Año 18
número 777
octubre 8
1997
ISSN 0259-9864
Editorial El presupuesto toca fondo
Política El debate sobre la reducción del IVA (I)
Política El PCN regresa al rebaño: la derecha se reunifica (II)
Economía El debate sobre la política fiscal
Sociedad La aprobación del 6% del presupuesto para las alcaldías
Derechos Humanos Contra la impunidad: ¿justicia selectiva o equitativa?
La disputa entre la Asamblea Legislativa y el poder ejecutivo sobre el monto del presupuesto nacional que debe asignarse a las alcaldías muestra que se toca fondo. El Presidente Calderón Sol tiene razón cuando asegura no disponer de la cantidad de dinero necesaria para entregar el 6 por ciento de dicho presupuesto a las alcaldías, tal como lo había prometido. Su buena voluntad ha podido ser comprobada en el diálogo que sostuvo con los partidos políticos, en el cual todos acordaron trabajar para encontrar una solución viable. De hecho, el presupuesto de 1998 ya arroja un déficit de más de 300 millones de colones, pedido por la Corte Suprema de Justicia para poner en marcha las reformas introducidas por los nuevos códigos penales.
Pero éstas no son todas las necesidades del Estado para el próximo año; educación, salud, vivienda, trabajo y seguridad son áreas que reclaman montos mayores para poder aliviar parcialmente los estragos de la pobreza y la violencia. Esto para no hablar de los impactos que sobre el presupuesto podrían tener fenómenos como El Niño o decisiones como la condonación de la deuda agraria.
Cada año, el gobierno salvadoreño se encuentra con necesidades mayores, pero con unos recursos cada vez menores. Este dilema se encuentra reflejado en el anteproyecto de presupuesto presentado a la Asamblea Legislativa. Las partidas asignadas al gasto social (educación, salud, vivienda y trabajo) muestran una disminución en relación al presupuesto de 1997, al pasar del 25.1 al 24.5 por ciento, lo cual se aleja de la meta propuesta por el gobierno de Calderón Sol de que este rubro representase el 50 por ciento al final de su mandato. El recorte hace retroceder el gasto social dos años. La disminución más notable se observa en salud y vivienda y desarrollo urbano. Los ramos de defensa, obras públicas, agricultura, Fiscalía General, Procuraduría General de la República y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos no experimentan cambios respecto a 1997. Por lo tanto, su participación en el total del presupuesto será menor, dado que su monto general es mayor en 1998. En cambio, educación, deuda externa pública, Organo Judicial, justicia, Organo Legislativo y alcaldías experimentan incrementos apreciables con respecto al presupuesto de 1997. Los ramos más favorecidos son educación y deuda externa, con más de 300 millones de colones cada uno.
La cantidad asignada al pago de la deuda externa es mayor que la destinada a educación, lo cual significa que aquélla comienza a competir con el gasto social y podría llegar a convertirse, en corto plazo, en la partida más grande del presupuesto. Dicho con otras palabras, el servicio de la deuda externa se podría estar convirtiendo en uno de los obstáculos más grandes para poder atender las necesidades de la sociedad.
No existen razones para dudar de la buena voluntad del gobierno de Calderón Sol para incrementar el gasto social, garantizar la seguridad ciudadana y descentralizar la prestación de servicios, transfiriéndolos a los gobiernos locales. El problema estriba en que carece de los recursos indispensables para ello y no ha sabido buscarlos. El Ministro de Hacienda prometió aumentar los ingresos fiscales de forma sustantiva. De hecho, se hacen esfuerzos para obligar a los morosos a pagar y se intentan implementar mecanismos de control más estrictos. Pero los resultados siguen siendo insuficientes para cubrir los gastos crecientes de un Estado que quisiera prestar servicios mayores y mejores.
El nudo de la cuestión no es tanto recolectar más impuestos indirectos, como el impuesto al valor agregado, sino en que se intenta modernizar un Estado y atender unas necesidades sociales crecientes conservando la estructura tradicional del presupuesto nacional. En este sentido, traspasar cantidades de una partida a otra no es otra cosa que tapar un hueco abriendo otro -aun cuando algunos rubros, como el de propaganda, debieran ser recortados de forma drástica. Sin embargo, ni los recortes ni la austeridad --necesaria en un gobierno como el salvadoreño-- producirán los recursos necesarios para cubrir las necesidades estatales. El impulso hacia la modernización y las necesidades sociales presionan por una actualización creativa del presupuesto, la cual no podrá hacerse sin revisar la estructura tributaria vigente.
En la actualidad, los ingresos fiscales descansan, casi de forma exclusiva, en el impuesto al valor agregado, el cual parece haber dado ya de sí todo lo que podía esperarse. Incrementarlo aún más no es viable ni económica ni políticamente. Por lo tanto, si se quiere ir más allá, habrá que replantear la estructura tributaria del país y subir los impuestos directos. De hecho, El Salvador es uno de los países latinoamericanos donde los ricos pagan menos impuestos. Al asumir la presidencia, Calderón Sol prometió trabajar por conseguir una sociedad más equitativa. Quizás ha llegado el momento para retomar esta promesa y pasar a la historia nacional como un gobierno que, al menos, cumplió con una de sus promesas electorales más importantes.
Hasta ahora, los dos gobiernos de ARENA se han resistido a hacer tal revisión, arguyendo que se debe favorecer al capital para garantizar el desarrollo nacional, pero sobre todo pensando en que deben servir a los intereses representados por el partido. El gobierno de Cristiani bajó los impuestos a los ricos e hizo que los pobres pagasen más al establecer el impuesto al valor agregado. El gobierno de Calderón Sol aumentó aún más la carga de los pobres al subir tres puntos al impuesto al valor agregado. Estos ya no pueden pagar más, pero el Estado reclama cada vez más dinero para atender unas necesidades que considera urgentes.
