Año 18
número 766
julio 16
1997
ISSN 0259-9864
Editorial Ambición desenfrenada
Política Los retos del nuevo Presidente de la Corte Suprema de Justicia
Política Funciones de la Junta Directiva y de las Comisiones Legislativas
Economía El sistema financiero y la asignación del crédito
Sociedad El caso Mathies Hill: implicaciones políticas y económicas
Derechos Humanos Justicia, ¿al servicio de quién?
Tal vez el sistema financiero salvadoreño sea estable, pero de lo que no cabe duda es que es inseguro. El ahorrante puede perder todo su dinero en cualquier momento. Las instancias estatales encargadas de supervisar sus operaciones no cumplen con sus funciones por incapacidad, interés creado y desidia. Hasta ahora, la intervención estatal se produce para constatar la quiebra, es decir, cuando ya todo está perdido. Tres quiebras, o cuatro si incluimos la exportadora de café, casi seguidas desautorizan a quienes insisten en que son casos aislados. Y podría haber más si no se adoptasen las medidas pertinentes a tiempo.
Cuantitativamente, el monto comprometido es una mínima parte del total del sistema financiero; pero considerado en términos de confianza, el daño es grave. Muchos confiaron su dinero a estas instituciones, atraídos por quienes integraban sus juntas directivas, a quienes creían serios, responsables y honestos. Si los directivos de las tres instituciones financieras que han quebrado carecen de estas tres virtudes, cómo se puede estar seguro de los demás. La desconfianza es alimentada por rumores que aseguran que existen otras empresas amenazadas por la quiebra. En estos momentos, nadie tiene la credibilidad necesaria para desmentir, o confirmar si ése fuera el caso, tales rumores. Está demostrado que ni la trayectoria, ni la experiencia y mucho menos el nombre son garantía de honestidad y responsabilidad.
En el fondo, el escándalo financiero que sacude a El Salvador se explica por la ambición desmedida. La ambición desenfrenada llevó a los directivos a utilizar fraudulentamente los fondos del público. Su afán era el enriquecimiento fácil y rápido. Ya no se busca sólo el enriquecimiento, como era normal hasta hace poco, sino hacerlo sin mayor esfuerzo y de forma rápida. De ahí que consideren que todo les está permitido, aun lo ilegal. Esta forma de enriquecerse que caracteriza a el nuevo El Salvador se ha convertido no sólo en símbolo del éxito empresarial, sino aún peor, en un valor absoluto.
Los defraudadores no usan su propio dinero, sino el de los demás. En realidad, muchas grandes empresas no trabajan con el capital de sus propietarios, sino con el de otros. El dinero propio lo tienen fuera del país, bien asegurado y ganando buenos intereses. En cambio, en El Salvador arriesgan el dinero de otros con muy poco respaldo y de forma ilegal. No hace falta mucho esfuerzo para constatar que existen demasiadas empresas que captan dinero del público sin estar autorizadas para ello con la anuencia de las autoridades financieras del país.
Por el otro lado, la ambición es la que lleva a quienes tienen ahorros a colocarlos ahí donde pueden ganar más intereses y, precisamente, por eso mismo les ofrecen tasas más elevadas que los bancos. Así como el interés es alto, el riesgo es mayor. Pero los ahorrantes arriesgan con tal de ganar más dinero, a veces, aun a sabiendas que la empresa no está autorizada legalmente para esta clase de operaciones. Tal como lo dijo uno de ellos, es la ley del mercado. Ahora se lamentan y exigen al Estado responder por la ambición de los defraudadores y la suya propia. Ante las ganancias no tienen la misma actitud, pues se resisten a pagar impuestos proporcionales a éstas.
Si la ley del mercado libre los impulsa a depositar su dinero, atendiendo únicamente a la tasa de interés, también deben saber que aquél no es equitativo ni mucho menos justo. No le pidan, pues, justicia al mercado. Este reparte la riqueza de una manera bastante desigual y, por lo general, siempre favorece al más fuerte. El que se somete a sus reglas, sobre todo cuando lo hace en forma tan convencida, debe también saber que el mercado no tiene corazón ni valores ni sentimientos. Su lógica del poder es implacable. Es paradójico constatar que quienes hoy gritan en las calles justicia, no hace mucho también exigían reducir el Estado a su mínima expresión.
Con esto no estamos condonando el fraude del cual han sido víctimas varios centenares de personas, ni mucho menos el acto delictivo e inmoral cometido, sino que queremos señalar la podredumbre que pervade nuestra sociedad, la cual afecta a todos. No sólo a unos, a los directivos ahora encausados judicialmente; sino también a quienes estimulan y aprueban esta clase de capitalismo neoliberal. Por lo tanto, el problema no se resuelve devolviendo el dinero a los defraudados y enviando a la cárcel a los responsables. Eso sería caer en el egoísmo craso y la venganza atávica. Quienes así piensan puede que se sientan satisfechos por haber recuperado su dinero, o una parte de él, si las cosas no salen bien, pero su ambición y la de sus defraudadores seguirá siendo tan desmedida como antes.
El escándalo financiero es una muestra de lo que se ha dado en llamar el nuevo El Salvador. Al comparar lo nuevo con lo viejo salta a la vista que aquéllo no es necesariamente ni lo mejor ni lo más ético. En la novedad se perdieron los valores humanos y cristianos, y en su lugar predominan los del capitalismo salvaje.
Aprovecharse de los demás se ha vuelto, para muchos empresarios, lo más normal y legítimo. No caen en la cuenta de que con ello socavan aún más el proceso de institucionalización del país. Los empresarios honestos, el Estado y la sociedad civil no pueden cruzarse de brazos ante la embestida de grupos y personas que han hecho de los negocios ilícitos y del fraude su modo de vida. La ilegalidad, en cualesquiera de sus manifestaciones, no puede ni debe ser tolerada. De aquí que la investigación a fondo de las actividades financieras que se realizan en el país sea un desafío de primera magnitud, al igual que es de primera importancia sancionar a aquellos que han manejado ilícitamente los recursos del público. Sin embargo, sin una ética empresarial mínima -en la cual el respeto a los contratos y la transparencia económica ocupen un lugar privilegiado- El Salvador no avanzará por el rumbo debido.
