Año 18
número 775
septiembre 24
1997
ISSN 0259-9864
Editorial Final prematuro
Política Renovación del COENA, ¿más de lo mismo?
Economía El debate sobre la condonación de la deuda agraria
Regional Sobre la reciente visita del presidente de Taiwan al país
Opinión Pública Los salvadoreños y las expectativas hacia las autoridades del país. Sondeo de opinión pública
Derechos Humanos Una historia como hay muchas
No hubo sorpresas en cuanto a los nuevos dirigentes de ARENA. Los nombres ya estaban anunciados. La recomposición de la dirección del partido de gobierno se llevó a cabo tal como estaba prevista. Cristiani y los suyos asumieron la dirección de ARENA, aunque el Presidente Calderón Sol retiene un puesto, así como también un sector ideológicamente extremista. Los ministros con aspiraciones fueron relegados a una comisión política ampliada para darles cabida a todos ellos. Su relevancia dependerá del espacio que les abra Cristiani.
Los cambios no pueden interpretarse como una renovación, porque si de esto se tratara debiera haber gente nueva al frente del partido, pero con algunas excepciones, de las cuales la más significativa es la de Roberto Murray Meza, predominan las caras conocidas en el primer gobierno de ARENA. Dicho de otra manera, ARENA no tiene recambios realmente nuevos o su crisis interna es tal que optó por colocar al frente a viejos políticos experimentados, confiados en que éstos lo sacarán adelante.
Lo verdaderamente novedoso es que Cristiani gobernará el país desde la dirección del partido. En su equipo se destaca su antigua ministra de planificación y se enfatiza la elaboración de un plan de gobierno, el cual incluye una agenda legislativa. De esta manera se reconoce que es necesario planificar y dirigir, cosas que el gobierno actual no hace. En sus intervenciones, Cristiani reconoce que la situación electoral de ARENA no es la mejor por la conducción inadecuada del gobierno y por la falta de resultados concretos en la generación de empleo y en mejorar el nivel de vida de la población.
La nueva dirección del partido sabe que para ganar las próximas elecciones, el gobierno actual tiene que cambiar de rumbo, orientándolo hacia una mejora sensible de las condiciones de vida de las mayorías salvadoreñas. Como ya ha demostrado que es incapaz de producir los resultados esperados, ARENA intentará hacerlo ahora desde la dirección del partido. La separación rigurosa que su fundador quiso establecer entre gobierno y partido no ha sido posible. De hecho, el desgaste del gobierno ha revertido de forma negativa en el partido. Se intentará, pues, rescatar lo que queda del gobierno actual desde el partido para no perder las próximas elecciones.
Esto significa el fin prematuro del gobierno de Calderón. Al lanzar la campaña electoral con tanta anticipación, el espacio del gobierno actual queda de antemano muy reducido. Tanto el Presidente de la República como sus ministros deberán acudir primero a la dirección de ARENA para consultar o pedir directrices. Lo más probable es que éstas les sean dadas sin necesidad de que pregunten. El desgaste del partido es tal y las posibilidades reales del gobierno de Calderón Sol tan pocas que no parece haber otra alternativa que tomar el relevo dos años antes de lo previsto, en un intento desesperado por recuperar el terreno y los votos perdidos. Lanzar la campaña electoral y poner fin a la presidencia de Calderón Sol es todo la misma cosa. El crepúsculo se adelanta. Al gobierno se le oculta el sol demasiado pronto, pasando a la historia sin gloria.
La duda es si Cristiani tiene el poder de convocatoria necesario para sacar a ARENA de la crisis en la que se encuentra. El Cristiani de hoy no tiene la misma aceptación indiscutible que tuvo hasta hace tres años, cuando dejó la presidencia. La última encuesta del IUDOP lo muestra ocupando una posición intermedia en el bloque de las personalidades mejor aceptadas; antes destacaba con mucho sobre todas ellas. Esta disminución en la aceptación está relacionada con la mayor conciencia existente en la actualidad sobre su actuación en la privatización de la banca, su presidencia y en las luchas internas de ARENA. Lo que, se sabe, no lo favorece.
En efecto, Cristiani se propone reunir un partido fragmentado por las disputas internas, los resentimientos por la forma de privatizar y por visiones encontradas de lo que debe ser el gobierno. Un destacado miembro de ARENA, que no escribe de oídas, denuncia que Cristiani representa a "la derecha mercantilista", interesada en mantener los privilegios de una minoría poderosa, en detrimento de las grandes mayorías, y lo prueba aduciendo que así como se repartieron los bancos ahora quieren hacer otro tanto con el aeropuerto y los contratos para generar electricidad y otros servicios, están en contra de la apertura de los cielos centroamericanos y la liberalización del comercio, tienen el Banco Central de Reserva, las leyes y la institucionalidad del Estado a su servicio y se oponen a la descentralización. La unidad es básica para devolver el entusiasmo perdido y proporcionar sentido político al trabajo partidario.
La reunificación de ARENA bajo la dirección de Cristiani no es cosa fácil. Su llegada a la presidencia del partido es resultado de su predominio sobre otros grupos y fracciones, lo cual significa su derrota -entre ellos, el de Mathies Regalado. Su regreso a la dirección de ARENA no es fruto de un consenso, sino resultado de una lucha interna de la cual sale vencedor. Esto significa que hay grupos derrotados, personas resentidas y corrientes excluidas. Murray Mezagenera expectativas de cara a la presidencia de la república, pero la sombra de Cristiani puede hacerle más daño que bien.
ARENA se ha visto obligado a sacar del retiro a su único
ex presidente para orientar un gobierno que en tres años
y medio no ha podido asumir los desafíos planteados por
el país y el mundo. Pero Cristiani no es necesariamente
la solución mejor para ARENA, cuyo peor enemigo no es el
FMLN, sino él mismo. Si las elecciones de marzo de 1997
pusieron de manifiesto la incapacidad de ARENA para continuar
gestionando el poder estatal, no sería improbable que en
las elecciones de 1999 el partido se en encaminara hacia la bancarrota
política. Sobre Cristiani y los suyos recae la tarea de
"salvar" al partido de esa eventualidad. Sin duda alguna,
no será una tarea fácil.
