Año 17
número 780
octubre 29
1997
ISSN 02599864
Editorial La industria del secuestro, una herencia del pasado
Política ¿Por qué se politizan los secuestros?
Economía Situación actual del cooperativismo
Derecho Consideraciones en torno al Anteproyecto de Ley de medio ambiente
Regional Exbolsones: el limbo entre El Salvador y Honduras
Derechos Humanos Refrescando la memoria (II)
Durante la década de los 70, los secuestros por razones políticas y económicas se volvieron de lo más normal en nuestro país. La izquierda armada hizo de los secuestros uno de sus recursos preferidos, no sólo para obtener cuantiosas sumas de dinero, sino también para ajustar cuentas con muchos de los que consideraba enemigos de la revolución. Cuando se desató la guerra, ya en los 80, los secuestros realizados por los insurgentes disminuyeron hasta casi desaparecer por completo.
Paralelamente a ello, se comenzó a generar una industria del secuestro, con motivaciones estrictamente económicas, cuyos principales responsables eran sectores militares y figuras civiles vinculadas a organizaciones paramilitares de derecha. Estos "empresarios", protegidos por las mismas estructuras diseñadas para llevar adelante la guerra contrainsurgente, no sólo desarrollaron una enorme capacidad logística y de inteligencia, sino que comenzaron a golpear a muchos de aquellos con los que supuestamente eran aliados ideológicos y políticos. Como era natural, en los círculos de poder económico cundió el pánico, pues los secuestradores parecían ser capaces de sortear las medidas de seguridad más sofisticadas. Al principio no estaba muy claro quiénes eran los que tanto pavor provocaban; tampoco se sabía quiénes eran sus mentores o protectores.
La sorpresa fue grande cuando comenzó a salir a la luz que entre los principales secuestradores se encontraban mandos medios y superiores del ejército, así como empleados de confianza de varias familias poderosas, a los que éstas incluso habían armado y utilizaban para realizar algunas tareas sucias de amedrentamiento contra quienes cuestionaban sus riquezas. De este modo, los supuestos guardianes y protectores de los grupos de poder económico se convirtieron en una seria amenaza para los mismos; hicieron pasar angustia y malos tratos a varias personas prominentes y, además, les sacaron cantidades nada despreciables de dinero. Hubo fuertes reclamos a los mandos castrenses y hacia los gobiernos, primero de José Napoleón Duarte y, después, de Alfredo Cristiani. Con los documentos de la Comisión de la Verdad y el material desclasificado del gobierno de los Estados Unidos salió a relucir que muchos de los secuestradores y sus mentores en el seno de la cúpula castrense tenían un historial memorable en cuanto a participación en actividades de terrorismo y violaciones a los Derechos Humanos.
Varios de los involucrados en actividades delictivas o de terrorismo --especialmente los de mayor jararquía en las filas del ejército y los que quizás sabían demasiado del pasado de muchas de las figuras "honorables" del país-- o bien fueron sacados del país sin que nadie se enterara o bien fueron asignados a confortables puestos diplomáticos, gozando de excelentes prestaciones y a la espera de que sus nombres pasaran al olvido. De entre los subalternos de mediana y baja categoría, algunos viajaron por su cuenta al extranjero, otros se quedaron a la búsqueda de algún empleo que les permitiera sobrevivir y unos terceros seguramente se dedicaron a actividades delincuenciales de no se sabe qué envergadura. Probablemente, estos son ahora cabecillas de las bandas criminales que se dedican a las más variadas formas de delito en la postguerra.
Pero lo anterior no quiere decir que todos los involucrados en la industria del secuestro en los años 80 fueron "desmovilizados". Muchos de los responsables de plagios millonarios ni fueron enviados al extranjero ni fueron sometidos a algún tipo de investigación judicial; simplemente se quedaron agazapados, a la espera de tiempos más propicios para volver a involucrarse en cualquier actividad delictiva, incluido el secuestro, que permitiera lucrarse fácilmente. Además, las filas de los criminales --narcotraficantes, contrabandistas, secuestradores-- se han nutrido de nuevos cuadros, por lo cual no se puede sostener, so pena de caer en la simpleza más burda, que los mismos que secuestraban en la década de los 80 son los que lo hacen ahora.
Como quiera que sea, la industria del secuestro no ha desaparecido en El Salvador; más bien, se ha hecho más fina y sofisticada. De aquí que la investigación judicial en torno a esta práctica requiera de una enorme dosis de pericia técnica, pero también de una enorme dosis de claridad mental y, por qué no, sociológica. Ahora que la Policía Nacional Civil (PNC) parece estar adentrándose en ese oscuro mundo de los secuestradores, es cuando más lucidez se requiere para interpretar el fenómeno. Cuando los grupos políticomilitares de izquierda secuestraban, esto no hay que olvidarlo, por más que se pueda estar en desacuerdo con esa práctica, lo hacían primordialmente para financiar su lucha por el poder. Cuando, en los 80, figuras militares y civiles de derecha secuestraban, lo hacían por fines puramente económicos. Esta segunda forma de secuestro es la que llega hasta nuestros días. Sin embargo, ello no significa que sus responsables sean los mismos que lo hicieron en el pasado, aunque no es imposible que más de alguno sí lo sea. Están también los nuevos secuestradores, entre quienes podrían figurar civiles, militares o ex comandantes guerrilleros.
Ahora bien, probar lo anterior --cuál es la identidad de
los secuestradores-- es algo que corre por cuenta de las autoridades
judiciales. Lanzar acusaciones contra determinadas personas sin
que las pruebas sean contuntendentes es una grave irresposabilidad.
Mayor irresponsabilidad es denigrar a una institución a
partir de la presunta culpabilidad de uno de sus miembros o pretender,
a partir de eso, deslegitimar sus principios ideológicos
y políticos. La lucha contra el secuestro, al igual que
contra cualquier otro tipo de delito, no tiene porqué decantarse
en una lucha ideológica. El secuestro, lo practiquen miembros
o ex miembros de ARENA o el FMLN, debería de ser una preocupación
de todos los que dicen estar comprometidos con la democracia.