Hace poco menos de un mes, al mismo tiempo que la comisión ad hoc realizaba su evaluación de la ley de privatización de ANTEL, en la Asamblea Legislativa se iniciaba el debate con respecto a la elección de 16 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El 19 de junio, la prensa escrita, contraviniendo la decisión de los diputados, dio a conocer la lista de candidatos propuestos por las distintas fracciones partidarias para ocupar los cargos vacantes en el Organo Judicial. Una numerosa lista de nombres empezó a desfilar por los periódicos nacionales y, aunque en un primer momento todo parecía indicar que la elección de los funcionarios sólo se llevaría a cabo después de largas polémicas, la renovación de la tercera parte de los magistrados de la CSJ se llevó a cabo sin tardanzas, gracias a que los diputados alcanzaron rápidamente el consenso.
Aunque, a excepción del FMLN, todos los partidos políticos modificaron sus listas de candidatos y pronto se pronunciaron en contra de la reelección de antiguos magistrados, José Domingo Méndez, entonces Presidente del Organo Judicial, manifestó con firmeza el deseo de retornar al cargo. Esa posibilidad se vio prácticamente cerrada cuando, días antes de conocerse el nombre del posible candidato a ocupar la presidencia de la CSJ, la Corte de Cuentas hizo público un informe preliminar en el cual una serie de irregularidades en el manejo de los fondos de esa entidad quedaron al descubierto.
Ante ello, cabe la posibilidad de que la decisión de los partidos de retirar el respaldo a Méndez y optar por la no reelección, obedeciera al previo conocimiento del informe de la Corte de Cuentas. Para ARENA y para el resto de los partidos que inicialmente propusieron la reelección del anterior magistrado presidente, hubiera resultado difícil de justificar el respaldo a Méndez cuando el ente que presidía se hallaba involucrado en una acusación formal de manejo dudoso de fondos.
Empero, el caso está aún por esclarecerse. José Domingo Méndez, principal perjudicado, dejó claro ante los medios de comunicación su propio punto de vista al respecto. Según declaraciones hechas por el ex funcionario a un rotativo nacional, el hecho de que la acusación de la Corte de Cuentas hubiera salido a la luz pública justo en el momento en el que le correspondía a la Asamblea Legislativa efectuar la elección, no era más que una "campaña sucia" en contra de los magistrados salientes, destinada a "deshonrarlos". Estas declaraciones parecieron caer en el vacío y, sin prestar importancia al ex funcionario, los 84 diputados del Organo Legislativo eligieron a Jorge Eduardo Tenorio para ocupar la presidencia de la CSJ.
La elección de Tenorio tiene de especial el haber sido acordada por la totalidad de los diputados de la Asamblea Legislativa y es justamente esa una de las razones que el mismo magistrado presidente, recién posesionado, dice tener para asumir con el mayor profesionalismo posible su nuevo cargo. Y es que no puede esperarse algo distinto de la persona a la que le corresponde estar al frente de la administración de la justicia de un país tan convulsionado como El Salvador.
Hoy en día, para nadie es un secreto que el sistema judicial salvadoreño, a pesar del proceso de depuración al que ha estado sometido durante los últimos años, continúa siendo insuficiente para cubrir las necesidades jurídicas de un medio tan difícil como el nuestro. La impunidad, la ineficacia y la lentitud con que son resueltos los casos que logran salir de los archivos han marcado la labor del Organo Judicial, haciendo que su credibilidad, frente a la opinión pública, disminuyera cada vez más. La idea de que la CSJ y demás entidades estatales responsables de impartir justicia son ineficientes y corruptas está tan generalizada entre la población que son pocas las buenas acciones de éstas instituciones que un ciudadano cualquiera estaría dispuesto a reconocer.
No hay que olvidar que la crisis que no hace mucho atravesó el sistema carcelario --a pesar de que los centros penales no son una dependencia de la CSJ-- ha contribuido a desprestigiar aún más el sistema judicial en general. Ese desprestigio, claro está, es uno de los obstáculos con el que tendrá que enfrentarse el nuevo presidente del Organo Judicial, pero no porque el desprestigio sea un problema en sí mismo, sino porque la falta de credibilidad de la población en instituciones como la Corte Suprema de Justicia es síntoma de que en su funcionamiento hay fallas serias. Innumerables casos han permanecido durante años empolvándose en los archivos, asombrosas cantidades de presos se encuentran en una situación de incertidumbre jurídica, muchas de las víctimas de la delincuencia común y del crimen organizado han quedado con la sensación de que no ha habido justicia.
Es evidente que el sistema judicial dista mucho de alcanzar el nivel que requeriría para poder salirle al paso a la violencia que azota al país. Pero la violencia es sólo la manifestación más dramática de la situación crítica que se vive en El Salvador. A la CSJ le compete también emitir fallos que tienen que ver con corrupción, delitos de cuello blanco, el problema del medio ambiente, entre otros. La justicia tiene, pues, distintos flancos y es la Corte Suprema, como máximo organismo encargado de impartirla, a quien le corresponde fortalecerse hasta alcanzar a cubrirlos para lograr suprimir de la ciudadanía la sensación de desprotección que experimenta cuando debe acudir a la justicia para denunciar un delito.
Lograr ese fortalecimiento exigirá como requisito el saneamiento del personal que trabaja para la justicia; y si bien es cierto que la depuración de jueces hace tiempo se puso en marcha, también lo es que, como se ha vuelto tradición en el quehacer judicial, ésta no se ha llevado a cabo con la rapidez que hubiera hecho falta para que los cambios empezaran a notarse antes de que llegara el momento de la nueva elección de magistrados.
Jorge Eduardo Tenorio recibe ahora la responsabilidad de finalizar satisfactoriamente ese proceso; se ha comprometido, además, a trabajar por el robustecimiento de la independencia de la CSJ, por la dignificación de los jueces, por las mejoras en la infraestructura del sistema judicial y por la agilización de los procesos judiciales.
El hecho de que Tenorio haya sido elegido por la totalidad de
los diputados significa que muchos sectores del país depositado
en él su confianza. En los círculos políticos,
su figura goza de un gran prestigio, avalado por su desempeño
en dos ministerios y en la presidencia del Consejo Nacional de
la Judicatura; todo ello hace pensar que él es la persona
indicada para presidir la Corte Suprema y darle una nueva cara.
