Año 18
número 776
octubre 1
1997
ISSN 0259-9864
Editorial Las críticas al "reinado" de Cristiani
Política El PCN vuelve al rebaño: la derecha se unifica (I)
Política La Convergencia Democrática y el incierto futuro de los partidos pequeños
Economía El presupuesto general de la nación para 1998
Sociedad SIDA: ¿una enfermedad de solución moral?
Derechos Humanos Se hace camino al andar
Alfredo Cristiani comienza un nuevo reinado en ARENA, el cual estará marcado por un afán de disminuir el potencial político del FMLN, cuyo crecimiento parece ser una de la principales preocupaciones del nuevo presidente del COENA en vistas a las elecciones de 1999. "Creo que el FMLN no seguirá creciendo, es un partido muy dogmático, donde no caben ideas amplias", ha dicho Cristiani, quizás para convencerse a sí mismo de que el desafío que plantea el partido de izquierda no es tan grave como muchos, en las filas areneras, piensan.
Pero dejando de lado lo que pueda significar el fortalecimiento político del FMLN para las aspiraciones político-electorales de ARENA, es indudable que este partido tiene que enfrentar, antes que cualquier otro desafío, las fisuras internas que, sin ser nuevas, han alcanzado en los últimos días una gravedad inusitada, que incluso han llevado a que una de las principales figuras en el debate intra arenero -Orlando de Sola- haya llegado a ubicar la raíz de los males del partido de derecha en el propio Roberto de A'ubuisson, quien "cometió el error de introducir el mercantilismo por la vía de Cristiani". Los principales críticos de la derecha, al interior de la derecha --el propio de Sola y Alfredo Mena Lagos-- han hecho del "mercantilismo" que propugnan los actuales líderes de ARENA su principal foco de atención.
En de Sola hay ciertamente un componente personal en su malestar con el partido, el cual se remonta a su destitución, por parte del Presidente Armando Calderón Sol, como Superintendente de Energía y Telecomunicaciones, pues --en su opinión-- se le "destituyó con motivos injustos, como que yo no había cumplido con mi obligación y que había gastado mucho dinero". Asimismo, de Sola no manifiesta la menor simpatía hacia el ex presidente Alfredo Cristiani, a quien considera un hombre que le "gusta mucho la acumulación de riquezas materiales, no intelectuales. Y para eso utiliza el poder político. Porque él, que era un hombre rico antes de acceder a la política, salió muchísimo más rico cuando acabó su presidencia. El dinero no debería ser el motivo de su activismo político".
Por su parte, Alfredo Mena Lagos también tiene motivos de sobra para estar disgustado con el partido ARENA y su dirigencia, pues fue despojado del poder con el que contaba cuando era Comisionado Presidencial para la Modernización del Sector Público. Y, además, aunque dice sentir respeto por lo que hizo Cristiani cuando fue presidente, no puede ocultar su resquemor por la propensión del ex presidente a obtener privilegios empresariales valiéndose del poder político.
Los críticos de derecha más acérrimos de la situación actual de ARENA tienen, pues, motivos personales muy fuertes para estar indispuestos contra el partido que antes les dio protección y cobijo. Pero más allá de los innegables resentimientos, tanto Orlando de Sola como Mena Lagos esgrimen un cuestionamiento más de fondo contra la actual cúpula arenera: haber desviado al partido hacia el "mercantilismo", en desmedro de los valores liberales que inicialmente lo animaron. Mena Lagos lo dice del siguiente modo: "los orígenes de ARENA son eminentemente nacionalistas, pero principalmente liberales, y su éxito en el futuro dependerá de su capacidad para conjugar estas dos tendencias"
De Sola arremete en contra del mercantilismo, es decir, contra esa "especie de socialismo monárquico, donde el rey de turno otorga a sus amigos todo tipo de privilegios, en detrimento de los ciudadanos. Lo mismo pasa hoy cuando se protegen determinadas actividades consideradas de interés nacional, pero que terminan por beneficiar a un grupo específico, y perjudican al resto de la gente porque impiden la competencia". Así, si hay un reparo importante del ex superintentente de energía y telecomunicaciones al arribo de Cristiani a la presidencia del COENA, el mismo es de tipo ético, puesto que por ser el nuevo jerarca de ARENA un auspiciador del mercantilismo no sólo puede condescender con la corrupción -"el mercantilismo tiene un grado de corrupción"--, sino que será proclive a "valerse del poder político para entrar en algunos sectores económicos en exclusividad. Es lo que en economía se llama abuso de la situación monopólica u oligopólica".
Se podrá estar en contra del liberalismo y sus valores, pero no se puede negar que una gran parte de los empresarios salvadoreños ni son emprendedores ni son competitivos ni son respetuosos del Estado de derecho. Tampoco se puede negar que desde el poder político se les conceden favores, en detrimento de otros sectores económicos, a grupos privilegiados que, amparados en argollas políticas, consiguen fuera del mercado lo que no pueden lograr en una limpia competencia dentro del mismo. Son estos sectores políticos y económicos mercantilistas los que hacen la apología más brutal del mercado; los que proclaman a viva voz sus virtudes y logros. Son ellos, sin embargo, los primeros que violentan sus reglas; los primeros que se enriquecen ilícitamente; los primeros que bloquean, amparados en el poder político, la emergencia de otros sectores económicos en verdad competitivos.
Se podrá estar en contra del mercado por considerarlo inequitativo
o generador de injusticias, pero ello no obsta para reconocer
que en El Salvador la competitividad empresarial es sólo
un sueño y que el mercado, por más que desde la
derecha económica y política se pregonen su eficacia
y sus bondades, enfrenta serios obstáculos para convertirse
en el eje dinamizador de la economía nacional. Por las
razones que sea, de Sola y Mena Lagos se han atrevido a señalar
una de las fuentes de esos obstáculos. Es de esperar que
su crítica cale hondo en las altas esferas de la derecha
económica y política, y que de ello surjan respuestas
y actitudes que vayan más allá de los balbuceos
de Cristiani, quien se ha limitado a decir que las críticas
provienen de gente "frustrada" y "resentida".
Decir que de Sola y Mena Lagos son resentidos y frustrados no
va al fondo del asunto; esto es, al problema de si en verdad ARENA
es un partido comprometido con la libre empresa o si, por el contrario,
lo está con los contubernios mercantilistas.
En El Salvador no se puede hablar de una derecha política homogénea. Tal como lo muestra la historia de nuestro país, la necesidad de mantener un bloque político que representara los intereses de los grandes capitalistas ha respondido más a una formalidad administrativa que al deseo de cristalizar un bloque ideológico capaz de aglutinar a la población. Durante un tiempo, el poder estuvo en manos de la misma oligarquía, cuando la preocupación por darle a este pedazo de Centroamérica algo de nación todavía no era tomada muy en serio. Luego fueron los militares quienes defendieron el poder de sus antecesores. Con el paso de los años, la necesidad de incorporar verdaderos tecnócratas para conducir la actividad partidista se hizo más fuerte, pero no con ello se logró conformar un grupo social que mantuviera unificada a la derecha en torno a un ideal político común.