La reducción del Estado no resuelve el problema. La modernización
que se busca exige gastos mucho mayores, aunque también
más eficiencia. Las medidas deben ir a la raíz de
la debilidad de un presupuesto nacional que ha tocado fondo.
Según parece, a la Asamblea Legislativa le llegó el momento de enfrascarse en el escabroso tema de las finanzas públicas. En las últimas semanas, temas relativos a la administración presupuestaria y a la economía nacional han empezado a cobrar gran relevancia en el pleno. Al discutido asunto de la condonación de la deuda agraria, han venido a sumarse la aprobación del incremento del 6% del presupuesto para las alcaldías, la entrega del anteproyecto gubernamental de la administración del presupuesto nacional y la propuesta del FMLN de reducir el IVA. Este último tema, debido a lo polémico que resulta, a las implicaciones que se pondrán en juego con él y a las reacciones que ha empezado a provocar es, quizá, uno de los puntos más áridos que esta legislatura va a tener que enfrentar.
El proyecto de disminución del impuesto no ha sido presentado oficialmente aún por la fracción de izquierda; sin embargo, ya ha empezado a ser objeto de serias críticas por parte de ARENA y de la empresa privada. Ahora bien, era de esperar que en cualquier momento el FMLN decidiera lanzar la propuesta de reducción del IVA, como era de esperar también que tanto ARENA como otros sectores políticos y civiles se pronunciarían en contra de tal medida inmediatamente después de ser ésta impulsada. Lo que, hasta este momento, pone serias dudas sobre lo que sucederá con el Impuesto al Valor Agregado es que el PDC y el PCN parecen estar dispuestos a apoyar la iniciativa del Frente. Ante tal estado de cosas, cabría preguntarse a qué obedece el interés de ese instituto político por impulsar tal medida y qué beneficios podrían obtener de la aprobación de ella quienes lo secunden.
En primer lugar, hay que recordar que la reducción del IVA se constituyó en uno de los pilares más fuertes de la campaña electoral del FMLN; con esa campaña incrementó considerablemente su cuota de poder y eso, sumado a la crisis del partido oficial, le abrió las puertas a la posibilidad del triunfo en 1999. Es importante, pues, no perder de vista que el FMLN pretende erigirse como alternativa de poder en las próximas elecciones presidenciales del 99 y que esa pretensión está, de una forma u otra, ligada al desempeño actual de dicho partido en el Organo Legislativo. En ese sentido, hay que afirmar que no es ARENA el único obstáculo que se le presenta al Frente. El intento de acceder a la presidencia le implica al partido de izquierda enfrentar a un enemigo mucho más poderoso: el descrédito político que en la actualidad se propaga como peste medieval. Es posible que para hacer frente a una dificultad de esa magnitud, el FMLN haya decidido adoptar la estrategia de cumplir, o al menos intentar cumplir, con las promesas planteadas en la campaña. Eso, lejos de ser cuestionable, sería lo que todos los partidos estarían en la obligación, ética y política, de hacer. El problema está en que no cualquier promesa, por muy beneficiosa que parezca, es factible.
El FMLN asegura que la disminución de algunos puntos porcentuales del IVA es posible de realizar al solventar el déficit realizando una reforma sustancial a la base tributaria; todo esto bajo la idea de que debe "pagar más el que tiene más". Definitivamente hay que esperar a que el proyecto sea presentado oficialmente y estudiar bien la propuesta, porque el argumento esgrimido hasta ahora invita a pensar que el partido de izquierda está pecando de simplismo, de populismo o de ambos males, en el peor de los casos. Que "pague más el que tiene más" puede sonar muy lógico, de la misma manera en la que puede sonar muy atractiva para la población la posibilidad de la disminución de los precios de la canasta básica y del costo de la vida en general. Pero con frases lógicas o atractivas no se explica el modo en el que puede hacerse operativa la reducción del impuesto. Esa medida supondría una cuantiosa disminución de los ingresos a las arcas estatales en un momento en el que la economía nacional se encuentra en déficit. Según el FMLN, los ingresos que produce el IVA se conseguirían mejorando los mecanismos de recolección tributaria de manera que se tienda a resolver el problema de la evasión fiscal.
Pero las cosas no parecen ser tan fáciles. De acuerdo a las declaraciones que el gerente técnico de la Cámara de Comercio e Industria (CCI), José Mario Magaña, hizo a uno de los rotativos nacionales, una baja en la recolección tributaria del IVA no puede ser compensada con un aumento del impuesto sobre la renta, porque "si se sube la renta, aumenta la evasión fiscal". Una muestra de ello --argumentó-- es que, desde que se aprobó la estructura de impuestos vigente en el país, la recaudación ha aumentado. Magaña mostró datos según los cuales, hasta antes de 1992, los contribuyentes con ingresos más elevados debían pagar un 50% de sus utilidades. Una reforma tributaria realizada ese año por la administración Cristiani redujo esa tasa al 30% y, pese a esa reducción, los ingresos del gobierno por concepto de renta se duplicaron entre 1990 (antes de la reforma) y 1996, lo que demuestra que las nuevas tasas motivaron a más contribuyentes a pagar dicho impuesto.
Además de la Cámara de Comercio, otras gremiales
de la empresa privada se han pronunciado en contra de la iniciativa
del FMLN. El gerente general de la Asociación Salvadoreña
de Industriales (ASI) manifestó que "nosotros no estuvimos
de acuerdo con el incremento que se hizo [en 1995], pero, una
vez producido este aumento, hay que evaluar cuál será
la carga fiscal del otro año". Pero tampoco se trata
de demeritar la propuesta del FMLN simplemente a partir de la
opinión de la empresa privada. Es bien sabido que, si hay
algún sector preocupado por sus propios intereses, ese
es el empresarial. Analizar el impacto del IVA en ese sector y
los beneficios que para ciertas empresas este impuesto parece
tener, merecería otras notas. Se trata de hacer ver que,
al margen de lo que opinen los empresarios o los partidos políticos,
los factores que determinan una economía son múltiples
y variados y las relaciones que se dan entre ellos hacen que el
funcionamiento de la misma sea supremamente compleja. Es por eso
que aventurar con decisiones que afectan drásticamente
la economía es un gran riesgo que, de fracasar, traería
consecuencias graves e indeseables a los partidos que decidan
correrlo.
