Año 18
número 768
agosto 6
1997
ISSN 0259-9864
Editorial Algo más sobre el escándalo financiero
Política ANTEL: ¿recta final o inicial?
Política Cuba, ¿una revolución?
Política La piñata de los diputados
Documento Liberalismo y neoliberalismo
Documento Impunidad, una mancha del pasado
Cuando se destapó el fraude financiero realizado por Roberto Mathies Hill salieron a relucir las más diversas hipótesis, entre las cuales dos fueron las más discutidas. La primera, defendida por amigos cercanos de Mathies Hill e incluso por el mismo Presidente Calderón Sol, fue que sus actividades ilegales eran un caso aislado, que en lo absoluto podían extenderse a otros empresarios y, mucho menos, al sistema financiero en su conjunto. Se trataba de los errores de un "buen muchacho", cuya ambición lo había llevado no sólo a violar las leyes, sino también a deshonrar a su familia. Quienes apostaban por esta hipótesis trataban de disminuir, con poco éxito, el impacto público de la estafa realizada por INSEPRO y FINSEPRO y de focalizar el problema en una persona concreta que, al ser penalizada, evidenciaría la determinación de las autoridades por combatir la criminalidad en cualesquiera de sus manifestaciones. De paso, con esa penalización, el asunto pasaría al olvido.
La segunda hipótesis, abanderada por la oposición legislativa, era que el caso Mathies Hill tenía implicaciones más amplias y que, inclusive, existían otras personas e instituciones implicadas en el fraude financiero que ponían en peligro la estabilidad económica del país. Los que apostaban por esta lectura de los hechos pretendían vincular diferentes casos criminales --estafas financieras, narcotráfico, lavado de dinero--, aparentemente no relacionados entre sí, pero en los que aparecían siempre los mismos nombres. De este modo, resultaría que "Robertillo" Mathies Hill no sería un buen muchacho que se habría equivocado, se trataría, más bien, de un delincuente de altos vuelos que no estaría solo en sus negocios ilícitos.
Tal como se han sucedido los acontecimientos, los que sostenían que el caso Mathies Hill no era algo aislado tuvieron razón. Ahora está claro que son varias las personas e instituciones involucradas en el fraude financiero. Además, todo apunta a que dicho fraude se relaciona con otros hechos criminales como el lavado de dinero y el narcotráfico. Pero lo que resulta más sorprendente es que quienes se dedicaban a estos negocios ilícitos también hacían trabajo de inteligencia, compraban periodistas, financiaban a intelectuales para la elaboración de análisis y trabajos de investigación, y canalizaban recursos a determinadas figuras políticas. Esto último lo han puesto de manifiesto las pesquisas policiales en torno a Mario Galdámez, otro delincuente de altos quilates que se ha tomado la tarea de hundir con sus declaraciones a su antiguo mentor en la empresa Caribe Motor y a quien le canalizó fondos para su empresa Automotriz Sabater, es decir el mismo Mathies Hill.
Todos estos hechos hacen presumir que el nudo de los negocios ilícitos en los que se haya involucrado, como principal figura, Roberto Mathies Hill no va a ser fácilmente desatado, pues son muchos los involucrados y muchos los intereses económicos y políticos en juego. ¿Quiénes de los actuales diputados o del actual gabinete de gobierno recibieron dinero y favores de los implicados en el escándalo financiero? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace y que urge de una pronta respuesta. Hasta ahora, se va avanzando muy lentamente en el esclarecimiento de los hechos, y ello más por la fuerza de los intereses de los afectados --o por la intención de algunos de los implicados de limpiarse ensuciando a otros-- que por la decisión enérgica de las autoridades para investigar y sancionar a todos y cada uno de los involucrados en el fraude financiero y los hechos criminales con los que éste se relaciona.
Es importante esclarecer los hechos, pues su alcance va más allá de una mera equivocación de algunos de los miembros de las familias más prominentes de El Salvador. Si inicialmente se quiso vender esa idea, ahora ya es tarde. Más aún cuando consideramos que Mathies Hill se desempeño, y probablemente se desempeñaba hasta el momento de su captura, como presidente del sector empresarial del partido de gobierno ARENA. Este caso obliga a llegar hasta las últimas consecuencias sin contemplaciones de ninguna especie para quienes han manejado ilícitamente recursos financieros del público. Pero también es de suma importancia esclarecer la relación de ese fraude con el narcotráfico, el tráfico de automóviles y quizás también con la industria de los secuestros. Seguramente saldrán a relucir nombres de personas e instituciones tenidas por honorables; sin embargo, si todo queda medianamente claro, la institucionalidad democrática saldrá favorecida.
Por otra parte, el caso de Mathies Hill y conexos, así como el caso reciente que involucra a la familia Guirola, ha enseñado a todos los salvadoreños que la honorabilidad tradicionalmente atribuida a las familias poderosas es tan endeble como la de cualquier habitante de El Salvador. Las frases "de buena familia", "de sangre azul", "decente y respetable" con las que se caracterizaba a las familias ricas del país, y a aquellas que pretendían ser como ellas, se han revelado vacías y carentes de sentido. Y es que así como es un mito que los pobres son holgazanes y deshonestos por naturaleza también lo es el creer que los que nacen en "cuna dorada" poseen los mejores talentos y virtudes.
En realidad, muchas de las familias notorias del país deben su riqueza al robo de tierras indígenas perpetrado en la segunda mitad del siglo pasado. En la actualidad la nueva reforma liberal ha abierto la posibilidad de que los sectores más ricos accedan a nuevos activos productivos de forma extraordinaria --como es el caso del sector financiero--, aunque siempre avalada por el Estado. Cabe señalar, empero, que no trata de señalarse que todos los ricos son ambiciosos y corruptos por naturaleza.
Los mitos de la bondad de los grupos dominantes y de los vicios
de los grupos desposeídos han sido alimentados por los
primeros, pues les facilita el mantenimiento de un status quo
favorable. La historia muestra que, en realidad, las diferencias
sociales en El Salvador derivan del benigno tratamiento que el
Estado ha brindado a grupos minoritarios.
Las cuatro semanas de prórroga que la comisión ad hoc de la Asamblea Legislativa solicitó para culminar la reelaboración de la Ley de Privatización de ANTEL han llegado a su fin. De este modo, el proceso de venta de la autónoma ha ingresado a su fase final y las remotas dudas que pudieron llegar a existir sobre la suspensión de ese proceso quedaron completamente disipadas. Todo parece indicar que la telefónica se subastará en septiembre, pocas semanas después de la aprobación oficial a la que tiene que ser sometida la nueva Ley para entrar en vigencia.
