Año 18
número 778
octubre 14
1997
ISSN 0259-9864
Editorial Los absurdos del celo fiscal
Política El debate sobre la reducción del IVA (II)
Economía Situación de la deuda pública externa e interna
Sociedad Reflexiones sobre la Política Nacional de la Mujer
Regional Linchamientos, la doble cara de la justicia en Guatemala
Regional Guatemala: un proceso de pacificación marcado por la inseguridad
Derechos Humanos El Tribunal Penal Internacional
Una vez más ha salido a relucir el tema del "acoso fiscal" que las autoridades de hacienda presuntamente ejercen sobre el sector empresarial. Esta vez, según denuncias de empresarios "víctimas" de la medida --seis personas detenidas por la PNC, en cumplimiento de una orden de la Fiscalía General de la República--, las sumas defraudadas al fisco y por las cuales se les acusa, oscilan entre los 1,446 y los 5, 538 colones. Esto, al parecer, fue suficiente para que las autoridades procedieran en contra de los presuntos culpables de defraudación fiscal, quienes han denunciado el exagerado rigor con el que se les ha tratado. Mientras tanto, otros miembros de la empresa privada han visto en ese caso la prueba fehaciente de que los empresarios salvadoreños son "perseguidos" por el Ministerio de Hacienda, lo cual --en su opinión-- no sólo es injusto, sino desalentador para la iniciativa empresarial.
Esta situación tiene que ser vista más en detalle. Ante todo, no se puede argüir en favor de los empresarios que cometieron fraude lo reducido del monto que fue a parar a --o no salió de-- sus bolsillos. El asunto es que violaron la ley, por lo que no pueden quedar exentos de la sanción correspondiente. Ahora bien, aceptar y defender la aplicación irrestricta de la ley no quiere decir que se acepta y defiende la aplicación de sanciones que van más allá del delito cometido o, peor aun, que se va a ser condescendiente con la prepotencia y matonería de las autoridades. Y ambas cosas son bien posibles en El Salvador; esto es, que se penalice excesivamente a quienes han cometido delitos menores y que los agentes del orden --sean policías, fiscales o jueces-- pongan en práctica las formas más variadas de hostilidad, negligencia y arbitrariedad en su contra.
Existen abundantes casos que demuestran la dureza con la que son tratados quienes cometen delitos menores. A la inversa, también hay una abundante evidencia acerca del modo, más bien blando y hasta absurdamente respetuoso, con el que son tratados los delincuentes de altos quilates, quizás por el poder e influencias que, aun actuando al margen de la ley, son capaces de movilizar. Así, para nadie es un secreto que prominentes hombres de negocios --industriales, comerciantes e inversionistas-- se han hecho de sumas millonarias por los medios más diversos, entre los que no escapan la evasión de impuestos o, entre los grandes dueños de centros comerciales, el acaparamiento de ingresos, como el IVA, que pertenecen al Estado; eso por no mencionar las estafas millonarias, la compra de favores o el simple robo. Pero muchos de estos "respetables" hombres de negocios no sólo no son víctimas de acoso alguno por parte de las autoridades, sino que, cuando han sido inocultables sus prácticas ilegales o cuando otras figuras igualmente influyentes han sido perjudicadas, aquéllas han tratado de ser lo más comprensivas posible y no han descuidado las normas del "buen trato" para personas que, aun siendo delincuentes de altos vuelos, no pierden su honorabilidad.
Y es que si los fueros de la ley van a ser defendidos en serio, no se puede tolerar que quienes velan por su cumplimiento decidan a su antojo cuándo es que la misma va a ser rígidamente aplicada o cuándo va a ser aplicada con suavidad y hasta con cortesía. Si algo importante para la convivencia social tienen las leyes es que garantizan la igualdad jurídica --tanto en derechos como en deberes-- de todos los miembros de la sociedad. Pero esa igualdad sólo cobra vigencia si las autoridades hacen valer, en la práctica, la universalidad de las leyes. Precisamente, es en la práctica que fallan los que tienen que velar por el respeto y el cumplimiento de la legalidad, pues no es excepcional que, contraviniendo la letra y el espíritu de las leyes, las autoridades hagan distinciones drásticas entre los salvadoreños, siendo, por un lado, inflexibles e inconmovibles con quienes no tienen poder e influencias y, por otro, blandos y corteses con aquellos que tienen el respaldo económico y político suficiente.
Por permitir que el respeto y la vigencia de las leyes dependan de criterios ajenos a éstas --como lo son el poder y las influencias económicas y políticas-- es que los que tienen que velar por el imperio de la legalidad caen en posiciones absurdas y descabelladas: suelen ser extremadamente celosos de la ley cuando están ante un delito menor, mientras que caen en las trampas más infantiles y son fácilmente burlados cuando se trata de delitos en verdad graves. Esta situación se ha dado en más de una oportunidad, por lo que no puede ser tomada como anormal. Tampoco se trata de una práctica novedosa, pues en nuestro país desde tiempos inmemoriales el alcance de las leyes ha llegado hasta donde lo ha permitido el poder económico y político de quienes las violentan. Lo preocupante es que aún ahora esa deformación jurídica y política siga teniendo tanta vigencia.
Parece ser que el celo con el que el Ministerio de Hacienda quiere cuidar del erario público no es ajeno a esa incongruencia propia de quienes vigilan el respeto de las leyes. Sus fiscalizadores son duros, inflexibles y rigurosos con los empresarios que han defraudado cinco mil colones o menos, pero no se atreven a poner un pie en los grandes centros comerciales cuyos dueños se embolsan el IVA. Ni hablar de intentar revisar la doble contabilidad de las grandes fábricas o de los grandes bancos. Y, si lo hicieran, tratarían de ser respetuosos y condescendientes con los dueños, ya que, cuando se trata de personas con el suficiente dinero, no sólo no son inocentes hasta que se prueba lo contrario, sino que una vez probada su culpabilidad siguen recibiendo trato de inocentes.
Los empresarios capturados por defraudar cifras irrisorias no tienen razón cuando se quejan de ser penalizados por haber violado las leyes, pero sí la tienen al quejarse de lo extremo de las medidas tomadas y del trato dispensado a ellos por las autoridades. El
problema de fondo es que otros miembros del sector empresarial
involucrados en actividades ilícitas de gran envergadura
están exentos de ser alcanzados por el brazo de la ley.
Esta es una anomalía que no puede tolerarse y que debe
ser denunciada sin ningún tipo de reparos.