En el conflicto que existe entre el Partido de Conciliación Nacional (PCN) y ARENA, puede que la manzana de la discordia sea la falta de participación que los primeros tienen en la construcción de un plan político que guíe la actividad del bloque de derecha. El PCN sufre de un crítico desgaste que muy probablemente se ve alimentado porque la "obediencia" hacia las iniciativas del partido en el gobierno ya se vuelve insoportable para algunos de sus miembros. Evidentemente, de aquí no podemos afirmar que los intereses que han motivado las últimas desavenencias entre estos dos institutos políticos respondan a la búsqueda de un verdadero estado de derecho, donde el pluralismo y el ejercicio de la representación política de los ciudadanos sea una realidad. No hay que caer en el error de equiparar las luchas de poder entre sectores que ocupan lugares importantes en el aparato estatal, con los esfuerzos por instaurar un ordenamiento democrático en nuestro país.
El ritmo de los debates al interior de la Asamblea Legislativa y sus polémicas resoluciones son una clara muestra de las implicaciones que estos cismas en la derecha pueden acarrear en los avances del proceso democrático: ya son muchas las batallas en las que la oposición, acompañada por gran parte de la fracción pecenista, asesta duros golpes a la política que el partido ARENA trata de llevar a cabo, como es el caso de la ratificación del 6% del presupuesto de la nación para las 262 alcaldías del país que se aprobó este 2 de octubre. Ojalá que esta combatividad permita que se inicie una etapa de nuestra historia en la que el quehacer político pueda interactuar más propositivamente con las dinámicas de poder económico, que hoy por hoy sigue concentrado en unos pocos sectores de la sociedad. El resultado que esperaríamos todos los salvadoreños es que el pluripartidismo que existe en la actualidad se convierta en condición de posibilidad para que las leyes respondan, en la mayor medida posible, a las necesidades de la población. El fenómeno del PCN-ARENA puede ser, en este sentido, un paso adelante en la evolución política nacional, o puede convertirse, de un momento a otro, en la expresión de un drama de roces personales o sectarios sin mayor trascendencia.
Hasta ahora, el gobierno de ARENA sigue manteniéndose al margen de las expectativas que muchos sectores de la sociedad civil tienen en que se fortalezca el Estado de derecho, la participación y la pluralidad, mientras se preocupa por corregir los defectos faciales de la nación y por ocultar las fallas del partido con logros del gobierno en el área social. Por su parte, el PCN dibuja y desdibuja los derroteros de la fuerza política de derecha en la Asamblea con decisiones que no dejan de ser sorprendentes para la opinión pública. La convención general que realizaron en nombre de la más fiel ortodoxia hacia sus "criollos" principios, no fue capaz de detener los votos de apoyo de sus diputados para el 6% de las alcaldías, los cuales posiblemente fueron cedidos ante presiones de alcaldes del mismo partido que, según se informó en varios medios informativos, amenazaron con abandonarlo si la moción no era apoyada por la fracción legislativa pecenista.
Finalmente, y para volver al punto del que partíamos en
la entrega anterior, en El Salvador existe una derecha política
heterogénea, cuya representación política
se ha visto cuestionada fuertemente y que ha estado apunto de
colapsar por razones internas. Es una derecha que, según
la forma en que ha procedido a salvaguardar su cuota de poder,
se muestra incapaz de adoptar estrategias políticas que
estén a la altura de los tiempos en que vivimos, en favor
del pluralismo, la concertación y la democracia. En su
interior, parece que hay conciencia de que las alianzas entre
partidos son lo único que puede mantenerla con la frente
en alto, pero esto no es motivo suficiente para que sus miembros
renuncien al acecho del puesto más privilegiado en nombre
de intereses particulares o sectoriales. Estos choques y pugnas
demuestran que muy poco se ha hecho para fortalecer la imagen
de un bloque político unificado que actúe en función
del bienestar del país o, al menos, al servicio de la totalidad
de sectores a los que dicen representar. Mientras tanto, la acumulación
de conflictos de los que adolece parece seguir arreglando el terreno
para que, en un futuro no muy lejano, la geografía de los
bloques de poder en nuestro país cambie significativamente,
de manera que el principio de siglo sea también el principio
de una nueva realidad política para todos.
Ultimamente, el manejo de las finanzas públicas se ha convertido en un tema muy debatido tanto por los partidos políticos como por las gremiales empresariales. La forma en la que se cobran los impuestos y las fuentes de éstos son dos de los aspectos que más se han discutido durante la última semana. Por ejemplo, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), la principal gremial empresarial del país, cuestiona las capturas de los evasores del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) impulsadas por el Ministerio de Hacienda. Por su parte, el FMLN propone una reforma tributaria que incluye la reducción del IVA y que también es adversada por las mayores asociaciones empresariales del país, incluyendo la ANEP.
El mosaico de propuestas sobre las finanzas públicas evidencia cómo la política fiscal está íntimamente ligada con el bienestar tanto de los consumidores como de los empresarios. En el caso de El Salvador, no es necesario argumentar mucho sobre el sesgo de la política tributaria en favor de la empresa privada y en contra de los clases trabajadoras. En las siguientes líneas se revisan las principales propuestas en torno a la política fiscal surgidas recientemente, con la intención de valorar en su verdadera dimensión propuestas como la reducción del IVA y la suspensión del plan de "omisos" en el pago del mismo.