La variedad de intereses y los conflictos que estos producen parecen ser los problemas fundamentales que no han dejado de afectar. La unidad que ha hecho que los grupos que dominan la economía lleguen hasta donde están en nuestros días se manifiesta solamente cuando el interés primordial por mantenerse en el poder se ve amenazado. Con los últimos acontecimientos al interior de la Asamblea Legislativa y, concretamente, a partir de los conflictos que se han hecho públicos entre el PCN y ARENA, se pone sobre la mesa uno de los rasgos que ha caracterizado la realidad nacional desde las elecciones de marzo pasado, a saber: que la derecha de nuestro país se haya sumergida en una crisis que amenaza con despojarla de su actual cuota de poder, y que, para esta misma derecha, la necesidad de negociar a como dé lugar una alianza que les permita seguir juntos en medio de esta situación de incertidumbre -al menos hasta las elecciones del 99-- es un punto al que tienen que dedicar gran parte de sus esfuerzos.
La situación de peligro para el bloque de derecha se comenzó a fraguar desde el año pasado, cuando un grupo de "inconformes" del partido ARENA -encabezado por Antonio Cornejo Arango, Mauricio Gutiérrez Castro, Francisco Merino y Sigifredo Ochoa Pérez- se unieron a la bancada del PCN, aduciendo la poca participación que se les había permitido a nivel de la dirigencia del partido oficial. Estos disidentes encontraron en el PCN el espacio necesario para dar rienda suelta a sus ambiciones caudillistas y si, en un principio, nadie se detuvo a considerar las consecuencias de este hecho fue porque la época de elecciones autorizó de antemano cualquier ingreso de estas figuras ante la posibilidad de aumentar su número de votantes. Lo que no tomaron en cuenta quienes entraron a las filas del PCN fue el escaso poder real en el que se estaban apoyando. Los pronósticos de que las relaciones entre el PCN y ARENA se verían fortalecidas con estas incorporaciones se vinieron abajo al conocerse la postura de la fracción legislativa pecenista de apoyar la revisión de la Ley de Privatización de ANTEL, la interpelación del presidente del BCR y la recomendación de destituirlo de su cargo, medidas en las que Ochoa Pérez ejerció el papel protagónico.
El problema que se veía llegar era el de un verdadero quebrantamiento del bloque político de derecha. Pero había una pregunta que no podría escapar a la opinión pública: ¿se podía esperar del PCN una actitud opositora ante el partido de gobierno que lograra colocarlo como una fuerza independiente capaz de conducir al país hacia un verdadero clima de democracia y pluralismo? De haber sido este el caso, de seguro que Conciliación Nacional habría sido una oferta muy atractiva para el electorado y, por lo tanto, un rival peligroso para ARENA en la elecciones de 1999, ya que habría puesto en alto el valor de la independencia y el compromiso hacia intereses verdaderamente nacionales. Pero ante la posibilidad de un revés político de esta magnitud, la derecha se defiende: a las puertas de una asamblea general crucial para el partido oficial, la dirigencia pecenista decide destituir a Ochoa Pérez de su cargo como jefe de fracción, y advierte que no se tolerarán más desvíos de los principios que rigen el partido. Con la reciente convención del PCN, se terminó de confirmar esta reacción, dado que la revocatoria del relevo de Ochoa Pérez ya no tiene lugar dentro del discurso de la dirigencia de dicho instituto político.
Las consecuencias provocadas por esta toma de posturas comienzan a revelarse en estos días, puesto que la posibilidad de que el partido con más experiencia electoral en el país comenzara a sufrir divisiones internas no se opacó tras la destitución de su jefe de fracción. De los once diputados con los que cuenta el PCN en la Asamblea Legislativa, nueve apoyaron la mayoría de posturas de las que Ochoa Pérez fue el abanderado, lo cual desvirtúa el argumento de que fueron las motivaciones personales de aquél las que provocaron que la fracción parlamentaria obrara con independencia de lo estipulado por la dirigencia del partido. La noticia de que Gutiérrez Castro renunciaría al Consejo Ejecutivo antes de que destituyeran a Ochoa Pérez, enturbiaron el ambiente ante los rumores de que la decisión del miembro fuera una represalia en contra de las disposiciones que ya se venían discutiendo a nivel de la dirigencia. Además, las polémicas declaraciones de Horacio Ríos, en relación de la decisión tomada por la cúpula de su partido, pusieron en evidencia que ni siquiera al interior de éste se puede guardar silencio con respecto a la intromisión de ARENA en las decisiones que se toman en sus niveles de dirección superiores. De cualquier modo, los términos en los que se ha manejado la convención matizan todo el conflicto en función de desobediencias y malentendidos que podrán llegar a un feliz término si se abren los espacios para que todas las partes externen su punto de vista.
Parece que una reacción que pueda demostrar la capacidad de los diputados que apoyaron a Ochoa Pérez para responder no sólo a los intereses del instituto político al que pertenecen -si es que tiene intereses propios--, sino a las necesidades de la población a la que representan, está muy lejos de concretizarse. De ser así, quizás se deje una puerta abierta para pensar que en nuestro país no podrá existir pluralismo y democracia a nivel legislativo mientras sigan pesando en la balanza de poderes grupos cuyos intereses autoricen o desaprueben el trabajo de las demás fracciones y, porque no decirlo, el de la mayoría de organismos estatales que tienen como mandato constitucional trabajar por establecer un verdadero Estado de derecho en nuestro país.
El sueño que Zepeda ha proclamado a los cuatro vientos -la posibilidad de que el PCN pueda presentarse como un fuerza partidaria de peso en las elecciones del 99--, ¿puede en verdad llegar a realizarse, dadas las reglas del juego que se establecieron en la reciente convención de su partido? Si es cierto que ningún vínculo económico los une con ninguna organización o partido político, también lo es que su trayectoria parlamentaria deja muy poco espacio para suponer que su línea ideológica ("criolla", como la etiquetaron durante el evento) les permitirá aportar lineamientos novedosos para engendrar un nuevo tipo de pensamiento en la derecha. Sin embargo, pese a todos los puntos negros que la labor de Ochoa Pérez pueda tener, no se puede negar que en este preciso momento de la historia, con la composición de poderes de la Asamblea Legislativa de nuestros días, el ex-jefe de fracción fue capaz de esbozar una línea de trabajo que pudo llevar al partido a revolucionar la faz del bloque de la derecha presente en el Salón Azul.