En el número anterior se señalaba que aventurar con decisiones que afectan drásticamente la economía es un gran riesgo que, de fracasar, traería consecuencias graves e indeseables a los partidos que decidan correrlo. Y ese es el riesgo que tiene que enfrentar el FMLN. Hay que esperar a que la propuesta sea estudiada y que los partidos terminen de definir sus posturas con respecto a ella. Después de eso, muchas cosas pueden ocurrir. Una de las posibilidades a considerar es que el PCN o el PDC decidan no respaldar la disminución de los puntos porcentuales del IVA. Eso haría inviable el proyecto de Ley que pretende impulsar el FMLN. Pero, aun así, el partido de izquierda podría argumentar que puso todo de su parte por llevar a cabo la medida y que el entrampamiento de la misma en el pleno se debió al problema numérico de los votos y no a la falta de voluntad del partido ni a las deficiencias operativas de la Ley.
Otra de las cosas que puede ocurrir es que el PCN y el PDC, pensando en los beneficios políticos que la aprobación de la Ley podría traerles, decidan apoyar la iniciativa del Frente. Hasta el momento, esta parece ser la única forma de lograr que el proyecto de Ley sea aprobado, ya que ambos son los únicos partidos que han mostrado interés en secundar la propuesta. Ahora bien, suponiendo que la reducción del IVA sea aprobada, otra serie de posibilidades se abriría. Una de ellas es que el partido en el gobierno decida obstaculizar la puesta en marcha de la medida, pues la operatividad de los nuevos mecanismos de recaudación fiscal dependerían, en última instancia, de quienes administran los órganos estatales. En otras palabras, la concreción de la Ley, en caso de que ésta sea aprobada, escaparía de las manos del partido impulsor de la iniciativa. No hay que olvidar que los partidos de oposición pueden, desde la Asamblea, promover leyes y procurar, en la medida de lo posible, que éstas se cumplan. Pero no es del Organo Legislativo de quien depende, en definitiva, la realización de las mismas.
Otra de las cosas que puede ocurrir es que la disminución del IVA se haga efectiva, pero que la reforma tributaria resulte insuficiente para reemplazar los ingresos que hoy en día percibe el Estado en materia de recaudación del Impuesto al Valor Agregado. Eso supondría un incremento en el déficit presupuestario y, por consiguiente, una buena razón para oponerse a la medida. De lo anterior puede concluirse que, ya sea porque el ejecutivo bloquee la concreción de la reducción del IVA o porque esta, realmente, no sea la mejor solución a la situación económica del país, llevar a cabo este proyecto de ley puede resultar más perjudicial que beneficioso tanto para el FMLN, a nivel político, como para El Salvador, a nivel económico.
Pero aún falta mencionar un último aspecto. Cabe la posibilidad de que, ante la iniciativa del FMLN, la balanza se equilibre al interior de la Asamblea Legislativa. Puede ser que el Frente obligue a pensar en posibles medidas para aliviar el peso de la crisis económica y que los demás partidos lo obliguen a él a aterrizar sus propuestas y a estudiar cuáles de ellas pueden llevarse a cabo sin perjudicar, todavía más, la economía nacional.
Además de la propuesta del Frente, habrá que tomar en consideración la que el Ministerio de Hacienda está próximo a presentar en la Asamblea. Dicha propuesta apunta a la implementación de nuevas leyes y la modificación de algunas de las existentes --entre ellas la del IVA-- con el objeto de aumentar la recaudación fiscal. Y más allá de si la propuesta ministerial obedece a un deseo genuino, por parte del ejecutivo, de aumentar la base tributaria o a un interés político de contrarrestar el proyecto de disminución del IVA, lo más deseable será, sin duda, que los diputados analicen concienzudamente los pro y los contra de ambos proyectos y que, en base a ese análisis, tomen la determinación más conveniente, en términos económicos, para el país.
La carestía de la vida es, como lo señalan las encuestas, uno de los más graves problemas al que se enfrenta un salvadoreño promedio. Que subsistir en este medio es cada vez más difícil es innegable, como también lo es que corresponde al Estado ofrecer salidas ante tal situación. Pero esas salidas no pueden diseñarse precipitadamente. No hay que descartar del todo que la reducción del IVA pueda traer buenos resultados, pero habría que establecer bien bajo qué condiciones puede hacerlo y habría, también, que considerar otras alternativas.
La disminución del IVA no implica necesariamente un aumento
en la calidad de vida de los salvadoreños. Tal vez haya
que pensar más en ajustar los mecanismos que permiten destinar
los recursos del Estado a la inversión social y habría
que permanecer más atentos a la corrupción de los
funcionarios para lograr una mayor cobertura de las necesidades
básicas de la población. La reducción del
Impuesto al Valor Agregado no es ni puede verse como la única
ni la mejor manera de enfrentar la crisis económica.
La deuda pública de El Salvador no representó un problema económico de consideración hasta mediados de la década de 1980, cuando, en el marco de la guerra civil y de la recesión económica, se incurrió en un profundo endeudamiento externo. Para principios de la década de 1990, la deuda aún representaba una importante proporción del Producto Interno Bruto (PIB) y su servicio demandaba importantes proporciones de las exportaciones y del presupuesto general de la nación. Más recientemente, el saldo de la deuda decayó apreciablemente, pero no así su servicio, que se mantiene a los mismos niveles observables para épocas de mayor endeudamiento.
La caída del saldo de la deuda se debe en gran parte a que, en cada momento, han existido condiciones sumamente favorables para su contratación y negociación, principalmente porque ha sido contraída con organismos internacionales o agencias gubernamentales. El endeudamiento comercial externo ha sido prácticamente inexistente durante las tres últimas décadas, lo cual ha otorgado al país una importante ventaja en la medida que ha estado en posibilidad de negociar préstamos para períodos altamente preferenciales de 40 o 50 años de plazo, 10 de gracia y tasas de interés que oscilan entre 2 y 9 por ciento.
La mayoría de los préstamos preferenciales provenían de fuentes como AID y el FMI, que los concedían bajo la condicionalidad de la adopción de medidas específicas de política económica. Durante la presente década, diferentes negociaciones y condonaciones de la deuda (Club de París y deuda por naturaleza) han permitido al gobierno una situación relativamente holgada en lo que al manejo de la deuda se refiere, especialmente por la obtención de mayores plazos y la eliminación de parte de su deuda total. Sin embargo, al examinar el comportamiento del servicio de la deuda no se percibe esta holgura e incluso no puede despreciarse la posibilidad de que la deuda se convierta en un obstáculo para el desarrollo.
La consecuencia más sensible en el manejo de la deuda es, sin duda, sobre la amortización de la misma, pues ello supone que el Estado utilice recursos escasos de su presupuesto. En la actualidad, esta competencia se ha vuelto cada vez más clara en la medida en que los últimos presupuestos de la nación han incluido elevadas proporciones destinadas al servicio de ésta, a despecho de la reducción de la importancia de la deuda en relación al PIB.