No es ocioso recordar que el IVA es el principal componente de la reforma tributaria impulsado por el primer gobierno de ARENA, especialmente porque estaba llamado a convertirse en la principal fuente de ingresos fiscales para compensar la eliminación de los impuestos al patrimonio y a las exportaciones, y la disminución del aplicable a las ganancias.
Aun con la introducción del IVA, las finanzas públicas continúan presentando un importante déficit que, sin duda, para ser resuelto, requiere que se incrementen las recaudaciones tributarias. Según fuentes oficiales, esto sería posible con sólo disminuir los niveles de evasión y, de hecho, esta es la principal estrategia para incrementar los ingresos tributarios. De acuerdo a fuentes del Ministerio de Hacienda, en el país el nivel de evasión en el pago de impuestos alcanza el 37%; por ello, actualmente se mantiene una campaña de recuperación de IVA retenido indebidamente por más de 1,000 empresas privadas. Este plan incluso ha conducido ya a girar ordenes de captura en contra de varios empresarios y, en algunos casos, a capturas de imputados.
Según la ANEP, estas acciones "vulneran el Estado de Derecho", porque los directores de las empresas "no tienen ninguna responsabilidad, de acuerdo a las leyes, en el delito que se les atribuye". Para la gremial, aunque es importante eliminar la "cultura de la evasión fiscal", también es importante "ser muy precavido para no crear un clima de terror entre los inversionistas... a través de acciones que vulneran el Estado de Derecho y ponen en entredicho los esfuerzos orientados a promover la inversión".
Cabe señalar que este planteamiento pone de manifiesto, una vez más, la costumbre del sector empresarial de alegar persecución del fisco cada vez que las autoridades de hacienda pretenden recuperar el IVA que los empresarios cobran a los consumidores y que, indebidamente, retienen y utilizan para beneficio propio. Recuérdese un caso similar ocurrido en 1996, cuando, en una anterior campaña de combate a la evasión en el pago del IVA, la misma ANEP alegó "acoso fiscal" por parte del Ministerio de Hacienda. En este contexto, la reducción del IVA propuesta por el FMLN viene a poner más álgida la discusión sobre la política tributaria.
La reducción del IVA no es en realidad una propuesta nueva del FMLN, pues éste la convirtió en uno de sus ofrecimientos más importantes para la pasada campaña electoral. Seis meses después de que asumiera sus nuevos escaños en la Asamblea Legislativa, el FMLN ha retomado la propuesta. Sus principales puntos aún no han sido revelados, pero según Oscar Ortíz, diputado del FMLN, además de una reducción del IVA se estaría planteando también una reforma a la base tributaria para equilibrar los impuestos directos e indirectos, por considerar que estos últimos son regresivos y golpean a los sectores más desprotegidos de la sociedad. Esta propuesta tendría como objetivo general lograr que "pague más el que tiene más y menos el que tiene menos".
Como se mencionó al principio, la citada propuesta ha generado ya las primeras reacciones de las principales gremiales empresariales del país, las cuales han presentado diferentes argumentos para refutarla. Según el Presidente de la ANEP, Ricardo Simán, la reducción del IVA no es conveniente porque "resultaría muy peligroso" para la economía del país; asimismo, expresó que el supuesto del FMLN de que el "que tiene más que pague más" en realidad "no tiene ninguna validez". Mientras que para el Gerente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Jorge Arriaza, la reducción en el IVA disminuiría los ingresos fiscales y provocaría un déficit fiscal aún mayor que el pronosticado para este año.
Por su parte, el Gerente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CCIES), José Mario Magaña, plantea que la disminución del IVA implica un posible incremento del impuesto sobre la renta, lo cual, según él, implicaría un mayor nivel de evasión fiscal. En sintonía con lo anterior, el Presidente de la Unión de Dirigentes de Empresas Salvadoreñas (UDES), Richard Awad, se opuso a la posible reducción del IVA porque, en su opinión, ello implicaría disponer de menores recursos para invertir en el área social y en infraestructura, lo cual "atrasaría el despegue económico del país".
Resulta claro que, en lo referente a reforma tributaria, la postura del sector empresarial está claramente definida por la línea de la efectuada por el primer gobierno de ARENA liderado por Alfredo Cristiani. No es difícil comprenderlo si consideramos que ésta implicó la eliminación del impuesto al patrimonio y a las exportaciones, la reducción del impuesto sobre las ganancias desde el 50 al 30 por ciento y, más importante aún, la introducción del IVA, que sustituyó al impuesto de timbres. Así, el IVA ha venido a convertirse no sólo en fuente de ingresos para el Estado, sino también para una importante proporción del sector empresarial. La situación es tan preocupante para los empresarios que han llegado a clamar por el "Estado de Derecho" cuando se les trata de cobrar el IVA que, ilegalmente, han retenido después de cobrarlo a los consumidores en el precio final.
Obviamente, la propuesta de reforma tributaria insinuada por el FMLN no resulta coherente con la realizada los últimos años, pues, al pretender cobrar "más a los que tienen más", estaría gravando en mayor medida al sector empresarial.
De cualquier modo, no hay duda de que la reforma tributaria efectuada en la década de 1990 ha beneficiado a los sectores de mayores ingresos, al liberarlos del pago de importantes montos de impuestos. Al mismo tiempo, al introducir el IVA con todas sus imperfecciones de aplicación y recolección, también ha provocado que la mayor parte de la carga tributaria recaiga sobre los sectores de menores ingresos.
Disminuir el IVA no parece ser una de las opciones más
acertadas para incrementar las recaudaciones tributarias, especialmente
porque implicaría una caída en los ingresos fiscales
que no necesariamente se traduciría en una reducción
de los precios ni beneficiaría a los sectores mayoritarios
de la población. Un criterio de importancia que debería
tenerse en cuenta para plantear reformas --o contrareformas--
tributarias es la disminución de la desigual distribución
de la carga tributaria; sin embargo, no debe dejar de señalarse
que la iniciativa del gobierno de reducir la evasión es
una condición indispensable para mejorar las recaudaciones
de impuestos.