Lo que se debe pedir a las instituciones es que no protejan o
toleren en su seno a individuos o grupos que violan la ley.
No es la primera vez que se le achacan a la izquierda ex armada delitos graves. El buzón de armas encontrado en Nicaragua, la comercialización de las mismas para el financiamiento de la campaña electoral y el apoyo de miembros del FMLN al grupo guerrillero MRTA, en Perú, son los más sobresalientes hechos con los que ese partido se vio vinculado en la primera mitad del año. Toda esa racha de acusaciones recayó sobre el Frente en el marco de la campaña electoral para la elección de alcaldes y diputados en marzo. Y fue a todas luces evidente que era el desprestigio del partido de izquierda lo que motivaba tanto interés por develar las violaciones a la ley de las que se le acusaba. Ahora, los intereses de los políticos apuntan hacia 1999 y las tácticas de las que se valdrá ARENA para no perder el poder parecen no haber cambiado.
Los secuestros se han convertido en el nuevo caballito de batalla con el que se pretende continuar con la labor de quebrar la credibilidad del FMLN, el principal rival político de ARENA en las próximas elecciones presidenciales. Algunos de los miembros del brazo armado del PC, que operaban en altos mandos durante la guerra, se hallan presuntamente involucrados en los plagios. Por supuesto, más se han tardado los órganos judiciales y la PNC en declarar los adelantos de sus investigaciones y en manifestar su deseo de que tales casos no se presten a la politización, que ARENA y el PDC en relacionar al FMLN con el delito. Ante tales reacciones hay que afirmar lo obvio, si es ciertos que miembros del FMLN estuvieron vinculados con los secuestros, eso distaría mucho de poder convertirse en prueba de que el instituto político, como entidad, tiene algo que ver en ello.
Sin embargo, era de esperarse que la derecha responsabilizara directamente al FMLN, como si en la institución recayera la responsabilidad de los actos de cada uno de sus miembros. Ahora bien, mucho se ha cuestionado la forma grotesca con la que ciertos partidos hacen uso político de asuntos que más pertenecen al campo judicial. La pregunta que cabe hacerse iría dirigida, más bien, hacia la izquierda ex armada. ¿Qué hace al FMLN, en coyunturas como esta, tan vulnerable ante los ataques de sus oponentes políticos? ¿no seguirá faltando el ajuste de cuentas que el Frente debió haber hecho tan pronto finalizó la guerra?
Es probable que, dejándose llevar por el espíritu de perdón y olvido con el que fue entendida la amnistía, el FMLN haya decidido reconstruir su imagen, convencido de que la nueva realidad le ayudaría a enterrar los errores del pasado. En un primer momento, ese espíritu conciliador parecía ser lo más favorable para todos: permitía a la derecha borrar los estrechos lazos que la unieron con el ejército y con los escuadrones de la muerte, y a la izquierda justificar cualquiera de sus acciones como insertas en la lógica militar exigida por la guerra. Si fue a esta supuesta conveniencia a la que el FMLN se atuvo, hay que decir que cometió un grave error de cálculo.
Hoy en día, son pocas las personas en la sociedad civil que recuerdan que los fundadores de ARENA mantuvieron fuertes vínculos con los grupos paramilitares durante la guerra. El partido en el gobierno se vanagloria ahora de haber permanecido siempre en la legalidad y de haber luchado por la democracia. Su relación con el ejército quedó atrás. Hablar de escuadrones de la muerte no remite a ARENA; remite, simplemente, a la institución castrense. Y si, en la actualidad, algún militar resulta implicado en crímenes o en delitos --como sucede ahora en el caso de los secuestros--, a nadie se le ocurre recordar la época en la que muchos de ellos cometían crímenes y violaban a su antojo los Derechos Humanos siguiendo el mandato de quienes son ahora objeto de tributo de los militantes de ARENA y a quienes éstos reconocen como sus supremos líderes.
Gracias a que, cuando era el momento, el partido en el gobierno supo maniobrar astutamente logrando evadir la responsabilidad que le correspondía de esclarecer los crímenes de la guerra, ahora puede presentarse como un instituto político que nunca abandonó el ámbito democrático y, más aún, puede darse el lujo de lanzar acusaciones infundadas contra el FMLN. Por su parte, éste último pecó de ingenuo o de negligente si creyó haberse deshecho para siempre de su pasado armado. Que las acciones cometidas en la guerra lo perseguirían como un fantasma, ensombreciendo a cada oportunidad su quehacer político, era fácil de preveer. ¿Qué hacer para contrarrestar el peligro que suponía ese fantasma? Es ahí en donde la izquierda se quedó de brazos cruzados y es ahí en donde su oposición política continúa encontrándole el talón de Aquiles.
A diferencia de ARENA, el FMLN carga todavía con todo el peso de su protagonismo en la guerra. Ese protagonismo, otrora bien visto y aplaudido por muchos, ahora se ha vertido en su contra. Los nuevos tiempos ya no dan cabida a las luchas armadas. La realidad ha demostrado que la violencia no puede, bajo ninguna circunstancia, abrir las puertas a un mundo mejor y más humano. Las nefastas consecuencias de la guerra recaen sobre los hombros del FMLN, el cual no ha podido quitarse de encima el estigma de haber sido el responsable de provocarla. Ese estigma hace que no le extrañe a nadie que hoy en día sus miembros o ex militantes se vean involucrados en casos delictivos, como el de los secuestros. Y, por supuesto, las acusaciones se prestan fácilmente a convertirse en armas políticas que ARENA no duda en usar a su favor.
Así pues, mientras el FMLN continúe evadiendo el hecho de que el pasado en las armas constituye un obstáculo en su desempeño político, ARENA podrá seguir contando con ese punto débil de su opositor. Si, en la coyuntura de los Acuerdos de Paz, el FMLN hubiera presentado un informe detallado de lo que hizo y dejó de hacer durante la guerra, hoy en día se sabría más a qué atenerse con respecto a la izquierda ex armada; y, posiblemente, ahora el Frente no tendría que enfrentar la mirada dudosa de la opinión pública cada vez que las investigaciones policiales encuentran vinculados a algunos de sus miembros en actos delictivos. Al haber guardado el silencio sepulcral que ha guardado, el FMLN dejó abierta la posibilidad de sospechar de él en el futuro. Resulta muy fácil relacionar a los miembros de ese instituto político con los secuestros; si lo hicieron en el pasado ¿qué les impediría hacerlo ahora? Esa es la duda que resta autoridad al Frente para convertirse en un buen representante de los intereses de la población.