En las siguientes líneas se revisa rápidamente el comportamiento de la deuda pública (externa e interna) durante la década de 1990, con el objeto de señalar de que el servicio de ésta ha llegado a representar una importante carga para las finanzas públicas, no porque se haya incrementado apreciablemente su saldo, sino porque los últimos gobiernos han incrementado las proporciones de la deuda que se amortizan periódicamente.
Un primer hecho que resalta de la revisión del comportamiento del saldo de la deuda externa durante la década de 1990, es que la tendencia más evidente ha sido hacia su disminución. Exceptuando un leve incremento en 1991, el saldo de la deuda externa ha disminuido, pasando de representar un 26.3% del Producto Interno Bruto (PIB), en 1990, a representar sólo un 16.6% en 1995.
La situación del servicio de la deuda externa, en cambio, no ha experimentado la misma tendencia. De acuerdo a datos del Banco Central de Reserva, entre 1990 y 1995, el servicio de la deuda se ha mantenido cerca del 1.3% del PIB. Ello no implica que no se hayan experimentado variaciones importantes, como en 1991, cuando se elevó hasta representar un 2.6% del PIB. La situación se vuelve más preocupante al examinar el servicio de la deuda como proporción de las exportaciones de bienes, pues entre 1990 y 1994 --último año para el que se dispone de datos-- el servicio de la deuda externa pasó de representar un 6.6% de las exportaciones a representar un 9.2%.
Otra señal de esta situación es la creciente asignación que la deuda externa ha estado recibiendo dentro del Presupuesto General de la Nación, la cual ha pasado de 584.3 millones de colones, en 1991, a 1,649.3 millones de colones, en 1998; es decir, un incremento de 1,065 millones de colones, lo que implica un aumento de 182.3%. Como proporción del presupuesto, esto significa un cambio de 8% a 9.7% entre los mismos años, lo cual quiere decir que el servicio de la deuda externa exige cada vez mayores sacrificios fiscales para sí.
Similar comportamiento se observa en el caso de la deuda interna, pues, aunque esta ha disminuido su proporción del PIB desde 17.2% en 1990 a 9.9% en 1995, su servicio se ha incrementado hasta llegar prácticamente a igualar el servicio de la deuda externa. De aprobarse el presupuesto de 1998, ésta pasaría de 130.7 millones de colones en 1991 --un 1.9% del presupuesto para ese año--, a 1,246.4 millones de colones --un 7.4% del presupuesto total--; es decir, sólo 403 millones menos que el servicio de la deuda externa.
Cabe señalar aquí que el endeudamiento interno ha venido adquiriendo cada vez mayor importancia dentro del total de la deuda, especialmente desde principios de la presente década, cuando alcanzó cerca de un 40%. Para 1995, esta proporción habría decaído hasta llegar al 37.4%, lo cual no ha obstado, empero, para que su servicio se incrementara desproporcionadamente.
Los supuestos beneficios de la reducción del endeudamiento público deberían reflejarse en una menor carga de su servicio y en una mayor disponibilidad de recursos para ser invertidos en las áreas prioritarias, como la educación, la salud, vivienda, etc. Sin embargo, en la práctica ha ocurrido precisamente todo lo contrario, ya que el servicio de la deuda, lejos de disminuir, se ha incrementado durante la presente década.
Esto resulta cuestionable de cara a la reducción del porcentaje del presupuesto de la nación destinado para el gasto social y, más aún, considerando la actual polémica en torno a la asignación del 6% del presupuesto para los gobiernos locales, ante la cual los personeros del gobierno argumentan insuficiencia de recursos financieros.
El servicio de la deuda pública se ha incrementado notablemente durante la última década. De manera que el servicio de la deuda interna se multiplicaría casi 10 veces de aprobarse el presupuesto asignado para 1998. Dado que, en realidad, el nivel de endeudamiento como porcentaje del PIB ha disminuido, resulta claro que los dos últimos gobiernos han adoptado una política que persigue incrementar las amortizaciones de la deuda pública, lo cual no sería cuestionable de no estarse negando al mismo tiempo recursos para áreas directamente relacionadas con el desarrollo económico y social.
No es extraño, entonces, que los acreedores del país
emitan frecuentes declaraciones de estímulo y reconocimiento
para El Salvador por la supuesta estabilidad y confiabilidad de
su economía. Sin embargo, tras éste reconocimiento
se encuentra una política de asignación del gasto
público en la cual el servicio de la deuda es más
importante que las necesidades sociales.
"Detrás de un gran hombre, siempre hay una gran mujer". Esta conocida frase resume, equívocamente, una persistente dinámica histórica, en la cual la mujer es relegada debido a unas relaciones sociales en las que el hombre ocupa un lugar preponderante. En El Salvador este mal está bastante arraigado. Por herencia, costumbre o comodidad, siempre se ha visto a la mujer como minusválida o como incapaz para desempeñarse en actividades tradicionalmente adscritas a los hombres, y las leyes salvadoreñas apoyan esta mentalidad. El Código Penal, el Código Civil y el Código de Trabajo promueven la obediencia, la sumisión y la dependencia de la mujer, poniéndola al mismo nivel de capacidad que una persona menor de 18 años o un discapacitado mental (basta revisar, por ejemplo, el artículo 1007, capítulo II del título III del Código Civil para darse cuenta de ello). En la década actual, muchas disposiciones legales que van en detrimento de la mujer --disposiciones consideradas "sexistas"-- han sido derogadas. Sin embargo, no lo han sido totalmente, pues hay secciones que sí están vigentes y que violan los derechos femeninos.
Pese a esto, hay que admitir que la anulación de este tipo de disposiciones legales es síntoma de una toma de conciencia respecto de la situación de la mujer. De hecho, el brote de movimientos de liberación femenina, instituciones en pro de los derechos humanos y documentos legales a favor de la mujer es cada vez más notorio. Tal es el caso de la última propuesta gubernamental: La Política Nacional de la Mujer (PNM), la cual fue presentada por la Presidencia de la República el pasado 28 de agosto. En la formulación de la política participaron el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), el gobierno de El Salvador, el Ministerio de Justicia, la Procuraduría General de la República, la Secretaría Nacional de la Familia, el Ministerio de Trabajo y otros 26 organismos estatales.
El documento plantea, como objetivos generales, rescatar la posición de la mujer en la sociedad y colocar la opinión femenina al mismo nivel que la de los hombres. Además, enumera y desarrolla 10 objetivos específicos que se derivan de los puntos más conflictivos en la vida cotidiana de las mujeres. Se reconoce que ellas son discriminadas y tratadas hostilmente en los diversos ámbitos de la vida social, económica y política.
