Año 18
número 764
julio 2
1997
ISSN 0259-9864
Editorial Estados Unidos teme a la violencia de los salvadoreños
Política ANTEL en el limbo
Economía Efectos económicos de la sequía
Regional Crisis en Nicaragua
Derechos Humanos Tenemos corte, pero...
En el marco de las eliminatorias para el mundial de fútbol a realizarse en Francia, en 1998, las selecciones del área de la CONCACAF se están disputando las plazas asignadas por la FIFA para la región. Entre los juegos programados en esta eliminatoria, El Salvador se ha enfrentado, en San Salvador, a México y a Estados Unidos. En el juego contra los mexicanos, perdido por los salvadoreños, se generaron -en los sectores populares del Estadio Cuscatlán-incidentes violentos que provocaron una lesión a uno de los árbitros del encuentro. Las sanciones y multas para el entrenador del equipo nacional y la federación de fútbol no se hicieron esperar. Asimismo, los involucrados en los afanes de clasificar a El Salvador para el mundial se mostraron convencidos de que el partido contra Estados Unidos tenía que ser ganado a como diera lugar. Prensa, televisión y radio no paraban de llamar a la afición a apoyar, una vez más, al equipo nacional.
Así las cosas, de pronto los medios de prensa revelaron una información, presuntamente proveniente del Departamento de Estado de Estados Unidos, en la que se pedía a los ciudadanos de ese país cuidarse de asistir al estadio, pues los salvadoreños eran sumamente violentos. No se sabe a ciencia cierta si efectivamente se trató o no de un opinión vertida por voceros del Departamento de Estado, pero lo que sí sucedió es que nuestros cronistas deportivos inmediatamente hicieron eco de ella y, haciendo gala de un nacionalismo de lo más ramplón, negaron rotundamente cualquier atisbo de violencia en los salvadoreños, a quienes no dudaron en calificar de pacíficos, respetuosos y amantes de los colores patrios.
Nuestros especialistas en deportes lanzaron fuertes diatribas contra los que habían osado manchar el "honor" del pueblo salvadoreño; sin embargo, se trató sólo de eso: diatribas y vociferaciones patrioteras que obviaron lo más importante: que El Salvador es un país violento --según las estadísticas oficiales, el más violento de América Latina -y que buena parte de esa violencia es herencia de doce años de guerra civil, en la que el gobierno de Estados Unidos tuvo una participación directa apoyando a uno de los dos bandos en contienda.
No hay que olvidar que las anteriores administraciones estadounidenses -especialmente las de Reagan-- financiaron y entrenaron a los batallones del ejército responsables de los mayores crímenes cometidos durante la década pasada. Los adiestraron en tácticas de terror, de violencia y de muerte; los armaron con el material de guerra más poderoso; y los encubrieron cada vez que fue necesario. Por la embajada de Estados Unidos pasaron los planes de violencia terrorista más arteros, sin que sus funcionarios hicieran algo al respecto. Esa herencia de violencia, auspiciada y fomentada por los gobiernos norteamericanos en el pasado reciente, está pesando decisivamente en el clima de violencia que vive nuestro país en la actualidad. Muchos de los fusiles que Estados Unidos "donó" a nuestro ejército siguen produciendo --esta vez en manos de bandas criminales o de individuos irresponsables-- víctimas inocentes. El desprecio al otro y la intolerancia, la lógica amigo-enemigo, también fueron actitudes alimentadas por las autoridades estadounidenses, y ahora está siendo difícil deshacerse de ellas.
Entonces, pues, Estados Unidos no es totalmente ajeno al clima de violencia que vive actualmente El Salvador. No toda la violencia en la década pasada y sus secuelas en la actualidad son responsabilidad de sus gobernantes, pero sí lo es una buena parte. Esto no puede ni debe ser olvidado, no por un interés revanchista o antinorteamericano, sino por pura fidelidad a la realidad histórica. Si los anteriores gobiernos de Estados Unidos contribuyeron a alimentar la violencia en nuestro país, no hay porque no decirlo con todas sus letras, sobre todo si ese pasado violento está pesando en los comportamientos y actitudes de muchos salvadoreños en la postguerra. Y ello con mayor razón si, al calor de una coyuntura deportiva, presuntos voceros del gobierno estadounidense han sacado a relucir el tema de "la violencia de los salvadoreños", como si la misma les fuera absolutamente ajena.
No se trata de enemistarse con los estadounidenses -con los ciudadanos o su gobierno- porque dicen que nuestro país es violento. Eso es verdad y reconocerlo no es ser un antisalvadoreño ni cosa parecida. Instituciones nacionales e internacionales manejan cifras alarmantes sobre los niveles de criminalidad en el país; por tanto, hablar de la bondad, amistad o solidaridad intrínsecas de los salvadoreños es un desatino, sólo válido para el panfletarismo deportivo. Lo que sí debe molestar es que quienes hablen de la violencia en El Salvador -sean estos quienes sean- no mencionen los factores que contribuyeron y contribuyen a su propagación. La herencia de la guerra
--indisociable de la tenencia y uso de armas de guerra--, la pobreza, la exclusión social, la vigencia de patrones estatales autoritarios, el alcoholismo, las drogas y la frustración provocada por unos modelos de consumo inaccesibles para la mayoría son, entre otros, hechos sin los cuales no se puede explicar la violencia de los salvadoreños, que ciertamente va más allá de -y es mucho más seria que-- los desórdenes que se generan en los tendidos populares de cualquier estadio del mundo.
Como demostraron los asistentes al Estadio Cuscatlán el
domingo 29, los temores de las autoridades estadounidenses de
un "desborde popular" contra sus ciudadanos no tenían
razón de ser, pues la violencia que abate al país
no tiene como lugar privilegiado los escenarios deportivos, sino
las calles y avenidas, los lugares de residencia y de trabajo,
la ciudad y el campo. Sus protagonistas no son los fanáticos
del fútbol, sino las bandas armadas de ex combatientes,
el crimen organizado, los delincuentes comunes y grupos de policías
que operan al margen de los organismos de dirección de
la PNC. Esta es la violencia que debe de preocupar a todos los
salvadoreños, porque es la que, antes de afectar a los
extranjeros, los afecta cotidianamente a ellos.
La semana recién pasada, la comisión ad hoc de la Asamblea Legislativa, encargada de replantear la Ley de Privatización de ANTEL, decidió pedir un mes de prórroga para concluir la labor que le fue asignada. Tras la polémica derogación de dicha ley, la Asamblea eligió los miembros de la comisión, responsables de rediseñar el marco legal para la venta de ANTEL, y estableció un plazo de cuatro semanas para finalizar su trabajo. Ese plazo está por cumplirse y, aunque hay que reconocer que la comisión legislativa ha dado muestras de haberse esforzado en alcanzar un consenso entre los distintos sectores relacionados con la venta de ANTEL, el futuro de la autónoma es aún incierto.