Con seguridad, muchos de los insatisfechos con la gestión gubernamental descartan al FMLN como alternativa en sus preferencias partidarias debido a lo poco que saben de él con respecto al papel que desempeñó en la guerra; a pesar de que lo más probable es que esa escasa información esté basada en rumores sin mucho fundamento. Pero, como agravante a su historial militar, existe la posibilidad de que el partido de izquierda se halle todavía involucrado en asuntos delictivos serios y repudiables. Lo más fácil para un ciudadano común, que no suele hacer análisis políticos exhaustivos a la hora de decidirse por un partido y rechazar a otro, es preguntarse ¿cómo puedo confiar en una izquierda que cuenta en su haber con una trayectoria de guerra y un expediente que parece seguir abierto aún?
Por otra parte, aclarar las cosas a la población salvadoreña, dejando bien sentadas las bases para entender quién es el FMLN de hoy con respecto al que fue durante la guerra, no es sólo un reto político que este partido debe superar si no quiere continuar siendo el blanco de cualquier tipo de acusación. La rendición de cuentas (ver Proceso, 749) es también una exigencia ética. Mucho se ha dicho ya sobre el derecho que tienen los salvadoreños de conocer lo que realmente pasó en la década de los 80. Incluso, muchos militantes de izquierda exigieron con insistencia la investigación exhaustiva de los escuadrones de la muerte y de los actos criminales que cometió el ejército. Pero ¿qué pasa con los que cometió la guerrilla? ¿o es que los errores en los que ésta cayó no ameritan explicación alguna?
Con su silencio, el FMLN no sólo perdió la posibilidad
de limpiar su imagen y emprender su quehacer político con
el pie derecho, perdió también la oportunidad de
aleccionar al país y de asestar un golpe a la impunidad,
demostrando que es posible enmendar los errores, pero que, para
hacerlo, hay que reconocerlos primero. De haber hecho el ajuste
de cuentas que le correspondía, el Frente se hubiera convertido
en ejemplo de honestidad, cosa que difícilmente puede suceder
a estas alturas.
Pese a los cambios que se han operado en la economía salvadoreña, la situación del agro continúa siendo un problema irresuelto. En el pasado reciente se convirtió en el foco de conflictividad social que alimentó las protestas populares más importantes que ha conocido la historia contemporánea de El Salvador. Un antecedente de la efervescencia que vivió el campo salvadoreño en la década de los años 70 fue el levantamiento campesino de 1932, el cual anunció --como lo vislumbraron quienes se opusieron a la sindicalización campesina a partir de entonces-- futuros conflictos, cuya agudeza iba a estar correlacionada con el grado de desatención de empresarios, políticos y militares ante el problema agrario.
Así pues, no hay duda de que la tierra ha sido el epicentro de las crisis más agudas que ha vivido El Salvador en el siglo XX. La guerra civil estuvo alimentada en sus orígenes por la extrema marginalidad a la que se vio arrastrada la población campesina. En la postguerra, el agro continúa mostrando señales de crisis a pesar de la reforma agraria emprendida en la década de 1980.
En lo que sigue se busca aportar al debate sobre la situación
del agro, exponiendo algunas de las dinámicas y obstáculos
que ha experimentado el cooperativismo surgido con la reforma
agraria de la década de 1980. Para ello, se evalúa
en términos generales el comportamiento de la producción,
productividad y crédito de las cooperativas del sector
reformado, con el objeto de contextualizar las iniciativas gubernamentales
de dividir las cooperativas emprendidas en la década de
los 90.
Evolución de la producción y productividad de las cooperativas
El nivel de confrontación alcanzado por las desigualdades sociales que emanaban de la concentración en la propiedad de la tierra, motivaron a los gobernantes de turno a emprender, a principios de los 80, un proceso de reforma agraria que perseguía, fundamentalmente, disminuir la citada concentración y mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios. Más de una década después de la reforma agraria, no puede negarse que ésta alteró la propiedad de la tierra, pero no modificó las condiciones de pobreza rural que se buscaban erradicar.
En principio, la reforma agraria pretendió ser desarrollada en tres fases, de las cuales solamente fueron implementadas dos: la primera y la tercera. La primera implicó la creación de nuevas cooperativas agropecuarias que vinieron a sumarse al cooperativismo tradicional, aunque con rasgos muy diferentes. Estos fueron de corte político, económico y administrativo, y provocaron desequilibrios financieros en las cooperativas que, para finales de la década pasada, fueron utilizados por el gobierno de entonces --controlado por la democracia cristiana-- para promover la disminución de las formas cooperativas de propiedad.
En la actualidad, uno de los argumentos más utilizados por los gobiernos de ARENA para evaluar el proceso de reforma agraria y atacar el cooperativismo es la disminución de la producción y el incremento de las áreas sin utilizar que se suscitó cuando se inició el proceso. Sin embargo, esta valoración soslaya las causas de la caída de la producción en el sector reformado; peor aún, no considera que la crisis del sector reformado se circunscribe al interior de la crisis general del sector agropecuario. La evolución del sector reformado no necesariamente refleja que el cooperativismo es una forma inviable de producción, sino más bien la inexistencia de políticas complementarias de apoyo. Prueba de lo anterior es el comportamiento de la productividad y el crédito del sector reformado.
De acuerdo a datos obtenidos de la Oficina Sectorial de Planificación Agropecuaria (OSPA), la utilización de la tierra en las cooperativas del sector reformado cambió sustancialmente durante la década de los 80; especialmente por la caída de la participación del área destinada al cultivo de alimentos, el incremento del área de cultivos de exportación y, sobre todo, el incremento de la categoría "otros" cultivos.