Sin embargo, con la reciente convención general, la posibilidad de que el PCN se independice de las líneas políticas del partido en el gobierno parece cada vez más lejanas. En sus últimas declaraciones, el secretario general de este partido no pierde la oportunidad de afirmar que la autonomía sigue siendo la característica que llevará a su partido a competir con las principales fuerzas del país, pero con la manera en que fulminaron las "indisciplinas" de Ocha Pérez, más bien parece que no tienen la capacidad para evaluar la situación a la que han llegado luego de la convención o que, a fin de cuentas, nunca van a dejar de darle importancia a los llamados de atención que se les hagan desde fuera.
En este reajuste de fuerzas, hay dos piezas claves que no habrá que perder de vista: por un lado, lograr que sea revisado el dictamen que recomendó la destitución del Presidente del BCR, Roberto Orellana Milla, y por otro, reevaluar la decisión de apoyar la condonación de la deuda agraria. Ya se ha asegurado que el apoyo al perdón de la deuda agraria se mantiene dentro de los objetivos inmediatos del partido, aunque aún no se ha aclarado qué tanto de esa condonación están dispuestos a apoyar. Parece sospechoso que esta reconsideración aparezca luego de que el partido ARENA haya anunciado que cedería en su posición con respecto a este debate. En relación al caso de Orellana Milla, todo apunta a que se dará fin a una de las iniciativas más polémicas de la fracción pecenista mientras estuvo bajo la dirección de Ochoa Pérez. La sed de victorias en la lona legislativa agobia al partido oficial, y nadie puede negar que lo que parece ser un acoplamiento entre los intereses de ARENA y el PCN va a traerle beneficios en este momento.
En el fondo, se trata de introyectar a la opinión pública la idea de que la fuerza de la derecha no se ha agotado, aunque tenga que estar concentrada en una organización política cuyos problemas internos han hecho tambalear el control que mantiene sobre gran parte del aparato estatal desde hace ocho años.
Lo que por ahora parece quedar claro en el panorama nacional es
que las líneas de trabajo de la derecha siguen siendo dictadas
por la cúpula de un solo partido, y que la existencia de
dos partidos con ideología de derecha responde a la necesidad
de cohesionar a los votantes que todavía creen en el legado
del PCN. La autoridad para hablar o no del comienzo de la independencia
del PCN dependerá exclusivamente de la reacción
de los miembros del partido que dieron cuerpo a la posibilidad
de un cambio de rumbo para el mismo.
Recientemente, el partido de centro-izquierda Convergencia Democrática (CD) anunció la ruptura de la alianza política que había establecido con el FMLN. Según la Convergencia, la separación obedece a la política "populista y demagógica de izquierda" que el FMLN se empeña en mantener. Ahora bien, no es sorprendente que la CD pretenda independizarse, ya que es de esperar que los partidos pequeños con posibilidades de permanecer vigentes busquen consolidarse como alternativas de centro para contrarrestar la polarización política del país; lo extraño es que para conseguir esa independencia dicho partido haya acudido a argumentos que más parecen buscar el desprestigio del FMLN que la autonomía de la CD.
La ruptura no sorprende porque la coalición se debió a un movimiento estratégico en el que ambos partidos buscaban su propio beneficio. La Convergencia aportaba a la alianza capital, el FMLN votos y el triunfo de Héctor Silva resultaba provechoso para los dos. La alianza fue, pues, un asunto estratégico y coyuntural y no una unión definitiva que obedecía a razones ideológicas. Pero si la alianza política funcionó y las cosas salieron, probablemente, mejor de lo que los mismos partidos esperaban, ¿por qué salir de ella con una actitud confrontativa? Es posible que, en miras a las elecciones del 99, la CD haya decidido alcanzar su autonomía divorciándose del FMLN, basándose en una serie de acusaciones orientadas a distinguirse de él, y posicionarse en la mente de los electores como una opción política de centro y una mejor versión de izquierda que la que ofrece el Frente.
Si, en efecto, ese fuera el objetivo de la CD hay que decir que para lograrlo no era necesario acusar al FMLN de populista, demagógico y electorero. La acusación pierde peso por varias razones. Primero, porque desde su inmersión en la vida democrática, el FMLN ha mantenido sus posturas políticas y podría decirse que sigue siendo el mismo partido de hace seis años; en otras palabras, si es cierto que el FMLN es populista, electorero y demagógico también lo es que así ha sido desde que existe como partido y que ese tipo de críticas pudieron --y debieron de--haberse hecho desde hace rato. Es difícil creer que la CD se haya dado cuenta de esos males del Frente hasta ahora y entender que quiera adjudicarle a éstos la ruptura con el FMLN. Que la Convergencia haya decido esperar a recibir los beneficios de la coalición para plantear sus desacuerdos con el Frente no deja de ser cuestionable y contradictorio ¿no caería entonces la CD en los mismos vicios que critica al FMLN? ¿cómo podría interpretarse esa acusación aparecida de la noche a la mañana sino como una táctica electorera?
Otra de las razones que debilita la acusación de la Convergencia es que salir de la alianza con ánimo confrontativo puede ser mucho más perjudicial para la CD que para el FMLN. Como se sabe, el Frente es una de las mayores fuerzas políticas del país y que uno de los partidos pequeños formule ciertas declaraciones simplistas en su contra poco o nada puede afectarlo. A peores rivales y a más graves acusaciones se ha enfrentado el FMLN. A diferencia de éste, el horizonte de la Convergencia es mucho más limitado. Enemistarse con el FMLN puede costarle a la CD la renuncia a la posibilidad de establecer nuevas alianzas que, sin duda, resultarían más convenientes a ésta, pues, cuando de recaudar votos se trata, la Convergencia no sale muy bien librada.
Por último, no hay que olvidar que cualquier impasse que se dé al interior de la izquierda puede ser capitalizado por la derecha para ganar puntos a su favor y, de nuevo, esto resulta mucho más desfavorable para los partidos pequeños que para el FMLN, quien ya cuenta con cierta cantidad estable de simpatizantes. Que dichos partidos luchen por su autonomía con respecto a los dos polos es lo más sano que puede ocurrirles a ellos y al sistema político en general. El problema es que, de no hacerlo con cautela y astucia, ese afán independentista puede contribuir a su propia ruina en lugar de convertirse en el bastión de su fortalecimiento. No hay que olvidar que a ARENA le resulta conveniente el fraccionamiento de la izquierda, pues le sirve de base para enorgullecerse de la unidad granítica que, a pesar de todo, sus dirigentes se esmeran en defender.