Después de varias semanas de expectativa, el pasado 21 de septiembre se llevó a cabo la XVI Asamblea General del partido ARENA. Dicho evento tenía por objeto el nombramiento del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), máximo rector de ese instituto político. De más está enumerar las condiciones adversas que, por primera vez en la historia arenera, acompañaron el nombramiento de sus principales dirigentes. Que el partido en el gobierno enfrenta una grave crisis, producto, entre otros factores, de su mala administración, de la pugna de intereses entre los sectores que lo conforman, de los escándalos de corrupción en los que varios de sus miembros y funcionarios se han visto envueltos, son cosas que, en los últimos meses, no han dejado de repetirse una y otra vez por analistas, opositores y areneros inconformes con la gestión de su partido.
En fin, a estas alturas para nadie es un secreto que sobre los hombros de ARENA recae el peso del desgaste y que la "primera fuerza política del país" se desliza, cada vez con más frecuencia, en el pantano de sus yerros y sus desaciertos. Bastante se ha hablado ya sobre las causas que ocasionaron el resquebrajamiento de ARENA. Tal vez convenga ahora hacer un diagnóstico que responda a la pregunta sobre cómo se encuentra ese instituto político hoy y qué cabe esperar de él en el futuro inmediato. En primer lugar, hay que descartar la posibilidad de que ARENA desaparezca fácilmente del panorama político salvadoreño; es cierto que atraviesa por un período crítico, es cierto que en torno a él se cierne la sombra del descontento popular y es cierto que el país viene presentando modificaciones significativas en el ámbito político; pero de ahí a que ARENA esté próximo a desaparecer hay un amplio trecho. No hay que olvidar que es este partido el que actualmente gobierna el país y que, pese a los errores y las críticas que recaen sobre él, el poder es un privilegio para quien lo posee; si algo ha caracterizado a ARENA es, precisamente, su habilidad para utilizar el poder en su propio beneficio.
Por otra parte, hay que recordar que, a pesar del descontento frente a la actual gestión gubernamental, se mantiene en algunos sectores de la población salvadoreña cierto temor hacia la "amenaza comunista", lo cual supone un fuerte obstáculo a los partidos políticos de izquierda que aspiren a obtener mayores cuotas de poder que las alcanzadas el 16 de marzo pasado. Y, por último, hay que ser realistas y admitir que ninguno de los partidos de oposición se perfila como una alternativa lo suficientemente convincente como para aglutinar al número de votantes necesario para poner en peligro a ARENA.
ARENA, pues, está mal. Pero magnificar su malestar sería un error de cálculo que podría entorpecer un análisis más objetivo de su situación y, en definitiva, de la situación política del país. Ahora bien, contando con que ARENA seguirá dando batalla por largo rato, resultara útil examinar las tácticas que éste está llevando a cabo para reponerse de la situación adversa por la que atraviesa. Al parecer, su apuesta más explícita ha sido por la renovación de la cúpula del partido. Con las nuevas caras que, desde la famosa "reestructuración" postelectoral, se han visto ingresar a las filas areneras, ese partido ha pretendido renovar su imagen, presentándose como una fuerza progresista, dispuesta a cambiar. Y, en realidad, es probable que el hecho mismo de renovar la dirigencia sea interpretado por muchos como un deseo de ARENA por salir del estancamiento. El problema es que esa ilusión puede desvanecerse pronto al advertir que el discurso de las principales personalidades del partido oficial se mantiene intacto con respecto al que ha mantenido en años anteriores. Es cierto que palabras como consenso y concertación han ingresado, recientemente, al vocabulario de los areneros, en especial de los que desempeñan cargos públicos, pero lo más posible es que esto se deba a que las circunstancias actuales así se los hayan impuesto y no a que de ellos mismos haya surgido una voluntad auténtica por promover la negociación.
La última carta que se ha jugado ARENA en su intento por mantenerse en pie es el nombramiento de Alfredo Cristiani como presidente del COENA, lo cual, además de contradecir el espíritu renovador que el partido ha querido impulsar, abre las puertas para que sus detractores arremetan contra los viejos miembros de ARENA vinculados en casos de corrupción. Es de esperar que los dirigentes de dicho partido hayan sopesado ya, y muy bien, ese riesgo --grave, dadas las circunstancias--, pero el hecho de que, aún así, decidieran impulsar al ex presidente como rector del instituto político no viene más que a poner de manifiesto la escasez de líderes que enfrenta. Ahora bien, la escasez de líderes políticos es un problema generalizado en América Latina y de eso no pude responsabilizarse a los partidos, lo cuestionable de ARENA es que esté poniendo tantas esperanzas en un personaje cuya reputación se encuentra tan manchada como la de Cristiani. Puede que algunos salvadoreños conserven una visión romántica del ex presidente y sigan considerando que a él el país le debe la paz, pero lo cierto es que otorgar nuevamente a Cristiani la dirección del partido pone en serias dudas la voluntad de ARENA por "reestructurarse".
Además de estar envuelto en escándalos de corrupción, Cristiani, como muchos otros miembros del partido en el gobierno, es de los que aún piensa en términos de "desestabilización" y "enemigos políticos". Es en figuras como él en las que se transluce que ARENA está lejos de modificar sus estructuras, porque, en esencia, su mentalidad no ha cambiado, aunque sus correligionarios se esfuercen en demostrar lo contrario. El diputado Walter Araujo, por ejemplo, aseguró que "ARENA inició la cultura del cambio y el reto de seguir mejorando es la meta de fondo y no alcanzar niveles electoreros". Sin embargo, parece ser evidente que es a ARENA a quien más le ha resultado difícil asimilar los cambios y ajustarse a una realidad que le exige, justamente, modificaciones considerables a su quehacer político. Con respecto a "no alcanzar niveles electoreros", cabe señalar que todas las maniobras del partido en los últimos meses responden a un interés por conservar el poder ejecutivo en 1999; y así lo aseguran dirigentes de ARENA al referirse al "plan 24 meses" y a la sonada renovación de su partido.
