Año 18
número 769
agosto 13
1997
ISSN 02599864
Editorial Secreto bancario cuestionado
Política Las comisiones de investigación de la Asamblea Legislativa
Economía La economía en el primer semestre de 1997
Derechos Humanos ¿Sacar a "Zacarías"?
Documento Manifiesto de las ONG's a la nación (Primera entrega)
El escándalo financiero cuestiona el alcance del secreto bancario, un elemento clave de la actividad bancaria y financiera. Es claro que dicho secreto ha sido utilizado para cometer ilegalidades y delitos financieros de toda clase. El escándalo de FINSEPRO e INSEPRO sólo ha develado una pequeña parte de las operaciones oscuras de estas actividades. Sin embargo, los bancos y las financieras se oponen a que el secreto sea levantado para investigar el escándalo, incluso una supuesta asociación de usuarios, una organización fantasma al estilo de la década pasada, pedía mantener intacto dicho secreto. Ahora bien, si se le pregunta a las personas afectadas por el fraude, éstas, de forma contundente, están a favor de que el secreto sea levantado, por lo menos para averiguar dónde están sus millones que es lo único que en realidad les interesa.
El secreto bancario es un derecho universalmente reconocido, que entra en el campo más amplio del derecho a la privacidad. En El Salvador, sin embargo, este derecho no es respetado ni defendido con el mismo celo cuando se trata de las comunicaciones, la imagen y la fama. El Estado salvadoreño desde siempre ha violado el derecho a la privacidad de los ciudadanos, y con ello, la Constitución misma que lo garantiza, con propósitos claramente políticos. Los mismos argumentos que se usan para defender el derecho de los ahorrantes a ocultar de la vista pública sus millones valen para proteger la privacidad de los ciudadanos.
Es comprensible el temor de unos y otros a permitir que el secreto bancario sea levantado, en el caso del escándalo financiero. Una de las cosas que aparecería es el nombre de los depositantes y las cantidades depositadas. El problema no es tanto que puedan despertar la ambición de alguno de los secuestradores de profesión que todavía quedan en el país, sino el origen de los fondos. Este sería el caso, por ejemplo, de antiguos oficiales del ejército y funcionarios públicos. Algunos de ellos tendrían auténticas dificultades para explicar el origen de sus abultados ahorros. Este dato revelaría cuánto se aprovecharon los altos oficiales militares de la guerra y de la ayuda económica estadounidense. Asimismo, las operaciones de bancos y financieras, algunas de ellas, muy probablemente, ilícitas, si no es que contrarias a la ley, quedarían expuestas ante la sociedad. Es voz pública que muchos de ellos, atemorizados por el escándalo, se han esforzado por poner sus operaciones en orden.
Los banqueros y los financieros cuentan con el secreto bancario para ocultar sus operaciones así como también sus astronómicas ganancias. Ante lo inevitable, aceptan ser investigados, pero con tal que el resultado de la pesquisa no sea dado a conocer a la opinión pública. Las investigaciones cuyos resultados son ocultados para no tener que pedir responsabilidades civiles y penales a los implicados en ellas contribuyen a la impunidad, y a la injusticia ya cometida añaden la injuria. El ex presidente Cristiani recibió al menos dos informes, uno sobre los escuadrones de la muerte y los secuestros y otra sobre la corrupción. Engavetó los dos, alegando confidencialidad porque de darlos a conocer desestabilizarían al país. Con ello sólo consiguió que las fuerzas oscuras de la violencia y la corrupción penetraran más en las estructuras sociales del país, amenazándolo de forma constante con desestabilizarlo. Es un viejo vicio, guardan el secreto para no desestabilizar, pero lo único que consiguen es que el mal se arraigue con más fuerza aún y, por lo tanto, se convierta en una amenaza continua de desestabilización.
El secreto bancario protege y tutela un derecho, pero de ninguna manera puede ser invocado como un recurso para cometer u ocultar actividades delictivas. En el momento en que se traspasa la legalidad establecida, el secreto deja de cumplir su función primordial. La aplicación de este límite a un derecho que hasta ahora ha sido absoluto, al extremo de convertirse en libertinaje, sin duda, minará la confianza de aquellos que lo utilizaban para ocultar sus actividades ilegales; pero, por otro lado, restablecerá la confianza perdida de los miles que han sido estafados. Además podría servir como advertencia para aquellos que piensan dedicarse a esta clase de actividades, amparados por la impunidad con la que se puede operar en estos ámbitos en El Salvador. Es probable que una actitud firme del gobierno salvadoreño aleje a algunos inversionistas del país, pero, sin duda, se trata de inversiones que no interesan, a no ser que se acepte que cualquier inversión es bienvenida, independientemente del origen o destino del dinero.
El daño a la confianza en el sistema financiero salvadoreño y, por lo tanto, a la imagen del país ya está hecho. Es paradójico que se lo hayan causado miembros de la misma comunidad financiera. La única manera de recuperar la confianza y restaurar la imagen es proceder a limpiar el sistema y sus operaciones de toda actividad ilegal y corrupción. La mayor responsabilidad recae sobre el Estado, en cuanto garante del sistema financiero. En este sentido, la falta de claridad y determinación del gobierno de Calderón le hace un flaco servicio a la proyección que, por otro lado, busca de forma tan ansiosa en el mercado de los inversionistas extranjeros. A nivel interno, las depositantes no se fían de las instituciones estatales y por eso protestan de manera airada en las calles contra un gobierno que perciben insensible e ineficiente, al igual que las organizaciones populares y los sindicatos. La diferencia es que, en este caso, no hay reclamos por los trastornos que ocasionan en la rutina del país. La mayoría de ellas, muy probablemente, votaron por ARENA en las dos últimas elecciones.