En primer lugar, hay que reconocer que el consenso en torno a la reelaboración del decreto número 900, que comprendía la Ley de Privatización de ANTEL, se logró con más facilidad de lo que se esperaba. Fuera del retraso de la comisión ad hoc --cuyos diputados justificaron explicando que, simultáneamente a la reelaboración de la Ley, tuvieron que elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia-- y de la terquedad con la que el FMLN mantuvo su propuesta de "modernizar sin privatizar", las distintas fracciones partidarias dieron muestras palpables de que la concertación no era un ideal inalcanzable, sino una realidad impuesta por las transformaciones que últimamente ha venido sufriendo el país en materia política.
Con respecto a la insistencia del FMLN en la no privatización de la autónoma, hay que decir que si bien es cierto que esa actitud fue útil para el resto de los partidos y para el país en general, en tanto recordatorio de que la privatización no es la única alternativa que les queda a las empresas estatales para salir de la obsolescencia en la que se encuentran --ni es la única vía hacia la modernización de las mismas--, también es cierto que haberse mantenido inamovibles hasta el último momento puede no haber sido la acción más favorable a sus intereses.
El hecho de que la privatización haya encontrado el respaldo de todas las demás fracciones partidarias implica, principalmente, dos cosas: primero, que la propuesta de ese instituto político de izquierda no era lo suficientemente convincente como para haber sido objeto de análisis e interés, razón por la cual el FMLN quedó prácticamente al margen de la decisión de privatizar; y, segundo, que si la privatización llega a tener cierto éxito y contribuye realmente a mejorar los servicios de la telefónica, gran parte de la sociedad salvadoreña le dará la razón al gobierno arenero y aceptará sin reservas que modernización y privatización son, en efecto, equivalentes. Ello, evidentemente, no le ayudaría al FMLN a aumentar la fuerza de sus objeciones ni al país a comprender mejor el concepto "modernización".
Pero, volviendo a la gestión de la comisión ad hoc, cabe señalar que la nueva Ley de Privatización de ANTEL ha dejado, además de un marco legal más adecuado para el traspaso a manos privadas de una de las más grandes entidades del Estado, varias lecciones: la primera de ellas vino con la derogación de la Ley anterior. Esa derogación fue la muestra palpable de que el cambio en el equilibrio de fuerzas al interior del Organo Legislativo, producto de las elecciones del 16 de marzo, era un hecho irreversible. ARENA, a pesar de lo que ello significó para su trayectoria política y para su propuesta gubernamental, tuvo que moderar su prepotencia y aceptar que desde entonces en adelante dejaría de ocupar un lugar privilegiado en el espectro político para pasar a ser un partido más; un partido que, además de verse en la obligación de cambiar muchas de sus prácticas habituales, atraviesa por una severa crisis interna que, lejos de superarse, se ahonda cada vez más. Otra lección que puede extraerse de todo lo que ha ocurrido después de la derogación del decreto número 900, es, como se señaló anteriormente, que el consenso no es sólo posible sino, también, necesario para encaminar al país por un rumbo mejor.
La nueva Ley de Privatización de ANTEL, producto de un trabajo de concertación entre las distintas fracciones partidarias, los sectores interesados en el proceso y los asesores nacionales e internacionales que contribuyeron en él, es, a todas luces, mejor que la derogada; entre otras cosas porque deja un porcentaje al Estado, asegura facilidades de compra a los trabajadores y garantiza la competencia entre las distintas compañías extranjeras interesadas en la adquisición de activos de la autónoma. Según el artículo 14 de la nueva Ley, "las acciones que corresponden a la Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador S.A. de C.V. (CTE S.A. de C.V.) [empresa alámbrica, constituida por la red de cables, postes, centrales telefónicas e infraestructura de ANTEL] deberán venderse de acuerdo a las siguientes proporcionales: A) Un 51% de las acciones al socio estratégico precalificado. B) Hasta un 10% de las acciones a los trabajadores activos y pensionados de ANTEL. C) Hasta un 14% de las acciones a las personas naturales usuarias del servicio telefónico... D) El resto de las acciones (un 25%) quedarán reservadas al Estado". La Internacional de Telecomunicaciones S.A. de C.V. (INTEL S.A. de C.V.) ["empresa inalámbrica" que no es una entidad como tal, sino la concesión de la frecuencia del espectro radioeléctrico para instalar telefonía celular], en cambio, deberá venderse en un 51% a un socio estratégico, distinto al comprador de CTE S.A. de C.V., y en un 49% a través de la Bolsa de Valores.
Así pues, el destino de la que pronto dejará de ser ANTEL, para dividirse en las dos empresas arriba mencionadas, ya está determinado, al menos en lo que a la parte legal se refiere. Y aunque quedan aún algunos detalles por afinar para que la autónoma esté lista para la venta, la privatización de una de las entidades más grandes del Estado será un hecho. Al parecer, la nueva Ley encargada de regular dicha privatización ha conseguido la aceptación de los distintos sectores en el ámbito político, quienes --a excepción del FMLN, el cual se negará a votar en el pleno y dice haber permanecido en la comisión ad hoc sólo para defender los intereses de los trabajadores-- han dado muestras de complacencia ante los acuerdos alcanzados.
Hay muestras de optimismo en torno a la privatización y, a nivel político, el desempeño de la comisión ad hoc es positivo para el país. Pese a todo ello, hay un aspecto que no puede dejarse de lado a la hora de pensar en el futuro de la autónoma. Una cosa es que la parte formal, el marco legal de la privatización de la telefónica, sea adecuado y otra, muy distinta, que la manera en la que ésta vaya desarrollándose en la práctica lo sea completamente. No hay que olvidar que, aunque el Estado tendrá participación en la Junta Directiva de la nueva empresa, la dirección de la misma estará a cargo del socio estratégico, propietario del 51% de las acciones. No se ha decido aún quién fijará las tarifas de los servicios y los trabajadores de la autónoma se hallan en la incertidumbre con respecto a sus plazas de trabajo.