En conclusión, a pesar de los notorios esfuerzos que el
partido oficial ha venido realizando por mostrar una nueva cara
al país, basta observar con detenimiento su desempeño
para darse cuenta de que ARENA está muy lejos aún
de renovarse realmente, con todo lo que ello implicaría
--la renuncia a varios de los presupuestos clásicos de
su discurso, que hoy en día resultan obsoletos, por ejemplo.
Renovarse supondría cambiar su modo de concebir la política
y de concebir al país, supondría estar dispuesto
sinceramente a jugar el juego de la democracia, lo cual a ARENA
le resulta difícil dados los vestigios de prepotencia y
autoritarismo que aún conserva. Probablemente no sería
muy desacertado asegurar que si algo mantiene firme a ARENA en
medio de la oleada de obstáculos que actualmente atraviesa,
es el convencimiento de que es ese el único partido capaz
de gobernar a El Salvador. Los areneros mantienen su espíritu
triunfalista y falta mucho para que se consideren derrotados.
Es de esperar, pues, que en los años que siguen el electorado
empiece a ser blanco de una campaña aguerrida por parte
de ARENA y que su protagonismo en el ámbito político
no disminuya de manera significativa. Descartar la posibilidad
de que pierda la presidencia en el 99 sería apresurado
e impreciso, lo que si puede asegurarse con certeza es que, a
pesar de las visicitudes, hay ARENA para rato.
El tema de la condonación de la deuda agraria ha ocupado un importante lugar dentro de las prioridades de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, elementos coyunturales han provocado que, hasta ahora, no se haya emitido ningún dictamen sobre la problemática, a más de dos meses de haberse iniciado el debate. Ha sido hasta la última semana que se han conocido las posturas imperantes en la Subcomisión Legislativa de Deuda Agraria, las cuales, empero, todavía no revelan cuál será finalmente la propuesta de condonación.
Desde que se inició la discusión de esta tema, la postura del gobierno ha estado inclinada hacia la no condonación de la deuda, para lo cual esgrime argumentos relacionados con la estabilidad de las finanzas públicas y la mala calificación crediticia que ello significaría para el sector agropecuario. Sin embargo, al adoptar esta postura se soslayan los posibles efectos positivos de la condonación de la deuda agraria y la coherencia de ésta con el "Programa Agropecuario" anunciado por el mismo gobierno. En lo que sigue se busca presentar una apreciación actualizada del tema de la condonación de la deuda agraria, partiendo de las diferentes posturas de los partidos políticos y del gobierno, y examinando el posible papel de aquélla dentro de un plan integral de reactivación del sector agropecuario.
Inicialmente, al interior de la oposición política de la Asamblea Legislativa se formó una fuerte tendencia para favorecer el perdón total de la deuda, la cual, sin embargo, no ha sido aceptada por el gobierno y mantiene empantanada la adopción de un acuerdo. La propuesta inicial de proceder a una condonación selectiva, diferenciando entre grandes y pequeños deudores, no parece haber encontrado eco y en la actualidad las posturas continúan variando entre una condonación total (planteada por la oposición) y la no condonación, propuesta tanto por la fracción legislativa como por el gobierno del partido ARENA.
A lo sumo, la oposición parece estar inclinándose por una condonación parcial de la deuda, aunque no necesariamente basada en los criterios del monto de la misma; en cambio ARENA, aunque a nivel de gobierno no ha aclarado su posición, otorga como única concesión en el caso una flexibilización de las facilidades de pago, pero sin llegar a la condonación total. Ni siquiera en el caso de las cooperativas surgidas de la primera fase de la reforma agraria se ha llegado a plantear esa posibilidad.
Un elemento adicional que debe considerarse es que el monto final de la deuda se ha reducido sustancialmente desde los más de 3,000 millones de colones que se planteaban al inicio. Un dato más actualizado revela que el total de la deuda ascendería a aproximadamente 1,028.4 millones de colones distribuidos así: Banco de Tierras, 20.2 millones de colones; BFA, 212.9 millones de colones; ISTA, 448.9 millones de colones; y FOSAFFI, 346.4 millones de colones.
Los casos correspondientes al Banco de Tierras y al BFA parecen estar más avanzados en las discusiones en la Asamblea Legislativa, en parte debido a su menor cuantía; esto no es así en los casos del ISTA y FOSAFFI, donde persisten fuertes divergencias derivadas de la posición gubernamental. En el caso del ISTA, el partido de gobierno fundamenta su postura en que buena parte de las cooperativas de la reforma agraria están en capacidad de pagar la deuda; mientras que en el caso del FOSAFFI señala que su cartera es adeuda por grandes deudores que inclusive habrían utilizado los fondos para fines distintos a los agropecuarios.
En este contexto, tanto el FMLN como el PCN han variado considerablemente su postura inicial de apoyar la condonación total. El primero habría cedido en no condonar los créditos catalogados como "D" y "E", es decir, con mora a más de 90 días, asignados por el Banco de Fomento Agropecuario entre 1979 y 1991; su posición de condonar totalmente la restante deuda agraria aún se mantiene. El PCN, por su parte, en respuesta a importantes recambios en su cúpula partidaria, ha puesto en duda su apoyo para la condonación total de la deuda.
En realidad el tema de la deuda agraria toca fibras sensibles del aparato productivo, no sólo porque se trata de deudas surgidas a partir de la reforma agraria, sino también porque atañe al sector económico más golpeado por la política económica. Así, cuando se trata el tema de la deuda agraria, no únicamente se está tratando la problemática del déficit fiscal o del acceso al crédito del sector agropecuario, se trata también de la posibilidad de relanzar el desarrollo económico y social del agro.
