Año 18
número 765
julio 9
1997
ISSN 0259-9864
Editorial Corrupción empresarial
Política Socialismo y capitalismo a fines del siglo XX
Política La Junta Directiva de la Asamblea Legislativa: de la traición al olvido
Economía Corrupción en el sistema financiero
Sociedad La PNC en una época de transición
Derechos Humanos De nuevo, el inspector general
Los defensores más agresivos de las reformas neoliberales no se cansan de repetir que el sector público es, por naturaleza, ineficiente y corrupto, mientras que el sector privado empresarial tendría como características distintivas la eficiencia y la honestidad. No se tiene que profesar el credo neoliberal para reconocer los vicios de los estados latinoamericanos, así como la necesidad de su reforma radical; tampoco se tiene que ser un anticapitalista para reconocer que los empresarios ni son siempre todo lo eficientes que proclaman ni son los más honestos y transparentes en sus actividades económicas. El sector privado salvadoreño es una prueba contundente de ello, como lo demuestra el rezago tecnológico de muchas de las industrias nacionales -lo cual es inseparable del temor de nuestros capitalistas a "arriesgarse" en proyectos de inversión de largo plazo- y las actividades ilícitas en que suelen involucrarse miembros importantes de la clase empresarial.
Sobre esto último ya han salido a la luz pública varios casos que no sólo desmienten la tan proclamada honestidad empresarial, sino que, además, -dadas su frecuencia y gravedad- hacen dudar del compromiso de los empresarios salvadoreños con un proyecto de nación a largo plazo, como el que la Asociación Nacional de la Empresa Privada defiende en su Manifiesto Salvadoreño o como el que el Presidente Calderón Sol insiste en proclamar en sus discursos oficiales.
En el más reciente caso de corrupción empresarial se halla involucrado Roberto Mathies Hill, hasta hace poco dirigente del sector empresarial de ARENA y uno de los más exitosos representantes de esos nuevos capitalistas -modernos, emprendedores y audaces- que, al amparo de actividades financieras de la más diversa índole, le estaban dando un nuevo rostro al sector empresarial del país. Para muchos, era en personajes como Mathies Hill en los que debía descansar la apuesta por un nuevo El Salvador; éste, además de atender sus negocios privados, tenía tiempo para el partido ARENA -siendo parte de su ala modernizadora-y para preocuparse por el deporte nacional, desde la presidencia del Comité de Selecciones Nacionales (CESEN) y desde la presidencia del Club Deportivo FAS, de Santa Ana. Qué más se podía pedir a un joven empresario; más bien, se trataba de preocuparse por lo lejos que se encontraban la mayoría de nuestros capitalistas de ser tan emprendedores como aquél.
Pero, como ha sucedido tantas veces en las que las apariencias engañan, el "buen muchacho de Robertito" -como lo ha llamado la diputada Gloria Salguero Gross- ha resultado ser un fraude. Es indudable que ha sido emprendedor y dinámico, pero lo ha sido en actividades financieras ilícitas que, al ser descubiertas, lo han llevado ante la justicia. Mathies Hill, como otros empresarios de triste recuerdo, ha resultado ser uno más de los que buscaban enriquecerse a como diera lugar, violando las leyes del país e irrespetando las reglas del mercado que, presumiblemente, son los empresarios los primeros que tienen que cumplir.
Todavía no está suficientemente clara cuál es la dimensión real de los negocios turbios en los que está involucrado el ex dirigente del sector empresarial de ARENA. No se conocen tampoco los niveles de corrupción y de ilegalidad presentes en el sistema financiero, aunque -por el destape de otro caso, el de Crediclub- es de sospechar que los mismos son extremadamente elevados. Y la interrogante que no puede eludirse es hasta qué punto están dispuestas a llegar las autoridades del país en la investigación y sanción de empresas y personas que han hecho de la estafa institucionalizada una práctica digna de elogios. La destitución del Superintendente del Sistema Financiero, inmediatamente después de que Mathies Hill fuera capturado, siembra enormes dudas: ¿fue relevado porque investigó a este empresario o -como ha sostenido el Presidente Calderón Sol-- porque mucho se tardó en hacerlo? ¿Fue relevado porque estaba metiendo las narices donde no debía o por complicidad o incompetencia? Y las preguntas difíciles: ¿por qué se están investigando y sancionando estos casos de corrupción empresarial cuando es evidente que no son nada nuevo en el país? ¿Lavado de dinero? ¿Narcotráfico? ¿Presión de Estados Unidos?
Esos interrogantes pueden dar pie a las más diversas hipótesis, y más vale esperar a que salgan a flote más elementos de análisis antes de cometer un desatino. Con todo, lo que no se puede dejar de señalar es lo grave que es que la clase empresarial salvadoreña, por obra y gracia de sus miembros "modelo", se desprestigie ante la opinión pública quedando como un grupo ambicioso y sin escrúpulos. Sin una clase empresarial comprometida con el desarrollo nacional y respetuosa de la legalidad, El Salvador no va encontrar un rumbo como nación. Hasta ahora no se ha visto por ninguna parte a ese nuevo empresario que el país requiere, por más que la ANEP insista en que sus agremiados están comprometidos con un proyecto de nación de largo plazo. Ese compromiso no es tal si se privilegian mecanismos de enriquecimiento ilícito, que lo primero que hacen es violar las reglas del mercado a las que todo capitalista, que lo quiera ser a carta cabal, debería respetar.