Tanto en el partido ARENA como en otros sectores de la población, prevalece la idea de que la privatización, en sí misma, es uno de los factores decisivos en la solución de los problemas económicos de la nación. Apelando a ejemplos de otros países, quienes defienden a toda costa la reducción del Estado y el traspaso a manos privadas de sus entidades, olvidan que la privatización no es una medida que por sí sola arregla economías deficientes, sino un proceso en el que intervienen actores políticos y sociales, compañías internacionales y factores diversos que van presentándose en la marcha. Es por eso que si bien el esfuerzo de la comisión ad hoc es loable y el proceso de privatización de la telefónica ya entró en su etapa final, aún falta lo más importante: los beneficios reales que ese proceso pueda traer a El Salvador. Habrá que permanecer atentos ante la definición del destino de los empleados, ante las condiciones laborales a las que serán sometidos por la nueva dirección, ante la efectividad de la modernización y su contribución al incremento en la calidad del servicio a precios accesibles para la mayoría, ante la disposición de los socios estratégicos a sujetarse a las leyes salvadoreñas.
En definitiva, los beneficios de la privatización están
aún por verse. Es probable que ésta realmente contribuya
a mejorar la situación del país, pero también
es probable que no lo haga. El hecho de que El Salvador sea uno
más de los tantos países, en Centroamérica
y en el mundo, que está llevando a cabo la venta de su
compañía telefónica no garantiza que ésta
vaya a ser la panacea a sus problemas. La privatización
de ANTEL, siendo el proceso delicado que es, no puede ser tomada
a la ligera ni su análisis puede ser producto de una confianza
ciega en ella; debe examinarse fríamente y mantenerse al
tanto de su desarrollo para que lo que se ha logrado hasta ahora
continúe mejorándose en función del bienestar
del país.
¿Qué entender por Revolución? ¿Quiénes
y de qué manera participan en ella? ¿A quiénes
deberá beneficiar lo que en ella se logre? ¿Cuándo
un proceso histórico puede ser calificado como una auténtica
revolución? Son algunas de las preguntas que se imponen
en el estudio de procesos históricos que han modificado
sensiblemente una o varias de las notas constitutivas de la vida
de un pueblo o de la humanidad en su conjunto. Para contestarlas,
en un primer momento, se exponen algunos conceptos que suelen
asociarse con el término revolución para decir lo
que no es ella (es decir, una definición por delimitación
negativa) y, en un segundo momento y a la luz de lo anterior,
se analizará uno de los procesos históricos que,
con mayor obstinación de sus afiliados y simpatizantes,
insiste en agenciarse el mote de revolucionario: la revolución
cubana.
La revolución en negativo
En primer lugar, revolución no es utopía (recuérdese la significación etimológica del término: no lugar), más bien habría que decir que la utopía puede buscarse por medio de una acción revolucionaria. Entendiendo por revolucionaria toda acción humana, ya sea macro, que implique la movilización de grandes grupos o pueblos enteros, o micro, meramente individual, que provoque cambios en la estructura social, en sus momentos políticos, económicos y culturales (en este sentido es de nuevo útil recurrir a la significación etimológica de la palabra: revolución como acto de re-volver, el acto de dar vuelta a algo). La magnitud y valor de estos cambios no deberán medirse en cuanto a las intenciones o ideales que estaban de trasfondo en ellos, sino más bien en relación con los efectos reales, históricamente comprobables, que ocasionan. Revolución es, pues, no la encarnación de la utopía en la historia, sino un cambio histórico que implica la modificación , no necesariamente por vías violentas o a manos de los oprimidos, de los paradigmas culturales, económicos, políticos y sociales de forma que marcan el principio o finalización de una época de un pueblo en particular o de la sociedad en general.
Por consecuencia de lo anterior, la revolución, llamar o dejar de llamar así a un proceso histórico, no dependerá de la afiliación política de los que la llevan a cabo ni mucho menos de los resultados humanistas o ahumanistas que de ella se desprendan, sino de la cualidad y magnitud del cambio. En el estudio de la historia --en mucha parte debido a las características intrínsecas de las ciencias humanas-- se tiende a supeditar la interpretación de los hechos históricos al lente ético o ideológico del investigador. El problema de esto estriba en que el marco subjetivo del historiador es utilizado como un tamiz que sólo permite la filtración de aquello que se ajusta a sus intereses o ideas (el ejemplo más claro de ello es la historia escrita desde la óptica de los ganadores); es decir, los criterios éticos o ideológicos deciden el qué y el cómo de la historia, en lugar de ser pautas per se cuestionables para analizar la realidad tal y como ella se da.
Finalmente, revolución no es siempre salto hacia adelante (una observación de los "progresos" de la historia a nivel humano da siempre más muestras de retrocesos que de avances reales integrales) o muchos menos signo de cambios históricos incuestionables o irreversibles. La noción de una revolución de este tipo adolece en el fondo de una visión hegeliana de la historia y de una actitud ilustrada respecto a los cambios. Hegeliana porque presupone que todo estadio al que se llega no sólo es necesario para el avance de la historia, sino que también es éticamente incuestionable : los males por los que se pasa en el cambio son preámbulos necesarios del bien mayor por venir. Ilustrada porque guarda dentro de sí la idea del progreso lineal y siempre progresivamente asegurado.
Todo cambio, y de ello es testimonio la historia, es reversible, sino todo él al menos unas de sus notas constitutivas. El dogmatizar la incuestionabilidad de su carácter de avanzada sirve más bien para alejar, paradójicamente, la posibilidad de un nuevo cambio y anclarse en lo logrado, asegurando así la permanencia de las nuevas relaciones de poder que han sustituido a las anteriores; si es que acaso han sido sustituidas y no únicamente conservadas bajo el ropaje de una serie de pequeños cambios cosméticos, pero, generalmente, acompañados de la suficiente novedad ideológica como para pasar desapercibidos como tales.
En el caso anterior, la revolución no sería tal
en virtud de un cambio en las estructuras de poder o en el orden
económico, sino más bien porque el aparataje ideológico
que se utiliza para encubrir la cosmeticidad del cambio transforma
la forma de hacer política, de entenderse como individuo
o de formular los proyectos "revolucionarios" subsiguientes.