El impacto de la carga financiera derivada de la deuda agraria es uno de los factores que explican la innegable contracción y crisis del sector agropecuario. Es imposible negar que a la base de la problemática del agro se encuentran otros graves problemas (inestabilidad de los precios del café, las limitantes naturales para la producción de granos básicos, el difícil acceso al crédito, la caída de la competitividad de las exportaciones del sector agropecuario por la estabilización del tipo de cambio, etc.), pero, aun así, resulta claro que la decisión que se tome en torno a la deuda agraria, bien podría instrumentalizarse para los fines de reactivación agropecuaria que el gobierno afirma estar empeñado en implementar.
El programa agropecuario planteado por el gobierno a principios de año es una muestra de lo anterior; el discurso presidencial de segundo año de gobierno ofreció poner "en marcha el plan integral de reactivación agropecuaria, cuyos puntos principales son: la seguridad jurídica en la propiedad de la tierra, crédito oportuno y preferente a las actividades agrícolas, suministro de tecnología e información de mercado, así como mejoras en la conservación de granos básicos..." Estas son precisamente algunas de las principales líneas de política definidas en el "Programa Agropecuario 1997", cuya implementación, a más de 15 meses después del primer ofrecimiento, todavía no se concreta.
El ofrecimiento de otorgar "crédito oportuno y preferente" para el sector agropecuario, ofrecido por el Presidente, se encuentra reñido con la posición de su gobierno de no condonar la mayor parte de la deuda agraria. Si se reconoce que el sector agropecuario no recibe crédito adecuado para incrementar su actividad económica, lo más consecuente es diseñar mecanismos para aliviar la carga financiera provocada por la deuda agraria; sin embargo, el gobierno ha asumido una postura totalmente contraria a ello.
La deuda agraria surgió de la implementación del proceso de reforma agraria, pero también del saneamiento del sistema bancario; en un primer momento, y en aras de la privatización del sistema financiero, el gobierno absorbió sin miramientos la cartera morosa de los bancos, liberándolos así de la carga financiero-administrativa que ésta les significaba. Ello permitió la venta de los bancos y su posterior florecimiento durante la presente década. En la actualidad, cuando se trata de aliviar la carga financiera del sector agropecuario --al cual el gobierno afirma desear reactivar-- se anteponen una serie de cuestionamientos tales como el incremento del déficit fiscal y el mal precedente de la condonación para otros sectores económicos, que también buscarían apoyo del gobierno.
Lo cierto es que tanto el déficit fiscal, como los antecedentes de prebendas gubernamentales, ya existen, y se originaron cuando el gobierno adquirió la cartera morosa de los bancos. Presentar este tipo de argumentos en este momento únicamente responde a una ausencia de voluntad política para intentar reactivar el sector rural del país.
Cuando menos, buena parte de la oposición política
sí valora los posibles efectos positivos de la condonación
--aunque sea parcial--, pero resta ver si se logran los votos
necesarios para implementarla.
Una vez más, los presidentes centroamericanos, el presidente de la República de China -entiéndase Taiwan--, Lee Teng-hui, y el primer ministro de Belice, Manuel Esquivel, se reunieron, esta vez en El Salvador, para dialogar y firmar un nuevo tratado en favor de la integración regional. Como es costumbre, los mandatarios dedicaron buena parte de la Declaración Conjunta a elogiar reuniones pasadas, manifestar complacencia por "los nuevos logros" y agradecer atenciones.
Más en concreto, los presidentes acordaron algunos aspectos económicos y financieros a través de los cuales Centroamérica y Taiwan establecerán relaciones de cooperación y desarrollo. Entre los más importantes están: a) rehabilitar las carreteras y modernizar los sistemas de telecomunicaciones y energía eléctrica; b) realizar estudios sobre la oferta exportable, posibles campos de inversión, coinversiones y alianzas estratégicas; c) impulsar el fortalecimiento y preservación del medio ambiente; y d) brindar asistencia y promoción al sector minero, de pesca y agrícola.
En el Acuerdo de Contemplación Económica se plantea, además, que el Gobierno de Taiwan animará a las empresas más poderosas de ese país para que inviertan en el istmo centroamericano. Esto permitirá que empresarios taiwaneses instalen sus empresas en la región; lo cual, por un lado, generaría empleos, estimularía la competencia y diversificaría la producción, pero, por el otro, de repetirse los marcos laborales con los que han funcionado las maquilas en El Salvador y otros países, redundaría en los abuso de poder y la explotación que han sido evidentes en las zonas francas.
Además, los presidentes establecieron la creación de un fondo económico para el fomento del desarrollo social y, a través del Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco Integracional y Taiwan, adquirieron un préstamo por 50 millones de dólares, el cual se repartirá entre los cinco países del área, con un plazo de 10 años y una tasa de interés anual del 3.5%, asignados para promover la pequeña y mediana empresa.
Como es notable, el contenido del documento que se suscribió gira alrededor, principalmente, de tratados económicos, probablemente debido a que Centroamérica es un área que ofrece amplias oportunidades y facilidades de inversión. Para los empresarios e inversionistas taiwaneses y de cualquier otro país, la región es sinónimo de ganancia, de mano de obra barata, aparte de que se encuentra en una posición geográfica conveniente, pues está cerca de grandes mercados sudamericanos y norteamericanos. Es por eso que en el séquito del presidente taiwanés participó Y.D. Sheu, gobernador del Banco Central de esa nación. Con la gestión de Sheu se establecieron las bases para futuras estrategias económicas entre El Salvador y Taiwan. El funcionario expresó su convicción acerca de que la Banca Central necesita estar libre de cualquier vínculo político o institucional, porque "sólo así se puede mantener la estabilidad macroeconómica del mercado".
Los planes que tiene el país asiático con respecto a la región son muchos. La contemplación económica abarca el desarrollo de las infraestructuras, las exportaciones, la promoción de inversiones y del turismo, así como la del medio ambiente. El monto para estas propuestas será de 300 millones de dólares, de los cuales 240 serán aportados por Taiwan y el resto por la comunidad centroamericana.