Partiendo de esto, la PNM aborda como primer punto el ámbito legislativo y propone una evaluación de las leyes nacionales, para poder reconocer las declaraciones que atentan contra los derechos de la mujer e impiden su acceso al quehacer político. En cuanto al sector educativo, la PNM debe complementarse con la reforma educativa. Los aspectos más importantes se fundamentan en la apertura de condiciones para que, tanto mujeres como niñas, puedan obtener educación formal y no formal partiendo de sus necesidades e intereses. En el terreno de la salud, tomando en cuenta todo el ciclo vital de las mujeres, se destacan dos cosas: priorizar el derecho a mejores niveles de salud física y mental; y fomentar que las mujeres acudan a servicios preventivos integrales, aumentando la calidad y atención de los mismos. Esto combinado con la prestación de servicios y evaluaciones periódicas del sector.
Una materia esencialmente importante que se discute es la de la mujer y el trabajo. Ya se sabe que el 52% de la población salvadoreña está conformada por mujeres. De ese porcentaje, el 36% son mujeres generadoras de ingresos y riquezas. A partir de esto se considera necesaria la implementación de nuevas leyes laborales para que las mujeres se introduzcan en el área con oportunidades equivalentes a las de los hombres y que les garanticen una justa proporción de prestaciones básicas. Asimismo, se propone reelaborar artículos de la Constitución de la República y del Código de Trabajo que se presten a la discriminación femenina.
Como quinto punto, la PNM considera la participación ciudadana y política, aspecto que se potenciaría aboliendo estructuras institucionales, sociales, políticas y culturales que obstaculizan el paso de las mujeres a todas las líneas de poder. Esto es evidente, pues sólo el 16% de los puestos parlamentarios y el 9% de las Alcaldías son ocupados por mujeres. Lastimosamente, el papel participativo del sexo femenino en espacios de decisión nacional es casi nulo y, en muchas ocasiones, se limita a niveles de apoyo y ejecución.
El documento del gobierno no olvida tratar una parte importante en la vida de la mujer: la familia. Aquí, se pretende conciliar la PNM con los principios rectores del Código de Familia en base al derecho de igualdad entre sus miembros. Después de abordar este punto, se pasa al espinoso tema de la violencia intrafamiliar. Al respecto, se apunta la necesidad de la intervención del Estado, dando protección en el momento en que se afecte la integridad física y moral de la mujer al interior del hogar. Además, se propone impulsar y desarrollar una política preventiva de la violencia contra la mujer, tanto dentro como fuera de la familia.
Como puntos finales de la problemática de la mujer se considera la situación del sector agrícola, en el cual se ubica un 64% de hogares en relativa y extrema pobreza; la protección del medio ambiente, donde la mujer, por sus funciones reproductoras y comunitarias, se convierte en pilar esencial; y, finalmente, el papel de medios de comunicación y cultura, a los que se les asigna el deber de reflejar una imagen positiva de la mujer, excluyendo los estereotipos sexuales y resaltando sus méritos profesionales y familiares.
De esta forma se resume la temática desarrollada en el documento sobre la Política de la Mujer. A partir de ello, podemos extraer la idea de mujer que se trata de dejar atrás: sumisa, víctima y supeditada a las decisiones y ordenes de los hombres. El rol principal que se le asigna es el de reproductora, acompañante y merecedora de una reivindicación de género. Este es el encasillamiento típico que se impone a la mujer en nuestra sociedad. El problema es que ello, además, está tan arraigado en la mentalidad colectiva que las mujeres mismas terminan por aceptar pasivamente el lugar que se les asigna. No se puede negar que sus derechos están siendo violados, pero ¿qué hacen ellas al respecto? Hay una alto nivel de resignación en las mujeres que, incluso, se traduce en una cierta "complicidad" con quienes las maltratan.
No cabe duda de que la pasividad de las mujeres es un obstáculo
para el desarrollo pleno de la política diseñada
por el gobierno. Es totalmente legítimo aspirar a un ideal
de mujer con un buen nivel de preparación académica,
con facilidades de acceso a los espacios de poder, capaz de establecer
relaciones horizontales con las demás mujeres y los hombres.
Pero la concreción de ese ideal no es tarea fácil.
¿Acaso la solución de la problemática femenina
depende de que se apruebe o no una ley? De ser así, el
artículo 3 de la Constitución de la República
sobre la igualdad ciudadana bastaría para garantizar ese
derecho cotidianamente violado a la mayor parte de salvadoreños.
Las políticas de gobierno son un ingrediente necesario
para alcanzar determinados ideales de vida social, pero su éxito
depende de cómo esas políticas cobren realidad en
las relaciones sociales cotidianas.
No cabe duda de que el último semestre de 1996 se constituyó en un punto de inflexión de la historia reciente de Guatemala. Entre otros hechos acaecidos en ese período, en septiembre y diciembre se dieron lugar, respectivamente, la ejecución pública de dos campesinos acusados de la violación y asesinato de una niña guatemalteca, y la culminación del proceso de negociación entre la URNG y el gobierno, con lo cual se puso fin a la última guerra civil que aún sobrevivía en el istmo.
En abierta paradoja, ambos hechos pretendían poner un paro definitivo a la violencia cotidiana que hasta la fecha experimentaba Guatemala. Por su lado, los Acuerdos de Paz buscaban dirimir las diferencias que habían llevado al enfrentamiento armado e impulsar un Estado de Derecho que garantizara la resolución democrática de los conflictos sociales al margen de la vía violenta. En contradicción con lo anterior, el resurgimiento y aplicación de la pena capital, desde la óptica gubernamental, tenía como objetivo aliviar la demanda de la población de una justicia rápida y eficaz, capaz de paliar los altos índices de violencia criminal e inseguridad ciudadana.
Tal y como expresó el juez encargado de cumplir la sentencia en contra de los dos campesinos, la ejecución pública de ambos fue entendida como "el primer paso para que la justicia adquiera credibilidad". Así pues, en Guatemala, a la vez que la sociedad se embarcaba en el proyecto de crear un marco político-jurídico para detener una guerra fratricida e implantar una cultura de paz, la mayoría de los sectores que la conforman se empeñaba en llevar a la realidad la creencia de que la única prueba de credibilidad y validez de la justicia era que ésta estampara su impronta con la sangre de los que a ella se sometían. Lo inaudito es que casi nadie pareció captar lo absurdo y contradictorio de la situación. La pregunta sobre cuáles serían las repercusiones que la ejecución publica arrojaría sobre la sociedad guatemalteca quedó marginada ante el regocijo generalizado de la población (según una encuesta publicada por el diario Prensa Libre, el 90 por ciento de los guatemaltecos aprobó el fusilamiento).