Los millones valen mucho más que los derechos de los ciudadanos
a la vida, la privacidad y la seguridad. Ante este gobierno, los
ciudadanos no son iguales. Son más importantes, quizás
sería más apropiado decir que valen más,
aquellos que tienen más dinero. Esto no debiera ser extraño.
Una de las características de la globalización,
en la que tantas esperanzas ponen algunos, es el inmenso poder
económico y social del sector bancario y financiero, tanto
como para poner a su servicio exclusivo, sin ningún pudor,
el poder político.
Condiciones y apoyo a las Comisiones de Investigación
Para cumplir con el objetivo para el cual fueron creadas, las comisiones de investigación necesitan condiciones propicias, favorables e idóneas, es decir, condiciones especiales, pues de lo contrario sólo cumplirán con el propósito de distraer la atención de la población, lanzar una cortina de humo sobre un problema fundamental de la nación, encubrir la corrupción, etc. Al no contar con las condiciones que garanticen la profundización en la investigación, las comisiones sólo serán un pretexto más, para argumentar que existe democracia cuando en el fondo lo que hay es autoritarismo y corrupción.
"La investigación siempre ha sido una técnica vital en el sistema parlamentario. Investigar significa realizar indagaciones, pesquisas y recopilación de noticias sobre hechos u objetos, sea por medio de personas expertas, sea por inspecciones oculares, sea mediante examen de documentos o interrogatorios de individuos. Las investigaciones parlamentarias son generalmente admitidas, casi sin excepción. Y admitidas con alcance muy amplio, que abarca todo el funcionamiento del Estado" (Bidart y German Campos, 1988).
En países con sistemas políticos excluyentes y discriminadores, no se crean comisiones de investigación para investigar, sino para evitar que se encuentre la verdad, por lo que la característica principal del funcionamiento de las mismas es la inexistencia de condiciones especiales que garanticen un trabajo investigativo serio; lo que prevalece son obstáculos y sabotajes al trabajo mínimo y superficial que las comisiones podrían realizar.
Las condiciones, recursos y facilidades constitucionales con las que cuentan las comisiones de investigación se encuentran estipuladas también en los reglamentos interiores de las Asambleas Legislativas. A manera de ejemplo, podemos mencionar las siguientes: contratar servicios de inteligencia, permitir libre acceso a todas las dependencias oficiales, recintos, domicilios y documentos privados -con orden de allanamiento emitida por un juez-, hacer comparecer ante sí a cualquier persona, sea alto funcionario público o particular; tener acceso a: expedientes judiciales, sin menoscabo de la independencia del Poder Judicial, secretos profesionales, industriales, fiscales y de la defensa nacional, declaraciones de renta y cuentas bancarias -aquí impera el principio del primado del interés de la nación sobre cualquier interés particular-, etc.
En Italia, el Artículo 141, numeral 2, del reglamento de la Cámara de los Diputados concede a las comisiones de investigación los mismos poderes que al Organo Judicial: "la Comisión de encuesta procede a la indagación y estudios con los mismos poderes y las mismas limitaciones que la autoridad judicial" (Santaolalla, S.F.). En este mismo orden, las comisiones de investigación pueden remitir a los tribunales o al plenario, para formación de antejucio, según sea el caso, a las personas que hayan delinquido durante el proceso de audiencia. Por ejemplo, por haber ocultado o tergiversado información -perjurio-; por no presentar o alterar la documentación requerida; por no haberse presentado cuando la comisión las citó -desacato-, en este caso se puede hacer comparecer a la persona con el auxilio de la fuerza pública; por influencia o interferencia ejercida por algún miembro del Ejecutivo; por conducta dolosa, soborno de testigos, negarse a prestar juramento o a declarar, etc.
En El Salvador las condiciones y recursos de que disponen las comisiones de investigación se encuentran, únicamente, en tres Artículos, ellos son el Artículo 132 de la Constitución y en los Arts.53 y 54, del reglamento interior de la Asamblea Legislativa, los cuales son tan amplios que, prácticamente, la profundidad, eficiencia y eficacia de las comisiones de investigación se pierden.
Art.132. "Todos los funcionarios y empleados públicos,
incluyendo los de Instituciones Oficiales Autónomas y los
miembros de la Fuerza Armada, están en la obligación
de colaborar con las Comisiones Especiales de la Asamblea Legislativa;
y la comparecencia y declaración de aquellos así
como las de cualquier otra persona, requeridas por las mencionadas
comisiones, serán obligatorias bajo los mismos apercibimientos
que se observan en el procedimiento judicial". Art.53. "Las
comisiones especiales desarrollarán sus trabajos de investigación
de los asuntos específicos que les hayan sido encomendados,
con toda la amplitud que para ello se requiera". Art.54.
"Para que estas comisiones puedan realizar sus investigaciones,
con la eficacia y diligencia que el asunto a tratar demande, los
funcionarios y empleados públicos en general, así
como los miembros de la Fuerza Armada y cualquier otra persona,
deberán colaborar con las mismas asistiendo a las citas
que se les hicieren o proporcionando por escrito cualquier información
que se les solicitare, tal y como lo dispone el Art.132 de la
Constitución".
El informe final de las comisiones de investigación
Según la práctica legislativa a nivel mundial, cuando la Asamblea Legislativa acuerda la creación de la comisión, al mismo tiempo determina el plazo en que deberá trabajar y la fecha en que presentará el informe y, con la presentación de éste al plenario --para su respectiva modificación, aprobación o rechazo--, la comisión de investigación se disuelve. La Asamblea, en caso de estimarlo necesario, puede dar prórroga al trabajo de la comisión. Si en el informe se contemplan elementos para la formación de causa, el mismo será enviado y puesto a la orden del poder judicial para que este órgano del Estado determine el juzgamiento de aquellas personas que hayan transgredido el ordenamiento jurídico interno del país.
