Año 18
número 772
septiembre 3
1997
ISSN 02599864
Editorial Las incertidumbres de la transición democrática
Política Orellana Milla y la justa de los partidos políticos
Economía Medidas gubernamentales ante la evasión tributaria
Internacional Sordomudos esclavizados en Estados Unidos
Opinión Pública Estudio ACTIVA: la violencia en el Gran San Salvador
Derechos Humanos La inseguridad nuestra de todos los días
Cuando se firmaron los Acuerdos de Paz se logró algo que la mayor parte de salvadoreños deseaban: el fin de la guerra por la vía negociada. Esta fue la gran conquista de la firma de esos históricos documentos. Sin embargo, puntos importantes para una convivencia pacífica en el país quedaron pendientes; y si bien la alegría suscitada inicialmente por aquéllos no permitió ponderar en toda su magnitud los problemas que tendrían que enfrentarse en el mediano y largo plazo, transcurridos cinco años desde la firma de la paz, situaciones difíciles se han generado --la más reciente de ellas es la corrupción en el sistema financiero-- dando pie a un clima de incertidumbre acerca del futuro de la transición democrática en el país.
No faltan quienes, ante la avalancha de hechos criminales y la impunidad que rodea a muchos de ellos, renieguen de la democracia, llegando al extremo de afirmar que la misma no sirve de nada, pues está compuesta de formalismos vacíos que dejan inatacados los problemas reales que cotidianamente enfrentan los habitantes de El Salvador. Esta es la crítica perenne a las reglas y valores de la democracia; una crítica que arrecia y parece cobrar sentido cuando la situación social, política y económica de un país parece no tener un rumbo claro. Qué duda cabe de que muchos perciben que, en el momento actual, El Salvador está inmerso en el caos y que la confusión que prevalece en la opinión pública alimenta el escaso compromiso ciudadano con el respeto a la legalidad y a la dignidad de las demás personas. Asumiendo posiciones extremas, se puede llegar incluso a cuestionar los mismos Acuerdos de Paz, puesto que --se podría argumentar-- el país está en muchos aspectos peor que antes de la guerra: la violencia, la pobreza, y la corrupción estatal y privada han alcanzado niveles extremos y absolutamente intolerables.
Es preocupante que una visión como esa vaya permeando el tejido social. Ciertamente, el país no es el paraíso que muchos quisieran; también es innegable que los Acuerdos de Paz dejaron sin resolver aspectos sustantivos para la instauración de un orden social menos excluyente de las mayorías populares. Pero concluir de ello que su aporte a la democratización política significa poco es sumamente peligroso; con todo, más peligroso es afirmar que esta última no sirve de nada o es pura formalidad vacía. Y es que al sostener posiciones de ese tipo se está aceptando implícitamente que el autoritarismo es preferible a la democracia; es decir, que las medidas de fuerza son preferibles a cualquier intento de negociación o de pacto. Esta fue la lógica que imperó en El Salvador antes y durante la guerra civil, y la consecuencia de ello fue que miles de personas murieron por profesar ideas políticas contrarias a las de sus victimarios.
La incipiente democracia que se abre paso en nuestro país por lo menos ha hecho posible que nadie sea asesinado o desaparecido por sus ideas políticas. Quienes no vean en esto un logro importante para la convivencia social adolecen de una ceguera histórica imperdonable. Si a eso se añade la salida de los militares del ejercicio del poder político, se tiene un logro más de los Acuerdos de Paz cuyo significado para la democratización es imponderable. Por supuesto que no basta con ello; porque para que la convivencia social se afiance sobre bases sólidas no es suficiente con poder profesar el credo político preferido o con que los militares estén encerrados en sus cuarteles. Pero que no baste con esos logros no quiere decir que los mismos no sean importantes. Y sólo quien esté dispuesto a ver la realidad histórica en una perspectiva más amplia --renunciando a los inmediatismos maximalistas-- podrá medir en sus justos términos los avances, retrocesos o estancamientos del proceso salvadoreño.
No se tiene, pues, que perder el trasfondo de los logros señalados; éstos tienen que ser mantenidos y reforzados, pues con ellos El Salvador se aleja aunque sea mínimamente de la fuerza y la barbarie. En otras palabras, se trata de alentar las prácticas y las instituciones democráticas a sabiendas de que se basan en reglas de negociación que idealmente excluyen la coerción y la violencia de un grupo político sobre otro. Son formalismos, sí; pero formalismos que valen para todos y a los que cualquiera puede apelar para hacer sentir su opinión, convencer a los demás y convertirse en mayoría. Son formalismos, sí; pero formalismos que pretenden regular la conducta de los actores políticos de modo que éstos no se salgan del marco de la legalidad. No puede haber democratización política mientras estas reglas y valores de la democracia no sean asumidos plenamente por los actores sociopolíticos; esta es una batalla que debe darse permanentemente en todos los niveles de la sociedad.
Esto, por supuesto, no excluye luchar por otros objetivos igualmente importantes para el imperio de la justicia y la solidaridad, como lo son la igualdad social y económica, la defensa del medio ambiente y el rechazo a toda forma de exclusión y violencia. Son dos luchas complementarias; es, en definitiva, la lucha por la democracia política y por la democracia social, las cuales, aunque tienen ritmos y tiempos distintos, en el fondo no pueden separarse, ya que la conquista de la una sin la otra siempre será una conquista parcial y limitada.
En El Salvador, se han establecido algunos elementos desde todo
punto de vista insuficientes de democratización política.
En el plano de la democratización social prácticamente
no se ha avanzado en lo absoluto. La debilidad de la institucionalidad
democrática y el empobrecimiento y la marginalidad de los
grupos sociales mayoritarios dan pie a interpretaciones pesimistas
sobre la situación del país. Así, ver el
futuro de El Salvador como algo incierto es lo más normal
en diversos círculos intelectuales y políticos.
Pero si, sólo por un mero ejercicio mental, se piensa que
los procesos son más importantes que los individuos, a
lo mejor la realidad histórica salvadoreña esté
dando de sí una serie de dinamismos reveladores de realidades
hasta ahora ocultas, como lo son los ejes de poder en el sistema
financiero. Después de todo, quizás no sea el proceso
salvadoreño el que vaya desencaminado, sino los actores
sociales, políticos y económicos los que no están
a la altura de las circunstancias.
