Año 18
número 763
junio 24
1997
ISSN 0259-9864
Editorial La ofensiva gubernamental en favor de los inmigrantes
Política ARENA: ¿ex primera fuerza política? (II)
Economía Evaluación del Indice de Volumen de la Actividad Económica
Sociedad La debacle de las "universidades pequeñas"
Derechos Humanos La PNC a la defensiva
En las últimas semanas han cobrado notoriedad los esfuerzos del gobierno salvadoreño por lograr un consenso favorable, en los círculos políticos estadounidenses, acerca de lo que significaría una deportación masiva de salvadoreños. El Presidente Armando Calderón Sol, asumiendo un inusual protagonismo diplomático, ha visitado la capital de Estados Unidos y ha defendido a los salvadoreños inmigrantes ante líderes políticos y medios de comunicación social de aquel país. Parece que el gobierno ha caído en la cuenta de lo grave que será una deportación masiva de compatriotas, especialmente por el impacto económico que se seguirá de la disminución de las remesas. Ante la histeria antiinmigrante que prevalece en algunos de los círculos de poder norteamericanos, la respuesta del gobierno salvadoreño no se ha echo esperar, y es así como el "cabildeo" de Calderón Sol lo ha llevado hasta el Capitolio.
Si algo debe estar claro es que el gobierno no está siendo motivado por un afán humanista; sus asesores, aunque incompetentes en otros muchos aspectos, saben de la importancia de la remesas para la dinámica económica actual. Saben del monto real de las mismas, así como de su incidencia en el consumo interno, especialmente en el sector servicios. Los centros comerciales y los restaurantes de comida rápida se irían a la quiebra ante la drástica disminución de los ingresos de quienes viven de la ayuda de sus familiares en el exterior. Los dólares de los "hermanos lejanos" ya no llegarían al sistema financiero, con lo cual una de las actividades económicas más lucrativas de pronto se vería en serias dificultades. La apariencia de desarrollo y prosperidad -los grandes y lujosos edificios bancarios, los modernos y funcionales centros comerciales- se revelaría tal cual es: una apariencia que oculta la inexistencia de industrias fuertes y competitivas capaces de generar un crecimiento autosostenido y de largo plazo.
Sobre si existe o no un peligro real de que una avalancha de deportados invada El Salvador de la noche a la mañana no se pueden hacer afirmaciones contundentes, pues en los informes y notas de prensa que se difunden día a día lo característico es la confusión. Es indudable que hay sectores duros en el gobierno de Estados Unidos que le apuestan a una deportación masiva de inmigrantes para comenzar a resolver sus problemas domésticos. También están quienes, a sabiendas de que es necesario hacer algo con los ilegales, son conscientes de que Estados Unidos no puede desatenderse del todo acerca de lo que sucede en lo que, en la época de la guerra fría, sus líderes gustaban llamar su "patio trasero". De cómo resuelvan sus desacuerdos los círculos de poder estadounidenses dependerán las medidas -drásticas o moderadas- que se tomen contra la población inmigrante. A lo más que puede aspirar el gobierno salvadoreño es a influir en la opinión de los "moderados" para que estos negocien medidas menos duras en contra de nuestros "hermanos lejanos".
De todos modos, hay que tomarse muy seriamente la situación económica de Estados Unidos en el contexto mundial, pues la misma le exige y le exigirá hacer una serie de reajustes internos ante los cuales tendrán que rendirse los distintos grupos de poder político. Para nadie es un secreto que Estados Unidos es el país más endeudado del mundo y que su déficit comercial le está resultando una carga difícil de llevar. De ser la economía más fuerte antes y después de la segunda guerra mundial, en la actualidad está siendo desplazado por Japón y Alemania, países que en los niveles industrial y científico-técnico se le están poniendo a la delantera. Estados Unidos está atravesando por problemas económicos muy serios; el consumo exorbitante de sus ciudadanos y los bajos niveles de productividad lo están llevando a perder la supremacía económica de la que ha gozado a lo largo del siglo XX. Como ha señalado L. Thurow, en la competencia económica mundial, la "economía de los productores" japonesa le está ganando la carrera a la "economía de los consumidores" estadounidense. Esto ya es moneda de uso corriente en los círculos de poder que regentan la Casa Blanca y el Capitolio, y no es nada extraño que comiencen a hacer algo para remediar la situación.
Hasta hace poco, cuando se mencionaba la amenaza de ser deportados que experimentaban los extranjeros ilegales en Estados Unidos, inmediatamente se recurría al argumento de que para este país era necesario contar con una mano de obra barata que hiciera los trabajos que el ciudadano blanco se negaba a realizar. Que el gobierno de aquel país no tomará medidas drásticas para detener la inmigración o para devolver a los ilegales a sus lugares de origen daba la razón a los que pensaban así. Pero ahora ya no es tan fácil aceptar un argumento de esa naturaleza. Y es que, dados los severos problemas económicos que tiene Estados Unidos, ya no es tan fácil asegurar empleos con salarios elevados a un buen número de ciudadanos blancos, quienes -ante los necesarios recortes del gasto público- tendrán que trabajar en ocupaciones de bajos salarios, es decir, en aquellas que tradicionalmente han sido desempeñadas por inmigrantes. Que ello vaya en contra de la "cultura del bienestar" de los norteamericanos es otro problema. Pero si no hay empleos de mediana o alta jerarquía y si no hay subsidios que permitan vivir gratis, los ciudadanos estadounidenses van a tener que trabajar en los lugares con baja remuneración si pretenden mantener, cuando menos, un nivel mínimo de consumo.
Una vez iniciada la recuperación económica, aumentarán
los empleos bien remunerados -aquellos de mediana y alta calificación
tecnológica y científica- con lo que se abrirán
espacios para la mano de obra de baja calificación. ¿Se
mantendrán abiertas las puertas a los inmigrantes? Parece
ser que no, pues la estrategia de trasladar las ocupaciones de
bajos salarios a las regiones que pueden aportar la mano de obra
requerida es un componente de la globalización. No hay
que cerrar los ojos ante estos hechos; el problema de los inmigrantes
es más serio de lo que parece.