Las consecuencias negativas que, para la CD, puede llegar a tener la ruptura de la alianza con el FMLN llevan a preguntarse no sólo por el futuro de ese instituto político, sino por el del resto de los partidos pequeños. Es cierto que un sistema político polarizado como el salvadoreño se encuentra lejos de favorecer a los partidos intermedios; éstos más bien tienden a desaparecer o a verse en serios problemas para sobrevivir en medio de una serie de condiciones que les son adversas (la falta de fondos, la dificultad para obtener votos y nuevos adeptos, etc.). Pero los factores externos no son los únicos responsables de los obstáculos que presentan los partidos minoritarios para consolidarse en el sistema democrático. A las dificultades del medio se suman los vacíos que existen al interior de cada instituto político. Es difícil competir contra lo "malo conocido", pero lo es más cuando no se está lo suficientemente preparado para asumir esa competencia.
Y no se trata de una preparación en términos económicos. En otros países de Latinoamérica se han visto casos de candidatos que se lanzan a las contiendas con un mínimo de recursos, pero, eso sí, con un máximo de propuestas novedosas que hacen diferencia con respecto al discurso de los políticos tradicionales. Tampoco se trata de pensar que los partidos minoritarios deben lanzarse a ofrecer cualquier disparate con tal de diferenciarse de los mayoritarios, el problema es que, en el caso de El Salvador, los "pequeños" no han podido demostrar que "lo bueno por conocer" puede valer la pena, sencillamente por que hasta ahora no han sabido venderse como algo nuevo. Más bien, han dado la impresión de ser más de lo mismo y es por eso que no han logrado beneficiarse de la inconformidad generalizada hacia las extremas. Es más, la existencia de muchos de los partidos pequeños que, con duras penas, alcanzaron el 3% de los votos el 16 de marzo pasado se debe, en gran medida, al voto de castigo que muchos aplicaron a ARENA y decidieron darle a uno de centro para no votar por el FMLN. Esto es grave porque significa que quienes, por una u otra razón, prefieren a los partidos de centro no lo hacen por que les convenza su proyecto político, sino por que les interesa desfavorecer a los "grandes".
Un panorama político más o menos equitativo, con
similares oportunidades para todos los partidos, debería
de ser una de las metas importantes de la transición democrática.
Es difícil creer que las mayores fuerzas políticas
del país van a asumir esa tarea, pues es a ellas a quienes
conviene la polarización. Corresponde, pues, a los partidos
minoritarios trabajar por asegurarse su propio futuro en el mercado
de las ofertas políticas. Pero para eso tendrán
que dejar de ser satélites o apéndices de los "grandes"
y, por consiguiente, ir más allá de las críticas,
aprendiendo a ser creativos y propositivos.
El pasado 29 de septiembre el Ministerio de Hacienda presentó a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto el anteproyecto de ley del Presupuesto General de la Nación. Este puede ser un buen indicador de los prioridades de un gobierno y, al mismo tiempo, puede revelar la congruencia de los ofrecimientos programáticos con las medidas específicas de política.
Para este año existen al menos dos contradicciones claras. La disminución de la asignación para el área social y la negativa de otorgar un 6% del Presupuesto General de la Nación para el apoyo a los gobiernos locales, contradicen algunos de los ofrecimientos que han sido expresados en diferentes momentos por el gobierno; específicamente, elevar el gasto social hasta un 50% del presupuesto total para 1999 y fomentar el desarrollo local. El anteproyecto del Presupuesto también revela que el servicio de la deuda, pese a las condonaciones y renegociaciones de que ha sido objeto, aún es una pesada carga para las finanzas públicas.
En general, el presupuesto sigue presentando una importante tendencia
hacia el incremento, el cual para este año fue de 10.4%,
y sigue presionando hacia la permanencia del déficit fiscal,
que para 1998 se estima alcanzará el 1.9% del PIB. Sin
embargo, estos incrementos no se destinan a las áreas más
descuidadas, como el gasto social y la descentralización.
En lo que sigue se busca examinar el Presupuesto, prestando especial
atención a lo que se refiere a los ramos más favorecidos
con incrementos, comportamiento del gasto social y la situación
del financiamiento a las municipalidades.
Los principales receptores del incremento presupuestario
Un primer elemento que llama la atención de la composición del presupuesto es que existen seis ramos que no experimentaron ningún cambio en la composición de sus presupuestos: obras públicas, defensa, agricultura, fiscalía, procuraduría general de la república y procuraduría para la defensa de los Derechos Humanos. Consecuentemente, todas estas ramas vieron caer su participación porcentual en el total del presupuesto.
En cambio, los ramos que sí incrementaron apreciablemente
su participación en el presupuesto fueron: educación,
servicio de la deuda pública externa, órgano judicial,
justicia, órgano legislativo, y, finalmente, el financiamiento
a los gobiernos municipales. Sin duda, los que recibieron los
mayores porcentajes fueron los ramos de educación y de
servicio de la deuda pública externa, quienes recibieron
aproximadamente 300 millones extra cada uno. Esto implica que,
para 1998, el servicio de la deuda externa podría llegar
a mejorar su participación en el total del presupuesto,
aun por encima de lo que lo haría el ramo de educación.
El presupuesto para educación y servicio de la deuda externa
pasaría de 16% a 16.1% y de 8.8% a 9.7%, respectivamente,
entre los años 1997 y 1998.
Nueva caída del gasto social
A pesar del incremento asignado al ramo educativo, lo cierto es que, en conjunto, las ramas consideradas dentro del gasto social (educación, salud, vivienda y trabajo) disminuyeron su participación en el total del presupuesto. En 1996 y 1997 se destinó un 24.35% y un 25.1% para gasto social, respectivamente, mientras que, en 1998, se espera que el gasto social alcance únicamente el 24.5% del total del presupuesto. Este porcentaje resulta de sumar el porcentaje asignado a educación (16.1%), salud (7.9%), vivienda (0.2%) y trabajo (0.3%).
En lugar de incrementar la asignación para gasto social, como lo propone el plan de desarrollo social, el anteproyecto del presupuesto para 1998 lo retrocedería a los niveles de hace 2 años.
Dentro de este comportamiento, lo más cuestionable es la reducción del porcentaje asignado a la salud. Este pasará de representar un 8.6% en 1997, a representar tan sólo un 7.9% en 1998. Pese a que se aumentó su presupuesto en 16 millones de colones, este fue proporcionalmente menor al experimentado por el presupuesto total y, por ello, no impidió que la participación porcentual de la rama disminuyera.
Al examinar los restantes componentes del gasto social (trabajo
y vivienda) destaca que estos se mantuvieron prácticamente
en los mismos niveles porcentuales de 1997. No obstante, resulta
significativa la reducción de cerca de 1.2 millones en
el presupuesto de vivienda y desarrollo urbano, no por su monto,
sino por el contexto en que se opera. Este ramo apenas recibe
un 0.2% del presupuesto total, pese a que la vivienda es una de
las necesidades sociales más ingentes.