Esta semana el país fue escenario de un hecho inusitado en la política nacional: después de haber sido rechazadas las observaciones presidenciales sobre el porcentaje del presupuesto que sería destinado a los concejos municipales, el Presidente Calderón Sol, con un tono sorprendentemente conciliador y amable, convocó a una reunión entre las partes involucradas en la que se alcanzaron trascendentales acuerdos en áreas como el presupuesto y la reforma electoral. La reunión fue calificada, tanto por los partidos de la oposición como por el partido en el gobierno, como un avance importante en la democratización de la esfera política.
Con la reunión y con los acuerdos que en ella se obtuvieron, el gobierno de Calderón Sol logró que un proceso que se perfilaba como un golpe más a su gestión arrojara finalmente un saldo positivo a su favor; logró trocar lo que parecía una nueva derrota, en la ya cotidiana confrontación entre el poder ejecutivo y el legislativo, en un esperanzador concilio entre los dos órganos del Estado.
Como ya se mencionó, el quid de esta polémica fue la ratificación legislativa del decreto Nº 76, con el cual se reformó la Ley del Fondo de Desarrollo Económico y Social (FODES) para asignar un incremento de las transferencias del Estado a las alcaldías equivalente a un aporte anual del 6% de los ingresos corrientes de cada Presupuesto General del Estado a partir de 1998. La ratificación del decreto, el jueves 2 de octubre, fue la culminación de un proceso de cabildeo llevado a cabo por la Corporación de Municipalidades (COMURES) desde principios de septiembre.
La propuesta de incrementar el FODES nació durante el XII Congreso Nacional de Alcaldes, en vista de que la falta de recursos económicos hacia los gobiernos locales retrasaría un aproximado de mil 500 proyectos en manos del FIS. Con la asignación del 6% para las alcaldías se pretendía alcanzar una mayor racionalización de los recursos del Estado orientados al desarrollo social de los municipios del país, una descentralización de los mismos y un reforzamiento en el rol protagónico de los alcaldías, las cuales, ante la falta de fondos, se habían vistos imposibilitadas de cumplir con las necesidades más apremiantes de sus poblaciones.
Aunque al principio la fracción de ARENA se mostró reacia a apoyar la gestión de COMURES, el 11 de septiembre se aprobó por unanimidad el 6% del presupuesto para las alcaldías a partir de 1998. Sin embargo, el respaldo inicial de ARENA no fue gratuito, a cambio de su apoyo a la propuesta, el FMLN se comprometía a darle el visto bueno a la emisión de 200 millones de dólares en "eurobonos" para solventar la deuda adquirida por el gobierno cuando se emitieron mil 900 millones de colones en letras del tesoro (LETES) en mayo y junio de este año. El acuerdo, pues, obedecía desde el principio a razones completamente ajenas a las necesidades de las alcaldías.
En los días siguientes saldría a la luz pública la fragilidad de este momentáneo acuerdo. Pese al compromiso de ARENA de apoyar la iniciativa edilicia, las declaraciones de Calderón Sol apuntaban a que el ejecutivo impondría revisiones al decreto y buscaría reducir la asignación a las alcaldías del 6 al 2 o 3 por ciento, argumentando la falta de fondos en el presupuesto y la supuesta inconstitucionalidad de normar los fondos bajo la figura de un porcentaje y no de un monto fijo. De esta manera, y tal como se oficializó con la devolución con observaciones del decreto, Calderón Sol propuso reducir los fondos de 700 millones de colones a 330 millones, contando para ello con el aval de la fracción legislativa de ARENA, que, olvidándose de lo pactado, repetía palabra por palabra los argumentos presidenciales para rectificar el decreto. Se abría así, por tercera ocasión, una nueva confrontación entre los órganos ejecutivo y legislativo.
La reacción de los partidos de oposición fue rápida y contundente: poseyendo los votos necesarios para ratificar el decreto y convertirlo así en ley, afirmaron su intención de obligar a ARENA a cumplir con lo pactado y desestimaron los argumentos presidenciales en contra de la asignación del 6%. Para la oposición, el reparo de la inconstitucionalidad del porcentaje era posible de superar fácilmente traduciéndolo a un monto; mientras que el problema relacionado con la fuente de los fondos encontraba su solución en una redistribución del porcentaje del presupuesto destinado a partidas relacionadas con propaganda gubernamental.
Cumpliendo con su palabra, la oposición hizo caso omiso de las observaciones del Presidente Calderón Sol y ratificó, el 2 de octubre, el decreto. El mismo día el mandatario, como una forma de capear el temporal y evitar un nuevo desastre político para su gestión, convocó a los representantes de los partidos políticos y miembros de la Comisión de Hacienda a una reunión en la que se discutirían las alternativas financieras para darle realidad al 6% ya aprobado. Aunque al momento de la convocatoria la mayoría de los voceros de los partidos de la oposición declararon que la cita era del todo inútil, luego de que ésta se dio, los elogios hacia la actitud no confrontativa del mandatario abundaron. El diálogo convocado por el ejecutivo no sólo se produjo en el marco de un marcado interés de colaboración entre las partes, sino que también -cosa rara en cualquier reunión de políticos- arrojó resultados concretos. Un cambio radical en la actitud del partido en el poder se había operado.
¿Qué fue lo que obligó a tan desusual viraje? Es obvio, como ya se dijo, que el inicial apoyo de ARENA a la propuesta de COMURES obedecía al interés de salir del atolladero económico en que se encontraba el gobierno con la deuda de las LETES. De lo contrario, es poco probable que ARENA se hubiera comprometido a respaldar un decreto que vendría a minar el poder que le proporcionaba poseer el arbitrio en la distribución de los fondos a las alcaldías. ARENA era consciente de que impulsar el decreto significaría perder la centralización de los recursos y abrir espacio para que las alcaldías dominadas por la oposición dejaran de depender de concesiones políticas para obtener los fondos necesarios para llevar a cabo sus proyectos.