Si ARENA había hecho caso omiso de los síntomas que anteriormente habían evidenciado su crisis (Proceso, 762), con los resultados electorales le resultó imposible no advertir la inminencia de su desmoronamiento. A partir de entonces y a pesar de las declaraciones que algunos de sus dirigentes hicieron al calor de los hechos --entre las que se destacaron el "aquí no ha pasado nada" de Walter Araujo y las justificaciones con las que Mario Valiente y Gloria Salguero Gross intentaron explicar la drástica disminución de votos a su favor, según las cuales los correligionarios areneros prefirieron "ir a la Playa" o "sintieron el triunfo asegurado"--, ARENA ha tenido que agachar la cabeza y optar por asumir una actitud sorprendentemente conciliadora. La reestructuración en la que se enfrascó, una vez pasadas las elecciones, tuvo por objeto cambiarle la cara al partido, reemplazándola por una más acorde con el contexto actual. Antiguos miembros de la dirigencia arenera abandonaron sus cargos dando paso a otras figuras, de distinta trayectoria, que pudieran imprimirle nuevos bríos a un partido que -como era de esperarse-- se sentía derrotado.
En varios apartados del discurso presidencial anual, se enfatiza en la necesidad del consenso y la concertación. La decisión de Calderón Sol de no vetar la derogación de la Ley de Privatización de ANTEL es una muestra de que su partido está dispuesto a abanderar el consenso, si es eso lo que se requiere para mantenerse en el poder ; porque es difícil creer que, de buenas a primeras y pensando prioritariamente en las necesidades del país, ARENA haya decidido, por su propia voluntad y sin estar obligado por las circunstancias, adoptar una actitud que en mucho se contradice con la confrontatividad con que se publicitó durante la campaña electoral.
Con todo, por más esfuerzos que algunos de los miembros de ARENA estén haciendo por salvar al partido y renovar su imagen, la crisis intestina de la que adolece, cuyas manifestaciones han ido apareciendo cada vez con más frecuencia, continúa agudizándose irremediablemente. El hecho mismo de la derogación de la ley de privatización de ANTEL --tomando en cuenta la forma como ARENA se planteó desde un principio y lo que la privatización ha significado para su gobierno actual-- constituye una derrota irreversible para ese instituto político.
La destitución de Orlando de Sola por parte de Calderón Sol y la renuncia del Comisionado Presidencial para la Modernización del Estado, Alfredo Mena Lagos, no sorprendieron. No era la primera vez que altos funcionarios del gobierno arenero dejaban sus cargos en circunstancias desfavorables para el partido. La razón por la cual el Presidente de la República destituyó a Orlando De Sola puso nuevamente en evidencia que ARENA está lejos de ser un instituto político independiente, capaz de gobernar al margen de la presión de los grupos de poder. La renuncia de Mena Lagos no es, pues, otra cosa que un síntoma más de que el partido de derecha, que durante largos años se ha considerado todo poderoso, adolece de una enfermedad seria que amenaza con volverse agonía.
Ahora bien, como cualquier otra de las dimisiones pasadas, la de Mena Lagos es susceptible de ser examinada con mayor detenimiento; lo amerita, entre otras cosas, por ser el más reciente y polémico golpe bajo sufrido por el partido oficial. La "modernización" del Estado es la bandera que más alto ha izado ARENA; es el proyecto al que, con confianza ciega, le ha apostado. A lo largo de los últimos tres años, todo ha parecido indicar que el gobierno está convencido, primero, de que modernización del Estado es lo mismo que privatización; segundo, de que privatizar implica vender como sea los activos estatales; y, tercero, de que la privatización y la inversión extranjera son la panacea en materia económica.
Ocupar el cargo de Comisionado Presidencial para la Modernización del Estado significaba, entonces, dirigir uno --si no el mayor-- de los proyectos más determinantes para el gobierno actual. Por eso, la renuncia de Mena Lagos no fue sólo la renuncia de un funcionario importante más, sino el abandono de uno de los cargos en el que recae gran parte de la responsabilidad de mantener el poco prestigio y credibilidad que aún le quedan a ARENA. Pese a ello, el ex funcionario no se limitó a dejar, primero, la cúpula del partido y, después, el cargo, sino que se apresuró a llamar a ese instituto político "esquizofrénico" y a declarar que Calderón Sol carece de libertad para gobernar. Las razones que llevaron a Lagos a dejar el gobierno no dejaron de ser poco satisfactorias. Una de las hipótesis de la oposición aseguraba que, con la derogación de la Privatización de ANTEL, su trabajo había perdido sentido y, al parecer, él así lo consideró, pues una de las explicaciones que dio para justificar su renuncia frente a los medios de comunicación fue que "el presidente necesitaba más espacio para gobernar que el que yo podía darle". Así, no terminó de aclararse qué fue exactamente lo que motivó su dimisión, si la falta o el exceso de libertad de Calderón Sol para gobernar.
Pero más allá de las inconsistencias en las que suelen caer los funcionarios, y los políticos en general, cuando se enfrentan a situaciones similares, conviene observar las reacciones de ARENA al respecto. En principio, cabe recordar que en ocasiones anteriores el partido en el gobierno ha pretendido restarle importancia a los hechos disminuyéndolos hasta su mínima expresión. Es obvio que a ARENA no le conviene en lo absoluto armar un escándalo cada vez que uno de sus altos funcionarios abandona --o es expulsado de-- su cargo y menos si lo hace mostrando una clara animadversión contra el partido. Pero, en lugar de afrontar ese tipo de fricciones dándoles la importancia que se merecen e intentando salir lo mejor librados que sea posible del impasse, los dirigentes areneros han querido tapar el sol con un dedo y dando cualquier declaración apresurada pretenden haber resuelto el problema. El caso de Alfredo Mena Lagos no fue la excepción. Ante las afirmaciones de este, según las cuales Calderón Sol no gobierna con libertad, el Presidente intentó contrarrestarlo simplemente diciendo que "sí la hay". Ese tipo de respuestas se asemejan más a una riña infantil que a una discusión entre políticos serios bajo cuyo mando se encuentra el país.
En definitiva, la crisis por la que atraviesa ARENA continúa agudizándose rápidamente. Ya son muchas las señales que indican que su condición de "primera fuerza política", de la que tanto se ha enorgullecido, se vuelve cada vez más dudosa; el desgaste que ha sufrido, propio de los partidos que detentan el poder, es cada vez más palpable y el hecho de que sufre una "enfermedad" se ha vuelto vox populi.
Ahora bien, ese desgaste puede considerarse positivo si se entiende
como uno de los resultados que ha dejado la serie de cambios políticos
por los que ha atravesado el país. Que los salvadoreños
perciban que el partido mayoritario ha perdido fuerza considerablemente
y actúen electoralmente apoyados en esa percepción
disminuye las posibilidades de que los institutos políticos
monopolicen el espectro político y obliga a los partidos
a renovarse continuamente. Con seguridad, de aquí en adelante
nos esperarán más sorpresas como la del 16 de marzo.