Cabe recordar que no es la primera vez que la Asamblea Legislativa incumple sus compromisos. La relativa demora en la elección de la Junta Directiva de la actual legislatura, es el ejemplo más reciente de que a los diputados salvadoreños parece no preocuparles en lo absoluto incumplir con sus obligaciones. En aquella oportunidad se advirtió el peligro de que los retrasos en las tomas de decisiones al interior de la Asamblea se volvieran algo cotidiano, afectando no sólo la esfera administrativa, sino también los procesos de trascendencia nacional (Proceso, 757 ). Pues bien, desafortunadamente, en el caso de la privatización de ANTEL parece estarse cumpliendo el pronóstico.
No es que se pretenda restar méritos al trabajo de la comisión ad hoc, pero es importante señalar la facilidad con la que los legisladores violan los acuerdos establecidos, incluso aquellos en los que han empeñado su palabra. Particularmente importante es este señalamiento debido a la dimensión y repercusiones de la privatización de ANTEL en la vida nacional. Y es que este ha sido, justamente, uno de los argumentos esgrimidos por los diputados que integran la comisión para justificar la necesidad de una prórroga. Parece ser obvio que una decisión como la que están por tomar --o mejor, que ya deberían haber tomado- debe realizarse con el tiempo suficiente. Eso no puede discutirse. Lo cuestionable es que, sabiéndolo de antemano, los diputados hayan fijado, a la ligera, un plazo que corría el riesgo de quebrantarse desde el principio.
Otra de las explicaciones que han dado los diputados por su tardanza es que los miembros de la comisión son, en su mayoría, los mismos miembros de la Comisión Política y, por ende, responsables de elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Lo incomprensible aquí es que, habiendo 84 diputados en la Asamblea, no sea posible distribuir el trabajo de acuerdo a un orden que permita a cada quien responder con los compromisos que asume. Realmente resulta difícil de entender por qué se nombraron en la Comisión ad hoc a los mismos miembros de la Comisión Política, si por sentido común podía preveerse que eso implicaría una recarga de trabajo.
Los legisladores, maestros en el arte de las justificaciones, siempre encuentran una a la hora de dar cuenta de sus fallas. El problema es que en este caso la falla puede traer a El Salvador serias repercusiones. En este momento, son cuatro las transnacionales precalificadas para participar en la subasta de los activos de ANTEL: GTE (Estados Unidos), Telia (Suecia), Bell South (Estados Unidos) y France Telecom (Francia). Ahora, si bien es cierto que las decisiones que a nivel político se tomen, con respecto al marco legal de la privatización de las Telecomunicaciones nacionales, deben efectuarse al margen de los países interesados en comprarla, también lo es que ese interés de los inversionistas puede tener límites y flaquear ante la falta de definición política de El Salvador.
Dejando a un lado la discusión sobre los pros y los contras de la privatización, lo cierto es que, en el caso de ANTEL, es prácticamente un hecho que ésta va llevarse a cabo. Las fracciones partidarias se han mantenido firmes en sus propuestas y, aunque hay algunas discrepancias en cuanto a la forma, todas --excepto el FMLN-- le apuestan a la venta de la autónoma. Así las cosas, se tiene que pensar en los inversionistas, no porque haya que supeditarse a sus intereses, sino porque si la privatización de ANTEL va a darse lo más recomendable es que sean las mejores ofertas las que participen en la subasta.
La tardanza en la definición del destino de las telecomunicaciones salvadoreñas puede ser perjudicial para un proceso de privatización que ahora --a pesar de la contundencia de la derogación-- parece irreversible. El incumplimiento de plazos establecidos puede ser interpretado por los inversionistas como falta de seriedad por parte de los políticos nacionales y, aunque a veces son hasta risibles las posturas de algunos apologistas de la privatización --a quienes lo único que parece importarles es retener a como de lugar a las empresas interesadas en la compra de ANTEL-, la posición que aquéllos puedan adoptar no debe dejar de tomarse en cuenta.
Ha pasado ya un mes desde que el decreto número 900 fue derogado por la Asamblea Legislativa. Los asesores de la comisión ad hoc entregaron ya su primer informe en el que aseguran que, según la Constitución de la República, los activos de ANTEL pueden tener diferentes destinos: continuar siendo estatales, traspasarse a una empresa en la que el Estado pueda ser copropietario minoritario o mayoritario, o puede ser transferido a uno o varios entes privados, sin que el Estado tenga titularidad como propietario. Entre todas estas posibilidades se reparten las opiniones de las fracciones legislativas. Como era de esperarse, ARENA y el FMLN tienen las posiciones más encontradas. El primero aboga por la venta parcial de ANTEL, 51% de sus acciones serían vendidas a los inversionistas para asegurar su participación ; un 10%, con acceso preferencial, a los trabajadores ; y el 39% restante al pueblo salvadoreño, a través de la Bolsa de Valores. Por su parte, el FMLN plantea la modernización de la autónoma sin venderla y, en cambio, propone impulsar una serie de acciones para mejorar el servicio. PCN, PDC, PLD, PRSC y CD creen en la venta parcial de acciones, oscilando entre el 49% y el 85% de las mismas.
En definitiva, aunque pasos importantes se han dado, aún le queda a la comisión ad hoc mucho por hacer para finalizar el análisis de la Ley de Privatización de ANTEL y alcanzar resultados concluyentes. Falta que los partidos elijan una de las propuestas con respecto a la venta de las acciones de la autónoma, con lo cual se definirá qué tanto control se otorgará al inversionista y qué tanto control conservará el Estado en el manejo de las telecomunicaciones. Todavía no se ha dicho nada definitivo respecto al destino de los fondos de la venta, no se ha definido el precio base con el que ANTEL se expondrá en la subasta ni se ha mencionado el problema de los trabajadores de la autónoma, entre otros aspectos.
Después de un mes, ANTEL continúa en el limbo. Todavía
es un enigma como van a mediatizare las posturas extremas de ARENA
y del FMLN --el cual seguramente se verá obligado a modificar
su planteamiento ante un panorama en el que tiene todas las de
perder--, especialmente porque los partidos intermedios también
discrepan entre sí. Habrá entonces que esperar un
mes más para conocer el rumbo que tomará la privatización
de las telecomunicaciones salvadoreñas y un tiempo más
largo para saber si el análisis detallado que parece estar
haciendo la comisión ad hoc, y las demoras que éste
ha ocasionado, valieron la pena.