La interpelación del presidente del Banco Central de Reserva, Roberto Orellana Milla, ha dejado su huella en la historia de nuestro país. Por un lado, porque es la primera vez, desde que finalizó el conflicto armado, que los diputados ponen en práctica la facultad de aclarar, para la opinión pública, las acciones de cualquier funcionario por medio del cuestionamiento directo. Por otro lado, porque ha dejado al descubierto muchos de los males que padece la labor de los políticos de nuestro país, sus inconsistencias a la hora de defender proyectos políticos determinados y su falta de claridad al adoptar posturas ante los problemas nacionales.
En estas circunstancias, nada mejor que una justa política para que las deficiencias salgan a relucir. Y ese es el contexto en el que se enmarca la interpelación al presidente del Banco Central de Reserva. Orellana Milla está en medio de una lucha por su cuello, en la que el conflicto se centra en la búsqueda de responsables ante las irregularidades que se han detectado en el sistema financiero. Las posiciones son encontradas y los partidos pequeños, que hasta hace poco representaron una fuerza que bien podría haber moderado los términos del debate, no cuentan con la fuerza política para hacer valer sus propuestas. Las armas para este combate están determinadas por los intereses que se pongan en juego, pero los políticos de los principales partidos de nuestro país no han demostrado competencia para dirigir adecuadamente --esto es, en ruta a la consecución de sus fines-- esas armas en contra de sus adversarios. Definitivamente, lo que al final está en discusión es la imagen pública de los sectores allegados a ARENA, puesto que éstos deben escapar, en la mayor medida posible, de la crisis que representaría perder la cabeza de Orellana Milla. En esta ocasión, intentaremos hacer una breve apreciación del comportamiento de las principales fuerzas presentes en este debate, que son el partido ARENA y el FMLN.
ARENA ha sido claro a la hora de defender a Orellana Milla, lo cual nos hace preguntarnos si tal defensa obedece a la posición que ha ganado este funcionario dentro de los intereses de dicho partido. Se conoce que Orellana Milla ha estado de lado de los principales banqueros del país que participaron directamente en la privatización de la banca nacional, por lo que sería ingenuo no pensar que su puesto dentro de la institución más importante de la economía nacional se debió a que el partido en el gobierno decidió darle una especie de "medalla al mérito" por los servicios prestados. Es muy probable que ARENA halla detenido el filo de la espada que se llevó a Rodríguez Loucel de su puesto de superintendente, y que poco a poco podría llegar a dañar al Presidente del BCR, por presiones de la élite financiera del país, que ha hallado en el partido su mejor escudo desde la época de Cristiani. De esto probablemente se desprenda la actitud que caracteriza a los legisladores de ARENA de no querer aceptar las claras muestras de incompetencia que ha dado Orellana Milla en relación con los escándalos financieros de FINSEPROINSEPRO. ¿De qué otro modo se puede justificar el hecho de que la imagen del partido se arriesgue ante argumentos como "desconocimiento de documentación" tras las preguntas de los diputados de la Asamblea Legislativa?
Por otro lado, también se puede analizar esta postura de defensa desde un punto de vista más partidista: ARENA está consciente de que si se llegara a aprobar la destitución del presidente del BCR, se terminaría de desatar la tormenta política que viene azotando con furia la estabilidad de la administración 19941999, a cargo del partido, desde que la oposición aumentó su representación política en la Asamblea Legislativa tras las pasadas elecciones.
Si fuera esta última la consideración de la que nos mantuviéramos sujetos para rematar el análisis, nada aseguraría la permanencia de Orellana Milla en la silla principal del BCR, puesto que su destitución igual valdría como demostración de fuerza si se queda, y como muestra de voluntad de renovación y depuración si se va. Sin embargo, hasta el momento, el partido más bien ha respaldado a Orellana Milla a través del silencio y de su inflexibilidad ante la posibilidad de destituirlo, pese a lo cual todavía no ha definido públicamente ninguna estrategia para asegurar su triunfo en el debate.
Por su parte, el FMLN ha dado muestras de poca madurez y previsión a la hora de enfrentarse como bloque político de oposición. El caudillismo fue lo que caracterizó sus intervenciones en la Asamblea Legislativa durante la interpelación y, en términos generales, se puede afirmar que no logró aclarar si Orellana Milla tiene algún grado de responsabilidad en los escándalos financieros que se han detectado en los últimos días. Lo que más cuesta visualizar son los intereses que motivan al partido a asumir como grito de lucha la destitución del funcionario, aprovechando la coyuntura de las defraudaciones. Pero en medio de la confusión y la excesiva especulación que han acompañado al escándalo financiero de FINSEPROINSEPRO, una cosa es segura: el FMLN hace pesar sobre los hombros de Orellana Milla uno de los papeles protagónicos en los procesos de implementación y consolidación del modelo que rige la economía nacional; por ello, cualquier golpe que vaya dirigido a afectar su imagen, y por ende la imagen y la confianza en el rumbo actual de la economía, es un riesgo que vale la pena correr. De este modo, los señalamientos de incompetencia que se le hagan al presidente del BCR corren el riesgo de perder su valor ante la duda fundada de que emergen incitados por simple revanchismo político. Por ahora, el FMLN tiene poco tiempo para demostrar que puede mantenerse en pie de guerra frente a sus opositores, y su misión apunta hacia los partidos minoritarios: debe asegurar el apoyo de éstos a la hora de elaborar el informe final para el Presidente de la república.
En general, los diputados deben estar conscientes de que no pueden escapar de las críticas que se hagan a su labor cuando se presenta la oportunidad de demostrar su competencia en la dirección de los destinos del país, y que, en último término, lo que está en juego en estas situaciones es su estabilidad misma y la del instituto político al que representan. Aunque la infalibilidad no es el fin de la gestión política, ello no es excusa para infectarla con la mediocridad y el sin sentido, que tanto lugar ocuparon durante la interpelación del presidente del BCR.
De cualquier manera, el acontecimiento mismo de la interpelación
no debe saciar las expectativas de la población en general,
mucho menos la de aquellos que pretendan darle un seguimiento
más detallado a lo que acontece al rededor de los grupos
de poder en nuestro país. Ya han pasado ante la vista pública
los cuestionamientos básicos que acondicionaban el terreno
para el análisis del problema de las responsabilidades
en torno a los casos de defraudaciones financieras, ahora es urgente
que empiecen a aparecer los resultados que conducirán al
fondo de dicho problema, puesto que en éste no sólo
se ve comprometido el alcance real de la justicia en nuestro país,
sino también con el de la gobernabilidad de El Salvador
desde los distintos órganos que componen el Estado y su
autonomía al momento de corregir y sugerir reformas al
Ejecutivo.
