Año 18
número 773
septiembre 10
1997
ISSB 0259-9864
Editorial ARENA pierde otra batalla
Política ARENA se prepara para elegir un nuevo COENA
Política Rodríguez Loucel pone en aprietos a Orellana Milla
Sociedad Negociación y diálogo en la administración de Héctor Silva
Sociedad La princesa Diana y la Madre Teresa en los medios de comunicación
Derechos Humanos Ataques al sistema interamericano y a los DD.HH.
Documento Declaración de Nicaragua
ARENA daba por descontado que el FMLN no tenía los votos necesarios para recomendar la destitución del presidente del Banco Central de Reserva. Las prolijas y largas explicaciones sobre su actuación habrían dividido a la oposición. Si bien antes de la interpelación, ésta pedía unánimemente la cabeza del Ing. Orellana; después de ésta, la mayoría se conformaba con revisar y actualizar la legislación financiera. Cuando el peligro parecía superado y la imagen del Ing. Orellana adquiría proporciones desconocidas en virtud del trabajo de los medios de comunicación social, las declaraciones del ex superintendente del sistema financiero ante la comisión especial de la Asamblea Legislativa que investiga el escándalo echaron por tierra el triunfo ya casi seguro de ARENA y su gobierno. La oposición volvió a su postura original y recomendó al Presidente Calderón Sol destituir al presidente del Banco Central de Reserva.
En sus declaraciones, el ex superintendente demostró, entre otras cosas, que el presidente del Banco Central de Reserva sabía desde hacía varios meses lo que estaba sucediendo en las financieras, así como también conocían del problema el Presidente Calderón, su hermano, su ministro de asuntos exteriores y el fiscal general, pues fue discutido en varias reuniones. Más aún, reveló la existencia de reuniones de estos altos funcionarios con Mathies Regalado, quien habría prometido poner sus negocios en orden. El presidente del Banco Central de Reserva acepta la existencia de tales reuniones, pero alega que en ellas no se discutieron todos los problemas financieros que enfrentaban los negocios de la familia Mathies. El Presidente Calderón Sol, en cambio, visiblemente incómodo, no reconoce que tales reuniones hayan tenido lugar. Al rehusar dar cuenta de ellas, reniega de la transparencia con la que alega gobernar. Pero otros aseguran que a Mathies le dieron una oportunidad en Casa Presidencial para arreglar sus asuntos. Si esto fuera cierto, no debiera extrañar, pues así es como se manejan estos asuntos en el país. Se trataba de un reconocido empresario, miembro de una familia oligárquica y alto dirigente de ARENA. En este caso, sin embargo, las cosas no salieron bien.
Esto era lo que la oposición legislativa necesitaba para acusar al Ing. Orellana de negligencia grave e inexcusable, en el caso de las defraudaciones millonarias, pues habría evadido sus responsabilidades, alegando que la ley no le permite vigilar y controlar bancos y financieras, y de haber mentido al pleno sobre la fecha en que supo del escándalo financiero. A esto se agregó una tercera acusación de otra índole, pero que recoge el profundo malestar de muchos sectores por la dirección dada a la economía nacional. En efecto, se le acusa también de incumplimiento de funciones en el ejercicio de su cargo por haber permitido la concentración de utilidades y depósitos en porcentajes muy elevados en unos pocos bancos del sistema, arguyendo que tal concentración es resultado de las fuerzas del mercado.
Las revelaciones resultaron devastadoras para ARENA y lo que ya daba por seguro, se le desvaneció en el aire en un instante. La reacción furibunda del partido de gobierno revela lo devastadora que ha sido su derrota política. Los especialistas de la conspiración se lamentan por haber sido víctimas de una muy bien dirigida. Los que ante los señalamientos públicos se defienden exigiendo pruebas se quedaron sin palabra cuando se las presentaron. Ironías de la vida. Hasta ahora, la argucia les había funcionado con bastante éxito. Presentadas las pruebas que siempre reclaman, ahora están sin palabra. Arrinconados, se defienden diciendo que la oposición estaba prejuiciada, lo cual es cierto, al menos por lo que toca al FMLN; pero también hay que reconocer que el Ing. Orellana convenció a la mayor parte de la oposición, tanto que ésta se disponía a pronunciarse en contra de su destitución. Todo iba bien hasta que aparecieron hechos no conocidos que dejaron sin fundamento su argumentación.
El Presidente Calderón Sol no está obligado a aceptar la recomendación de la Asamblea Legislativa y puede retener al Ing. Orellana en la presidencia del Banco Central de Reserva, pero pagando un costo político altísimo que, sin duda, influirá en los alineamientos electorales que están a la vista. No hay que olvidar que además de juzgar las actuaciones del Ing. Orellana en los casos de defraudación millonaria también se juzgó su responsabilidad en la dirección de la economía nacional y el veredicto es condenatorio. En este sentido, la interpelación es mucho más política de lo que el gobierno y ARENA están dispuestos a conceder. El balance provisional es cada vez más desfavorable para ARENA, que por primera vez experimenta la fuerza de la oposición y la sociedad en la conducción del país. Se le está pidiendo cuentas de una gestión gubernamental que la mayoría desaprueba. Su gran problema consiste en que no tiene respuestas convincentes.
Es claro que cambiar al actual presidente del Banco Central de
Reserva no evitará nuevos fraudes financieros ni llenará
los vacíos en la supervisión y control de las operaciones
financieras. Pero es indispensable que a un funcionario tan importante
como el presidente del Banco Central de Reserva se le pidan cuentas
de su gestión y asuma sus responsabilidades técnicas
y políticas. El que haya actuado bien en el área
de la política monetaria no lo exime de otras responsabilidades
igualmente importantes. Ahora bien, además de pedir cuentas
al Ing. Orellana, hay que revisar con cautela la legislación
relacionada con las actividades bancarias y financieras, llenando
vacíos y extremando los controles; esta puesta al día
de la legislación debe ir acompañada del reforzamiento
institucional encargado de vigilar y controlar eficazmente dichas
operaciones. Todos, tanto los ciudadanos objeto de esta supervisión
como los funcionarios encargados de llevarla a cabo, deben ser
plenamente conscientes de que son responsables de sus actos, de
los cuales deben dar cuentas ante la ley y la sociedad.