En sus manos recae, entonces, la responsabilidad de mejorar el
sistema judicial salvadoreño logrando que sus ciudadanos
recobren la confianza en él y empiecen a sentirse respaldados
por el Estado, al menos en el aspecto judicial.
Las funciones de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa de El Salvador se encuentran establecidas en el Art.7, del reglamento interior del órgano legislativo. La Junta Directiva se puede tipificar como el máximo organismo administrativo de la Asamblea con atribuciones inherentes a su naturaleza, es decir, eminentemente administrativas.
A nivel general, las funciones de la Junta Directiva en El Salvador son, entre otras, llevar el presupuesto de la Asamblea, selección y reclutamiento del personal técnico y secretarial, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura, y elaboración de propuestas de agenda para la sesión plenaria.
Entre las principales atribuciones de la Junta Directiva de El Salvador, según el reglamento interior, podemos mencionar las siguientes: cumplir y hacer cumplir el presente reglamento; fijar, a su juicio, a las comisiones legislativas un plazo prudencial para la emisión de los dictámenes; llamar al orden a los diputados y diputadas, siempre que en sus intervenciones falten a lo establecido para las discusiones o cuando profieran palabras mal sonantes u ofensivas al decoro de la Asamblea o a los miembros de ésta, a los otros Órganos del Estado o de sus miembros, al de personas extrañas, y cuando en cualquier forma alteren el orden de los debates; conceder licencia a los diputados y diputadas que necesiten ausentarse por más de cinco días; nombrar, remover, aceptar renuncias y conceder licencias a los empleados del órgano legislativo.
Entonces la "función principal de La Junta Directiva
es la de dirigir la actividad administrativa y la legislativa",
lo que significa que no está por encima de las comisiones
legislativas permanentes o especiales ni sobre los diputados;
tampoco tiene funciones legislativas.
Funciones del presidente de la Junta Directiva
Entre las funciones del presidente de la Junta Directiva, estipuladas
en el reglamento interior de la Asamblea Legislativa de El Salvador,
se encuentran las siguientes: presidir las sesiones plenarias,
la conducción de los debates parlamentarios, indicar a
la Asamblea el punto o puntos sobre lo que debe haber discusión,
recibir las votaciones corrientes y declarar si hay aprobación
o rechazo de un asunto, declarar el resultado de las votaciones,
informar sobre los proyectos de ley presentados indicando su naturaleza,
la no obligación del presidente de formar parte de una
comisión legislativa permanente, la libertad de asistir
a las sesiones de las comisiones con derecho a voz pero sin voto,
asistir como simple diputado a las sesiones de su respectiva fracción
legislativa, ser miembro de asociaciones parlamentarias latinoamericanas
e internacionales, representar a la Asamblea Legislativa en el
extranjero, la descentralización de los poderes administrativos,
el doble voto y la tipificación de los casos en que debe
ser usado.
2. Estructura de las comisiones o comités Legislativos
Las comisiones o comités legislativos por lo general pueden clasificarse en: 1) Comisiones permanentes -standing committees-; 2) Comisiones especiales -select committees-; 3) Comisiones mixtas, interparlamentarias o intercamerales -joint committees-; 4) Comisiones mixtas paritarias -conference committees-; 5) Comisión general, comisión plenaria o comité del pleno -commission plénière-
Tanto la clasificación como la estructura y funcionamiento se encuentran establecidos en el respectivo reglamento interno de la Asamblea y éste varía en las distintas asambleas o parlamentos.
Comisiones permanentes. Estas comisiones nacieron originariamente en algunos parlamentos en la segunda mitad del siglo pasado (Inglaterra, EE.UU.); sin embargo, su institucionalización generalizada se produce casi inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial. Se originaron debido a que el comité del pleno mostraba insuficiencia e incapacidad para atender problemas y proyectos de ley cada vez más complicados, voluminosos y de diferentes tópicos; paralelamente a esta situación el Estado asumía nuevas funciones.
Las comisiones permanentes son los subgrupos en que los diputados se dividen las tareas legislativas; éstos no tienen una existencia definida y sesionan regularmente todas las semanas. Por el trabajo y las funciones que cumplen se puede decir que constituyen la médula espinal del Poder Legislativo. En El Salvador son, 14 y están integradas por un promedio de 11 diputados cada una, lo que significa que el 83% de los diputados pertenecen a más de una comisión.
Comisiones especiales. Son comisiones que se crean para abordar problemas muy específicos y leyes de carácter técnico; por lo general, requieren de la colaboración de varias comisiones permanentes.
Comisiones mixtas, interparlamentarias o intercamerales. Se llaman comisiones mixtas porque están formadas por igual número de diputados y senadores, para tratar proyectos de interés común a ambas cámaras. Sólo pueden existir en Asambleas Legislativas bicamerales. La designación de sus miembros y funciones están regidas por los mismos procedimientos de las comisiones permanentes. Estas comisiones no tienen competencias legislativas, no obstante juegan un papel importante en el funcionamiento de la Asamblea.
Comisiones mixtas paritarias. Estas comisiones son similares a las comisiones mixtas en su composición; la diferencia estriba en que las comisiones mixtas paritarias se crean con el objetivo de resolver diferencias relacionadas con la redacción de algún texto o, simplemente, para cumplir el mandato de elaborar un texto común sobre algún tópico que se encuentre en discusión. Estas se disuelven automáticamente cuando la comisión se ha puesto de acuerdo en la redacción definitiva del texto y es aprobado por una de las cámaras en sesión plenaria.
Comisión general, comisión plenaria o comité del pleno. Esta fue la comisión originaria, pues en la génesis del Poder Legislativo era en una sola comisión la que abordaba diferentes problemas de naturaleza distinta. En algunas asambleas legislativas bicamerales se crea la comisión general interparlamentaria, la cual es una variante de comisión general, con la diferencia que la constituye todos los diputados y senadores del Poder Legislativo.
En la actualidad ya no es la norma de trabajo, sino más
bien la excepción. El plenario de la Asamblea Legislativa
se convierte en comité del pleno o comisión general
sólo en casos o situaciones que ameriten su formación.