Las elecciones de 1999 se encargarán de definir la situación
del partido oficial. La preocupación que queda, en caso
de que la crisis de ese instituto político llegue hasta
sus últimas consecuencias, es ¿se encontrará
entre la oposición un partido capaz de gobernar al país
sin caer en los mismos errores y vicios en los que cayó
ARENA?
En los últimos dos años, el comportamiento del crecimiento económico ha evidenciado una marcada tendencia hacia la contracción al grado que, entre 1995 y 1996, la tasa de crecimiento del PIB ha caído del 6% al 3%, afectando el crecimiento de todos los sectores económicos, incluyendo aquellos que más aportan al total de la producción.
Durante los primeros meses de 1997, la situación no parece haber cambiado notoriamente, aunque, de acuerdo al Banco Central de Reserva (BCR), cuando menos "la actividad económica ha dejado de decaer". El Indice de Volumen de la Actividad Económica (IVAE) revela que en realidad los últimos meses continúan evidenciando una clara disminución en los niveles de crecimiento económico, siendo los sectores más afectados la construcción, transporte, agropecuario y comercio, pues son estos los que han experimentado las reducciones más drásticas en la tasa de variación del IVAE.
En las siguientes líneas se hace una revisión del comportamiento del IVAE durante el primer trimestre del presente año, para contrastarlo luego con el comportamiento observado en los dos años previos. Especial atención merece el comportamiento del sector agropecuario tanto por el tradicional papel de dinamizador del crecimiento que el mismo ha desarrollado como por la relevancia que ha adquirido la discusión en torno a la necesidad de que el Estado implemente políticas sectoriales dirigidas a la reactivación del agro.
De acuerdo a datos del BCR, para el mes de marzo pasado, el IVAE general habría reportado un incremento del 1.2%, el cual es claramente superior al crecimiento de 0.9% y 0.4% obtenidos en los meses de febrero y enero pasados, respectivamente. Estos datos muestran que, en los últimos meses, la tasa de crecimiento del IVAE se ha ido elevando paulatinamente, pasado de un nivel de 0.3%, en noviembre de 1996, hasta otro de 1.2% en marzo.
Sin embargo, si se comparan los datos del primer trimestre de 1997 recién reseñados arriba con los correspondientes al mismo trimestre de 1996, puede inferirse que en realidad el decrecimiento económico aún no parece haber tocado fondo. Para los meses de enero, febrero y marzo de 1996, cuando se había declarado ya el proceso de recesión económica, las tasas de crecimiento del IVAE fueron de 8.1%, 7.5% y 6.1%, respectivamente. Obviamente, estas son claramente superiores al 0.4%, 0.9% y 1.2% obtenidos para los primeros meses del año y, a primera vista, sugieren que la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) podría ser inclusive inferior al 3% obtenido para el año 1996, cuando el crecimiento del IVAE era relativamente fuerte en relación al observado durante el presente año.
De esta forma, una recuperación del crecimiento económico suficiente para cumplir con la meta de crecimiento de 4% a 5% fijada por el BCR, supone que para los restantes meses del año las tasas de crecimiento del IVAE se incrementen hasta niveles de entre 5% y 8%. Considerando el crecimiento mensual del IVAE, podría decirse que entre noviembre 1996 y marzo de 1997 se ha experimentado mejoría, pero al considerar la evolución anual del crecimiento del IVAE es claro que, de mantenerse las actuales tendencias, 1997 será un año de menor crecimiento que 1996, año considerado como el de menor crecimiento económico de la década.
Al considerar el comportamiento de la actividad económica por sectores de origen puede notarse que, en relación a 1996, todos los sectores han experimentado una reducción del crecimiento, exceptuando el sector electricidad (actualmente todavía en manos del Estado). Entre marzo de 1996 y el mismo mes de 1997, la variación porcentual del IVAE según sector observó el siguiente comportamiento: el del sector agropecuario pasó de 7.4 a 0.1; el de la manufactura de 4.0 a 1.7; el del comercio de 6,1 a 0.2; el construcción de 2.6 a -1.8; el de transporte de 7.4 a -0.3; el de la administración pública de 3.0 a 2.3; el del sector financiero de 25.3 a 12.0; y el del sector electricidad (el único que creció a mayor tasa) de 3.9 a 5.4.
Como puede notarse, el sector agropecuario estaría a punto de iniciar un proceso de contracción de su producción pues para marzo pasado su IVAE sectorial sólo se había incrementado en un 0.1%. El comportamiento del PIB del sector agropecuario para el año 1996 revelaba que éste se encontraba prácticamente estancado con un crecimiento de sólo 0.6%, cuando el incremento general del PIB alcanzó el 3%. Dentro de este sector, los subsectores más afectados han sido el café y los granos básicos, que durante 1996 contrajeron su producción en -3.2% y -2.4% , respectivamente.
Estos datos contrastan fuertemente con apreciaciones oficiales vertidas inclusive por el mismo Presidente de la República, Armando Calderón Sol, quien, en el discurso presidencial de tercer aniversario de su gobierno, fundamentaba sus afirmaciones de recuperación del crecimiento del sector agropecuario en la obtención de una "zafra récord" por parte del subsector productor de caña de azúcar. Lo cierto es que aunque el PIB de este subsector creció un 1.4% en 1996, ello no fue suficiente para evitar que el PIB agropecuario pasara de 5.6% a 0.6%, entre 1995 y 1996.
Resulta especialmente grave que el subsector granos básicos haya experimentado tendencias recesivas, pues ello incrementa su precio, el de la canasta de alimentos, así como los niveles de pobreza y de insatisfacción de las necesidades básicas. En general, la recesión del sector agropecuario afecta más duramente a los sectores más desfavorecidos del país, especialmente en el área rural que es donde se concentra la mayor parte pobres.
Normalmente, los indicadores de la actividad económica presentados por el BCR no están acompañados de indicadores del comportamiento del empleo, el cual se encuentra directamente relacionado con el crecimiento económico. En el mejor de los casos, se presentan datos que dan cuenta del comportamiento del número de afiliados al sistema de seguridad social (sólo para población urbana) e inclusive éstos reflejaban una clara tendencia hacia la contracción de la generación de empleo. En este momento, lo más probable es que, consecuente con el comportamiento de la producción, el empleo generado por los sectores económicos ha decaído durante los últimos meses, especialmente en los sectores construcción y transporte, que presentaron tasas negativas de crecimiento del IVAE para el pasado mes de marzo. En otros casos, parece claro que el empleo ya no está creciendo al mismo ritmo de años pasados.