El caso cubano
Pese a la distancia temporal, la situación histórica y otras muchas variables, las revoluciones cubana y francesa tienen dos elementos comunes entre sí: en primer lugar, surgen en aparente contraposición con otro régimen o sistema de organización social (en el caso de la francesa, contra el sistema feudal monárquico; en el caso de la cubana, contra la representación dictatorial de lo que por entonces se daba por llamar capitalismo imperialista) y, en segundo lugar, ambas se realizaron con la pretensión de concretar los más altos ideales humanistas (igualdad, libertad, y fraternidad).
En principio, lo verdaderamente revolucionario del proceso histórico francés del 14 de julio de 1789 fue el surgimiento de un nuevo tipo de individualidad y de un nuevo tipo de paradigma de relación entre los sujetos, la sociedad y el Estado. ¿Qué es en el caso de Cuba lo genuinamente revolucionario? Para contestar la pregunta se recorrerán dos de las razones o excusas por la cuales, hoy por hoy, a 38 años de su germinación, la Revolución Cubana sigue siendo para ciertos grupos --grupos que van en constante reducción-- una verdadera revolución.
a) La Revolución Cubana es tal porque implicó un cambio de un Estado opresor y persecutorio a uno preocupado en el bienestar de sus ciudadanos e interesado en impulsar formas de convivencia más humanas. Desde esta razón, lo revolucionario del proceso cubano radicaría en la derogación de un Estado autoritario y de una sociedad en la cual imperaban el individualismo exacerbado y la pobreza más cruenta a manos de un movimiento insurreccional que instauraría un Estado y una sociedad más humanos. Ante este argumento es obligatorio preguntarse ¿es el Estado cubano actual un modelo de novedad que justifique la denominación revolucionaria que en el recae? ¿Ha alcanzado la sociedad cubana un paradigma de convivencia social que obligue, en su diferencia, a admitir que le proceso cubano fue revolucionario?
En primer lugar, es obligatorio admitir que, pese a que en él pretenden operar justificaciones ideológicas muy distintas al de su predecesor, el Estado cubano se identifica más con los modelos autoritarios de décadas pasadas que con uno realmente novedoso y que podría presentarse a sí mismo como una alternativa a los ya existentes. Es decir, es necesario reconocer que, bajo un ropaje ideológico pretendidamente revolucionario, opera un sistema estatal impermeable a las críticas, al cambio y a la apertura. En este sentido, poco o nada diferenciaría al régimen de Fidel Castro del de Fulgencio Batista. Y ello no, como podría contra pensarse, porque el Estado no esté actualmente ajustado a los objetivos humanistas desde los cuales emergió, sino porque en él no se verifica un cambio sustancial con respecto a otros modelos. El Estado cubano es más de lo viejo, pero justificado por otro discurso que en sí mismo no contiene ningún grado de propositividad.
En segundo lugar, en relación a un posible novel paradigma de sociedad, no puede afirmarse que el proceso cubano es revolucionario porque los ciudadanos que componen su sociedad sean solidarios, abiertos, y hayan alcanzado un grado de desarrollo considerable con respecto al resago de otros países latinoamericanos. Si este fuera el caso, tendría que llamarse revolucionaria a toda sociedad en la que sus individuos fueran cálidos y fraternales (como es el caso de la mayoría de las sociedad rurales latinoamericanas); y, en lo que al desarrollo humano se refiere, tendría que admitirse que Costa Rica, por ejemplo, es igual de revolucionaria que Cuba y que por ello también debería ser un modelo a imitar (según el Indice de Desarrollo Humano del PNUD para 1995, Cuba ocupa el puesto número 72 de desarrollo, muy por debajo de Costa Rica que ocupa la 28º posición).
b) El potencial revolucionario en Cuba se ve actualmente opacado por las urgencias impuestas por el embargo económico de Estados Unidos y la permanente amenaza externa. Si se toma en cuenta lo dichos anteriormente, quien esgrima este argumento deberá reconocer que en Cuba aún no ha existido revolución, pues para haberla se necesitarían de cambios trascendentales y comprobables en sus estructuras sociales, económicas y políticas. Por otro lado, el contra argumento que pretende defender el carácter revolucionario de Cuba afirmando que para criticarla habría que esperar a que ella diera todo de sí en su explayación histórica, además de suponer que de facto no existe carácter revolucionario, cae en el absurdo de remitir el análisis de los procesos históricos a un futuro que nunca llegará, pues tal cosa como la culminación de los procesos históricos es una falacia: la historia, por su misma naturaleza abierta, es un proceso siempre dinámico sin posibilidad de fechar la conclusión a futuro de uno de sus momentos. (Curiosamente, los que mantiene este argumento comparten en el fondo la noción de historia que le lleva a Fukuyama a concluir que el sistema capitalista es el único y el mejor posible.)
En definitiva, la pasión por Cuba, por su pretendida intención de ser el modelo de revolución latinoamericano, descansa en aquello que, desde lo que hemos expuesto, no justifica que un proceso histórico amerite la categorización de revolucionario: se sustenta en el pretendido contenido ético de la insurrección cubana, en un discurso ideológico revolucionario que trata de atajar lo que en la práctica no es tal. Con ello se pierde en gran parte uno de los aspectos que sí fueron novedosos y políticamente revolucionarios del proceso cubano: la insurrección popular que llevó a Fidel Castro al poder supuso un ruptura teórica y política con respecto a los lineamientos clásicos del marxismo-leninismo soviético: la vanguardia revolucionaria se trasladó de los partidos comunistas a los grupos guerrilleros; se rompió, por las condiciones propias de los países latinoamericanos, con la concepción clásica del sujeto de la revolución, éste ahora era la clase campesina y no el proletariado industrial; y la revolución socialista encontró su posibilidad práctica de realización en los países periféricos y no sólo en los centrales.
Estos cambios sustanciales en la manera de entender la lucha insurreccional
son los que componen el elemento de revolución en el proceso
cubano. Tomándolo como ejemplo, se generarían a
lo largo de muchos años una multitud de movimientos guerrilleros
que trataría de instaurar sus propias revoluciones locales,
produciendo así las dinámicas que fueron decisivas
en la configuración actual de los Estados y sociedades
latinoamericanos. Aunque ninguno de estos movimientos haya logrado
repetir la experiencia cubana -a excepción del sandinismo--,
lo revolucionario de Cuba fue su capacidad de modificar los lineamientos
desde los cuales ciertos sectores entendieron que era necesario
realizar el cambio para sus sociedades.