La estructura tributaria en El Salvador se ha caracterizado por descansar esencialmente en impuestos que son, en gran parte, pagados por los sectores de menores ingresos, por lo cual se ha dicho en más de una oportunidad que aquélla posee una carácter regresivo. La introducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA), en 1992, reforzó esta calificación, pues propició que los únicos que tuviesen que pagar impuestos fueran los consumidores, mientras que los empresarios --generalmente con mayores ingresos-- únicamente se limitarían a trasladar el impuesto al Estado.
Teóricamente, el IVA debería ser pagado por todos, ya que todos consumen; por ello se le consideraría un impuesto "neutro". Sin embargo, la realidad es que todos los contribuyentes anotados en el registro del IVA incluyen su consumo dentro de sus créditos fiscales; con lo cual, a final de cuentas, no pagan IVA sobre su consumo. No conformes con esta prebenda, muchos empresarios inclusive habrían estado evadiendo sus obligaciones fiscales, obviando trasladar al Estado el IVA recaudado.
En realidad, la problemática de la evasión de impuestos no es nueva; ha sido señalada en reiteradas ocasiones como uno de los principales impedimentos para cerrar la brecha fiscal. Aunque se desconoce el monto que podría alcanzar, algunas fracciones políticas han llegado a plantear la posibilidad de que una opción al incremento de los impuestos consiste en desarrollar campañas dirigidas a reducir los niveles de evasión fiscal. Esta fue, precisamente, una de las propuestas alternativas al incremento de 30% al IVA que presentó y logró implementar el Ministerio de Hacienda.
Pese a este incremento impositivo, el déficit fiscal no ha podido ser eliminado e, incluso, para 1996, experimentó un fuerte incremento. Es en este contexto que el pasado mes de agosto se conocieron ya los primeros casos en los que se ha procedido penalmente en contra de los evasores de impuestos, especialmente del IVA. Según el Ministro de Hacienda, Manuel Enrique Hinds, estos hechos se enmarcan dentro de una campaña mayor, en la cual se encontraban revisando cerca de 1,828 casos de evasión de impuestos.
De acuerdo a datos del Banco Central de Reserva, hasta el año 1995, las finanzas públicas habían observado una marcada tendencia hacia la reducción del déficit fiscal y hacia la obtención de superávit. Es así que, entre 1991 y 1995, el saldo de las finanzas del gobierno en general, excluyendo donaciones, pasó de un déficit de 419.3 millones de colones a un superávit 545.4 millones de colones. Paradójicamente, sólo un año después, las finanzas públicas arrojaron el más grande déficit de toda la década, el cual totalizó 1,460.3 millones de colones. A esta situación se suma el hecho de que, desde 1996, se habrían registrado importantes disminuciones en la tasa de crecimiento del IVA, originadas en gran parte por la caída de la actividad productiva. Lamentablemente, no es posible confirmar esta dinámica para la actualidad, pues los datos del Banco Central de Reserva han omitido la composición de los ingresos tributarios durante el último año.
Lo que sí es posible afirmar es que, en total, los ingresos tributarios han disminuido marcadamente hasta 1996, cuando crecieron a una tasa de 1.8%; después de que el año anterior ésta fue de 29.9%, en gran parte debido al incremento del IVA desde el 10 al 13 por ciento. El IVA explica en gran medida el comportamiento de los ingresos tributarios, ya que representa más de la mitad de los mismos, y solamente con su introducción, en 1993, los ingresos tributarios crecieron en 30%.
La reciente campaña de encarcelamiento de los evasores responde a un mandato legal que existe desde abril de 1993, es decir, casi desde la introducción del IVA; aunque solamente a partir de este momento es que se ha procedido a ejecutar los procedimientos judiciales. En aquel momento, la Asamblea Legislativa introdujo en el Código Penal la figura del delito fiscal, con lo cual los evasores de impuestos pueden llegar a ser sancionados penalmente. Anteriormente, sólo era posible recuperar por la vía civil los impuestos retenidos de forma indebida, siendo ello, en la práctica, inoperante. Este marco legal ha hecho posible las capturas de representantes de al menos dos empresas industriales o de servicios, mientras que se giraron, y en algunos casos se mantienen, órdenes de captura para representantes de al menos otras 9 empresas de diverso tipo.
Según el Director General de Impuestos Internos, Irving Tóchez, desde junio pasado se inició la ejecución del "Plan Omisos" mediante el cual se detectó que cerca de 1,828 contribuyentes no habían declarado, o no habían pagado el IVA. Una parte de estos regularizaron su situación presentando su declaración o pagando en los casos que así se requería. Sin embargo, para mediados de agosto, se estimaba que cerca de 40 contribuyentes adeudaban un total de 11.1 millones de colones.
Por su parte, el Viceministro de Hacienda, José Luis Trigueros, expresó que como resultado de la campaña citada, y de las capturas, muchos de los deudores han acudido al Ministerio de Hacienda a solicitar información sobre su situación fiscal y a normalizarla. Según el "[los contribuyentes] se están dando cuenta que la retención indebida del IVA es un delito y que está tipificado en la ley". Agregando, además que, estudios realizados por el Ministerio de Hacienda en 1994 estimaron que el nivel de evasión fiscal en el país estaría rondando el 37%.
Si aplicáramos esta proporción al total de los ingresos tributarios de 1996, tendríamos que el Estado ha perdido, por efecto de la evasión, 3,772 millones de colones. Esta cifra es suficiente para cubrir el presupuesto del Ministerio de Educación y de Salud juntos; lo cual implicaría elevar el gasto social hasta niveles superiores al 50% ofrecido por el Presidente Calderón Sol en su Plan de Desarrollo Social. También habría sido más que suficiente para cubrir dos veces el monto del déficit fiscal, e inclusive para obtener superávit.
Hasta 1989, el Estado siempre había mantenido una política tributaria con un claro sesgo en contra de los sectores de menores ingresos; con las reformas económicas liberales implementadas desde entonces el sesgo fue aún más claro. Prueba de ello es la abolición del impuesto al café y otras exportaciones, la abolición del impuesto al patrimonio, la reforma del impuesto sobre la renta y, especialmente, la introducción del IVA, el cual, como se señaló, facilita que los únicos que paguen impuestos sean los consumidores no inscritos en el registro de contribuyentes.