El comportamiento reciente de la producción muestra que el mismo -si se atiende a los sectores con mayor ponderación para el cálculo del IVAE como la manufactura, el agropecuario y el comercio-- ha experimentado una marcada reducción de su crecimiento. Asimismo, otros sectores con menor ponderación para el IVAE como el financiero también continúan disminuyendo su ritmo de crecimiento, aunque siempre manteniéndose a niveles considerablemente altos.
Hasta el momento, el balance global de los diferentes crecimientos
sectoriales todavía arroja tasas de crecimiento positivo
de la actividad económica (1.2%); sin embargo, no puede
negarse que las señales que se perciben aún no permiten
augurar una recuperación del crecimiento económico
a niveles de 1995 y, ni siquiera, el cumplimiento de las metas
de crecimiento del programa monetario y financiero. En realidad,
el comportamiento del IVAE en los primeros meses de este año
es mucho más desalentador que el observado para los mismos
meses del año pasado. Esto justifica la adopción
de medidas compensatorias que estimulen la producción de
los sectores con mayor ponderación en el IVAE como la manufactura
y la agricultura.
Con el inicio del período de evaluación, por parte del Ministerio de Educación, de los institutos de educación universitaria del país, la vida de algunas de las 45 universidades ha empezado a pender de un endeble hilo. Con el fin de hacer cumplir los requisitos mínimos de funcionamiento de las instituciones de educación superior, el MINED se ha embarcado, a partir de junio de este año, en un proceso de inspección y calificación de la infraestructura y calidad académica de las universidades salvadoreñas en funciones.
Según el artículo 34 de la Ley de Educación Superior, en vigencia desde el 20 de diciembre de 1995, entre "los requisitos mínimos para que una institución de educación superior conserve la calidad de tal" están los siguientes: a) "Ofrecer al menos una carrera tecnológica; una carrera profesional a nivel superior que integre lo técnico, lo científico y lo humanístico; y no menos de cinco carreras profesionales que cubran homogéneamente las áreas científicas, humanísticas y técnicas..."; b) "Disponer de los planes de estudio adecuados y aprobados para los grados que ofrezcan, así como de los programas correspondientes a los cursos, seminarios y prácticas requeridos"; c) "Realizar por lo menos un proyecto de investigación por año en las área que se ofrecen"; d) "Disponer de la adecuada infraestructura física: bibliotecas, laboratorios, campos de experimentación, centros de prácticas apropiados y demás recursos de apoyo necesarios para el desarrollo de las actividades docentes..."; y e) "Contar con una relación mínima de un profesor por cada treinta y cinco alumnos, sean éstos hora clase, tiempo parcial o tiempo completo; y una relación mínima de un profesor a tiempo completo por cada setenta y cinco alumnos".
Para verificar que las anteriores condiciones mínimas se mantengan al interior de las diferentes universidades, el MINED, siguiendo las disposiciones del artículo 39 de la misma ley, "efectuará evaluaciones periódicas para comprobar la calidad académica de las mismas...; evaluará las instituciones de educación superior por lo menos una vez cada año alterno...; realizará una calificación anual de las instituciones...en cuanto a su calidad académica, costos, infraestructura y requisitos de ingreso. Esta calificación será divulgada ampliamente".
Por lo anterior, las universidades salvadoreñas enfrentan un doble reto: por un lado, cumplir con las condiciones mínimas de funcionamiento, so pena de ser sancionadas o verse expuestas al cierre definitivo de la institución, y, por el otro, enfrentar un proceso de calificación en el que quedarán expuestas a la luz pública por su adecuación o distancia de ciertos criterios de calidad académica.
Evidentemente, ha sido el primero de estos dos puntos el que más dolores de cabeza les ha producido a los responsables de conducir cierto tipo de universidades reconocidas por su improvisación académica; por su afán de expedir, fácilmente y sin garantías de ningún tipo, títulos de la profesión que se quisiese; por sus raquíticas infraestructuras; por la inaudita incompetencia de sus docentes.
Hasta la fecha, el MINED ya ha hecho de conocimiento público, aunque aún con renuencia a proporcionar nombres, que cerca de diez universidades privadas -calificadas como "pequeñas"- se encuentran bajó evaluación al haberse detectado en éstas "serias anomalías". Entre ellas, sobresale el caso de la universidad de Administración y Negocios (UNAN), en la cual las irregularidades detectadas por el MINED -proporcionar títulos sin que los "estudiantes" hayan cursado materia alguna, por ejemplo-- trascienden incluso al campo penal, por lo cual ya se habría ordenado su cierre definitivo.
Frente a lo anterior, algunos rectores de las llamadas "universidades pequeñas" -que se diferenciarían de las "grandes" por su exigua infraestructura y escaso personal docente- han plateado algunas posibles soluciones, entre ellas: a) formar agregados de pequeñas universidades con el objetivo de cumplir conjuntamente con los requisitos de funcionamiento impuestos por el MINED; es decir unificar edificios, laboratorios y bibliotecas; b) eliminar carreras que necesitan de un respaldo tecnológico imposible de cubrir financieramente -las ingenierías, por ejemplo--; y c) acudir a préstamos o al financiamiento externo.
En lo respectivo al primer y segundo punto, es de señalar que, en primer lugar, la idea de formar "clusters" educativos pasa por alto que el MINED exige a cada institución el cumplimiento de condiciones mínimas; además, es difícil que a través de una simple suma cuantitativa de infraestructuras se logre dar el salto a la calidad académica exigida por el Ministerio: una cosa es integrar bibliotecas maltrechas y otra muy distinta poseer una de calidad, que cumpla con las características de profundidad y exhaustividad bibliográfica de una colección de libros de altura. Por otra parte, contemplar como solución el eliminar las carreras que no cumplen con el respaldo técnico requerido evade caer en la cuenta de que la calidad de los docentes de toda la universidad supera los problemas meramente instrumentales de ésta: nada se soluciona si el plantel de docentes continúan empantanado en la mediocridad intelectual y pedagógica.
Aún más interesante que la posibilidad de que las soluciones planteadas por las "universidades pequeñas" logren pasar el examen del Ministerio de Educación, es la justificación que se ha formulado para lograr que los mecanismos de evaluación del MINED sean menos drásticos o rígidos con ellas. Para muchos de los rectores de las universidades en peligro de desaparecer, el Ministerio de Educación debe de tomar en cuenta, al momento de la evaluación, que las "universidades pequeñas" cumplen una inobjetable función social: ser una alternativa de educación para aquellos estudiantes de pocos recursos económicos que no pueden optar por universidades privadas con cuotas de escolaridad elevadas.
