Año 18
número 767
julio 23
1997
ISSN 0259-9864
Editorial Pronóstico reservado
Política Transición democrática y sociedad civil
Política Funciones y conformación de las comisiones legislativas
Economía El Salvador, ¿seguro para la inversión internacional?
Regional ¿Una política migratoria integral para el Norte y Centro América?
Derechos Humanos Que suba la calidad, no el costo de la vida
Dos investigaciones del escándalo financiero de FINSEPRO e INSEPRO están en marcha. Una patrocinada por el gobierno y la otra por la Asamblea Legislativa, lo cual demuestra el interés de ambos en el asunto, así como también su mutua desconfianza. Con una determinación poco usual, pero encomiable, el Presidente Calderón pidió ayuda a expertos estadounidenses y parecería estar dispuesto a aclarar el destino de los fondos y su posible relación con el narcotráfico y el lavado de dinero. Asimismo, es encomiable el esfuerzo del sistema financiero para comprar la cartera de la financiera quebrada y devolver, al menos en parte, el dinero de los ahorrantes.
El gobierno y el sistema financiero parecen estar decididos a reparar los daños ocasionados por este sonado fraude, en la medida de sus posibilidades. Les conviene actuar con determinación y rapidez, porque el fraude financiero proyecta una imagen negativa en un área donde hasta ahora El Salvador había obtenido altas calificaciones internacionales. La corrupción del sistema financiero es lo que menos conviene a un país empeñado en atraer inversión extranjera.
La colaboración de técnicos extranjeros en la investigación de esta clase de operaciones puede ser determinante para obtener resultados positivos. Sin embargo, surgen algunas dudas. No se sabe si la investigación comprende únicamente a FINSEPRO e INSEPRO o a todas aquellas empresas que se dedican a actividades financieras ilegales y quizás fraudulentas. Hasta ahora, la Superintendencia del Sistema Financiero no ha impedido una sola quiebra, sino que se ha limitado a certificarlas, cuando ya no hay nada que hacer al respecto.
Si sólo se investigan FINSEPRO e INSEPRO, ¿con qué criterio se dejan de lado aquellas otras como FOMIEXPORT o CREDICLUB, que también aparecen comprometidas en actividades fraudulentas? ¿Por qué no se investigan aquellas otras que todavía operan, pero sobre las cuales hay sospechas fundadas de actividades ilegales tal como lo insinuó el último Superintendente? Si como éste asegura, las instituciones que supervisaba alteran sus informes para ocultar operaciones contrarias a la ley y la práctica bancaria, la ilegalidad y el fraude son prácticas normales en esta actividad tan lucrativa. En realidad, no podría ser de otra manera, pues sólo así se pueden obtener ganancias tan abultadas.
La Asamblea Legislativa también decidió tomar cartas en el asunto por medio de una comisión especial, encargada de investigar las actividades de FINSEPRO e INSEPRO, lo cual excluye de entrada cualquier otra investigación. Es potestad de la Asamblea Legislativa integrar comisiones para investigar hechos de relevancia nacional, pero es dudoso que cuente con la capacidad necesaria. Asumiendo que está decidida a investigar, carece de los recursos técnicos, humanos y materiales para llevar a cabo una investigación que, en sí misma, es compleja. En efecto, para una investigación como la que se propone, se requieren condiciones y experticias de las cuales carece. Si las comisiones ordinarias a duras penas cuentan con uno o dos asesores para iluminar a los diputados y la comisión dedicada a la privatización de ANTEL cuenta con asesoría gracias a la colaboración de la embajada de Estados Unidos, la nueva comisión muy difícilmente podrá cumplir con su mandato a no ser que alguien acuda en su ayuda.
La experiencia demuestra que estas comisiones legislativas no arrojan resultado alguno, excepto proyectar una imagen de preocupación ante un escándalo de grandes proporciones. No hace mucho, otra comisión legislativa investigó el fraude de FOMIEXPORT sin que se conozca el resultado. Más aún, extravió expedientes judiciales de la fiscalía, tuvo en sus manos pistas importantes que no siguió, en su archivo existen documentos que no están en el expediente judicial y no coordinó sus actividades con las otras instancias que investigaban el mismo caso. Quizás la nueva correlación de fuerzas en el seno de la Asamblea haga que esta nueva comisión siente un precedente aleccionador.
Pese a estos esfuerzos, persiste la duda de cuán dispuestos están a llegar a las últimas consecuencias. ARENA lo asegura con firmeza, intentando convencer. Pero está comprobado que cuando la investigación apunta hacia las altas esferas del poder, ésta es detenida. Por otro lado, en los círculos financieros existe consenso de que el país no toleraría un nuevo escándalo financiero; por lo tanto, no habría disposición a revelar más de lo que ya se sabe. Según esto, la investigación en marcha no debe salirse de estos límites. La decisión parece estar tomada; por lo tanto, ahora se trata de mantenerla encubriendo cualquier nuevo escándalo. Así piensan mantener la imagen de seguridad, estabilidad y credibilidad, pero no resolverán el problema de fondo. Sin embargo, está por verse si los diputados respetarán esta limitación y actuarán independientemente.
La investigación es importante, pero su éxito depende
de lo que se busque. Si sólo se trata de impresionar a
los evaluadores e inversionistas extranjeros, nos encontramos
ante otra farsa que, de momento, calma los ánimos exaltados
y gana tiempo para que el asunto se olvide. Si el gobierno se
ha vuelto serio y, de hecho, está determinado a investigar,
entonces habría que comenzar por aquellas empresas que
aún no han quebrado, pero que se sospecha llevan a cabo
operaciones ilegales y quizás también fraudulentas.
