Año 18
número 779
octubre 22
1997
ISSN 0259-9864
Editorial Demasiado poder
Política La situación actual de las telecomunicaciones
Economía El impacto socioeconómico de "El Niño"
Sociedad Derechos Humanos y Fuerza Armada
Derechos Humanos Refrescando la memoria (I)
La Asamblea Legislativa tiene en su agenda cuestiones económicas de gran transcendencia, las cuales deberá resolver en breve. Entre ellas se encuentran la condonación total de la llamada deuda agraria, la nueva ley para privatizar las telecomunicaciones, un presupuesto para 1998 con más de 700 millones de colones de déficit, la reforma del sistema financiero y también la tributaria, si quiere encontrar una respuesta estructural a los déficits del presupuesto nacional que se comenzarán a presentar de manera sistemática cada año.
La transcendencia de estas decisiones exige que las mismas sean tomadas sopesando cuidadosamente sus dimensiones técnicas y no únicamente las políticas. La oposición, que es la que en estos momentos tiene la iniciativa en la agenda legislativa, no debiera dejarse llevar por consideraciones exclusivamente políticas y mucho menos electorales. Es necesario tener un cuidado especial con este nuevo e incuestionable poder para no dilapidarlo, adoptando leyes que no responden a los verdaderos intereses de la población. Ese poder es el que ha permitido a la oposición -siempre y cuando se mantenga unida-- arrebatarle la iniciativa legislativa al partido de gobierno, el cual se encuentra a la defensiva.
No se trata de que la oposición renuncie a dicho poder, sino al servicio de qué lo pone. La oposición debe impulsar su agenda, luchando con energía para sacarla adelante, pero la razón primera de sus decisiones no debiera ser derrotar a ARENA, sino aliviar el peso de las cargas impuestas sobre los hombros de las mayorías salvadoreñas. Podría suceder que la oposición llegara a derrotar a ARENA en las urnas, pero que una vez en el poder se encontrara con las manos atadas. El poder que la oposición legislativa detenta en la actualidad implica una gran responsabilidad.
La tentación es muy fuerte, dado el poder real de la oposición, la debilidad del gobierno y la confusión que todo ello ha generado en las filas areneras. No obstante ser atractiva, la tentación es engañosa y debe ser evitada, pues a mediano plazo, las leyes sin fundamento técnico o adoptadas de manera ligera podrían revertir sobre la oposición misma, la cual acabaría pagando unos costos políticos muy elevados. Si este fuera el caso, su triunfo habría sido efímero, se cerraría a sí misma otras posibilidades futuras y la situación de deterioro en la cual vive la mayoría del pueblo salvadoreño no mejoraría. El inmediatismo es uno de los peores enemigos de la oposición salvadoreña y latinoamericana.
Es claro que el poder ejecutivo ha perdido el control sobre la dirección de los asuntos económicos del país. En realidad, el gobierno de Calderón Sol nunca supo dirigir la economía salvadoreña, aunque tuvo, en su momento, el poder para ello. Desde junio pasado, este vacío está siendo llenado por una oposición legislativa ansiosa por demostrar que posee la capacidad para dirigir los asuntos públicos que al gobierno de Calderón Sol le falta. Ante el empuje de la oposición, el gobierno de ARENA sólo reacciona tibiamente, carente de plan, ideas y creatividad. No obstante que el esfuerzo de la oposición por llenar los vacíos de dirección del gobierno puedan ser muy importantes y electoralmente ventajosos, la agenda económica no debiera estar en manos de la Asamblea Legislativa, sino en las del poder ejecutivo. A los diputados no les corresponde dirigir la economía nacional.
En efecto, la Asamblea Legislativa no es el lugar más adecuado para elaborar la agenda económica del país porque carece de los saberes, las habilidades y los instrumentos básicos para ello; sin embargo, debe opinar, aprobar, rechazar y pedir cuentas. Todo ello desde la perspectiva del bien común. En la práctica, los diputados por lo general deciden atendiendo casi sólo a consideraciones de orden político, descartando otros aspectos importantes que también deberían tomar en cuenta.
Con esto no estamos afirmando que la economía nacional sea un asunto técnico, como argumetan algunos para mantener a los políticos alejados de las decisiones económicas más importantes. Al contrario, es muy política, pero también es técnica. Las dos dimensiones deben equilibrarse para optar por aquello que sea más beneficioso para El Salvador como un todo. Privilegiar una de ellas en detrimento de la otra siempre resulta en desventaja para el bien de las mayorías populares. La tendencia casi irresistible de los diputados a decidir en términos de conveniencias políticas partidarias y no pocas veces para otorgar ventajas a los grandes intereses económicos que representan los inhabilita para tener la iniciativa de la agenda económica.
Adoptar una perspectiva electoral puede atraer los votos necesarios para llegar al poder, la meta primera de todo partido político; pero al mismo tiempo puede trastocar de forma grave las estructuras de la nación. En este sentido, los diputados en general, pero los de la oposición en particular, debieran decidir con prudencia política, sopesando las consecuencias de sus acciones en el mediano y largo plazo.
El poder de la asamblea legislativa, controlada por una oposición
que quiere actuar frente a un poder ejecutivo que no tiene un
rumbo definido, está sobredimensionado, pero no tanto por
defecto de los diputados, sino por la incapacidad del gobierno
de Calderón Sol para dirigir los asuntos nacionales. Esto
no le conviene a El Salvador ni a ninguno de los actores principales
de la política nacional.
A lo largo de este año, el sector telecomunicaciones ha tenido que ir ajustándose al ritmo de los nuevos tiempos. Privatización, modernización y consenso son cauces que lentamente se abren y empiezan a dar nuevas formas a las distintas instituciones nacionales. Como muchos otros sectores del país, las telecomunicaciones parecen no encontrar aún un asidero seguro. Después de que ciertos logros permitieron pensar en una relativa estabilidad, los hechos recientes demuestran lo contrario: que el futuro de las telecomunicaciones en El Salvador continúa siendo incierto.
La primera gran polémica que se dio en torno a un asunto relacionado con las telecomunicaciones fue la que protagonizaron el Presidente de la República y el ex Superintendente General de Electricidad y Comunicaciones, Orlando de Sola. Este último abogaba por la privatización del canal 8, tradicionalmente administrado por el Ministerio de Educación y ocupado con fines educativos. Calderón Sol se pronunció en contra de la venta del canal aduciendo un interés por el servicio social que este prestaba. Sin embargo, para todos quedó claro que la decisión del Presidente obedeció a la presión del grupo empresarial Tele Corporación Salvadoreña, al cual, después de haber monopolizado durante años los medios de comunicación, no le convenía en lo absoluto dejar espacios abiertos para la competencia.
Este debate costó a De Sola la destitución del cargo y evidenció que las telecomunicaciones están muy lejos aún de funcionar como un sector autónomo. Resultó ser obvio que todavía se hallan supeditadas a los intereses de ciertos grupos que gozan del respaldo del partido en el gobierno. El caso del canal 8 fue la muestra palpable de que el gobierno salvadoreño todavía no vuela con sus propias alas y que, con tal de favorecer a quienes poseen el poder económico, está dispuesto a actuar incluso en contra de sus ideales más queridos.