Tradicionalmente, la sequía, al igual que otros desastres denominados "naturales", no ha sido considerada como un fenómeno digno de especial atención para las políticas gubernamentales de desarrollo. Los efectos negativos de la sequía son atendidos a través de medidas contingenciales, tales como el control de precios y la importación de granos básicos, lo cual parece sugerir que sus efectos no son de gran consideración y que, por ende, no son un elemento a considerar para la elaboración de planes de desarrollo.
Inclusive los estudios que tratan sobre la problemática de la economía campesina o de la estabilidad macroeconómica ofrecen una visión que no considera la importancia de las pérdidas por sequía dentro de la dinámica de subsistencia del sector campesino, centrando su atención principalmente en aspectos como la deficiente asistencia técnica, la poca asistencia crediticia, los bajos precios, la situación alimentaria y la capacidad --o incapacidad-- de importación de alimentos.
Para el presente año, se ha insinuado insistentemente el riesgo de que se desarrolle el trastorno atmosférico "El Niño", lo cual implica la posibilidad de sequías en toda el área centroamericana. Aunque aún no existe certeza sobre los efectos del fenómeno para este año, lo cierto es que, en El Salvador, el retraso del inicio de la época lluviosa ha provocado pérdidas para los productores de granos básicos que se atrevieron a realizar sus primeras siembras en los pasados meses de mayo y junio.
Llama la atención el hecho de que la sequía, aunque es un fenómeno con una larga trayectoria histórica durante el siglo XX, no haya recibido la debida atención en la formulación de la política económica, con lo cual se ha contribuido a profundizar las condiciones de marginación del sector campesino y de crisis económica del sector agropecuario.
No puede negarse, empero, la existencia de planes y proyectos para la mitigación de los efectos de la sequía, especialmente notables en los esfuerzos gubernamentales para impulsar sistemas de riego, monopolizar la comercialización de granos básicos, intensificar la extensión agropecuaria y cuantificar el monto de las pérdidas a causa de la misma. Así las cosas, en las siguientes líneas se busca hacer una aproximación a los efectos económicos de la sequía, poniendo de relieve sus efectos sobre la producción, precios y sector externo, para argumentar la necesidad de adoptar políticas de mitigación del mencionado fenómeno.
Aunque el tema que nos ocupa ha sido poco tratado por las diferentes investigaciones sobre la situación del agro, este amerita una revisión más detallada, pues, de acuerdo a la evidencia disponible, es claro que las sequías han provocado efectos negativos sobre diferentes variables macroeconómicas de gran importancia no sólo para el crecimiento y la estabilidad económica, sino también para lograr una distribución más equitativa del ingreso.
Una evaluación sumaria de los efectos de la sequía resulta difícil de obtener debido a la deficiencia de los reportes, ya que estos existen únicamente para casos de sequía severa, mientras que para casos de sequía moderada no existen registros que, cuando menos, ofrezcan cifras aproximadas de los daños. Consecuentemente, estos pueden pasar totalmente desapercibidos.
Tomando en cuenta esta aclaración, es importante destacar que la mayor parte de los daños a la producción a causa de la sequía severa han estado centrados en los cultivos de granos básicos. Los daños en la producción de café, azúcar y algodón u otros productos de exportación no han sido cuantificados sistemáticamente, aunque existen razones que inducen a pensar que estos son relativamente indiferentes a la ocurrencia de la sequía. Por el contrario, los registros gubernamentales dan cuenta de elevadas pérdidas de granos básicos, especialmente en los últimos 24 años.
La sequía de 1991, por ejemplo, hizo disminuir la producción de granos básicos en 9.3%, para fijarla en 17.3 millones de quintales; para la siguiente cosecha, la cifra se elevó en 32.4% para alcanzar los 22.9 millones de quintales. En los siguientes dos años agrícolas, la producción de granos básicos experimentó nuevas recaídas, pero especialmente para 1994/95 cuando se experimentó una reducción de 18.9% en el volumen de producción.
Cabe destacar que la producción de maíz ha sido la más afectada de todos los granos básicos, registrando pérdidas de 16.3% y 24.1%, para 1991 y 1994, respectivamente. De esta forma, la producción del año agrícola 1994/95 fue inferior en un 33% a la cosecha obtenida para 1992/93, cuando no se reportó sequía.
De acuerdo a datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), para el año agrícola 1995/96 se registró un nuevo incremento de la producción de granos básicos, especialmente debido al aumento en la producción de maíz, que fue posible, en gran parte, gracias a la ausencia de sequía para el mencionado año. Aún así, los niveles de producción de maíz aún distan mucho de los niveles observables para 1992/93.
Al igual que la producción, los precios de los granos básicos son altamente susceptibles a la ocurrencia de la sequía, no solamente por el efecto de la disminución de la oferta, sino especialmente por la presencia de prácticas especulativas de parte de los intermediarios. Así, para los últimos años de sequía los precios de los alimentos experimentaron escaladas inusuales, especialmente por el incremento en los precios de los granos básicos. Entre los meses de mayo y julio de 1991, por ejemplo, las especulación en torno a la ocurrencia de la sequía provocó que el índice de precios de los alimentos se incrementara a tasas de 2.9%, 1.6% y 3.6%, respectivamente, las cuales contrastan con las usuales tasas de menos de 1% a las que normalmente se incrementan. Similar situación se observó para 1994, especialmente debido a fuertes incrementos en los precios de los granos básicos. Para el presente año, se experimentaron ya los primeros incrementos especulativos en los precios del frijol.
En lo que respecta al sector externo, los efectos de la sequía se han traducido en un incremento de las importaciones de alimentos y en mayores presiones para el incremento del déficit de la balanza comercial. Para principios de la década de 1970, estas presiones eran mucho más evidentes que en la actualidad. Para la sequía de 1972 las importaciones de maíz sufrieron un fuerte incremento, pasando de un nivel de 44,000 colones en 1972 a 20,025,000 colones en 1973, lo cual representó un 52.15% del déficit de la balanza comercial para este año. Entre 1993 y 1994, y por efecto de las pérdidas por la sequía, las importaciones de maíz pasaron de 82.554 millones de colones a 193.148 millones; es decir, un incremento de casi 111 millones de colones. Las importaciones de maíz para 1994 representaron tan sólo un (193.148/11,590) % del déficit en balanza comercial; pero aportó un significativo 9.9% del incremento del déficit comercial para 1994.