El financiamiento a los gobiernos municipales
Como resultado de las últimas elecciones legislativas y municipales, la formulación del presupuesto ha abierto una histórica discusión entre la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo. El principal punto en discordia es el porcentaje que sería asignado para el ramo de Financiamiento a gobiernos municipales. Pese a que la Asamblea Legislativa aprobó un decreto para que aquél fuera de 6%, en la práctica el Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, únicamente asignó un 2% para este rubro.
El Presidente de la República ha manifestado estar "dispuesto a aumentarle a los municipios si la oposición [legislativa le] dice de dónde [obtener] el dinero", pues, según él, para el incremento que ya se contempló en el presupuesto para las municipalidades se hicieron esfuerzos por reubicar partidas destinadas para el Ministerio del Interior y para el programa Municipalidades en Acción. Por su parte, representantes de la oposición argumentan que la asignación del 6% había sido aceptada ya por el mismo Presidente antes de ser aprobada por el pleno legislativo.
Lo cierto es que, aunque el gobierno afirma estar a favor de la
descentralización y el fortalecimiento municipal, en la
práctica está bloqueando iniciativas que pueden
contribuir significativamente a mejorar la capacidad de gestión
de las municipalidades. Esto resulta especialmente cuestionable
si se considera que, en realidad, el problema no depende tanto
de la insuficiencia de fondos, sino de la reasignación
de partidas de otras instituciones, obras públicas por
ejemplo.
Consideraciones
Tal como ha sido costumbre en los últimos años, el Presupuesto General de la Nación mantiene una franca tendencia ascendente pero sin inclinarse hacia los sectores vinculados con la función social del Estado. Llama especialmente la atención el hecho que, para 1998, los rubros que recibirán los mayores incrementos serán los de educación y el servicio de la deuda externa. Ello sugiere que el servicio de la deuda externa podría llegar a entrar en competencia con los rubros del gasto social, con las asignaciones para las municipalidades o cualquier otra función del Estado.
La composición del presupuesto revela, nuevamente, que uno de los mayores vacíos de los programas de gobierno se encuentra en el área del fomento del desarrollo social. Por ejemplo, aunque no es necesario argumentar en torno a la insuficiencia y constante deterioro del sistema nacional de salud, en la práctica la asignación presupuestaria para esta rama resulta francamente incoherente no sólo con las necesidades del país, sino también con el discurso oficial sobre el desarrollo social.
El planteamiento de la Asamblea Legislativa para incrementar fuertemente
el presupuesto para las municipalidades es importante; sin embargo,
en ese mismo nivel debería de ventilarse también
la inverosímil política del gobierno de reducir
el gasto social.
| Unidades primarias de organización | 11310.9 | 67.0 | 69.9 |
| Organo Legislativo | 123.3 | 0.7 | 0.6 |
| Organo Judicial | 1031.1 | 6.1 | 5.0 |
| Corte de Cuentas | 75.8 | 0.4 | 0.4 |
| Tribunal Supremo Electoral | 72.9 | 0.4 | 0.3 |
| Tribunal de Servicio social | 1.1 | -- | 0.01 |
| Fiscalía General | 69.8 | 0.4 | 0.4 |
| Procuraduría General | 49.9 | 0.3 | 0.3 |
| Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos | 27.0 | 0.15 | 0.2 |
| Presidencia | 336.5 | 2.0 | 2.2 |
| Ministerio de Hacienda | 355.4 | 2.1 | 2.4 |
| Ministerios de Rel. Ext. | 189.0 | 1.1 | 1.1 |
| Ministerio del Interior | 273.8 | 1.5 | 1.8 |
| Seguridad Pública | 1339.3 | 7.8 | 8.9 |
| Defensa Nacional | 885.6 | 5.2 | 5.8 |
| Ministerio de Justicia | 248.1 | 1.5 | 1.3 |
| Ministerio de Educación | 2726.5 | 16.1 | 16.0 |
| Ministerio de salud | 1333.7 | 7.9 | 8.6 |
| Ministerio de Trabajo | 51.6 | 0.3 | 0.3 |
| Ministerio de Economía | 103.5 | 0.6 | 0.5 |
| Ministerio de Agricultura | 314.4 | 1.8 | 2.1 |
| Ministerio de Obras Públicas | 1765.6 | 10.4 | 11.5 |
| Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano | 32.8 | 0.2 | 0.2 |
| Deuda Pública | 2895.7 | 17.1 | 17.2 |
| Interna | 1246.4 | 7.4 | 8.4 |
| Externa | 1649.3 | 9.7 | 8.8 |
| Obligaciones Generales | 1198.0 | 7.1 | 7.52 |
| Fondo de lisiados | 208.0 | 1.2 | 1.6 |
| Financiamiento a Municipios | 330.0 | 2.0 | 1.0 |
| Imprevistos | 119.1 | 0.7 | 0.8 |
| Reactivación económica y social | 120.8 | 0.7 | 1.8 |
| Desarrollo integral y asistencia técnica | 21.9 | 0.1 | 0.1 |
| Estabilidad y fomento económico | 155.0 | 1.0 | s. a. |
| Compensación por méritos | 380.0 | 2.3 | s. a. |
| Modernización Fiscal | 116.8 | 0.7 | s. a. |
| Financiamiento al FIS | 30.0 | 0.1 | s. a. |
| Totales | 16886.3 | 100.0 | 100.0 |
* Anteproyecto
** Votado
s. a.: Sin asignación
Una vez más, los medios de comunicación han tomado el SIDA como tema de discusión. Esta vez, presentando las alarmantes cifras de los últimos años que revelan los más de 91 mil muertos y casi 200 mil infectados por el virus, solamente en América Latina. Los media se están encargando de presentar la enfermedad como una especie de emergencia mundial, pero, si bien es cierto es un problema complejo y preocupante pues le quita la vida a millones, también es cierto que hay otras enfermedades igualmente graves como el lupus, el cáncer y la diabetes que, aunque tengan cura, también son productoras de muertes constantes y son tratadas de forma diferente por los medios. Entonces, ¿en torno a qué gira la importancia del asunto?
Es fácilmente observable que mucha de la atención hacia el SIDA se centra en una de las formas en que éste se transmite: la sexualidad. Esto no lo realizan los medios de difusión solos; los sectores más conservadores de la sociedad los apoyan de muchas maneras. Entre ambos presentan como foco de infección al homosexualismo, la prostitución, las relaciones pre-matrimoniales, cuando en realidad el SIDA ataca a todos por igual: heterosexuales, niñas y niños o, como dice un diario nacional, "incluso ataca a las amas de casa", y ello no necesariamente por la vía sexual. Las transfusiones de sangre y la reutilización de jeringas, son, por ejemplo, dos vías de infección que nada tienen que ver con la actividad sexual.