Poco después vino la derogación de la Ley de Privatización de ANTEL. Por supuesto, ante la venta de la autónoma ni ARENA ni ningún funcionario estatal puso ningún reparo. Y, aunque sobra decir que la derogación no les produjo ninguna gracia, tuvieron que acceder a la reformulación de la Ley para no contradecir sus supuestos deseos de una Asamblea abierta al diálogo y a la concertación. La derogación y los resultados que lograron extraerse de ella, permitió, fundamentalmente, dos cosas: una, dimensionar el alcance del viraje que las elecciones de marzo le imprimieron al Organo Legislativo y, dos, demostrar que el consenso, además de ser factible, posibilita el alcance de decisiones más atinadas y acordes a la realidad.
La nueva Ley de Privatización de ANTEL, producto del trabajo de la Comisión ad-hoc de la Asamblea Legislativa, dio pie a creer que la venta de la autónoma se daría bajo condiciones razonables que, posiblemente, favorecerían a la economía nacional. También permitió pensar que ANTEL atravesaba su fase final como organismo estatal y que, tras la aprobación oficial en el pleno, la venta de la autónoma se llevaría a cabo el mes de septiembre recién pasado. Superado este punto, correspondía a la Comisión ad-hoc redactar las reformas al marco regulatorio del sector telecomunicaciones; marco que engloba al proceso de privatización de ANTEL y al funcionamiento de la Superintendencia General de Electricidad y Comunicaciones (SIGET).
Con lo que no se contó fue con que la Comisión encontraría problemas a la hora de definir la Ley de Telecomunicaciones. Para el 16 de octubre se esperaba que el Organo Legislativo conociera el dictamen de dicha Ley, pero eso no fue posible debido a que los partidos ARENA, PDC, PCN y MU decidieron introducirle, a última hora, una serie de reformas. Ahora el país enfrenta, de nuevo, las determinaciones intempestivas de sus políticos. Y, como siempre, son muchas las consecuencias que esta intempestividad, característica de la política salvadoreña, podría traer a las telecomunicaciones nacionales. Del mismo modo, son muchas las sospechas que despierta la naturaleza de las modificaciones que los partidos arriba mencionados pretenden imprimirle al marco regulatorio del sector telecomunicaciones.
En primer lugar, hay que aclarar que la Ley de Telecomunicaciones es el requisito para que la privatización de ANTEL pueda llevarse a cabo. Por consiguiente, el atraso en la definición del mencionado marco regulatorio implica el atraso en la venta de la entidad estatal. Este atraso corre el riesgo de provocar el descrédito de los inversionistas (Proceso, 768), de devaluar el precio de la autónoma, de aumentar el margen de competencia y de empeorar la sensación de incertidumbre que continúan enfrentando los trabajadores. No hay que olvidar que, además de El Salvador, Guatemala y Nicaragua se encuentran también en el proceso de privatizar sus empresas telefónicas. No es nada improbable que las compañías extranjeras, interesadas en el área de las telecomunicaciones, prefieran invertir en países en donde la voluntad de privatizar se vea más clara o en donde la puesta en marcha de ese proceso no se vea tan obstaculizada por los mecanismos políticos.
Pero, además de las empresas que, en el área regional, también quieren privatizar, se hallan las extranjeras cuyo negocio es, específicamente, el de las llamadas internacionales y los grupos nacionales interesados en invertir en el sector de la comunicación. El Grupo Centroamericano (GCA) y la Empresa Metapaneca de Telecomunicaciones (EMETEL) son los ejemplos inmediatos de que la competencia en el mercado de la telefonía local ya ha comenzado. El problema es que la competencia podría suponer, por un lado, la devaluación del precio original de ANTEL y, por otro, el riesgo de perder buenos compradores para la autónoma. Sin embargo, los diputados areneros, pedecistas y pecenistas, a quienes respaldó el MU, no consideraron estos perjuicios a la hora de retrasar la definción del marco regulatorio de las telecomunicaciones. En cambio, se dedicaron a formular una serie de propuestas que más parecen perseguir fines bastante dudosos que dar muestras de una voluntad genuina de mejorar la Ley anterior.
Uno de los temas más discutidos de la reciente propuesta es el de la desaparición de las radios comunitarias; a las cuales se exigiría autorización de la SIGET para permanecer en el dial, en el caso de que las nuevas reformas sean aprobadas por el pleno. Otro de los puntos polémicos de la propuesta es el de la eliminación de algunas cláusulas de la anterior Ley de Telecomunicaciones que especificaban ciertas exigencias que los dueños de los medios de comunicación debían cumplir. Por último, las reformas propuestas por los partidos de derecha incluyen la legislación de la propiedad de los medios. Es decir, incluye un artículo en el que se estipula que la propiedad de los medios de comunicación, en radio y televisión, puede otorgarse "sólo a personas naturales salvadoreñas por nacimiento o jurídicas de igual origen; en el caso de personas jurídicas el capital social deberá estar constituido, por lo menos, con el 75% del capital salvadoreño".
Ante lo favorables que podrían resultar estas reformas para el monopolio nacional de los medios de comunicación, no cabe otra cosa que recordar lo sucedido con el canal 8. Por más que la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) --asociación que aglutina a las radios privadas del país-- asegura no haberse manifestado en la Asamblea con respecto a la desaparición de las radios comunitarias, es muy difícil creer que los intereses de cierto sector económico nada tienen que ver con el repentino lanzamineto de unas reformas que, a todas luces, los beneficiarían enormemente. En especial, si se tienen en cuenta precedentes como el caso del canal 8. Casi desde la llegada de los medios de comunicación a El Salvador, en torno a ellos se ha venido consolidando un fuerte monopolio económico. Más bien sería de extrañar, dadas las características que los grupos monopólicos han presentado, que éste no reaccionara defendiendo a toda costa sus intereses. Estos grupos están dispuestos a aceptar las nuevas reglas del juego democrático siempre y cuando no se vean perjudicados. Lo llamativo es que, a estas alturas, todavía conserven el privilegio de encontrar quien los respalde en el plano político, haciendo legítimas sus necesidades.
Así pues, las telecomunicaciones parecen haber caído
en el cículo vicioso de un quehacer político que
no logra desprenderse del poder económico. La situación
actual de este sector es un ejemplo más de que muchos rasgos
del pasado continúan presentándose como obstáculos
para alcanzar un país más próspero. La incertidumbre
que se vive en torno a las telecomunicaciones nos es muy distinta
a la que se vive con respecto a las crisis económica o
a los altos índices delincuenciales. La transición,
aunque en muchos sentidos esperanzadora, encierra una serie de
taras de las que ningún sector de la vida nacional puede
escapar aún.