Los efectos de fenómenos naturales como el de "El
Niño" muestran que existen formas de organización
social que propician la existencia de grupos de población
vulnerables, en este caso la población campesina. En realidad,
los efectos negativos de "El Niño", o de la sequía
en general, podrían mitigarse con la adopción de
una política de fomento de la producción de alimentos
basada en el apoyo a pequeños productores. Algunos componentes
de una política de prevención de la sequía
consistirían en la implementación de pequeños
y grandes proyectos de riego, la distribución de semillas
mejoradas y la asistencia técnica y crediticia para los
productores de alimentos. Lamentablemente, en el actual contexto
de crisis del sector agropecuario, la adopción de este
tipo de programas parece poco probable debido a las ingentes necesidades
del sector y al paulatino desmantelamiento del Estado en que se
han enfrascado los dos últimos gobiernos.
Desde que Arnoldo Alemán asumió el cargo de la presidencia de Nicaragua hace seis meses, el vecino país centroamericano se convirtió en una olla de presión que ahora amenaza con explotar. Los arrebatos histéricos y las furibundas acusaciones de fraude electoral emanados del candidato perdedor, Daniel Ortega, representante del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), constituyeron un presagio de lo que le depararía a Alemán a lo largo de su gestión.
A pocos días de que iniciara una mesa de diálogo nacional, convocada por Alemán para tratar de apaciguar el tenso clima político que se vivía en Nicaragua desde el mes de abril de este año, estallaron cruentas revueltas estudiantiles en protesta por la aprobación legislativa del veto presidencial que reducía, en 5.3 millones de dólares, el presupuesto destinado a las universidades estatales. Paralelamente, Daniel Ortega, en un programa televisivo, afirmaba que, como respuesta a las arremetidas constitucionales de Alemán, al interior de su partido "está latente" volver a la lucha armada "para impedir que el somocismo se vuelva a entronizar en Nicaragua"; a la vez que daba por descartada su participación en el diálogo del 30 de junio.
De esta manera, frente a Alemán se edificaba la peor crisis desde que asumió el poder. No sólo lidiaba con continuos y violentos enfrentamientos callejeros que amenazaban con llevar a una dinámica social explosiva; además, el FSLN, su contraparte político de gobierno, decidía ignorar definitivamente sus llamados al diálogo, apoyar a los manifestantes y, aún más grave, regresar a sus arrebatos militaristas de décadas ya pasadas. Por si esto fuera poco, cuatro de los cinco partidos que habían conformado la Alianza Liberal que lo llevó al poder rompían con su partido, dejándolo, así, solo y sin respaldo frente a la arremetida irracional de la oposición sandinista. Para medianamente entender tan singular situación, se recorrerán a continuación algunos de los elementos que han permitido que la dinámica nicaragüense haya desbocado hacia su actual estado.
A diferencia de la experiencia política en otros países, Alemán debía hacer frente a un partido izquierdista que no había dejado de ostentar una importante cuota de poder dentro del gobierno, pese a que ya había experimentado una derrota electoral anterior frente a la ex presidenta Violeta Chamorro. Los evidentes vínculos del FSLN con el ejército nicaragüense y los remanentes del gobierno sandinista en las estructuras de la sociedad, daban al partido de Ortega una capacidad de maniobra y presión que no debió de haber sido nunca ignorada. Desde ningún punto de vista es lo mismo para la derecha hacer frente a un partido de izquierda incipiente en las lides propias de la arena política -como fue el caso de El Salvador--, que a uno que había gobernado durante 11 años y que daba pocas muestras de aceptar las reglas del juego de la democracia para otra cosa que no fuera reinstalarse en el poder.
En otras palabras, la viabilidad del gobierno presidido por Alemán no sólo se encontraba en lidiar hábilmente con una oposición política robusta, que desde la Asamblea Nacional podía poner obstáculos a los proyectos de su administración, sino que además debía de ser capaz de purgar a la estructura del Estado de los esquemas heredados del sandinismo (algo que ni la conciliadora Chamorro pudo concretar) y a los sandinistas de sus conductas militaristas y, por qué no decirlo, autoritarias.
En ninguno de los dos anteriores puntos ha logrado gran cosa Alemán. Sus intentos de concluir el delicado tema de las propiedades expropiadas durante el régimen sandinista, así como sus llamados a entablar mesas de diálogo entre sandinistas y liberales, han sido un rotundo fracaso. Por un lado, esto se ha debido a la falta de capacidad de su gobierno para equilibrar las radicales políticas económicas propias de una administración neoliberal (como por ejemplo, la reducción del Estado vía el despido de empleados gubernamentales, la liberación de los precios de los servicios públicos y la reducción de los gastos asignados a las áreas de desarrollo social) con la apertura real y no demagógica al consenso entre los distintos sectores de la sociedad.
Alemán cayó en el error de dar luz verde a políticas de reactivación económica de amplio impacto contra la población, sin antes haber concretado mínimamente el gobierno de concertación que las particulares condiciones sociales y políticas de Nicaragua exigían. El afán de diálogo llegó tarde; llegó en un momento en el que ya poco podía hacer para aliviar las tensiones provocadas por la medidas tomados por su gobierno.
Por otro lado, y como complemento de lo anterior, la crisis nicaragüense encuentra su explicación en una de las característica más propias de los dirigentes del FSLN: reaccionar con la pistola antes que con la cabeza, aunada a un celo iracundo por las cuotas de poder alcanzadas con anterioridad. A la torpeza negociadora de Alemán se ha sumado la poca disposición de Daniel Ortega a hacer política a través de los canales dispuestos por el orden democrático. Al parecer, para Ortega la manera más propia de responder al "somocismo" de Alemán ha sido la arenga incendiaria y la abierta invitación a la desestabilización. En su gran mayoría, las invitaciones de Alemán a entablar mesas de discusión sobre el rumbo del país, han sido respondidas por Ortega con llamados al amotinamiento de la población.
En esta justa de poder entre ambos dirigentes, que amenaza con arrastrar consigo a la totalidad de la sociedad nicaragüense, ha sido determinante el elemento ideológico. Si Ortega ha logrado que para algunos nicaragüenses la única respuesta frente al gobierno de Alemán sea el manifestarse violentamente, ello se debe a que ha hecho posible que, con astucia maquiavélica, Alemán sea identificado como miembro o simpatizante del somocismo, por lo cual --recurriendo a la lógica revolucionaria- sólo se le puede responder desde la lucha y la confrontación.
Algo es claro, el gobierno de Alemán, como cualquier administración conservadora-neoliberal, dista mucho de realizar una gestión de cara a las necesidades y urgencias de la población, pero de ahí a afirmar que es un gobierno de corte somocista hay una enorme distancia. Una cosa es buscar la privatización de las entidades estatales, llevar a cabo profundas reformas fiscales o recortar el presupuesto destinado a la educación, y otra muy distinta llenar los requisitos de autoritarismo, dictatorialidad y devoción represiva que se requerirían para ser un gobierno de corte somocista.