La investigación de las empresas quebradas debiera buscar
deducir responsabilidades, pero sobre todo identificar las fallas
de la supervisión para corregirlas de inmediato. En este
último punto, el papel de la Asamblea Legislativa podría
ser determinante.
Cuando se habla de transición democrática inmediatamente se piensa en el fortalecimiento del sistema de partidos, el pluralismo ideológico y la competencia electoral. Asimismo, se hace descansar el rumbo de la transición, casi en su totalidad, sobre las espaldas de la clase política, la cual es percibida como la principal responsable de los aciertos o desaciertos de aquélla. De aquí que los políticos terminen siendo los principales protagonistas de un proceso que, en realidad, los excede y que no es de su exclusividad, pues atañe directamente al conjunto de los actores sociales. Esto es claro en la transición salvadoreña, en la cual la clase política pareciera tener en sus manos el futuro del país, ya sea que éste avance hacia un orden democrático consolidado o ya sea que los lastres autoritarios sigan predominando en las prácticas socio-políticas.
Pero que ello sea así no quiere decir que sea lo mejor o lo más conveniente para el país. Esto porque lo que está en juego en un proceso de transición democrática no puede depender de unas instituciones y personas -los partidos políticos y sus dirigentes- cuyos intereses difícilmente van a coincidir totalmente con los intereses del conjunto de la sociedad. Ciertamente, los partidos políticos y sus dirigentes juegan un importante papel en la construcción de un orden democrático, pero no son -ni deben ser- los únicos protagonistas. Hay demasiadas cosas en juego, demasiadas decisiones que tomar y demasiados involucrados, para que una élite decida por todo y por todos. Luego de la firma de los Acuerdos de Paz, se ha propendido a depositar en la clase política las decisiones más importantes sobre los derroteros institucionales de El Salvador, eximiéndose los demás actores sociopolíticos de cualquier responsabilidad. Por supuesto, la gran ausente en la transición es la sociedad civil, cuyos miembros -organizados o no- no se hacen sentir por ninguna parte, pese a que desde la firma de los Acuerdos de Paz se han presentado importantes coyunturas, como la suscitada por el escándalo financiero, en las que su presencia tendría que cobrar relevancia.
Durante la década pasada, sucedieron cosas graves en el país, y fueron pocos los ciudadanos que se atrevieron a decir un palabra crítica sobre lo que estaba pasando. Eso se explicaba por el temor y el miedo colectivos. De los aparatos de terror que propiciaron ese temor y ese miedo sólo quedan vestigios, cuyo campo de maniobra es estrecho y limitado. Pero lo que no ha desaparecido del todo son las huellas subjetivas que años de terror dejaron en lo más profundo de la conciencia de los salvadoreños. Eso se traduce en un inmovilismo social y una resistencia al riesgo y al compromiso público que hacen que la sociedad civil no tenga la presencia debida en la transición salvadoreña.
Si la sociedad civil -las organizaciones, grupos e individuos que la constituyen-- asumiera el papel protagónico que le corresponde en el proceso de transición democrática su presencia pública se haría sentir cada vez que afloraran problemas de alcance nacional. En este momento, lo que reclama la irrupción de la sociedad civil -denunciando, pronunciándose, exigiendo cuentas-- es la corrupción en el sistema financiero, pues es el país en su conjunto el que tendrá que pagar los costos de un posible colapso económico que se podría seguir del manejo ilícito de dinero que están haciendo determinados empresarios nacionales. También es competencia de todos los salvadoreños la privatización de ANTEL, ante la cual la sociedad civil no puede cruzarse de brazos, sin decir palabra alguna.
Que la sociedad civil puede superar sus miedos y asumir un papel activo en la construcción democrática lo muestran palpablemente los casos de España y Corea del Sur. En el primero, la sociedad civil ha desafiado recientemente el terror del ETA y ha salido masivamente a las calles a pronunciarse por el cese de la violencia y el imperio de la legalidad. Si se considera de dónde viene España y se tienen en cuenta las cortapisas que puso el franquismo a la participación social, cobra relevancia la actitud asumida por la sociedad española no sólo ante el asesinato del concejal vasco Miguel Angel Blanco, sino a lo largo de la transición iniciada con Adolfo Suárez. En Corea del Sur, país que no ha sido ajeno al autoritarismo político y militar, la sociedad civil ha asumido como bandera de lucha la erradicación de la corrupción, de lo cual pueden dar buena cuenta un ex presidente en prisión y otro que está siendo enjuiciado actualmente.
España y Corea del Sur cuentan con sociedades civiles que, activamente, están apuntalando la institucionalización democrática. No se ha dejado todo el trabajo en manos de los políticos, pues éstos ni son capaces por sí solos de sacar adelante la transición ni son totalmente confiables por los intereses particulares que puedan terminar defendiendo. El contrapeso a los desmanes que éstos puedan cometer proviene de una sociedad civil consciente de sus derechos y responsabilidades; es ésta también la que les ofrece el respaldo y la fuerza necesarios para superar los obstáculos encontrados.
En El Salvador, la sociedad civil se resiste a irrumpir responsablemente en el quehacer nacional, pese a que su presencia es imprescindible para avanzar en la institucionalización democrática. No cabe duda de que el recuerdo de la guerra no ha desaparecido por completo de la conciencia colectiva, al igual que no ha desaparecido el temor a ser víctima de la violencia por motivos políticos. A este temor se suma el generado por el crimen organizado, que seguramente no tolerará que organizaciones y personas de la sociedad civil lo cuestionen públicamente.