Desde el momento de su fundación, el partido ARENA se presentó, ante los sectores que dominaban la economía del país, como la mejor opción para conducir al Estado. El éxito del proyecto político que representaba estaba asegurado por la presencia de un enemigo que combatir: el "comunismo internacional". Finalizado el conflicto armado, el partido tuvo la confianza suficiente como para desarrollar sus estrategias políticas y económicas, amparándose en una visión triunfalista de sí mismo, según la cual sólo una fuerza política como la aglutinada en ARENA habría sido capaz de negociar la paz sin arriesgar los intereses nacionales.
Pero desde inicios de 1996, a partir de los señalamientos de corrupción que recayeron sobre algunos alcaldes areneros del interior del país, y con el aparecimiento de las "ovejas negras" --miembros inconformes con la estructuración del COENA que con sus manifestaciones de descontento evidenciaron la existencia de pugnas al interior del partido -- la inquebrantable unidad que caracterizaba y distinguía a ARENA empezó a ser fuertemente cuestionada. Actualmente, esta crisis ha sido alimentada con el destape de los escándalos financieros, con la destitución del superintendente del sistema financiero y con las renuncias de los miembros del gabinete político; todo ello da sustento a las sospechas de que las prácticas de corrupción en los distintos organismos del gobierno no han disminuido y que las mismas son fácilmente comparables a las que caracterizaron a la Democracia Cristiana en los 80. Finalmente, con la derogación de la Ley de Privatización de ANTEL, la interpelación del Presidente del BCR y la recomendación de su destitución, aprobada por la mayoría de las fracciones de la Asamblea Legislativa, la imagen de un partido que tiende poco a poco a quedarse solo en medio de la marea política se ha acentuado.
En medio de este tempestuoso contexto, ARENA se dispone a realizar,
el próximo 21 de septiembre, la convención general
en la que se elegirán a los miembros del COENA para el
período 1997-1998, encarando retos que nunca antes tuvo
que enfrentar: recuperar la confianza de los salvadoreños
en el partido y en el gobierno de Calderón Sol, y plantar
en tierra firme la imagen de la "alianza" de poderes
que logró darle al país la paz y la democracia que
tanto deseaba. La lectura que se haga de los posibles movimientos
en el comité ejecutivo, así como la evaluación
de los retos y las dificultades del partido luego de las elecciones
del pasado mes de marzo, se convierten en puntos medulares para
visualizar la tendencia del partido de cara a los comicios presidenciales
de 1999, por lo que nos parece necesario presentar algunas reflexiones
sobre estos factores.
Una convención en terreno neutral
El hecho de que esta convención se desarrolle en un momento en que no hay elecciones inmediatas le imprime un rasgo distintivo que no puede ser ignorado. Por un lado, la nueva estructura del COENA tendrá que sanear todas las impurezas que afectan a la imagen del partido sin recurrir a la descontextualización de sus logros mediante las campañas publicitarias. Por otra parte, ARENA asegurará ante la población una imagen de estabilidad únicamente en la medida en que la labor de los políticos que integran el partido superen sus rencillas y ambiciones personales. El primer paso que el partido debe dar para ganar apoyo popular, es el de superar la sumisión hacia intereses sectarios, que tanto han minado su estabilidad interna, y aquí es donde se halla su doloroso talón de Aquiles. Si no consiguen erradicar estos conflictos internos, su calidad de alianza no durará mucho, ni las respuestas que den los políticos del partido a las exigencias y necesidades de la población serán las más adecuadas.
A pesar de esto, el gobierno de la república ha iniciado
una nueva campaña que incluye el logotipo de la presidencia
en todos los anuncios publicitarios de los distintos organismos
del Estado. Un tipo de propaganda indirecta para el partido de
gobierno parece ser un auxilio difícil de evadir dada la
coyuntura que vivimos. En todo caso, es un reto para el actual
COENA organizar al partido de tal manera que presente la menor
cantidad de conflictos que entorpezcan el trabajo previo a las
próximas elecciones.
Los partidos "satélites" y las disidencias
Otra piedra en el zapato han sido los "traspasos" de algunas figuras del partido hacia el PCN, con los cuales se sacaron a la luz pública los conflictos de intereses que existían al interior de dicho instituto político. Aunque muchos opinan que la inconformidad de fondo en los disidentes era de carácter personal, el hecho de que haya una cúpula cerrada en la dirigencia del partido que limita los espacios de participación de algunos de sus miembros, y en mayor medida la de las bases mismas, ya representa un obstáculo para su estabilidad interna.
Las relaciones que tenía ARENA con el PCN han sufrido cierta transformación desde que Sigifredo Ochoa Pérez hizo su ingreso. Y aunque, en el fondo, no se observe una total independencia del PCN de las disposiciones de ARENA, el PCN, con su última disposición de apoyar la recomendación para destituir al presidente del BCR, ha hecho más oscuro el panorama para ARENA. Mantener la unidad del bloque de partidos de derecha en la Asamblea debe ser una de las principales metas a alcanzar por el nuevo comité ejecutivo, por lo que la posición que alcance Ochoa Pérez en el PCN debe ser seguida de cerca. Los disidentes areneros buscaban un lugar en el que pudieran ser escuchados, pero el poder para hacer valederas sus reinvindicaciones radica en la postura que tomen frente a las disposiciones del partido de gobierno. Ese es un punto en su contra, pero para el bloque de oposición -del que abría que excluir por razones obvias al PDC- esto representa una ventaja que debe ser aprovechada.
El PCN es, en estos momentos, como un péndulo cuyo peso
afecta la balanza de poderes en la Asamblea, situación
que nunca antes -entre los años 1979 y 1997-- había
tenido y que lo convierte en foco de interés a la hora
de evaluar los avances o retrocesos de ARENA.
Las caras nuevas frente a los compromisos nacionales
Una de las estrategias de las que se han valido algunos políticos areneros para desvanecer las versiones públicas con respecto a su inestabilidad, ha sido el discurso de la necesidad de renovar cuadros para introducir nuevas ideas que permitan responder mejor a las necesidades de la nación. La reciente incorporación del empresario Roberto Murray Meza y los rumores del regreso de Cristiani a la competencia presidencial, ponen de manifiesto esa necesidad de renovación. Pero hay que tomar en cuenta que la reputación de este último puede colaborar muy poco a que la imagen del partido se fortalezca, luego de los señalamientos que le hiciera el ahora diputado Kirio Waldo Salgado en relación a supuestas irregularidades durante su período de gobierno. Traer de nuevo al "presidente de la paz" para recuperar la confianza perdida es una arma de doble filo, que bien puede tanto favorecer a ARENA como perjudicarlo, dado que la Asamblea puede convertirse en un obstáculo muy difícil de evadir. Lo que se perseguiría con esta maniobra es recuperar el apoyo de los votantes que -según los resultados de las elecciones de marzo pasado- decidieron castigar al partido negándole el voto; sin embargo, la presencia de un bloque opositor numeroso y, por qué no decirlo, significativo, en el órgano legislativo, hace presumir que el éxito de la empresa será reducido.