Sin embargo, en los meses subsiguientes empezaron a esbozarse las respuestas para tal interrogante. En la primera quincena de noviembre, tan sólo un mes después de que la justicia de las balas se había paseado por Guatemala, los habitantes de Momostenango, Totonicapán, instalaban un tribunal popular para juzgar y condenar a cuatro presuntos delincuentes. El mismo día de su captura, los sujetos fueron encontrados culpables de los cargos y pasaron a manos de la tradicional manera de hacer justicia popular en Guatemala: el linchamiento. Pero en el irregular proceso hubo un fatal error: los pobladores de Momostenango apresaron a los individuos equivocados; como resultado, cuatro inocentes fueron brutalmente vapuleados e incinerados hasta la muerte, entre ellos el reconocido pintor quetzalteco Oziel Calderón Gramajo.
Como ya se mencionó, los linchamientos han pasado a ser escenas cotidianas del drama de la justicia en Guatemala (sólo hasta julio de 1996 se reportaban ya 75 casos). El problema es que, lo quisieran o no las autoridades, el fusilamiento de septiembre los dotó de un nuevo cariz y, por qué no decirlo, de cierta legitimidad. En la ejecución de Calderón Gramajo podía acusarse a los pobladores de Momostenango de haber evadido los procedimientos legalmente establecidos para procesar al que aparecía como un supuesto delincuente (acusación extensible a cualquier otro hecho similar), pero no podía debatirse la legitimidad del fallo (en el caso de que el pintor en realidad hubiera sido culpable), pues el Estado ya había institucionalizado la muerte como expresión de la justicia.
El posible contra argumento de que la ejecución de un ciudadano sólo es competencia del Estado y de sus órganos de justicia, por lo cual los linchamientos que concluyen en la muerte de los procesados son ilegales, encuentra serios reparos en dos de las características de la aplicación de la justicia en Guatemala: su corto alcance, que se expresa en el hecho de que localidades remotas e inaccesibles carecen de tribunales y jueces, y su ineficacia.
Contrariamente a lo que pretendía el Estado guatemalteco con el fusilamiento de los dos campesinos, la medida no sólo no frenó los altos índices de delincuencia y la consecuente aparición de nuevos linchamientos, sino que la frecuencia de éstos se ha acentuado aún más (en comparación con el primer semestre del año anterior, entre enero y julio de 1997 los casos se han incrementado en un 31%). Si el Estado mostraba la supuesta validez de una medida radical como forma de hacer valer la justicia, ¿qué motivaciones encontrarían los campesinos e indígenas, azotados por la delincuencia y sin resguardo judicial efectivo, para no buscar emularla personalmente en sus localidades? Sin duda alguna, la aplicación de la pena de muerte complicó aún más el problema de la justicia popular en Guatemala.
Otro elemento que debe de ser tomado en cuenta para analizar los linchamientos en el vecino país surge desde los mismos Acuerdos de Paz. Según el convenio 169, al que llegaron las partes implicadas en la negociación, el Estado velará por la aplicación del sistema jurídico indígena, el cual pretende reconocer los valores más propios de la población indígena de cada localidad y ser una alternativa ante un sistema jurídico estatal que se le presenta como extraño, lejano y poco coherente con sus costumbres. Obviamente, la necesidad de establecer dos sistema jurídicos paralelos --uno basado en el derecho positivo y otro en el derecho consuetudinario-- es ineludible en un país con la riqueza étnica y cultural de Guatemala; empero, hasta la fecha, lo que pretendía ser un sistema que conservaría esta riqueza social se ha desvirtuado bajo la forma de los llamados Tribunales Populares, los cuales más que conservar modos de organización social indígenas han repetido las conductas generalizadas ante el problema delincuencial: ira, apresuramiento y venganza ciega.
Ciertamente, la deformación práctica del sistema jurídico indígena en tribunales de juicios sumarios encuentra sus raíces en el atávico problema de analfabetismo (modos de acción civilizados escapan ante quien ha vivido su vida al margen de la educación básica y, como agravante, ha sufrido los embates de una guerra librada, principalmente, en contra de los sectores campesino e indígenas). Pero, de nuevo, gran parte de la responsabilidad recae sobre un gobierno que ni ha querido entender las causas de la delincuencia ni ha buscado las maneras más atinadas de darles solución.
En definitiva, el furibundo inmediatismo justiciero de los Tribunales
Populares calca, trágicamente, el nuevo accionar gubernamental
en contra de los delincuentes: su irresponsabilidad, su falta
de tino, su enardecimiento. Contradictoriamente, el sistema jurídico
guatemalteco, pretendiendo calmar con un festín de sangre
las ansias de justicia de la población, se erigió
a sí mismo en una representación magnificada y dantesca
de los tribunales de los pueblos, en el cual el público
dejaba de reducirse a un grupo de exaltados campesinos e indígenas
para ampliarse a todas las capas de la sociedad guatemalteca;
en el cual la emotiva justicia de provincia sustituyó a
la racionalidad que cabría esperar de la justicia estatal.
De esta manera, la beligerancia homicida del linchamiento popular
pasó a ser hermana menor de una miope evaluación
gubernamental de las causas y posibles soluciones del problema
delincuencial.
La inseguridad como nota fundamental
Al igual que en nuestro país, la firma de los Acuerdos de Paz en Guatemala, realizada el 29 de diciembre de 1996, trajo grandes esperanzas para los distintos sectores de la sociedad. Nadie puede negar que una sociedad en la que al menos no existen conflictos en el plano militar entre grupos cuyos intereses se ven amenazados directamente por la presencia de un enemigo armado, es una sociedad en la que la concertación y la democracia puede hallar tierra fértil para crecer. Pero al mismo tiempo, la llegada de la "paz" al suelo guatemalteco implicó el planteamiento de nuevas interrogantes, de nuevos y más complejos retos, tanto para los sectores que se enfrentaron directamente durante la guerra como para todas las organizaciones representantes de la sociedad civil. El proceso de diálogo en el vecino país incluyó problemáticas no solamente de tipo económico, social o político, sino que tomó en cuenta muchos conflictos de tipo étnico y cultural que forman parte de las causas estructurales de la guerra. Es por esta razón que, una vez alcanzado el cese al fuego, las dificultades en el proceso de pacificación y democratización que le han seguido y los esfuerzos que estas implican, no deben perderse de vista.
A pesar de los avances que se pueden observar en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz en Guatemala, la inseguridad es lo que ha caracterizado estos nueve meses y medio que lleva el proceso. Inseguridad que golpea directamente el área del respeto a los Derechos Humanos. Por un lado, los sectores más pudientes de la sociedad guatemalteca han manifestado, ante el presidente Alvaro Arzú, su preocupación por la creciente ola de secuestros de los que han venido siendo víctimas desde principios de este año. La situación llegó a su punto más crítico cuando, a finales de enero pasado, fue asesinada la prominente empresaria Isabel Bonifasi de Botrán, por parte de miembros de la URNG. Aunque este hecho no solo recae sobre estos sectores, sino que también golpea a la población de las zonas campesinas e indígenas, así como a la clase política, el flujo más fuerte de presión hacia el gobierno ha sido expresado por estos grupos poderosos. Mismos que han llegado ha afirmar que la situación de inseguridad que se vive en Guatemala es tal, que podría comenzar a influir en la inversión extranjera que se realice en dicho país, de la cual se espera un crecimiento positivo con la llegada de la paz.