Sin embargo, los ciudadanos honestos y las organizaciones sociales representativas deben sobreponerse a esos y otros temores que puedan estar induciendo al inmovilismo y a la pasividad públicas. La democratización, en lo que tiene de respeto a las leyes y a las instituciones, no es asunto exclusivo de la clase política, aunque ésta tenga un rol importante que cumplir. Hasta ahora, las decisiones importantes del país han estado en manos de esta última; ello ha puesto a los políticos en la mira de la crítica pública, pero también les ha permitido concentrar más poder del que efectivamente les corresponde en una democracia.
El Salvador tiene ante sí ingentes desafíos que la clase política no puede ni podrá enfrentar por sí sola, aun si se asume que sus miembros pondrán siempre y en todo momento el bien común por encima de determinados intereses particulares. La voz de la sociedad civil, su respaldo y su presión son necesarios para la construcción de un nuevo país. Hechos como la corrupción empresarial exigen el pronunciamiento de aquélla, su movilización y su demanda de investigaciones prontas y eficaces para establecer responsabilidades. Sólo una sociedad civil activa y comprometida de lleno con el respeto de la legalidad podrá hacer avanzar la transición, poniendo freno a quienes se interponen en su camino y dando su respaldo a quienes están decididos a que el Estado de derecho sea una realidad.
Que empresarios inescrupulosos atenten contra la estabilidad económica
y pongan en riesgo la credibilidad del sistema financiero es algo
que no debería ser preocupación sólo de la
clase política, sino preocupación de todos los salvadoreños.
La indiferencia ante los problemas nacionales que ha predominado
hasta ahora debe ser reemplazada por una vigilancia activa. Sólo
así se podrá poner un alto a los desmanes de empresarios
y políticos deshonestos; sólo así quienes
poseen una cuota de poder económico o político sabrán
que ello no los convierte en amos absolutos de El salvador.
Funciones de las comisiones permanentes
Las funciones de las comisiones legislativas permanentes son, por ejemplo, elaborar proyectos de ley y estudiar y discutir aquellos que le sean remitidos, con el propósito de sancionarlos con la emisión de un dictamen, para que posteriormente se presenten a la plenaria para su respectivo debate; de igual manera con las piezas de correspondencia, aunque en algunos casos éstas no pasarán al plenario para su discusión, sino que serán enviadas directamente a las oficinas gubernamentales idóneas y pertinentes a la problemática que contenga cada una de ellas.
También entre sus funciones está la de realizar audiencias de personas y grupos sociales interesados en algún proyecto de ley o sobre alguna pieza de correspondencia, para darle participación a la ciudadanía y tomarla en cuenta cuando la comisión tome alguna determinación. Todo este proceso se hace de cara a la sociedad y no a sus espaldas, por lo que las reuniones de las comisiones no pueden ser secretas, clandestinas o privadas ni tampoco puede prohibirse la presencia de los medios de comunicación en las sesiones.
Asimismo, las comisiones deben estudiar detalladamente y pronunciarse en un corto plazo sobre las memorias de labores anuales de los ministerios, según les corresponda por su especialidad. Crear subcomisiones y darles el mandato para la realización de la tarea a efectuar. Controlar y supervisar la forma en que el Ejecutivo elabora y ejecuta los reglamentos que se crean a raíz de la aprobación de las leyes. Solicitar informes a determinadas personas e instituciones. Llamar a los ministros para que brinden información. Interpelar e interrogar a los funcionarios públicos. Llevar a cabo estudios de investigación sobre asuntos de interés nacional que tengan que ver con su competencia. Racionalizar la jurisdiccionalidad y agilizar el trabajo de acuerdo con la especialidad de cada comisión. Cumplir el rol de intermediario o de árbitro ante los conflictos sociales. "La mediación del Ejecutivo es la mediación obvia en caso de conflicto; cuando ésta falla, la situación no queda rota, sino que tiene en la comisión respectiva una nueva instancia de más alto nivel para la resolución del conflicto" (Alejandro Saavedra, 1994).
En fin, las comisiones constituyen el medio por excelencia para cumplir y hacer cumplir la función de legislación y de control del Poder Legislativo.
En El Salvador, la única función que se les exige a las comisiones, según el Artículo 15 del reglamento interior de la Asamblea Legislativa, es la siguiente: "Las comisiones emitirán dictámenes razonando sus acuerdos y propuestas. Darán cuenta del desarrollo de su trabajo a la Junta Directiva, y sus decisiones se tomarán por mayoría de votos de sus miembros".
Por otra parte, existe, a nivel general, coincidencia entre las comisiones legislativas permanentes y los ministerios en que se divide el gobierno, con el fin de garantizar un efectivo control y supervisión del Ejecutivo, sin que esto signifique menoscabo de la independencia de poderes. Esta coincidencia propicia un mayor acercamiento y desarrollo de relaciones y vínculos entre los legisladores y los funcionarios públicos, lo que favorece a la coordinación y a la colaboración entre los dos Poderes del Estado.
En El Salvador el control y la supervisión del Poder Legislativo
es prácticamente nulo, así como la existencia de
mecanismos que aseguren una coordinación entre la Asamblea
Legislativa y el Gobierno, aunque exista cierto paralelismo entre
las comisiones y los ministerios. Esta situación se debe,
primero, a la herencia de las dictaduras que han "gobernado"
el país; y, segundo, a que los partidos oficialistas de
derecha han tenido la mayoría de diputados en la Asamblea
y han tomado decisiones y creado leyes de forma autoritaria, actuando
como "aplanadoras" sobre los intereses del pueblo salvadoreño.
Elección de los miembros de las comisiones
En algunos países la elección de los diputados que conforman las comisiones tiene de base el mantenimiento de la proporcionalidad que posee cada fracción política en la Asamblea Legislativa; es decir, que las comisiones reflejan la composición numérica, política e ideológica del Poder Legislativo, de tal forma que los partidos que tienen menos diputados tendrán un reducido número de miembros en aquéllas; por otro lado, algunas fracciones políticas no podrán tener diputados en todas las comisiones.