La llegada al partido de "rostros jóvenes" que contrarresten la idea de un partido inmóvil en términos de dirigencia partidaria, tampoco es una muestra de estabilidad y madurez política. Pareciera ser que la decisión de incorporar elementos jóvenes a las filas del partido pretende salvaguardar los principios inamovibles que lo definen, de manera que es importante que el "muchachito" que desee ingresar maneje a la perfección el discurso autoritario e inflexible de los miembros "mayores". Suvillaga, Flores López y Araujo comprueban esta idea, y de ellos nadie espera una iniciativa para hacer que el partido mejore su imagen frente a la población; por el contrario, se han convertido en defensores furibundos de la causa nacionalista más conservadora.
De esta manera, la única opción que le quedaría
al partido ARENA para presentarse como una opción aceptable
ante la población, es adoptar un compromiso más
apegado a los intereses de la nación y menos dominado por
pequeños grupos de poder que acorralan cada vez más
al proyecto político republicano-nacionalista en la esquina
de la desesperación y el desgaste. Solamente si es capaz
de presentarse ante el pueblo como un instrumento para la satisfacción
de sus necesidades, si logra ser el camino para que las demandas
de las mayorías de nuestro país se escuchen en el
Salón Azul y en Casa Presidencial, y si comienza a abrir
espacios de participación real para los miembros que lo
componen, ARENA logrará espantar los fantasmas que le han
hecho perder tanto peso en la dirección política
de la nación.
En el momento que se hizo público el caso de defraudación financiera en FINSEPRO e INSEPRO, aún no se conocían en su verdadera dimensión las implicaciones del mismo. Además de ser el más escandaloso y cuantioso caso de fraude en la historia del sistema financiero, éste también ha traído a colación la posible manipulación de información y evidencias por parte de importantes personeros de gobierno, entre los cuales se incluyen el Presidente de la República, Armando Calderón Sol; el Canciller General de la República, Ramón González Giner; el Presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Roberto Orellana Milla y el ex Superintendente del Sistema Financiero, Rafael Rodríguez Loucel.
La interpelación del Presidente del BCR por parte de la Asamblea Legislativa, la comparecencia del ex Superintendente Rodríguez Loucel ante diputados de la Asamblea Legislativa y la posterior recomendación, aprobada por el pleno de ésta, de destituir a Orellana Milla son algunos de los elementos más relevantes ocurridos durante la última semana alrededor del caso FINSEPRO e INSEPRO.
Volviendo a las implicaciones del fraude, éstas alcanzarían, además de al Gobierno y los depositantes, a otros miembros del sector empresarial salvadoreño, y ello porque buena parte de la fortuna estafada habría sido invertida en una diversidad de empresas de diferentes ramas económicas. Así, el caso FINSEPRO-INSEPRO revela al menos dos características importantes de la coyuntura económica: primero, que la política económica puede llegar a depender en gran medida del tráfico de influencias y, segundo, que existen condiciones muy favorables para profundizar la concentración económica, con el beneplácito de las autoridades económicas.
Las últimas declaraciones del ex Superintendente Rodríguez Loucel fueron el principal catalizador para que el pleno de la Asamblea Legislativa aprobara la propuesta de recomendar al Presidente Calderón Sol de destituir al Presidente del BCR. Antes de ello, este funcionario parecía contar con los votos para un dictamen legislativo favorable para su permanencia en el cargo. Aun las principales gremiales empresariales llegaron a pronunciarse en contra de la destitución del funcionario.
Inmediatamente después de la interpelación a Orellana Milla, la única fracción legislativa que se pronunciaba abiertamente en favor de su destitución era la perteneciente al FMLN. Por su parte, el partido oficial, ARENA, mantenía su postura de apoyo a aquél. La decisión final dependía, fundamentalmente, de la postura de partidos minoritarios como el PCN y el PDC, los cuales, en un primer momento, parecían más inclinados a favor de la no destitución del Presidente del BCR.
En este mismo contexto, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA) expresaron su oposición a la destitución del mencionado funcionario, pues consideraban que éste no sólo había defendido técnicamente su postura, sino que él era el artífice de la actual situación de estabilidad macroeconómica del país. De acuerdo a estas posturas, se debería evitar politizar el caso en beneficio de la estabilidad del país.
Vale la pena detenerse aquí para señalar que esta postura, pese a pretender ser un llamado a la no politización de la interpelación de Orellana Milla, en realidad sugiere que las hipótesis acerca de la vinculación orgánica entre el partido ARENA y la mayoría del sector empresarial del país son verdaderas. Pretender atribuir al Presidente del BCR el "mérito" de la situación económica del país es un argumento especioso e ideologizado, cuya única intención es vender una imagen de bonanza económica en momentos críticos para el partido de gobierno. La estabilidad económica del país proviene, fundamentalmente, del flujo de remesas familiares; son éstas las que permiten acumular reservas internacionales netas --pese a enfrentar constantes déficits en la balanza comercial--, mantener estable el tipo de cambio, estabilizar los precios internos e incrementar el consumo y la producción.
Sorprendentemente, después de las declaraciones vertidas por el ex Superintendente Rodríguez Loucel ante la Comisión Especial Investigadora de Actividades Financieras, la situación del Presidente del BCR cambió drásticamente. Al siguiente día, la mayoría de los diputados de la Asamblea aprobó recomendar al Presidente Calderón Sol su destitución. Según las declaraciones del ex Superintendente, desde el mes de enero pasado hasta el 15 de mayo último, él habría sostenido reuniones con diferentes personeros del gobierno --incluidos los presidentes de la república y del BCR-- en las que se habría tratado la situación de FINSEPRO e INSEPRO en por lo menos 10 ocasiones. Esto resultó especialmente grave para el Presidente del BCR, pues este afirmó, ante el pleno de la Asamblea Legislativa, haber conocido de las irregularidades en el caso INSEPRO apenas hacia el mes de junio pasado.