En consonancia con la tendencia en la utilización de la tierra, la producción del sector reformado reveló una disminución en la producción de alimentos y un incremento en la producción de cultivos tradicionales de exportación, principalmente café y caña de azúcar. Contrariamente a lo que podría esperarse, la productividad o rendimiento de los cultivos se incrementó durante el período, revelando que la caída de la producción obedecía, primordialmente, a la disminución del área cultivada y no a una supuesta "ineficiencia" del sector cooperativo.
La productividad del sector reformado aumentó a lo largo de la década, incluso por encima del nivel observable en las explotaciones que no fueron afectadas por la reforma agraria, tal como lo evidencia el hecho de que los rendimientos del sector reformado fueron mayores que los correspondientes al nivel nacional.
La dinámica descrita parecería mostrar que, pese
a la intencionalidad de la primera fase de la reforma agraria,
la producción de las cooperativas se ha reducido y, por
tanto, no merecen ser consideradas como una alternativa viable
para fomentar el desarrollo del agro. Esta es la perspectiva de
quienes se oponen a la condonación de la deuda agraria.
Por lo demás, aparejada a la reforma agraria, se suscitaron
diferentes situaciones que atentaron contra el éxito del
proceso, a saber: ineficiente administración del sector
cooperativo, asignación de tierras improductivas y escasa
asistencia técnica y crediticia.
Crédito
Entre los problemas más serios del sector agropecuario puede mencionarse el del crédito, por ser uno de los factores con mayor potencial explicativo de la capacidad de inversión y de producción. En efecto, el crédito al sector agropecuario en general ha experimentado una marcada disminución, tanto durante la década de los 80 como en la de los 90. En el caso del crédito al sector reformado, la situación es incluso más grave, pues este sector tiene menor acceso al crédito que el sector no reformado. De acuerdo a datos del Banco Central de Reserva (BCR), el crédito al sector agropecuario ha venido reduciéndose sistemáticamente desde los años 70, al grado que habría pasado de recibir un 36.75% del total del crédito, en 1961, a recibir solamente un 13.4%, en 1995.
Es en este contexto que se ubica la implementación de la reforma agraria y lo que en gran medida explica también los problemas que se generaron con su funcionamiento. Una evaluación, aún superficial, del crédito hacia el sector reformado muestra que las cooperativas no contaron con los fondos adecuados para hacer frente a los requerimientos mínimos de operación e inversión de las empresas agropecuarias que les fueron encomendadas, ni siquiera en los momentos en que la banca fue nacionalizada y el crédito se asignaba bajo criterios políticos.
Esta situación se ha agudizado por el proceso de reprivatización
de la banca, el cual ha provocado una reorientación del
crédito desde el sector agropecuario hacia sectores terciarios.
Paralelamente, los gobiernos de ARENA han asumido una política
de desmembración de las cooperativas, partiendo del cuestionable
supuesto de su "ineficiencia".
La política gubernamental hacia el sector reformado
La promoción de la forma de propiedad privada individual en el sector afectado por la reforma agraria ha sido una de las preocupaciones más evidentes de las instituciones oficiales relacionadas con la actividad del sector agropecuario, aunque no porque se le considere una forma de combatir la pobreza rural, sino más bien porque existen argumentos ideológicos en contra del sector cooperativo. Aunque la producción del sector cooperativo de la reforma agraria haya disminuido y aún persistan las condiciones estructurales originales, es imposible negar que han existido factores que han impedido que el cooperativismo de todo de sí.
Mediante la Ley del Régimen Especial del Dominio de las tierras comprendidas en el proceso de Reforma Agraria, introducida en abril de 1991, se institucionalizó la existencia de tres formas de propiedad privada en las cooperativas del sector reformado: cooperativa de participación real, individual y una forma que combina las dos anteriores. Es decir que la principal intención es facilitar el camino para la propiedad individual.
Lo anterior resulta paradójico si se considera que no existe evidencia estadística, especialmente en lo que toca a rendimiento, que sugiera la conveniencia de fomentar la forma de propiedad individual por sobre la colectiva; incluso puede afirmarse que, al menos para 1990 -a diez años de la reforma agraria-, el sector reformado mostró ser más productivo que el sector agrícola no reformado, tanto en el cultivo de granos básicos como en los cultivos de exportación como la caña de azúcar y el algodón, pese a ser uno de los sectores agrícolas con peor asistencia crediticia del país.
Para el ciclo agrícola 1989/90, el MAG también logró
establecer que la adopción del Modelo Experimental de Adjudicación
Individual (MEAI) no produjo formas de explotación más
--o al menos igualmente-- eficientes que las existentes en ese
momento. Considérese que las parcelas bajo el MEAI dedicadas
al cultivo de granos básicos obtuvieron un rendimiento
de 30.8 quintales por hectárea, las formas de explotación
individual adscritas a las cooperativas obtuvieron 51.4 quintales
por hectárea y las formas de explotación colectivas
arrojaron un rendimiento de 59.74 quintales por hectárea.
Consideraciones
El gobierno podría calificar de pobre el desempeño reciente de las propiedades afectadas por el proceso de reforma agraria apoyándose en hechos como la disminución del área en el que se desarrolla la reforma agraria, el bajo aporte que el sector reformado da a la producción agropecuaria nacional y la reducción de la participación de las tierras explotadas bajo formas de producción agrícola; pero esta calificación no puede ser extraída de su contexto específico.
El hecho de que el sector reformado haya sido capaz de obtener niveles de rendimiento superiores a los obtenidos a nivel nacional durante la década pasada es el principal hecho que evidencia la potencialidad de las formas de organización implementadas al interior de las cooperativas de la primera etapa de la reforma agraria.