La elección de los miembros de las comisiones se realiza por regla general al principio de cada legislatura y permanecen en ella el tiempo que dura la legislatura, siendo esta una decisión que corresponde tomar al plenario legislativo. En este mismo sentido, una vez establecido el número de diputados por comisión, cada fracción legislativa procede a la escogitación de diputados y a la elaboración de una lista de acuerdo con la profesión, oficio, capacidad, especialidad, experiencia previa o conocimientos que cada parlamentario posea. Posteriormente, ésta será sometida a la votación de la sesión plenaria para que sean electos los miembros de las comisiones.
En El Salvador, no existen criterios ni parámetros establecidos para hacer la escogitación de los diputados que integrarán las comisiones, por lo que se da lugar a contubernios entre las distintas fracciones y al interior de ellas. Según el diputado Arturo Argumedo h., el procedimiento se realiza de la siguiente manera: "el criterio es si alguien tiene cara de policía lo mandan a la comisión de seguridad pública, si alguien tiene carro o ha sido cobrador de un bus, entonces se va a la de transporte", además agrega que "son criterios artesanales, criterios miserables no hay un criterio para eso".
En este mismo sentido, se le preguntó al diputado Walter René Araujo Morales, ¿cómo se constituyen las comisiones legislativas? el respondió que "por acuerdos políticos" (entrevisa a Walter Araujo). Carmen Elena Calderón de Escalón, diputada de ARENA (1991-1994, 1994-1997), nos relató cómo fue asignada a la comisión de hacienda: "ustedes se podrán preguntar qué anda haciendo una especialista en hematología en la hacienda pública, y esta fue la misma pregunta que yo le hice al mayor Roberto D'Abuisson, cuando me dijo, tú te vas a ser cargo de la comisión de hacienda, mi primera pregunta fue ¿cómo vas a creer que me voy a hacerme cargo de eso, si he estado nada más en la parte puramente de investigación? No, me respondió, sos política, la lógica política te va a dar, el que no sabe aprende, me dijo".
En la legislatura salvadoreña de 1994-1997, ARENA impuso el mismo modelo de "representación" de la Junta Directiva a las comisiones. ARENA tuvo en ellas cinco diputados; el FMLN, 2; el PDC, 2; el PCN, 1. No obstante, esta configuración sufrió modificaciones durante la legislatura, debido a las razones siguientes: escisiones de diputados que tuvieron algunas fracciones, porque un diputado no se considera competente para estar en dos o tres comisiones a la vez y decide permanecer en una o en dos, o porque los horarios de reunión de las comisiones eran inadecuados.
En la legislatura de 1997-2000, a pesar de los vacíos que tiene el reglamento interior de la Asamblea Legislativa, se dio un paso hacia adelante, pues en esta oportunidad la Junta Directiva ya no decidió cómo se estructurarían las comisiones, sino que fueron los jefes de fracción los que se reunieron con ella y le entregaron las propuestas de los diputados que la conformarían; además, prevaleció esta vez el principio de la proporcionalidad y se tomaron en cuenta las profesiones, oficios, vocaciones, etc., de los diputados. Las comisiones fueron integradas de la siguiente manera: una comisión por diez diputados y siete suplentes (comisión política) y trece comisiones por doce diputados. Por lo general, éstas fueron constituidas así: tres diputados de ARENA, tres del FMLN, dos del PCN, dos del PDC, uno de los partidos minoritarios y uno del Bloque Social Cristiano (BSC). Esta situación se logró, principalmente, porque ARENA ha perdido la capacidad de imponer su voluntad.
El número de diputados que integran las comisiones no es determinante para el buen funcionamiento del Poder Legislativo. Por ejemplo, con la actual calidad de la mayoría de los diputados, el nivel de los técnicos y analistas legislativos, la falta de oficinas de investigación y de especialización parlamentaria, la deficiente biblioteca -a lo que se suma la actual normatividad que contiene el reglamento interior de la Asamblea--, no habría diferencia si las comisiones las formaran diez o cien diputados cada una, pues el producto sería prácticamente el mismo.
En definitiva, en nuestro país, los partidos políticos proponen la nómina de los diputados que formarán parte de las comisiones a la Junta Directiva, con lo que el nombramiento de los diputados que integrarán las comisiones no está debidamente normado. Más aún, casi toda la reglamentación que rige el quehacer interno de la Asamblea es vaga, porque se constituye en una función de los parlamentarios que conforman la Junta Directiva que se basa y fundamenta en el voluntarismo y el libre arbitrio de sus miembros. Así, según el reglamento interno de la Asamblea Legislativa, Artículo 7, literal f, es atribución de la Junta Directiva "nombrar en el número que estime conveniente, los diputados y diputadas que deban integrar las comisiones que establece el reglamento".
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Colaboración de Oscar Martínez Peñate, Departamento
de Sociología. Universidad Centroamericana "José
Simeón Cañas"
Desde hace algunos meses se han vuelto cada vez más frecuentes las apariciones de El Salvador dentro de las clasificaciones de países "seguros" para la inversión internacional. Anteriormente se han conocido las clasificaciones de empresas como Standard & Poor`s, quienes no han dudado en evaluar al país como uno de los destinos más recomendables para la inversión extranjera.
Últimamente se ha conocido un nuevo reporte de otra empresa similar en el cual nuevamente se alaba el clima para la inversión extranjera que prevalece en el país. Paradójicamente, este clima "favorable" a las inversiones contrasta grandemente con la situación interna que es percibida por los productores nacionales, quienes afirman existe "incapacidad para superar el estancamiento económico" por parte del gobierno. Mucho más llamativo resulta eso si se considera la visión de aquellos inversionistas locales que fueron víctimas de alguno de los casos de defraudación de la economía pública por parte de entidades financieras.