Hasta hace poco, el conocimiento de la sequía se limitaba a sus implicaciones sobre la agricultura y, especialmente, a su incidencia sobre la producción ganadera y de granos básicos. En la actualidad, el conocimiento de la sequía se ha ampliado, no solamente en lo que se refiere a sus efectos, sino también a sus causas. Algunas hipótesis plantean que existe vinculación entre la sequía y la termodinámica del planeta e, inclusive, con los patrones de vida adoptados por la humanidad durante el último siglo. A partir de ello se plantean insospechadas consecuencias que, en el caso de El Salvador, se asocia fuertemente al denominado fenómeno de "El Niño".
En general, "El Niño" consiste en cambios climáticos, meteorológicos y oceanográficos que afectan a todo el planeta, siendo uno de sus efectos más importantes el trastorno del flujo normal de lluvias, ocasionando una interrupción anormal en algunas regiones y, por el contrario, fuertes precipitaciones en otras. Estos riesgos hidrometeorológicos, al afectar a sociedades vulnerables, propician la ocurrencia de desastres de diversa naturaleza, tales como sequías, inundaciones, derrumbes, deslizamientos e incendios forestales.
Un elemento que vuelve aún más preocupante la dinámica de "El Niño" es que, de acuerdo a algunos estudios, su frecuencia está ampliándose como resultado del denominado "efecto invernadero", el cual, a su vez, sería resultado de la emisión de gases que contienen dióxido de carbono y del deterioro de los recursos naturales --producidos ambos por la dinámica socio-económica de la sociedad moderna. Durante las últimas 3 décadas se han reportado al menos 6 casos de "El Niño", sin contar el que se estaría gestando actualmente y que ya cobró sus primeros efectos en El Salvador. En lo que sigue, se busca presentar un primer acercamiento a la cuantificación de los efectos de aquél sobre la producción agropecuaria y, al mismo tiempo, plantear otros de sus posibles efectos para sustentar la necesidad de que el gobierno adopte medidas preventivas.
Los principales efectos directos de "El Niño" se concentran en la ramas de la agricultura, donde la suspensión de lluvias en épocas críticas para el desarrollo de los cultivos provoca una importante reducción en su producción. De acuerdo a representantes de la Dirección General de Economía Agropecuaria (DGEA), se espera que, como efecto del fenómeno climatológico, se pierda un 17.6% de la cosecha total de granos básicos que se esperaba para el año agrícola 1997/98. En relación a la cosecha 1996/97, se espera que la producción caiga en un 9.6%. El cultivo que, según datos de la DGEA, será el más afectado es el maíz.
Los cálculos preliminares de la DGEA estiman que, entre las cosechas 1996/97 y 1997/98 y por efecto de la sequía, se producirá una disminución de 3,535,000 quintales (24.1%) en la cosecha de maíz esperada para 1997/98, 178,800 (4.2%) en la de maicillo y de 222,000 (16.3%) en la de arroz. Todo esto sin considerar el incremento en el área sembrada, pues éste contribuye a mitigar la caída de la producción. Probablemente, por ello, la cosecha de frijol se espera que no sufra pérdidas, sino, por el contrario, se incremente en 38,200 quintales (2.8%).
Por lo anterior, el Ministerio de Agricultura y Ganadería espera que, para el primer semestre de 1998, será necesario importar entre 12 y 14 por ciento de la cosecha de maíz. En el caso de los restantes granos básicos (frijol, arroz y maicillo), es probable que, con el nivel de producción proyectado, no exista necesidad de proceder a realizar importaciones.
Según la DGEA, la situación podría llegar a empeorar los próximos meses, pues los estimados incorporan "expectativas de siembra de verano que pueden modificarse de acuerdo a las condiciones que prevalezcan". Por el momento, se espera que "El Niño" alcance su fase de mayor desarrollo entre octubre de 1997 y mayo de 1998, coincidiendo con las siembras de verano.
Otro efecto directo de "El Niño" se hará sentir sobre la producción cafetalera. De acuerdo a Rubén Pineda, del Consejo Salvadoreño del Café, aunque se desconocen las dimensiones de las pérdidas que "El Niño" ocasionará a la caficultura, es posible que éstas incluso se prolonguen hasta la cosecha 1998/99. Por su parte, la Fundación Salvadoreña para Investigaciones del Café estima que las pérdidas en la cosecha, para el año agrícola 1997/98, estarán rondando por un 5% de la producción, lo cual equivale a 157,113 quintales.
Además de los efectos sobre la agricultura, "El Niño" también está relacionado con importantes disminuciones en la pesca, que pueden llegar a reportarse a lo largo de toda la costa latinoamericana del Pacífico debido al sobrecalentamiento de las aguas oceánicas del pacífico sur. Según el Centro de Desarrollo Pesquero, se espera que en El Salvador los efectos de "El Niño" se amplíen a la pesca y provoquen pérdidas millonarias a este sector.
Evidentemente, la reducción de las cosechas de granos básicos y del café se traduce en una reducción de los ingresos de los productores. Los más afectados son, sin duda, los productores de granos básicos, quienes enfrentan mayores porcentajes de pérdida por la sequía y, además, operan en mucha menor escala. En las zonas donde se reporta sequía severa, sembradas principalmente con granos básicos, esta caída de los ingresos puede llegar a alcanzar cifras tan altas como el 80 o el 100 por ciento de los ingresos esperados. Por otra parte, debido a la práctica del autoconsumo de granos básicos, la caída en la producción no solamente afecta los ingresos, sino también a la disponibilidad de alimentos para el consumo familiar. Consecuentemente, "El Niño" y las sequías en general pueden llegar a incidir incluso sobre el nivel nutricional de la población rural.
Además de los efectos directos sobre la producción, las importaciones y los ingresos, existen también efectos indirectos de importancia como: la política de refinanciamiento y de crédito para importaciones, caída de los precios al productor de granos básicos y los incrementos de los precios al consumidor.
Tal como evidencian los datos presentados anteriormente, los efectos de "El Niño" pueden llegar a constatarse no sólo en la producción de granos básicos, sino también al nivel de la producción de café, en la pesca, en los ingresos y en la seguridad alimentaria. Adicionalmente, existen consecuencias sobre el ámbito macroeconómico: la producción disminuye, el nivel general de precios se incrementa y hay mayores presiones para el incremento del déficit en la balanza comercial. Además, los pequeños productores son los más vulnerables, pues sufren el efecto de la reducción de la producción a través de una caída de sus ingresos y de su disponibilidad alimentaria, empeorando aún más la ya de por sí precaria satisfacción de sus necesidades básicas.
Obviamente, no es posible controlar la frecuencia e intensidad
de "El Niño". Aun cuando éste fuera producto
del calentamiento global, es un problema de dimensiones mundiales
que todavía resulta muy difícil de enfrentar. Una
primera fase para encarar a "El Niño" en El Salvador
es la atención de la emergencia, pero más importante
aún es la prevención y mitigación de la sequía.
Las medidas contingenciales son absolutamente necesarias para
reducir los efectos de la sequía, ya sea provocada por
aquél o por otros factores de riesgo, pero el mayor énfasis
debería ponerse en la disminución de la vulnerabilidad
económica y social, donde merecen especial atención
la reducción de la vulnerabilidad alimentaria, la utilización
del agua y, en general, la reorganización del sector agropecuario.