Además de estas incriminadoras reuniones, el ex Superintendente afirmó que un día antes de reunirse con los directivos de FINSEPRO, el Presidente de la República se reunió también con el Canciller de la República, Ramón González Giner, cuya esposa es una de la principales defraudadas por los directivos de FINSEPRO-INSEPRO. Al día siguiente, el día 14 de junio, el ex Superintendente afirmó que, en presencia del Presidente Calderón Sol, se requirió a Roberto Mathies Regalado y a su hijo, Roberto Mathies Hill, --ambos implicados en la estafa contra la esposa de González Giner-- cubrir, en un plazo no determinado, un capital de cerca de 100 millones de colones que se creía era el monto de captación ilegal en INSEPRO.
Después de la presentación de estos datos, resulta claro que alrededor del caso de FINSEPRO e INSEPRO no se encuentra solamente la obra de empresarios estafadores, sino también se perciben implicaciones más profundas con el sector político y con otros miembros del sector empresarial. Por una parte, las reuniones sostenidas por el Presidente de la República con uno de los ofendidos por los directivos de FINSEPRO --el Canciller González Giner-- y los encargados de velar por la estabilidad y transparencia del sistema financiero, sugieren que en realidad lo que se quería no era actuar en contra de los estafadores --que anteriormente fueron grandes contribuyentes para la causa de ARENA--, sino proponerles una salida que no los desprestigiara o los llevara ante la justicia. Recuérdese que Roberto Mathies Hill se desempeñaba como Presidente del Sector Empresarial de ARENA hasta antes de su captura por defraudación de la economía pública.
De este modo, lo que se pretendía era presionar a estos "empresarios" para que saldaran su deuda con la esposa del Canciller de la República, aprovechando la comprometida situación que enfrentaban con el caso FINSEPRO-INSEPRO. Obviamente, ello implicaba un claro tráfico de influencias, tanto por pretender favorecer a los implicados dándoles tiempo para resolver su situación financiera, como por pretender, al mismo tiempo, presionarlos para saldar cuentas con otro alto funcionario del gobierno.
Adicionalmente, de acuerdo a versiones de Mario Galdámez, otro de los implicados en la millonaria estafa, los directivos de FINSEPRO e INSEPRO habrían logrado colocar lo estafado en 27 empresas relacionadas con la agricultura, construcción, comercio, servicios, industrias y el sector financiero; es decir, en casi todas las ramas más importantes de la economía salvadoreña.
En fin, es sólo una parte del sector empresarial el más
favorecido por la actual coyuntura debido a las grandes oportunidades
de acumulación que ofrece el sector financiero, incluso
para realizar defraudaciones millonarias.
En la actualidad, diálogo, concertación y apertura hacia las necesidades de la ciudadanía se han vuelto palabras de uso diario en el vocabulario de la mayoría de los políticos salvadoreños. Tal vez la muestra más evidente de ello se encuentra en la variación del discurso de los miembros del partido ARENA: de elocuciones en las que se hacía gala de hermetismo, prepotencia y absoluto desprecio a las opiniones de cualquier adversario -fuera este real o un mero producto de las ficciones justificativas emanadas del gobierno--, se ha pasado a otras -algunas de ellas, no todas, por supuesto-- en las que pretenden imperar el acercamiento e interés en las posturas contrarias.
La razón de esta variación es obvia: la nueva distribución de fuerzas en la balanza del poder político como resultado de los comicios de marzo de este año. En primer lugar, cualquier grupo o actor que se negara a negociar o dialogar con las otras fuerzas del país terminaría al final marginado de la toma de decisiones, puesto que, actualmente, ninguna de las fracciones políticas cuenta con el poder suficiente como para llevar a cabo sus iniciativas sin el apoyo de algunas de las demás. Un ejemplo claro de esto fue el repentino viraje en la posición del FMLN frente al proceso de privatización de ANTEL. Enclavado empecinadamente en su postura de modernizar la telefónica en lugar de ofrecerla a la inversión extranjera y nacional, el FMLN empezó poco a poco a perder protagonismo en el debate, corriendo el riesgo de quedar totalmente excluido en la planificación sobre el futuro de ANTEL. Ante ello, se optó por lo más atinado políticamente: ceder en su postura y formar parte en el diseño de la modalidad de venta de la autónoma.
En segundo lugar, y al margen de las dinámicas propiamente interpartidarias, los resultados de las elecciones de marzo mostraron que la población se había abocado más a votar por candidatos con propuestas más cercanas a sus necesidades vitales y ciudadanas que por aquellos que representaban la supuesta seguridad y estabilidad de un partido que se había mantenido por dos períodos consecutivos en el poder. Es decir, se optó por la incertidumbre de la novedad, representada por políticos que prometían acercar la esfera política a la vida social, y no por la certidumbre de un grupo ya conocido, pero con posturas cada vez más ajenas a las exigencias de la población.
Como ya se ha dicho en anteriores ocasiones, Héctor Silva,
candidato ganador de la coalición FMLN-CD-MU para la alcaldía
de San Salvador, asumió ambos retos: hacer suya la bandera
de la concertación y abrirse ante las inquietudes y propuestas
de los ciudadanos que integraban su municipio. En este sentido,
Silva era o es -el tiempo transcurrido desde su elección
todavía permite otorgarle el beneficio de la duda- un político
de la nueva ola. Sin embargo, algunos hechos sucedidos en las
últimas semanas han demostrado que el uso del diálogo
por parte de la administración edilicia de San Salvador
no se ha traducido necesariamente en éxitos y satisfacciones
instantáneos.
La huelga de los recolectores de basura
Las reacciones que surgieron desde los gremios de trabajadores municipales de San Salvador a raíz del incremento salarial de algunos de los integrantes del staff de Héctor Silva, dieron pie para afirmar que éste acababa de meterse en un grave aprieto desde el principio de su gestión. Silva debía de ser capaz de explicar convincentemente la razón por la cual dichos aumentos eran necesarios para el buen funcionamiento de la nueva administración y, al mismo tiempo, satisfacer en mediano grado las exigencias laborales de sus otros empleados, contando con un presupuesto que él mismo había calificado en déficit.
Ciertamente, el punto de los incrementos salariales a los empleados encargados de brindar los servicios municipales (recolección de basura y ornato de parques y jardines, por ejemplo) había sido heredado por la administración anterior, la cual ya había cumplido una parte de los compromisos a los que se había llegado con los trabajadores agremiados. Es decir, la presión a la que se enfrentó Silva para concretar mejoras salariales no era del todo su responsabilidad. Empero, el hecho de que iniciara su gestión aumentando la renumeración de ciertos gerentes y sub-gerentes edilicios, le brindó fundamento a las reinvindicaciones de los gremios municipales, puesto que ¿cómo podría contra argumentar Silva que no se contaba con recursos para cumplir con los principales puntos de la plataforma del gremio de empleados municipales, si ya se habían verificados incentivos salariales para los empleados de los altos puestos de la alcaldía?