Elección de las directivas de las comisiones legislativas
La elección de los directivos de las comisiones legislativas en los parlamentos se efectúa sobre el principio de la representatividad numérica que tengan las fracciones políticas y la antigüedad --seniority-- adquirida por los diputados como miembros de la Asamblea en las legislaturas anteriores. También puede ser por la voluntad de cada comisión; es decir, la elección se realiza mediante votaciones secretas al interior de cada una y se eligen los que obtengan mayoría absoluta de los miembros presentes en la comisión.
En El Salvador, según el reglamento interior de la Asamblea Legislativa, Artículo 13: "las comisiones designarán entre sus miembros un presidente o una presidenta, un relator o relatora y un secretario o secretaria, teniendo los demás miembros la calidad de vocales, poniéndolo en conocimiento de la Junta Directiva".
Como en otros casos, nos encontramos con un artículo vago que, por ejemplo, no especifica parámetros por lo que la designación se realiza a través de acuerdos políticos, negociaciones y cabildeos, no sólo entre las fracciones legislativas, sino también entre las dirigencias de los partidos políticos. Al no haber normativa establecida puede ocurrir cualquier cosa, de tal forma que cada tres años la repartición de los miembros que presidirán las comisiones es una verdadera disputa, a la cual se le denomina coloquialmente "la piñata de los diputados".
"La piñata de los diputados" también comprende la disputa por las comisiones en que tendrán la presidencia; por ejemplo, las más codiciadas son la de hacienda y especial de presupuesto, legislación y puntos constitucionales y la de economía y agricultura. Otro escenario se presentaría si se conocieran de antemano las presidencias a las que tendría derecho el partido que obtuviera la mayoría de diputados y cuáles las de la oposición.
Al respecto, se le formuló al diputado Alex René Aguirre Guevara (1994-1997, 1997-2000) la pregunta ¿cómo se eligen a los miembros directivos de la comisiones legislativas? "Este es un cabildeo que se hace con anterioridad, porque yo quisiera decirles lo que debería de hacerse, pero esto es lo que realmente pasa", respondió Aguirre.
Después de todas las "negociaciones" se le da el toque "democrático", pues se eligen al interior de cada comisión los directivos de las mismas; por ejemplo, al presidente se le elige por mayoría simple, es decir, el cincuenta por ciento más uno de los miembros.
Sin embargo, el lugar que sirve de escenario de esta forma "democrática" de elegir a los directivos de la Asamblea se da en la comisión política, o sea en la "cocina" del recinto legislativo, porque es ahí donde se "guisa" la elección de los altos funcionarios públicos, leyes, presupuesto, etc. La elección de los directivos de las comisiones en la legislatura de 1997-2000, al igual que en las anteriores, estuvo plagada de oportunismos, pleitos y divisiones. Con la diferencia que aquí el FMLN y ARENA actuaron supuestamente de común acuerdo, lo que aparentemente provocó reacciones en contra por parte de otros partidos, como el PCN y el PDC. Empero, ARENA también entabló negociaciones con el PCN y el PDC para decidir la distribución de las presidencias de las comisiones. No obstante, al final las fracciones lograron tener cierto equilibrio en la distribución de las directivas de las comisiones legislativas.
A nivel teórico, este equilibrio en la distribución es el reflejo del que existe al interior de la Asamblea Legislativa, principalmente entre ARENA y el FMLN. Ya que ninguno de estos dos partidos tiene las condiciones para imponer su voluntad, lo que contribuye al proceso de democratización. Sin embargo, a nivel práctico, los partidos de derecha son la mayoría, lo que quiere decir que ARENA y sus partidos satélites seguirán sumiendo más a la población en la pobreza y el desempleo.
Este cierto equilibrio en mención es más fortuito que el resultado de la aplicación de normas preestablecidas en el reglamento interior de la Asamblea. Si se normara, por ejemplo, que las presidencias de las comisiones de legislación y puntos constitucionales, de hacienda y especial del presupuesto y la de economía y agricultura, deberían estar precedidas por las fracciones de oposición, se contribuiría a una coordinación y colaboración entre el partido de gobierno y los partidos de oposición; traducido en otros términos, se lograría una mejor coordinación y colaboración entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Porque de tener el partido oficial las presidencias de las comisiones antes mencionadas, es sumamente difícil hablar de independencia de poderes. En este mismo orden, es necesario establecer que el presidente, el relator y el secretario de las comisiones legislativas sean de diferentes partidos políticos. En la legislatura de 1994-1997, se llegó al extremo de que la diputada Carmen Elena Calderón de Escalón fue la presidenta de la comisión de hacienda y especial del presupuesto y era al mismo tiempo la hermana del presidente Armando Calderón Sol.
En el pasado, los partidos políticos, cuando obtenían
la mayoría, se convertían en "monarquías
absolutas", denominadas popularmente como "aplanadoras".
Así, en la historia reciente, podemos mencionar las últimas
que han existido desde 1970: la aplanadora azul (PCN), la verde
(PDC) y la azul, blanco y rojo (ARENA). No podemos pasar por alto
que la lectura de la experiencia histórica de estas mayorías
ha sido negativa y catastrófica para los intereses de la
nación.
Funciones de los miembros directivos de las comisiones
Los miembros directivos de las comisiones tienen funciones específicas
con el propósito de hacer eficiente y competente el trabajo
de éstas, y para evitar duplicidades en el quehacer de
las comisiones legislativas.
a) Presidente
Las funciones de los presidentes de las comisiones están
contempladas en los reglamentos internos de la Asamblea, a nivel
general podemos mencionar las siguientes: desempeñar el
rol de planificador y organizador; dirigir los debates; proponer
la agenda; contratar y despedir al personal de apoyo de la comisión;
convocar a las sesiones; otorgar el uso de la palabra a los diputados
en el orden que lo soliciten; conceder permiso a los diputados
que por causa justificada se retiren de la sesión; verificar
los informes elaborados por el secretario de la comisión,
firmar con el secretario las actas; recibir y dar a conocer todos
los documentos relacionados con cada proyecto de ley y los que
entran vía de las plenarias o los que llegan directamente
a la comisión y clasificarlos por orden de llegada o de
urgencia; someter a la Junta Directiva los gastos en que pueda
incurrir la comisión en el desempeño de sus labores;
organizar y calendarizar las audiencias e interpelaciones; llevar
al día los expedientes; gestionar informes o informaciones
a instituciones públicas y privadas; nombrar subcomisiones
salvo que la mayoría de los miembros disponga lo contrario.