La política de los gobiernos de ARENA para el sector reformado
parte del supuesto fracaso del cooperativismo para luego promover
la adopción de formas de propiedad privada individual,
sin considerar antes cuales son las lecciones que podrían
tomarse de la experiencia de la reforma agraria. Se propone erradicar
el cooperativismo sin aceptar que el cooperativismo demostró
gran capacidad de maniobra en un ambiente crediticio y político
muy desfavorable. En el actual escenario, el cooperativismo parece
estar cediendo ante el surgimiento de formas de propiedad privada
en su interior. Por lo anterior, no sería remoto esperar
una virtual desaparición de las cooperativas de la primera
etapa de la reforma agraria, pese a que --en su momento-- sus
formas de organización mostraron que podrían ser
una opción viable para combatir la pobreza rural.
En estos días, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha promovido varios seminarios destinados a difundir y discutir el anteproyecto de la Ley de Medio Ambiente. Esta es, sin duda, una normativa importante ahora que toda la sociedad ha tomado conciencia de la necesidad de proteger el bienestar de las presentes y futuras generaciones. El anteproyecto tiene varios aspectos positivos que básicamente consisten en: a) el sistema de responsabilidad objetiva y el establecimiento en la ley de la tipificación de las infracciones; b) el procedimiento sancionador y los parámetros para la imposición de las sanciones.
La responsabilidad objetiva supone que todo aquel que cause un daño al medio ambiente estará obligado a indemnizar ese daño con independencia de toda culpa. En cuanto a la tipificación de las infracciones, del procedimiento y de las sanciones, su consignación en una norma con rango de ley respeta el principio de legalidad establecido en los artículos 8 (vinculación negativa de los particulares) y 15 de la Constitución. Desafortunadamente, es práctica usual que las leyes administrativas en nuestro país remitan a los reglamentos la determinación tanto de las conductas como de las sanciones. Esta práctica es contraria a la Constitución y así lo ha reiterado en varias ocasiones la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: a la potestad sancionadora de la Administración se aplican los principios consagrados en el Derecho penal.
Tal y como señala la norma fundamental, los ciudadanos
no están obligados "a hacer lo que la ley no manda
ni a privarse de lo que ella no prohibe", y para ser juzgados
es necesario que sus conductas contrarias a Derecho hayan sido
consignadas en "leyes promulgadas con anterioridad al hecho
de que se trate". Estos principios constitucionales obligan
a incluir en una norma con rango de ley los elementos que integran
la potestad sancionadora de la Administración. No obstante
los aciertos del anteproyecto, existen algunos puntos que es necesario
cuestionar.
Objeto de la ley
El anteproyecto nace para regular las normas legales básicas para la protección, conservación y recuperación del medio ambiente, así como para normar la gestión ambiental. En cumplimiento de los convenios de condonación de la deuda externa, El Salvador se ha visto obligado a elaborar una política de conservación del medio ambiente nacional, de esta forma la regulación no parte de cero: existen tratados internacionales ratificados e infinidad de disposiciones internas que contienen prescripciones para la protección del ambiente. La ley de medio ambiente no supondrá la derogación de éstas últimas, sino sólo su complemento, ya que no contiene disposición derogatoria expresa y la mayoría de normas previas son especiales (art. 50 del Código Civil).
En cuanto a las normas básicas que dice regular, adolece de lo que suele ser el mal de nuestra realidad jurídica: se legisla y no se preveen los medios que garanticen el cumplimiento de sus disposiciones. La ley nace de antemano como letra muerta. No parece inquietar a los autores del anteproyecto el hecho de que la normativa anterior no haya conseguido una efectiva tutela del medio ambiente. Lejos de solucionar el problema, la nueva ley supondrá, en ocasiones, reiteraciones estériles ya contenidas en otras disposiciones legales. De nada sirve normar por normar, una y otra vez, sin establecer mecanismos eficaces y ejecutivos de protección.
En cuanto a la gestión ambiental, se incurre en otro problema: la proliferación de instituciones involucradas. En efecto, el anteproyecto opta de forma clara por "la gestión global y transectorial" (art.4i). El largo "listado" de autoridades competentes, lejos de contribuir a gestionar eficazmente el sistema de protección, pone en duda y cuestiona su viabilidad. En la medida en que se promocione la proliferación de órganos con competencias medio ambientales, en esa misma medida aumentarán también las dificultades para el ejercicio de las mismas. Las autoridades ostentarán prerrogativas concurrentes y/o coincidentes con las de otras instituciones públicas. Ello acarrea conflictos y, consiguientemente, pasividad administrativa.
Las políticas de concertación, importantes para la generación del consenso, resultan inoperantes cuando nos adentramos en la fase de ejecución. La experiencia nos dice que se condena la gestión pública al fracaso cuando se crean instituciones sobrecargadas de mecanismos de concertación, avocadas, por razones obvias, a la ineficacia.
Algunos creímos que la creación del Ministerio de Medio Ambiente supondría, al fin, la concreción de las competencias en un ramo del Ejecutivo dotado de los medios técnicos y materiales suficientes para el cumplimiento de las disposiciones legales. Pareciera que es la falta de un diagnóstico previo lo que ha impedido proceder en este sentido, pues ni los Ministerios involucrados ni las municipalidades ostentan criterios claros sobre sus respectivas responsabilidades.
Por otra parte, sorprende el silencio que guarda el anteproyecto
sobre los mecanismos de autotutela que, en manos de la Administración,
le confieran medios de ejecución suficientes para el cumplimiento
de las potestades que le confiere el ordenamiento. Llama la atención
sobre todo si se compara con recientes leyes en las que se crean
potestades para garantizar la imposición de obligaciones
sin intervención del juez.
Las determinaciones sobre Desarrollo y Ordenamiento del Territorio
De nuevo sorprende que normas nacionales y regionales relativas
al urbanismo y la ordenación del territorio vean la luz,
casi por primera vez, en un proyecto sobre medio ambiente. En
efecto, el anteproyecto menciona los programas nacionales y regionales
de ordenación. De esta forma, a los programas supramunicipales,
la Ley de desarrollo y ordenamiento territorial del área
metropolitana de San Salvador (AMSS) y municipios aledaños
y su reglamento han regulado detalladamente las directrices del
ordenamiento territorial para esta zona, de una manera acaso mucho
más exhaustiva que la del anteproyecto, en lo que a protección
medio ambiental se refiere. Lamentablemente, también pecó
aquella ley de exceso de concertación, aun cuando para
esta instancia estuviera mejor justificada, puesto que allí
es donde deben coordinarse los planes de desarrollo municipal
con los programas y proyectos de inversión pública.