Pese a que la reciente campaña de reducción de la evasión fiscal no es en sí misma una reforma tributaria, es pertinente señalar que ella marca una ruptura con la práctica de cobrar impuestos a los sectores de menores ingresos. Evidentemente, los reclamos por la evasión del pago del IVA afectan a personas con ingresos muy superiores al promedio, y que desarrollan transacciones económicas a gran escala. Esto no significa, empero, que pueda detectarse un cambio en la orientación regresiva de la estructura tributaria, pero cuando menos sugiere que, en el corto plazo que nos separa de las elecciones presidenciales de 1999, no es probable que se registren nuevos incrementos en los impuestos, ya sea de renta o del IVA.
La actual campaña de reducción de la evasión
se interpreta en el estancamiento de los ingresos tributarios
y en el abultado crecimiento del déficit fiscal registrado
en 1996. Prueba de ello es que el delito fiscal existe desde hace
más de 4 años y nunca se había recurrido
a la vía penal para recuperar los impuestos. Considerando
que el déficit fiscal se ha dado en el contexto de un estancamiento
de los gastos sociales, es posible afirmar que, por el momento,
las reformas tributarias aún no muestran efectividad ni
para mantener la estabilidad de las finanzas públicas ni
para financiar el enorme gasto social que debe acompañar
a los programas de liberalización económica.
El fenómeno de la esclavitud se remonta a tiempos muy antiguos. Durante siglos y siglos, la compraventa de esclavos fue un negocio rentable hasta que, en 1850, Inglaterra logró la abolición de la esclavitud a través de 24 tratados con diversos países. De ahí en adelante, el comercio de esclavos fue disminuyendo paulatinamente. En nuestros días, se pensaba que esta práctica se realizaba, únicamente, entre algunas tribus africanas y en algunas regiones de Asia, pero la realidad demuestra lo contrario.
El 18 de junio pasado, aproximadamente 60 sordomudos mexicanos, entre ellos mujeres, hombres y niños, fueron encontrados por la policía en dos apartamentos del distrito de Queens, Estados Unidos. Viviendo en condiciones infrahumanas, eran obligados a trabajar 18 horas o más, vendiendo baratijas en la calle y en los metros de distintas ciudades del país a cambio de un ínfimo salario. Según los vecinos del barrio, durante las noches se escuchaban sonidos y llantos. "Algunos hombres vivían en las escaleras de acceso a la vivienda. Por las mañanas se encontraban vómitos, preservativos usados y botellas vacías", declaró uno de ellos.
La resistencia por parte de los mexicanos explotados era casi imposible; los mantenían subyugados mediante abusos sexuales, golpizas y amenazas de deportación, pues, además de ser muy pobres, eran ilegales en Estados Unidos. Sin embargo, producto de la desesperación, una de las víctimas denunció su situación al Cuartel Policial del distrito de Queens. Así, se inició una investigación sobre el caso y, hasta la fecha, han sido arrestados 17 supuestos implicados en el caso en distintos lugares de la nación. Los que dirigían la banda, José y Renato Paoletti, esperan que se formalice su pedido de extradición. El gobierno estadounidense cuenta con 60 días plazo, a partir del 8 de agosto, para formalizar esta petición. En cuanto a las víctimas, por ahora, se encuentran alojadas en un hotel de la ciudad de Charlotte y en otro de Queens.
Por otra parte, el alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, explicó que los detenidos obligaban a sus víctimas a entregarles el dinero que obtenían en su trabajo. Curiosamente, la red de contrabando de ilegales estaba integrada por sordomudos latinoamericanos, quienes reclutaban a los mexicanos en los hogares y escuelas de su país, y luego los llevaban a Estados Unidos bajo la promesa de "buen trabajo" y vivienda. Los clásicos esquemas de clase alta versus clase baja, blanco versus negro y latino versus norteamericano fueron reemplazados por una relación más brutal: la relación amoesclavo, en la que latinoamericanos eran víctimas y victimarios a la vez.
Todo este escándalo de abyecciones y maltratos no ha pasado desapercibido por la opinión pública de Estados Unidos. Asimismo, existe la posibilidad de que se legalice la permanencia de los sordomudos en este país. Así, la legisladora demócrata de Nueva York, Nidia Velásquez, solicitó al Congreso estadounidense, el 23 de julio, que otorgara la residencia permanente a todos los sordomudos mexicanos para demostrar que "este país tiene compasión". Paradójicamente, desde el 1 de abril de este año, fecha en que entró en vigencia la nueva Ley de Inmigración estadounidense, más de medio millón de latinos y sus familias viven en la incertidumbre debido a la amenaza de expulsión, incluso aquellos que tenían la promesa de legalizar su residencia.
La problemática a la que se enfrentan los hispanos no es sino el resultado de la acumulación de discriminaciones de todo tipo que han tenido que soportar para aspirar a realizar el mitificado "sueño americano". Los inmigrantes que además de ser ilegales padecen de limitaciones físicas -como los sordomudos esclavizados- no sólo son víctimas de personas inescrupulosas, sino que cotidianamente son marginados en los empleos y las escuelas; es por ello que buscan alternativas de sobrevivencia que los vuelven socialmente más vulnerables. Ahora bien, buena parte de la responsabilidad de la situación de los inmigrantes ilegales en Estados Unidos recae sobre quienes trasladan a grupos de personas sin importar si las mismas están en condiciones físicas y mentales aptas para desempeñarse laboralmente, o si los que viajan a Estados Unidos ilegalmente tendrán un lugar mínimamente digno para vivir.
En nuestro país, son bastante conocidas las tarifas de
los "coyotes" o "polleros"; también
son sabidas sus artimañas para convencer a los interesados
en sus servicios de que el viaje a Estados Unidos y la vida al
llegar allá serán muy fáciles. Cualquier
política migratoria que pretenda salvaguardar los intereses
de los latinoamericanos indocumentados en Estados Unidos debe
tomar en cuenta los beneficios que el tráfico de personas
deja a quienes lo realizan, así como lo difícil
que será contrarrestar las actividades de quienes, por
llevarse unos dólares a los bolsillos, no les importa el
destino de quienes ellos consideran mercancía humana.