Aun sabiendo esto, las soluciones más difundidas son en relación al sexo, ejemplificando: el coordinador de la Organización Panamericana de Salud (OPS), Fernando Zacarías, opina que "no hay que condonizar el problema, sino proponer alternativas de prevención como la gratificación sexual sin penetración, la abstinencia o el retraso en el inicio de la actividad sexual en los jóvenes". Este tipo de solución tiene implícito un doble problema: por un lado, reduce la prevención del SIDA al campo de los sexual, lo cual, por provenir de una organización internacional enfocada a la salud, es aún más preocupante; por otra parte, se cae en el más usual de los absurdos al tocar el "delicado" tema del sexo: evadirlo.
En la propuesta de Fernando Zacarías, se realiza un ingenuo y mojigato llamado a la abstención sexual, cuando lo que se necesita son enérgicas campañas de educación social, orientadas a promover la práctica del sexo seguro. La pretensión de no buscar "condonizar" a la población se basa más en criterios de doble moralidad que en un análisis sereno y objetivo de las alternativas más viables para evitar el contagio del SIDA. Así pues, la desatinada mecánica preventiva que los medios de difusión y los grupos conservadores pretenden implementar se basa, generalmente, en la condena y la desaprobación de toda práctica que tenga que ver con el contacto físico sexual -excluyendo, por supuesto, el matrimonio fiel.
Aparte de la polémica entorno a los yerros de las campañas de prevención, el SIDA plantea nuevas disyuntivas a la hora de examinar el tratamiento médico que es necesario aplicarle a sus afectados para prolongarles la vida. El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida ataca al cuerpo quitándole sus defensas; así, cualquier otra enfermedad que ataque al infectado lo matará si no está en tratamiento. De aquí se desprende una de las características más propias del mal: ataca sin distinción de sexo, clase o raza, pero la posibilidad de acceder a los productos farmacéuticos utilizados hoy en día para controlar la enfermedad está restringida a círculos muy reducidos. No todos los que han contraído el virus tienen el privilegio de someterse a un proceso médico que aumente o mantenga sus posibilidades de vida. Un informe de la OPS dice que un tratamiento con medicamento antiretroviral cuesta unos 15 mil dólares por persona anualmente. Por ello, tener SIDA es prácticamente un lujo.
Las clases medias y bajas de la sociedad están propensas a ser presas fáciles de las complicaciones y afecciones provocadas por el SIDA; es decir, son más propensas a pasar a engrosar los listados de víctimas fatales del padecimiento más propio y mortal de nuestro siglo. Por ejemplo, los garífunas de Honduras, que suman aproximadamente 300,000 personas, la mayoría bajo el nivel de pobreza, se niegan a usar condones e ignoran las campañas gubernamentales de prevención; por ende, al infectarse, no tienen recursos para un tratamiento médico, siendo el índice de mortalidad de su población muy alto.
¿A qué nos lleva todo esto? Es obvio que todos estamos
propensos a contraer la enfermedad, unos con mayor riesgo que
otros, según la forma de vida. La enfermedad aún
no tiene cura definitiva, lo único que se puede hacer es,
de parte de la población, tratar de evitarla de la manera
que se pueda. Los gobiernos deben impulsar campañas preventivas
reales y lógicas. Las instituciones de salud deben dar
educación sexual e instruir sobre métodos que eviten
la propagación de la enfermedad, sobre todo en comunidades
marginales, barrios donde la gente no tiene mayor forma de tomar
conciencia. En fin, tomar todos parte del problema y no darle
ni restarle más importancia de la que tiene.
"Delincuente muerto y tres más detenidos", "Muere al enfrentarse a policía", "Muerto en ataque a policía"... Estos fueron algunos de los encabezados que el 5 de enero de 1996 aparecieron en varios medios escritos, al reportar la muerte de un joven --hasta ese momento no identificado-- en un supuesto "intercambio de disparos" ocurrido la noche anterior durante una persecución policial de un automóvil reportado como robado, la cual culminó a inmediaciones de la Plaza Perú en la ciudad capital. A partir de esos dolorosos y confusos acontecimientos arranca el caso que ahora nos ocupa y que, en más de alguna ocasión, ha aparecido en este espacio. Gracias a la terquedad de una de las personas afectadas --cuya pena por la injusta pérdida sigue vigente-- se han logrado aclarar las circunstancias que rodearon el lamentable suceso, independientemente de los obstáculos que en el camino haya encontrado.
Manipulación y encubrimiento institucional, retardación de justicia y alteración de la verdad al momento de difundir un hecho claramente doloso: esas son --con todas sus letras-- las piedras que don Carlos ha tenido que ir apartando del camino que decidió emprender para obtener justicia, tras la irracional desaparición física de su hijo de 15 años: Willian Antonio Gaitán Ayala. Así se llamaba el muchacho que quedó aquella noche con tres balazos dentro de su cuerpo.
La Policía Nacional Civil (PNC) desde el inicio presentó su versión del trágico incidente, pretendiendo transformar un homicidio claramente intencional en una "operación exitosa realizada por agentes pertenecientes a la unidad de emergencias 121, quienes --sin titubear y a riesgo de su integridad personal-- habían logrado desmantelar una peligrosa banda de delincuentes roba-carros, dando muerte a uno de ellos; de esa manera, seguían cumpliendo con su misión de garantizar la seguridad ciudadana". Palabras más o menos, esa fue la triunfal pero falsa explicación que los voceros de la institución difundieron a través de los medios masivos.
Las investigaciones policiales evidentemente fueron manejadas dentro del cuerpo, tanto por sus propios órganos de control disciplinario como por el llamado Laboratorio de Investigación Científica del Delito. En la práctica y no obstante haber reconocido que los agentes "actuaron irresponsablemente, específicamente en el uso de las armas", la Unidad de Control se "lavó las manos" y decidió abstenerse de abordar detalles técnicos, "porque el caso ya era objeto de investigación judicial". La Unidad Disciplinaria casi presenta como héroes a los agentes que ejecutaron a Willian Antonio y el Tribunal Disciplinario, por su parte, terminó sobreseyéndolos el 19 de julio de 1996.
La actuación de la Inspectoría General de la PNC en este caso no fue distinta a las anteriores. Se mostró completamente indiferente, resultando de ello una total ineficiencia para cumplir su papel; hasta se puede decir que asumió una actitud permisiva, pues a pesar de existir una denuncia ante ella y contar con el informe de la Unidad de Control, en el cual se señaló la irresponsabilidad de los policías involucrados en el uso de sus armas, no hizo mayor cosa para favorecer el esclarecimiento de los hechos. El padre de la víctima contaba con esa conclusión de la Unidad de Control desde el 8 de mayo de 1996, fecha en la cual le fue entregada la transcripción de la misma por Víctor Manuel Valle, titular de la Inspectoría.