La divergencia entre el clima de negocios para los inversionistas nacionales y los extranjeros sugiere que en este punto podría existir un marcado conflicto de intereses. Esto porque, de acuerdo a las firmas evaluadoras de riesgo, la estabilidad de la economía es clave para la seguridad de la inversión extranjera, mientras que para los inversionistas nacionales la estabilidad económica implica menor acceso a recursos crediticios. La contradicción puede llegar a ser más aguda en algunos casos, pues la inversión extranjera compite y desplaza a los inversionistas locales, precisamente porque goza de ventajas cedidas por el mismo gobierno y, por supuesto, posee mayor capacidad de inversión.
Cada vez resulta más evidente que el esquema de liberalización económica en realidad lo que persigue es el estímulo del crecimiento a partir de la inversión extranjera. Esta es una aceptación implícita de que el gobierno ha fracasado en su intento de diversificar y convertir a las exportaciones en la principal fuente de crecimiento y estabilidad económica. El ahorro nacional y, por tanto, los niveles de inversión nacional son demasiado bajos como para fijar en ellos posibilidades de mantener tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de al menos 5%, por ejemplo. Al mismo tiempo, resulta evidente que esta situación no solamente supone el surgimiento de nuevas empresas transnacionales, sino también la desaparición de otras que no pueden competir y, además, la proliferación de empleos mal remunerados y con deplorables condiciones de trabajo (como el caso de la maquila de ropa).
Un nuevo intento para atraer inversión extranjera ha sido concretado por el Banco Central de Reserva (BCR). Según éste, la firma Moody`s Investor`s Service habría calificado favorablemente a El Salvador en lo referente a las obligaciones de largo plazo denominadas en moneda extranjera, lo cual, de acuerdo al mismo BCR, es considerado como "grado de inversión" en los mercados internacionales. Algunos de los aspectos que habrían sido considerados por la citada firma internacional para emitir su clasificación son: apertura de la economía, estabilidad de precios y del tipo de cambio, sana política fiscal y administración monetaria conservadora, crecimiento sostenido de las exportaciones y reservas internacionales, estabilidad en los niveles del déficit fiscal, deuda externa y servicio de la misma y, finalmente, incremento de la eficiencia y competitividad de la economía.
A contrapelo de estas posturas, la principal gremial empresarial del país parece no estar de acuerdo con los resultados de la gestión económica, llegando incluso a señalar que ésta es ineficaz para revertir el proceso de recesión económica. Según la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), la búsqueda de estabilidad en los precios y el sector externo estaría siendo lograda a costa de una reducción del crecimiento de la oferta monetaria y del crédito, el cual, a su vez, estaría reduciendo las tasas de crecimiento de la producción y el empleo. Según la ANEP, la tasa de crecimiento alcanzada en 1996 sería la más baja que se habría obtenido durante los últimos 8 años, en gran parte debido a que, además de la menor expansión del crédito, no existe demanda para el que sí se encuentra disponible.
Las valoraciones presentadas más arriba, aunque parecen estar referidas a dos economías distintas, poseen algunos elementos en común: ambas señalan la existencia de estabilidad económica y la existencia de algún nivel de crecimiento (suficiente para uno e insuficiente para el otro). Lo cierto es que aunque no puede negarse que desde hace más de dos años el crecimiento económico se ha reducido drásticamente al igual que la generación de empleo, aún existe un modesto nivel de crecimiento del PIB.
Un elemento que contribuye a explicar las diferencias en cuanto a la valoración de los niveles de crecimiento económico radica en que, en buena medida, el crecimiento también ha estado impulsado por el comportamiento de la maquila que se ha convertido en uno de los subsectores más dinámicos de la economía, llegando a explicar hasta un 40% del crecimiento de la industria manufacturera y hasta un 10% del incremento del PIB para 1996.
Obviamente, no todos los beneficios del crecimiento, de por sí menos cuantiosos que en años anteriores, son percibidos en su totalidad por los empresarios nacionales, tal como lo refleja el pronunciamiento de ANEP. Buena parte del crecimiento se orienta a la maquila y a otras ramas de los servicios que, en muchos casos, ha significado el desplazamiento de empresas nacionales. El caso típico es el que se registra en la sub-rama de distribución de combustibles, donde la penetración de compañías transnacionales y la adaptación de la legislación sobre transporte, almacenaje y distribución de productos derivados del petróleo ha provocado que antiguos arrendantes de estaciones de servicio sean desplazados del negocio por estaciones administradas a través de transnacionales. Para la Asociación Salvadoreña de Distribuidores de Productos Derivados del Petróleo, el gobierno y las transnacionales estarían generando condiciones para reducir la rentabilidad de las estaciones manejadas por nacionales, principalmente a través del establecimiento de un precio de los combustibles que reduce su margen de ganancias.
Lo cierto es que para el gobierno resulta claro que, a partir del ahorro doméstico, no es posible hacer crecer la producción a las tasas que estuvo haciéndolo durante los primeros cinco años de la presente década. Ello explica el empeño por promover la inversión extranjera como un medio para recuperar las tasas de crecimiento de la producción, antes de recurrir a altas tasas de crecimiento del crédito, como fue el caso durante el primer quinquenio de la década actual. El planteamiento de la ANEP también parece coincidir en que las condiciones actuales no estimulan la inversión doméstica debido al bajo nivel de crédito disponible.
Esta es en realidad una verdad a medias, pues una mayor tasa de crecimiento del crédito no necesariamente se traduce en mayores niveles de inversión productiva, sino en la expansión de actividades terciarias como el comercio y los servicios. Por otra parte, la inversión extranjera en sí misma no es garantía de que se recuperen altos niveles de crecimiento y se generen nuevos puestos de empleo de calidad.