El gobierno debe preocuparse en serio por la inexistente vocación
nacional de los empresarios salvadoreños. En El Salvador
no se va a ir a ningún lado mientras no haya un compromiso
de nación en los principales actores sociales, económicos
y políticos. La corrupción empresarial muestra palpablemente
que nuestros capitalistas, incluso los que se las dan de modernos
y honestos, no están preparados para la construcción
de una nueva sociedad, en la que, aunque ambicionen riquezas y
las obtengan, tendrán que aceptar que el respeto a la legalidad
y la preocupación porque los ciudadanos de sus país
no se mueran de hambre serán una garantía para su
prosperidad.
Las últimas dos décadas han arrojado inusitadas
sorpresas, entre las cuales la más brutal ha sido el derrumbe
estrepitoso del bloque del Este y de la otrora patria de los obreros
y campesinos, la ex Unión Soviética. A este hecho
ha sobrevenido otro no menos novedoso: la pérdida de protagonismo
económico por parte de Estados Unidos y el ascenso de Japón
y Alemania como potencias económicas que amenazan el hasta
hace poco indisputado predominio norteamericano. Estos acontecimientos
han marcado las grandes transformaciones de fines de siglo, cuyo
rasgo más sobresaliente es el predominio mundial de la
economía de mercado, a la cual los países del Este
han tenido que sumarse, dando así paso a una transición
no contemplada en los manuales de marxismo-leninismo: el tránsito
del socialismo al capitalismo.
La unificación alemana
En el marco de esa vuelta al capitalismo de los antiguos países del socialismo real, el caso más llamativo fue el de la ex República Democrática Alemana (RDA). Prácticamente, aparte de la RDA, todos los países ex socialistas del Este --y las repúblicas que antes integraron la URSS-- tuvieron que volcarse al capitalismo como naciones independientes; aquélla lo hizo de una forma particular, es decir, no como una nación independiente, sino unificándose con la República Federal Alemana (RFA). Así, los habitantes de la ex RDA de pronto vieron a disposición suya, pese a los elevados niveles de desempleo que trajo consigo integrar sus industrias obsoletas al mercado capitalista y a la perdida de la seguridad social básica de la que habían gozado, el mundo de las libertades civiles que tanto habían deseado y que, tras la caída del muro de Berlín, ya nadie les podía negar. Por su parte, la RFA tuvo que desembolsar importantes recursos financieros para evitar no sólo una explosión popular en su nuevo territorio, sino, también, las migraciones masivas de alemanes orientales que seguramente no se harían esperar.
El experimento alemán parece estar teniendo éxito,
pues de hecho la economía de la Alemania unificada no sólo
es la más fuerte de la Unión Europea, sino, además,
una de las más poderosas a nivel mundial. De este modo,
si era una novedad que países ex socialistas se abocaran
hacia el capitalismo, más llamativo resultó que
un país ex socialista se integrara a otro capitalista --con
los costos sociales que ello necesariamente trajo consigo- y que
el desarrollo económico no se hiciera esperar. No se trata
de una convivencia, en un mismo país, entre dos modelos
económicos distintos, sino de la absorción de uno
por el otro -el socialista por el capitalista--, cuyos resultados
parecen estar favoreciendo al conjunto de la economía alemana
y a la mayor parte de sus ciudadanos. Los demás países
ex socialistas, por el contrario, se las están habiendo
con un panorama sombrío, pues ni avanzan en la consolidación
de la democracia política ni logran hacer arrancar esa
maquinaria de mercado que, presumiblemente, les traerá
la bonanza económica y el bienestar social.
China y Hong Kong
Un caso todavía más sorprendente de la redefinición de las relaciones entre socialismo y capitalismo lo constituye la República Popular de China que recientemente acaba de incorporar a su jurisdicción a Hong Kong; territorio que durante más de cien años estuvo bajo la tutela británica. Estamos ante un experimento social, económico y político totalmente distinto al de la unificación alemana: China, un país bajo un régimen socialista, ha incorporado a su órbita de influencia a Hong Kong --uno de los "tigres asiáticos"--, expresión de las mejores fuerzas y tendencias del capitalismo moderno. Es decir, estamos ante la unificación de una sociedad capitalista con una sociedad socialista, en la que es esta última la que predomina. La primera con una dinámica empresarial bien cimentada y la aceptación de la democracia política como método de resolución de conflictos; la segunda con una economía de mercado fomentada por un Estado controlado por la burocracia del partido comunista y -como lo demostró la masacre de Tiananmen-- sin libertades civiles y políticas para los ciudadanos.
Se trata de dos esquemas políticos distintos, los cuales, eso sí, tienen como elemento común la aceptación por parte de sus dirigentes de la economía de mercado. Asimismo, si bien Hong Kong puede ser considerado como capitalista, China no puede ser considerada, sin más, como una nación socialista (o por lo menos como el socialismo soñado por Mao Tse Tung), ya que aceptar la lógica del mercado, por más que la misma sea fomentada por un régimen no democrático, introduce tendencias sociales y comportamientos que tarde o temprano tienden a socavar los patrones totalitarios propios de sistemas políticos como el chino. Además, con la incorporación de Hong Kong, es previsible que en China la lógica del mercado se profundice y gane mayor aceptación en la sociedad, con lo cual tampoco sería de extrañar que ganaran presencia las prácticas democráticas vigentes en ese "tigre asiático".
Si en la unificación alemana la lógica de mercado terminó -o está terminando-- de derrumbar lo que quedaba de socialismo en su parte este, en China la dinámica de mercado proveniente de Hong Kong puede contribuir decisivamente no sólo a fortalecer su economía, sino a democratizar su régimen político. Esto es lo mejor que le puede pasar a ese gigante, cuyos ciudadanos han clamado, en más de una ocasión, por la vigencia de libertades democráticas mínimas. Lo peor que le puede pasar es que sus dirigentes -la Nomenklatura-- sigan empecinados en desarrollar una economía de mercado fuerte y competitiva, pero bajo un régimen antidemocrático. Si esta fuera la tendencia, los habitantes de Hong Kong perderían muchos de los que en occidente se tienen como derechos inalienables; y quien sabe si ello, además, iría en detrimento de las energías empresariales que han caracterizado a sus capitalistas. Se abortaría, pues, la posibilidad de que Hong Kong dinamizara económica y políticamente a China.