El interés de los países desarrollados y super desarrollados
es, en esencia, crematístico. La ayuda que estas potencias
brinden a Centroamérica buscará obtener siempre
una ganancia. En este sentido, Taiwan no sólo consiguió
abrir un buen campo comercial para sus intereses, sino que, además,
fue avalado por los representantes centroamericanos para que se
considere su reintegración a la Organización de
la Naciones Unidas. Es decir, la disposición de Taiwan
de participar, con financiamiento e inversiones, en las economías
del área centroamericana dista mucho de ser un gesto caritativo
y desinteresado, pues tiene como meta obtener una clara ganacia
político-diplomática. Incluso que los presidentes
centroamericanos se refirieran a Taiwan como "la República
de China" no fue producto de la ignorancia o un mero descuido
protocolario.
El 39 por ciento de los salvadoreños piensa que el órgano del Estado que tiene más poder en la actualidad es la Asamblea Legislativa, según revela el último sondeo del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA) de El Salvador y auspiciado por la Fundación Konrad Adenauer. La encuesta, efectuada entre el 13 y el 21 de julio del corriente año, con una muestra nacional de 1,212 adultos de zonas urbanas y rurales de los catorce departamentos de la república, con el objeto de conocer las expectativas de los ciudadanos respecto a las autoridades municipales y legislativas, revela también que el 31.1 por ciento de los salvadoreños sostiene que el Presidente es quien tiene más poder en la actualidad y sólo un 11.6 por ciento piensa que la mayor cuota de poder reside en el órgano judicial.
La pesquisa también mostró que cerca de la mitad de las personas consultadas (el 45 por ciento) piensa que el control de la Asamblea Legislativa por parte de la oposición es positivo, frente a un 19.6 por ciento que opinó que es un hecho negativo y un 14.3 por ciento que sostuvo que "es indiferente quien controla la Asamblea". El resto de los consultados se abstuvo de opinar al respecto.
A los salvadoreños se les preguntó sobre los principales retos que la actual Asamblea Legislativa debería afrontar. Los resultados muestran que un poco más de la tercera parte de la población piensa que, ante todo, los diputados deben escuchar las demandas del pueblo; otro porcentaje importante (el 19.8 por ciento) mencionó que la Asamblea debería erradicar la corrupción, mientras que un 16.5 por ciento sostuvo que el parlamento debería promulgar leyes que favorezcan a la población. Otros retos mencionados fueron crear leyes que desarrollen el país, llegar a un acuerdo sobre un proyecto de nación e impulsar la modernización del Estado.
Por otro lado y de manera más concreta, los salvadoreños
también opinaron sobre los aspectos que a su juicio debería
atender el Congreso a la mayor brevedad posible. En primer lugar,
un 33.5 por ciento de los consultados afirmó que la Asamblea
debería reducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), un
27.9 por ciento dijo que el Parlamento debería crear leyes
anticorrupción, un 11.2 por ciento se declaró a
favor de que se promulgue la pena de muerte, un 10.8 por ciento
piensa que debe ser atendido el problema de la deuda agraria y
un 7 por ciento opinó que la Asamblea Legislativa debe
continuar con el proceso de privatización entre otras tareas.
Los gobiernos municipales.
De acuerdo a los resultados, más de la tercera parte de la población piensa que sus intereses no se encuentran representados por el gobierno municipal de su localidad, a esto se suma un 29.3 por ciento de los consultados que dice que sus intereses están poco representados en la alcaldía; en cambio, un 24.2 por ciento considera que sus intereses están "algo" representados y sólo un 6.8 por ciento afirmó que "mucho". Sin embargo, cuando se les preguntó a los salvadoreños si los proyectos que ejecuta su alcaldía les benefician, las opiniones se mostraron muy divididas: mientras el 49.8 por ciento afirma que sí son favorecidos por los proyectos municipales, un porcentaje parecido, el 46 por ciento, afirmó lo contrario, es decir, que no son beneficiados por las administraciones municipales.
La encuesta de la UCA consultó a los ciudadanos sobre lo primero que debería hacer la alcaldía de la localidad en la que reside el encuestado. En general, las peticiones más frecuentes se pueden resumir en: recolectar y tratar la basura (24.7 por ciento), reparar las calles y las plazas públicas (22.2 por ciento), mejorar el alumbrado eléctrico (18.6 por ciento), mejorar el sistema y la infraestructura de los mercados públicos (13.9 por ciento), introducir el servicio de agua a las comunidades y cantones (6.4 por ciento) y mejorar los servicios de registro y documentación personal (3 por ciento), entre otras peticiones de la ciudadanía.
Por otro lado, en términos más nacionales, se preguntó
a los salvadoreños lo que debería hacer el gobierno
en su conjunto para poder solucionar los graves problemas del
país (delincuencia y economía, reportados en esta
pesquisa). Los resultados señalaron que más de la
mitad de los ciudadanos, o sea el 51.7 por ciento, coincide en
que el gobierno debe escuchar a la población para resolver
los problemas del país; un 18.6 por ciento dijo que se
debería pedir ayuda a otras naciones; un 12 por ciento
piensa que el gobierno tiene que llegar a un acuerdo con la oposición
y casi el 11 por ciento mencionó que el Estado debería
elaborar un proyecto de país.
Confianza en las instituciones del país.
Como es costumbre del IUDOP, en esta encuesta de opinión
pública se aprovechó para recoger la confianza que
los ciudadanos tienen en distintas instituciones nacionales (por
su importancia en la definición de la agenda nacional se
incluyó en este grupo a los medios de comunicación).
Los datos del sondeo muestran a la Iglesia Católica, a
los medios de comunicación y la Procuraduría de
los Derechos Humanos con los mayores porcentajes de confianza
popular, les siguen las alcaldías, la PNC y la Fuerza Armada.
Paradójicamente, las instituciones nacionales que reciben
los más bajos niveles de confianza ciudadana son aquéllas
que se encuentran vinculadas al poder nacional. Según la
encuesta, la Asamblea Legislativa, la Presidencia de la República
y la Corte Suprema de Justicia, junto con los partidos políticos
reúnen los más bajos niveles de confianza de la
población a nivel nacional.
Evaluación de figuras públicas.