b) Secretario
Las funciones de los secretarios de las comisiones legislativas,
a nivel general, son las siguientes: llevar un control y registro
sistemático de los dictámenes y piezas de correspondencia
que ingresen a la comisión; presentar informes detallados,
periódicamente, al plenario sobre los dictámenes
o decisiones que haya tomado la comisión sobre los diferentes
asuntos sometidos a ella; leer los dictámenes en el plenario;
levantar actas de las sesiones de la comisión, leer la
anterior en cada sesión para que sea aprobada o sujeta
a modificaciones para posteriormente que sea firmada por el presidente
y relator de la comisión; asumir la presidencia de la comisión
en ausencia del presidente; leer la correspondencia a los demás
miembros de la comisión; redactar y leer los dictámenes
a los demás miembros de la comisión; elaborar una
lista de control de la asistencia y llegadas tarde de los diputados
a las sesiones de la comisión para su respectivo descuento,
la cual deberá ser firmada también por el presidente;
que las resoluciones de la comisión, los dictámenes,
estén debidamente firmados con antelación para su
lectura en el pleno; le corresponde ser el vocero de la comisión;
llevar el archivo de la comisión; garantizar la elaboración
de la agenda antes de iniciar la sesión de la comisión,
etc.
c) Relator
Las funciones del relator a nivel general son las siguientes: brindar explicaciones, aclarar cualquier duda o contestar las preguntas que planteen los diputados durante la sesión plenaria o fuera de ella; relatar los diferentes puntos de vista que se vertieron en la comisión referente con alguna decisión que se adoptó, de manera objetiva e imparcial, tanto de la mayoría como de la minoría que se formaron al interior de la comisión sobre determinado aspecto particular y concreto; darle seguimiento sistemático al trabajo que realiza la comisión; asumir la presidencia en ausencia del presidente y del secretario de la comisión, etc.
En El Salvador, no se especifican las funciones de los directivos de las comisiones, lo cual constituye una desorganización y anarquía al interior de las comisiones. Unicamente se encuentra en el Artículo 13, del reglamento interior, lo siguiente: "acordarán las normas internas de su actuación, según sus asuntos, procurando armonizar el estudio detenido con el despacho rápido de los mismos. Con ese fin llevarán un libro de entrada y salida de los expedientes de su conocimiento.
El secretario o secretaria de cada una de las comisiones, cada tres meses, deberá rendir informe al pleno legislativo, sobre cuantos expedientes tiene la comisión, cuantos ha resuelto durante ese período. Dicho plazo se contará a partir de la vigencia del presente decreto. El referido informe deberá ser claro y sucinto".
Hasta donde se ha investigado, se desconoce si ha existido o existe
el manual de normas internas por el cual se rige cada comisión,
tampoco se han encontrado los informes trimestrales que supuestamente
deben de elaborar los secretarios de las comisiones. La pregunta
a formularse sería entonces ¿qué utilidad o
importancia tiene la existencia del actual reglamento interior
de la Asamblea Legislativa de El Salvador?
Transcribimos a continuación los siguientes documentos:
el texto de la charla "Liberalismo y neoliberalismo"
ofrecida a los dirigentes nacionales de AGEPYM, el día
31 de julio, por el Director del CIDAI, Luis Armando González;
y el texto del discurso del Presidente Armando Calderón
Sol, "La impunidad, una mancha del pasado", leído
el 27 de julio de 1997.
Introducción
Me han pedido que hable un poco sobre el pensamiento neoliberal. Pues bien, ante todo hay que decir que el pensamiento neoliberal no se puede entender si no se entiende antes qué es el liberalismo o el pensamiento liberal. El pensamiento liberal es el pensamiento de la modernidad burguesa o de la época del capitalismo de la libre competencia. Es decir, es un pensamiento que se desarrolla entre los siglos XVI y XIX, al ritmo que avanza y se expande el sistema de producción capitalista.
Asimismo, se trata de un pensamiento complejo, que tiene dos vertientes fundamentales: la primera es la vertiente económica que gana concreción en la economía política clásica de Adam Smith y David Ricardo. Todo el liberalismo económico se remite especialmente a Adam Smith para legitimar las diversas políticas económicas. La segunda vertiente del pensamiento liberal es la vertiente que se concretiza en la tradición del liberalismo democrático o de la democracia liberal clásica.
La charla la vamos a dividir en dos partes; en la primera vamos
a dar una visión global del pensamiento liberal; y en la
segunda vamos a examinar las características básicas
del pensamiento neoliberal.
Caracterización del liberalismo
Bueno pues, el pensamiento liberal tiene un largo recorrido histórico. Su primera formulación sistemática se remonta hasta el filósofo inglés J. Locke (1632-1704), se continúa con el filósofo ginebrino J. J. Rousseau (1712-1778) y culmina prácticamente con los planteamientos de la llamada teoría utilitarista de la democracia del pensador inglés J.S. Mill (1806-1873). Pues bien, hay algunas notas características del pensamiento liberal que conviene tener en cuenta. Veamos cuáles son esas notas.
A) En primer lugar, el pensamiento liberal es una mentalidad, es decir, una visión de mundo. Como tal, su pretensión es explicar la totalidad del mundo y la totalidad de las relaciones humanas. No quiere dejar absolutamente nada fuera de esa explicación: ni a Dios, ni al hombre ni a la naturaleza. Asimismo, estamos ante una cosmovisión que gira en tomo a la racionalidad humana y que confía plenamente en el poder de la razón para conocer y dominar las fuerzas de la sociedad y de la naturaleza en beneficio del individuo.
B) En segundo lugar, el pensamiento liberal es, en sentido amplio, una filosofía social y política. Lo es sobre todo porque quiere fundamentar a nivel ideal un modo determinado de organizar la vida social y política. Para los autores liberales es en la sociedad y en el Estado donde el hombre, en tanto que individuo, puede desarrollarse a plenitud como ser humano; es decir, sólo en el contexto de una sociedad y un Estado puede el individuo afirmar su autonomía y racionalidad. Fuera de la sociedad y el Estado lo único que existe --nos dicen estos autores-- es un estado natural, en el cual los individuos están a merced de sus instintos y de fuerzas irracionales que atentan contra su misma naturaleza.