Los teóricos de la política han insistido hasta la saciedad en lo difícil que es la convivencia entre un sistema económico de mercado y un régimen político no democrático. Se ha abundado en la idea de que una economía de mercado se expande y florece con mayor éxito en aquellos países en los que la democracia política se ha consolidado. En realidad, sin embargo, no siempre una y otra han ido de la mano; o por lo menos la primera no siempre ha supuesto -aunque lo inverso sí haya sucedido-- a la segunda. El experimento chino, si continúa la profundización del mercado, puede ilustrar mucho acerca de los caminos posibles de esa convivencia. Si se aborta esa profundización --es decir, si se vuelve por los derroteros de la economía centralizada-- es casi seguro que la democratización política va a estar más lejana en China y que Hong Kong va a pagar enormes costos a raíz de su integración al país socialista.
Como quiera que sea, estamos ante un fenómeno absolutamente
novedoso, como otros muchos con los que el siglo XX está
llegando a su fin. Se derrumbó el socialismo real, una
sociedad capitalista -la RFA-- absorbió a una socialista
-la RDA-- y una socialista -la china-- está absorbiendo
a una capitalista -Hong Kong--. El alcance de esas transformaciones
no está del todo claro, pero lo que sí se puede
sostener es que, tras casi un siglo de lucha a muerte, lo que
queda del socialismo realmente existente tiene que convivir-y
si quiere sobrevivir-- con el capitalismo. Y, paradójicamente,
en el caso de China, tienen que hacerlo bajo el mismo techo.
La traición y el autoritarismo se pagan en las elecciones
Se supone que la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa de El Salvador --conocida en otros países con los nombres de Mesa o Directorio-- es una autoridad colegiada que debería estar integrada por una representación proporcional al número de diputados que constituyen las fracciones políticas, lo cual quiere decir que debe reflejar la voluntad popular. Al partido que obtuviera el mayor porcentaje de diputados se le concedería la presidencia de la Junta Directiva, previa presentación de una terna, de la cual se elegiría al presidente de la misma.
En la legislatura de 1991-1994, la Junta Directiva tuvo tres puestos vacantes, una vicepresidencia y dos secretarías, debido a que el PDC se abstuvo de ocuparlos. Además, sólo estuvieron representados los partidos de derecha, pues el FMLN no formó parte de ella, a pesar de haberle asistido el derecho. Hay que recordar que el FMLN condicionó su participación a cambio de la modernización del Poder Legislativo; entre las medidas esgrimidas por el Frente cabe mencionar las reformas al reglamento interior de la Asamblea Legislativa, la revisión de la integración y el mejoramiento del funcionamiento de las comisiones legislativas y el aumento del número de éstas.
Por la otra parte, el FMLN no participó debido a que ARENA
puso en ejercicio una medida política para imponer más
miembros de su partido en la Junta Directiva. ARENA, en las elecciones
de 1994, obtuvo 39 diputados (es decir, el 46.4% del total de
84 legisladores), el FMLN logró 21 diputados (el 25%).
No obstante, ARENA se agenció, sin tener derecho a ello,
el 50% + 1, no sólo en la composición de la Junta
Directiva, sino también en las comisiones legislativas.
De esta manera, ARENA le atribuyó al FMLN únicamente
el 20%.
El PD nació como producto del oportunismo
La posición del FMLN fue aprovechada por dos de las fuerzas políticas que lo integraban en aquel momento, por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y por la Resistencia Nacional (RN). Ambas se ofrecieron para ocupar los dos asientos que ARENA le otorgaba al FMLN en la Junta Directiva. De ese modo, el ERP y la RN decidieron formar parte de la Junta Directiva sin ningún tipo de cuestionamiento, lo cual condujo a la ruptura de éstas con el FMLN. Como resultado de ello, los 21 diputados que tenía el FMLN se redujeron a 14, pues 7 de ellos decidieron renunciar a sus antiguos compromisos ideológicos. Así las cosas, a los diputados Ana Guadalupe Martínez y a Eduardo Sancho los partidos políticos de derecha le cedieron, respectivamente, el cargo de vicepresidenta y de secretario de la Junta Directiva.
Posteriormente, el Ejército Revolucionario del Pueblo se
cambió de nombre y pasó a llamarse Expresión
Renovadora del Pueblo; junto a la RN y el Movimiento Nacional
Revolucionario (MNR) conformaron el Partido Demócrata (PD),
cuya primera acción como partido político en formación
fue apoyar -pagándole el favor a ARENA, por haberle dado
los dos asientos en la Junta Directiva-- el proyecto económico
y político de ARENA, con la firma del llamado Acuerdo de
San Andrés y el respaldo al aumento en tres puntos al Impuesto
del Valor Agregado (IVA).
La izquierda no se dividió, se autodepuró
No se puede pasar por alto que las escisiones o atomizaciones en la derecha y en la izquierda son consuetudinarias en el régimen de partidos políticos salvadoreños y se deben, entre otras razones, tanto a la falta de mecanismos que permitan la práctica real de la democracia al interior de los partidos políticos como a la ausencia de cohesión ideológica y a la deficiente unidad orgánica. Según Edelberto Torres Rivas, "la tradición de partidos políticos es aún deficiente, porque no tienen fuerzas orgánico-ideológicas para trascender las tendencias al fraccionalismo, al personalismo, al oportunismo de la coyuntura".