Finalmente, la pesquisa de la UCA pidió a los ciudadanos que evaluaran a algunas personalidades del acontecer público y político. Para ello se listó una serie de personajes de trascendencia en la vida nacional y se pidió a los consultados que los calificaran por su desempeño en una escala de O a 10. Los resultados muestran a la Ministra de Educación, Cecilia Gallardo de Cano (6.76); al alcalde de San Salvador, Héctor Silva (6.54); a la primera dama de la república, Elizabeth Aguirre de Calderón (6.53) y al ex-presidente Cristiani (6.50), como las personalidades mejor evaluadas por el pueblo salvadoreño, con promedios de calificación arriba del resto. Luego, la evaluación de los salvadoreños sitúa en un segundo bloque a los siguientes personajes: el arzobispo de San Salvador, Fernando Sáenz Lacalle (6.13); la procuradora de derechos humanos, Victoria de Avilés (5.99); al diputado Rubén Zamora (5.73); al miembro del COENA, Roberto Murray Meza (5.52) y al presidente Calderón Sol (5.51).
Finalmente, las figuras que reciben las más bajas calificaciones son: Schafick Hándal, diputado del FMLN, con 5.43; Abraham Rodríguez, diputado del PRSC, con 5.37 y Kirio Waldo Salgado, diputado del PLD, que obtuvo 4.98. Sin embargo, no todas estas personas son conocidas por todos los salvadoreños. Por ejemplo, el ex-presidente, el presidente actual, la primera dama y el diputado de Convergencia Democrática constituyen las personalidades más conocidas entre todas las evaluadas.
En síntesis, los resultados de la encuesta hecha por el IUDOP en Julio de 1997 muestran que la mayor parte de ciudadanos espera sobre todo que las autoridades del país les
escuchen como una forma de resolver los principales problemas
de la nación. Esto explica el hecho de que las instituciones
peor evaluadas, hoy por hoy, constituyen aquéllas que representan
el poder nacional, mientras que las mejor evaluadas son las que
de alguna manera poseen más contacto directo con la ciudadanía.
Es posible, por tanto, que en la medida en que las instituciones
gubernamentales sepan acercarse a la gente atendiendo a sus problemáticas,
la evaluación institucional podrá ser positiva.
El veredicto de la causa seguida en contra de Hugo Alfredo Benavides fue absolutorio. Al procesado se le acusaba de haber cometido el delito de homicidio doloso en grado de tentativa en contra de Francisco Martínez Alvarenga. A continuación describiremos los hechos, confiando en que sirvan para la reflexión.
Francisco había estado divulgando por la colonia versiones que difamaban a una hermana de Hugo, a la que llamaremos Sara, quien a la sazón contaba con dieciséis años. Este le pidió a su madre que hablara con el chismoso para instarlo a cambiar su actitud ofensiva y denigrante. Fue así como ambos, acompañados por la afectada con las habladurías, se hicieron presentes en el lugar donde se encontraba Francisco. Al llegar, la señora llamó al susodicho y éste le contestó que cualquier cosa que quisiera decirle la dijera en ese momento. Acto seguido se abalanzó sobre ella, empujándola y desenvainando un puñal con el que intentó agredirla. Hugo intervino, pero Sara se interpuso entre los dos hombres, resultando herida. En el mismo momento, otro navajazo lesionó a Hugo, quien tomó un machete que estaba en el lugar y lanzó una estocada al estómago de Francisco. Los heridos fueron llevados a recibir atención médica y Hugo fue aprehendido por la policía en el escenario de los hechos.
Una vez detenido Hugo, un abogado se ofreció para defenderlo y conseguir su libertad a cambio de una cantidad de dinero que para el preso resultaba imposible de conseguir. Los cargos por lesiones graves fueron modificados, siendo sustituidos por los de homicidio doloso en grado de tentativa.
Habiendo sido llevado a la enfermería, Hugo pidió permiso para ir al baño y se escapó por una ventana de la que quitó algunos vidrios. Poco tiempo después fue reaprehendido, añadiéndosele el cargo de evasión violenta.
Al hacerse los peritajes psicológicos para determinar si el detenido estaba en pleno uso de sus facultades mentales, como para poder incurrir en responsabilidad criminal, se determinó que se encontraba psicológicamente sano, pero que en el momento de reaccionar a la agresión fue víctima de un arrebato que anuló su natural timidez y le hizo actuar con violencia. Sin embargo, de los mismos estudios se desprende que la personalidad de Hugo se ha visto afectada por los malos tratos que sufrió desde su más tierna infancia, tanto por parte de su madre, como de los sucesivos concubinos que ella tuvo.
Tras haber sanado de su herida en el abdomen, Francisco se negó a acudir a ninguna de las tres ocasiones en que fue citado por el juez para ratificar su declaración como ofendido. Temía ser detenido y procesado por los delitos que, bien sabía, había cometido.
Al realizarse la vista pública, Hugo ya había cumplido el término de privación de libertad que se le podía imponer por el delito de evasión. Faltaba conocer el fallo del tribunal. Todos los argumentos que se vertieron durante la hora y media que duró el juicio en su etapa final, sirvieron para determinar la inocencia de Hugo en el delito de homicidio en grado de tentativa que se le imputaba. En efecto, no se reunían las condiciones que la ley establece para que hubiera tal y, por lo tanto, Hugo fue declarado inocente en el caso.
A pesar de existir ya una orden de libertad inmediata e incondicional a su favor, decretada por el Juez, Hugo continuó en prisión debido a problemas administrativos que son muy comunes en nuestro sistema judicial. La orden se refería a la misma persona, sí, pero el delito por el que se encontraba en prisión dicha persona era diferente. A alguien "se le pasó" comunicar que Hugo ya no estaba preso por lesiones graves, sino por homicidio en grado de tentativa. Así es que no lo dejaron salir en libertad, hasta que no se hicieron los trámites burocráticos que debieron haberse hecho meses atrás.
Por el delito de evasión, habiendo ya cumplido el término legal de privación de libertad, se ofreció caución juratoria, con la finalidad de que Hugo no permaneciera detenido por más tiempo.