Otras clasificaciones de las comisiones
Las comisiones legislativas pueden clasificarse también en permanentes y especiales o selectas. Las permanentes están integradas por los diputados de las diferentes fracciones políticas y son consideradas como el eje fundamental del proceso legislativo. Las especiales, son establecidas por la Asamblea Legislativa, para abordar asuntos específicos; igualmente determina quiénes serán sus miembros, su mandato y tiempo. Termina su mandato en el momento de presentar su informe.
Las comisiones se pueden clasificar en dos tipos. En primer lugar, las legislativas, que intervienen en el procedimiento propiamente legislativo; en segundo lugar, las no legislativo, que no intervienen en el proceso de la elaboración de la ley, sino que por lo general cumplen funciones de carácter administrativo. Por otro lado, también se tipifican como horizontales, cuando "además de conocer sobre ciertos asuntos específicos, deben emitir su dictamen sobre materia correspondiente a otras comisiones desde el punto de vista en el que están especializadas: la comisión de asuntos constitucionales para todas las cuestiones de este orden y la comisión de presupuestos en lo que afecta a los problemas de cobertura financiera" (Alessandro Pizzorusso, 1984).
Las comisiones legislativas se clasifican de igual manera por la similitud o acercamiento que puedan tener con las que existen en el Poder legislativo de Inglaterra y en el de Francia. Así, en el parlamento inglés, no existen comisiones permanentes, sino que se crean de acuerdo con el proyecto de ley que se abordará (Carl J. Fiedrich, 1975). En cambio, en Francia sí existen comisiones permanentes. Las comisiones legislativas salvadoreñas son del tipo francés.
______________
Colaboración de Oscar Martínez Peñate. Departamento
de Sociología. Universidad Centroamericana "José
Simeón Cañas"
Con motivo del más reciente escándalo de corrupción en el sistema financiero, diversos sectores han asumido la tarea de difundir posturas que plantean la solidez del mismo y presentan los casos de defraudación de la economía pública como casos aislados que no reflejan su verdadero espíritu. Las posturas más claras en torno a esta problemática son las asumidas por el gobierno y por la Asociación Bancaria Salvadoreña, los cuales han ofrecido a algunos depositantes pagar el 100% de cuentas no superiores a 55 mil colones, y el 50% a aquellos con cuentas superiores a la mencionada cifra.
Muy probablemente, el sistema financiero se encuentra en una situación financiera sólida, pero ello no debería hacer perder de perspectiva las graves implicaciones macroeconómicas de su "solidez". Desde hace algunos años, diversos sectores han señalado que las tendencias del crecimiento económico han venido centrándose cada vez más en el sector terciario de la economía y, especialmente, en el comercio y los servicios, con lo cual se estaría renunciando a la posibilidad de estimular las actividades productivas y el empleo.
Uno de los papeles asignados al sector financiero ha estado relacionado, principalmente, con su papel de promotor del crecimiento económico y del empleo. La utilización del crédito para los fines de política económica ha sido en muchos casos determinante para promover procesos exitosos de industrialización o de modernización de la agricultura. En buena medida, la utilización del crédito para la promoción de exportaciones también puede favorecer incrementos en las mismas, disminución del desequilibrio externo, estabilidad en el tipo de cambio y menor inflación.
De hecho, en la presente década, ha resultado claro que los sectores económicos de mayor dinamismo han sido aquellos que han visto crecer aceleradamente su participación en el crédito del sistema financiero. Ello no implica que se haya promovido el crecimiento de actividades productivas y el empleo. Elementos tales como la disminución proporcional de los créditos al sector agropecuario y el desmesurado incremento del crédito al sector comercio son los más obvios, aun en la coyuntura actual de recesión económica. En las siguientes líneas se presentan los datos más recientes sobre asignación de crédito del sistema financiero, los cuales confirman la presencia de las tendencias ya señaladas y, al mismo tiempo, evidencian que, pese a dos años de recesión económica, aún no existen indicios de cambio en el patrón de crecimiento o de asignación del crédito. La intención principal es señalar que la liberalización económica en El Salvador, la cual ha incluido a la banca, no ha producido ningún efecto beneficioso sobre la estructura productiva y, por el contrario, ha creado las condiciones para transformarla en una economía terciaria.
Como se señaló anteriormente, desde mediados de 1995 ha sido claro que la tendencia de la producción ha estado marcada por una caída en la tasa de crecimiento. De acuerdo al Banco Central de Reserva, la principal causa de este comportamiento habría sido la reducción de la tasa de crecimiento del crédito total, desde un nivel de aproximadamente 30% a otro de sólo 15%, lo cual se mantiene inclusive para el año 1997.
Sorprendentemente, la participación del sector comercio en el total del crédito otorgado por los bancos se ha incrementado entre 1995 y 1996, pasando de un nivel de 36.1% a otro de 40.6%. Sin embargo, la tasa de crecimiento de este sector lejos de incrementarse disminuyó entre 1995 y 1996, pasando de 8% a 3.9%. Esto evidencia que en realidad lo que motiva la recesión es más bien un agotamiento de la capacidad de consumo, reflejada claramente en la contracción del crecimiento del comercio.
Como contrapartida, el crédito para la agricultura e industria representan ahora aún menos de lo que representaban en 1995. La agricultura pasó de recibir un 13.4% del total del crédito, en 1995, a recibir sólo el 11.7%, en 1996; mientras que el sector industrial vio caer su participación desde 22.4% a 20.7% entre los mismos años. El comportamiento de las tasas de crecimiento de estos sectores fue más consecuente que el del comercio, pues experimentaron reducciones: la agricultura pasó de una tasa de crecimiento de 5.6%, en 1995, a otra de tan sólo 0.6%, en 1996; por su parte, la industria creció 6.9% en 1995 y 3.5% en 1996. Como resultado de ello, entre 1995 y 1996, la agricultura redujo su participación en el Producto Interno Bruto (PIB), mientras que el comercio la incrementó en tres centésimas. Ello refleja, en consecuencia, la permanencia de la tendencia hacia la terciarización.
Por su parte, el sector financiero, aunque aún no participa en las mismas proporciones que la industria o siquiera la agricultura en el PIB, mantiene un vigoroso crecimiento que, para 1995 y 1996, alcanzó un 17.2% y un 16%, respectivamente, y lo convierten en el sector económico con mayor atractivo para la inversión.