En este mismo orden, en El Salvador, la Junta Directiva se elige al inicio de cada legislatura, el primero de mayo. Además, se supone que la elección es una decisión soberana de los diputados sin interferencias externas, por ejemplo, del Poder Ejecutivo o de la cúpulas de los partidos políticos.
Pero debido a que el reglamento interior de la Asamblea Legislativa de El Salvador son apenas 10 cuartillas mecanografiadas, cuyo reducido texto está formado por sesenta y nueve artículos de generalidades y vaguedades, todo lo cual permite, tolera y fomenta que se incurra en arbitrariedades e injusticias. La excusa o argumento de los partidos de derecha, particularmente de ARENA, es que si el reglamento no lo contiene o no lo prohibe, entonces cualquier hecho injusto o despótico es legal y apegado a derecho.
Por otro lado, la elección de la Junta Directiva de la legislatura 1997-2000 puso fin al reinado de la imposición y del autoritarismo que caracterizó al partido ARENA. A pesar del errático reglamento interno de la Asamblea, los partidos políticos de oposición obligaron a ARENA a hacer consenso, de tal forma que la Junta Directiva esta vez se eligió democráticamente. La conformación de la Junta Directiva de la legislatura 1997-2000 se logró a través de una acta de compromiso firmada por todos los partidos políticos representados en la Asamblea.
Esta fórmula obligaría a los partidos políticos pequeños a unirse para formar fracciones políticas que les permitan aumentar u obtener diputados en la integración de la Junta Directiva. Asimismo, ello contribuiría a lograr una mejor representación, coordinación y coherencia en el trabajo legislativo.
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*Colaboración de Oscar Martínez Peñate, Departamento
de Sociología. Universidad Centroamericana "José
Simeón Cañas"
Durante la presente década los fraudes en contra de la economía pública han venido adquiriendo cada vez mayor importancia, tanto cuantitativa como cualitativamente. Además de los centenares de millones de colones en depósitos que se habrían perdido debido a manejos financieros ilícitos, los delitos al patrimonio incluso se realizan a partir del andamiaje estatal que reglamenta el funcionamiento del sistema financiero. Esta multiplicación de los delitos contra el patrimonio suceden después de que, a partir de 1989, se iniciara un proceso de reprivatización y desregulación del sistema financiero.
En un lapso menor de dos meses, se han conocido dos casos que involucran a no menos de 3 instituciones financieras, en las cuales se habría malversado un monto superior a los 300 millones de colones, con lo cual se habrían afectado entre 500 y 1,000 personas. Las cifras no son como para sostener hipótesis de crisis en el sistema financiero (los fondos defraudados no representan ni el 3% del total de depósitos), aunque si confirman que su actual forma de funcionamiento deja suficiente campo libre para el desarrollo de actividades ilícitas e, incluso, cuestiona los criterios de eficiencia económica que, en su momento, sirvieron de argumento para la reprivatización de la banca.
Instituciones involucradas en escándalos financieros como FOMIEXPORT, CREDICLUB, FINSEPRO e INSEPRO y otras que han sido intervenidas para evitar fraudes como FINCOMER, SABATER y CREDISA, han visto su mayor auge como resultado de la reprivatización del sistema financiero y la creación de incentivos para la formación de nuevas empresas a través de la desregulación del mercado financiero; es decir que en su mayoría han actuado, hasta cierto punto, amparados en la legalidad. Inclusive representantes de la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA), la cual representa a la banca legalmente establecida, habrían expresado su disposición a tramitar préstamos interbancarios o compras de activos para solventar la más reciente crisis financiera desatada por FINSEPRO e INSEPRO. Lamentablemente, las mismas versiones oficiales establecen que podrían existir más casos de defraudación, pues, de acuerdo al ex Superintendente del Sistema Financiero, Rafael Rodríguez Loucel, existen otras instituciones financieras que también se encontrarían siendo auditadas por el Estado.
A la luz de ese último caso surge la interrogante sobre el nivel de eficiencia económica del nuevo sistema financiero surgido durante la presente década. En las siguientes líneas se busca contextualizar el funcionamiento de las instituciones señaladas por defraudación a la economía pública, teniendo en cuenta el proceso de liberalización económica y señalando algunos de sus resultados más obvios. Con ello se buscaría argumentar en favor de una revisión del marco jurídico e institucional que norma al sistema financiero, no sólo con la intención de evitar defraudaciones, sino también para llamar la atención sobre las distorsiones en el crecimiento económico que han surgido del funcionamiento del mismo.
Hasta la presente década, los delitos contra el patrimonio han sido ejecutados, predominantemente, a partir de actividades subterráneas ajenas a la ley y al mismo sistema financiero. Desde su surgimiento en el siglo pasado, éste ha estado tradicionalmente exento de problemas de insolvencia y defraudación de los depositantes; aún así, en la década de 1930, fue creado el Banco Central de Reserva, el cual pasaría a ejercer las funciones de banco de bancos y garante del manejo adecuado de los depósitos de las instituciones financieras. Durante la década de 1980 la banca permaneció nacionalizada y, aunque se le achacan prominentes ineficiencias macro y microeconómicas, los casos de mal manejo de los depósitos a gran escala aún eran desconocidos.
La reprivatización de la banca, a partir de 1989, abrió los canales para su resurgimiento como el sector económico más dinámico y de mejores perspectivas de acumulación, especialmente porque para su privatización se procedió primero a un saneamiento de su cartera morosa, la cual fue asumida por el Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento del Sistema Financiero. Ello implicó la venta de instituciones de "sanidad" garantizada. Adicionalmente, se creó un nuevo marco legal para permitir la "libre competencia" en este sector, lo cual abrió la posibilidad de la creación de nuevas empresas financieras e, incluso, otorgó mayor discrecionalidad para el manejo de las tasas de interés. Este último aspecto ha llegado a contribuir en procesos de recesión económica.