Según ese argumento, de desaparecer las "universidades pequeñas", una buena parte de los estudiantes de educación superior tendría que abandonar sus estudios, se formaría una especie de oligopolio educativo conformado por las universidades con mayores recursos y éstas últimas se verían tentadas a reducir su calidad de enseñanza al desaparecer la presión competitiva que ejercían las universidades extintas. Ante todo, hay que señalar que en materia de educación, dadas las implicaciones que a nivel individual y social se derivan de ella, no es posible justificar condiciones pésimas de formación a partir del precio que se exige por recibirla. Hacerlo implica seguir avalando el modelo de universidad de garaje que el Ministerio se ha comprometido a erradicar; además, es evidente que, profesionales graduados a todo vapor y sin las mínimas cualidades de capacidad y conocimiento, poco o nada podrán hacer en un ámbito en el cual la competencia laboral dista mucho de exigir la mera posesión de un título.
Por otro lado, pese a todas sus debilidades, la Universidad Nacional sigue siendo una alternativa para el sector de la población que persigue obtener una educación superior; aun cuando ella no fuera una alternativa idónea para algunos estudiantes, todavía existe la posibilidad de acogerse a programas de préstamos educativos o de aplicar a las becas que brindan algunas universidades privadas.
En lo que toca a la posibilidad de que las "universidades grandes" se relajaran en la calidad académica que imparten ante la falta de competencia de las "pequeñas", el argumento queda totalmente sin fundamento cuando se observa que tal presión nunca ha existido, ¿o acaso no es por las pésimas condiciones educativas a su interior que las "universidades pequeñas" afrontan la amenaza de ser clausuradas?
En definitiva, la problemática que afrontan las llamadas
"universidades pequeñas" pone de manifiesto algunos
de los equívocos tradicionales de la educación superior.
La actual coyuntura se presenta como el momento propicio para
que sean erradicados de las universidades -no sólo de las
"pequeñas"- algunos de sus vicios más
característicos; para mostrar, mediante una calificación,
que los precios de las cuotas escolares no aseguran una formación
educativa de calidad y que, muchos menos, una infraestructura,
por muy robusta o endeble que sea, se traduce inmediatamente en
una garantía de que se gradúan individuos capaces
de alcanzar los estándares de profesionalismo exigidos
en una esfera laboral marcada por las implicaciones de la globalización
y la reñida competencia.
Durante los últimos días, la Policía Nacional Civil (PNC) ha dado mucho de qué hablar. Y con sobrada razón pues elementos de esta institución estatal se han visto involucrados en diversos actos delictivos, dentro de los cuales destaca su participación en grupos de exterminio cuyas prácticas guardan una gran semejanza con la de aquellos "escuadrones de la muerte" incrustados en los antiguos cuerpos de seguridad. Eso ha puesto a la corporación en la mira de las instituciones que trabajan, dentro y fuera del territorio nacional, por elevar los niveles de respeto a los derechos humanos de todas y todos los salvadoreños.
Pero lo anterior no es algo nuevo ni fortuito. Prueba de ello son los datos revelados, recientemente, por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). En su último informe, la PDDH sostiene que la PNC es la institución estatal más denunciada: desde enero hasta mayo del presente año, en sus oficinas recibió mil 100 denuncias contra unidades y personal de la policía. La mayoría de las quejas presentadas tienen que ver con malos tratos, detenciones arbitrarias y muertes, tanto consumadas como fallidas.
También el personal del cuerpo ha sido denunciado por allanamiento de morada, detención por hechos no tipificados, trato inhumano a los detenidos y coacción e intimidación. Otro aspecto que hay que tomar en cuenta dentro de la problemática y su análisis es que, de acuerdo al informe, las delegaciones del cuerpo más señaladas son las que se encuentran ubicadas en los departamentos de San Salvador, San Miguel y Sonsonate con 290, 146 y 100 denuncias respectivamente.
Cabe recordar que antes --en su informe correspondiente a lo sucedido en el país durante 1996-- la Procuraduría se expresó de la siguiente manera: "La determinación de las presunciones de responsabilidad en los actos constitutivos de violaciones a los derechos humanos ha recaído principalmente en la Policía Nacional Civil en el 55.7 por ciento (2,700) de los casos, hecho que es congruente con la tendencia de comportamiento observada en el transcurso del año".
Así, pues, con los datos proporcionados por la PDDH se pudo establecer que --a lo largo de 1996-- el promedio mensual de denuncias ciudadanas contra la PNC fue de 225; además, considerando la misma fuente, se observa que la tendencia durante 1997 no ha variado: mensualmente se contabilizan, como promedio, 220 hechos. Como al año pasado, la mayor cantidad de quejas tienen que ver --sobre todo-- con el irrespeto de los siguientes derechos: a la integridad personal (mil 80), a la libertad personal (821), a la seguridad y privacidad (375) y a la vida (145).
Lo anterior es una muestra de lo que sucede en la institución policial y lo mal que se encuentra. Sin duda, tal estado de cosas es preocupante y se vuelve realmente alarmante si nos ponemos a pensar que esta institución se concibió originalmente, en los acuerdos de paz, para ser un soporte de la democracia y garantizar la defensa de los derechos humanos. Pero en la realidad, las situaciones antes relatadas y el cuadro en su conjunto nos indican una dirección contraria y sumamente peligrosa.
En respuesta al último de los informes de la Procuraduría, el director de la PNC reaccionó como siempre. Rodrigo Ávila sostuvo que la corporación a su cargo, por naturaleza, siempre va a ser la institución del Estado más señalada como responsable de violaciones a los derechos humanos; también afirmó que muchas de esas acusaciones carecían de fundamento. "Casi por costumbre --advirtió el ingeniero Ávila-- el delincuente que es capturado por algún motivo, siempre busca atenuar su situación acusando a la Policía de un mal procedimiento o de una detención arbitraria" (LPG, 23.06, p.12).
Días atrás, había negado enfáticamente la existencia de estructuras criminales dentro de la institución a su cargo, poco después de la detención de dos miembros del cuerpo acusados de haber ejecutado a un grupo de jóvenes que, supuestamente, pertenecían a las "maras". A eso nos tiene acostumbrados el director general de la PNC: a rechazar, global y públicamente, los señalamientos que se le hacen y a reconocer solamente lo que él considera válido, por lo general en medio de justificaciones diversas como las señaladas.
Además de la negativa citada en el párrafo anterior, el director general formuló de manera muy simple lo que él ve como problema: algunos individuos dentro de la PNC --"malos elementos", dijo exactamente-- que se aprovechan de esa condición para delinquir. La señora procuradora para la defensa de los derechos humanos, categóricamente calificó esa postura como preocupante; para ella, si no existen esas estructuras, entonces algo está fallando al momento de escoger las personas que se integrarán al cuerpo. No obstante, al ser abordada por los medios de difusión tras la presentación de su último informe, la doctora Victoria de Avilés sostuvo que el ingeniero Ávila era el funcionario que más cumplía las recomendaciones hechas por la PDDH.