Lo opuesto al estado natural es la sociedad civil, es decir, un orden social regulado por el derecho y la legalidad. Mas, sin embargo, en la sociedad civil no se rompe con el estado natural. Porque es del orden natural que brota la sociedad civil, así como también la normatividad que la regula. A esta normatividad se le conoce como derecho civil. Este derecho, que es el que regula las relaciones de los individuos al interior de la sociedad y el Estado, es un derecho que se extrae justamente del comportamiento natural de los hombres, es decir, del comportamiento de éstos en el estado de naturaleza. La finalidad última del derecho civil es salvaguardar y proteger los derechos fundamentales de los individuos: los derechos naturales.
C) En tercer lugar, además de ser una mentalidad y una filosofía social y política, el liberalismo es una sociología. En este sentido, los autores liberales ven a la sociedad como un conjunto de elementos interrelacionados entre sí y con distinta importancia respecto del individuo. Desde el individuo, el ámbito de mayor importancia es el ámbito económico, ya que en el mismo el sujeto humano ejerce su poder sobre la naturaleza y desarrolla las potencias de su libre iniciativa para producir riquezas y disfrutarlas.
Es por ello que el Estado --que es el otro ámbito fundamental de la realidad social-- debe respetar y proteger el libre desenvolvimiento de la iniciativa individual que se opera en la esfera económica. En esta concepción, el elemento juridíco-político es muy importante. Porque es en ese ámbito --que es en esencia el ámbito del Estado-- donde los individuos resuelven sus Intereses comunes.
Es decir, es el ámbito donde se manifiesta el interés general y el bien común de la sociedad, a diferencia y por contraposición al interés privado que se resuelve en el contexto económico, al interior del cual el Estado no tiene nada fundamental que decir. Como puede verse, en esta perspectiva sociológica existe una fisura entre los económico --donde predomina el interés privado y la competencia individual-- y lo jurídico-político (estatal) --donde predomina el bien común de la sociedad-- que se considera independiente y al margen de lo económico.
Para finalizar con esta somera caracterización del pensamiento liberal señalemos un último aspecto importante. Y es que, como sociología, el pensamiento liberal asigna un papel central al carácter industrial que deben tener las prácticas económicas de los individuos. En el fondo, lo que se quiere defender y proponer en el terreno económico es un capitalismo de tipo industrial. Asimismo, el pensamiento propugna la "libertad de mercado", necesaria para un desarrollo económico que responda a la necesidades humanas. En esta misma línea de razonamiento se destaca el papel rector y dirigente --en el proceso económico, político y social-- de las clases poseedoras, es decir, de las clases burguesas, así como la necesidad de que el Estado no interfiera en la actividad económica.
Examinemos ahora los supuestos fundamentales del pensamiento neoliberal.
Caracterización del neoliberalismo
Primero, hay que decir que el neoliberalismo no es tan nuevo, pues se remonta al liberalismo de Adam Smith, al cual despoja de su talante ético. Para Adam Smith, la economía --la riqueza de las naciones-- debe contribuir a la felicidad humana, mientras que en la visión neoliberal los valores humanos son considerados al margen de la riqueza, la productividad y las ganancias.
Esta es la principal diferencia entre liberalismo y neoliberalismo: la renuncia por parte de los neoliberales al compromiso ético de los economistas liberales. Pero el neoliberalismo asume algunas ideas centrales del liberalismo y las lleva hasta sus últimas consecuencias: individualismo posesivo; el hombre como lobo del hombre; absolutización del mercado.
Así, el neoliberalismo es "nuevo" " en cuanto que supone una renuncia a los ideales éticos del "viejo" liberalismo, pero no e tan nuevo en cuanto que asume algunas de las tesis radicales defendidas por los liberales Locke, Hobbes e incluso Smith. Por otra parte, el neoliberalismo se caracteriza por su orientación práctica: pretende traducirse en un conjunto de políticas económicas a ser adoptadas por los equipos económicos gubernamentales y privados.
Entre las políticas más relevantes se encuentran las de ajuste estructural, las de apertura externa, las de reducción de los aparatos estatales y las de privatización, cuyos objetivos son estabilizar unas economías en crisis, propiciando su inserción en el mercado mundial y eliminando las interferencias estatistas en la dinámica del mercado. La idea de fondo es que el Estado es el responsable de la crisis económica, la inflación y la falta de competividad externa.
El ideal neoliberal es regular la totalidad de la vida humana según las reglas del mercado: desde la vida individual, pues los seres humanos son vistos como seres egoístas que permanentemente buscan maximizar sus beneficios, hasta la vida política, donde los partidos son vistos como empresas que ofrecen sus proyectos para que los ciudadanos los compren con sus votos.
En resumen, para los neoliberales, los problemas sustantivos de la democracia social y política se vuelven irrelevantes. Es irrelevante el problema de la participación ciudadana ya que son las élites políticas las que se convierten en gestoras de la política.
A nivel social, se obvian problemas cruciales como la manifiesta
incapacidad del mercado para generar por sí mismo una mínima
equidad socio-económica. Se deja de lado, pues, que la
compatibilidad entre democracia y economía de mercado no
es un problema resuelto, sino un problema por resolver: mientras
que el mercado tiende a excluir a los sectores sociales mayoritarios,
la democracia pretende incluirlos en el quehacer económico,
político y social. Este es el dilema que el neoliberalismo
no puede resolver, y que requiere de la participación de
la sociedad civil.
Salvadoreños:
He considerado necesario solicitar la atención de ustedes por unos minutos, para hacer una reflexión respecto a los acontecimientos que están ocurriendo en nuestro país, y dejar establecido con absoluta claridad la posición y actuación del Presidente de la República.
Al inicio de este mensaje, quiero expresar mi reconocimiento y felicitaciones a la Policía Nacional Civil, por haber demostrado su alta capacidad profesional y técnica en la captura de la banda de delincuentes que tuvo secuestrado a los jóvenes Andrés Súster y Alberto Hill. El esclarecimiento de estos hechos delictivos, que conmovieron la conciencia nacional, constituyen una evidencia más de que mi Gobierno está decidido a perseguir la delincuencia en todas sus expresiones.
Los graves delitos financieros que también están en proceso de esclarecimiento, no sólo han afectado de manera directa a centenares de personas, sino también han causado un profundo daño al proceso de desarrollo económico y social que todos estamos impulsando.
Cuando asumí la Presidencia de la República, juré cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes, y prometí que mi gestión gubernamental se enmarcaría en los parámetros del estado de derecho, dentro del cual ninguna persona o institución puede estar sobre la ley, actuar impunemente o tener privilegio alguno.