Ello ha motivado que, habiendo transcurrido el plazo establecido
en la ley, no contemos todavía con el Plan Metropolitano
del AMSS.
La protección del medio ambiente y los bienes de dominio público
La regulación del dominio público --de los bienes nacionales de uso público, en terminología del Código civil--, amerita una amplia revisión y debiera hacerse de forma previa, o al menos contemporánea, a la regulación del medio ambiente. Los bienes de uso público han estado totalmente desprotegidos en nuestra legislación, pues ni siquiera en este punto el Estado ha podido dotarse de medios fuertes para su protección.
En el caso de los bosques salados, por ejemplo, declarados como
bienes nacionales por la ley forestal de 1973, a pesar de las
grandilocuentes declaraciones contenidas en ésta y otras
leyes, la Administración no cuenta ni siquiera con potestades
de deslinde, desahucio y recuperación de oficio sobre ellos.
Todos somos testigos de las usurpaciones que sobre las playas
nacionales se han cometido, usurpaciones que han quedado impunes
y sin sanción. Poco resta decir sobre otros bienes como
las aguas, los parques nacionales, etc. Deberían arbitrarse
medidas que permitan una pronta y efectiva tutela sobre estos
bienes, sobre los que el Estado ostenta un derecho de dominio
que le habilita para impulsar políticas de conservación
y recuperación, destinadas a garantizar, en definitiva,
su uso a todos los ciudadanos.
____________________________________
Colaboración de María Jesús García Cachafeiro.
Profesora de Derecho Administrativo. Universidad Centroamericana
"José Simeón Cañas"
Cuando en 1992 la Corte de La Haya resolvió otorgar a Honduras casi 300 Km2 de las zonas fronterizas con nuestro país --conocidas como "bolsones"--, las personas que los habitaban quedaron prácticamente a la deriva. Y aunque ya han pasado cinco años desde que esta resolución dispuso que miles de salvadoreños tuvieran que adaptarse a las leyes de un país del que no formaban parte por opción propia, todavía no se han establecido soluciones definitivas que acaben con la incertidumbre en la que se encuentran no sólo nuestros compatriotas, sino todos los que habitan hasta hoy esas zonas.
A pesar de que la negociación que se lleva a cabo entre El Salvador y Honduras tendría que haber centrado todos sus esfuerzos en una pronta demarcación fronteriza, los conflictos sociales entre los pobladores de la región de los exbolsones han venido a revolver las aguas más de lo que se esperaba. Los temas que más problemas han causado hasta la fecha -y los que de seguro seguirán provocándolos- son: el de la propiedad de la tierra, el de la exportación de la madera hacia nuestro país y el del respeto a los Derechos Humanos; este último ha mantenido en la mira de la opinión pública principalmente a los cuerpos de seguridad hondureños.
En este orden de acontecimientos, entre el 17 y el 21 del presente mes, se reunieron en La Palma, Chalatenango, los representantes de ambos países que conforman la Comisión de Seguimiento Binacional, organismo que se encarga de agilizar la delimitación de los límites territoriales en los exbolsones. Sin embargo, el clima que imperó en la mesa de negociaciones no fue del todo alentador.
El principal obstáculo apareció cuando entró en discusión el tema de las propiedades que pertenecían a los salvadoreños antes de que se diera a conocer el fallo de la Corte Internacional, porque todavía no hay una propuesta que satisfaga los intereses de las dos naciones. Las posibles soluciones que se han puesto sobre la mesa no son aceptadas bajo el argumento de que violan los marcos que regulan la propiedad de los extranjeros en Honduras. Los representantes de este país se muestran indecisos entre otorgar a los implicados la doble nacionalidad, o darles un título de propiedad intransferible vitalicio e imposible de vender. Pero ni Waymín, ni Rodolfo Rosales Abella (miembro de la Comisión hondureña) supieron brindar a los medios informativos una opinión unificada de la propuesta de su gobierno, lo cual provocó reacciones de descontento entre sus homólogos de El Salvador.
En medio de todos estos disgustos, una sorpresiva noticia alentó los ánimos de la Comisión salvadoreña. Según algunos medios informativos locales, Marcos Waymín, vocero de la Comisión Hondureña, confirmó que el arancel que existe sobre el comercio y la exportación de la madera se vería reducido de 55 a 40 lempiras por metro cúbico de madera que se introdujera a El Salvador. La medida habría estado avalada por la Comisión Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR) y planteaba la posibilidad de lograr un avance significativo en beneficio de las condiciones de vida de los habitantes de los exbolsones y, por supuesto, del estado de las negociaciones entre las naciones. Para los representantes de la Comisión salvadoreña, el anuncio fue la mejor noticia recibida en esa jornada de trabajo. Todo apuntaba a que las conversaciones saldrían del atolladero en el que se encontraban desde que estallaron los conflictos en la región de Nahuaterique, en los que varios salvadoreños fueron arrestados tras ser acusados de exportar madera hondureña de forma ilegal hacia El Salvador.
Pero la discordia terminó de manifestarse cuando el mismo Waymín desmintió lo publicado por la prensa salvadoreña, asegurando que la autoridad para modificar aranceles era exclusiva del Congreso Hondureño, y que en ese organismo del estado ni siquiera se habían tenido noticias de una posible rebaja en el cobro fronterizo. Al final, la reunión concluyó sus labores un día antes de lo estipulado, sin que se lograran avances importantes en términos de la demarcación.
Aunque el tema de los exbolsones no tiene relación directa con los problemas nacionales, no cabe duda de que la necesidad de continuar con el proceso de demarcación de fronteras por medio de pequeñas concesiones en las condiciones establecidas por cada una de la partes, es una realidad que ya no se puede pasar por alto. Por lo tanto, nuestro gobierno debe hacer una evaluación de las consecuencias que su postura pueda implicar. Los representantes salvadoreños de la Comisión Binacional han condicionado el proceso de la demarcación hasta que las autoridades hondureñas aseguren el respeto a los Derechos Humanos de los salvadoreños que quedaron en su territorio. Algunos de estos pobladores se presentaron ante la Comisión Binacional durante el fin de semana para denunciar el incremento de asaltos y amenazas, supuestamente realizadas por ciudadanos hondureños.