Al adoptar políticas en esta línea, el gobierno
estaría moviéndose hacia su objetivo declarado de
crear oportunidades para los más desposeídos y,
al mismo tiempo, estaría reduciendo algunas presiones desequilibrantes
para la economía.
Parte esencial de los Acuerdos de Paz fue el compromiso asumido por los firmantes para definir un nuevo marco doctrinal y jurídico dentro del cual se desarrollasen las actividades de la Fuerza Armada. Con ello se pretendía dejar atrás el perfil que hasta entonces la había caracterizado: hermética, autónoma con respecto a la sociedad civil, al margen de las obligaciones impuestas por el Estado de Derecho y los Derechos Humanos.
Pese a que, luego de concluida la guerra, se dieron hechos que pusieron en entredicho este afán renovador de las filas y el espíritu castrenses (por ejemplo, la poca disposición de las autoridades gubernamentales y militares para darles la baja a aquellos elementos acusados de violaciones a los Derechos Humanos), todo hacía pensar que, al menos en las nuevas "tandas" de oficiales, la doctrina militar de postguerra empezaba a cobrar efecto. Que la vieja guardia de los militares, desde siempre reacia al cambio y a la obediencia al poder civil, no pusiera ningún empeño en la tarea impuesta por las nuevas circunstancias de la sociedad salvadoreña, no permitía suponer que, en su conjunto, la Fuerza Armada no estuviera dando pasos importantes hacia su modernización y reestructuración.
Sin embargo, el 14 de este mes, salió a la luz pública un incidente que ha vuelto a poner sobre el tapete de la discusión el delicado tema de la relación entre el ejército y los Derechos Humanos. Según fue dado a conocer por los medios de comunicación, 66 cadetes de la Escuela Militar "General Gerardo Barrios", en el transcurso de una práctica de patrullaje rutinaria, habrían sido expuestos por su instructor, como forma de castigo, a los efectos directos de los químicos contenidos en una bomba de gas lacrimógeno; como resultado, los cadetes sufrieron quemaduras de primero y segundo grado en sus rostros.
Ante el hecho, el Director de la Escuela Militar, Coronel David Munguía Payés, afirmó que ya se habían iniciado las investigaciones en torno al caso y que, mientras se llegaba a alguna conclusión, el responsable de las lesiones se encontraba arrestado y había sido suspendido temporalmente de su cargo. Por su parte, el Presidente Calderón Sol afirmaba haber ordenado una investigación profunda sobre el supuesto castigo, con el fin de "destituir, dar de baja, o pasar [al instructor] a los tribunales, si hay responsabilidad penal".
En general, las declaraciones de los funcionarios, ya fueran civiles o militares, se enfocaron en señalar que el incidente había sido algo excepcional, negándose con ello que la brutalidad o la crueldad continuaran siendo, como antaño, elementos cotidianos en el proceso de instrucción militar. El inmediato sometimiento del oficial responsable del incidente a los procesos de justicia militar, según las declaraciones oficiales, era muestra de que no se tolerarían episodios semejantes.
Para analizar este hecho es útil recordar algunos de los
elementos de la nueva doctrina militar que en teoría imperan
al interior de las filas castrenses y que definen la relación
del ejército con la sociedad.
Disciplina, honor y espíritu de cuerpo en el ejército
Con la llegada de la paz, la Fuerza Armada y ONUSAL establecieron un ideario al que deberían adecuarse las actividades militares, ya sea internas o externas. En este ideario se contemplaron tres conceptos claves para regir una acción militar acorde con la incipiente sociedad democrática salvadoreña:
a) Disciplina. Entendiendo por ella no una "obediencia debida", sino más bien una "disciplina estricta". Es decir, el concepto de una obediencia ciega, en la que el subalterno es sólo el brazo ejecutor --libre de responsabilidad-- de las órdenes de su superior, incluso estando éstas fuera de la legalidad, da paso a una disciplina en la que el subordinado puede y debe abstenerse de cumplir una orden cuando su ejecución conlleva cualquier tipo de delito o acción ilegal. En este tipo de disciplina, tanto el que ordena como el que ejecuta serían igualmente responsables de la ilegalidad de las acciones cometidas.
b) Honor. Según la doctrina militar vigente desde los Acuerdos de Paz, el honor militar se define a partir de la posesión y defensa del conjunto de valores establecidos por la Constitución y los Derechos Humanos. En este sentido, hacer valer el honor militar significaría, por un lado, velar porque estos valores orienten la acción de cada uno de los miembros del ejército y, por el otro, facilitar la tarea de cualquier organización que pretenda verificar el respeto de los mismos al interior de las filas castrenses. En consecuencia, la labor de investigación de una institución como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) no atentaría contra el honor militar, sino que, por el contrario, contribuiría a que éste se robusteciera.
c) Espíritu de cuerpo. Siendo por sus características intrínsecas un grupo social con un "sentimiento corporativo", el ejército se percibe a sí mismo como diferente al resto de la sociedad y crea fuertes lazos de cohesión interna entre sus miembros. En oposición a un modelo de corporativismo en el que el ejército se concibe como un colectivo que defiende intereses compartidos a través de una unidad que está por encima de la moral y el cuerpo jurídico de la sociedad, el espíritu de cuerpo de la nueva doctrina militar parte de la suposición de que la corporación militar está compuesta por individuos con un alto nivel ético y con un concepto de honor similar al ya definido. Esto no excluye que a su interior se hayan alojado individuos que no comparten estas características.
Este modelo de corporativismo implica un alto nivel de exigencia ética, en el cual cualquier violación a los Derechos Humanos constituye una violación intolerable del honor militar. En consecuencia, cualquier individuo que cometa delitos, sean del género que sean, no será encubierto, sino juzgado, sentenciado y separado de la institución.
Con lo dicho hasta aquí, es obvio que el significado del incidente supera al que le han querido asignar las autoridades militares y castrenses. Ciertamente, la brutalidad mostrada por el instructor para con sus subalternos se constituye en una afrenta al honor militar, y ello es digno de atención y castigo. Pero esto, más que motivar una discusión sobre la acción de un sujeto en particular, debería de servir para problematizar sobre el tipo indeseado de disciplina que opera en una instrucción en la que los cadetes o reclutas se someten mansamente a circunstancias denigrantes y en las que se pone en peligro su integridad física. En este sentido, la falta al honor militar no sólo es patrimonio de un oficial ofuscado a la hora de aleccionar a sus subordinados, sino también de los alumnos que obedecen a sus designios y de la institución que todavía no relaciona en la práctica la modalidad de disciplina necesaria para respaldar el código de honor esperado.
Empero, esta falta de coherencia al interior del ejército
no se ha presentado sola. El que los delegados de la PDDH nombrados
para investigar el caso hayan visto entorpecida su labor por la
negativa de las autoridades militares a conceder entrevistas y
dar oportunidad a que los cadetes declararan, es signo de que
el mayor de los males de la relación entre el ejército
y la sociedad no ha sido superado: el ejército aún
se mantiene hermético ante el lente oscultador de la sociedad
civil. A todas luces, la sanción militar al instructor
acusado de violar los Derechos Humanos de sus cadetes es necesaria,
pero no suficiente. Evitar o entorpecer la labor de establecer
responsabilidades civiles es, inequívocamente, dar continuidad
a la impunidad de la que gozaron los militares tradicionalmente.