Sin embargo, don Carlos Gaitán manifiesta que hasta la fecha no ha tenido ninguna otra información de carácter oficial de parte de la institución a cargo de Valle, a pesar de habérsela solicitado el 19 de mayo del año en curso. Eso significa que ha transcurrido más de un año desde que el interesado recibió la primera y única información por parte de la Inspectoría, aunque extraoficialmente él sabe que --a iniciativa del actual presidente del Tribunal Disciplinario, sub-comisionado Óscar Miranda-- Valle ha girado instrucciones para que se realicen nuevas investigaciones administrativas, de la cuales hasta el momento no existe ningún resultado sustantivo.
En sus esfuerzo por limpiar sus crasos errores, la PNC ha contado con la colaboración de algún funcionario judicial. No es el caso del juez décimo tercero de Paz de San Salvador, Antonio Núñez, quien reconoció el cuerpo de Willian Antonio la noche del 4 de enero de 1996. Dicho juez --en el acta de inspección que levantó en el lugar de los hechos-- consignó delitos contra la administración de justicia cometidos por agentes de la división de investigación criminal (DIO) de la PNC y elementos del Laboratorio de Investigación Científica del Delito, quienes practicaron experticia de prueba de campo en el automóvil y en el cuerpo del joven ejecutado, el cual fue movido del lugar en que quedó sin vida. Todo ello fue realizado pese a no contar con su autorización como juez competente; además, los funcionarios policiales recogieron vainillas que aún no han sido presentado al tribunal.
Después de recabar los elementos suficientes para ello, este juez solamente tardó quince días para depurar el proceso y enviarlo al juez quinto de lo Penal, José Andrés Chicas Pineda. Fue entonces cuando comenzaron los problemas en el ámbito judicial. Entre otras y no pocas irregularidades del proceso en este juzgado, se debe destacar lo más relevante: la retardación de justicia y el "error jurídico-legal" --tal como lo señaló la Cámara Segundo de lo Penal de la Primera Sección del Centro-- de tipificar el delito cometido por los policías como "homicidio culposo". Dicha tipificación fue establecida por Pineda Chicas, con base a dos "reconstrucciones" que la citada Cámara tuvo a bien no tomar en cuenta para resolver cuando conoció el caso, por no ser prueba autónoma ni incidir de manera preponderante en su decisión y por no llevar ni la firma de los testigos ni la de algunos funcionarios respectivos.
Fue hasta el 2 de mayo de 1997 --casi 17 meses después de la ejecución de Willian Antonio-- que el nuevo juez quinto de lo Penal, José Luis Giammatei, llamó a juicio siempre bajo la tipificación de "homicidio culposo" tras negar la solicitud hecha por la Fiscalía General de la República para cambiar la calificación a la de "homicidio doloso". Desde esa fecha y hasta el 25 de junio del mismo año --fecha en que la mencionada Cámara recibió el proceso-- pasaron 55 días. Para intentar justificar lo injustificable, desde ese juzgado se argumentó que el proceso estaba en computadora y posteriormente que estaban "foliando el expediente". Más bien, la tardanza podría haber obedecido al interés de incluir en él diligencias que no se habían efectuado, pues posteriormente los números de los folios aparecieron sobremarcados.
A diferencia de lo anterior, la señora procuradora para la defensa de los derechos humanos emitió --en julio de 1996-- su resolución referente al caso, dando por establecido la violación de los derechos a la vida y a la dignidad de Willian Antonio, responsabilizando a un agente policial del servicio 121, a un motorista del cuerpo y a la misma PNC en lo que institucionalmente le corresponde. Tal resolución en su contenido revela el desarrollo de una eficiente investigación de todos los hechos y circunstancias que rodearon este suceso; además, deben destacar positivamente las recomendaciones especificas hechas al juez quinto de lo Penal para la realización de una correcta valoración de los hechos, pues hasta ese momento había decretado detención provisional por "homicidio culposo", excarcelando a los imputados por una pírrica fianza de ocho mil colones cada uno.
El joven asesinado era el segundo hijo de un modesto matrimonio de 23 años de establecido, educado en el marco de una moral y principios cristianos bien arraigados. Willian Antonio se encontraba próximo a iniciar sus estudios de bachillerato; contaba con muchas amistades, era deportista y pertenecía a organizaciones juveniles de su comunidad. Sobre todo, era un excelente y cariñoso hijo cuyo deceso dejó mutilada a una familia que no sólo quedó sumida en el más profundo dolor sino que también comenzó -- desde la noche del 4 de enero de 1996-- a vivir una pesadilla oscura y amarga que obligó a sus padres a desafiar a diversas instancias estatales con el único objeto de limpiar el nombre de su hijo. Porque Willian Antonio, además de haber sido brutalmente asesinado, fue señalado como presunto delincuente pero en una de ellas --en "La Prensa Gráfica"-- sí fue presentado con todas sus letras como un "delincuente"; también fue estigmatizado por el mismo director de la PNC, Rodrigo Ávila, en declaraciones ante los diferentes medios televisivos.
Don Carlos, el padre de la víctima, además de denunciar el hecho ante la Inspectoría General de la PNC, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y el Órgano Judicial también buscó apoyo en el IDHUCA, donde se le ha brindado desde entonces la asesoría legal correspondiente. Es necesario hacer notar que esta batalla no sólo la ha tenido que librar en algunas de las instituciones estatales involucradas: don Carlos también ha llegado al "gran público" a través de su denuncia permanente en los diferentes medios de difusión masiva, los cuales le han brindado una amplia cobertura al caso. De esa manera, las deficiencias y anomalías que han tenido lugar alrededor de las investigaciones policiales y judiciales sido conocidas por la sociedad salvadoreña.
Ante esa actitud ciudadana responsable del padre de Willian Antonio, el director general de la PNC ha recurrido al gastado estribillo: "han politizado el caso". Esa ha sido, desde el principio y hasta hace poco, la posición institucional del cuerpo policial. Por ejemplo, "La Prensa Gráfica", en su edición del 12 de febrero del presente año publicó lo siguiente: "...Ávila recuerda que hubo disparos que se hicieron del interior del auto donde viajaba el joven Gaitán Ayala, lo cual se puede comprobar con declaración de testigos". La situación se complica cuando después --quizás por fallos en su memoria, por la inexperiencia apropia de sus años o por la intención de defender a capa y espada el cuerpo a su cargo, sin importarle nada-- el director de la PNC se contradice de manera absurda.
Según declaraciones recientes publicadas en el diario Co-Latino el 22 de septiembre recién pasado, este funcionario afirmó lo siguiente: " El caso Gaitán es un caso bastante delicado. Desde el primer momento reconocimos que fue un mal procedimiento de los elementos de la institución... pero consideramos que se está politizando... se ha convertido en bandera política". Es evidente que las declaraciones de Ávila no son consistentes, aunque acepta el error policial cometido pero --según parece-- solamente porque lo obligó a ello el tribunal de segunda instancia --la Cámara Segundo de lo Penal de la Primera Sección del Centro-- con su resolución en el sentido de modificar la tipificación a "homicidio doloso".