Pese a que se entabló una mesa de negociación entre el alcalde y las gremiales, el 2 de septiembre los trabajadores recolectores de basura, agremiados en la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales (ASTRAM), iniciaron un paro de labores que se extendió por una semana y amenazó con causar graves problemas de salud en la población de la capital. Según Héctor Silva, la decisión de ASTRAM se debía a un afán de protagonismo que había llevado a la gremial a abandonar la mesa de negociaciones, en la cual ya existía un diálogo abierto entre su persona y las otras asociaciones de trabajadores municipales. Para los dirigentes de ASTRAM, en cambio, la acción de hecho obedecía a que "ya tenemos dos meses de estar tratando de establecer reuniones y no se resuelve nada".
Aunque las declaraciones de personeros de las otras gremiales (ATRAM y ATMES) tendieron a respaldar la postura de Silva y no la de sus similares, cuesta creer que el alcalde, comprometido desde un inicio con la apertura, la flexibilidad y el diálogo, no haya podido mantener a ASTRAM dentro de la mesa de negociación y hubiera esperado a que estos tomaran tan radical medida para acceder a la petición de entablar conversaciones directas con el gremio. Siendo justos, es claro que por la índole de las reinvindicaciones de ASTRAM (un incremento de 500 colones en los salarios y de 250 en los aguinaldos, entre otros) era muy difícil alcanzar resultados con premura, pero algo debió de observar ASTRAM en el desarrollo de las conversaciones como para pensar que poco o nada lograría obtener si continuaba dentro de la mesa de negociaciones conjunta.
Una cosa debe admitirse: no puede juzgarse definitivamente el compromiso de Silva con la apertura y el diálogo por su más reciente fracaso para solventar los problemas administrativos de la alcaldía. El arranque de la política de cabildos abiertos, desde agosto de este año, podría convertirse en un punto a su favor, en especial si se considera que ninguna administración edilicia anterior había mostrado tanto empeño en llevarla a cabo. Sin embargo, las felicitaciones y el reconocimiento por esta medida deberán esperar a que se alcancen resultados palpables y cuantificables; deberán esperar a que los cabildos abiertos se conviertan en la práctica en un espacio de participación ciudadana y no en una mera charada o en un burdo espectáculo de autocomplacencia y propaganda.
La experiencia ganada en el trato con ASTRAM y con el fallido
intento de localizar el vertedero de desperdicios de San Salvador
en el municipio de Tonacatepeque, debe ser capitalizada por Héctor
Silva para apuntalar sus estrategias de diálogo y concertación;
para vislumbrar los artilugios que se hacen necesarios en toda
negociación para superar los retos que impone una ciudadanía
que no está acostumbrada a plantear respuestas acertadas
a sus propios problemas ni tiene la madurez suficiente para comprender
que, para llegar a resultados concretos, hay que realizar un consistente
ejercicio de racionalidad, paciencia y lucidez.
Que las noticias sobre la muerte de la princesa Diana han acaparado por completo los medios de comunicación es algo así como una verdad de perogrullo. Si antes de su deceso era difícil ojear una revista o ver un noticiero de televisión cualesquiera en los que no se mencionasen los últimos detalles de la vida privada de la famosa Lady Di, en los últimos días nadie ha podido salvarse de la avalancha de información sobre la obra y milagros de la que fuera la esposa del príncipe Carlos de Inglaterra. Ha pasado ya más de una semana desde que Diana perdió la vida en un accidente automovilístico y los medios no se cansan aún de dar vueltas al suceso esforzándose por encontrarle cada vez más caras.
Por otra parte, pocos días después de la explosiva muerte de la princesa, falleció en Calcuta la que muchos consideraron una santa viviente: la Madre Teresa. Huelga decir que, en la prensa nacional, el deceso de la religiosa tuvo una cobertura marginal en comparación con la que obtuvo la muerte de Diana. Esto podría explicarse fácilmente aduciendo que la fama de la última superaba en mucho a la de la Madre Teresa, que la muerte de la princesa fue un acontecimiento de impacto mundial y multitudinario y que, por consiguiente, correspondía a los medios mantener informada a la población sobre lo que ocurría alrededor de la trágica muerte de Lady Di.
Pocas han sido las voces críticas que se han manifestado en contra de la forma exagerada en la que la prensa ha seguido la muerte de la princesa Diana. En cambio, han sido más frecuentes las manifestaciones que respaldan el duelo mundial que embarga a las miles de personas que tanto se identificaron con esa figura de la realeza. Columnistas salvadoreños han llegado a decir que la admiración colectiva de la que fue --y sigue siendo-- objeto Lady Di se debe a que su sencillez era más notable que la sencillez de cualquier otra persona que no perteneciera a las altas cúpulas del poder económico. Ante tal afirmación, habría que preguntarse si esa admiración se debía, en efecto, a la supuesta sencillez atribuida a Diana o si esa fascinación mundial por ella no tendría que ver, más bien, con los rasgos melodramáticos que caracterizaron su vida conyugal y que los medios esparcieron por el mundo incansablemente. Lady Di pudo haber sido para muchas mujeres del mundo el prototipo de una utopía; en primer lugar, era una princesa; en segundo lugar, tenía una belleza mucho más cotidiana que la de las despampanantes modelos europeas; y por último, sufría lo que la mayoría: las desgracias de un matrimonio infeliz por causa de un marido infiel.
No se trata aquí de demeritar las acciones humanitarias que la princesa Diana impulsó mientras estuvo viva, se trata de caer en la cuenta de que, si Lady Di alcanzó la fama sin precedentes que alcanzó, no fue precisamente por su sencillez ni por su espíritu caritativo, sino porque su matrimonio y la forma en la que decidió renunciar a él se prestaron para que un sin número de personas o bien se identificaran con ella o bien le sintieran una gran admiración. Con seguridad, Diana hubiera gozado de la misma fama y de la misma admiración de la que gozó sin haber impulsado las obras sociales que ahora justifican la idolatría mundial hacia ella. Y es que si fuera por sencillez y sensibilidad social, actrices, deportistas y magnates de todo el mundo que, siendo acaudalados, abanderan luchas sociales o ecológicas serían merecedores de la misma adoración que el planeta entero parece profesarle a la princesa Diana. Sin ir más lejos, la misma Madre Teresa de Calcuta, quien renunciando a cualquier tipo de comodidad, dedicó la totalidad de su vida a cuidar enfermos y a proteger niños y ancianos ¿no representaría un ejemplo más cabal de servicio a los demás y de sencillez?