El ministro de Seguridad Pública tampoco se queda atrás en esta actitud; sólo que don Hugo Barrera utiliza la clásica táctica bélica de Clautzewitz, muy conocida en el ambiente deportivo y tan necesaria para la actual selección salvadoreña de fútbol: "la mejor defensa es el ataque". Cuando la señora procuradora insistió públicamente en la existencia de estructuras criminales dentro de la PNC, el señor ministro le salió al paso exigiendo "pruebas concretas" a sabiendas de que la PDDH no tiene la capacidad instalada --recursos humanos y técnicos-- ni el mandato constitucional para recabarlas. Ello, no obstante le corresponda --entre otras cosas-- investigar casos de violación a los derechos humanos y practicar inspecciones para tal fin.
Que las autoridades encargadas de velar por la tranquilidad de la población reaccionen de esta manera no es nuevo, pero no por ello deja de ser inquietante. Siempre han estado a la defensiva con argumentos como los anteriores u otros; ya hemos oído antes que muchas de las cosas que suceden al interior de la PNC y que afectan a la gente que deberían servir, "son casos aislados y no institucionales"; también hemos escuchado que lo que para muchas personas son estructuras criminales, para ellas sólo "son grupos infiltrados que quieren hacer daño a la institución".
Respuestas de ese calibre podrían interpretarse como síntomas de iresponsabilidad e inmadurez por parte de las esferas oficiales para enfrentar los problemas que existen, los cuales están deteriorando progresivamente el cuerpo policial y la confianza que la gente debería tenerle. También podrían indicar que no existe la suficiente voluntad para mejorar esta importante institución y convertirla en lo que realmente debería ser: la garantía de nuestra seguridad, en un marco de respeto a los derechos humanos.
La presunción de que hay grupos de exterminio dentro del cuerpo operando con impunidad, sin una acción eficaz por parte de los mecanismos de control que existen dentro de la PNC y el Ministerio de Seguridad Pública, es más que fundada. Asimismo, resulta evidente la poca disposición mostrada por las autoridades para investigarlos y desarticularlos. Estas últimas, en lugar de adoptar una posición paternalista y "enconcharse", deberían ser más enérgicas para sanear nuestra institución policial. No es suficiente que mencionen haber ordenado una investigación y que intenten consolarnos diciendo que pronto se resolverá todo; su actitud debería ser la de "tomar el toro por los cuernos" y entrarle de lleno al serio problema que tienen en sus manos.
Esos y otros errores graves en los que está incurriendo la PNC mediante la actuación ilegal de sus elementos --ya sea de manera individual o actuando como parte de determinada estructura "clandestina"-- son el resultado de varios factores y los mismos deben enfrentarse con el concurso de la sociedad entera, a la cual pertenece. Sobre todo, se debe ir hasta el fondo en lo relativo al problema de la impunidad dentro de la institución. Para ello, sus responsables deben acercarse más a la población con resultados positivos en esta lucha.
Ya lo hemos dicho en otras ocasiones: la necesaria confianza que la gente debe tener en las autoridades encargadas de garantizar su seguridad, se encuentra fundada en una actuación transparente y respetuosa de la legalidad. Pese a que existe una diferencia abismal entre lo que actualmente tenemos y los antiguos cuerpos, falta mucho por hacer en este campo. En tal sentido, los datos que brinda la PDDH deben ser tomados muy en cuenta para empezar a trabajar duro, a fin de detectar y desaparecer --de una vez por todas-- las estructuras criminales dentro de la PNC; también, para comenzar a controlar y reducir la realización de actos de sus agentes que atentan contra la dignidad de las personas.
Pero no pretendemos que esos y otros señalamientos críticos hechos al funcionamiento del cuerpo, pongan a sus responsables contra la pared en una actitud claramente defensiva. Quedarse ahí no es suficiente para un pueblo urgido de vivir con justicia, democracia y paz. En esa línea, resultaría injusto no hacer mención de las numerosas muertes de agentes en el cumplimiento honrado de su deber.
El interés es uno: hacer de esta institución lo que se pensó hace unos años y así evitar su desnaturalización. Para ello, es necesario realizar todos los esfuerzos posibles y utilizar al máximo los recursos disponibles. Tanto el Estado como la llamada "sociedad civil", junto a la cooperación internacional, debemos trabajar en varios sentidos a fin de lograr lo que hasta ahora --por diversas razones-- no se ha logrado: un cuerpo de seguridad integrado --desde arriba hasta abajo-- por personas con vocación de servicio a la comunidad y con capacidad para relacionarse con sus semejantes, sin abusar.
Sin duda, dos son las líneas de acción a impulsar para avanzar en el mejoramiento de la PNC: una preventiva y la otra curativa. Por un lado se encuentra la atinada selección y adecuada capacitación del personal que va a ingresar a ella; por el otro, un proceso de depuración que comprenda tanto las acciones inmediatas que se necesitan como la fiscalización sostenida de la actuación de sus miembros, junto a la adopción de las medidas pertinentes sin distinción de ningún tipo. En aras de eso, la conducción de la seguridad pública en el país debe modificar sus actitudes; y los mecanismos de control que existen --sobre todo la Inspectoría General de la PNC-- tienen que comenzar a funcionar eficazmente.
En febrero de 1992, cuando reflexionábamos en este espacio sobre la institución policial que estaba por crearse, dijimos que nos encontrábamos ante "una verdadera revolución en materia de seguridad pública, determinada desde la perspectiva de los derechos humanos, como una respuesta lógica y necesaria a las masivas y sistemáticas violaciones a los derechos fundamentales de la población salvadoreña ocurridas durante los últimos veinte años".
Y agregamos: "Un cambio de tal magnitud posibilitaría
el nacimiento en la ciudadanía de una actitud de confianza
y credibilidad, perdidas a raíz de la actuación
de las anteriores corporaciones policíacas y tan necesarias
para el establecimiento de un clima de seguridad entre la población".
Lo anterior es una de las grandes deudas del llamado "proceso
salvadoreño", pero seguimos creyendo que dicho cambio
es posible y necesario. Por ello, continuaremos trabajando desde
nuestro lugar en la sociedad hasta alcanzarlo.