Por otro lado, la inseguridad también afecta en gran medida a los ya mencionados sectores campesinos e indígenas del interior del país, puesto que la firma de los Acuerdos de Paz parece no haber puesto fin a los abusos de autoridad que reciben de parte de los cuerpos de seguridad, policiales o militares, que se mantienen activos en algunas regiones del país. Las evidencias son notables: el 27 de mayo, indígenas del municipio de Chajul, departamento de Quiché, denunciaron que autoridades del destacamento militar de Patnaj --en el mismo municipio-- convocaron a la población para realizar amenazas directas en contra de los pobladores que pertenecieran a alguna organización o que tuvieran nexos con la URNG. A esto le siguieron algunos enfrentamientos violentos entre cuerpos de seguridad y miembros de la Coordinadora Nacional de Indígenas y Campesinos (CONIC) que participaron en varias tomas de fincas (Australia, El Tablero y San Luis, del departamento de San Marcos) en junio, y el aparecimiento de grupos armados que argumentan que sus problemas de seguridad y repartición de tierras no han sido resueltos.
La conflictividad con la que el sector indígena y campesino
ha respondido al proceso de pacificación pone en evidencia
que sigue siendo uno de los más desprotegidos del país
y, aunque en general se les mira como disidentes y desestabilizadores
del proceso, quizás lo cierto es que lo que buscan es reivindicar
los motivos que un día los hicieron apostarle a la guerra
para solucionar sus problemas. En este punto habría que
poner especial atención, puesto que en un futuro podría
ser el que defina el talón de Aquilés de los Acuerdos
de Paz, no tanto por la manera como estos fueron planteados, sino
por el modo en que se les ha venido dando seguimiento.
La opinión de la ONU y de la URNG
En recientes declaraciones, la URNG señaló que el proceso de pacificación en Guatemala sufría de deficiencias en el área social. Parte de sus planteamientos se fundamentaban en un balance muy riguroso sobre el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, y apuntaban que era necesaria una mejora en el sistema tributario y fiscal, para de ahí obtener los fondos que se destinaran a inversiones en la salud, la educación, la seguridad pública y la justicia, entre otros.
Al análisis de la ex guerrilla se le achacaron todo tipo de malas intensiones, entre ellas, la de mejorar su imagen ante la opinión pública en general. Pero no se puede negar que el informe de la URNG supo exponer las áreas en las que las deficiencias son de importancia vital. En pocas palabras, se debe reconocer que, en este momento preciso de la historia, la URNG demostró tacto político al revelar apreciaciones moderadas pero radicales con respecto a la delicada situación del país.
Por su parte, la Misión de Verificación de la ONU
en Guatemala (MINUGUA) deja muy claro en su informe sobre el cumplimiento
de los Acuerdos, publicado el mes de julio, que la paz solo se
encuentra puesta sobre la mesa, y sus avances son tangibles solo
a nivel formal. Se muestran complacidos de que el gobierno y la
URNG pongan todo de su parte para que se formen las comisiones,
oficinas, y todas las organizaciones contempladas en los Acuerdos
de Paz; pero también afirman que los beneficios a nivel
social aún no se concretan. Al mismo tiempo, aseguran que
existe, en algunos sectores, la percepción de que el proceso
global de pacificación sólo beneficia al gobierno
y a la URNG. Esto viene a confirmar que lo que más pesa
en la mentalidad de la población es la inseguridad y la
desconfianza hacia el proceso, situación que, desde ya,
se perfila como uno de los principales problemas a enfrentar por
el gobierno actual y los gobiernos que puedan llegar a administrarlo
en el futuro.
Violencia en las calles y resistencias al cambio
El 20 de julio pasado, la PNC comenzó a operar en 15 puestos del territorio guatemalteco, contando con un contingente inicial de 1200 agentes y un presupuesto de 20 millones de quetzales. El clima de violencia, que ha venido incrementándose desde que se firmó el cese al fuego, puso en duda la capacidad que podría tener la PNC para poner orden en las calles. Muchos representantes del ala veterana del ejército guatemalteco aprovecharon la coyuntura para justificar la necesidad de mantener al sector militar activo tal y como está, contraviniendo de este modo lo pactado en los Acuerdos de Paz. La Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA) lanzó, en reiteradas ocasiones, propuestas que estaban en contra de las medidas de reducción del 33% de los miembros activos del ejército, de las modificaciones a sus funciones, de la concentración del poder en la Presidencia de la República y del traspaso del mando de la institución armada al poder civil. En esta clara resistencia al cambio, muchos temieron que la vieja fuerza de la milicia guatemalteca, capaz de intervenir en todas las decisiones que se tomaban a nivel estatal, estuviera haciendo intentos de ganar terreno otra vez.
En conclusión, la situación de los Acuerdos de Paz
en Guatemala todavía es delicada. La razón de esta
situación puede radicar en que el proceso se encuentra
en sus primeras etapas, pero tampoco hay que perder de vista la
resistencia que algunos sectores poderosos expresan hacia las
modificaciones planteadas en los Acuerdos. Aunque quizás
quede mucho por decir al respecto, tenemos que esperar que la
voluntad que han mostrado el gobierno y la URNG sean suficientes
para encauzar a la sociedad guatemalteca en el camino de la paz
estable y duradera que todos esperan.
Se acaban de realizar dos importantes actividades --una a nivel mundial y otra de nuestra región-- relacionadas con la preocupación que, desde hace varias décadas, existe sobre la falta de castigo en casos y situaciones que sólo pueden calificarse como graves afrentas a la dignidad humana, ocurridas principalmente desde la segunda guerra mundial en adelante. La primera de ellas fue la "Conferencia internacional para frenar la impunidad en crímenes internacionales y serias violaciones a los derechos humanos fundamentales", que tuvo lugar del 16 al 21 de septiembre en la ciudad de Siracusa, Sicilia; el segundo se llevó a cabo en Montevideo Uruguay el viernes 7 y el sábado 8 del presente mes, bajo el siguiente título: "Conferencia en América Latina por la creación de un Tribunal Penal Internacional en 1998".
Y es precisamente alrededor de este último hecho --el de la inminente existencia de dicho Tribunal-- que han girado muchos de los debates en los dos foros mencionados, aunque quizás la conferencia de Siracusa fue más amplia debido a que en su agenda se incluyeron perspectivas tales como: las muchas y no siempre positivas consideraciones políticas en torno al tema, así como sus consecuencias en favor o en contra de la justicia y la paz; los procesos judiciales nacionales y internacionales; el recuerdo de los hechos y de la verdad sobre los mismos; las sanciones civiles y políticas; los problemas para la compensación y reparación de las víctimas; la restauración del orden y la justicia. La iniciativa para organizar el evento en la isla italiana fue del Instituto Superior Internacional de Ciencias Criminales, con el apoyo de diversas instituciones de todos los continentes y de diverso tipo, con reconocida trayectoria de trabajo en estos campos.