"Es importante señalar, también, que una comisión investigadora nace con un fin o fines claramente determinados en la moción que le da origen. Sin embargo, sus resultados pueden servir para diversos propósitos, que van más allá de la función contralora propiamente dicha. Pueden dar lugar a una nueva legislación, a la creación de organismos, la rectificación de políticas, la anulación de contratos administrativos, el mejoramiento de los sistemas administrativos y la renuncia de funcionarios públicos, para citar sólo algunos ejemplos" (Solis Fallas, 1995).
El informe, entre otros elementos, contiene una exposición de propósitos, conclusiones y recomendaciones; puede estar constituido por dos partes, uno de la mayoría y otro de la minoría, por breves resúmenes de testimonios y de declaraciones obtenidas o por la propuesta de un proyecto de ley que considere pertinente como resultado de la investigación. Los informes se hacen del conocimiento público y se publican en el Diario Oficial. El informe no tiene un carácter vinculante, es decir, no tiene efectos jurídicos, sino que es de propuestas, exhortaciones, recomendaciones o sugerencias, en otras palabras, no obliga al Poder Judicial, al Ejecutivo ni al mismo Legislativo a tomar literalmente las resoluciones dictadas en el informe, pero esto no significa que los poderes aludidos o instituciones de la administración pública no puedan emprender acciones sobre la base del contenido del informe.
En El Salvador, lo que respecta a los informes de las comisiones de investigación, se encuentra plasmado en los ordinales 32 y 37 del Artículo 131 de la Constitución de la República y en el Artículo 55 del reglamento interior de la Asamblea Legislativa: Ordinal 37. "Recomendar a la Presidencia de la República la destitución de los Ministros de Estado, o a los organismos correspondientes; la de los funcionarios de Instituciones Oficiales Autónomas cuando así lo estime conveniente, como resultado de la investigación de sus comisiones especiales o de la interpelación, en su caso. La resolución de la Asamblea será vinculante cuando se refiera a los jefes de seguridad pública o de inteligencia de Estado por causa de graves violaciones de los Derechos Humanos". Artículo 55. "Concluido el trabajo de investigación, las comisiones especiales emitirán el informe correspondiente para que la Asamblea adopte los acuerdos o recomendaciones que estime necesarios, conforme lo establecen los ordinales 32 y 37 del Art. 131 de la Constitución, según sea el caso".
En El Salvador, actualmente una de las características en materia legislativa es la inexistencia de subcomisiones en la Asamblea, otra es que las comisiones de investigación prácticamente no han existido, porque si en el Legislativo reinaba impunemente la corrupción ¿para qué iba a investigar al Poder Judicial y al Ejecutivo?. Los tres Poderes del Estado, históricamente, han sido utilizados por la oligarquía y los militares como fuente de enriquecimiento ilícito e instrumentos para mantener en la miseria, el analfabetismo, el desempleo, la represión y la explotación a la población de El Salvador. Esta es una de las explicaciones del porqué de la inexistencia de tales entidades, sin embargo, se tiene la posibilidad de crearlas, aunque presentan muchas dificultades para ahondar en las investigaciones pues la derecha se ha preocupado de que estas no tengan condiciones ni apoyo para descubrir la verdad.
Lo anterior quiere decir que, si les otorgan las facultades y
recursos a las comisiones de investigación para que hagan
su trabajo tal y como debe de ser, los primeros que protestarían
directa o indirectamente serían los corruptos, es decir,
todos aquellos que han hecho su fortuna robando a través
de algún Poder del Estado o institución de la Administración
Pública, los militares o ex miembros de la izquierda que
se enriquecieron durante la guerra, los lacayos de las multinacionales,
narcotraficantes, delincuentes del crimen organizado, etc. Todas
estas personas se opondrán en nombre del pueblo y la democracia,
porque en nombre de estas entidades han cometido todas las injusticias
que ha sufrido y sufre la población de este país
desde la conquista y la colonización.
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Colaboración de Oscar Martínez Peñate. Departamento
de Sociología, Universidad Centroamericana "José
Simeón Cañas".
La tendencia hacia la recesión económica, debido al escaso dinamismo de los sectores productivos, ha sido la nota característica de la coyuntura económica durante los últimos dos años. No puede negarse, empero, que algunos sectores económicos han continuado creciendo a tasas considerablemente altas, entre los que destaca especialmente el sector financiero. Las posibilidades de mantener la estabilidad macroeconómica, el empleo y los ingresos han dependido de factores exógenos al ámbito de la política económica tales como el envío de remesas familiares y la inversión extranjera en la maquila de textiles.
Lamentablemente, las autoridades económicas no han tomado en la práctica medidas efectivas para solucionar esta situación. Aunque se han anunciado planes de reactivación del sector agropecuario y de fomento de la competitividad, lo cierto es que no se ha avanzado en su implementación y la política económica continua orientada, fundamentalmente, por un ferviente deseo de liberalizar toda la actividad económica. Sin pretender negar posibles efectos positivos de la liberalización, no puede dejar de señalarse que esta también conlleva importantes efectos negativos. Estos se han evidenciado claramente al nivel del sector financiero (concentración económica, orientación ineficiente del crédito, defraudaciones de la economía pública, etc.) y del sector combustibles (incremento de los márgenes de ganancia de las transnacionales, alza de precios, desplazamiento de empresas nacionales, etc.), para mencionar dos de los ejemplos más evidentes.
El más reciente informe de coyuntura del Banco Central de Reserva (BCR), aunque conserva su tradicional optimismo, refleja que las medidas de ajuste no han incidido notablemente sobre la capacidad del aparato productivo para generar mayor crecimiento y empleo. En las siguientes líneas se presentan los principales resultados macroeconómicos que el gobierno afirma haber obtenido durante los primeros seis meses de 1997, entre los que continua destacando la disminución del déficit comercial.