En la toma de posesión concretamente dije que: "Nuestra gestión está enmarcada por la Constitución y las Leyes, a las que nos debemos todos por igual, gobernantes y gobernados. Nuestro objetivo es el pleno imperio de un Estado de Derecho, que garantice la igualdad de todos los salvadoreños ante la ley, haciendo que ésta sea la regla de oro de la convivencia nacional, sin privilegios indebidos ni marginaciones injustas.
Al respecto, nuestra Constitución establece que el poder público emana del pueblo, y que los Organos del Gobierno lo ejercerán independientemente dentro de las respectivas atribuciones y competencias que establece la misma Constitución y las leyes; y determina con absoluta claridad que: las atribuciones de los Organos del Gobierno son indelegables, pero estos colaborarán entre sí en el ejercicio de las funciones públicas.
Además de ello, la Constitución ordena que: las atribuciones y competencias que corresponden a los Organos fundamentales establecidos por la Constitución, no podrán ser ejercidos en ningún caso por una misma persona o por una sola institución. Esto es el fundamento medular de la independencia de los Organos del Gobierno, la cual debe prevalecer en todo caso y circunstancia que se presente dentro de la vida nacional.
Durante el tiempo que ha transcurrido de mi período presidencial, he guardado un respeto absoluto a esos preceptos constitucionales, porque en su cumplimiento se concreta el Estado de Derecho. Por esa razón, he sido respetuoso de las atribuciones que tienen los demás Organos del Gobierno, y he dicho que el logro más grande que hemos alcanzado con el establecimiento de la paz y la democracia es precisamente, la total independencia de los órganos fundamentales que constituyen el Gobierno de la República.
Considero que este es un momento oportuno, para reafirmar nuestro respeto a ese principio y, al mismo tiempo, expresar la preocupación del Presidente de la República, porque se mantenga inalterable ese mandato, en virtud del cual la Asamblea Legislativa tiene sus propias funciones y atribuciones, igualmente que los Organos Ejecutivo y Judicial. Cualquier alteración a este ordenamiento, no sólo es inconstitucional, sino también atentatorio a la estabilidad política de la Nación.
Señalo esto, porque considero que en estos momentos, cuando se están investigando los fraudes financieros, cometidos por empresas que abusaron de la confianza del público y se colocaron al margen de la ley, por la misma presión que impone el daño causado a la sociedad, puede surgir la tentación de que un Organo se extralimite de su esfera constitucional, y para satisfacer intereses políticos partidaristas, se rompa el equilibrio del poder constitucional.
Como Presidente de la República, he dado amplias muestras de que en nuestro país la ley es pareja para todos. La impunidad es una mancha del pasado, pues hemos puesto a la orden de la justicia a quienes se sindican como responsables de secuestros y de fraudes financieros, que ocupan actualmente la atención de las autoridades y del público.
Y algo más, estoy totalmente decidido a que la investigación sobre estos hechos delictivos, se profundice y llegue hasta las últimas consecuencias, sin importar quienes los hayan cometido. Corresponde exclusivamente a los Tribunales de Justicia, el juzgamiento de las personas involucradas en actividades delictivas, cuya jurisdiccionalidad debe ser respetada.
Aprovecho también esta oportunidad, para manifestar que
con mucha satisfacción he recibido la aprobación
de la "Ley de Privatización de ANTEL", lo cual
hará posible la modernización de las telecomunicaciones
en nuestro país, como está contemplado en nuestro
Plan de Gobierno.
Salvadoreños todos
Con el establecimiento de la paz y la democracia en nuestro país, iniciamos la construcción de un nuevo El Salvador, donde impera el Estado de Derecho, y que tanto gobernantes como gobernados estamos sometidos al imperio de la ley.
La democracia es ahora una realidad, y muestra de ello es la integración plural de la Asamblea Legislativa y la absoluta independencia que tiene para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a altos funcionarios del Ministerio Público. Sin lugar a dudas, esta es una de las grandes conquistas que hemos obtenido, y que por su trascendencia en la vida institucional de la República, todos estamos obligados a preservar.
Nuestra democracia, no se fundamenta en el predominio absoluto y aplastante de la mayoría en menoscabo de las minorías, ni es compatible con el uso desorbitado del poder político. Nuestra democracia, tal como lo determina la Constitución de la República, es plural y representativa: razón por la que todos los ciudadanos que tenemos el privilegio de ejercer una autoridad, debemos actuar con sentido de responsabilidad política e histórica.
Reitero mi profunda convicción y respeto a los postulados democráticos, y mi decisión indeclinable de velar por el cumplimiento pleno de la constitución y leyes que nos rigen.
Formulo un llamado a todos los sectores representativos de la sociedad salvadoreña, para que no permitamos que los problemas debiliten nuestra voluntad de seguir construyendo este nuevo El Salvador en paz, progreso y libertad.
Vivimos una etapa transitoria, en la cual tenemos que superar las situaciones generadas por la descomposición política y social que profundizó la guerra. Los salvadoreños tenemos la suficiente fuerza moral y creativa para salir adelante.
Nuestro país goza de un prestigio internacional, que nos sitúa en una posición ventajosa de cara al futuro. Tenemos una economía saludable y en crecimiento, orientada al mejoramiento de la calidad de vida de los salvadoreños.
A las personas afectadas por los fraudes financieros, quiero reafirmarles mi solidaridad y la determinación que tengo de hacer los máximos esfuerzos dentro de la ley, para la recuperación de sus bienes, así como contribuir a la aplicación de la justicia a los responsables. Y en ese sentido, he dado instrucciones terminantes y precisas a todos los funcionarios de las distintas instituciones del Organo Ejecutivo que tuvieren relación con esa problemática.
Compatriotas
Trabajemos con entusiasmo y confianza en nuestras instituciones políticas, económicas y sociales.
Ahora más que nunca, nuestra Patria necesita que tu y yo, sin distingos de banderas políticas, pongamos a su servicio lo mejor de nosotros mismos, para hacer de nuestro querido El Salvador, un país próspero, moderno que sea orgullo de nuestros hijos.
Muchas gracias, muy buenas noches.
San Salvador, 27 de julio de 1997.
Presidencia Calderón Sol
Secretaría de Comunicaciones
Un paso más hacia un futuro mejor