En este contexto, surgió en 1992 uno de los primeros casos de defraudación de la economía pública, perpetrado por los administradores de la financiera FOMIEXPORT, la cual, de acuerdo a versiones de la Superintendencia del Sistema Financiero, no se encontraba autorizada para captar fondos, aunque en la práctica lo hacía. En este caso se estimaba una malversación de cerca de 100 millones de colones que, hasta el momento, no ha podido ser recuperada.
Un nuevo caso se suscitó, a finales de abril pasado, cuando otra empresa financiera de razón social, CREDICLUB, se vio involucrada en una nueva malversación de fondos que también superaría los 100 millones de colones. En lo fundamental, las acusaciones para los representantes de esta asociación radican en violación a la prohibición de captar fondos del público, pero, principalmente, en la desviación de los fondos captados hacia otras actividades aún no esclarecidas.
Este caso, y la cercanía temporal con el caso reseñado, creó las condiciones para que este último adquiriera mayores connotaciones, al grado de provocar la destitución del Superintendente del Sistema Financiero y motivar a ABANSA para respaldar financieramente a FINSEPRO e INSEPRO, las cuales enfrentan cargos por defraudación a la economía pública por un monto superior a los 200 millones de colones. El nivel alcanzado por este nuevo fraude es tal que ha motivado al gobierno, a través de la SSF, a erogar un monto aún no especificado, con el cual se pretende devolver el dinero depositado en cuentas de FINSEPRO cuyos montos no excedan los 55 mil colones. Pese a ello, los depositantes con fondos en INSEPRO todavía no cuentan con ningún tipo de garantía.
A diferencia de sus precedentes, el fraude de FINSEPRO-INSEPRO ha arrojado mayores detalles, tanto de las operaciones realizadas por la financiera como de los destinos de parte de los fondos defraudados. De acuerdo a informaciones periodísticas atribuidas a la SSF, los representantes de las dos últimas financieras mencionadas estarían acusados de desviar ilícitamente fondos de ahorros originalmente captados por FINSEPRO, primero hacia INSEPRO --la cual estaba legalmente incapacitada para captar fondos del público-y, luego, hacia empresas comerciales, especialmente de distribución de automóviles, de las cuales son accionistas los mismos funcionarios de FINSEPRO e INSEPRO.
No debe perderse de vista que los datos disponibles dan cuenta de que, en buena medida, la motivación de los representantes de las financieras ha sido la inyección de recursos para empresas comerciales, lo cual refleja la permanencia de condiciones históricas que favorecen el enriquecimiento ilícito y la concentración económica, especialmente de aquellos que cuentan, de antemano, con una infraestructura empresarial. Obviamente los mecanismos son ahora más sofisticados aunque todavía detectables y punibles.
La recurrencia de casos de corrupción en el sistema financiero llama la atención sobre la necesidad de emprender un proceso de reforma tanto de la Ley del Banco Central de Reserva como de las que regulan el sistema financiero. La liberalización de su funcionamiento ha creado espacios para que el manejo de éste se haga con criterios cada vez más alejados de los objetivos de la eficiencia macro y microeconómica.
Irónicamente, uno de los objetivos de la reforma o liberalización del sistema financiero fue mejorar la eficiencia de la banca, sin embargo hasta el momento ha provocado esquemas de crecimiento económico fundamentados en el sector terciario así como la aparición e intensificación de los casos de defraudación de la economía pública.
Aun cuando las instituciones señaladas en este último
tipo de casos no manejen una proporción considerable de
los depósitos y la medida sugerida pueda contrariar los
preceptos de liberalización económica, en el momento
actual se justifica una profundización y ampliación
de la supervisión estatal del sistema financiero.
Los Acuerdos de Paz trajeron cambios institucionales fundamentales para la legitimidad del Estado salvadoreño. El nacimiento de un nuevo cuerpo policial y de un ente contralor de la legitimidad y respeto de los Derechos Humanos ha sido el abono más importante de la naciente democracia salvadoreña. El nuevo cuerpo policial, la Policía Nacional Civil, surge como una respuesta a la necesidad de cambio de los organismos de seguridad pública, a raíz de los señalamientos del alto grado de violación de los Derechos Humanos por parte de aquellos. La nueva doctrina, los nuevos cuadros y nuevos miembros, y la naturaleza civil de este nuevo cuerpo, deberían ser una garantía de una institución que brinde confianza y seguridad a la población.
El orden público exige de este ente una capacitación permanente de su personal, pero, indudablemente, su novedad y la novatez de sus miembros significan, a su vez, una inexperiencia que sólo con el paso de los años irá desapareciendo. Esto no debe servir como justificación para los errores procedimentales que cometen en su accionar, sino que debe ser un aliciente para actuar con mayor cuidado, esmero y, lo más importante, con apego a la normativa vigente.
Los actuales señalamientos de abusos, de ocultación de evidencias, de protección mal encausada, producen una imagen negativa de la PNC, y es claro que tales señalamientos deben hacerse siempre para generar y producir los cambios indispensables para una mejor policía. Pero también es claro que tal crítica debe ser de manera constructiva, de participación de todas las instituciones que controlan el quehacer policial, no sólo señalando lo negativo, sino diciendo cómo debe cambiarse y, algo que también es conveniente, señalar las buenas acciones de ese cuerpo.
¿Cuál es la importancia de lo anterior? Indudablemente que en una época marcada por una delincuencia creciente, por un irrespeto cívico institucional, las buenas acciones son cada vez más raras y deben de servir de ejemplo a nuestra niñez y juventud. Se podría preguntar: ¿para qué volver pública una buena acción policial? La respuesta se encamina hacia dos rumbos: el primero, levantar los ánimos de los miembros policiales, haciéndoles sentir que pueden actuar conforme a derecho; y, segundo, para que se motive a la población, en especial a la niñez y a la juventud, que actualmente marchan sin rumbo.