En materia de crecimiento de la producción, las cifras oficiales dan cuenta de un repunte en la actividad económica, el cual se evidenciaría en la obtención de una tasa de crecimiento del Indice de Volumen de la Actividad Económica de 3% para el mes de mayo la cual, además de ser la mayor tasa de los últimos doce meses, mostraría una tendencia ascendente en relación a marzo y abril cuando las mismas tasas fueron de 1.2 y 2.3 por ciento, respectivamente. Por el momento estos datos aún no permiten augurar el final de la etapa recesiva, pues aún resta por ver si el comportamiento para los últimos meses permite -cuando menos- alcanzar la meta de 3% de crecimiento fijada en el Programa Monetario y Financiero la cual, de acuerdo a gremiales del sector empresarial, es bastante modesta al considerar las tasas de crecimiento superiores al 6% obtenidas en el primer quinquenio de la década.
En lo que respecta a la inflación, se señala que, para el pasado mes de junio, la tasa de variación anual habría alcanzado el 4.9% lo cual -de acuerdo al BCR- permite augurar que se alcanzará la meta de entre 5 y 7 por ciento de inflación para 1997. Para lograr lo anterior, debe suponerse que, en el segundo semestre de 1997, el crecimiento del Indice de Precios al Consumidor no agregará más del equivalente para obtener un incremento en la tasas de variación anual de 2.1%. Considerando la evidencia histórica, este pronóstico resulta altamente aventurado, pues ya para la mitad del año se esta rozando el limite inferior de la meta impuesta, en un contexto que augura especulación de precios debido a una posible sequía.
En el ámbito del sector externo, según el BCR, se ha logrado disminuir el déficit comercial gracias a un incremento de 42% en las exportaciones y un incremento de las importaciones menor al observado en períodos anteriores. Esta tendencia es una de las pruebas más fehacientes de la continuidad de la recesión económica pues, bajo un contexto de crecimiento económico de más de 6%, las tendencias en el sector externo son siempre hacia el incremento del déficit en la balanza comercial. Aunque se haya reportado un incremento en las exportaciones, la principal razón para la caída del citado déficit está en que se ha experimentado una caída en el ritmo de crecimiento de las importaciones, especialmente de bienes intermedios y de capital. Como quiera que sea, aunque el déficit comercial continuará creciendo, la afluencia de remesas familiares continuaría siendo garante del fortalecimiento de las reservas internacionales netas del país. De acuerdo al BCR, durante el primer semestre del año, los flujos de remesas familiares se incrementaron en relación al mismo período del año anterior.
Dentro del crecimiento de las exportaciones cabe destacar el comportamiento de la maquila textil, cuyas exportaciones se habrían incrementado en un 41.2% con lo cual se mantendrían como la principal fuente de exportaciones, superando ampliamente tanto a las exportaciones tradicionales como a las no tradicionales. Este dato confirma lo señalado más arriba, en cuanto que la maquila ha sido una de las principales fuentes de crecimiento, empleo y generación de exportaciones. Sin embargo, de acuerdo a evaluaciones del Ministerio de Trabajo, esta situación parece estarse revirtiendo. Hasta ahora, el incremento de 41.2% en las exportaciones que se ha reportado en el primer semestre no se habría traducido en mayor generación de empleo y, de acuerdo a la misma fuente, no se proyectan nuevas inversiones en este sector debido a que éstas estarían encontrando mayores ventajas competitivas en otros países como Honduras y México.
Por otra parte, en lo tocante a las finanzas públicas se desconocen los resultados hasta el pasado mes de junio, pues dentro del informe del BCR no se incluyó ningún dato respecto a este balance. Cabe señalar, empero, que para el año pasado se registró un incremento del déficit fiscal en relación al PIB.
El panorama macroeconómico que se plantea para el primer trimestre de 1997 continua mostrando que la aparente dicotomía entre crecimiento económico y reducción de la inflación sigue inclinándose a favor de la segunda, es decir, que la opción de las autoridades económicas ha sido mantener bajos niveles de inflación, aún a costa de una sensible caída de las tasas de crecimiento económico. La situación se agrava al considerar que las cifras recientes dejan lugar a dudas sobre la posibilidad de que la meta de inflación se mantenga dentro de lo programado. Lo anterior no implica, empero, que altas tasas de crecimiento sean deseables por sí mismas. En el pasado reciente, el alto crecimiento de la producción no ha estado acompañado de similar generación de empleo, mientras que los que surgieron en la maquila textil reciben bajas remuneraciones y operan bajo precarias condiciones de trabajo.
Las tasas de crecimiento proyectadas por el BCR son modestas (3%), sin embargo, dada la coyuntura actual de inestabilidad en el sector financiero debido a los sonados casos de fraude recientes y sus consecuencias, no es descabellado afirmar que en los próximos meses el crecimiento del sector financiero se contraiga apreciablemente, comprometiendo aún más el crecimiento económico.
Por el momento, la estabilidad macroeconómica no parece
amenazada porque se mantienen las remesas familiares, sin embargo,
se siguen desperdiciando las oportunidades de planificar acciones
para estimular el crecimiento económico de las actividades
productivas sobre la base de la estabilidad macroeconómica.
En la Guatemala actual --esa que se encuentra transitando alguna de las etapas que ya pasamos por acá-- son muchos y muy "sonados" los acontecimientos que ocupan los primeros sitios en la agenda de los organismos de la sociedad que, en condiciones bastante difíciles, defienden y promueven los derechos humanos. Durante los últimos días destacan, entre ellos, la necesidad de aprovechar al máximo las mínimas posibilidades de la recién instalada Comisión de Esclarecimiento Histórico o "Comisión de la Verdad", para profundizar su inclaudicable lucha contra la impunidad; también el caso de "Mincho" --guerrillero capturado y posteriormente desaparecido durante el actual período de gobierno-- y las diversas irregularidades en torno al mismo, con una muy cuestionable actuación de las y los observadores internacionales de las Naciones Unidas en ese país, que por sus siglas se conocen como MINUGUA y que resultan ser el equivalente de la recordada ONUSAL en El Salvador.