Una vez que fue evidente que la ratificación del decreto sería un hecho, los esfuerzos de ARENA se centraron más bien en reducir el porcentaje asignado. La posible razón de fondo de esto sigue siendo más política que económica: en vistas de que todo apuntaba a que los fondos de las alcaldías se tomarían de las partidas relacionadas con la propaganda gubernamental, se pretendió evitar en la medida de lo posible la reducción de una parte del presupuesto que sería de vital importancia de cara a las elecciones presidenciales de 1999. Para nadie es un secreto que una buena fracción del porcentaje del presupuesto destinado a la presidencia ha sido y sigue siendo utilizada para costear onerosas campañas publicitarias destinadas a captar las simpatías del electorado. En este sentido, la oposición política daba un doble golpe a ARENA. Por un lado, obtuvo las condiciones para una gestión edilicia libre de trabas y, por el otro, impuso la amenaza de capitalizar para el desarrollo de los municipios fondos que dentro de los próximos dos años podrían haber sido vitales para la estrategia electoral de ARENA.
Lo anterior explica el interés de Calderón Sol de
establecer una mesa de negociaciones para controlar la redistribución
del presupuesto. Desde esta óptica, los acuerdos alcanzados
-la mayoría de ellos externos a la problemática
de las alcaldías- buscarían, mediante la concesión
de políticas largamente esperadas por la oposición
(reformas electorales, por ejemplo), convencerla de buscar fuentes
de financiamiento alternas a las partidas utilizadas para propaganda
gubernamental. De ser esto así, las repercusiones políticas
del decreto 76 apenas se han perfilado, habiendo que esperar a
futuro los efectos que tendrá sobre los participantes en
las próximas elecciones.
Entre el 30 de julio y el primero de agosto pasados se llevó a cabo en la Ciudad de Guatemala la Conferencia Hemisférica sobre Crímenes Sin Castigo Contra Periodistas, que fue organizada por la Sociedad Interamericana de Prensa, y que contó con la participación de 15 organismos internacionales, regionales y nacionales de profesionales del periodismo.
En ella fue presentada una muestra representativa de los casos de atentados que han sido cometidos en el continente en contra de los hombres y las mujeres que se desempeñan en los diferentes medios --radiales, televisivos, escritos-- y en las más diversas especialidades de la labor comunicativa --editorialistas, articulistas, reporteros, locutores--. Se recordaron los nombres de algunos de los mártires de la labor informativa, como el nicaragüense Pedro Joaquín Chamorro, fundador y director del Diario La Prensa; Guillermo Cano, director de El Espectador, de Santa Fe de Bogotá, Colombia; el primero, muerto a tiros por la mano que fue armada y pagada por la dictadura somocista; el segundo, acribillado por los sicarios del narcotráfico. Se tuvo presente también el recuerdo de José Luis Cabezas, el fotógrafo argentino que fue quemado vivo; el del mexicano Víctor Manuel Oropeza... Así, uno a uno, fueron recordados los 173 periodistas que han sido asesinados a lo largo de los últimos diez años en nuestro continente. Sí, 173, la mayor parte de ellos asesinados impunemente durante los diez años de la democratización política del continente.
De la conferencia emanaron documentos resolutivos en los que se insta a los gobiernos a asumir las obligaciones que les corresponden, en el sentido de salvaguardar las libertades y los derechos de quienes dedican sus vidas al servicio profesional como periodistas. Documentos que recogen las recomendaciones que la conferencia acordó con el fin de contribuir a eliminar la impunidad; el Plan de Acción Institucional para realizar acciones específicas, conjuntamente con instituciones gubernamentales, que conduzcan al esclarecimiento de los crímenes contra periodistas que hasta la fecha se encuentran sin castigo. En ellos se recoge también una declaración de condena del asesinato y de toda forma de violencia física en contra de periodistas; así como otra declaración que condena la conducta omisa o cómplice de quienes tienen la responsabilidad de investigar y sancionar dichos crímenes, dejándolos en la impunidad, agravándolos aún más.
Yendo más allá de lo puramente declamativo, de las simples, inocuas y nada comprometedoras expresiones de buena voluntad; más allá, incluso, de las denuncias de los hechos criminales y de las declaraciones de condena, los participantes formularon una serie de recomendaciones. En efecto, como lo plantea el discurso de David Lawrence, sugestivamente titulado "Adónde vamos desde aquí", un evento de tal naturaleza no debe ser solamente el lugar de arribo sino también, y consecuentemente, el punto de partida hacia la solución de la problemática que se está planteando. Varias de las recomendaciones son invaluables contribuciones para la defensa de los derechos humanos de quienes dedican sus esfuerzos a la democratización de las sociedades desde su labor concreta como periodistas. Entre ellas destacan la que se refiere a la promulgación de leyes que de una manera explícita declaren la prohibición de los juicios por parte de tribunales militares o especiales de quienes son acusados de crímenes contra periodistas; también la que se refiere a que los financiamientos por parte de instituciones multilaterales se condicionen al pleno respeto de la libertad de prensa por parte de los países receptores de la asistencia financiera internacional.
Seguramente si se consiguiera la segunda recomendación que señalamos en el párrafo anterior sería posible avanzar más rápidamente en el esclarecimiento muchos de los atentados que han sufridos los periodistas, entre ellos el de la locutora de RCS Lorena Saravia. Como se conoce, Saravia desapareció la noche del domingo 24 de agosto pasado, después de haber salido de la estación radiofónica donde laboraba, en donde que había leído normalmente el noticiero de las seis y media de la tarde. Un día más tarde fue encontrado su cadáver, con huellas de violencia y un balazo en la parte trasera de la cabeza. El gremio de prensa salvadoreño ha expresado que espera avances en las investigaciones y que éstas se conduzcan con tal transparencia que efectivamente se encuentre y castigue a los verdaderos responsables del horrendo crimen. Los periodistas esperan también que el hecho no quede en la impunidad como otros tantos casos que ocurren cotidianamente.