Por supuesto, detrás del culto a Diana se encuentran irremediablemente los medios de comunicación. Por ellos, la princesa se convirtió en la mujer más fotografiada del mundo y una foto suya llegó a valorarse en un millón de dólares. Muchos han culpado a los medios de la muerte de Diana; éstos, sin embargo, olvidan preguntarse quién hubiera sido Lady Di sin ellos. Pero los medios de comunicación, ciertamente, no están solos, no existen en sí ni para sí. Detrás de los medios se encuentra la gente que a diario consume la información que proviene de ellos, la gente a la que esa información va dirigida y gracias a la cual cobra sentido, la gente que privilegia ciertos hechos sobre otros, que elige entre el mercado de las comunicaciones las que prefiere. Si quienes hacen las noticias cargan sobre sí una responsabilidad ética y moral, de esa responsabilidad no se exime la sociedad que consume lo que los medios producen.
Si quienes adoran a Diana hoy se indignan con la prensa y la culpan
por su muerte, no deben olvidar que la fama de su princesa se
debió, en gran medida, a que de ellos mismos provenían
las ansias de obtener información sobre su privacidad.
Y finalmente, los optimistas, que piensan en Diana como un modelo
de identificación para la juventud, deben admitir que si
con algo se identificó la gente no fue con la obra social
de la princesa, porque si así lo fuera serían las
fotos de la Madre Teresa las que circularían por todo el
mundo como un ejemplo de entrega y de solidaridad con los necesitados.
Es difícil creer que los que hoy lloran a Diana, mañana
se dedicarán a realizar obras de caridad. De cualquier
modo, se entiende que más se hallan identificados con Diana
que con la religiosa de Calcuta; en definitiva, es más
fácil tenerlo todo y donar, que no tener nada y entregar
la vida a una causa humanitaria.
Contra los avances que en los últimos cinco decenios se han operado a nivel mundial en el campo de los derechos humanos --en sus niveles teórico, práctico y organizacional-- actualmente se observa en América Latina una preocupante tendencia de los gobiernos a reducir y cerrar espacios importantes, tanto para su vigencia y realización como para su defensa efectiva. Afirmamos lo anterior pues de 1948 a la fecha se han reconocido más derechos y han sido creadas más leyes e instituciones para su protección, como nunca antes en toda la historia de la humanidad; más importante todavía: en términos de la conciencia acerca de ellos, especialmente en la región, jamás como hoy existieron tantas y tan diversas organizaciones sociales llamadas no gubernamentales" (ONGs) e individuos ocupados en lograr su plena realización y respeto. Pero también ahora, como nunca antes, se están registrando numerosas agresiones contra las personas involucradas en su protección y promoción, a las cuales se suman determinados esfuerzos oficiales para restringir la esfera de influencia de los órganos del Sistema Interamericano que cumplen esa misión.
Al hacer una revisión casuística, se aprecia fácilmente que en la actualidad las violaciones contra las y los defensores de derechos humanos alcanzan --en casi todos los países latinoamericanos-- volúmenes que son semejantes, cuando no superiores, a los registrados en los tiempos de las dictaduras militares o de los conflictos armados internos. Eso se puede leer, también, en los reportes de las observaciones in loco o en las conclusiones de diversos eventos donde se han reunido ONGs nacionales de la región con organismos internacionales de diverso tipo. Véanse --a guisa de ejemplos-- documentos recientes de Amnesty International, Human Rights Watch, Americas Watch, Centre for the Independence of Judges and Lawyers, Organización Mundial Contra la Tortura y Federación Internacional de los Derechos Humanos, entre otros; en ellos se advierte que una de las preocupaciones más fuertes y una de las líneas de trabajo actuales es, precisamente, la que se refiere a la defensa de las y los defensores de derechos humanos.
Esta situación --agudizada últimamente-- encuentra su explicación en razones de Estado, dada la profunda polarización social que ha venido ocurriendo en el subcontinente, como consecuencia de la consolidación de un modelo económico sumamente excluyente. En ese marco, una inusitada actividad diplomática ha sido emprendida desde al menos dos años atrás, por representantes gubernamentales de algunas naciones con el objeto de restringir el trabajo de las ONGs que operan en sus países y de limitar la capacidad de acción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En esa línea han actuado miembros de las cancillerías con el propósito de impedir que en el extranjero se tengan otras perspectivas sobre el acontecer nacional, que sean diferentes a la "historia oficial".
A ese proceder se han adherido otras instancias estatales. Ejemplo de ello es la conducta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, cuando miembros de una delegación de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), fueron expulsados de ese país en abril de este año. Y es que en esa actitud el gobierno mexicano --en su afán por recomponer su imagen internacional e impedir que trascienda la pertinaz y creciente conculcación de los derechos fundamentales-- ha dirigido una de sus principales baterías hacia el Sistema Interamericano. Este esfuerzo ha sido acompañado por Perú; juntos han sido de los países del continente que con mayor fuerza han insistido en que se limite el acceso de las víctimas y de las ONGs que las representan ante los órganos regionales. En esa línea, el hoy Procurador General de la República de México, Jorge Madrazo, cuando aún fungía como presidente de la CNDH propuso en el Seminario sobre el Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos, realizado en diciembre de 1996 en Washington, que se promueva una "estricta confidencialidad" en el procedimiento y en los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que es opuesto al principio de transparencia que debe caracterizar las gestiones de ese organismo. Con ello quedaría suprimido de la normatividad del Sistema Interamericano el procedimiento actual, que lo faculta para hacer públicos los reportes y las recomendaciones cuando los gobiernos no los acatan en los plazos estipulados. De conseguir el gobierno mexicano que sea aceptada esta propuesta, la impunidad ganaría terreno en el peor momento de polarización social que vive ese país.
Pero, además, Madrazo propuso el involucramiento de los ombudsman, fiscalías y defensorías en el Sistema Interamericano, planteando como un requisito indispensable que esas instancias sean recursos a agotar. Ambos planteamientos debilitan la posición de las víctimas frente a los gobiernos que pudieran ser acusados por su presunta responsabilidad en la comisión de violaciones a los derechos humanos. Estas reglas restrictivas e inadecuadas, que conducirían indefectiblemente a la inadmisibilidad de gran cantidad de quejas por parte de la CIDH, así como al estrechamiento del sistema de legitimación procesal, sólo favorecen el incremento del control político gubernamental sobre el frágil sistema regional de protección de los derechos humanos.