A lo anterior debe agregarse la culminación de un esfuerzo exitoso por parte de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), al haber logrado en primera instancia judicial una sentencia condenatoria contra las máximas autoridades del Ministerio de Gobernación y de la Policía Nacional durante la administración presidencial de Ramiro León Carpio, por la muerte de un estudiante universitario cuando fue reprimida una manifestación pública.
La misma ODHAG, no obstante las críticas que ha recibido, al momento de escribir estas líneas se encuentra realizando la exhumación de decenas de indígenas ejecutados en una matanza que tuvo lugar a principios de los años ochenta, cuya responsabilidad se atribuye a una de las organizaciones integrantes de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), ahora convertida en flamante partido político dispuesto --según dijo uno de sus máximos dirigentes, recordándonos nuestra experiencia-- a "colaborar" con la "Comisión de la Verdad" pero, también, listo para "defenderse" de las calumnias de "quienes se oponen al proceso de paz".
Quizás por todo lo anterior y otras cosas más, las instituciones de derechos humanos del vecino y hermano país no le han dedicado nada o casi nada de su atención a la discusión pública que se comenzó a generar desde hace dos semanas --más o menos-- sobre una figura conocida por estos lares: ese enigmático personaje de nacionalidad venezolana llamado "Zacarías", de cuyo nombre --Víctor Rivera-- nos enteramos hasta hace muy poco. Como ya se dio a conocer en algunos medios nacionales de difusión masiva, este individuo se encuentra o se encontraba en Guatemala hasta hace unos días dedicado a asesorar al actual Ministro de Gobernación, tal como declaró la noche del miércoles 5 de agosto al periódico "Siglo Veintiuno".
Al requerírsele una mayor precisión, respondió así: "La tarea como su nombre lo indica es de asesoría y está enmarcada en un esquema eminentemente profesional y técnico, con absoluto apego a la normativa y al Estado de Derecho, y a las instituciones que rigen al Estado". Además, "Zacarías" sostuvo que trabajaba "por misión del Estado" con las familias de aquellas personas que se encontraban secuestradas y que de éstas no recibía ningún pago. Y agregó: "lo único que nosotros pedimos y agradecemos es la oportunidad de abrirnos las puertas en aras de resultados óptimos; y éstos, si se quiere por utilizar una expresión, es que la persona regrese a casa".
Necio el entrevistador, insistió en lo referente a los fondos para sostener sus actividades y las de su equipo. "Nosotros --respondió el venezolano Rivera-- somos una fuerza de tarea muy pequeña, un grupo de personas muy reducido; un grupo local formado eminentemente de ciudadanos guatemaltecos donde tengo la suerte de participar y hacer equipo. Como lo comentábamos anteriormente, fueron algunas personas del sector privado quienes nos contactaron y, por supuesto, al implementarse la fuerza de tarea local, eso implicaba gastos de personal y funcionamiento que son sufragados por el sector privado". Para no dejar dudas al respecto, puntualizó: "Estrictamente hablando, la tarea es como asesor del Ministerio de Gobernación y en buena medida los gastos que conlleva esa función se sufragan con aportes del sector privado".
Y se refirió también a su efectividad. "Estamos hablando en principio --aseguró el famoso "Zacarías" al referirse a los casos asumidos y sus resultados-- de decenas... En casos anteriores al inicio de la fuerza de tarea y como resultado del trabajo de investigación de campo, en un elevado porcentaje se ha ido estableciendo quiénes fueron los autores del hecho ilícito; y en casos en desarrollo, en un porcentaje todavía mayor. No solamente las víctimas han retornado a casa sino también el trabajo desarrollado ha permitido, en equipo con el estado, establecer quiénes fueron, dónde los tuvieron y cuál fue el esquema o estructura general del crimen".
Se dice que la información obtenida por "Zacarías" no pasó a la entidad correspondiente del Estado guatemalteco, como lo es el Ministerio Público (MP). Sobre eso, el cuestionado personaje afirmó lo siguiente: "Definitivamente no es así. Toda la evidencia o material producto de nuestra tarea de asesoría que de una u otra forma es recabado en el desarrollo de un caso de secuestro, es indudablemente canalizado a nuestra estructura de atención, sin ningún tipo de reserva; al contrario, todo está ahí por mínimo que parezca". Y abundó: "Nosotros en algunos casos hemos recibido la visita del personal del Ministerio Público, nos hemos puesto en contacto y hemos coordinado algunas tareas. Y en la medida en que el requerimiento de éste está en nuestras manos, responsablemente lo hacemos llegar a los funcionarios y otras veces a través del canal de conducción".
Lo anterior resulta contradictorio pues, a los pocos días de esas declaraciones, agentes del mismo MP-con orden judicial en mano- allanaron el local donde se encontraban las oficinas de tan misterioso investigador, a raíz de una denuncia hecha por Oscar Recinos en su calidad de representante de la organización denominada "Guardianes del Vecindario". Según se supo, los "guardianes" reclamaban que "Zacarías" poseía importante información para el esclarecimiento de varios casos de secuestro y no la había entregado a las autoridades estatales competentes. Además, Recinos sostuvo que en muchos casos --tras entrevistarse con familiares de las víctimas y recibir la información-- el venezolano ya no había hecho nada más.
No obstante "Zacarías" presumía de una buena relación de colaboración con el MP, los agentes de esta dependencia estatal tuvieron incluso que forzar cerraduras para ingresar a las oficinas donde tenía instalado su "cuartel central". Pero la incursión fue inútil pues no encontraron absolutamente nada, fuera de unas cuentas de dinero reembolsadas a nombre de Víctor Rivera y unos sellos con rótulos de "Confidencial" y "Urgente". Algunos empleados que se encontraban en el lugar negaron que esas fueran las oficinas del individuo que nos ocupa, pero familiares de personas secuestradas que presenciaron la diligencia judicial reconocieron que precisamente ahí era donde se habían entrevistado con él.