La calificación favorable para la inversión extranjera
que ha recibido el país sucede en un momento en el que,
a nivel local, se registran señales contradictorias sobre
la situación económica. La existencia de estabilidad
macroeconómica no necesariamente implica alto dinamismo
económico ; por ello, antes de regocijarse de posibles
calificaciones saludables para la inversión, las autoridades
económicas deberían plantear planes concretos para
reactivar la actividad productiva de las empresas nacionales y
generar empleo productivo.
Con el liderazgo de Estados Unidos (EUA), se realizan esfuerzos para lograr una coordinación migratoria a la brevedad en el área central y norte de América. ¿Será posible que tal coordinación se logre entre países tan diversos?
El movimiento migratorio de mexicanos a EUA se mantiene constante, a la vez que se ha diversificado en su composición sectorial, etaria, de origen rural-urbano y con proporción creciente de mujeres. Lo mismo puede decirse de los centroamericanos que llegan a México, o que pasan por el país con rumbo a EUA; son más que antes y con perfiles sociales y ocupaciones más heterogéneas. El INS de EUA hace poco más de un millón de expulsiones de mexicanos al año y México alrededor de 110,000 centroamericanos por cada 365 días. Como ola de playa, los expulsados se repliegan al borde sur de las fronteras para intentar una nueva excursión, u otra más, hasta lograr el propósito de traslado. Las políticas de contención de los gobiernos no han desalentado la migración internacional.
Frente a estos movimientos poblacionales, los gobiernos de EUA y de México han establecido un marco legal más estricto y aumentado los requisitos para el otorgamiento de visas, buscando acotar el número de migrantes legales, a la vez que han reforzado, más EUA que México, sus dependencias encargadas del control migratorio con más personal, equipo e infraestructura con la intención de contener el desplazamiento de los indocumentados. Además, han convocado a dos conferencias internacionales de distinto alcance: una, la Binacional México-Estados Unidos para tratar la migración internacional que les atañe, y de manera prioritaria la migración mexicana como tema específico que ambas partes coinciden en tratar sin involucrar a NAFTA, y la otra es la Conferencia Regional sobre Migración, en la que concitan a los gobiernos centroamericanos y de Canadá y algunos organismos internacionales (CEPAL, OIM, ACNUR, etc.).
En conjunto, estos esfuerzos tienen varios significados: 1) el reconocimiento de los gobiernos de que el movimiento migratorio es de alcances regionales, que van cuando menos de Centroamérica a Canadá; 2) que en su atención se requiere de la acción coordinada de los gobiernos involucrados; 3) que hay distinciones entre las magnitudes y los efectos de unos flujos y otros, de ahí que se busquen acuerdos conceptuales y operativos, pero en dos instancias diferentes; 4) que la migración no se detendrá en el corto y mediano plazo, por lo que buscan acuerdos con alcances duraderos en los años venideros; 5) la migración indocumentada del mundo que desea internarse en EUA lo ha venido haciendo en los últimos años más por la frontera colindante con México, y a México llegan más por Centroamérica que por el Caribe, por lo que ésta se ha convertido no sólo en lugar de origen, sino también en importante lugar de tránsito de transmigrantes del sur del continente o provenientes de Asia y Africa, aparte de que es destino de flujos diversos que ocurren en la propia Centroamérica. En suma, son necesarios acuerdos regionales que permitan a los gobiernos establecer fronteras migratorias complementarias en la región, además de las responsabilidades que correspondan a cada Estado involucrado.
Las pretensiones son entendibles. La pregunta es ¿cuál puede ser el alcance de los acuerdos regionales dado que los significados de las migraciones varían de un país a otro? Para El Salvador, y quizá para Nicaragua y muy pronto también para Honduras, las remesas económicas de sus nacionales en EUA significan la principal fuente de divisas de la economía nacional, la segunda para Guatemala y la cuarta para México. Los envíos no sólo significan beneficios económicos y comerciales para los países receptores, también son factores fundamentales de estabilidad social, coadyuvantes a la gobernabilidad para regímenes vulnerables como los centroamericanos y en buena medida el mexicano.
El dilema para los gobernantes de estos países es, en consecuencia, hasta dónde acceder a las presiones de Washington para que cierren más las fronteras a cambio de préstamos, respaldos internacionales y posibles inversiones productivas, a costa de un mayor riesgo por la presión social y política que ejerzan los sectores locales beneficiados por la migración, o bien buscar un trato de excepción para sus nacionales en EUA bajo la promesa de aplicar políticas que permitan "administrar" la migración internacional; la propia, la regional y la extrarregional, en ese orden de diferenciación y preferencia.
Llegar a un acuerdo de diferenciación y acción migratoria
requiere superar viejos prejuicios y fundados temores que hay
entre los gobiernos involucrados. Una posibilidad de hacerlo es
avanzar colegiadamente en terrenos conceptuales, de percepción
y procedimiento; por ejemplo, en el establecimiento de procedimientos
técnicos similares, de intercambios de tecnologías,
de acordar conceptos que signifiquen lo mismo para todos y esclarecer
en los que difieren, así como saber en qué hay comparatividad
jurídica entre los Estados involucrados y en qué
no. Mientras tanto, se requiere cierto grado de flexibilidad en
la instrumentación de las políticas de contención
con el propósito de no alimentar mayores desencuentros.
Perspectivas
La nueva legislación migratoria de EUA, que entró en vigor el 1 de abril, obligó a las representaciones mexicana y centroamericanas a entablar negociaciones bilaterales con EUA en busca de clemencia para sus indocumentados y de un período de gracia ante lo que temen sean deportaciones masivas a partir del 1 de septiembre próximo.