Otro punto en el que se ha venido insistiendo por parte de las delegaciones gubernamentales es en trasladar la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Washington a San José, Costa Rica, en donde radica la Corte Interamericana. Aparte de que con ello se saca de foco a la CIDH --para la prensa, por razones que sobra mencionar, lo que ocurre en Costa Rica goza de menor atención que Washington--, se puede iniciar un proceso de fusión de las dos instancias, a una de las cuales --la Corte-- México, por ejemplo, no le reconoce jurisdicción. De esa manera, los compromisos de aquel país con el Sistema Interamericano pueden sufrir peligrosas limitaciones; pero también podría ocurrir que, al fusionarse, disminuyan la eficacia y el peso de la Comisión, que en muchos países es mayor que la que tiene la Corte.
Además de las anteriores pretensiones oficiales en relación con el Sistema Interamericano, a lo largo de este año se buscó eliminar las visitas in loco que regularmente realizan los miembros de la Comisión en su labor de verificación del apego de los Estados signatarios de la Convención y la Declaración Americanas de Derechos Humanos.
Por otra parte, los gobiernos de México y Perú sostienen falazmente el argumento de que las organizaciones no gubernamentales son incapaces para presentar denuncias bien fundamentadas e integradas. Pero también deslizan la peregrina idea de que, en el caso de algunas organizaciones internacionales, que con frecuencia actúan como co-peticionarias, éstas por ser extranjeras no pueden tener el suficiente conocimiento de la realidad nacional, y, por lo tanto no tienen la cualificación necesaria para intervenir en asuntos que comprometen la dignidad de los Estados.
Un ejemplo de la actitud anti-Sistema Interamericano del gobierno mexicano, fue la descalificación que hizo de una Recomendación de la Comisión Interamericana sobre el caso del General Francisco Gallardo, para quien se pedía libertad absoluta e incondicional. Al mismo tiempo hubo varios inusuales y altisonantes desmentidos de la cancillería mexicana y de otras instancias oficiales a diversos informes de organismos nacionales e internacionales, los cuales intentó minimizar y descalificar.
En relación con el trabajo de las organizaciones no gubernamentales nacionales, la estrategia se desarrolló en varios frentes y utilizó también variadas tácticas, limitantes, coercitivas y violentas. A estas organizaciones el gobierno mexicano pretende controlarles y reducir sus fuentes de financiamiento; recortar su actividad e independencia; y, por último, obligarlas a que sus reportes obtengan el aval de la CNDH. En círculos legislativos se llegó al extremo de proponer la suspensión de la nacionalidad mexicana a los miembros de las organizaciones que reciban financiamientos del extranjero y que no cuenten con la aprobación gubernamental. Un recuento elaborado por la Red de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todos", y que fue presentado públicamente en mayo, da cuenta de las agresiones sufridas por 113 activistas pertenecientes a 29 organizaciones de Derechos Humanos. Muchas de las agresiones tienen que ver con intimidaciones y con la fabricación de crímenes para desprestigiar a las ONGs y a sus miembros.
En mayo, el Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P." publicó una carta en la que niega tener cualquier tipo de vínculos o coincidencias políticas con el Ejército Popular Revolucionario (EPR), y aclara que su intervención en el caso de un presunto eperrista se debió a razones estrictamente humanitarias. Días más tarde, el mismo Centro Vitoria y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) se vieron forzadas a emitir un comunicado conjunto, dirigido a la opinión pública, para desmentir de nueva cuenta las versiones tendenciosas que pretendían vincular a ambas organizaciones con el Ejército Popular Revolucionario. Miguel Concha y Mariclaire Acosta, prominentes defensores de los Derechos Humanos y, respectivamente, líderes de las dos organizaciones antes señaladas, sufrieron amenazas y hostigamiento.
En su esfuerzo por desprestigiar a las organizaciones no gubernamentales, el gobierno mexicano no ha escatimado ningún recurso. Uno de ellos, de tipo ideológico, es el que adopta la forma de una novedosa campaña que trata de identificarlas con una conspiración internacional dirigida contra México desde los subterráneos del gobierno de los Estados Unidos, que es justamente el principal aliado del presidente Zedillo y promotor de las reformas que han polarizado a la sociedad mexicana. De acuerdo con la patraña de marras, a las organizaciones de derechos humanos se las acusa de actuar como agentes desestabilizadores, dentro de un maléfico plan que ha sido orquestado por la CIA, la NED y otras agencias. Ideológico es también el manido cuento de que el trabajo que realizan entorpece la labor de procuración y admninistración de justicia, y que ello es lo que ha favorecido el crecimiento de la delincuencia y de la violencia en aquel país. También ha habido declaraciones de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que descalifican a las organizaciones desde puntos de vista presuntamente jurídicos. Haciendo mención de que en México se vive en un Estado de Derecho con instituciones sólidas, apuntan que las críticas que desde las organizaciones de Derechos Humanos se realizan al aparato judicial producen descrédito, y que éste se traduce en inestabilidad social y política. Afirman que en nada contribuyen a la paz y la tranquilidad social, por cuanto fomentan la irritación social en contra de las instituciones.
En cuanto a la represión directa contra los observadores extranjeros, cabe señalar que en los primeros meses de 1997 fueron expulsadas de México por lo menos 19 personas, que habían ingresado con la intención de hacer recorridos por regiones altamente conflictivas, entrevistarse con autoridades, miembros de organizaciones, así como con víctimas y familiares de éstas, visitar reclusorios, etc. Los visitantes provenían de España, Alemania, Holanda, Francia, Estados Unidos, Honduras, Nicaragua y El Salvador. Con esta actitud el gobierno pretendía evitar que conocieran de cerca la realidad de la violencia institucional.
El proceso de modernización de los Estados latinoamericanos, iniciado hacia la mitad de los años 80, que en lo político equiparaba la asunción de los civiles a la jefatura de los gobiernos como la democracia, todavía no mostraba abiertamente la más perniciosa de sus facetas. Habrían de transcurrir algunos años más para que los pueblos empezaran a sufrir las consecuencias del cambio que simultáneamente venía dándose en el nivel económico.