"En la oficina vacía --dijo un angustiado padre-- me reuní dos veces con Rivera y él me enseñó un álbum con las fotos de los sospechosos de pertenecer a bandas de secuestradores, otros planos de lugares y algunos nombres de personas. Yo le indiqué de quién sospechaba por el plagio de mi hija y otras cosas más". En declaraciones posteriores al allanamiento, Rivera o "Zacarías" --como quieran-- lamentó no haber estado en el sitio cuando aquel se realizó. "No tengo nada que esconder", dijo y agregó: "Toda la información relacionada con casos de secuestro ya la trasladé al Estado por el canal correspondiente y los resultados de mis investigaciones están en poder del Ministerio de Gobernación".
Más claro, ni el agua. El problema es que el mismo vice ministro de Gobernación, Salvador Gándara, al ser consultado sobre el cateo respondió sin el menor asomo de dudas lo siguiente: "Nosotros no tenemos nada que ver; nunca lo hemos contratado, como se dice por ahí. Si quieren, averigüen en la partida de presupuestos; ahí no aparece el nombre de Rivera". Pero casi en el mismo instante y quizás por no ponerse bien de acuerdo, el jefe de Gándara --Rodolfo Mendoza, Ministro de Gobernación-- desmintió tan seguro y contundente rechazo al sostener que efectivamente Rivera había sido contratado por su despacho, que su labor era de asesoría en materia de secuestros para apoyar a las familias afectadas y que el célebre venezolano no había ocultado información.
Además, el alto funcionario gubernamental no desaprovechó la ocasión para intentar deslegitimar al representante de los "Guardianes del Vecindario". "Creo que el verdadero problema --señaló el ministro Mendoza-- es el señor Recinos, que no está haciendo otra cosa más que ganar imagen política y notoriedad para sus intereses". Y Mendoza selló su intervención dejando constancia de su total apoyo para "Zacarías", al expresarse así: "Tuve que llamar al Fiscal General, Héctor Hugo Pérez, porque Rivera vino a mi oficina preocupado de lo que estaba pasando".
Bueno, ¿y por qué nos estamos ocupando de este tema cuando hay tanto por comentar sobre la situación salvadoreña? Pues porque este relato lleno de incógnitas, mentiras y contradicciones tiene que ver con nuestra realidad. En la ya referida entrevista con "Siglo Veintiuno", "Zacarías" dijo que su contacto con las autoridades guatemaltecas se realizó a principios de 1996 en nuestro territorio. Cuando se le preguntó si acá había trabajado con grupos privados o con el gobierno, el tipo respondió: "Trabajé en los años de 1983 a 1987 en el manejo de asesoría para las estructuras de seguridad pública y a partir de 1992 regresé nuevamente, en un programa de asesoría a las estructuras de seguridad".
Lo anterior significa que --a pesar de todos los recursos humanos y materiales para la asesoría y verificación que brindó la comunidad internacional, en aras de crear un modelo diferente de seguridad pública-- este individuo estuvo en El Salvador a lo largo de esos cuatro años fundamentales, actuando en una especie de penumbras sin estar incorporado dentro del proceso que se estaba llevando a cabo con la participación activa de la Misión de Observadores de las Naciones Unidas. ¿Cómo trabajó aquí y con qué métodos? ¿qué resultados obtuvo? ¿valió la pena?
El señor ministro de Seguridad Pública, Hugo Barrera, ha salido al paso por el polvo que ha levantado en el país el escándalo de "Zacarías" en suelo guatemalteco. A diferencia de lo que afirma el venezolano, don Hugo sostiene que fue contratado en 1993 por un grupo de empresarios salvadoreños y que desde entonces comenzó a trabajar "ad honorem" para la Policía Nacional Civil. Por eso, dijo este polémico y locuaz funcionario, "se creyó conveniente ofrecerle un lugar con las comodidades necesarias para que desarrollara su labor; fue así como este servidor le ofreció una oficina particular de mi propiedad".
A esa oficina se refirió la doctora Victoria Marina Velásquez de Avilés --procuradora para la defensa de los derechos humanos-- dentro de su resolución sobre el caso de la muerte violenta del joven Manuel Adriano Vilanova Velver. Cabe señalar que en las investigaciones relacionadas con este hecho, tuvo una intervención poco feliz --tal como lo señala la madre de la víctima-- el antes anónimo y ahora célebre "Zacarías". También el doctor Enrique Ter Horst, cuando estaba al frente de lo que luego se denominó Misión de las Naciones en El Salvador (MINUSAL), se refirió a estructuras paralelas dentro de un esquema de seguridad pública que debía ser totalmente transparente.
En todo esta nebulosa y al igual que sus colegas en Guatemala,
don Hugo defiende la actuación del venezolano. Para él,
las críticas que ahora se están haciendo al rol
de "Zacarías" en El Salvador durante ese trascendental
período de 1992 a 1996, surgen de intereses políticos.
Su visión se resume así: "Es el mismo concierto
de personas que salen siempre diciendo algo. Hay una intención
de disminuir a cero los éxitos de la Policía en
su trabajo... No se deberían de dar. No se deberían
confundir sus ejercicios políticos con la seguridad pública..."
Y Usted, ¿qué opina?
En la ciudad de San Salvador reunidos un conjunto de ONG's, analizamos el nuevo entorno internacional, regional y nacional, así como la situación política, económica y social del país. Nosotros como instituciones preocupadas por la situación por la que atraviesa nuestro país y como instancias que apoyamos el proceso de desarrollo, de investigación e incidencia, queremos aportar a las soluciones que demanda los graves problemas de nuestro país.