El 20 por ciento de los adultos que viven en el Area Metropolitana de San Salvador (AMSS) ha sido víctima de un asalto a mano armada en el transcurso de un año, según revela un estudio del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA) de El Salvador. La investigación, realizada entre los meses de noviembre y diciembre de 1996 con un total de 1,269 entrevistas válidas sobre una muestra de 1,600 hogares del Gran Salvador, sugiere, en un estimado, que alrededor de 152, 723 adultos habrían sido asaltados violentamente en el lapso de un año en la zona metropolitana de San Salvador.
La pesquisa es parte del Proyecto ACTIVA (Estudio Multicéntrico
de Actitudes y Normas Culturales frente a la violencia en ciudades
seleccionadas de América y España), el cual ha sido
coordinado y patrocinado por la Organización Panamericana
de la Salud en más de nueve ciudades iberoamericanas y
tiene como propósito analizar las normas sociales y las
conductas en torno a la violencia para diseñar programas
de prevención de la problemática en tales ciudades.
El estudio salvadoreño fue encomendado al IUDOP de la UCA
con el financiamiento de la Unión Europea. En el presente
boletín se muestran algunos de los resultados principales
de dicho estudio.
La violencia delincuencial
El estudio ACTIVA no sólo se centró en las personas que han sido asaltadas a mano armada, sino también en el porcentaje de ciudadanos que han sido víctimas de otros delitos o hechos de violencia. Los resultados revelan que un 21 por ciento de los adultos ha sido víctima de amenazas con tal de obtener dinero (el caso de jóvenes que piden "un peso" en un lugar de circulación pública).
Uno de los datos más reveladores es el que se refiere al porcentaje de personas que han sido amenazadas a muerte en el transcurso de un año. Los datos indican que un 6.3 por ciento de citadinos habría sido víctima de una amenaza a muerte el año pasado; ello significa un estimado de al menos 32 mil personas amenazadas a muerte en el lapso de un año, sólo en el AMSS. Además, un 1.2 por ciento de las personas habría sido secuestrada en el mismo período.
Por otra parte, el 4 por ciento de las personas consultadas habría sido golpeada por otros en un año y un poco más de un 1 por ciento habría sido herida con arma de fuego o arma blanca en el mismo lapso de tiempo. Más aún, el 3.5 por ciento de los entrevistados dijo haber perdido a un pariente cercano a causa de asesinato y un 1.4 por ciento lo perdió por suicidio.
El estudio también abordó la violencia ejercida
por la policía o por alguna autoridad pública: el
3.1 por ciento declaró haber sido maltratado, mientras
que el 1.7 por ciento dijo haber sido extorsionado por un policía
o autoridad pública en el lapso de un año. Uno de
los hallazgos más reveladores del estudio es el que se
refiere al porcentaje de personas que denuncian los delitos de
los cuales han sido víctimas. En cada uno de los hechos,
un porcentaje importante de los ciudadanos se queda sin denunciar
el crimen. Un poco más de la mitad de las víctimas
del asesinato de un pariente o de un secuestro denunció
el hecho a las autoridades; sin embargo, en el resto de los delitos
la tasa de acusación es menor del 50 por ciento. Por ejemplo,
sólo el 28 por ciento denunció los asaltos a mano
armada y cuando se trata de faltas cometidas por policías
o autoridades públicas, las delaciones son aún menores.
Lo anterior quiere decir que, por lo general, una muy pequeña
parte de los delitos son denunciados y, por lo tanto, investigados
y procesados en el AMSS.
La evaluación de las instituciones
Lo anterior está relacionado con la manera en que la población
percibe a las instituciones encargadas de proveer justicia y seguridad.
De acuerdo a los resultados del Estudio ACTIVA, las instituciones
que reciben la evaluación más positiva por su desempeño
en materia de justicia criminal son la Procuraduría para
la Defensa de los Derechos Humanos y la Policía Nacional
Civil (las dos instituciones creadas con los Acuerdos de paz);
ambas fueron calificadas de manera positiva por más de
la tercera parte de la ciudadanía. Sin embargo, otras instituciones
fundamentales para la aplicación de la justicia no recibieron
una evaluación tan favorable: cerca del 50 por ciento calificó
a la Fiscalía General de la República y los tribunales
de justicia como "regulares" en su desempeño
y alrededor del 30 por ciento los evaluó de forma negativa.
Finalmente, el sistema carcelario del país recibió
las opiniones más negativas: dos de cada tres capitalinos
piensan que el sistema penitenciario es malo o muy malo.
La violencia en otros ámbitos
El problema de la violencia en El Salvador no sólo tiene
un carácter estrictamente delincuencial como muchas veces
parece; también se presenta en otros ámbitos de
la vida social donde muchas veces la agresión no es tan
manifiesta. Por ello, el Estudio ACTIVA abordó también
el problema de la violencia en otros ámbitos y cuando es
ejercida por los mismos ciudadanos comunes y corrientes. Por ejemplo,
un poco más del 4 por ciento de los encuestados admitió
haber golpeado a otra persona -no familiar- en el transcurso de
un año; un porcentaje mayor (el 7 por ciento) dijo haber
amenazado a alguien con lastimarlo y cerca de la cuarta parte
de los consultados aceptó haber insultado a otra persona,
al menos una vez, en el transcurso del mismo año.
La violencia en el hogar
En el ámbito del hogar, los datos revelaron la existencia de una proporción significativa de violencia. Cerca de la mitad de los consultados afirmó haber sido insultado por su compañero o compañera de vida, al menos una vez en el lapso del último año, Más aún, un poco más del 6 por ciento recibió bofetadas de parte de su pareja en el mismo lapso de tiempo, Pero quizás uno de los datos que expresan más agudamente el problema de la violencia dentro del hogar lo constituye el porcentaje de personas que admitieron haber sido golpeadas con objetos peligrosos: cerca del 3 por ciento de las personas tuvieron un incidente de violencia en el que fue utilizado algún objeto que "pudo haberlo lastimado".
Los datos de la investigación muestran que la violencia es ejercida en su mayor parte contra las mujeres. Según los resultados del Estudio ACTIVA, ocho de cada cien mujeres declararon haber sido golpeadas o abofeteadas -al menos una vez- por su compañero de vida en el último año. Haciendo una estimación, esto significa que en el AMSS alrededor de 19,404 mujeres habrían sido maltratadas por su pareja en ese lapso de tiempo.