Ahora bien, una de las grandes expectativas originadas al producirse
la sustitución de los regímenes militares por gobiernos
civiles, surgidos de eventos electorales pacíficos, es
la que se refería a la apertura virtual para el despliegue
de los derechos humanos. De hecho, la mencionada sustitución
llegó a considerarse como el equivalente de la democratización
que demandaban los pueblos del continente. Sin embargo, a contracorriente
del discurso, la realidad muestra la ampliación de la brecha
que divide a las sociedades latinoamericanas en un mundo pequeño
de abundancia y un gigantesco mar de miseria creciente. Junto
a las víctimas del modelo neoliberal, las organizaciones
no gubernamentales que defienden sus derechos humanos y el propio
Sistema Interamericano, parafraseando a Dante Caputo, han preguntado
¿cuánto peso de miseria soportarán las alas
de la libertad?, y algunos gobiernos han empezado a responder
con la ley de la mordaza y el garrote.
Presentamos a continuación el texto de la "Declaración
de Nicaragua", suscrita por los presidentes centroamericanos
el 2 de septiembre de 1997.
Centroamérica es una Comunidad política, económica, social y cultural. Esta realidad es el punto de partida hacia la Unión Centroamericana que estamos decididos a alcanzar.
Nuestro Istmo constituye una unidad geográfica y ecológica indivisible, cuyos pueblos y naciones representan una extraordinaria diversidad cultural y étnica, con una lengua e historia común. Compartirnos en el Istmo un patrimonio colectivo cuyo aprovechamiento, en el siglo venidero, estará condicionado por desafíos extraordinarios que sólo podrán ser exitosamente enfrentados de manera conjunta, en un espíritu de confraternidad y solidaridad.
Aspiramos a una Patria Grande, democrática y equitativa, próspera y tolerante, competitiva y solidaria, cuyo desarrollo supone la expresión de una voluntad política permanente.
El advenimiento de una Centroamérica en paz como fruto del espíritu y los acuerdos de Esquipulas, marcó el inicio de una era sin precedentes para nuestra región. Después de una década de conflictos y autoritarismo, por primera vez en su historia disfruta el Istmo de una completa paz interior y gobiernos democráticos en todos los países.
Esta auspiciosa coyuntura ha permitido un avance extraordinario de nuestra acción integracionista. I)durante los últimos tres años, promulgamos la Alianza para el Desarrollo Sostenible, establecimos un innovador proyecto para aumentar la competitividad regional por medio de un esfuerzo conjunto de los gobiernos, los académicos y los sectores productivos, e iniciamos, en un espíritu renovador y autocrítico, la reforma, modernización y fortalecimiento del Sistema de la Integración Centroamericana
La Unión Centroamericana, imaginada por nuestros próceres y anhelada por los pueblos del Istmo desde antes de la independencia, es indispensable para erradicar la pobreza y lograr el mejoramiento significativo de las condiciones de vida, el nivel cultural y educativo de nuestros pueblos, así como para fortalecer la capacidad de respuesta de Centroamérica ante el mundo.
La Unión Centroamericana también permitirá que todos los sectores sociales de Centroamérica aprovechen al máximo la estratégica ubicación geográfica del área, su potencial económico, su vasta riqueza ecológica y su vigoroso y abundante recurso humano en el nuevo orden internacional y ante los desafíos del próximo milenio.
Estamos convencidos de que la Unión Centroamericana debe concretarse a fin de lograr resultados más tangibles y beneficiosos para la población. Ello implica profundizar aún más los compromisos adoptados en el marco de la integración, en particular aquellos que permitirán a la región vincularse con ventaja a los procesos de globalización. Significa también ratificar nuestra decisión de garantizar el adecuado funcionamiento y el desarrollo regionalmente armónico de las instituciones democráticas, en especial de los regímenes de prestaciones sociales, de los sistemas de Administración de Justicia, de Educación y Salud Pública así como los mecanismos de salvaguarda electoral. Implica asimismo el escrupuloso respeto de todos los Derechos Humanos, el fortalecimiento de la gobernabilidad y el Estado de Derecho, la consolidación del nuevo modelo de Seguridad Democrática que conlleva la supremacía del poder civil y la proscripción del uso de la fuerza para dirimir los conflictos que pudieran surgir en la Patria Centroamericana.
Al anunciar nuestra decisión de aclarar la Unión Centroamericana lo hacemos convencidos de que en ella deben participar amplios sectores de nuestros pueblos, cuya opinión será consultada y tomada en cuenta con el fin de propiciar el desarrollo de una cultura integracionista sólidamente enraizada en la sociedad civil de la región.
Un primer paso hacia la conformación de la Unión Centroamericana es la reforma del Sistema de la Integración Centroamericana cuyos lineamientos adoptamos en nuestra XIX Reunión en la Ciudad de Panamá. El esfuerzo reformador contribuye a la construcción de instituciones regionales de mayor fortaleza y racionalidad que expresan nuestro deseo de avanzar en la unión de los pueblos centroamericanos.
Convencidos de que la integración es el medio más adecuado para alcanzar el Desarrollo Sostenible, afirmamos que la Unión es la causa de Centroamérica y reiteramos nuestro profundo e inclaudicable compromiso con la construcción de un Istmo que sea Patria de todos, en un marco de plena democracia
Conscientes de que este esfuerzo requiere de un inequívoco compromiso con el ideal centroamericanista, acordamos iniciar el proceso de constitución, gradual y progresivo, de la Unión Centroamericana, como expresión superior de la asociación comunitaria estipulada en el Protocolo de Tegucigalpa de 1991.
Con ese fin, anunciamos nuestra decisión de designar un Grupo de Alto Nivel que prepare las bases y condiciones para constituir la Unión Centroamericana. El instrumento jurídico constitutivo establecerá sus etapas y plazos.
Hacemos un llamado a todos los sectores de Centroamérica para que apoyen activamente este proceso y se sumen sin reservas a la construcción de una Casa Común en donde encuentren cabida todos los centroamericanos.
Los Presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Panamá, el Primer Ministro de Belice y el Vice Presidente
de la República Dominicana, agradecieron al pueblo y Gobierno
de Nicaragua su tradicional hospitalidad que contribuyó
a crear un ambiente propicio para la adopción de esta histórica
Declaración.
Managua, Nicaragua, 2 de septiembre de 1997.
José María Figueres Olsen, Presidente de la República
de Costa Rica
Armando Calderón Sol, Presidente de la República
de El Salvador
Alvaro Arzú Irigoyen, Presidente de la República
de Guatemala
Carlos Roberto Reina Idiáquez, Presidente de la República
de Honduras
Arnoldo Alemán Lacayo, Presidente de la República
de Nicaragua
Observadores :
Ernesto Pérez Balladares, Presidente de la República
de Panamá
Manuel Esquivel, Primer Ministro de Belice
Jaime David Fernández Mirabal, Vice-Presidente de la República
Dominicana