Tildar a su adversario como heredero y continuador del somocismo
esconde más bien el interés de Ortega de evadir
la tarea de limitar su vida política a los mecanismos democráticos
y afrontar que en el nuevo orden de su país es necesario
ceder y dialogar. De nuevo, es la magnitud del poder que está
en juego lo que explica la preferencia por la polarización
y las posturas herméticamente cerradas.
La Asamblea Legislativa acaba de elegir y juramentar a las diez personas que se integrarán a la Corte Suprema de Justicia, ya sea en calidad de titulares o suplentes. Jorge Eduardo Tenorio será, a partir del 1 de julio, el abogado que presidirá tanto la sala de lo constitucional del máximo tribunal del país como la misma Corte y todo el Órgano Judicial. Junto a él se incorporarán también --como magistrados propietarios-- René Fortín Magaña en la sala de lo civil, Felipe López Argueta en la sala de lo penal, y José Napoleón Rodríguez junto a Edgardo Cierra Quezada en la sala de lo contencioso-administrativo. En esta ocasión, los llamados "Padres de la Patria" no se complicaron la vida: rápidamente nombraron a los nuevos funcionarios que --el martes 1 de julio-- ocuparon puestos claves en el andamiaje estatal encargado de un asunto tan crucial para el país y su gente: la impartición de justicia. Pero sí se la complicaron a quienes, desde la población, siguen esperando cambios verdaderos en esta materia.
Los partidos políticos con representación en la Asamblea mejor optaron por llegar a un acuerdo, que se concretó en la sesión plenaria del pasado jueves 26. Así --haciendo del consenso un fin y no el medio que debería ser-- se levantaron las 84 manos de las y los diputados para apoyar todas las candidaturas, menos la del doctor Cierra Quezada quien sólo obtuvo 60 votos a favor. Su colega de profesión y ahora diputado independiente, Arturo Argumedo, votó en contra; junto a él, fueron 23 las abstenciones por parte del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Tanto el diputado Argumedo como esa mayoría dentro de la fracción parlamentaria del "Frente", tenían un buen argumento para actuar así: por ética y por lógica, no se podía apoyar a un abogado sobre el cual pesaban serios cuestionamientos en lo relativo a su solvencia para integrar dicho Órgano del Estado.
Sin duda, la Asamblea debió examinar seria y cuidadosamente la actuación del candidato Cierra Quezada, para decidir en forma correcta. Pero no, la negociación política entre las cúpulas partidarias hizo de lado --una vez más-- los justos reclamos de un ciudadano "común y corriente", el ingeniero Wilfredo Armando Alfaro, en aras del tan manoseado consenso entre ellas. Aquí, vale la pena aclarar cuál es el origen y en qué consisten esos reclamos, para desvirtuar los falsos argumentos utilizados mediante los cuales se pretende callar a quien impulsa una responsable lucha ciudadana. Veamos a continuación.
A raíz de la muerte de una menor de nacionalidad estadounidense --Corina Isabel Pérez Alfaro-- en agosto de 1991, sus familiares presentaron una demanda formal contra el doctor Guillermo Rafael García Castro, a quien acusaban por el delito de homicidio culposo. Dicha causa se inició en el juzgado séptimo de paz de San Salvador y luego pasó a conocimiento del juzgado séptimo de lo penal, también de San Salvador, que en esa época se encontraba a cargo del ya mencionado doctor Cierra Quezada.
Las diligencias instruidas en el juzgado de paz, que constaban de 136 folios, fueron recibidas en el citado tribunal de lo penal el 20 de noviembre de 1991 a las 14 horas. Transcurridas menos de 48 horas --a las ocho de la mañana del día 22 de noviembre-- el entonces juez Cierra Quezada decidió sobreseer en forma definitiva a favor del imputado, doctor García Castro. En la práctica, el ahora integrante de la sala de lo contencioso-administrativo de la Corte Suprema de Justicia recibió, leyó y estudió el ya de por sí voluminoso proceso antes de que transcurrieran 10 horas laborales. ¿Acto de eficiencia único en la historia de la judicatura nacional u otra cosa?
Al sobreseer definitivamente, en el texto de su resolución el doctor Cierra Quezada aseveró que --cuando examinó "la prueba vertida en el proceso"-- constató "que la menor había sido vista por facultativos norteamericanos (sic)". Quizás por la forma tan rápida de proceder al momento de estudiar el expediente o por otras razones que desconocemos, con esa afirmación este funcionario faltó a la verdad. ¿Por qué? Pues porque en el expediente judicial no existe prueba alguna que la respalde. Además, el doctor Cierra Quezada utilizó copia de una resolución de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica que --dicho sea de paso-- no la confrontó con su original ni investigó la legalidad de su procedencia.
Sin ser profesional de la materia y mucho menos especialista en neurocirugía, el abogado Cierra Quezada afirmó --en su calidad de juez séptimo de lo penal de San Salvador-- lo siguiente: "...aunque se hubiera dado la acción esperada, siempre la muerte se hubiera dado". Si con eso se refería al hecho de que la menor tendría que fallecer algún día, al igual que todos los seres humanos, estaba en lo cierto; pero si estaba asegurando que por su padecimiento iba a morir irremediablemente, con o sin la atención médica adecuada, Cierra Quezada incurrió en un grave error.
Para reforzar lo anterior, cabe traer a cuenta lo dicho por el doctor Manuel Antonio Guandique --reconocido médico, especialista en neurocirugía-- quien rindió su testimonio en el presente caso ante la señora jueza séptima de paz. En una parte de su declaración judicial, que debió haber revisado Cierra Quezada, el doctor Guandique sostuvo: "la niña, si se hubiese tratado oportunamente, era potencialmente curable". Y sobre el tratamiento dijo que: "no era de una inyección si no de una operación".
Con todo lo expuesto, queda demostrado que el sobreseimiento definitivo a favor del imputado carecía de fundamento y no estaba apegada a Derecho. Por tanto, el ahora magistrado --electo tan sólo con 60 votos en la Asamblea Legislativa-- violó las garantías judiciales y el derecho al debido proceso de las personas que en este caso demandaban justicia. Tras su resolución en favor del imputado, el doctor Sierra Quezada notificó a las partes. Un día después de esa notificación, los abogados particulares de la familia ofendida presentaron inmediatamente un recurso de apelación; el cuestionado magistrado, al conocer dicho recurso, resolvió así: "viniendo en forma se proveerá". La razón: al escrito de apelación presentado por los acusadores particulares le faltaban dos timbres de cuarenta centavos de colón cada uno, que equivalen a menos de cinco centavos de dólar estadounidense.