En la actualidad, el comportamiento de la economía --exceptuando al sector comercio-- responde directamente a los estímulos enviados por el sector financiero, el cual, al mismo tiempo, se ha convertido en el sector más dinámico. Evidentemente, esta situación muestra que las tendencias hacia la terciarización de la economía se vuelven cada vez más claras, no sólo porque no existe mayor inversión en los sectores agropecuario e industrial, sino también porque existen dudas sobre el manejo de los ahorros del público por parte del sistema financiero, tal como lo evidencian los múltiples casos de defraudación de la economía pública.
Los ahorros captados por el sistema financiero constituyen los únicos recursos nacionales de que se dispone para la inversión, y si éstos se emplean cada vez más en créditos al comercio (que por cierto, para 1996, no implicaron mayores niveles de crecimiento) no sólo se estimula el surgimiento de una economía terciaria con bajo efecto multiplicador y de generación de empleo, sino que también se compromete la estabilidad macroeconómica de largo plazo.
De no ser por las remesas familiares, el aparato productivo no sería capaz de generar las exportaciones y divisas necesarias para la estabilidad económica. Los patrones de crecimiento actual muestran no sólo la influencia del sector financiero, sino también del proceso de liberalización económica en general.
A este respecto, cabe considerar las valoraciones del Director de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Héctor Vidal, quien afirma haber participado desde 1989 en el diseño de diferentes políticas de liberalización económica, pues ellas reflejan en buena medida la postura de la empresa privada. Según Vidal, "en la base de la capacidad que ha tenido el país de abrir drásticamente la economía y propiciar un ajuste aunque sea a medias, está el respaldo financiero que procuran las remesas familiares. No obstante, esos mismo flujos y la falta de una acción catalizadora gubernamental han creado fuertes distorsiones en la asignación de recursos, los que, en contra de la lógica del modelo de exportaciones, se han destinado mayormente a satisfacer la demanda interna y los servicios".
En la actualidad, ni siquiera la empresa privada --excluyendo al sector financiero-- se encuentra satisfecha del desempeño económico. La aparente bonanza macroeconómica y el crecimiento de la producción son sólo una ilusión, pues obedecen al flujo de remesas más que a la existencia de condiciones internas que generen crecimiento con estabilidad.
Esta realidad impone la necesidad de reorientar la asignación
de recursos, olvidando la tendencia a privilegiar el comercio
y los servicios financieros, para canalizarlos hacia los sectores
productivos capaces de generar exportaciones y empleo. Para ello
es claramente indispensable que el gobierno abandone posturas
que absolutizan la liberalización económica y asuma
un papel normativo más vigoroso, por ejemplo en lo que
toca al manejo de los recursos públicos y a la asignación
del crédito.
Como pocas veces en la historia reciente de El Salvador, el caso de la defraudación bancaria en FINSEPRO e INSEPRO ha logrado poner nerviosos a un buen número de actores sociales del país. El monto de lo defraudado -el cual todavía no se logra estimar con precisión- y las complejas relaciones que en su entorno empiezan a perfilarse, dan pie para poder afirmar que entre manos se tiene un caso con un potencial de escándalo de gran magnitud, capaz de remover los cimientes de nuestra política y nuestra economía.
Ciertamente, tal como se ha dicho en reiteradas ocasiones, el monto de los fondos malversados no sobrepasa ni siquiera al 5% del total de capital que maneja el sistema financiero nacional; sin embargo, al margen de la pequeñez del porcentaje, el escándalo de FINSEPRO ha venido a respaldar viejas sospechas de que al interior de aquel se habían colado intereses del narcotráfico. En este sentido, la penetración de capital corrupto ha asestado un golpe demoledor a la confianza que podría depositarse en la banca nacional. ¿Quién podría ahora decidir invertir sin guardar una duda fundada de que su dinero podría desaparecer inesperadamente sin rastro alguno?
La respuesta del Estado salvadoreño, aunque siempre a posteriori, ha intentado ser proporcional a la gravedad de los hechos. El encarcelamiento de Roberto Mathies Hill, presidente de la financiera INSEPRO y miembro de una de las familias salvadoreñas hasta ayer consideradas por encima del bien y el mal, es muestra palpable de ello. Empero, no deja de llamar la atención, entre muchas otras cosas, que, de una actitud casi comprensiva y de apoyo hacia su persona, el partido ARENA haya virado hacia otra más dura, en la cual se ha insistido hasta el cansancio que los empresarios ligados al desfalco financiero deben ser investigados y encausados por la justicia. Este repentino cambio de actitud podría interpretarse como el afán de centrar la atención en los que ya han sido apresados y evitar así que se investigue o se orienten las pesquisas hacia otras personalidades.
Por otro lado, la decisión del Banco Central de Reserva, apoyada por la mayoría de las instituciones que componen el sistema financiero, de asumir la responsabilidad de reintegrarles el capital a los inversionistas afectados, encuentra varias maneras de ser explicada. Por un lado, a diferencia de la estafa en FOMIEXPORT, entre los personajes que integran la lista de inversionistas se incluyen importantes personalidades del país e, incluso, entidades estatales (ANDA y el ISSS, por ejemplo) y sociales (la Iglesia Católica y el IPSFA, entre ellas). Por esta razón, la presión a la que probablemente se ha visto sometido supera con creces a cualquier otra anterior con la que se haya enfrentado. Además, y este es un hecho que no ha querido ser ni siquiera insinuado, de la actual respuesta del Estado salvadoreño ante la defraudación de INSEPRO dependerá si los inversionistas extranjeros deciden arriesgar su capital en nuestra nación.
Más que el elevado índice delincuencial que experimenta El Salvador o la derogación del proyecto de privatización de ANTEL, la defraudación al interior del sistema financiero representa el mayor "pero" al affaire entre el Estado y la inversión foránea. Paradójicamente, el mayor motivo de recelo a la inversión en el país ha surgido de la mano de uno de los "buenos muchachos" del partido en el poder y no de los satanizados defensores de los derechos de los trabajadores maquileros o de los comunistas enemigos del capital. Roberto Mathies Hill ha mostrado al Estado que el contrincante no se encuentra fuera de sí mismo y que ante su voracidad ninguna previsión es vana.