Sólo en la medida en que el incidente trascienda la esfera
militar y se someta a los procedimientos judiciales civiles podrá
afirmarse que, por una vez en la historia reciente, el poder castrense
no es una bestia incontrolable, que se mantiene totalmente al
margen de la lógica de la democracia y los Derechos Humanos.
Ahora que el ex presidente Alfredo Cristiani ha vuelto a la palestra política con mucha beligerancia y en algunos momentos --tanto en público como en privado-- expresándose en términos poco amistosos sobre nuestra Universidad, cabe traer a cuento un hecho en el que ciertamente él fue de los principales protagonistas. En el marco de las tantas declaraciones que brindó recientemente, tras su retorno no tan triunfal al trono "arenero", y sobre todo pensando en una de sus afirmaciones puntuales --"el mundo abierto lo que requiere no es una dosis de ideología dogmática", dijo-- bueno sería que informara al país y al mundo sobre los datos que maneja en relación al caso de la matanza en la UCA ocurrida durante su administración presidencial, el 16 de noviembre de 1989. Para ello, podemos ayudarle con algunos datos.
La historia de los ataques contra los jesuitas por parte de algunos sectores nacionales poderosos y de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) es ampliamente conocida. En abril de 1989, esa campaña se recrudeció con campos pagados calzados por el partido gobernante y la institución castrense. Tras el asesinato del Dr. Roberto García Alvarado, Fiscal General de la República, el coronel Juan Orlando Zepeda --entonces comandante de la Primera Brigada de Infantería-- afirmó que la UCA era el centro de operaciones donde se había planificado dicho crimen. En seguida, la imprenta de la Universidad fue dinamitada.
El 3 de julio de 1989, la Cruzada Pro Paz y Trabajo publicó una carta abierta al presidente Cristiani reclamándole la captura y el juicio sumario de, entre otros, los sacerdotes Ignacio Ellacuría y Segundo Montes, culpándolos de "toda la destrucción de la infraestructura y de todos los viles y cobardes asesinatos que han cometido en nombre de la teología de la liberación". Al día siguiente, quien fungía como vice ministro de Seguridad Pública --el coronel Inocente Orlando Montano-- acusó a la UCA de valerse de espacios pagados "para tratar de desprestigiar a la Seguridad Pública y a la Fuerza Armada". Días después, siete bombas fueron colocadas en la imprenta de la UCA.
Pocas horas después de iniciada la ofensiva insurgente en noviembre de 1989, todas las estaciones radiofónicas debieron unirse en cadena nacional a la Radio Cuscatlán, emisora de la FAES. Bajo la dirección del Centro Nacional de Información (CNI) --que entre sus miembros incluía al jefe del Conjunto Cinco del Estado Mayor, coronel Carlos Armando Avilés Buitrago-- se instaló un "micrófono abierto" mediante el cual las personas que llamaban por teléfono "denunciaban" a personalidades políticas de oposición y a dirigentes sindicales, eclesiales y del movimiento popular calificándolos de "fachadas del FMLN". Estas declaraciones frecuentemente incitaban a la violencia contra los señalados, dentro de los cuales estaban los sacerdotes jesuitas y especialmente el rector de la UCA. "Ellacuría es un guerrillero. Que le corten la cabeza", "Debemos sacar a Ellacuría para matarlo a escupidas", eran algunas de las expresiones que se escuchaban.
La primera noche de la ofensiva guerrillera, el 11 de noviembre, la FAES reportó que los policías nacionales que prestaban seguridad en la Colonia Arce --cerca de la Autopista Sur-- fueron objeto de disparos desde la UCA. Además, el capitán Carlos Fernando Herrera Carranza, destacado en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), reportó haber sido atacado desde la Universidad cuando circulaba por la citada vía.
El provincial de los jesuitas en esa época, José María Tojeira, declaró que el 12 de noviembre una patrulla de soldados entró a la UCA y se llevó un explosivo aparentemente abandonado por guerrilleros la noche anterior. Después de eso, el sacerdote dijo que "un grupo de soldados estaba ubicado en la entrada del complejo universitario, registrando a todos los que entraban o salían y, desde el lunes 13 de noviembre, prohibiendo la entrada o salida de todas las personas". Nunca estableció quiénes fueron los soldados encargados de vigilar la entrada de la UCA, aunque la Fuerza Armada proporcionó varias listas de unidades apostadas entonces en esa zona.
Ese mismo día se tomaron varias decisiones en una reunión realizada en el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada (EMCFA) que duró desde las 14:00 hasta las 17:00 horas, con la presencia de su jefe y el jefe de operaciones del mismo (Conjunto Tres), así como los directores de los diferentes cuerpos de seguridad, los comandantes de la zona metropolitana e, incluso, el coronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno, director de la Escuela Militar. En esa ocasión, el aún coronel René Emilio Ponce ordenó la formación del Comando de Seguridad del Complejo Militar que incluía el Ministerio de Defensa, el Estado Mayor, la Escuela Militar y la DNI, así como las colonias Arce y Palermo.
Dentro de su perímetro también se encontraba la UCA. La sede del Comando se ubicó en la Escuela Militar "Capitán General Gerardo Barrios" y el coronel Benavides Moreno fue nombrado su jefe. El coronel Ponce también ordenó al coronel Óscar Alberto León Linares que desplazara su unidad de fuerzas especiales a la Escuela Militar --el "célebre" batallón Atlacatl-- para que se agregara como refuerzo al Comando de Seguridad. En palabras de algunos oficiales asistentes a la referida reunión, no se trató el tema de la "presencia terrorista en la UCA".
Según consta en los registros del batallón Atlacatl, a las 15:45 horas del 13 de noviembre salieron de su sede 110 elementos de tropa y 4 oficiales en 4 camiones, rumbo a San Salvador. Casi 50 de esos hombres pertenecían a la unidad de comandos; el resto integraba patrullas de otras compañías del Batallón. Aunque los miembros de la unidad de comandos fueron identificados, nunca se se supo quienes eran los otros soldados que llegaron a la capital con ellos. Para el coronel León Linares y el teniente José Ricardo Espinoza Guerra, el total de hombres era cerca de 135. Únicamente un miembro del Atlacatl que participó en una de las "patrullas adicionales" con los comandos declaró judicialmente y admitió haber ido a la UCA en la madrugada del 16 de noviembre. Ese importante testigo era el sub sargento Eduardo Antonio Córdova Monge.
Al final de la tarde de ese 13 de noviembre, el padre Ellacuría arribó al aeropuerto de Comalapa y fue recibido por los padres Amando López y Miguel Francisco Estrada, llegando a la UCA pocos minutos antes del toque de queda. En el portón principal de la misma, por la Autopista Sur, los detuvo el retén de soldados apostado allí desde el día anterior. Fue sólo después de que los soldados reconocieron al padre Ellacuría como el rector de la Universidad, que los dejaron pasar.