La prevención hecha por el juez Cierra Quezada para subsanar ese error de forma, solamente fue notificada a la Fiscalía General de la República --que nunca mostró interés en el proceso, al no impulsar ninguna iniciativa para investigar la muerte de la menor estadounidense-- y al doctor Antonio Portillo Anchissi, quien defendía al imputado. Pero el entonces juez y ahora magistrado de la Corte omitió --quién sabe por qué razón o interés-- notificar la prevención a los más interesados: los abogados que llevaban la acusación particular, por ser ellos los que habían apelado y quienes habían incurrido en el error formal ya señalado. Además, era fácilmente corregible. ¿Cómo? Tal como lo establecía la ley: cancelando veinte veces el valor de los dos timbres, lo que equivalía a dieciséis colones o un dólar con 82 centavos.
Al no estar enterados de la prevención del juez, lógicamente los acusadores particulares no corrigieron el error formal señalado. Mientras, el entonces juez Cierra Quezada dejó transcurrir el término legal y ejecutorió la sentencia, fundamentando su decisión de la siguiente manera: "no habiéndose interpuesto en debida forma la alzada por parte de la acusación particular ni habiéndose interpuesto recurso alguno por parte de la Fiscalía, y habiendo transcurrido el término de la apelación, declárese ejecutoriada la resolución de folios 138 y archívese el presente expediente.-"
Todos los hechos señalados y más, fueron investigados y verificados por la desaparecida Misión de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador. Dichas instituciones coincidieron en señalar las anomalías relatadas y otras deficiencias más, haciendo públicos reportes.
Dentro de su onceavo informe, página 29, la división de derechos humanos de ONUSAL sostuvo al respecto: "En el proceso judicial por homicidio culposo de la menor --refiriéndose a Corina Isabel--, el juez séptimo de lo penal no cumplió a cabalidad con su obligación de investigar y apresuradamente sobreseyó definitivamente al imputado sin estar el proceso depurado, infringiendo las normas del debido proceso". Es más, ONUSAL determinó que la "Fiscalía General de la República no cumplió en este proceso con sus obligaciones legales ni constitucionales". Finalmente, señaló que el ingeniero Alfaro --tío de Corina Isabel-- "presentó denuncia ante la sección de investigación profesional de la Corte Suprema en contra del juez séptimo de lo penal, la que fue declarada sin lugar"; en este último expediente, ONUSAL también "verificó varias irregularidades".
La señora procuradora para la defensa de los derechos humanos, por su parte, sobre el caso resolvió así: "Se tiene por establecida la violación al derecho humano al DEBIDO PROCESO LEGAL en perjuicio de los familiares de la menor CORINA ISABEL PÉREZ ALFARO". Además, estableció con todas sus letras lo siguiente: "Se tiene como responsable de la precitada violación al DOCTOR EDGARDO CIERRA QUEZADA, ex titular del juzgado séptimo de lo Penal de esta ciudad". ¿Alguna duda al respecto? De nuestra parte, ninguna.
Pese a tener conocimiento de todos los hechos relatados y estar en posibilidad de profundizar sus investigaciones, sobre todo por tratarse de la elección de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la Asamblea Legislativa se negoció la llegada del doctor Cierra Quezada al cargo que ahora ocupa. Ello, no obstante existir una solicitud para iniciar un antejuicio contra él, la cual fue presentada el 27 de mayo del año en curso ante dicho Órgano del Estado; luego pasó a ser discutida por todo el pleno y posteriormente fue enviada a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.
La situación se vuelve más preocupante al conocer el comunicado de la Corte Suprema de Justicia del lunes 30 de junio, un día antes de la toma de posesión de sus nuevos integrantes. En dicho desplegado, entre otras cosas se afirmó lo siguiente: "queremos expresar nuestra satisfacción por la elección del nuevo Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Doctor Jorge Eduardo Tenorio y demás Magistrados..." Dentro de los "demás Magistrados" se encuentra el doctor Cierra Quezada y de esa manera ahora tenemos --dentro del máximo tribunal de justicia en el país-- a una persona cuya actuación en el caso de la menor estadounidense debe ser aclarada. De no ser así, ¿cómo podremos confiar en la capacidad de la Corte para depurar al resto del Órgano Judicial?
Y es que ante situaciones como las descritas, no hay argumento que valga; mucho menos cuando detrás de este tipo de hechos se encuentra --tal como se comenta ya con fuerza-- el interés por colocar a alguien en determinado lugar, a cambio de algo. En el caso que nos ocupa, más bien ha sido a cambio de la frustración y la cólera de una persona que no sólo representa a su familia, sino también a muchas familias salvadoreñas más y, quizás, a la mayoría de la población que observa con indignación estos "arreglos".
Conscientes de que la justicia jamás debe ser negociada,
no nos queda más que aplaudir esas 23 abstenciones del
FMLN y reconocer en forma destacada la actuación del doctor
Argumedo, por su decisión de votar contra la candidatura
del doctor Cierra Quezada. Mal por quienes levantaron la mano
a favor de alguien que de ahora en adelante, sin tener solvencia
para ello, deberá impulsar la depuración judicial
que tanto necesita el país. ¿Están seguros
de que cumplirá fielmente esa delicada misión, un
individuo que ha incurrido en las irregularidades ya señaladas?
¿qué autoridad moral y profesional lo respalda para
ello? ¿le bastará solamente el hecho de encontrarse
ahora en la Corte Suprema? Esas interrogantes se las lanzamos
sobre todo a los señores diputados del FMLN que --de manera
irresponsable, a diferencia del resto de su fracción y
sólo por haber comprometido previamente sus votos-- se
pronunciaron a favor de este abogado cuestionado por las Naciones
Unidas, por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos y por las víctimas de una decisión suya,
mediante la cual se mancilló la justicia en el país.
PRESENTAN INFORME. El Inspector General de la Policía Nacional
Civil (PNC), Víctor Valle, presentó a la Procuraduría
para la Defensa de los Derechos Humanos, el 30.06, un informe
semestral sobre el funcionamiento de la institución a su
cargo. El informe revela un incremento del 46% en las denuncias
recibidas entre enero y junio de 1997. Valle adelantó que,
a pesar del aumento en el número de denuncias recibidas
en la Inspectoría respecto a los semestres anteriores,
ello no debe interpretarse necesariamente como que el número
de violaciones a los derechos individuales haya crecido. "Lo
que puede estar sucediendo es que la gente sienta más confianza
para hacer las denuncias, antes las personas ni siquiera sabían
a quien recurrir", argumentó Valle. Las denuncias
se concentran más en las violaciones de los derechos civiles,
con un 77.74%, y entre éstas figuran las violaciones a
la integridad física, la seguridad, el debido proceso y
la vida. Una de las recomendaciones que hace el Inspector es que
los jefes policiales tienen que analizar esos resultados y asumir
un papel más protagónico como conductores y educadores
de la fuerza policial. Por otro lado, respecto a los cuestionamientos
políticos de los que ha sido objeto al atribuírsele
un deficiente protagonismo en el desempeño de su cargo,
Valle los interpretó como la "posibilidad de que no
sepan hasta dónde llegan las atribuciones de la Inspectoría",
recordando que la ley le faculta para recibir denuncias contra
agentes policiales acusados de violar los derechos humanos, pero
a partir de entonces las investigaciones se canalizan en otras
instancias de la institución (LPG 01.07 p.8, LPG
02.07 p.8 y DH 02.07 p.29).