En el ámbito político, dos son los hechos que llaman la atención. En primer lugar, poco a poco han comenzado a salir a la luz pública datos que apuntan a que en la relación entre los directivos de INSEPRO, figuras del narcotráfico y algunas instituciones comerciales de sólido prestigio (Caribe Motors, por ejemplo) pueden estar mezclados algunos partidos políticos salvadoreños. Curiosamente, los signos más evidentes para contemplar tal posibilidad surgieron desde los mismos partidos, los cuales se acusaron entre sí --principalmente ARENA y el FMLN- de haber mantenido o de mantener nexos con figuras involucradas en el caso de defraudación; entre ellas, Mario Galdámez y Roberto Mathies Regalado, padre del presidente de INSEPRO, ambos empresarios responsables de varias de las compañías distribuidoras de automóviles hacia las cuales se desviaron fondos millonarios.
En el marco de estas acusaciones, que se dieron lugar en la asamblea del 11 de julio, salieron a relucir fotos, extraídas de un vídeo, en las cuales el diputado del FMLN Orlando Quinteros conversaba con Mario Galdámez. Con ello, ARENA afirmaba tener en su poder pruebas que daban pie para suponer que el FMLN había recibido fondos para su campaña por parte del narcotráfico. Es este el segundo hecho que merece atención: ¿de dónde había obtenido ARENA tales fotos? ¿Acaso este instituto político estaban enterado desde hacía varios meses de las actividades ilícitas de Galdámez y sólo aguardaba el momento propicio para hacerlas públicas? ¿O es la foto de ambos el producto casual de una labor sistematizada de espionaje e inteligencia sobre los contrincante políticos del partido ARENA?
Así pues, a lo polémico y grave del caso INSEPRO se añade un nuevo elemento: la posibilidad de que el partido ARENA, respaldado por los recursos con que cuenta el Estado, continúe con la práctica de seguir y espiar cotidianamente a aquellos ciudadanos que podrían atentar u obstaculizar sus intereses. De ser así, el temor de que al otorgársele a la PNC la libertad de interceptar y escuchar conversaciones telefónicas privadas se le estaría dando al Estado el poder de controlar a sus ciudadanos no resultaría del todo infundado. Grande ha de ser lo que busca ser ocultado por medio de la intimidación que subyace en la acusación, como para que ARENA se arriesgue a exponer piezas de su inteligencia que de otra manera nunca verían luz pública.
En definitiva, todo parece indicar que lo que hasta la fecha se ha expuesto en el caso de la financiera INSEPRO es sólo el extremo de una madeja en la que se enredan importantes figuras de la vida pública salvadoreña. De aquí el sigilo con el que se han ventilado algunos elementos del escándalo y el excesivo interés que se ha puesto en mantener alejada a la prensa de los principales acusados.
Es de preguntarse si la golpiza que recibieron algunos reporteros
y camarógrafos de los medios por parte de la Unidad de
Mantenimiento del Orden (UMO) estaba menos destinada a proteger
a Roberto Mathies Hill y sus allegados del acoso de la prensa,
que a impedir que alguno de ellos se viera tentado a realizar
declaraciones inculpando a individuos que aún continúan
en el anonimato.
El IDHUCA acaba de hacer público su enfático rechazo a la ligera e irresponsable determinación adoptada por una de las comisiones de la Asamblea Legislativa, en torno a la solicitud de formación de causa contra el recién electo magistrado de la Corte Suprema de Justicia, doctor Edgardo Cierra Quezada. Desde hace varios años, este funcionario judicial ha sido señalado por haber incurrido en el delito de prevaricato cuando --a finales de 1991-- se desempeñaba como juez Séptimo de lo Penal de San Salvador. En esa época sobreseyó a un médico, quien había sido denunciado por su responsabilidad en la muerte de la menor estadounidense Corina Isabel Pérez Alfaro, hecho ocurrido en agosto de ese año (ver Proceso, 764).
El 27 de mayo del presente año, fue cuando ingresó este caso en el llamado "primer poder del Estado". Tras ello, el pleno de la Asamblea decidió enviar la solicitud recibida a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales; fue ahí donde, hace unos días, se emitió el dictamen desfavorable que ahora nos ocupa. Sin estar facultada para resolver sobre el fondo de la solicitud y actuando como Pilatos, dicha Comisión se "lavó las manos" y afirmó que la Asamblea no era competente para tramitar el antejuicio contra Cierra Quezada, "ya que en su oportunidad la Corte Suprema de Justicia fue la que resolvió sobre el hecho denunciado".
Además, esta instancia fundamentó su negativa diciendo que la petición era improcedente porque "nadie puede ser enjuiciado dos veces por la misma causa de conformidad al Art.11 de la Constitución de la República". Nada más equivocado. ¿Por qué? Pues porque, sencillamente, el ahora magistrado Cierra Quezada en ningún momento fue presentado ante la justicia para responder por el delito antes mencionado. Cabe aclarar a quienes no lo saben, que dentro de la definición técnica de prevaricato se incluye lo siguiente: incumplimiento malicioso o por ignorancia inexcusable de las funciones públicas; injusticia dolosa o culposa cometida por un juez o magistrado; quebrantamiento de los deberes profesionales por cualquier otro empleado o funcionario público.
Por ese delito, insistimos, el doctor Cierra Quezada no ha sido enjuiciado. Cuando el ahora diputado Mauricio Gutiérrez Castro se desempeñaba como presidente de la Corte Suprema de Justicia, en dos ocasiones el tío de la víctima --ingeniero Wilfredo Armando Alfaro-- solicitó el inició de las investigaciones necesarias sobre la actuación del ahora integrante del máximo tribunal de justicia en El Salvador. Pero ni siquiera ese proceso administrativo prosperó. Lo mismo sucedió, una vez, durante la administración presidida por el doctor José Domingo Méndez. En esta última ocasión --pese a estar facultada para impulsar de oficio la tramitación de un "antejuicio", según lo establecido en el Código Procesal Penal-- la Corte evitó complicarse y se limitó a ver el caso desde una perspectiva disciplinaria. De esa forma, con la Ley de la Carrera Judicial en sus manos, esquivó el bulto.