Indudablemente, los medios de comunicación juegan un rol importante en esta época de transición, debiendo cumplir a cabalidad su cometido de informar con la verdad a la población, sin apasionamientos, pero con apego a la realidad. No se quiere decir con esto que deben ocultarse los hechos; claro que deben señalarse porque sólo así podrá irse depurando la PNC para un mejor trabajo; y ello debe servir de base, además, para enfocar esfuerzos para declarar las cosas tal como son, con la crudeza del caso si es necesario. Así debe enfocarse la actividad policial, mostrando lo negativo y lo positivo, lo encomiable y lo no encomiable, para que la corporación policial sepa a donde ajustar las tuercas y en donde resaltar su actividad.
No perdamos de vista el quehacer policial, ayudemos donde se pueda y señalemos donde sea necesario. Las actuales detenciones de policías por su mal accionar, por su irrespeto a los Derechos Humanos, debe ser respaldadas por la ciudadanía y, más aún, por el Estado. Este no debe ser protector ni soportar conductas delictivas dentro de su misma corporación, creada para brindar seguridad pública. El Estado no debe permitir que la seguridad se vaya de sus manos, cuando apenas la tiene asida. Esa seguridad u orden interno no podrá establecerse, conservarse y desarrollarse mientras las autoridades creadas para alcanzar tal fin sean violentadoras y transgresoras de la norma.
A modo de conclusión tenemos que decir que la permanente depuración de la PNC es absolutamente necesaria, y lo único que queda por hacer es esperar que los encargados de dirigirla actúen con la seriedad debida y, donde sea necesario, tomen medidas drásticas, siempre respetando el marco legal. Y lo más importante: que la ciudadanía y los medios informativos sigan colaborando en la consolidación de este nuevo cuerpo policial de forma positiva y constructiva.
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Colaboración de Ernesto Villalobos Ayala, Departamento
de Ciencias Jurídicas. Universidad Centroamericana "José
Simeón Cañas"
Hace unos días, el inspector general de la Policía Nacional Civil (PNC), Víctor Manuel Valle, anunció a los medios de difusión la entrega del último de sus informes a la señora procuradora para la defensa de los derechos humanos. En el documento incluye los elementos que ilustran la labor desarrollada por su persona, como responsable de la institución, entre enero y junio del presente año; de esa manera, le dio cumplimiento formal a la obligación que le señala la ley orgánica del cuerpo de seguridad en su octavo artículo. Según los datos proporcionados por el funcionario, durante el semestre la entidad a su cargo recibió 229 denuncias; de ellas, el 77.74 por ciento tiene que ver con violaciones a los siguientes derechos: vida, integridad física, seguridad personal y debido proceso.
Es notorio el contraste, si comparamos ese total semestral con las mil 100 denuncias que la población salvadoreña presentó durante sólo cinco meses --de enero a mayo-- en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), contra el personal del cuerpo policial. Lógicamente, esa diferencia entre ambas instituciones también se observa en el promedio mensual de quejas que cada una de ellas ha recibido en 1997: mientras en la Procuraduría el número asciende a las 220, en la inspectoría es de 38.
Y con esos pobres resultados de su labor, el actual inspector se ufana de dos cosas. La primera: que se ha incrementado el número de denuncias en un 46 por ciento, pues entre mayo y diciembre de 1996 el promedio mensual solamente era de 26; como parte de sus valoraciones, Valle sostiene que ese "notable incremento" no debe asociarse automáticamente con un aumento de las violaciones. No; para él la conclusión es una: que la gente acude con más confianza a presentar sus denuncias en la inspectoría. Ese es el otro "resultado" que lo hace sentirse orgulloso de su trabajo.
Con lo anterior y como ya es costumbre --instalado en la autocomplacencia y cobijado en declaraciones del presidente de la República a los medios-- Valle nos vuelve a mostrar que no tiene la capacidad para admitir que "le queda grande la camisa". Sin embargo, tanto desde los organismos sociales interesados y conocedores del tema como de algunos partidos políticos, se continúa pidiendo --cada vez con mayor fuerza-- la revisión de su papel al frente de la inspectoría.
Esta institución, tan importante para el buen desempeño de la PNC, necesita con urgencia de una persona decidida y firme, que cuente con todos los recursos para enfrentar un gran reto: contribuir a enderezar el rumbo de la institución policial. Valle, en sus casi dos años al frente de la inspectoría, no ha dado muestras de tener los suficientes arrestos para asumirlo con éxito. Por eso, desde esos espacios sociales y políticos se le ha llegado a considerar como una "figura decorativa".
Pese a que este funcionario le resta importancia a las críticas que recibe -otra señal de su arrogante actitud-, el juicio mayoritario de la población es evidente: no está cumpliendo su misión y, por tanto, nos está negando la posibilidad de contar con una herramienta útil para la defensa de nuestros derechos cuando son violados por miembros de la institución policial.
Por citar un ejemplo de su "desteñida" actuación y la poca incidencia que ha tenido para mejorar las actuaciones del cuerpo, recordemos la reciente fuga de los agentes de la PNC acusados del asesinato de varias personas en San Pedro Masahuat, departamento de La Paz. En este caso -como en tantos otros- Valle no se pronunció al respecto para exigir una efectiva investigación. De las personas que lo critican por su deficiente actuación, el funcionario dice que posiblemente "no sepan hasta dónde llegan las atribuciones de la inspectoría". Al menos en nuestro caso y el de otros organismos sociales o políticos, eso es falso.