CAMBIOS. Ante los rumores de posibles remociones dentro de la
Policía Nacional Civil (PNC), el Presidente de la República,
Armando Calderón Sol, manifestó, el 30.06, haber
girado instrucciones al Ministro de Seguridad Pública,
Hugo Barrera, para que se investiguen y evalúen los recientes
casos de irregularidades en el interior de la PNC. El Presidente
contextualizó la situación al afirmar que "no
existe impunidad en la PNC", aunque no negó que existen
casos en los que policías tienen problemas de conducta.
Pese a que no especificó el tipo de cambios que podrían
llevarse a cabo, el mandatario aseveró que "esta (la
evaluación y los cambios) es una demanda permanente. Debe
haber un cuestionamiento sobre la actuación de la PNC,
ya que los niveles de delincuencia son muy altos". En este
marco, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) pidió,
la última semana de junio, la destitución del Inspector
general de la PNC, Víctor Manuel Valle, pues, según
sus dirigentes, la figura del funcionario no pasa de ser decorativa
en el esquema de este cuerpo de seguridad pública, opinión
que tuvo el apoyo de otros partidos tales como Renovación
Social Cristiana (PRSC). Pese a que la pieza de correspondencia
pasó a la Comisión de Defensa y Seguridad Pública
de la Asamblea --la cual dará un dictamen en los próximos
días--, Calderón Sol descartó la destitución
del funcionario, de cuyo trabajo dijo sentirse satisfecho (LPG
01.07 P.8 y DH 01.07 p.6).
COBROS ILEGALES. Representantes de la Distribuidora Eléctrica
Sociedad de Economía Mixta (DEUSEM) solicitaron a la Asamblea
Legislativa crear una comisión especial para investigar
una serie de cobros ilegales realizados por la Comisión
Ejecutiva Hidroeléctrica (CEL). De acuerdo con Miguel Infantozzi,
representante del grupo de accionistas particulares de DEUSEM,
CEL habría cobrado por servicios no prestados durante la
guerra, de manera que las facturas se acumularon al grado que
la distribuidora usuluteca alcanzó una deuda de más
de 12 millones de colones, de los cuales ha logrado pagar solamente
cuatro. La petición ha sido respaldada por las fracciones
legislativas del FMLN y del PCN, además de sustentarse
en un estudio a través del cual se determinó que
CEL exigió cobros durante las semanas o meses en que no
hubo servicio energético (LPG 01.07 p.9 y DH
01.07 p.5).
AUMENTOS. El ministro de Trabajo, Eduardo Tomasino, se manifestó,
el 26.06, en contra de un aumento salarial, dado que, según
él, las condiciones del país demuestran que en este
momento el mismo tendría un impacto "negativo".
A criterio del funcionario, "las autoridades han mantenido
que el aspecto macroeconómico del país es bueno
a nivel internacional y para efectos de lograr inversión
extranjera, las cifras son buenas, pero a nivel micro el costo
ha subido y ante esto lo único que queda es generar puestos
de empleo". En este contexto, diputados de la Asamblea Legislativa
presentaron, el 27.06, una pieza de correspondencia para estudiar
la situación (DL 27.06 p.4).
INCIDENTES. Disturbios se produjeron, el 30.06, cuando un grupo
de personas irrumpieron en forma violenta en el Departamento de
Desarrollo Social de la Alcaldía de San Salvador. Según
el gerente de Acción Social de la Alcaldía, Rodolfo
Rosales, los incidentes se suscitaron cuando aquéllas,
que se identificaron como representantes de 50 comunidades en
vías de desarrollo, ingresaron de forma pacífica
a las oficinas, porque deseaban platicar con el Alcalde, Héctor
Silva, para entregarle una carta sobre supuestas anomalías
que estarían ocurriendo con la labor de los promotores
sociales de la comuna. Aparentemente, los forcejeos comenzaron
cuando uno de los empleados de la alcaldía arrebató
un megáfono que portaban los representantes comunales.
No obstante, Carlos Márquez, dirigente de la Asociación
de Trabajadores Municipales (ATRAM) aseguró que la turba
de personas ingresó desde un principio violentamente a
la alcaldía, comenzando a dañar los escritorios
y los archivos, de donde presuntamente extrajeron documentación
relacionada a la atención social de las comunidades. El
funcionario explicó que los "usurpadores" insultaron
y golpearon a varios de los empleados que se encontraban en las
oficinas. Al lugar se presentaron Agentes Metropolitanos y policías
de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) para sofocar la
revuelta, pero no intervinieron, pues la situación se logró
normalizar. Por su parte, uno de los representantes de las zonas
marginales expresó que la manifestación pretendía
llamar la atención sobre su situación ya que "los
promotores nunca llegan a las comunidades que tienen que atender"
(LPG 01.07 p.10 y DH 01.07 p.30).
AMENAZAS DE PARO. Problemas laborales en la Alcaldía Municipal
de San Salvador se han suscitado, tras conocerse el despido de
16 empleados que laboraban en la comuna, así como el estudio
del que serán objeto otro número similar de contratos
pertenecientes al Departamento de Desarrollo Social. Según
el alcalde Héctor Silva, la medida derivó de un
proceso de evaluación interna que se efectuó recientemente
en la comuna capitalina. Hasta el momento, la medida ha generado
reacciones de rechazo de los empleados cesantes y de la Asociación
de Trabajadores Municipales (ATRAM), que amenazó con iniciar
una suspensión de labores en la Alcaldía capitalina.
No obstante, el 30.06, se llevó a cabo una reunión
entre la alcaldía y los afectados en la que se acordó
entre otros puntos: cambiar la práctica de funcionamiento
del citado departamento, que a criterio de Silva estuvo politizado,
así como entrar en un proceso de reconsideración
de la suspensión de 15 contratos, para lo cual el Concejo
Municipal analizará los casos y dará una respuesta
definitiva a mediados de julio. Asimismo, se acordó que
se establecería un mecanismo de evaluación participativa
donde se contará con la representación de los trabajadores.