Una vez en libertad, Hugo buscó y encontró trabajo. Actualmente su vida se desarrolla dentro de los cánones de lo que llamamos comúnmente "normalidad".
Mientras Hugo se encontraba en la cárcel esperando ser juzgado, Sara, la hermana involucrada en el conflicto, había tenido un hijo y se había vuelto a embarazar, siguiendo la huella de la progenitora; en el mismo tiempo, su madre había encontrado un nuevo amor.
El riesgo de que la historia se repita una y otra vez, estará presente siempre en esta familia, en tanto no se modifiquen los patrones conductuales que dieron origen a la primera tragedia.
Esta historia familiar es una entre miles de las que se van conociendo en los presidios. Lo único que cambian son las circunstancias concretas, los nombres, los lugares. En El Salvador, como probablemente en cualquier país, sólo en pocas ocasiones tenemos la rara oportunidad de asistir a procesos judiciales en los que la justicia se administre de manera pronta y en la forma debida; juicios en los que desde las primeras diligencias hasta la sentencia definitiva puedan ser calificadas como impecables, no sólo por el apego formal a la norma jurídica y procedimental, sino por el respeto al sentido humanitario que esencialmente debe orientar todo el trabajo judicial. Raras son también las oportunidades que tenemos de contar en los procesos con jurados, fiscales o jueces capaces de otear en el entorno social, económico, educativo y cultural, para fundamentar con objetividad sus opiniones y argumentos, sus decisiones y sentencias. Tampoco es frecuente encontrarse con facilidades para agilizar trámites, que simplifiquen la maraña burocrática, en beneficio de quienes demandan justicia, sea como ofendidos o como presuntos responsables de ofensas.
Estas imperfecciones que aún están presentes en nuestro aparato de procuración y administración de justicia, sin embargo, no deben desanimar a nadie y, por el contrario, hacia la meta ideal de su perfeccionamiento es que debe apuntar toda labor de promoción y defensa de los derechos humanos, a fin de contribuir positivamente en el proceso de construcción de una sociedad más respetuosa de la dignidad de todas las personas.
La tendencia ya existente hacia ese deber ser requiere de la acumulación
de las experiencias, positivas y negativas; del análisis
de las mismas, para la obtención de conocimientos que ayuden
a proponer mecanismos formativos de conductas socialmente positivas;
y que todo lo anterior sirva no sólo para perseguir y sancionar
adecuadamente el delito, sino, de manera primordial, para prevenirlo.
Ojalá la reforma penal próxima a entrar en vigor
contribuya a disminuir experiencias trágicas, como la que
ahora le tocó vivir a Hugo.
Discurso del Señor Presidente de la República
Dr. Armando Calderón Sol, en el Quincuagésimo Segundo
período ordinario de sesiones de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, New York, 23 de septiembre de 1997.
Señor Presidente, Señor Secretario General :
En nombre del pueblo y gobierno de El Salvador, le expreso nuestras felicitaciones por su elección para presidir este período de sesiones ; y a su antecesor, su excelencia Razali Ismail, de Malasia, nuestro reconocimiento por sus esfuerzos e iniciativas para avanzar en la modernización de las Naciones Unidas.
Felicitamos al Secretario General por su destacada labor durante
el primer año de su mandato, en particular, por los avances
logrados hacia la reforma de la organización.
Señor Presidente :
Después de mas de 5 años de la firma de los Acuerdos de Paz de El Salvador, manifestamos con satisfacción que hemos cumplido y alcanzado los objetivos que acordamos, habiéndose producido profundas transformaciones en la sociedad salvadoreña, que han merecido el reconocimiento universal, como uno de los esfuerzos de paz de más amplio alcance y de mayor éxito que se ha ejecutado con el apoyo de la organización.
Las responsabilidades y obligaciones de nuestro gobierno no terminan con el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, sino que continúan en el tiempo y el espacio con el fin de garantizar las realizaciones alcanzadas en la democratización y el respeto de los derechos humanos, así como para dar respuesta a las necesidades prioritarias de la sociedad salvadoreña.
Los salvadoreños estamos dedicados a la construcción
de un nuevo El Salvador, atacando de raíz las causas que
generan la pobreza y la marginación social, y promoviendo
una sociedad más justa y equitativa.
Señor Presidente :
La finalización exitosa de los proceso de pacificación en Nicaragua, El Salvador y recientemente en Guatemala, así como el establecimiento de gobiernos democráticos, han creado una situación propicia para consolidar la estabilidad regional, configurando a Centroamérica como una región de paz, libertad, democracia y desarrollo.
Centroamérica ha logrado grandes progresos en la desmilitarización y el fortalecimiento de la sociedad civil, elecciones libres, transparentes y pluralistas, en la incorporación de excombatientes en los procesos políticos nacionales. El fortalecimiento de las instituciones democráticas y el estado de derecho, así como la realización de un programa de desarrollo, cuyo centro de acción es la persona humana.
Ante la globalización y los proceso de apertura y regionalización económica, debemos ser aún más creativos para enfrentar los desafíos presentes y futuros. Por ello, estamos revisando el sistema institucional centroamericano, que nos permitirá una mejor y más provechosa inserción en el nuevo orden mundial.
La aspiración de los pueblos centroamericanos para seguir un destino común mediante la reunificación de la patria grande, siempre ha permanecido latente en nuestros pueblos, haciéndose evidente cada vez más, que la unidad es el mejor camino para que Centroamérica enfrente exitosamente los desafíos del próximo milenio. En ese espíritu, firmamos el 2 de septiembre recién pasado, la "Declaración de Nicaragua", con el objetivo de acelerar el proceso de unificación y venimos hoy, a compartir con ustedes, nuestra decisión de impulsar la unión política de Centroamérica. Deseamos que la comunidad internacional y las naciones unidas, sean testigos de nuestros esfuerzos, ante quienes comprometemos nuestra voluntad de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para realizarla.