Pero como en un Estado democrático de Derecho medianamente respetable deben funcionar los diversos controles que existen entre sus componentes, el ingeniero Alfaro acudió a la Asamblea Legislativa; sin embargo, sólo logró obtener el lamentable resultado que ahora comentamos. No queremos ni imaginar que las y los diputados actuales también van a favorecer la impunidad dentro del sistema judicial. Pero, ¿qué otra cosa podemos pensar si, teniendo las pruebas, ni siquiera han permitido que se activen los mecanismos legales vigentes para determinar si procede o no el "antejuicio", a fin de lograr la sanción de este funcionario? Lejos de crear una comisión especial para ello --tal como señala su reglamento interno-- siete de los doce elementos que integran la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales negaron la solicitud hecha por el ingeniero Alfaro y el IDHUCA.
Con semejantes actitudes ¿cómo se puede esperar que la población confíe en las instituciones del Estado? No es posible ni sano para el país permitir que este señor --que no actuó correctamente como juez-- ahora ostente un cargo de mayor envergadura, desde el cual puede causar mucho daño a nuestra población que espera contar, por fin, con una Corte Suprema de Justicia honesta y garante del respeto a sus derechos humanos. Con funcionarios judiciales de la talla de Cierra Quezada, amparados de esta manera, seguirá creciendo la desconfianza de la gente en el sistema. Y si otras instituciones estatales también continúan fallando como hasta ahora, a las y los salvadoreños no nos quedará otra alternativa que acudir a los organismos internacionales, para que ahí se resuelva en favor de las personas cuando son víctimas de algún atropello desde la administración pública.
No sólo es la muerte de Corina Isabel lo que está
en discusión; ese hecho es el ejemplo de un mal mayor.
También están sobre el tapete todos aquellos casos
y situaciones en las que, consciente o inconscientemente, el sistema
judicial salvadoreño le ha cerrado sus puertas a la gente
para satisfacer sus demandas. Si de verdad queremos que nuestro
país se convierta en un Estado democrático de Derecho,
es urgente y necesario dejar de proteger a las y los funcionarios
corruptos o incompetentes que desde sus cargos realizan actos
contra los derechos fundamentales de la población. Para
un conocimiento detallado de todo lo anterior, a continuación
reproducimos nuestra posición pública sobre la cuestionada
resolución.
La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa emitió DICTAMEN DESFAVORABLE ante la solicitud que le hicimos, el pasado viernes 20 de junio, para la formación de causa (antejuicio) contra el recién electo magistrado de la Corte Suprema de Justicia, doctor EDGARDO CIERRA QUEZADA, por el delito de prevaricato. En relación a dicha decisión, errada a todas luces, deseamos exponer lo siguiente:
1. El 26 de marzo de 1992, el ingeniero Wilfredo Armando Alfaro presentó una denuncia contra el doctor CIERRA QUEZADA en la Sección de Investigación Profesional de la Corte Suprema de Justicia, para iniciar una investigación de su conducta profesional en el proceso Nº 597-91, instruido contra el doctor Guillermo Rafael García Castro por homicidio culposo a raíz de la muerte de Corina Isabel Pérez Alfaro, menor de nacionalidad estadounidense, en agosto de 1991.
2. Tal petición fue resuelta el día 7 de mayo de 1992 por el entonces presidente de la Corte y ahora diputado, doctor Mauricio Gutiérrez Castro, declarándose inadmisible la denuncia interpuesta por el ingeniero Wilfredo Armando Alfaro, tío de la víctima.
3. El 25 de enero de 1993, el ingeniero Alfaro presentó un escrito dirigido al doctor Óscar Rodríguez Díaz, quien entonces se encontraba presidiendo la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, señalando las anomalías en las que incurrió el doctor CIERRA QUEZADA cuando conoció el caso de la menor estadounidense, en su calidad de juez Séptimo de lo Penal de San Salvador. El presidente de la Sala de lo Penal resolvió afirmando: "que el conocimiento de los hechos relatados no le corresponde; remítase a la Honorable Corte Suprema de Justicia para su conocimiento".
4. Así, el 9 de marzo de 1993, de nuevo la Corte resolvió sosteniendo que lo expuesto por el ingeniero Alfaro constituían situaciones de hecho y de Derecho "discutibles exclusivamente en el respectivo proceso y en las instancias correspondientes, no siendo el pleno de esta Corte a quien corresponde el examen y decisión de tales asuntos, pues en esta área de competencia las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia están limitadas a conocer de los casos previstos en los artículos 49,50,51,52 y 55 de la Ley de la Carrera Judicial, en relación con el artículo 6 letra b del mismo texto legal. Es decir en base a una «jurisdicción disciplinaria»..."
5. No obstante lo anterior, el 21 de noviembre de 1994 --cifrando sus esperanzas en la nueva Corte-- el ingeniero Alfaro volvió a denunciar los hechos. El 30 de septiembre de 1991, la cónsul de los Estados Unidos en El Salvador envió su opinión sobre el caso al entonces ministro de Salud Pública y Asistencia Social. Dicha funcionaria decía estar convencida de que los cuidados y recomendaciones practicados por el médico Rafael García Castro en la menor Corina Isabel Pérez, "fueron correctos y profesionales". Para emitir esa opinión, la cónsul sólo se basó en conversaciones con el doctor García Castro y documentos fraudulentos presentados por él mismo
Con lo dicho por la diplomática, la Corte sostuvo que se robustecía lo actuado por el entonces juez CIERRA QUEZADA; así, citando el precepto constitucional mediante el cual se establece que ningún órgano del Estado o funcionario del mismo "puede avocarse causas pendientes ni abrir juicios fenecidos", ese Órgano se pronunció de la siguiente manera: "estése a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia, con fechas 7 de mayo de 1992 y 9 de marzo de 1993), en el expediente iniciado por el Sr. Wilfredo Armando Alfaro".
7. Convencido de la justeza de su reclamo, apoyándose en la opinión calificada de la división de derechos humanos de ONUSAL y en la resolución de la señora procuradora para la defensa de los derechos humanos, el ingeniero Alfaro solicitó --por primera vez-- la formación de causa contra el ahora magistrado CIERRA QUEZADA ante el Órgano Legislativo, el 27 de mayo del año en curso.