Para estudiar el caso y elaborar dicho dictamen, a la citada Cámara le bastaron tan sólo dos meses. Se basó en la prueba testimonial y científica que se aportó ante el juzgado décimo tercero de Paz de San Salvador; del juzgado quinto de lo Penal solamente incluyó en sus consideraciones las declaraciones de los peritos del laboratorio de la PNC. La resolución de la Cámara es un documento cuyo contenido refleja los hechos, circunstancias y elementos de juicio, así como una correcta y eficiente valoración de los mismos con un resultado estrictamente apegado a Derecho. Este tribunal de segunda instancia tomó en cuenta todo lo que los dos jueces del juzgado quinto de lo Penal que conocieron, con o sin intención, omitieron.
De la actuación policial citamos textualmente lo que la resolución al respecto dice: "es inconcebible aceptar el procedimiento que los mismos utilizaron para lograr la captura de los perseguidos; pues no cumplieron con el Código de Conducta a que su función está sometida, específicamente violentaron el Art.27 Inc.2o de la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil..."
Sobre la conducta de los funcionarios judiciales señala: "Más inconcebible resulta ser el hecho de aceptar que los indiciados hayan obrado en forma culposa; pues cómo se explica el resultado que el fallecido haya presentado dos lesiones por arma de fuego en la parte intercostal derecha de su cuerpo, tal como consta en el reconocimiento y autopsia médico legal practicados en el mismo, y en los gráficos que corre a folios 43 y 44, los que muestran la entrada y alojamiento de los proyectiles en la zona toráxica intercostal derecha. Por otra parte, la puerta trasera derecha del vehículo en que el fallecido se conducía, no presenta ningún impacto de bala que haga presumir que se efectuaron en la persecución, pues si así hubiese sucedido, el lesionado o fallecido hubiera sido el menor Jorge Alberto Romero Hernández, quien también iba en la parte de atrás del vehículo y a la derecha del ahora occiso; de lo que se concluye que dichas lesiones se produjeron cuando el automotor perseguido ya se había accidentado en el redondel de la Plaza Perú".
Y finaliza con lo siguiente: "Por lo tanto no se puede, ni se debe caer en error jurídico-legal, al decir que el fallecimiento del menor Willian Antonio Gaitán Ayala, fue el resultado de una acción culposa por parte de los encartados; pues éstos actuaron dolosamente al efectuar los disparos desde el momento en que iniciaron la persecución, e incluso continuaron disparando después de concluida la misma; y tratando de evadir responsabilidades, y con el afán de ocultar su actuar doloso, no tuvieron otro recurso que dar la versión de que abrieron fuego contra el vehículo perseguido porque de éste les disparaban, lo que ha quedado suficientemente desvirtuado en el proceso".
Cuando comenzaron su dolorosa pero legítima y justa empresa,
don Carlos y su familia estaban solos; ahora, a estas alturas,
ya no: cuentan con la simpatía y el apoyo de mucha gente
pues ellos --ciudadanos "comunes y corrientes"-- están
logrando lo que a tantas y tantas personas les niega la lacra
de la impunidad que persiste en este país. Independientemente
de la errada opinión de algunos funcionarios que quieren
descalificar este tipo de esfuerzos tildándolos de "politizados",
la verdad es una: sólo así se va a transformar realmente
El Salvador.
CONDONACION PARCIAL. El Ministro de Agricultura y Ganadería, Ricardo Quiñónez, informó, el 15.09, que aceptaría una condonación parcial de la deuda agraria como una alternativa al pago total, ante la propuesta de los partidos de oposición que sugieren un perdón total. De momento, la posición gubernamental ha sido que la deuda debe ser cancelada a través de los mecanismos de pronto pago, mientras que los partidos de oposición quieren una condonación total. Por su parte, el Ministro de Hacienda expresó que antes de opinar preferiría escuchar a los diputados, pero que su posición es la de buscar alternativas para facilitar la cancelación de la deuda, por lo que propondría reformas en ese sentido a los decretos de pronto pago Agregó, además, que un buen número de prestatarios no utilizó el dinero para invertir en el agro, sino para otros fines por lo que sería injusto perdonarles la deuda. Ante ello, el diputado Oscar Ortiz, del FMLN dijo que ellos ya estudiaron la posibilidad de marginar a los que hicieron uso indebido del crédito, pero que para ello no obtuvieron la colaboración del Banco Central de Reserva. "Pedimos el listado de los prestatarios no agropecuarios, nos dirigimos por escrito al presidente del BCR y al Fondo de Saneamiento Financiero, pero nos dijeron que no tenían la capacidad de hacer eso", dijo Ortiz. "Si ellos no tienen la capacidad de mostrar eso, quien lo puede hacer", manifestó (LPG 17.09 p.3, DH 17.09 p.10 y DL 16.09 p.3).
AUMENTOS. Con el arbitraje del Ministerio de Trabajo y Previsión
Social, la Industria de la Construcción junto al Sindicato
Unión de Trabajadores de la Construcción (SUTC)
iniciaron, el 16.09, la discusión de aumento al salario
mínimo para 1998. Los porcentajes definidos por la empresa
privada y los trabajadores de la construcción está
comprendido entre el 4 y 18 por ciento. La Comisión de
arbitraje esta conformada por Edmundo Roedes, representante de
CASALCO; José Luis Expedito Porras, por el SUTC; y José
Francisco Laco, presidente del Tribunal y representante del Ministerio.
Por su parte, el Ministro de Trabajo, José Eduardo Tomasino,
expresó que luego de transcurridos 30 días el Tribunal
deberá emitir una resolución en la que se defina
el porcentaje de aumentos al salario mínimo (LPG
17.09 p.19 y DL 16.09 p.3).
SIGUE EN CUPULA. El Partido de Conciliación Nacional (PCN)
resolvió, el 30.09, algunos de sus problemas internos al
lograr que el dirigente político Mauricio Gutierrez Castro
retirara su renuncia como miembro del Consejo Ejecutivo Nacional
de ese instituto político. Gutierrez Castro habría
enviado una carta al Secretario General de ese partido, Ciro Cruz
Zepeda, en la que expresaba su decisión de retirarse, motivada
por aspectos personales pero también relacionada con la
destitución de Sigifredo Ochoa Pérez. No obstante,
Gutiérrez Castro explicó haber regresado al partido
luego de que el máximo organismo de dirección partidario
lo ratificara en el cargo y prometiera una solución al
caso Ochoa Pérez (LPG 01.10 p.6).