Sin embargo, las víctimas más comunes de la violencia
dentro del hogar son los niños. Buena parte de los menores
del AMSS reciben golpes como una forma de castigo o corrección
de la conducta. Por ejemplo, el 80.5 por ciento de los consultados
afirmó haber sido castigado físicamente cuando era
menor de edad. En la actualidad, de acuerdo al Estudio ACTIVA
realizado por el IUDOP en El Salvador, tres de cada diez personas
(30.6 por ciento) castigaron físicamente, con nalgadas,
a alguno de sus niños en el transcurso de un mes; más
aún, el 13.1 por ciento dijo haber castigado a su niño
utilizando algún instrumento. Los datos revelaron que la
conducta de castigar físicamente a los menores es mas común
entre las personas con menor escolaridad que en ciudadanos con
mayor nivel educativo.
Las actitudes en torno a la violencia
Para entender la violencia, el Estudio ACTIVA estaba dirigido a examinar las normas y actitudes que están alrededor del problema de la violencia en el AMSS. Por ello, se pidió a los consultados que externaran sus opiniones respecto a hechos relacionados con el uso de la violencia. Algunos de los resultados de esta parte se presentan a continuación Cerca del 40 por ciento aprobaría que una persona mate a alguien que le ha violado a una hija, otro porcentaje parecido no lo aprobaría pero entendería esa reacción y un 20.6 por ciento restante no la aprobaría ni la entendería. En otro caso, el 21.6 por ciento aprobaría que una persona dé muerte a otra que mantiene asustada a una comunidad, mientras que el 47.7 por ciento lo entendería y un 30.7 por ciento no lo aprobaría ni entendería. Algo parecido sucedería cuando se trata de "limpiezas sociales": el 15.4 por ciento aprobaría que otra persona matara a "gente indeseable", mientras que un 46.6 por ciento lo entendería y un 38 por ciento estaría en contra.
En otras opiniones, casi el 60 por ciento de los consultados sostuvo
que una persona tiene el derecho de matar para defender a su familia,
el 7 por ciento se mostró indeciso y el 33.8 por ciento
estuvo en desacuerdo con lo anterior. Cuando se trata de la propiedad,
el 42.1 por ciento estuvo de acuerdo con que la persona tiene
el derecho de matar para defenderla, el 5.8 por ciento se abstuvo
de revelar una opinión y el 52 por ciento se mostró
en desacuerdo.
Portación de armas
La existencia de armamento en manos civiles tiene una influencia muy grande en la incidencia de los actos violentos. El Estudio ACTIVA encontró que alrededor del 15 por ciento de los ciudadanos que residen en el AMSS piensa que el tener armas de fuego en casa -o el portar armas- ofrece más seguridad a las personas. Más aún, preguntados directamente si poseían algún arma de fuego, el 7 por ciento respondió que sí. Haciendo un estimado, esto significa que alrededor de 52, 770 personas tendría un arma de fuego en el Gran San Salvador. La razón más frecuente para poseer armas de fuego fue la de protección personal.
Sin embargo, cuando se consultó a los ciudadanos si les gustaría tener un arma de fuego, poco más del 20 por ciento contestó positivamente. Es decir, a una de cada cinco personas le gustaría poseer un arma de fuego. Es probable, por tanto, que buena parte de estas personas busque la forma de armarse Resumiendo lo expuesto acá es un adelanto de los resultados del estudio y constituye sólo una pequeña parte de una gran cantidad de información que será analizada en conjunto con otras ciudades y países para la formulación y evaluación de políticas y programas de prevención de la violencia en la región. Ante todo, el Estudio ACTIVA, coordinado internacionalmente por la OPS y realizado por el IUDOP en El Salvador, constituye el primer esfuerzo por estudiar algunos aspectos relacionados con la violencia en este país centroamericano
Y es que, en el caso salvadoreño, este fenómeno no sólo tiene un carácter delincuencial, sino también refiere a otros ámbitos de la vida social que, por lo general, pasan desapercibidos. Por ello, en esta ocasión, el estudio de la violencia va más allá de la simple contabilización de actos delincuenciales; tiene que ver con un examen de las conductas, normas y actitudes en otros ambientes. El problema de la violencia es también el problema de los niños y las mujeres maltratadas, de la incapacidad de resolver conflictos pacíficamente, de la institucionalidad legal del país, de la portación de armamento y de las normas y actitudes que permiten y promueven el uso de la violencia bajo cualquier circunstancia, entre otras cosas.
Sin embargo, la dimensión del problema en el caso salvadoreño
no permite más dilaciones en la atención del fenómeno,
La problemática de la violencia ya no es sólo un
asunto de justicia y seguridad, es también un problema
de salud pública. Los homicidios -tanto intencionales como
accidentales- constituyen una de las principales causas de muerte
en nuestro país. Eso no sólo tiene que ver con la
delincuencia, tiene que ver con una multiplicidad de factores.
Por ello, el combate de la violencia no sólo pasa por reforma
de las leyes penales, pasa también por cuestiones más
prácticas: por el control en la portación de armas
y en el consumo de alcohol y drogas; por el fortalecimiento de
los aparatos de justicia y seguridad y por la atención
psicosocial de la población afectada por la guerra -algo
que aún no se ha hecho.
Está demás decir que en nuestro país la mayor parte de la gente vive sumida en un ambiente de violencia e inseguridad que -para su desgracia- ha alcanzado niveles absolutamente insoportables. El temor generalizado de las personas a ser asesinadas, asaltadas o lesionadas se palpa, se respira, se siente a diario y con sobrada razón. Eso se refleja en los medios de difusión masiva, a través de los cuales nos damos cuenta de las innumerables víctimas de estos hechos. Pero además de tales recursos, también existen otros más idóneos y confiables para tener un conocimiento objetivo de lo que está sucediendo en el país, en función de buscar soluciones adecuadas. Entre ellos se encuentran los sondeos que realizan contadas instituciones serias y especializadas, a fin de conocer el sentir y pensar de la población.
Al abordar la problemática relacionada con delincuencia, violencia e inseguridad -temas sensibles para quienes presumen con este "proceso salvadoreño"- los resultados de la última encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) han dado bastante de qué hablar. Quizás la atención mayor se haya centrado en lo que para muchas personas resulta ser la conclusión de mayor impacto: que El Salvador es el país más violento de América Latina. Eso ya lo sabíamos desde antes: lo dijo el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Lo que vuelve más interesante la investigación realizada por el IUDOP son otros datos puntuales que de ella se desprenden.