No se pudo establecer qué unidad estaba vigilando la entrada de la UCA aquella tarde, ni si tenía instrucciones de informar de la llegada del padre Ellacuría; sin embargo, consta en actas de la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos (CIHD) que agentes de la Policía de Hacienda apostados en la llamada "Torre Democracia" manifestaron --un día después de la ejecución colectiva-- que habían retenes de dicho cuerpo de seguridad en la entrada de la UCA. De ser cierto, habrían sido elementos de ese cuerpo bajo el mando operacional de la DNI quienes, sin duda, estuvieron en comunicación con esa instancia. Es significativo que nunca se haya podido determinar quién se encontraba allí, pese a toda la información conseguida sobre el despliegue de tropa en la zona.
El cateo a la residencia de los jesuitas es un aspecto capital a considerar en la secuencia de los hechos. La importancia del mismo se desprende del supuesto que realmente fue un "reconocimiento del terreno" y la manera de constatar que Ellacuría se encontraba en ese lugar. Hay varios factores que apuntan en esa dirección pues existen muchas contradicciones sobre la hora del cateo y los motivos del mismo, así como la manera de llevarlo a cabo.
Al llegar a la capital, el oficial al mando de los comandos del Atlacatl --el teniente Espinoza Guerra-- acompañado por su segundo, se presentó al Estado Mayor. Aunque las declaraciones variaron sobre cuándo y dónde se recibió la orden de efectuar un registro en la UCA, es claro que fue emitida desde el Estado Mayor. De hecho, el después general Ponce admitió que la orden del cateo fue aprobada por sus superiores cuando manifestó que, "previa consulta al Señor Ministro del Ramo, General Rafael Humberto Larios López, quien a su vez habría consultado con el señor Presidente de la República y Comandante General de la Fuerza Armada,... aproximadamente a las 20:50 autorizó para que entraran a la UCA".
El ex presidente Cristiani reveló varios meses después de sucedidos los trágicos hechos --hasta julio de 1990-- que autorizó el cateo "porque se habían visto subversivos entrar armados y, efectivamente, luego de requisar el lugar, encontraron abandonados en un cuarto armas y uniformes que los guerrilleros dejaron al salir del recinto vestidos como civiles y pasar inadvertidos" (LPG 13.07.90 p.69). Sin embargo, no consta nada relativo a las razones, a la realización o los resultados del cateo en el diario de inteligencia del Conjunto Dos del EMCFA, que fueron proporcionados al tribunal correspondiente en junio de 1991.
Ponce se refirió a las 20:50 como la hora aproximada en la que autorizó el cateo, después de haber "recibido información de que terroristas habían penetrado (en la UCA) y además los mismos desde su interior hicieron fuego a personal militar desconociendo... el origen del informe". Mientras, el coronel Joaquín Arnoldo Cerna Flores indicó sobre el cateo, que éste fue ordenado entre las 19:30 y 19:45 horas del día 13. Las declaraciones de varios jesuitas y de los oficiales de la DNI establecen que el cateo empezó entre las 18:30 y las 19:00 horas. Ante la inconsistencia, Ponce cambió su versión al explicar que la orden original fue verificar la información recibida; sin embargo, después la unidad del Atlacatl llamó por radio pidiendo autorización para entrar en la UCA. Esta versión se contradice con las declaraciones de Cerna Flores, Espinoza Guerra y los oficiales de la DNI antes referidas.
A pesar de la supuesta justificación del cateo, ninguno de los oficiales del Conjunto Dos que declaró en el proceso recordó haber recibido información sobre presencia guerrillera --el 13 de noviembre-- dentro de la UCA. El diario de inteligencia del Conjunto Dos --proporcionado al tribunal después del período de prueba, el 27 de junio de 1991-- tampoco incluye anotaciones al respecto. Los elementos de policía que brindaban seguridad a la colonia Arce y que declararon en la causa, mencionaron haber sido atacados desde la UCA el 11 de noviembre, no así el 13. Es más: Ponce no pudo identificar la unidad que fue atacada el 13.
La manera de realizarlo, también sugiere que fue un reconocimiento del terreno y no un cateo para encontrar guerrilleros. Según los investigadores del New Scotland Yard, "el cateo del 13 de noviembre no parece haber sido muy minucioso, factor confirmado por comentarios en las declaraciones que describen el cateo como superficial y que únicamente algunos de los edificios fueron revisados, con frecuencia tan sólo mirando por las ventanas". Notaron que "el cateo pareció concentrarse en el Centro de Teología y en las habitaciones de los sacerdotes en particular". Fue el teniente Espinoza Guerra quien, en su declaración extrajudicial, calificó de "superficial" el cateo.
La presencia de un oficial de la DNI durante el cateo, el teniente Héctor Ulises Cuenca Ocampo, tampoco fue algo normal. Diversas explicaciones se dieron sobre ésta, pero de hecho no se ubicó plenamente antes de la publicación del "Informe Moakley", el 30 de abril de 1990. Los investigadores del New Scotland Yard encontraron sospechosa "la presencia del teniente Cuenca, de la DNI, cuya función era evidentemente obtener información y no hacer frente a terroristas. Este habría podido informar de la presencia del padre Ellacuría y de la ubicación y distribución de las habitaciones de los sacerdotes". Si fueron agentes de la Policía de Hacienda bajo el mando operacional de la DNI quienes avisaron del regreso del padre Ellacuría, el rol de la DNI se vuelve aún más sospechoso. Un informe sobre el cateo, preparado por el teniente Cuenca Ocampo en diciembre de 1989, fue dirigido al jefe de operaciones --el ahora occiso capitán Herrera Carranza-- quien lo envió al subdirector de la DNI, teniente coronel Nelson Iván Saldaña Araujo, quien a su vez lo turnó el 13 de diciembre de 1989 al entonces director de la DNI, coronel Carlos Mauricio Guzmán Aguilar. Dicho informe no fue proporcionado a los encargados de la investigación del caso y sólo fue entregado al juez Ricardo Zamora por el general Ponce hasta el 18 de junio de 1991. De hecho, la presencia de un oficial de la DNI en el cateo no fue conocida por el juez hasta más de tres meses después de iniciada la causa.
Llevar a cabo un registro de la UCA era obviamente una cuestión
delicada. Para realizarlo convenía consultar hasta los
más altos niveles del poder civil y militar, tal como se
hizo. Además, requería de un informe escrito amplio
que diera constancia del mismo. El coronel León Linares
proporcionó a Ponce, el 8 de diciembre de 1989, un pequeño
documento sobre el cateo que incluye sólo 35 nombres. Según
este informe, el cateo concluyó sin novedad, "ya que
no se encontró en dicho lugar a los D/T (delincuentes terroristas)
que decía la fuente y que habían disparado a la
patrulla de la FAES". Punto.