Sabemos que las funciones de la inspectoría --según el artículo 4, capítulo II de su reglamento- son las siguientes: vigilar las actuaciones y servicios operativos de la PNC; inspeccionar y controlar el funcionamiento de órganos, unidades y servicios operativos y de gestión del cuerpo; verificar el cumplimiento de normas, funciones, objetivos, programas y procedimientos establecidos o fijados para la prestación de los servicios policiales y administrativos; procurar, fomentar e impulsar el sometimiento de la actividad policial a lo establecido por las leyes, reglamentos y procedimientos de actuación; evaluar la eficacia de los planes y sistemas de inspección y control diseñados en la unidad de control de la PNC.
Además, a la inspectoría le toca: recibir quejas, denuncias y comunicaciones de instituciones públicas o privadas y de particulares sobre el funcionamiento de los servicios operativos y de gestión o que tengan que ver con la conducta de los miembros de la PNC; elaborar informes y recomendaciones derivados de su actividad inspectora y de control; vigilar y controlar la conducta de los miembros de la PNC, para garantizar que respeten los derechos humanos; proponer mejoras o modificaciones en la organización o funcionamiento de los servicios o unidades policiales, con base a las inspecciones y verificaciones realizadas.
El reglamento, por medio de su artículo 14, señala que Valle tiene las siguientes atribuciones: vigilar y velar por el cumplimiento de las funciones, objetivos y fines de la inspectoría; organizar, planificar, dirigir, coordinar, supervisar y controlar sus servicios y unidades; establecer su régimen de funcionamiento interno; dar a conocer al Ministerio de Seguridad Pública los informes y recomendaciones que realice; advertir, recomendar y recordar a las autoridades y miembros de la PNC sobre sus deberes; hacer sugerencias para mejorar la prestación del servicio policial y de las actividades de gestión.
Valle también puede y debe: planificar, programar y ejecutar la inspección y el control de la PNC, previa aprobación del ministro de Seguridad Pública; comunicar al director general de la PNC la realización de inspecciones y verificaciones en los casos establecidos en el reglamento; solicitar la colaboración del personal policial; requerir a la unidades de control y de investigación disciplinaria la realización de inspecciones e investigaciones dentro de sus respectivos ámbitos de competencia; presentar al ministro de Seguridad Pública el proyecto de presupuesto y las necesidades de la inspectoría.
Como se advierte, no ignoramos las facultades y posibilidades que tiene este funcionario. Con una actitud distinta a la mostrada, enfrentando sin miedo los obstáculos que han surgido y puedan surgir en el camino, Valle podría aportarle mucho a la PNC y al país. Sin embargo, el número de denuncias contra el cuerpo de seguridad crece a un ritmo muy lento en la inspectoría y se encuentra muy distante de la preocupante cantidad que se registra en la Procuraduría, lo que revela -más bien- poca confianza en la primera institución y lo contrario en relación a la segunda.
Es claro que Valle no ha cumplido eficazmente el papel que le
corresponde; por eso está en la mira de un partido político,
cuya representación en la Asamblea Legislativa ha pedido
su destitución. De prosperar esa iniciativa, quizás
se podría hacer algo para mejorar la inspectoría
y la PNC, en beneficio del país. Pero, independientemente
de lo que suceda con su futuro, parece que junio no es un buen
mes para este funcionario: exactamente hace un año fue
el mismo quien evidenció su fragilidad e incompetencia.
En ese entonces, "puso el grito en el cielo" quejándose
de la persona que ocupaba la subdirección de operaciones
dentro de la PNC; hizo un escándalo y amagó con
renunciar. Por esa época, claramente se vio que no contaba
con un apoyo sólido de nadie; ahora, con su actuación
sumisa, parece que ya lo tiene del lado de sus jefes pero no de
la población.
El pasado sábado 7, cinco connotados empresarios involucrados en el caso "FINSEPRO-INSEPRO" fueron remitidos al juzgado onceavo de paz de San Salvador. En ese marco, cuatro periodistas que desarrollaban su labor fueron agredidos por elementos de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) de la PNC. El operativo de seguridad alrededor de la presentación de estas personas ante la justicia, fue exagerado: decenas de agentes y elementos antimotines se encontraban "en pie de guerra". De entrada, los agentes policiales advirtieron que nadie podía entrevistar a los acusados; Es más, dijeron que --de ser necesario-- tenían instrucciones de "atacar a los periodistas".
Tras el bochornoso y grave incidente, el ministro de Seguridad Pública pidió disculpas al gremio de comunicadores. Don Hugo Barrera prometió "investigaciones" para determinar responsabilidades y aplicar las sanciones respectivas. Pero no basta con eso. También hay que aclarar por qué de esa excesiva protección para estos señores que --en la práctica-- también son presuntos delincuentes, pero de muy "alto nivel". Que no hayan sido presentados ante los medios de difusión con las manos esposadas y varios policías custodiándolos, es correcto. Es más; así deberían tratar a todas las personas que están siendo investigadas y procesadas porque se presume su participación en determinados hechos delictivos. Sobre todo, cuando se trata de jóvenes que pueden reintegrarse a la sociedad si --como ha ocurrido muchas veces-- no se logra establecer su culpabilidad.
Pero no. En nuestro país, los procedimientos para perseguir los delitos y aplicar la ley se manejan discrecionalmente: para los pobres, la humillación y el maltrato; en cambio, para los ricos la protección en demasía, sumada a la agresión contra aquellas personas que informan a la sociedad de los acontecimientos públicos. Hasta exámenes médicos les hacen para "verificar" su estado de salud y evitar, así, su reclusión en los centros penales respectivos. Al ver eso no podemos dejar de pensar en la hipocresía de ciertos sectores, cuando acusan a la doctora Victoria Marina de Avilés y los organismos sociales de derechos humanos de "defender sólo a los delincuentes".