CUESTIONAMIENTOS. Un informe preliminar de la Corte de Cuentas de la República, aplicado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), durante el período de enero de 1995 a mayo de 1997, revela una serie de irregularidades en el manejo de 13.7 millones de colones de dicha institución. Entre los hallazgos de dicho informe figuran cancelaciones a diferentes empresas de publicidad por un monto de 6 millones 235 mil 282 colones, detectándose que una empresa publicitaria cobró, en 1994, 2.3 millones de colones sin celebrar contratos ni licitación. Por otro lado, el ente contralor dictaminó anomalías en cuanto a la erogación de fondos en concepto de prima de seguro de vida y médico hospitalario al secretario privado de la Presidencia de la CSJ y al jefe del Departamento de Seguridad, a quienes presuntamente les fueron cancelados 213 mil 721 colones, en concepto de prima de seguros, a pesar de que ellos ya no estaban incluidos en la renovación de dichos servicios. Asimismo, la Corte de Cuentas destacó anomalías en la acumulación de armas dentro de la institución. Al respecto, la institución señala que la CSJ adquirió 79 armas que no están asignadas y se encuentran en la bodega del Departamento de Seguridad y Protección Judicial, por lo cual el argumento esgrimido --que las armas eran necesarias para el crecimiento de las dependencias del Organo Judicial-- no es cierto, ya que han transcurrido 6 meses desde su adquisición y aún se encuentran almacenadas (DL 24.06 p.3 y LPG 24.06 p.4).
DESCARTAN ACUSACIONES. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó, el 24.06, el informe presentado por la Corte de Cuentas de la República en el que se revelan presuntas irregularidades en el manejo de más de trece millones de colones, y advirtió que tiene pruebas para desvirtuar las informaciones de la contraloría. "Tenemos suficientes elementos de juicio para desvanecer ese informe", aseguró el presidente de la CSJ, José Domingo Méndez, quien no descartó que la publicación del documento sea una maniobra política. La CSJ argumentó que los arrendamientos que han contratado responden a los cánones imperantes en el mercado, según la zona geográfica del inmueble y sus características, y no a un mal manejo de los fondos de la institución. Respecto a los seguros de vida y médico hospitalarios, los magistrados aseguran que los seguros forman parte de las prestaciones a las que tienen acceso los magistrados, considerando que los ejecutivos, dada la relevancia de sus funciones y alto riesgo en el desempeño de las mismas, ameritan poseer una cobertura de seguros. En cuanto a la compra de armamentos --otro de los rubros investigados--, el Organo Judicial argumenta que los revólveres, pistolas y escopetas son permitidas por la ley para uso de civiles y se han distribuido entre el personal que presta vigilancia en los centros judiciales y tribunales de todo el país y no se han mantenido en bodegas como se ha señalado (LPG 25.06 p.6 y DL 24.06 p.3).
INTEGRACION. El Presidente de la República, Armando Calderón Sol, inauguró, el 24.06, en San Salvador, la Segunda Conferencia Interamericana de Directores de Institutos de Altos Estudios Estratégicos, durante la cual se analizarán aspectos sobre seguridad, cooperación e integración de las Fuerzas Armadas de varios países del continente americano. A la misma, se han hecho presentes miembros de las Fuerzas Armadas de Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Paraguay, Perú y Uruguay. Durante el acto de inauguración, Calderón Sol señaló que "este evento está en consonancia con las exigencias que impone el proceso evolutivo mundial y responde eficazmente a la necesidad de que las instituciones militares a nivel hemisférico sigan avanzado en su desarrollo profesional y técnológico". Asimismo, el Presidente apuntó que entre los principales puntos a tratar se encuentra la seguridad como instrumento para el desarrollo de los pueblos, además de "los efectos de la integración regional en la seguridad nacional y las medidas de cooperación y confianza mutua ante las amenazas no tradicionales". Por su parte, el Ministro de Defensa salvadoreño, Jaime Guzmán Morales, manifestó que el objetivo de dicha reunión es preparar a los ejércitos de la región ante "amenazas no tradicionales", tales como el deterioro del medio ambiente, operaciones de mantenimiento de paz u operaciones humanitarias en caso de desastre (LPG 25.06 p.14).
ANORMALIDADES. El Presidente de la Corte de Cuentas de la República,
Rafael Hernán Contreras, confirmó, el 11.06, irregularidades
generalizadas en una considerable cantidad de alcaldías
municipales, detectadas en el cambio de gobierno municipal a partir
del pasado 1 de mayo. El funcionario indicó que entre dichas
irregularidades figuran la mala administración, faltantes
de existencias físicas y en algunos casos hasta actos que
pueden lindar con la malversación de fondos. En el caso
de la mala administración, Contreras se refirió
a trabajos desarrollados en proyectos municipales donde los avances
verificados hasta el momento no concuerdan con los gastos. Algunas
municipalidades adonde se han detectado irregularidades son: Ciudad
Delgado, Mejicanos, Ilopango, San Marcos, Guazapa, Ayutuxtepeque,
Jiquilisco y Santiago de María (LPG 12.06 p.12).
RENUNCIA. La gerente general de Mercados, Blanca Lazo, presentó su renuncia al alcalde capitalino Héctor Silva, misma que será efectiva a partir del 1 de julio. Lazo negó que su renuncia esté motivada por presiones señalando que "el puesto es más problemático de lo que se imaginaba". La funcionaria consideró que a lo largo de estos días han ocurrido una serie de anomalías que obviamente impiden realizar un trabajo orientado a solucionar el problema de las ventas callejeras; particularmente, se refirió a la suspensión del censo que se pretendía impulsar, para disponer de un control más efectivo del número de vendedoras diseminadas en el Distrito Comercial Central (LPG 12.06 p.14).
REDUCCION SALARIAL. El alcalde de Zacatecoluca, Manuel Antonio de Jesús Carballo, así como cuatro funcionarios de alto rango, anunciaron, el 10.06, la disminución de sus salarios hasta un 40% a fin de solucionar el problema financiero por el que atraviesa su alcaldía. Según el jefe de la comuna, el alcalde anterior, Saúl Rivera, devengaba un sueldo mensual de 25 mil colones mientras que él lo redujo a 16 mil colones, los demás funcionarios han sufrido rebajas que oscilan entre los mil y dos mil colones. De acuerdo a Carballo, cuando asumió la jefatura municipal se encontró con una deuda que sobrepasaba los dos millones de colones, entre pagos de salarios, cotizaciones al INPEP, saldos de préstamos al ISDEM, compromisos con la empresa privada, instituciones como ANDA, Compañía Distribuidora Eléctrica del Sur, y otras más, encontrándose sin fondos para cancelar las cuotas. Por su parte, el Secretario Municipal, Amílcar Vaquerano, aseveró que en la reducción salarial no ha habido nada parecido a imposición ni tampoco presión, calificando la decisión de un acuerdo de tipo interno y muy personal "para no seguir sangrando las finanzas deterioradas por el anterior gobierno local". Ambos funcionarios aseguraron que la rebaja salarial no es momentánea, sino que durará todo su período, pues está consciente que es necesario invertir fondos en obras sociales (LPG 11.06 p.18, EM 12.06 p.4).