IMPULSO A REFORMAS. Una misión de expertos de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) llegó al país, el 20.10,
con el fin de impulsar una serie de reformas electorales que podrían
ser ejecutadas en las elecciones presidenciales de 1999. La misión
está conformada por el asesor en gobernabilidad y asistencia
electoral de la ONU, Horacio Boneo y los consultores Mariano Fiallos,
José Mateos Cuevas, Oscar Eduardo Badillo Gutiérrez
y Manuel Fonseca López. Horacio Boneo explicó que
el mandato de la misión terminará a mediados de
noviembre, pero en los próximos días efectuarán
reuniones de trabajo con las personas y entidades vinculadas a
las reformas. Las reformas electorales que están siendo
estudiadas consisten en el nombramiento del Registrador Nacional
de las Personas Naturales, la emisión del documento único
que sirva para votar e identificarse, el voto residencial, los
cambios administrativos en el Tribunal Supremo Electoral (TSE)
y la representación proporcional en los concejos municipales.
"Los temas siempre han estado vivos, no hay que revivirlos.
El tema de la existencia del documento de identidad y los problemas
de registro, no creo que hayan cambiado conceptualmente",
dijo Boneo. Asimismo, los expertos añadieron que existe
buena voluntad de la comunidad internacional de apoyar con fondos
las reformas electorales (LPG 16.10 p.7 y LPG 21.10
p.6).
DECLARACIONES. El Ministro de Defensa, Jaime Guzmán Morales,
calificó, el 15.10, de inmaduro el castigo aplicado a un
grupo de alumnos de la Escuela Militar "Capitán General
Gerardo Barrios", a raíz del cual los cadetes resultaron
con quemaduras en el rostro. Según el jefe castrense, el
hecho, suscitado el 10.10, deberá ser investigado por la
Inspectoría General de la Fuerza Armada para determinar
si realmente existió negligencia de parte de un instructor
militar. Mientras tanto, Guzmán Morales confirmó
que el responsable del incidente se encuentra detenido en una
unidad especial del ejército salvadoreño. "El
responsable ya está arrestado, el incidente protagonizado
muestra una falta de madurez y de conocimiento del oficial que
dirigía a los cadetes en unas prácticas rutinarias",
afirmó Morales. Con respecto a supuestos actos de brutalidad
denunciados por los padres de los cadetes afectados, el Ministro
de Defensa negó que en el pasado se hayan dado hechos similares
y, además, rechazó la existencia de denuncias sobre
actos de brutalidad. Por su parte, el Presidente de la República,
Armando Calderón Sol, expresó, el 15.10, que se
han iniciado las investigaciones y que si se llega a comprobar
responsabilidad de alguno de los instructores se procederá
a suspender, dar de baja o entablar juicios contra los responsables
(LPG 15.10 p.10; DH 14.10 p.7, 15.10 p.7 y 16.10
p.3, DL 16.10 p.6 y EM 14.10 p.2).
PRESTAMO. La Ministra de Educación, Cecilia Gallardo de
Cano, informó, el 16.10, que el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) otorgará un préstamo de 100 millones
de dólares a El Salvador, cuyos fondos serán destinados
principalmente a darle seguimiento a proyectos iniciados con la
reforma educativa. Según la Ministra, el dinero se utilizará
para terminar de construir las escuelas fundadas a través
del programa EDUCO, equipar los laboratorios de los institutos
de Educación Media e instalar computadoras y sistemas de
vídeo para facilitar el aprendizaje de los alumnos. "Este
proyecto da énfasis a la educación básica,
incluso ya estamos solicitando las escuelas modelo, más
de 200 a nivel nacional, que tendrán centros de capacitación
para maestros", indicó (EM 16.10 p.2).
DISMINUYE POBREZA. La representante del programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, PNUD, Joana Merlin Scholtes, aseguró,
el 17.10, en el marco de la celebración del "Día
Internacional para la erradicación de la pobreza",
que la pobreza ha disminuido en El Salvador. "Según
un estudio de desarrollo humano a nivel mundial sobre 138 países,
El Salvador ocupó en 1996 el lugar 115 y en 1997 el 112",
indicó. Scholtes aclaró que el estudio sobre niveles
de pobreza está basado en la situación de ingreso
per capita de las personas, accesos a servicios de salud y a la
educación, agregando que la pobreza en nuestro país
no es inevitable y puede ser vencida, pero es importante que toda
la sociedad participe en su proceso de desarrollo (EM 18.10
p.2).
CONVENIO. Como resultado de la visita del Presidente de la República,
Armando Calderón Sol, a Japón, se firmó,
el 21.10, un protocolo de préstamo con el Gobernador del
Export Import Bank of Japan (EXIMBANK), por un monto de 30 millones
de dólares, informaron fuentes de la Secretaría
de Información de la Presidencia. Aunque no se especificó
el uso que se le dará a los fondos que serán obtenidos
con el préstamo, se presume que podrían destinarse
a las áreas de fortalecimiento de la seguridad pública,
ampliación y mejoramiento de la red vial del país
y equipamiento de hospitales estatales (DL 21.10 p.6, LPG
22.10 p.10 y DH 22.10 p.3).
APOYA REFORMAS. El Presidente de la República expresó,
el 16.10, su apoyo al más reciente paquete de reformas
propuesto a la Ley de Telecomunicaciones por los partidos ARENA,
PDC, PCN, PD y MU. "No es que se esté hablando de
una nueva ley, se está hablando de algunas reformas que
son necesarias efectuarlas. Se están presentando algunos
problemas en el orden práctico por lo que es necesario
implementarlas", afirmó el mandatario. Por otro lado,
respecto al posible incremento de tarifas que se aplicaría
con la privatización de ANTEL y que quedaría establecido
en la Ley de Telecomunicaciones, Calderón Sol declaró
que no habrá tal aumento. "Se ha hablado de que quieren
subir el costo de los servicios públicos, de aumento de
tarifas, cosa que se ha descartado totalmente", afirmó
(LPG 16.10 p.5, DH 17.10.97 p.8).
RENUNCIA. El Director General de Salud, Manuel Enrique Angulo,
renunciará de su cargo a partir del 01.11, según
confirmó, el 18.10, el Ministro de Salud Pública
y Asistencia Social, Eduardo Interiano. Aunque la renuncia se
da en un contexto de crisis en el área de salud, el Ministro
de Salud aclaró que la misma se debe a motivos personales.
"El padece de hipertensión, que de alguna manera le
causa malestar en su salud, ahora se dedicará a atender
a sus pacientes en su clínica particular", aseveró
Interiano. La vacante será ocupada temporalmente por Carlos
Rosales, actual Subdirector General de Salud (EM 18.10
p.2 y DL 20.10 p.2).
PROPONEN DEROGACION. Ocho diputados de oposición de los
12 que conforman la Comisión de Legislación y Puntos
constitucionales del Congreso aprobaron, el 20.10, un dictamen
para derogar el Decreto 707 que sanciona el fuero para los alcaldes.
El Decreto 707 establece que los miembros de los concejos municipales
acusados o denunciados de cometer delitos oficiales deberán
responder ante jueces de primera instancia sólo si la Corte
Suprema de Justicia determina que existe formación de causa.