Estas situaciones no son nuevas. Para no ir lejos, en mayo la empresa "CREDICLUB" se vio envuelta en un escándalo similar. Según se sabe, este hecho afectó a más de cuatrocientas personas. Al igual que sus colegas, el representante legal de este lucrativo negocio fue capturado y enviado a los tribunales; no obstante haber disfrutado de una cantidad menor de privilegios que los directivos de "FINSEPRO", este personaje estuvo detenido en una "jaula de oro" dentro de un hospital privado.
Y en medio de la tormenta, la Superintendencia del Sistema Financiero y su ex responsable han recibido una andanada de críticas. Se dice que de haber actuado a tiempo, estos hechos se hubieran podido evitar. Pero hay quien se atreve a sugerir que ciertos intereses particulares impidieron una acción eficaz para ello. Según el presidente de la República, estos escándalos no deben socavar la confianza de la población en el sistema financiero. Sin embargo, resulta difícil que la gente no sienta temor; es más: ya se escuchan voces recelosas preguntando sobre las verdaderas razones que se esconden tras estas "acciones espectaculares".
Al doctor Armando Calderón Sol, al Fiscal General de la
República y al Órgano Judicial no les queda más
que seguir adelante en estos y otros hechos delictivos que aún
no han sido esclarecidos. Si dan marcha atrás, sembrarán
más dudas dentro de una población que espera golpes
reales a quienes violan la ley de cualquier forma. Con "cuello
blanco" o de cualquier otro color, aquí lo que debe
empezar a prevalecer es la justicia. Esta sociedad tienen frente
a sí un gran reto: derrotar la impunidad. Y a las autoridades
del Estado les corresponde jugar un papel importante en ello.
Hoy tienen una oportunidad para demostrar que lo van hacer en
serio. Pueden empezar --entre otras cosas-- por sancionar a los
responsables de la agresión a las y los periodistas, quienes
además tienen derecho a recibir una justa reparación
moral y material por el daño que les causaron.
DESTITUCION. El Superintendente del Sistema Financiero, Rafael
Rodríguez Loucel, fue destituido de su cargo, el 04.07,
por el Consejo de Ministros del Gobierno de la República,
según un comunicado oficial de Casa Presidencial. Según
el informe, la destitución es consecuencia de los problemas
en que cayeron las sociedades mercantiles CREDICLUB, FINSEPRO
e INSEPRO en las últimas semanas. Mientras tanto, se ha
nombrado interinamente como Superintendente al actual intendente
de Bancos, Luis Armando Montenegro (LPG 05.07 P.4 Y 5,
DH 05.07 p.2 y LPG 06.07 p.5).
DECLARACIONES. El Presidente de la República, Armando Calderón
Sol, reiteró, el 07.07, que, pese al escándalo de
FINSEPRO e INSEPRO, en el que se habrían defraudado unos
200 millones de colones, la población debe tener confianza
en el sistema financiero. En rueda de prensa, el mandatario se
comprometió a fortalecer la Superintendencia del Sistema
Financiero, nombrando próximamente al nuevo titular, pero
también dotándola de los recursos financieros necesarios
y asesorías para evitar nuevos casos de defraudación
a la economía pública. Asimismo, dijo haber conversado
con el Fiscal General de la República, Manuel Córdova
Castellanos, para realizar las pesquisas necesarias e investigar
el paradero de los fondos depositados en FINSEPRO e INSEPRO. Por
su parte, el presidente de la Asociación de Banqueros Salvadoreños,
Archie Baldocchi, y el presidente del Banco Multivalores, Albino
Román, reiteraron la estabilidad de los bancos y pidieron
a la gente confianza en el país y en el sistema financiero
(LPG 08.07 p.6, DH 08.07 p.20 y DL 08.07
p.2).
GOLPIZA. Cuatro periodistas fueron brutalmente golpeados, el 05.07,
por un grupo de agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden
(UMO), durante la remisión de los acusados del fraude de
las financieras FINSEPRO e INSEPRO. Los agredidos trabajan para
Noticiero Hechos, Canal 12; Teleprensa, Canal 33, Radio RCS y
El Diario de Hoy. Según versiones de testigos, los policías
formaron una valla para evitar que los imputados fueran agredidos
por los afectados del fraude, advirtiendo que no querían
que ningún periodista hablara con los acusados y "que
tenían ordenes superiores para impedirlo y si era necesario,
para atacar a los periodistas". Aparentemente, los periodistas
fueron vapuleados cuando se acercaron a los imputados. A raíz
de los hechos, la Asociación de Periodistas protestó
enérgicamente y pidió una reunión con autoridades
de la PNC para iniciar una investigación al respecto (DH
07.07 p.18, EM 07.07 p.4 y DL 07.07 p.4).
DISCULPAS. El Presidente de la República, Armando Calderón
Sol, reconoció, el 07.07, que hubo exceso de fuerza por
parte de los agentes antimotines que agredieron a varios periodistas
que cubrían la remisión a los tribunales de justicia
de los 5 imputados en el caso FINSEPRO. "Estamos preocupados
por los acontecimientos ocurridos entre los agentes de la UMO
y colegas de ustedes. Ha habido exceso y hemos ordenado una investigación",
aseguró el mandatario. Asimismo, el Ministro de Seguridad
Pública, Hugo Barrera, aseguró haber ordenado una
investigación profunda de los incidentes. "Si hay
oficiales o agentes de la Policía que resulten culpables
de los incidentes, van a ser sancionados drásticamente",
dijo (LPG 08.07 p.14, DH 08.07 p.4 y DL 08.07
p.4).