México lo ha hecho a la sombra de las últimas gestiones del Estudio Binacional, todavía no publicado debido a las discrepancia existentes entre ambos gobiernos, pero con avances menores que tienden a aumentar el margen de garantía a los mexicanos expulsados de EUA en localidades fronterizas; los centroamericanos lo han hecho con el argumento de que la inestabilidad social y política cobrará nuevos vuelos en Centroamérica si EUA no otorga una excepción para ellos, logrando por lo pronto que Clinton pidiera al Congreso derogar la reglamentación que autoriza la deportación de miles de centroamericanos y que la Procuradora Janet Reno suspendiera la ejecución de la deportación de 40 mil nicaraguenses, 50 mil guatemaltecos y 190 mil salvadoreños.
En todo caso, queda en evidencia la vulnerabilidad de estos países ante EUA y el largo camino que habrán de transitar los gobiernos antes de que las conferencias regionales y los acuerdos bilaterales les ofrezcan un nuevo marco legal para los migrantes que transitan por las fronteras permeables de la región.
___________
Colaboración de Rodolfo Casillas, FLACSO-Sede académica
de México
Es un hecho evidente e incuestionable que el salario mínimo actual no alcanza para cubrir las necesidades básicas de aquellas familias salvadoreñas que, únicamente, dependen de él. Sencillamente por eso, la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales (AGEPYM) inició y está impulsando una campaña encaminada a sensibilizar tanto a las autoridades gubernamentales como a la opinión pública para que se incremente su monto. Es en ese marco que, el pasado viernes 18, miembros de dicha gremial acudieron a Casa Presidencial con el propósito de presentarle al doctor Armando Calderón Sol una solicitud en tal sentido; sin embargo, el mandatario no los recibió.
Y al observar la otra cara de la moneda, seguramente todas y todos recordamos que hace unas semanas --recién instalada la nueva Asamblea Legislativa-- las y los diputados no vacilaron en auto aprobarse alrededor de ocho mil colones más para cada quien, destinados en su mayoría para "gastos de transporte y comunicación"; de ese dinero, según dijeron sin un ápice de vergüenza, sólo ocuparían un porcentaje muy bajo en incrementos salariales. Y para justificar tal medida, sostuvieron que así serían más eficientes en su trabajo.
Más aún: también en algunas alcaldías del país, sus concejos municipales decidieron mejorar sus ingresos y acordaron elevar sus honorarios mensuales. Sin embargo, para las y los empleados de menor rango no se ha aprobado ninguna medida que alivie su aflictiva situación económica y social. Así, estas personas y sus familias no tienen mayores razones objetivas para creer que en nuestro país --después del fin de la guerra y de las últimas elecciones-- las cosas hayan cambiado de manera positiva.
También el sector empresarial se ha mostrado muy renuente a conceder un justo incremento en los salarios de sus empleadas y empleados. Según han expresado quienes toman las decisiones "allá en las alturas", ni el gobierno ni la empresa privada están preparados para enfrentar los gastos derivados de una decisión que --desde el lado de "los de abajo"-- es un asunto vital. Asimismo, tanto representantes de las instituciones estatales como del sector privado sostienen que se debe esperar a que la economía del país crezca, para poder hacer una evaluación y decidir si se pueden aumentar los salarios.
Así pues, mientras los sectores con recursos materiales y con poder político insisten en que se debe garantizar que la situación macroeconómica nacional continúe ascendiendo --para que sigan creciendo sus ganancias-- son cientos de miles las trabajadoras y los trabajadores, públicos y privados, del campo y las ciudades, que luchan por subsistir en un medio donde el alto costo de la vida los está ahogando cada vez más. Con políticas y actitudes como esas, lo único que se está logrando es generalizar la pobreza y atentar contra la estabilidad de un país donde, para desgracia de la mayor parte de la gente, lo único que se incrementa son sus aflicciones cotidianas.
1995 fue el último año en el cual se decretó un aumento al salario mínimo; en ese entonces, subió a mil 155 colones en lo urbano y a 630 en lo rural. De ahí en adelante, no han subido los sueldos pero sí los precios de los productos dentro de una canasta básica cada vez más lejana del bolsillo de las y los trabajadores. No se puede concebir cómo, en estos tiempos, un grupo familiar pueda cubrir sus necesidades más elementales con ingresos tan bajos como los mencionados.
Cabe detenerse un poco en la situación del campo salvadoreño. Para ello, vale la pena citar el diagnóstico más reciente que hizo la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, incluido dentro de su informe denominado "Tierra, paz y paticipación: el desarrollo de una política de posguerra en El Salvador y el papel del Banco Mundial". En el estudio se afirma que la "agricultura ya no emplea a la mayoría de la población económicamente activa, y su participación en el producto interno bruto del país ya no es la más importante.Sin embargo, cerca de la mitad de la población del país sigue viviendo en áreas rurales y la agricultura sigue siendo la fuente de empleo más importante".
En esa misma línea, en el documento se dice que la "pobreza rural continúa siendo un problema grande". Para fundamentar lo anterior, se incluyen los siguientes elementos: "Más de la cuarta parte de los hogares rurales viven en condiciones de pobreza extrema, según los datos del Banco Mundial. La economía agraria se ha estancado, creciendo tan sólo un 2.5 por ciento al año desde 1991, mientras que la economía global creció una media de 6.7 por ciento al año".
Finalmente, se concluye que: "Los pequeños productores, incluso los que poseen tierra gracias a los programas de reforma agraria y de transferencia de tierras, están en una situación económica precaria. Tanto los pequeños productores con tierra propia como aquellos que no poseen tierras tienen que trabajar como jornaleros agrícolas por días o temporadas en fincas más grandes. Muchas de las fincas más grandes (incluyendo tanto las cooperativas como a los grandes y medianos productores), como las de ganado o granos básicos obtienen pocos beneficios. El empleo rural fuera de las fincas es escaso y no existe una política gubernamental para estimular la diversificación del empleo rural".
