiento de líneas estratégicas prioritarias
y la corresponsabilidad en la formulación, ejecución,
financiamiento y evaluación de proyectos. Indicaron también
la importancia de emprender proyectos integrales de mayor alcance
que incluyan objetivos y metas de corto, mediano y largo plazo,
coincidentes con su política de desarrollo.
24. El Presidente de México ofreció a El Salvador el apoyo de su Gobierno para continuar brindando su cooperación de carácter técnico, incluyendo fortalecimiento institucional y capacitación, a las instituciones salvadoreñas responsables de las áreas fiscal y tributaria, agropecuaria, turismo, estadística y censos y seguridad social.
COOPERACIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL:
25. Los Presidentes se congratularon por los avances del Programa
de Cooperación Educativa y Cultural correspondiente al
período 1995-1997 y patentizaron su interés por
garantizar la ejecución práctica de las acciones
consignadas en él, entre las sobresalen los intercambios
en materia de educación básica y de adultos; educación
superior y formación de recursos humanos; así como
proyectos en los ámbitos de arqueología y antropología;
conservación y restauración del patrimonio histórico
y cultural; archivos y bibliotecas; artes visuales, música,
teatro, ferias internacionales del libro, literatura y cooperación
editorial; radio, televisión y cine; cooperación
en materia de senectud y, deportes.
26. Los Mandatarios manifestaron su satisfacción por la
inauguración del Centro Cultural de México en El
Salvador, efectuada el 29 de enero de 1997, mismo que reforzará
los tradicionales lazos de amistad entre los dos países,
a través de la promoción permanente de sus valores
culturales y artísticos.
Señalaron, asimismo, su complacencia por la muestra de
pintura salvadoreña que se exhibe en el Museo José
Luis Cuevas, de la ciudad de México.
27. Los Presidentes expresaron, por último, su beneplácito
por la firma de los siguientes acuerdos y convenios:
Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de El Salvador.
Tratado de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal.
Convenio de Cooperación Educativa y Cultural entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de El Salvador.
Memorándum de Entendimiento en Materia de Atención a Nacionales en el Extranjero entre la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de El Salvador.
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de EJ Salvador para la Supresión de Visas en Pasaportes Diplomáticos.
Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Alcance Parcial suscrito entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de El Salvador.
Acta Final de la II Reunión de la Comisión Binacional
México-El Salvador.
El Presidente de México manifestó su satisfacción
por la Visita del Presidente de El Salvador a la ciudad de Monterrey,
en el Estado de Nuevo León, el 23 de mayo de 1997, subrayando
su convencimiento de que los encuentros del Presidente Calderón
Sol con el Gobernador de dicho Estado, con el Alcalde de Monterrey,
y con los empresarios y académicos de esa ciudad redundarán
en beneficios concretos para ambas partes.
El Presidente de la República de El Salvador expresó
su agradecimiento por la cálida amistad y la hospitalidad
de que les hicieron objeto el Presidente de México, así
como el Gobierno y pueblo mexicano durante su estancia.
PRORROGAN DEUDA. La Asamblea Legislativa suspendió, el 12.06, los juicios de embargo listos para ejecutarse el 30 de junio en bienes de involucrados con la deuda agraria, prorrogando por seis meses más el Decreto 698 que contiene la Ley de Apoyo a la Reactivación del Sector Agropecuario. En el mismo orden, el Primero Organo del Estado aprobó por unanimidad la creación de una subcomisón conjunta integrada por diputados y representantes del organo Ejecutivo para buscar soluciones al problema de la deuda agraria, así como una prorroga a la Ley de Reestructuración de la Deuda Agraria, que regula las deudas contraídas por adjudicatarios de tierras, beneficiarios de la reforma agraria y los programas de transferencia de tierras. Integrarán la subcomisión un miembro de cada partido político representado en la Asamblea, así como miembros del Gabinete Económico del Gobierno. Mientras tanto, el diputado Roberto D'Abuisson (hijo), del partido ARENA, indicó que las atribuciones asignadas a la subcomisión se refieren a la búsqueda de mecanismos para reactivar el agro y en ningún momento la condonación de las deudas agraria y bancaria. Otras fracciones, como el FMLN, insistieron en que las opciones que la subcomisión tome en cuenta deben poner en el centro la condonación de la deuda agraria y bancaria, además de impulsar medidas tendientes a reactivar el agro (LPG 13.06 p.4).
DECLARACIONES. Ante la reciente dimisión del Comisionado
para la Modernización del Estado, Alfredo Mena Lagos, y
sus críticas al Ejecutivo y al partido Alianza Republicana
Nacionalista (ARENA), el Presidente de la República, Armando
Calderón Sol, aclaró el, 12.06, que actualmente
el gobierno viene caminando por una ruta distinta, con un proyecto
diferente, por lo que "Mena Lagos es libre de expresar lo
que cree". "Estamos reformando al país, el avance
es claro y entiendo su propia apreciación... es un buen
amigo. Creo que tiene sus propios comentarios a los cuales no
me quisiera referir", sostuvo el mandatario. Sobre el nombramiento
del funcionario que sustituirá a Mena Lagos, el Presidente
enfatizó en el hecho que la figura de Comisionado Presidencial
para la Modernización del Estado es un cargo muy personal,
por lo que esperará algunos días antes de revelar
en forma definitiva el nuevo nombre. Calderón Sol rechazó
la existencia de presiones y aseguró que tanto su gobierno
como el partido ARENA tienen un proyecto claro. "no veo que
no haya una libertad para gobernar. Existe libertad absoluta para
gobernar, lo que existe es lo que en otros países como
acciones políticas de la oposición pero en esto
consiste precisamente el juego democrático". Según
el Presidente, la situación de la derogatoria de la ley
de privatización de ANTEL pudo haber causado en el ex Comisionado
algún malestar, pues había trabajado con empeño
en el proyecto (LPG 13.06 p.6 y DH 13.06 p.3).