Los resultados detallados de ese estudio realizado en el área metropolitana de San Salvador, durante los meses de noviembre y diciembre de 1996, no los vamos a presentar en este espacio. Al IDHUCA le corresponde reflexionar sobre ellos desde su especificidad, dentro de la cual ocupa un lugar muy importante el análisis de las instituciones nacionales encargadas de promover el respeto a los derechos humanos y garantizar justicia cuando éstos han sido violados.
Al ser interrogada desde esa perspectiva, la población consultada por el IUDOP le otorgó el primer sitio a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH); en el segundo lugar colocó a la Policía Nacional Civil (PNC). En cambio, la evaluación no resultó tan buena para las dependencias del Órgano Judicial -incluido el sistema penitenciario- y la Fiscalía General de la República; el desempeño de las mismas tendió más a ser calificado como "regular" y "negativo".
Esta última percepción de la gente guarda una estrecha relación con un importante hecho colectivo: en un elevado número, las personas no denuncian los actos de violencia que les afectan. ¿Por qué será? Pues, lógicamente, porque las personas "comunes y corrientes" -a partir de su propia experiencia o de otras que conocen- no confían en las autoridades encargadas de investigar los delitos y sancionar a sus responsables. Eso, en palabras más claras y directas, debe entenderse como el predominio de una situación en la cual resultan favorecidas la impunidad o el ejercicio de formas de "justicia privada".
Ante este panorama y al igual que en ocasiones anteriores, altos funcionarios encargados de velar por la tranquilidad y la convivencia social armónica en el territorio nacional -entre ellos el ministro de seguridad pública, Hugo Barrera, y hasta el presidente Armando Calderón Sol- rechazaron enfáticamente la información vertida por el IUDOP, argumentando que es una "exageración" y que no debemos ser comparados con otros países.
También el recién estrenado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Tenorio, se pronunció en uno de los eventos realizados en la UCA dentro de la "III Jornada por la vida, la justicia y los derechos humanos". Al respecto, dijo que él también se sentía personalmente inseguro pero que, pese a ello, no estaba de acuerdo con los resultados del estudio mencionado pues en El Salvador "las estadísticas son malas". Ricardo Navarro, del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), al escuchar tal afirmación comentó irónicamente que para nuestra suerte eran "malas" las estadísticas, pues de ser "buenas" sus resultados revelarían una situación mucho más alarmante.
Por encima de esas posturas oficiales, para nuestra reflexión lo que más interesa es la actitud que la gente adopta ahora frente la problemática. Llena de temor y desconfianza, de frustración y desencanto, la mayoría de las personas en el país -como lo revela el estudio del IUDOP- no utiliza una institucionalidad que fue creada o renovada después de largos años de sufrimiento e ilusión: sufrimiento por la violencia política y la guerra; ilusión por la negociación y los compromisos establecidos en los acuerdos de paz.
Y esa actitud popular no es fortuita; tiene suficiente fundamento. La confianza que deposita en la PDDH resulta confirmada plenamente por el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su último informe sobre el caso salvadoreño, dentro del cual -entre otras cosas- se hace una evaluación de nuestro muy especial "proceso de paz", en cumplimiento de la resolución 51/199 dictada por la Asamblea General del organismo el 17 de diciembre de 1996.
En el numeral 18 de su documento, publicado el 1 de julio, el señor Kofi Annan sostiene que: "Tras un comienzo algo vacilante, se estableció la Oficina de la Procuraduría Nacional (sic) para la Defensa de los Derechos Humanos... Con el correr del tiempo,... ha obtenido un alto nivel de reconocimiento público. Particularmente durante el mandato de su actual titular, ha hecho valientes esfuerzos para cumplir su mandato de supervisar la actuación del Estado y contrarrestar los posibles abusos de poder, a pesar de los obstáculos con que ha tropezado a causa de la falta de voluntad política de algunos funcionarios gubernamentales para responder adecuadamente a sus resoluciones y recomendaciones".
En ese marco, el secretario general de la ONU se refiere de manera particular al recorte presupuestario mediante el cual se ha castigado desde el Órgano Ejecutivo la actuación de la señora procuradora para la defensa de los derechos humanos, Victoria Marina Velásquez de Avilés. Eso sucede mientras las organizaciones sociales y la población dentro del país, junto a muchas y prestigiadas instituciones internacionales, reconocen y premian su meritoria labor.
Sin "pelos en la lengua", el señor Anann dice: "es de lamentar que la futura consolidación de la Oficina de la Procuraduría Nacional (sic) para la Defensa de los Derechos Humanos, institución indispensable para el fortalecimiento democrático del Estado y de la sociedad, pueda verse en peligro por el hecho de que su presupuesto para el año actual disminuyera considerablemente en lugar de aumentar, como lo había recomendado mi predecesor". Seguramente con esa misma claridad, de haber escuchado los rumores bastante sólidos sobre una nueva reducción presupuestaria para 1998, los cuales empezaron a circular después de la publicación de su informe, el máximo funcionario de la ONU habría incluido su reclamo y un llamado de atención mucho más severo que el anterior.
De los aciertos y errores de la PNC, es bastante lo que hemos comentado en este espacio no sólo durante los últimos meses sino desde su nacimiento. Por eso no nos detendremos mucho en ella y sólo vamos a citar parte del juicio externado por el secretario general. En él se advierten las "luces" y "sombras" que actualmente existen en el cuerpo y que están siendo percibidas por la población; con ese juicio también se explica, en parte, la razón que anima al público consultado para ubicarla en el segundo sitio de la encuesta, cuando el IUDOP evalúa "las instituciones relacionadas con la justicia y la seguridad pública".
Dice el señor Anann: "A cinco años del comienzo de esta profunda reforma de las estructuras de seguridad pública del país, es evidente que se ha producido una transformación. La Policía Nacional Civil representa un cambio cualitativo de la estructura institucional del país sin precedentes en su historia... Sin embargo, aunque la Policía Nacional Civil es un órgano de seguridad pública profesional con posibilidades de ejecutar políticas de seguridad pública modernas y democráticas, el modelo establecido por los acuerdos de paz no se ha consolidado sin que se produjeran distorsiones".