Volviendo a las sugerencias de la conferencia debe señalarse que en ella también se planteó como recomendaciones para combatir la impunidad y prevenir otros crímenes en contra de periodistas que se anule cualquier prescripción en los casos de crímenes cometidos con la finalidad de restringir el ejercicio de la libertad de información. En este sentido es importante, en el caso Saravia, que se conozcan con claridad los móviles reales del homicidio, y que no se descarte a priori ninguna de las hipótesis, ya que el caso podría estar relacionado efectivamente con el ejercicio profesional de la conductora radial. Asimismo, el descubrimiento de los móviles puede conducir a la identificación de los autores materiales y/o intelectuales del asesinato. Sin embargo, las declaraciones del director de la Policía Nacional Civil, Rodrigo Avila, en el sentido de que el crimen de Lorena Saravia fue planificado, desechando motivaciones delincuenciales casuales --el robo del carro, por ejemplo--, pero sugiriendo que no se descartan motivos pasionales, con lo que se sesga la investigación y se deja de lado lo que puede ser la principal razón que pudo haber motivado a los asesinos de la periodista.
Pero, continuando con otras recomendaciones de la conferencia anti-impunidad, también se propone que se impida la declaración de amnistías o toda posibilidad de perdón para aquellos que resulten responsabilizados de haber atentado contra los periodistas. Se sugiere igualmente que se alienten las reformas legales que sean necesarias para incluir el enjuiciamiento, la declaratoria de culpabilidad y el castigo para los autores intelectuales en el asesinato de periodistas. Finalmente la conferencia recomendó que no se autorice ninguna restricción a la libertad de prensa, incluso bajo las leyes que gobiernan los estados de emergencia.
Estas sugerencias, que fueron recogidas en los documentos de el evento anti-impunidad, representan un paso en la lucha del sector periodístico para generar nuevas y mejores condiciones para el desempeño de su labor profesional, la cual ha sido identificada como de riesgo, según se desprende de las cifras de periodistas muertos en servicio. Pero algunas de dichas recomendaciones deben ser tenidas en cuenta en toda lucha contra la impunidad, es decir, también cuando se trate de personas que no son periodistas. Sobre todo porque el asunto de la impunidad de los crímenes cometidos en contra de periodistas únicamente refleja, con macabra transparencia, una realidad que es mucho más amplia y que es la que se refiere a la impunidad de los crímenes que son cometidos en contra de ciudadanos que carecen de la notoriedad particular de los periodistas, y se encuentran por lo mismo en una condición de mayor vulnerabilidad que aquellos.
En ese sentido, los gobernantes no deben poner oídos sordos ante las referidas recomendaciones, pues ellas constituyen el señalamiento de algunas de las principales carencias de que adolecen los procesos de democratización que se emprendieron desde hace una década en el continente, y que en el caso de El Salvador en donde se salió de una confrontación armada de más de diez años de duración, tienen que ver, primero, con las atrofias del aparato judicial, anquilosado por el volumen de los intereses que debe proteger primordialmente --y por ende con toda la manera de procurar y administrar la justicia--; y, segundo, con la ausencia de participación política directa de la ciudadanía en la configuración del cuadro de necesidades básicas de la sociedad, el diseño de las estrategias y la formulación de las políticas que deberán ser ejecutadas por los organismos públicos.
La impunidad, independientemente de quién sea la víctima,
es un poderoso abono para la desestabilización de cualquier
sociedad. Ningún pretendido Estado de Derecho puede sustentarse
sobre la base de un sistema que fomenta o tolera la existencia
de sicarios. Bien por los periodistas, pero sus demandas deben
abrirse de manera incluyente a toda la sociedad.
REDUCCION IVA. La Comisión política del FMLN acordó,
el 30.09, presentar a la Asamblea Legislativa una propuesta formal
de disminución del IVA y una reforma sustancial a toda
la base tributaria del país. "La decisión está
tomada", indicó Oscar Ortiz, del FMLN, quien se abstuvo
de señalar el porcentaje de reducción que pedirán.
Según Ortiz, la iniciativa de impulsar reformas a la base
tributaria pretende que pague más el que tiene más
y menos el que tiene menos. En respuesta, René Figueroa,
de ARENA, calificó la iniciativa de "ofrecimiento
populista y demagógico". Según el diputado,
la propuesta es contradictoria, pues el Frente demanda incrementos
presupuestarios y no quiere reconocer que los recursos se generan
de la recolección del IVA (LPG 01.10 p.12, DL
01.10 p.3).
RECHAZO DE EMPRESARIOS. Varias gremiales empresariales del país rechazaron la propuesta del FMLN de reducir el IVA, por considerarla una disposición que desestabilizaría las ya deterioradas finanzas del Estado. El Presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Ricardo Simán, opinó, el 02.10, que "en este momento sería muy peligroso reducir el IVA" y que el argumento del FMLN de que quienes tienen más deben pagar más "no tiene validez". Por su parte, para el gerente general de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Jorge Arriaza, este no es el momento oportuno para adoptar medidas que reduzcan los ingresos del Estado, ya que el presupuesto general para 1998 es deficitario (LPG 04.10 p.16).