Tampoco debemos olvidar la tensión que provocó la presencia de cuerpos militares en la región en momentos de conflicto. Situación que llegó a ser interpretada por la prensa nacional como hostigamientos militares. Si los llamados de atención responden a un verdadero interés por defender los intereses de nuestros compatriotas, no dejan de parecer un fuerte obstáculo para la continuación del proceso.
A nuestro juicio, si en las negociaciones no se han establecido puntos comunes ni avances positivos es porque todavía no se incluye, en términos reales, la preocupación por evaluar las condiciones de vida de los habitantes de las zonas en conflicto y de ahí apuntar hacia posibles soluciones. En este pleito, cada cristiano debe tirar al suelo su piedra, y debe abandonar cualquier falso patriotismo u otro afán publicitario que muy poco puede traer de bueno a la negociación.
Basándose en las constantes recomposiciones que ha sufrido desde que fue instalada, a la Comisión hondureña se le ha acusado de ceder a presiones políticas a la hora de elaborar propuestas basándose en las constantes recomposiciones que ha sufrido desde que fue instalada. Además, en nuestro país se han hecho varios llamados a las autoridades del vecino país para evitar que el tema de la demarcación sea politizado, en vista de que las elecciones presidenciales de Honduras se realizarán el próximo mes, y el actual partido gobernante (Partido Liberal) busca retener el poder del ejecutivo.
En conclusión, hay que tomar en cuenta que la situación
de los exbolsones ya no se reduce al plano geopolítico,
sino que debe enfocarse como un problema acompañado de
numerosas implicaciones a nivel social. Las condiciones de vida
de los habitantes de esas regiones están en suspenso desde
hace largos años. Los acuerdos que se alcancen ahora definirán
su situación legal. En la actualidad, las leyes salvadoreñas
no alcanzan a proteger los Derechos Humanos y de propiedad de
los compatriotas asentados en esos 290 Km2 que ahora pertenecen
a Honduras, y las leyes de este país no contemplan beneficios
inmediatos para estos mismos pobladores. Lo que antes era conocido
como "bolsones", ahora es un "limbo" donde
nadie sabe con seguridad a qué ampararse para mantener
a salvo sus intereses o derechos.
Oficialmente, el 14 y 15 de noviembre de 1989, los comandos del Atlacatl se mantuvieron dentro de la Escuela Militar bajo las órdenes del coronel Benavides quien, rotundamente, siempre negó haberles dado alguna orden. En concreto, los documentos que presentó Ponce no hablan de la presencia de esa tropa en la zona de la UCA el 15 de noviembre y, además, elementos de otras unidades desplegadas en la zona negaron estar enterados de ello. No obstante, registros del Comando de Seguridad indican que -precisamente el 14- "soldados del Atlacatl" detuvieron a una persona en las cercanías del cine Colonial. También, en la primera inspección realizada tras la matanza en la UCA, personal de la CIHD interrogó a un sub sargento de la Policía Nacional quien dijo que vio pasar tanquetas y tropa del Atlacatl cuando -con otro agente- estaban custodiando la "Torre Democracia". De igual forma, un sub sargento de la Policía de Hacienda declaró a esa Comisión el 17 de noviembre que miembros de dicha unidad militar vigilaban la zona de Jardines de Guadalupe, aunque posteriormente -en su declaración judicial, el 8 de diciembre de 1989- sostuvo que no vio movimientos de tropa, ni luces de bengala, ni vehículos.
Las versiones extrajudiciales del teniente Espinoza Guerra y elementos de su tropa, revelan que en la tarde del 15 se desplegaron alrededor de la UCA pues -según informe de "inteligencia"- venían guerrilleros hacia la Universidad con heridos; pero en el juicio aparecieron otros datos que niegan lo anterior. El entonces coronel Ponce manifestó algo diferente; dijo que en el EMCFA habían recibido, a las 16:30 horas del 15, informe sobre una supuesta reunión de sindicalistas en la UCA por realizarse a las 18:00 horas. Curiosamente, tal reunión tampoco aparece en los registros del Conjunto Dos proporcionados al tribunal.
Si habían numerosos efectivos militares de distintas unidades desplegadas en los alrededores de la UCA, necesariamente tenían que darse cuenta de la presencia de las patrullas del Atlacatl. Una vez decretado el "toque de queda" a raíz de la ofensiva insurgente iniciada el 11 de noviembre, que comprendía de las 18:00 a las 6:00 horas, y ante los rumores de un posible ataque del FMLN a las principales instalaciones militares era necesario - de vida o muerte para la institución castrense y el gobierno de Cristiani- identificar cualquier tropa en la zona. En el juicio consta esta situación en la declaración de un miembro de la sección dos del Comando de Seguridad -mayor Miguel Castillo González- y de hecho hasta un guardia nacional destacado para vigilar la casa del Ministro de Economía, cerca del cine Colonial, murió la noche del 15 cuando unos soldados integrantes del operativo lo atacaron por no saber quién era. Un agente de la Policía de Hacienda declaró a detectives de la CIHD que para atravesar ese perímetro de seguridad, cualquier tropa tenía que avisar por radio para no ser atacada. Tenían órdenes de disparar contra cualquier vehículo después de las 18:00 horas.
Entonces, el encubrimiento del crimen se extendió mucho más allá del batallón Atlacatl y la Escuela Militar. Es claro que, antes de ser involucrada públicamente en los hechos esa tropa militar élite, los integrantes de todas las demás unidades ubicadas en la zona al momento de los hechos sabían qué tenían que decir: que no vieron nada y, concretamente, que nadie del Atlacatl anduvo cerca de la UCA entre el 15 y 16 de noviembre. De antemano, ya sabían que no debían saber nada.