INVESTIGARAN MUERTES. La Comisión Legislativa de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa reabrió los procesos de unos 150 militares asesinados en circunstancias no precisadas o que sufrieron atentados, desde que se firmaron los Acuerdos de Paz, revelaron, el 11.06, fuentes políticas. Entre los casos referidos se mencionan al ordinario militar Monseñor Joaquín Ramos, que en noviembre de 1996 se había elevado a plenario en el Juzgado Segundo de lo Penal de Zacatecoluca. Además, se exigen el esclarecimiento de las muertes del coronel Horacio Martínez, coronel Telésforo Fredy Delgado Acevedo, teniente coronel Juan Horacio Martínez, mayor Roberto Antonio Valladares y otros. El Presidente de la Comisión, Julio Alfredo Samayoa, y el diputado René Figueroa informaron que la temática será abordada nuevamente, al tiempo que comunicaron que se mandaría a citar al Fiscal General de la República, Manuel Córdova Castellanos; al Ministro de Seguridad Pública, Hugo Barrera; y a la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Victoria Marina de Avilés, para que brindaran declaraciones. La iniciativa de investigar los casos militares está contenida en una pieza de correspondencia presentada en la legislatura pasada por el diputado Renato Pérez. En la pieza, interpuesta en 1995, se mencionan a 75 militares muertos, pero los diputados miembros de la Comisión hablan ahora de 150 entre muertes y atentados. La Fiscalía envió a finales de 1996 un listado en el que menciona el estado de los procesos judiciales, pese a que, según declaraciones de la institución, "ha sido bastante difícil la ubicación de los juicios en los distintos tribunales, pues muchos de ellos han sido archivados" (LPG 12.06 p.8).
OFICIALIZAN FUSION. Los máximos dirigentes del Movimiento
de Unidad (MU), Renovación Social Cristiano (PRSC) y Movimiento
de Solidaridad Macional (MSN) oficializaron, el 13.06, la decisión
de fusionarse en uno solo, tratando de convertirse en un proyecto
alternativo en las elecciones de 1999. El presidente del PRSC,
Abraham Rodríguez, dijo que el proyecto político
madurará a corto plazo y se espera que, en las próximas
semanas, los partidos disueltos por efecto de la fusión
integren una sola dirección política. Paralelamente,
se informó que los 3 partidos cumplirán una agenda
de trabajo común, a la que se incorporarán los diputados
y alcaldes con el fin de ahorrar recursos y unificar al electorado
(DL 13.06 p.3 y LPG 14.06 p.5).
CANCELA PARTIDOS. El magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Mártir Arnoldo Marín, confirmó, el 23.06, que los partidos Movimiento de Unidad (MU), Movimiento de Solidaridad Nacional (MSN), Pueblo Libre (PL) y Movimiento Auténtico Social (MAS) quedaron desinscritos como institutos políticos al no lograr un porcentaje mayor al tres por ciento del electorado en las elecciones del 16 de marzo. No obstante, el funcionario aclaró que los magistrados estudian una petición del MSN y el MU de integrar, junto al Partido de Renovación Social Cristiano (PRSC), el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) (LPG 24.06 p.10).
SALARIO MINIMO. El Presidente de la Cámara de Comercio,
Luis Cardenal, expresó, el 24.06, que un incremento en
el salario de los empleados públicos, por medio de un decreto
de la Asamblea, Legislativa podría ser un error que afectaría
a la economía nacional. A juicio del empresario, la prioridad
es la generación de empleos y que éstos sean dignos
y bien remunerados. Según el funcionario, la Cámara
de Comercio realiza los análisis y consultas técnicas
que permitan tomar una mejor decisión en el corto plazo.
En el mismo orden, Roberto Orellana Milla, del Banco Central de
Reserva, manifestó que el incremento salarial no es conveniente,
debido a que la situación económica del país
se "está recuperando lentamente" (LPG
24.06 p.37 y DH 25.06 p.20).
INCONSTITUCIONALIDAD. Los representantes de unas 200 Organizaciones No Gubernamentales, presentaron ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia una petición de inconstitucionalidad de la Ley de Asociaciones y Fundaciones, con el que se regula el funcionamiento de diversas organizaciones. Uno de sus representantes, Joaquín Cáceres, dijo que la ley atenta contra el derecho de asociación y en el escrito presentado ante la Sala, se argumenta que a través de la normativa se establece una intromisión en los asuntos internos de los organismos no gubernamentales; Cáceres advirtió que no se está en contra de la regulación de las actividades de las ONG's, pero no se puede establecer una fiscalización general si no se detecta que hay mal administración (LPG 12.06 p.16).
CASO SISA. Tres presuntos implicados del la explosión de
dos bombas, una en las instalaciones de Seguros e Inversiones
(SISA) y otra en una de las calles de la urbanización Santa
Elena, ocurridas a principios de 1996, podrían quedar libres
pronto, luego de que un tribunal superior de justicia confirmara
la exoneración de los cargos, que meses antes había
resuleto un juzgado capitalino. El defensor de los acusados, Carlos
Avelar, expresó que los magistrados de la Cámara
Primera de lo Penal exoneraron de cargos a los imputados, ya que
la prueba que existía en contra de ellos era demasiado
débil. A partir de la notificación de la resolución,
los representantes de la Fiscalía General de la República
tendrán 72 horas para presentar un recurso de revocatoria.
Mientras tanto, la defensa de los favorecidos pretende presentar
una demanda contra el Estado por los daños y perjuicios
ocasionados a los presuntos implicados (LPG 24.06 p.8)
INMIGRANTES. El Presidente Armando Calderón Sol mostró,
el 24.06, su optimismo ante lo que él ve como la apertura
de espacios de parte de los legisladores de Estados Unidos para
favorecer a los inmigrantes salvadoreños. El mandatario
manifestó que su gestión en pro de los inmigrantes
salvadoreños debe ser "por etapas", aludiendo
a la situación de aquellos que no se han amparado a los
programas de legalización. "No podemos abogar por
las personas que están fuera del ordenamiento jurídico,
sino los que sí lo han hecho y que son los que están
siendo golpeados. Ellos han pagado impuestos, han trabajado y
se les está aplicando la ley retroactivamente", puntualizó
(LPG 24.06 p.7).