PROTESTAS. Agentes de la Unidad de mantenimiento del Orden (UMO) y sindicalistas del ministerio de Salud Pública se enfrentaron, el 01.10, luego de que aparentemente un grupo de trabajadores trató de ingresar violentamente a las instalaciones ministeriales. La protesta se originó cuando un grupo de empleados de la cartera de Salud se concentró frente a las instalaciones del Ministerio para demandar a las autoridades un pliego de peticiones socioeconómicas y laborales. Durante su actividad, los sindicalistas quemaron neumáticos, provocando el cierre de un tramo de la calle Arce. Según Herbert Guevara, uno de los dirigentes sindicales, los trabajadores fueron agredidos sin justificación por los policías; por su parte, miembros de la UMO afirmaron que los trabajadores se abalanzaron contra ellos, por lo que se vieron en la necesidad de usar gas pimienta a fin de controlar la trifulca. Al respecto, el Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Eduardo Interiano, señaló que las demandas de aumento de salarios que exigen los sindicalistas no está en sus manos sino en las del Ministerio de Hacienda, quien es el que asigna el presupuesto para cada una de las instituciones del Estado. Interiano advirtió, además, que no negociará bajo ningún tipo de presión que irrespete la dignidad de los funcionarios de la cartera, asegurando que el grupo de trabajadores que desarrollaron las actividades de protesta es parte de las plazas innecesarias que mantiene el Ministerio, cuyos salarios deberían de servir para contratar más médicos (LPG 02.10 p.10, DH 02.10 p.3, EM 02.10 p.3 y DL 02.10 p.3).
EXIGEN DESTITUCION. A raíz de los disturbios suscitados,
el 01, frente al Ministerio de Salud entre trabajadores de esa
cartera y agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO),
la Asociación Nacional de Trabajadores de Salud y Asistencia
Social (ANTMSPAS), pidió, el 05, la destitución
del ministro del ramo, Eduardo Interiano. En un comunicado, ANTMSPAS
exige la destitución por considerar que el ministro fue
el culpable de los atropellos sufridos. Los sindicalistas aseguraron
que hasta el momento no han habido acuerdos entre ellos y el titular
de Salud, por lo que no descartaron la realización de futuras
movilizaciones (DL 06.10 p. 3).
RECLAMAN FIDEICOMISO. Unos 25 afectados de la estafa Credi Club presentaron, el 01, una pieza de correspondencia en la que demandaron a los diputados la creación de un fondo fiduciario especial para tratar de recuperar sus depósitos. El fondo sería de 106 millones de colones, mismos que se cubrirían con la creación de certificados fiduciarios que gozarán de la garantía subsidiaria del Banco Central de Reserva. En la pieza de correspondencia se plantea que el fondo funcionará como fideicomiso especial a constituirse en el Banco Multisectorial de Inversiones (BMI), institución que recibiría todos los bienes muebles e inmuebles, valores y demás derechos de las sociedades del grupo financiero Bansal que sean entregados por accionistas, directores o administradores y quienes por cualquier causa legal cumplan con esta función (LPG 02.10 p.4).
DESESTIMAN OBSERVACIONES. La Comisión de Municipalidades de la Asamblea Legislativa dictaminó, el 07, con una votación interna de 9 votos en contra y 3 a favor, su rechazo a las observaciones que el Presidente de la República, Armando Calderón Sol hizo al Decreto 76 que contiene una asignación del 6% del Presupuesto General para las alcaldías. Las observaciones hechas por el Presidente de la República estaban referidas a una propuesta de 330 millones para las alcaldías en lugar de 700 millones (6% del presupuesto), aumentar el presupuesto del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM), y que se modificara el mecanismo previsto para la asignación de los fondos de cada municipio. En cuanto al monto a distribuir anualmente a los municipios, el Presidente pretende que se incluyan los criterios de equidad para hacer llegar asignaciones a todos los municipios del país en cantidades iguales; así como el que se establezca un porcentaje, tomando en consideración los índices de pobreza, en lugar del método de la extensión territorial, ya que ese criterio físico no influye mayormente en los beneficios y necesidades que experimentan las poblaciones del país. Al respecto, Donald Calderón, del PDC, expresó que "se hace camino al andar...los alcaldes nunca han manejado esa cantidad de fondos, por lo tanto no tiene experiencia pero al hacerlo aprenderán". En el mismo marco, Raúl Mijango, diputado del FMLN, expresó que al igual que ARENA, a ellos también les interesa destinar el dinero a las comunidades más pobres, pero descartaron el mecanismo de distribución sugerido por el Presidente por estar basado en indicadores sociales difíciles de medir (LPG 08.10 p.5 y DL 07.10 p.3).
APOYAN A SILVA. Los partidos Frente Farabundo Martí para
la Liberación Nacional (FMLN), Convergencia Democrática
(CD) y Movimiento de Unidad (MU) dieron, el 06, su apoyo al edil
de San Salvador, Héctor Silva, luego de los enfrentamientos
ideológicos registrados en los últimos días
entre la CD y el FMLN. Según un comunicado firmado por
Rubén Zamora, Secretario General de CD; Salvador Sánchez
Cerén, Secretario General del FMLN; y Jorge Martínez,
Secretario General del MU, los 3 partidos respaldan el proyecto
de trabajar en Concejos Municipales integrados en forma pluralista.
"Las divergencias de opinión expresadas en los últimos
días no alteran el funcionamiento del Concejo ni afectan
su compromiso de actuar de conformidad a su carácter de
cuerpo colegiado, integrado por personas de distintas visiones
ideológicas y de diferentes militancias partidarias"
manifestaron, a la vez que urgieron la aprobación de reformas
de integración de gobiernos locales con una representación
proporcional de los partidos políticos. Mientras tanto,
en el marco de las diferencias presentadas entre la CD y el FMLN,
el dirigente del Partido Renovación Social Cristiano (PRSC),
José Napoleón Duarte h., sostuvo, el 07, que la
alianza que busca Convergencia con otros partidos políticos
de centro y de centro derecha nace muerta, pues no es tiempo de
pensar en este tipo de coaliciones. Duarte señaló
que Renovación es un partido con una ideología bien
definida basada en el social cristianismo y no tienen ningún
problema interno por lo que no piensan en alianzas; no obstante,
no descartó que en un futuro se den coaliciones con partidos
con los que exista cierta similitud (EM 07.10 p.5, 01.10
p.2 y 04.10 p.2).