En otro campo, tras mencionar las reformas que debían introducirse en las leyes y las instituciones encargadas de impartir justicia, como resultado de los acuerdos de paz, el secretario general de la ONU ofrece en su informe una larga y preocupante lista. En ella se incluyen muchas de las deficiencias que aún nos impiden estar satisfechos en este importante rubro y que -por lógica- no ayudan a elevar los niveles de confianza entre la población ni la animan a denunciar los delitos de los cuales son víctimas.
Cuando menciona los "considerables progresos alcanzados" en esta materia, el señor Anann sólo puede brindar un ejemplo: la elección de la Corte Suprema de Justicia en 1994. Lo anterior es desalentador, al observar lo que sigue: ineficacia de la justicia constitucional, lentitud de la justicia penal, situación de las y los reclusos que esperan sentencia, infrahumanas condiciones carcelarias, concentración de funciones administrativas en la Corte, inexistencia real de una carrera judicial capaz de fortalecer y estimular a sus miembros, resistencia de otros sectores gubernamentales para respetar las decisiones judiciales...
"Además de estas dificultades -sostiene Anann- la mayor deficiencia de esta esfera es la ineficacia del proceso de depuración de jueces y funcionarios deshonestos, incompetentes o poco motivados. La Corte Suprema de Justicia y el Consejo Nacional de la Judicatura han evaluado a los jueces de una manera y a un ritmo que no han sido suficientes, habida cuenta de la gravedad de la situación. El que no se hayan hecho mayores progresos al respecto impide cumplir con una condición indispensable para estructurar un sistema que, aunado a una policía eficaz, sea capaz de eliminar la impunidad y garantizar la justicia".
Solamente con lo anterior, el juicio resulta categórico y preocupante; más contundente y grave sería, si el secretario general de la ONU -antes de elaborar el documento que nos ocupa-hubiese recibido información sobre la "calidad" de al menos uno de los magistrados que acaban de ingresar al máximo tribunal y de la manera cómo llegó a ocupar el cargo.
Sumadas pues la encuesta del IUDOP y la evaluación del señor Anann, junto a los datos proporcionados por el BID y la OPS en relación a lo que está sucediendo en El Salvador, las y los funcionarios gubernamentales -lejos de adoptar posiciones de rechazo- deberían aprovechar tales herramientas serias y profesionales para revisar lo actuado y diseñar políticas adecuadas, a fin de encontrar solución a los problemas. No obstante la cita del presidente de la corte que incluimos anteriormente, hay que considerar lo que en otro momento dijo: "aceptada la enfermedad, podemos pasar al ensayo de ideas que pueden traducirse en una terapia eficaz".
Esa es una gran verdad que debe convertirse en hechos concretos,
pues el primer paso para comenzar a salir de esta grave y compleja
problemática es conocer y reconocer que en materia de seguridad
pública, justicia y respeto a los derechos humanos estamos
bastante mal; que esa es la realidad que salta a la vista y que
la inmensa mayoría de población la está viviendo
y sufriendo en carne propia. Incluso, hasta familiares de algunas
altas autoridades gubernamentales han sido víctimas de
este flagelo. Entonces, ¿por qué no se acepta de una
vez por todas esta situación y se proponen las medidas
más acertadas para enfrentarla y reducirla? ¿por qué
esa insistencia en vender al exterior una imagen falsa de nuestro
país, cuando día a día nos golpea en el rostro
un clima generalizado de violencia, inseguridad y temor?
PARO DE HOSPITALES. Los trabajadores del Ministerio de Salud Pública
y Asistencia Social iniciaron el 01.09 un paro general a nivel
nacional como medida de presión ante la falta de acuerdos
con el titular del ramo Dr. Eduardo Interiano. Una vocera de la
Asociación Nacional de Trabajadores del Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social, ANTMSPAS, informó que
el paro es de "carácter indefinido y es efectivo en
varias cabeceras y ciudades del país". Los miembros
del sindicato exigen la solución a once puntos entre los
que se encuentran: supresión de altas coutas "voluntarias"
exigidas en los hospitales nacionales; eliminación de las
tarifas por operaciones, cumplimiento al Decreto 831 referente
a la Ley de Escalafón; aumento general para todos los empleados
públicos; derogatoria del decreto 927 referente a la Ley
de Privatización de los Fondos de Pensiones; cese a los
traslados arbitrarios; y la destitución del Director General
de Salud, Dr. Enrique Angulo; Directora del hospital Rosales,
Dra. Mabel Fisher; Director del hospital de Sensuntepeque,
Dr. Herbert Ayala; Directora del hospital de Chalatenango,
Dra. Mirna Gavidia y Directora del hospital de Suchitoto, Dra.
Angela Varolina Pagoda; entre otros. Mientras tanto, el Ministro
de Salud, Dr. Eduardo Interiano, calificó a los huelguistas
de irresponsables por estar poniendo en peligro la vida de los
pacientes, advirtiendo que se les descontaría el tiempo
que han dejado de laborar (EM 01.09 P.2, LPG 02.09 p.6, DH 02.09
p.8).
EJERCEN PRESION. Mas de un centenar de afectados por la millonaria
estafa de la Financiera INSEPRO realizaron el 02 una "sentada"
frente a la Residencia Presidencial, a fin de ejercer presión
al gobierno para que no "evada su responsabilidad" en
el caso. "No vamos a parar de presionar y esto podría
llegar hasta las elecciones presidenciales" aseguró
Oscar Bonilla, uno de los representantes de los afectados. Luego
de una reunión el 01 con el superintendente del Sistema
Financiero, Francisco Bertrand Galindo, la comisión
de representantes convocó a todos los afectados para plantearles
que la situación "se está complicando"
y ante ello el gobierno presenta una "actitud evasiva".
Según los afectados, el Estado ha embargado hasta el momento
bienes que suman alrededor de 220 millones de colones, mientras
que la deuda de INSEPRO supera los 600 millones; por lo que reclaman
un decreto de creación de un fondo especial mediante el
cual se obtendría liquidez para comenzar a pagar a partir
de los bienes embargados. "El gobierno da la impresión
pública de querer resolver el problema pero en la práctica
no contribuye", declaró Bonilla; "nos habían
pedido en una reunión con Roberto Orellana Milla que se
bajara la presión, pero hoy que está fuera de peligro
el gobierno dice tranquilamente que no tiene responsabilidad",
dijo otra afectada (LPG 03.09 p.4).