En el caso de la conferencia que tuvo lugar en la tierra de Artigas, Benedetti y Galeano la organización corrió a cargo de la organización denominada "No hay paz sin justicia" --NPWJ, por sus siglas en inglés-- junto al Parlamento Latinoamericano, la Universidad para la Paz e Inter Press Service (IPS), contando con los auspicios de la Unión Europea y Open Society Institute. Por estas tierras, el enfoque fue uno solo: el del análisis del Tribunal Penal Internacional (TPI) desde la perspectiva de la región latinoamericana, incluida dentro de ella la historia de las graves violaciones a los derechos humanos que tuvieron y siguen teniendo lugar en la misma así como sus tradiciones jurídicas, parlamentarias y de relaciones internacionales.
Pero, cabe formular la interrogante, ¿a qué se refieren quienes hablan y discuten sobre ese Tribunal? ¿exactamente desde cuando está impulsándose su creación? ¿para qué servirá? ¿qué obstáculos impiden su surgimiento o el desarrollo de sus potencialidades? A estas y otras interrogantes, pretendemos dar respuestas en esta ocasión.
Esta institución que esperamos con interés es un tribunal judicial con carácter permanente, de jurisdicción mundial, que estará en capacidad de procesar a aquellos individuos que tienen responsabilidad en graves violaciones a las normas establecidas dentro del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, conocido también como el "derecho de guerra". No se trata de otra Corte Internacional de Justicia --la de La Haya-- pues la jurisdicción contenciosa de ésta se encuentra limitada a los Estados; el TPI, insistimos, estará en capacidad de juzgar individualmente a las personas responsables. Tampoco se trata de los tribunales ad hoc para tratar los crímenes de guerra que recientemente tuvieron lugar en Ruanda y la antigua Yugoslavia; el TPI no estará condicionado ni temporal ni geográficamente.
En concreto, estamos hablando de la posibilidad cierta de castigar a quienes en la mayoría de los casos --hasta la fecha-- han pisoteado los preceptos legales y se han burlado de las instituciones encargadas de garantizar su respeto, así como de la población víctima de sus atrocidades. De ahí nuestro interés en involucrarnos dentro de esta dinámica y dar a conocer su desarrollo, pues tales discusiones no deben ser ajenas a nuestra realidad: aquí se cometieron actos de barbarie que no tienen nada que envidiarle a otros hechos atroces realizados en otras latitudes, pero en fuera de nuestras fronteras --hasta en la cercana Honduras-- se están persiguiendo a los criminales y en algunos casos sancionando justamente; aquí todavía no.
La historia del TPI está por cumplir, junto con la Declaración Universal de Derechos Humanos, los cincuenta años. Y es que también en 1948 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó el Tratado sobre Genocidio; así quedaron establecidas como actos criminales todas las acciones realizadas con el fin de destruir un grupo nacional, étnico, religioso o racial. Ese fue el primer paso. De ahí en adelante, a partir de los años cincuenta, la misma organización internacional encargó a una de sus comisiones --la de Justicia Internacional-- dos cosas: compilar las normas de Nuremberg y preparar un antreproyecto de ley o "Estatuto" para el TPI. Los pocos pasos que se habían comenzado a dar, se vieron obstaculizados por las consecuencias de la llamada "guerra fría".
Fue en 1989 cuando Trinidad y Tobago lanzó a la palestra de la Asamblea General de la ONU nuevamente la idea. En las condiciones de ese entonces --una vez desmontada la bipolaridad en el mundo y en el marco de los acontecimientos trágicos dentro de las tierras de la ex Yugoslavia-- hubo obviamente una mejor respuesta. La Asamblea General le volvió a solicitar a la Comisión de Justicia Internacional la preparación del anteproyecto para la formación del TPI, cuya versión final le fue presentada en 1994 al llamado "sexto comité" de la organización --el Comité Jurídico-- durante el 49 período de sesiones de la Asamblea General. Fue entonces cuando recomendó organizar una "conferencia de plenipotenciarios", con el objeto de redactar el correspondiente tratado para sancionar dicho "Estatuto"; además, la Asamblea General creó otro comité con el mandato específico de revisar el anteproyecto.
Este último comité, en 1995, se reunió dos veces. De sus gestiones resultó lo siguiente: la mayoría de los países integrantes de la ONU estaban a favor de la creación de un TPI y solamente unas pocas naciones --casualmente unas de las más poderosas entre ellas-- se oponían o no habían adoptado posición al respecto. Mientras tanto, en diciembre de ese mismo año, la Asamblea General decidió crear un Comité Preparatorio --conocido como PREPCOM-- para completar los textos necesarios a discutirse en la "conferencia de plenipotenciarios".
El PREPCOM se reunió dos veces en 1996. La primera del 25 de marzo al 12 de abril en Nueva York para discutir sobre temas tales como la jurisdicción del Tribunal, la definición de los delitos que conocerá, los actos que motivarán su intervención y los principios generales de la ley penal. Ya para entonces, distintos gobiernos del mundo habían elaborado textos alternativos al anteproyecto de ley preparado por la Comisión de Justicia Internacional de la ONU.
La segunda reunión del PREPCOM, realizada también en la misma ciudad estadounidense entre el 12 y el 30 de agosto, tuvo por objeto discutir sobre otros temas importantes: los derechos del acusado, lo relativo al procedimiento y los problemas de organización así como las formas de financiamiento del TPI. También se habló de las relaciones entre el Tribunal y la ONU. La elaboración del anteproyecto final para el PREPCOM requirió de nueve semanas adicionales de trabajo y fue entonces cuando ya se comenzó a hablar de la fecha para la realización de la "conferencia de plenipotenciarios". En septiembre de ese mismo año, la Asamblea General de la ONU adoptó sus decisiones sobre las recomendaciones hechas por el PREPCOM y el "sexto comité", dejando claras las siguientes acciones a realizar para la creación del TPI.
Dentro de ellas se encontraba la celebración de otra jornada de trabajo por parte del PREPCOM en agosto del año en curso, pero ya en otro marco: con el conocimiento cierto de que la "conferencia de plenipotenciarios" tendría lugar en Roma durante el mes de junio de 1998. Al respecto, Silvia Fernández de Guermendi --argentina, vice presidenta del PREPCOM-- sostuvo previamente que la misma se desarrollaría "en el marco de dos grupos de trabajo, dedicados respectivamente al tratamiento del principio de complementariedad y mecanismos de activación (Grupo de Trabajo I) y cuestiones de procedimiento (Grupo de Trabajo II)". Asimismo, sostuvo que el Grupo de Trabajo I tendría "a su cargo las cuestiones más delicadas y controvertidas involucradas en el establecimiento de la Corte Penal Internacional dado que afectan, entre otros aspectos, nada menos que el tipo de relacionamiento que tendrá la Corte con los sistemas nacionales, por una parte, y con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por la otra".