8. Sobre dicha solicitud de antejuicio, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales acaba de resolver el miércoles 9 de julio --con sólo 7 firmas de las 12 personas que integran esa Comisión-- diciendo que la Asamblea Legislativa "no es competente para tramitar el antejuicio contra el doctor Edgardo Cierra Quesada (sic), ya que en su oportunidad la Corte Suprema de Justicia fue la que resolvió sobre el hecho denunciado, asimismo, nadie puede ser enjuiciado dos veces por la misma causa de conformidad al Art.11 de la Constitución de la República".
Ante todo lo anterior, hacemos las siguientes consideraciones:
a. El ahora magistrado CIERRA QUEZADA nunca ha sido enjuiciado por el delito de prevaricato.
b. Las veces que la Corte Suprema de Justicia conoció denuncias sobre la actuación de CIERRA QUEZADA en el caso de la menor estadounidense, utilizó procedimientos administrativos para que fuera investigado y sometido a las sanciones disciplinarias correspondientes.
c. El reciente dictamen de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales es incorrecto, pues sus bases son falsas y con él se niega a un ciudadano la posibilidad de obtener justicia. Con ello, se está favoreciendo a la impunidad frente a un delito cometido por un funcionario público; pero, lo que es más grave, al encontrarse su responsable integrando ahora el máximo tribunal de justicia de nuestro país, se han puesto serias interrogantes a la posibilidad de que se supere ese mal que está socavando las débiles bases de ese Estado democrático de Derecho que, pese a todo, intentamos construir.
San Salvador, 14 de julio de 1997.
INVESTIGADORES NORTEAMERICANOS. El Presidente de la República, Armando Calderón Sol, informó, el 14.07, del arribo de un grupo de investigadores norteamericanos especialistas en delitos relacionados con el lavado de dinero y el sistema financiero. Aunque no precisó a qué organismo estarían adscritos los investigadores, no se descarta que pertenezcan al Buró Federal de Investigaciones (FBI) o a la Oficina Antidrogas Estadounidense (DEA). "Son organismos tanto de los que se dedican a la investigación de la narcoactividad, lavado de dinero como a las instituciones financieras de los Estados Unidos. En este sentido les puedo decir que están combinadas las dos acciones... están relacionados con la investigación que se está haciendo y no será con la comisión de la Asamblea que trabajaran, sino con nuestros organismos investigativos, es una cooperación para dar asesoría en estos delitos", agregó. Los especialistas financieros de Estados Unidos también cooperarán para buscar los nexos entre FINSEPRO con el lavador de narcodólares Hugo Cuevas Gamboa, cuya actividad en El Salvador fue detectada por la DEA. "Recuérdese que este señor Cuevas Gamboa, es hijo de madre salvadoreña y podría haber alguna relación en El Salvador", indicó el presidente. Por otro lado, dado que las empresas del grupo Sabater S.A. están implicadas directamente con el fraude financiero FINSEPRO e INSEPRO, Calderón Sol no descartó que se investigará a profundidad a Roberto Mathies Regalado, padre de Roberto Mathies Hill (LPG 15.07 p.8, LPG 12.07 p.4, DH 11.07 p.2 y 3, DH 15.07 p.3 y DL 15.07 p.2).
INSTALAN COMISION. La Asamblea Legislativa instaló, el
14.07, la Comisión de Investigación de Actividades
Financieras, misma que se ocupará de investigar actividades
irregulares o delictivas de carácter financiero que hayan
afectado a la sociedad o al Estado. Como presidente de la misma
se nombró a Rubén Zamora, de Convergencia Democrática;
a Donal Calderón Lan, del PDC, como Secretario; y a Roberto
Serrano, del PRSC, como relator. Asimismo se nombraron como vocales
a Mercedes Gloria Salguero Gross y Norman Quijano, de ARENA; Orlando
Quinteros y Norma Guevara, por el FMLN; Ciro Cruz Zepeda y Sigifredo
Ochoa Pérez, del PCN; y Ronal Umaña, del PDC. Dentro
de las atribuciones de la comisión también se estableció
la investigación de posibles vinculaciones de operaciones
financieras con dineros provenientes de actividades delictivas
o ilícitas, señalamiento de responsabilidades legales
que se deriven de los hechos investigados y elaboración
de recomendaciones que se estime pertinentes para prevenir este
tipo de hechos (LPG 15.07 p.4).
PIDEN INVESTIGACION. El jefe de fracción del partido ARENA, Walter Araujo comunicó, el 14.07, que su partido solicitará, ante el Fiscal General de la República, la formación de una Comisión de notables para que realice una investigación de prominentes empresarios salvadoreños involucrados con la defraudación de las financieras INSEPRO-FINSEPRO. Araujo agregó que aunque no se han reunido con el Fiscal General, ello no implica que su partido haya desistido a la investigación de los ejecutivos de las empresas involucradas (LPG 15.07 p.6).
INTERVIENEN EMPRESAS. La División de Investigación
Criminal (DIC) de la PNC inició, el 15.07, la intervención
de las empresas Caribe Motors S.A. y Automotores Salvadoreños
S.A., por estar ligadas al presunto fraude de las financieras
FINSEPRO-INSEPRO. La intervención fue confirmada, el 16.07,
a través de un comunicado publicado por la Superintendencia
de Valores, pues "se ha establecido la existencia de posible
captación ilegal de fondos del público". Mientras
tanto, uno de los miembros de la comisión que representa
a los afectados del colapso financiero, manifestó que las
decisiones de intervenir INSEPRO y las empresas automotoras son
tardías, ya que pudo dar tiempo para que familiares o directivos
que no están en la cárcel realizaran maniobras para
entorpecer las investigaciones (LPG 16.07 p.4 y 21, DH 16.07 p.4).
DEMANDA. Fuentes del Juzgado Primero de Hacienda informaron, el
15.04, que el apoderado del Instituto de Previsión Social
de la Fuerza Armada (IPSFA), Rodolfo García Bonilla, habría
establecido una demanda judicial en contra de la financiera INSEPRO,
Roberto Mathies Hill y toda su junta directiva, de la cual reclama
el pago inmediato de unos 11 millones de colones que la institución
tenía depositados en cuentas a plazos. Según las
mismas fuentes, el monto de lo defraudado al IPSFA podría
aumentar a los 13 millones de colones, ya que la institución
también posee un certificado de depósito por 2 millones
de colones cuyo plazo aún no habría vencido (LPG
16.07 p.5).