Para lograr ese propósito, solicitamos de los países
amigos y de las instituciones multilaterales, que nos continúen
apoyando, proporcionando una asistencia oportuna para que los
esfuerzos nacionales y regionales se complementen y podamos tener
un mecanismo eficaz para el logro de nuestras aspiraciones.
Señor Presidente :
Deseo referirme a temas de trascendencia en el programa de la Asamblea General que son importantes para la organización misma.
Estamos convencidos que los principios de la organización continúan vigentes. Que es una institución única en su género, esencial y insustituible en el sistema internacional, cuya reforma es necesaria para adecuarla a las exigencias del nuevo orden internacional. En relación a la propuesta de reforma del Secretario General, mi gobierno respalda los cambios institucionales que se requieren para que la organización pueda responder eficientemente a los problemas comunes que enfrentan nuestras naciones.
Para que las Naciones Unidas sea más operativa, es indispensable
que cuente con los recursos financieros adecuados y seguros, siendo
una responsabilidad de los estados miembros cumplir nuestras obligaciones
financieras, las cuales no deben estar sujetas a ningún
tipo de condicionamientos, para garantizar la independencia, la
imparcialidad y la credibilidad en las funciones de la organización.
Señor Presidente :
La reforma del Consejo de Seguridad es necesario para superar los desequilibrios existentes en su composición actual. Apoyamos el aumento de los miembros permanentes y no permanentes en un número adecuado, que sea representativo del número de miembros que tiene ahora la organización con los mismos derechos y obligaciones y asignados conforme al principio de distribución geográfica, que incluya a países en desarrollo en ambas categorías.
Consideramos de suma importancia, dedicar atención a los
métodos de trabajo y procedimiento, con el fin de que el
proceso de toma de decisiones sea colegiado, democrático
y transparente, incluyendo una coordinación efectiva de
todos los órganos del sistema.
Señor Presidente :
Las Naciones Unidas fueron creadas con un carácter universal,
de la que deben ser miembros todos los estados amantes de la paz
que acepten las obligaciones consignadas en la Carta. Por ello
reiteramos nuestro apoyo a la justa aspiración de la República
de China, en Taiwan, a reingresar en esta organización,
en base al principio de universalidad que distingue a las Naciones
Unidas.
Señor Presidente :
Para finalizar, quiero manifestar que los pueblos centroamericanos estamos agradecidos por la labor de las Naciones Unidas en el proceso de pacificación, democratización y desarrollo en Centroamérica, reconociendo los esfuerzos que la organización continúa realizando en beneficio de la paz y la seguridad mundial, mediante la búsqueda de soluciones a los conflictos por la vía pacífica y con apego a los principios del derecho internacional.
En el umbral del nuevo siglo, las naciones enfrentamos gigantescos
desafíos. Invocamos la ayuda de Dios, para que la paz,
la libertad y los valores humanos, prevalezcan en todos los pueblos
de la tierra.
AUMENTOS. El Presidente de la República, Armando Calderón Sol, junto al Ministro de Economía, Eduardo Zablah Touché, anunciaron, el 22.09, en Nueva York, dos incrementos salariales para los empleados públicos del 6% cada uno; el primero a entrar en vigencia el 1º de enero de 1998 y el segundo el 1º de diciembre de ese mismo año. Según los funcionarios, la decisión de los incrementos al sector gubernamental fue acordada por el Consejo de Ministros del 19.09, en el que también se propuso no afectar los presupuestos de los ministerios de Salud y Educación. "Estimamos las necesidades reales de la población", afirmó el Presidente, quien dijo entender la problemática social y las necesidades del trabajador gubernamental, al tiempo que manifestó que la revisión de los salarios significa un esfuerzo profundo en la economía. Por su parte, el Ministro de Economía explicó que en 1997 no fue posible realizar un aumento de salarios en el sector gubernamental porque no lo permitía el presupuesto; sin embargo, el aumento era posible para 1998, pues se pretendía obtener fondos de una mayor recaudación de impuestos, y también gracias a préstamos de organismos internacionales para los cuales El Salvador es sujeto de crédito. No obstante, Zablah Touché advirtió que los aumentos anunciados podrían traer peligro a la economía, por el riesgo de aumentos de la inflación y el costo de la vida. "Por eso se hace en dos entregas, porque hay menor riesgo", explicó Zablah (LPG 23.09 p.4 y DH 23.09 p.3).
REACCIONES. Varias organizaciones de trabajadores agremiadas a
la Unión de Trabajadores Salvadoreños (UNTS) calificaron,
el 23.09, como "demagogia" el anuncio de aumento salarial
hecho por el Presidente de la República, Armando Calderón
Sol, ya que no está acorde con el alto costo de la vida.
Carlos Rodríguez, de la Asociación de Trabajadores
de Obras Públicas (ATMOP), criticó la propuesta
del Presidente al no haber considerado la decisión con
ellos, anunciando que, como consecuencia, a partir del próximo
mes iniciarán una serie de actividades de protesta. Ante
los señalamientos, el jefe de fracción de ARENA,
Walter Araujo, aseguró que el aumento es producto de un
"proceso económico sano, de disciplina fiscal, sin
usos demagógicos preelectorales"; a juicio de Araujo,
el aumento ha sido dado a conocer mucho antes de las elecciones
presidenciales de 1999, descartando que obedezca a un interés
del gobierno por recuperar simpatía popular. Por su parte,
Ronal Umaña, diputado del PDC, sostuvo que el Ejecutivo
se adelantó al anunciar el aumento, ya que es la Asamblea
Legislativa la que aprueba el presupuesto y sus respectivos aumentos
a los diferentes rubros. Mientras tanto, Juan Ramón Medrano,
del Partido Demócrata, manifestó que si el Organo
Ejecutivo se ha comprometido con el aumento, seguramente habrán
pensado en una mejor recaudación de impuestos, disminuir
el presupuesto para 1998 en otras áreas, incrementar el
Impuesto al Valor Agregado (IVA) o recurrir a financiamiento externo
(LPG 24.09 p.5, DH 24.09 p.9 y DL 23.09 p.3).