Con anticipación, la funcionaria advirtió: "Es improbable que las delegaciones logren acuerdos definitivos sobre estas cuestiones en la sesión de agosto del Comité Preparatorio. No obstante, esta sesión debería servir de marco a un verdadero proceso de negociación que permita reducir cuantitativamente los problemas que se remitan a la Conferencia ("de plenipotenciarios") y que clarifique conceptualmente las opciones disponibles".
Cabe señalar que cuando la vice presidenta del PREPCOM habla del "principio de complementariedad", se está refiriendo a la "especial relación de la Corte Penal Internacional con los sistemas penales nacionales" en la medida en que deberá estar enmarcada dentro del criterio general aceptado "de que la Corte Penal Internacional debería ser «complementaria» de éstos, es decir intervenir solamente en aquellos casos excepcionales en que, por diversas razones, los tribunales nacionales no pueda por sí mismos procesar y juzgar a los responsables". Dicho principio --afirma-- "se vincula con prácticamente todos los temas del Estatuto, en la medida en que afecta a la naturaleza misma de la Corte Internacional: la repartición de competencias entre la Corte y los tribunales nacionales, las condiciones exigidas para el ejercicio de tales competencias (admisibilidad, consentimiento de los Estado competentes) y la forma en que la Corte se relaciona con los Estados nacionales (cuestiones de cooperación y asistencia judicial)".
A todo lo anterior, cabría añadir otros aspectos importantes que se han discutido y que están por definirse en la "conferencia de plenipotenciarios". Uno de los más fundamentales es aquel que tiene que ver con los delitos que abarcará el TPI. Hasta la fecha, dentro de los que se han incluido en el anteproyecto se encuentran los siguientes: genocidio; crímenes de lesa humanidad; violaciones graves de las leyes y usos aplicables en conflictos armados (los llamados "crímenes de guerra"); agresión y, finalmente, aquellos definidos o nombrados en las disposiciones de los tratados enumerados en el anexo del "Estatuto" del TPI, entre los cuales se encuentran las violaciones graves a los convenios sobre drogas y el terrorismo. Se sabe que el apoyo a los tres primeros tipos de delito es general; sin embargo, son numerosos los países que se han abstenido de apoyar la inclusión de los dos últimos.
Así están las cosas. Todavía falta mucho
en el terreno del combate a la impunidad ante los hechos criminales
cuyas dimensiones, sin lugar a dudas, horrorizaron a los componentes
más éticos y sensibles de la actual comunidad internacional.
Es cierto que existen resistencias y ya sabemos de dónde
vienen. Uno de los principales factores que limitan la potencialidad
de este esfuerzo es el de la irretroactividad en cuanto a la competencia
del TPI. Sin embargo, por algo se debe empezar. Hay experiencias
en las cuales, aunque al inicio existían trabas, la participación
de las personas y las organizaciones defensoras de los derechos
humanos ha logrado ampliar los horizontes y obtener resultados
cada vez más exitosos, en su lucha contra la falta de castigo
a los criminales responsables de graves violaciones a los derechos
humanos. En nuestro país todos ellos se sienten victoriosos,
pero la rueda de la historia sigue avanzando a paso lento pero
seguro.
AUMENTOS A BUROCRATAS. El Presidente de la República, Armando Calderón Sol, anunció, el 09, que los incrementos salariales a los empleados públicos dependerían de la decisión, observación y movimiento de partidas de la Asamblea Legislativa. Por su parte, diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea se encuentran analizando las partidas presupuestarias para hacer los ajustes. La fracción legislativa del PDC señaló que el Presidente de la República ya sabía que el aumento era difícil y en todo caso lo anunció antes de presentar el proyecto de Presupuesto General de la Nación a la Asamblea Legislativa. Asimismo, los diputados de ARENA dijeron reconocer que el Organo Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, ya cumplió enviando el proyecto de presupuesto a la Asamblea y si ahora se enfrentan diferencias en cuanto a los gastos y las peticiones de la Corte Suprema de Justicia, municipalidades e incremento salarial, es el Organo Legislativo el llamado a resolver esta situación. En este marco, el Consejo Coordinador de Trabajadores Estatales y Municipales (CCTEM) manifestó, el 13, a través de un comunicado, su desacuerdo porque desde la Asamblea se intente congelar los salarios, exigiendo a la vez aumentos de mil colones para cada burócrata: "para compensar el alto costo de la vida". En el comunicado los agremiados proponen eliminar la publicidad, viajes al exterior y partidas secretas de la Asamblea Legislativa, con los que se crearían fondos para obtener los aumentos salariales (DH 10.10 p.11, LPG 11.10 p.8 y DH 14.10 p.3).
VISITA. El embajador de España, Arturo Avello, confirmó,
el 12.10, la visita oficial a El Salvador del presidente del Gobierno
español José María Aznar. El Diplomático
explicó que las comisiones especiales de España
y El Salvador, que preparan la visita, afinan los detalles de
la temática y convenios a discutir por los presidentes
de ambos países. Asimismo, Avello aseguró que se
tiene previsto que los presidentes Aznar y Armando Calderón
Sol suscriban un convenio económico financiero por un monto
superior a los 100 millones de dólares (LPG 13.10
p.4).
ENCUESTA. La encuesta realizada por el Centro de Investigación
de Opinión Pública Salvadoreña (CIOPS) de
la Universidad Tecnológica (UTEC), realizada del 26.09
al 05.10 y hecha pública el 09.10, ubicó al FMLN
como partido que aventaja a ARENA en las preferencias electorales,
mientras que el máximo líder del partido de gobierno,
Alfredo Cristiani, encabeza la lista de figuras presidenciales
preferidas. Según la encuesta, el FMLN obtuvo el 24.24%
de preferencias contra un 20.11% de ARENA; como tercera fuerza
política aparece el PCN con 3.71%, seguido del PDC con
2.86%. No obstante, las preferencias se vieron modificadas bajo
el presupuesto de postular a Cristiani nuevamente como presidente;
bajo esas circunstancias, un 32.5% de los encuestados manifestó
su disposición para votar por el partido de gobierno, relegando
al FMLN a un segundo puesto. Aparte de temas políticos,
la delincuencia aparece como el principal problema nacional identificado
por los entrevistados, además del desempleo y el alto costo
de la vida (LPG 10.10 p.10).