Según datos de la Dirección General de Estadística y Censos, una familia salvadoreña promedio necesita recibir --al menos-- cuatro mil colones mensuales para poder pagar sus gastos de alimentación, vestuario y vivienda. De esa manera y hablando de lo más elemental, para sobrevivir en nuestro país cada grupo familiar requiere de aproximadamente tres y medio salarios mínimos vigentes en las zonas urbanas. En lo que al campo se refiere, la situación es todavía más crítica pues se debe contar con más de seis salarios mínimos actuales; y de ser cierto lo que se afirma en el estudio citado, las condiciones en el sector rural no están como para caer en optimismos infundados y demasiado riesgosos.
Por todo lo anterior, se hace necesario e impostergable que el
gobierno tome medidas urgentes a fin de revisar el nivel en que
se encuentran ahora los salarios mínimos, para que se les
retribuya justamente a las y los trabajadores de las ciudades
y el campo por su esfuerzo. De no hacerlo, se estaría atentando
contra los derechos fundamentales de cientos de miles de personas
y, además, se estarían poniendo en serio peligro
los pequeños avances que hasta ahora se puedan haber logrado
en el país.
Ya pasaron más de dos semanas desde que se realizaron las elecciones más recientes en el territorio mexicano. Los resultados de las mismas no fueron sorprendentes para muchas de las personas que, con conocimiento previo de ese complejo proceso político, decidieron seguirles la pista con la esperanza de ver florecer la democracia y el respeto a los derechos humanos de ese pueblo que --durante los años más duros de la violencia política y bélica que llenaron de sangre, luto y dolor a la región latinoamericana-- abrió sus brazos solidarios y recibió a cientos de miles de seres que huían tratando de salvar sus vidas.
Quizás sea muy pronto para dar una opinión contundente. Sin embargo, es posible afirmar que con la sola realización de los comicios del 6 de julio se avanzó en el primero de los aspectos mencionados, siguiendo la lógica que ya se venía advirtiendo desde antes: más triunfos de la oposición política y un evidente deterioro del partido político que, a pesar de todo, todavía ostenta la marca mundial de permanencia en el poder. No obstante lo anterior, cabe señalar que según la máxima autoridad en la materia --el Instituto Federal Electoral-- la calidad del evento no fue homogéneo en los lugares donde se instalaron las casillas: mientras en el norte del país, el Distrito Federal y el Estado de México los incidentes no fueron de relevancia, en las entidades federativas del sur y del sureste sí se reportaron graves anomalías.
En lo que toca a los derechos humanos, pensamos que es la ocasión para que se empiecen a observar mejorías porque la situación que ahora se presenta es realmente inquietante. Entre las noticias más recientes, encontramos que tres organismos humanitarios de ese país han iniciado una campaña de denuncia con el objeto de esclarecer los hechos acaecidos a principios de junio del año en curso, en los cuales resultaron torturados dos maestros originarios de Acatlán, municipio de Chilapa, Guerrero; asimismo, se busca garantizar la seguridad de las víctimas y sancionar a los responsables de estas violaciones, dentro de los cuales se presume la participación de miembros de las fuerzas armadas gubernamentales.
También destaca un desalojo realizado el pasado viernes 18 de julio en el municipio de Venustiano Carranza, Chiapas. Según se afirma, efectivos de la seguridad pública estatal arremetieron a balazos desde varios camiones y un helicóptero, contra decenas de familias pertenecientes a la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), las cuales ocupaban cerca de 2 mil 500 hectáreas desde hace más de dos años.
En ese marco, también es relevante mencionar la denuncia hecha por la Unión de Comunidades Indígenas de la Selva de Chiapas (UCISECH). Dicha organización sostiene que, el pasado fin de semana, el ejército gubernamental rodeó la zona en la que se encuentran instaladas diversas comunidades del municipio de Ocosingo; con la acción, se buscaba profundizar las amenazas de desalojo. La UCISECH afirma que, desde hace más de quince años, esas comunidades se encuentran tramitando ante la Secretaría de la Reforma Agraria la regularización de sus tierras y que existe un convenio firmado por las autoridades ejidales de la comunidad lacandona, mediante el cual se reconoce el derecho de las mismas a ocupar el territorio en el que ahora se encuentran.
Para finalizar con la presentación resumida de algunos hechos que ejemplifican la grave situación de los derechos humanos en México, cabe mencionar el caso de Benito Bahena Maldonado. Este joven --según denuncia de su madre, Constantina Maldonado Mirand-- fue detenido el 24 de junio del presente año en el parque Papagayo, en la ciudad portuaria de Acapulco, Guerrero; al acudir a los diversos centros de detención donde se presume pueda estar detenido, la familia sólo ha recibido respuestas negativas y hasta la fecha Benito continúa desaparecido. La víctima pertenecía a la Organización Campesina de la Sierra del Sur.
"El panorama nacional --sostuvo el Centro "Fray Francisco
de Vitoria" en la conclusión de su informe anual 1996--
es, pues, complicado y por muchas razones desalentador. Pero ese
y no otro es el marco en el que se inscribe la lucha actual por
la defensa y promoción de los derechos humanos en México".
A nosotros, en El Salvador, no nos queda más que desear
y esperar que el panorama se vaya tornando menos difícil,
en la medida que los resultados de las elecciones recientes se
asuman como una conquista de la participación ciudadana
responsable y, tras ello, animen a un mayor involucramiento de
esa población hermana para transformar positivamente su
destino.