Consideramos que El Salvador está atravesando un período importante de su historia. El nuevo escenario postelectoral abre nuevas posibilidades para la construcción de un nuevo estilo de desarrollo económico y social y de profundización de la democracia. Creemos que el país puede transitar bajo un rumbo, que permita la sostenibilidad del desarrollo, la democracia y el cambio cualitativo en las relaciones de género de toda la población. Esto sólo será posible si en la actualidad y en los próximos años se realiza un conjunto de transformaciones en todos los campos del quehacer nacional y que a su vez exista una voluntad concertadora de todos los agentes económicos, sociales y políticos en función de la construcción de una nueva sociedad y nación.
Bajo esta perspectiva deseamos trasladar a la sociedad salvadoreña,
nuestras preocupaciones sobre la situación por la que atraviesa
el país, los elementos que deben regir los cambios a impulsar
en esta nueva etapa y un primer conjunto de temas de la agenda
nacional que deben ser bases firmes para la construcción
de un nuevo proyecto de nación.
I. LA SITUACION NACIONAL
En relación a la situación económica actual.
Esta se caracteriza por una tendencia a la desaceleración
de la actividad económica y al deterioro de las capacidades
productivas y adquisitivas de la población. Esto es en
gran parte el resultado de la aplicación de las políticas
de estabilización y ajuste estructural implementadas en
los últimos años, propio de los enfoques e intereses
de los organismos financieros internacionales (BM, FMI, BID),
cuyos instrumentos de apertura indiscriminada hacia el exterior,
de privatización de los activos y servicios del Estado,
de desregulación y liberalización de la economía
y de la drástica reducción del papel del Estado
en la economía y la sociedad, han llevado a un deterioro
persistente de la calidad de vida de la población, particularmente
la de las mujeres más pobres y a una permanente fragilidad
del crecimiento económico.
En relación a la situación social.
Esta sigue presentando niveles muy graves, la pobreza afecta a
cerca de la mitad de la población mientras un 20% de estas
familias se encuentran en pobreza extrema. En el área rural
esta situación es más grave afectando a más
del 60% y encontrándose más del 30% en situación
de pobreza extrema. Los indicadores sobre desarrollo humano del
PNUD para 1996, muestran las debilidades de la situación
social. La población con acceso a los servicios de salud
es de 40%, al agua potable es de 55%, a saneamiento de un 81%,
la tasa de alfabetización de adultos es de un 70.4%, la
tasa combinada de matriculación primaria, secundaria y
terciaria es de 54%. El Salvador se ubica en el puesto 115 entre
174 países según el indicador de desarrollo humano,
mostrando las características de un país con mediano
desarrollo humano. No dudamos que en los últimos años
se han hecho esfuerzos importantes en materia de reformas a la
educación posiblemente en otros campos, pero estos adolecen
de una visión integral del desarrollo.
En relación a la reorientación de la economía.
Es necesario señalar que la política implementada
en los últimos años, ha provocado una reestructuración
de la economía que se ha traducido en un crecimiento basado
en la expansión de los sectores: financiero, comercial
y de otros servicios, con efectos adversos en los sectores productivos,
especialmente en el sector agrícola que ha experimentado
una pérdida de su dinamismo (crecimiento de 0.6% en 1996),
repercutiendo en última instancia en una profundización
de los problemas estructurales del país. La industria manufacturera
no maquilera se ha visto también impactada negativamente,
su débil crecimiento (3.5%) en el último año
evidencia los efectos adversos de las políticas que se
implementan. El sector de la construcción ve con preocupación
sus posibilidades de recuperación (crecimiento de 1.2%
en 1996) después del auge de los primeros años de
los noventa y de la inadecuada orientación de su inversión.
En general las tendencias recesivas que presentan los sectores
productivos y la reorientación de la economía, están
beneficiando esencialmente a sectores rentistas y especulativos
vinculados al sistema financiero, el cual no cumple su papel asignado
en función de desarrollo nacional.
En relación a las tendencias a la concentración y la mala distribución de la riqueza y del ingreso.
Este sigue siendo un fenómeno creciente que genera cada
vez mayor inequidad. Durante los últimos años la
economía ha crecido a una tasa promedio anual superior
al 5%, pero esto no se ha expresado en un marco equitativo de
distribución del ingreso. Así, según datos
y proyecciones en base a la Encuesta de Hogares y Propósitos
Múltiples sobre la distribución del ingreso, se
ve que la relación entre el decil de más altos ingresos
(10% de las familias de más altos ingresos) y el decil
de más bajos ingresos (10% de las familias de más
bajos ingresos) presentan una mayor profundización de sus
diferencias, ya que en 1988, esta relación era de 15.5
veces y para 1995 es casi 50 veces. Se evidencia así el
proceso de concentración que beneficia a unos pocos y margina
a la mayoría.
En relación a la situación del medio ambiente y los recursos naturales
Nuestro país presenta un elevado deterioro. El Salvador
es el país que presenta el mayor grado de degradación
ambiental en América Latina después de Haití.
Basta señalar que sólo el 3% de la superficie del
país tiene bosques originales; el 77% de los suelos se
encuentran erosionados y con baja productividad; el 90% de los
ríos se encuentran severamente contaminados. Todo esto
repercute negativamente sobre las capacidades productivas y la
calidad de vida de la población. En este sentido poco o
nada se hace para revertir esta tendencia y regular el uso adecuado
de los recursos naturales y del medio ambiente. Si bien las cumbres
mundiales sobre medio ambiente y las de Presidentes de Centroamérica
han puesto énfasis en estos aspectos, las decisiones trascendentales
en esta materia se han ido dilatando.
En relación a la situación de la mujer y la niñez.
Las mujeres siguen enfrentando serios problemas de discriminación
y exclusión, tanto a nivel económico, social y político.
Para el caso esta constituye la mayor parte de la población
salvadoreña, el 38% de la población económicamente
activa, el 21.1% de empleadoras autónomas en el Area Metropolitana
de San Salvador y el 40.8% de las trabajadoras autónomas.