"La Constitución es clara al manifestar que los concejos
cuando cometen delitos comunes serán procesados por jueces
de Primera Instancia", aseguró Julio Samayoa, secretario
de la Comisión de Legislación y diputado del PDC.
Por su parte, Nidia Díaz, del FMLN, dijo que la derogatoria
del fuero de los alcaldes es beneficiosa, más aún
cuando se acaba de aprobar la asignación del 6% del Presupuesto
General de la Nación para las municipalidades. "Hay
que afinar los mecanismos de control para la transparencia",
manifestó Díaz (DH 22.10 p.9).
DISCUTEN PROYECTOS. Los viceministros de Transporte de Centro
América realizaron, el 17.10, en San Salvador, una reunión
en la que se discutieron varios proyectos de mejoramiento del
área de transporte marítimo. Uno de los puntos discutidos
está referido al financiamiento de cada país para
el impulso de programas como seguridad en los puertos de la región
y estudio de fletes para mejorar la capacidad institucional. Por
su parte, el Viceministro de Transporte, Julio Valdivieso, expresó
que El Salvador, al igual que el resto de países centroamericanos,
no tiene ninguna seguridad en los puertos, lo que no permite controlar,
por ejemplo, los desastres provocados por el derrame de petróleo
en aguas portuarias, por lo que la reunión llenaría
muchos vacíos en cuanto a transporte marítimo (LPG
18.10 p.6).
DETENCION. Un juez de Hacienda de San Salvador decretó,
el 16.10, la detención provisional contra 3 directivos
de la empresa láctea Diadema, acusados de evadir impuestos
por un monto de aproximadamente dos millones 800 mil colones.
En respuesta, el defensor de los empresarios, Oscar Jerez, presentó
un recurso de revocatoria, por medio del cual pretende dejar sin
efecto la detención provisional. Según Jerez, la
empresa Diadema "es una persona jurídica", por
lo que los directivos de la misma no debe responder por la evasión,
"si es que ha existido", sino el representante legal
de la empresa" (LPG 18.10 p.7).
VIOLAN LEY. El Departamento Jurídico del Ministerio de
Educación (MINED), informó, el 17.10, que por lo
menos 26 colegios capitalinos han sido denunciados ante dicha
Institución por cobros indebidos, aumentos excesivos en
cuotas, expulsiones, maltratos o malversación de fondos.
Las denuncias han sido interpuestas por padres de familia que
buscan el amparo de la Ley General de Educación de esa
cartera de estado, y el listado de colegios incluye colegios católicos,
instituciones laicas, instituciones y escuelas públicas
rurales o urbanas. Según el artículo 83 de la Ley
General de Educación, los padres de familia están
exentos del pago de cualquier cuota que no sea la de matrícula
y mensualidades; no obstante, según las denuncias, las
instituciones siguen obviando esta disposición (LPG
18.10 p.8).
PROTESTAS. Más de 50 personas, entre propietarios y empleadas
de cantinas y restaurantes, protestaron, el 17.10, debido al cierre
de sus fuentes de trabajo por parte del cuerpo de Agentes Metropolitanos
(CAM), en cumplimiento de una orden del Concejo Municipal de San
Salvador. Vitoreando consignas contra el director del CAM, Eduardo
Linares, los manifestantes se quejaron frente a la Alcaldía
capitalina por la suspensión de operaciones de las cervecerías,
aun después de haber presentado un recurso de amparo. Por
su parte, el Director del CAM sostuvo que el recurso de amparo
presentado por los propietarios de los negocios no significa que
se suspenda el acto reclamado; es decir, el cierre de operaciones
de los mismos (LPG 18.10 p.7).
REINTEGRO. La Corte Suprema de Justicia dio a conocer, el 16.10,
que el Ministerio de Seguridad Pública o, en su defecto,
el titular del ramo, Hugo Barrera, deberían reintegrar
más de 400 mil colones al ex inspector general de la Policía
Nacional Civil (PNC), Eulogio Guerra Payés, en concepto
de salarios no percibidos desde marzo de 1995 hasta la fecha.
Para la Sala de lo Constitucional de la CSJ, los argumentos que
presentó en su oportunidad el Ministerio de Seguridad Pública
para destituir al ex inspector Guerra Payés carecen de
fundamento. Guerra Payés fue destituido en marzo de 1995
por ineficiencia en el desempeño de sus funciones, según
la justificación que en aquella oportunidad se dio. Por
su parte, el Ministro de Seguridad Pública, Hugo Barrera,
expresó que se acatarían las órdenes de la
Corte, aclarando que para ello tendrán que esperar la notificación
oficial y será el Departamento Jurídico el que estudiará
el dictamen, para determinar si se refiere al Ministerio de Seguridad
pública o al Ministerio del Interior, que es del cual dependía
el Viceministerio de Seguridad Pública en la fecha de la
destitución. El Ministro, sin embargo, sostuvo que su actuación
al haber destituido al ex inspector Guerra Payés estuvo
apegada a la ley y fundamentada con una serie de documentos que
fueron presentados al máximo tribunal de justicia, aunque
dijo no acordarse en el momento de sus declaraciones de las razones
de la separación, por no tener la documentación
respectiva a la mano (LPG 18.10 p.6).
RETROCESO EN ACUERDO. La disposición anunciada por Honduras
de reducir los aranceles establecidos para el comercio y explotación
de la madera fue desmentida, el 21.10, por Marco Waymín,
vocero de la Comisión de Seguimiento de Honduras. La disposición
habría sido auspiciada por la Comisión Hondureña
para el Desarrollo Forestal (COHDEFOR), según las declaraciones
dadas el 18.10 a la prensa por Waymín. La medida contemplaba
la reduccción del cobro de 55 a 40 lempiras por metro cúbico
de madera exportada hacia El Salvador. Los representantes de El
Salvador en la Comisión de Seguimiento ya se habían
adelantado para elogiar a su contraparte por la medida, pues facilitaría
el comercio fronterizo entre las dos naciones. Por su parte, Waymín
afirmó ante periodistas nacionales y extranjeros que "lo
que menciona la prensa salvadoreña es falso, no tenemos
atribución para cambiar ningún impuesto", y
que los únicos que pueden cambiar leyes en materia fiscal
y arancelaria son los miembros del Congreso de Honduras. Al mismo
tiempo, aseguró que en aquél no se tenía
conocimiento de la existencia de un disposición para bajar
el monto de los aranceles, poniendo así fin a las expectativas
que los representantes de El Salvador tenían con respecto
a los avances del proceso. Algunos salvadoreños residentes
en la zona de los ex-bolsones comenzaron a presentarse en las
instalaciones de COHDEFOR desde que se les hizo el anuncio de
la rebaja en los pagos por exportación de madera, para
obtener los permisos necesarios e iniciar su trabajo. Con esto
se cumplía con otro de los acuerdos anunciado el 19.10,
según el cual los madereros debían establecer comunicación
con COHDEFOR para racionalizar la explotación del ya mencionado
recurso natural (LPG 18.10 p. 4 y 19.10 p.5; DH
22.10 p.2).