Carlos Márquez, de ATRAM, dijo que la no renovación
del contrato ha sido injusta, ya que "nosotros no somos empleados
de ningún partido, estamos para servir a la comunidad",
sentenció (LPG 01.07 p.10 y DH 01.07 p.30).
DESPIDOS. Más de 25 empleados de la Alcaldía de
Sonsonate, entre administrativos y de campo, despedidos por el
concejo municipal, realizaron, el 01.07, una concentración
en las afueras de la comuna de dicha ciudad, con el objeto de
lograr que se les indemnice o se les restituya en sus cargos.
Los afectados señalaron que su despido fue ilegal, ya que
fue dado a conocer de manera verbal justo el último día
de trabajo y sin especificación de la cantidad de dinero
a la que tienen derecho en concepto de indemnización por
los años laborados (LPG 02.07 p.18).
NUEVO GERENTE. El 02.07, asumió el cargo de Gerente de
Mercados de la Alcaldía de San Salvador, Ismael Merlos,
en sustitución de la anterior gerente, Blanca Lazo. El
nuevo gerente señaló que su principal tarea será
aportar soluciones al problema de las ventas ambulantes en la
capital, al igual que mejorar las condiciones básicas de
los nuevos mercados de San Salvador. El funcionario adelantó
que, a corto plazo, pretende dialogar con los dirigentes de las
gremiales que aglutinan a los comerciantes ambulantes, iniciar
un censo de los vendedores de la calle, reordenar los negocios
ambulantes, modernizar la contabilidad de la gerencia de mercados
y restringir el otorgamiento de más permisos para la instalación
de ventas en las arterias de San Salvador, así como la
implementación de mercados rodantes y otorgamiento de líneas
de créditos los vendedores ambulantes (DH 02.07
p.27).
DESCUBREN ARSENAL. Un lote clandestino de armas de guerra en buen
estado fue descubierto, el 01.07, por la Policía Nacional
de Nicaragua, en las afueras de la ciudad capital. Según
el propietario del inmueble, Antonio Dagoberto Centeno, el armamento
incautado sería propiedad de los antiguos inquilinos del
lugar, un grupo de colombianos o bien un grupo de salvadoreños
presumiblemente vinculados al pasado conflicto armado. El capitán
Justo Zamora, vocero de la policía, detalló que
el lote está compuesto por 49 fusiles, tres lanzacohetes,
40 granadas de diferentes tipos, tres cajas de explosivos, y otros
pertrechos militares, todos en buen estado. Ante los hechos, la
dirigencia del Frente Farabundo Martí (FMLN) negó
que las armas fueran de su propiedad, y atribuyó las acusaciones
a una campaña internacional de desprestigio (LPG
02.07 p.12 y DH 02.07 p.2).
REESTRUCTURACION. Carlos Quintanilla, miembro del Consejo Ejecutivo
Nacional de ARENA (COENA), informó, el 01.07, que a partir
de la primera semana de julio juramentarán a las nuevas
juntas departamentales de su partido, iniciando por los departamentos
de Santa Ana, Ahuachapán y Sonsonate, como parte de los
cambios impulsados a nivel nacional por ese partido. Asimismo,
el político expresó que el COENA se abstendrá
de dar una respuesta oficial a las declaraciones del ex comisionado
presidencial para la Modernización, Alfredo Mena Lagos,
pues a su criterio el ex-funcionario hizo uso del libre ejercicio
de la democracia y libertad de expresión (LPG 02.07
p.9).
RECLAMAN PRIVATIZACION. Miembros del partido ARENA exigieron al
FMLN, el 30.06, que cumpla la parte de los Acuerdos de Paz que
se refiere a la privatización. Según los miembros
de ARENA, las partes negociadoras acordaron el acceso de los trabajadores
a la propiedad y el rechazo a prácticas monopólicas.
El emplazamiento fue formulado por el jefe de fracción
de ARENA, Walter Araujo, quien manifestó que la privatización
está contemplada en los Acuerdos de Paz y retroceder hoy
es una cosa que está fuera de todo contexto. El tema de
la privatización estaría contemplado en el capítulo
V, que se refiere al Tema Económico y social, en el apartado
6, referente a las medidas para aliviar el Costo Social de los
Programas de Ajuste Estructural. Entre esas medidas destacan la
protección al consumidor, la privatización y los
programas de compensación social. Según ello, "la
política de privatización fomentaría la participación
social en la propiedad, promoviendo el acceso de los trabajadores
a la propiedad de las empresas privatizadas, así como evitaría
prácticas monopólicas". Por su parte, el diputado
Roberto Lorenzana, del FMLN, expresó que el compromiso
suscrito no significa que se esté apoyando la privatización,
por lo que ese partido no tiene nada que cumplir, aclarando que
el espíritu del acuerdo "es que se respete a los consumidores,
que haya cierta justicia distributiva en la democratización
de la propiedad" (LPG 01.07 p.6).
JURAMENTACION. La Asamblea Legislativa eligió, el 26.06,
por unanimidad al ex canciller Eduardo Tenorio como nuevo Presidente
de la Corte Suprema de Justicia. Junto a él, fueron juramentados
René Fortín Magaña, Felipe López Argueta,
Edgardo Cierra Quesada y José Napoleón Rodríguez
como magistrados propietarios sustituyendo a José Domingo
Méndez, José María Méndez, Manuel
Novoa Flores y Amílcar Ayala. Asimismo, la Comisión
Política de la Asamblea acordó completar la Corte
Suprema en su totalidad el 03.07, fecha en que juramentarán
como sexta magistrada propietaria a la doctora Aronette Diaz de
Zamora, en sustitución de José Carlos Costa. Al
respecto, dirigentes de las diferentes fracciones legislativas
externaron su complacencia por el acuerdo unánime alcanzado.
Por su parte, el nuevo presidente de la Corte, Eduardo Tenorio,
durante conferencia de prensa realizada el 26.06, manifestó
estar "dispuesto a trabajar con absoluta honestidad, transparencia
y patriotismo". El funcionario sostuvo que la única
presión a la que estará sometido el máximo
tribunal de justicia ahora a su cargo es la "del respeto
por el derecho. Nunca nadie me ha presionado a hacer nada",
afirmó. Asimismo, Tenorio reveló la intención
de elaborar un "código judicial", que integre
la ley del Consejo nacional de la Judicatura (CNJ) y la Ley Orgánica
Judicial. Las leyes vamos a tener que hacerlas más ágiles
pero sobre todo, más técnicas", expresó.
(LPG 27.06 p.4, DH 27.06.97 p.2 y DL 27.06
p.2).