Sin embargo ocupan sólo el 5.7% de los puestos de decisión
a nivel ejecutivo. En cuanto a los ingresos, el salario mensual
promedio en el área urbana para las mujeres es 28.4% inferior
al de los hombres, mientras que en la zona rural el ingreso anual
de una mujer analfabeta es apenas de 579.60 colones, lo que resulta
dramático dado que en la zona urbana 29 de cada cien mujeres
son analfabetas y en el campo aumenta a 43. Los niveles educativos
continúan siendo menores, mientras que la discriminación
laboral es persistente y a nivel político ocupan apenas
el 7% de los cargos de decisión pública del Estado.
Las condiciones de pobreza y marginación, y en alguna medida
la guerra son factores sociales que incrementan el riesgo de violencia
intrafamiliar especialmente hacia las mujeres y los niños.
Nuevamente cabe señalar que si bien se ha avanzado en algunos
aspectos de legislación que favorecen a la mujer, estas
leyes, todavía siguen siendo débiles en función
de la equidad de género y de la problemática integral
que es necesario enfrentar. En cuanto a la niñez, los niveles
de desnutrición infantil y de mortalidad siguen siendo
muy graves, el abandono a que están sometidos, el trabajo
infantil y otros aspectos muestran que la política en este
campo es muy limitada.
En relación al Estado de derecho
El cual está conformado por el marco Constitucional y legal
que norma los derechos y deberes de los ciudadanos. Este se ha
visto afectado durante los últimos años, por una
serie de decisiones legislativas vinculadas a la mayoría
del partido oficial y a medidas del ejecutivo que han modificado
el orden constitucional y legal. Muchas medidas aprobadas en este
marco han sido orientadas a limitar los espacios de libertad política,
de los derechos reproductivos de la mujer, de derechos humanos
y derechos económicos, sociales y culturales; los cuales
son garantizados plenamente por la constitución y las normas
internacionales. En el pasado reciente se ha tratado de impulsar
leyes que bajo el enfoque de la seguridad ciudadana han afectado
las libertades públicas, una ley de asociaciones y fundaciones
cuyo interés es controlar políticamente las ONG's
y no promover la organización y participación de
éstas en el desarrollo nacional, se ha tratado de desvirtuar
el papel de la Procuraduría de los Derechos Humanos y se
ha deteriorado el papel de la Policía Nacional Civil, no
se ha implementado todavía el registro nacional de personas
naturales que permitiría avanzar en una mayor confiabilidad
de la población votante. Se han limitado una serie de reformas
legales que permitirían una mayor participación
ciudadana: es el caso de la representación proporcional
de los concejos municipales, la implementación del voto
domiciliar y la creación de verdaderos procesos de descentralización.
Se ha tratado de limitar la independencia del órgano judicial.
Estos son algunos ejemplos de acciones y orientaciones que pretenden
retornar a nuestro país a las viejas prácticas antidemocráticas.
En relación a otros aspectos de la realidad nacional
Existen otros problemas que afectan a distintos sectores; son
por ejemplo los relacionados a: los impactos negativos de las
políticas económicas sobre la micro y pequeña
empresa; los altos niveles delincuenciales que afectan la seguridad
ciudadana y desestimulan la inversión; la precariedad del
empleo, el incremento del sector informal y los bajos salarios;
el incremento de la feminización de la pobreza; las condiciones
inadecuadas de infraestructura económica y social (caminos,
carreteras, etc.); las debilidades de la educación superior
y la falta de una política de ciencia y tecnología;
los impactos sociales de la transculturización en la juventud
y otros sectores; los dilemas que enfrenta la niñez y la
juventud y personas de la tercera edad ante la inseguridad de
un futuro mejor; las preocupaciones por la sostenibilidad de su
desarrollo de las comunidades rurales, urbanas y excombatientes;
la exclusión territorial así como económica
y social de comunidades y municipios; los problemas derivados
de la corrupción y la impunidad que afectan el funcionamiento
del Estado y el orden jurídico; los enfoques de una integración
centroamericana con limitada participación social. En general
estos son algunos de los dilemas y problemas que debemos enfrentar
en el corto, mediano y largo plazo.
II. HACIA UNA AGENDA NACIONAL DE CONSENSO
En el momento actual por el que atraviesa la nación, deseamos
contribuir con una serie de reflexiones y propuestas que ayuden
a constituir bases para la construcción de un nuevo proyecto
nacional. Consideramos que los retos que demanda el desarrollo
humano sustentable y la democracia en nuestro país, exige
de todos los sectores una visión constructiva, para ello
es necesario tomar en cuenta los siguientes elementos:
Una firme voluntad de todos los sectores para despojarse de sus
intereses individuales y partidistas, en favor de una visión
que trascienda las preocupaciones por la situación nacional
y por su contribución al fortalecimiento de la democracia
y el desarrollo nacional.
La toma de conciencia de cada uno de los sectores de la necesidad
de transformar todos aquellos factores que fueron los generadores
de la crisis y la guerra más profunda de la historia de
nuestro país, especialmente de aquellos que provocaron
la exclusión, la concentración, la marginación
y la violación de los derechos humanos, económicos,
sociales y culturales.
Una real voluntad de todos los agentes económicos, sociales
y políticos por la búsqueda de consensos y por la
creación de mecanismos de participación y concertación
que incluyan a mujeres y hombres de todos los sectores, a fin
de enfrentar seriamente los graves problemas que afectan a nuestro
país y especialmente a las grandes mayorías de la
población.
Una firme voluntad de todos y todas por la construcción
de la democracia y un nuevo estilo de desarrollo, que lleve permanentemente
a la creación de espacios de participación, de promoción
de las libertades políticas y de la acción ciudadana
en beneficio de la nación.