A las 18:00 horas del 15 de noviembre se inició, en el EMCFA, una reunión de más de veinte militares de alta graduación. En ella estuvieron presentes los generales Larios y Juan Rafael Bustillo con los entonces coroneles Ponce, Zepeda, Inocente Orlando Montano, Cerna Flores, Iván López y López, Carlos Armando Avilés Buitrago, Francisco Elena Fuentes, Benavides Moreno, León Linares, Juan Carlos Carrillo Schlenker, Heriberto Hernández, Dionisio Ismael Machuca, Guzmán Aguilar, Benjamín Eladio Canjura, Orlando Carranza, Francisco Raúl Arturo López, Roberto Esteban Santos e Ismar Francisco Roque. También participaron los en esa época tenientes coroneles Juan Vicente Eguizábal y Juan Emilio Velasco Alfaro, así como el mayor Mauricio de Jesús Chávez Cáceres. Tal reunión duró hasta las 22:40 horas y, posteriormente, se solicitó la presencia del presidente de la República -el ahora presidente del COENA, licenciado Cristiani- en su calidad de comandante en jefe de la FAES, para explicarle la situación y obtener su autorización para las medidas que se iban adoptar en relación al dispositivo militar.
Así, tras tan importante cónclave castrense, de las 23:00 horas del 15 a las 00:30 horas del 16 de noviembre -según su declaración- el entonces primer mandatario se encontró rodeado por lo más alto de la oficialidad militar: Larios, Zepeda, Montano y Ponce. El licenciado Cristiani, después de visitar el COCFA (Centro de Operaciones Conjuntas de la Fuerza Armada) -en compañía de su secretario privado, licenciado Arturo Tona- y tras esperar que se impartieran las nuevas órdenes, regresó a la residencia de Tona a las 02:30 horas, aproximadamente.
Mientras tanto, dentro del Estado Mayor siempre se mantuvieron al tanto de la situación nacional en el COCFA. Durante los días de la ofensiva, los integrantes del Alto Mando frecuentaron el COCFA, junto con los oficiales del Estado Mayor que normalmente estaban de turno. Además, oficiales de los conjuntos Dos y Tres se turnaron para mantener una presencia permanente en esas instalaciones. También, en todo momento estuvieron presentes otros dos oficial de enlace: uno por parte de la Fuerza Aérea y otro de transmisiones.
Hasta ahora no ha sido posible averiguar sobre el papel o conocimiento del COCFA en relación al operativo dentro de la UCA, realizado durante las primeras horas del día 16 de noviembre de 1989. Es más, en el proceso judicial hasta antes del período de prueba de la fase plenaria, resultó imposible averiguar siquiera quién estaba a cargo del COCFA al momento del operativo. En su última declaración jurada rendida el 31 de mayo de 1991, durante el período de prueba de la fase plenaria, el ya general Ponce proporcionó -por primera vez- la siguiente información:
"que de acuerdo a los registros de los servicios del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, aparecen nombrados para el servicio en el COCFA, el señor coronel Nelson Iván López y López como jefe, el teniente Raúl Antonio Mejía Chávez como oficial de servicio del Conjunto II, y el mayor Óscar Joaquín Martínez Orellana como oficial de servicio del Conjunto III, desde las ocho horas del quince de noviembre de 1989 hasta las ocho horas del día dieciséis del mismo mes y año, aclarando el dicente, que los miembros del Alto Mando no realizaban turnos, sino que permanecían en el COCFA el tiempo que consideraban necesario según la situación..."
Tarde decidió colaborar Ponce pues, a esas alturas, ya no existía oportunidad procesal para citar como testigos a los oficiales mencionados. El coronel López y López, señalado como el oficial superior a cargo del servicio en ese centro de operaciones -quien debía tener el control de todas las operaciones en las circunstancias que entonces se vivían- declaró en la etapa de instrucción e incluso habló sobre su participación en la investigación de la CIHD, pero no hizo referencia a su conocimiento de los hechos a partir de su condición de jefe a cargo del COCFA al momento de su realización. Durante su declaración, el coronel López y López no fue interrogado acerca de sus responsabilidades en el COCFA, dado que no se sabía que las tenía. Mencionó la reunión de jefes militares en el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada el 15 de noviembre, pero no hizo referencia alguna al hecho de haber pasado la noche al mando del COCFA, ni mucho menos lo que había sucedido durante su turno. Simplemente dijo que al finalizar la reunión de jefes militares "se quedó siempre en el interior del Estado Mayor Conjunto, pues se encontraban en un estado de emergencia".
Ponce había explicado antes que no se organizaron turnos en el Alto Mando para el control del COCFA y agregó que todos los integrantes de dicha jefatura militar permanecieron en el COCFA hasta como las 02:00 horas del 16 de noviembre, sin especificar quién quedó a cargo después y también sin mencionar la presencia del Conjunto Uno en el COCFA. Por su parte, el coronel Cerna Flores declaró que estuvo hasta la una o dos de la madrugada del 16 de noviembre en el COCFA, pero no recordó qué jefe de Conjunto lo relevó cuando se retiró a descansar. Según Ponce, durante los días de la ofensiva los miembros del Alto Mando frecuentemente permanecían en el COCFA con las mismas facultades jerárquicas para dar órdenes y tomar decisiones operativas a nivel nacional.
La insistencia del entonces coronel y después general Ponce en aclarar que los miembros del Alto Mando no hicieron turnos en el COCFA, puede haber sido la respuesta a lo que declaró -con fecha 2 de octubre de 1990- el coronel Benjamín Eladio Canjura. Según éste, "el vice ministro también puede impartir el tipo de orden antes relacionada en el aspecto operacional, pues se organizan turnos de trabajo, de seis u ocho horas, cuando los otros miembros se encuentren, por ejemplo descansando con el fin de mantener controlado el Centro de Operaciones Tácticas; que los turnos en mención los organiza el jefe del Estado Mayor, en época normal, pero en el mes de noviembre del año próximo pasado, durante la ofensiva, es posible que se hayan organizado los mismos de común acuerdo entre todos, pero más que todo por haber tomado parte en los turnos en mención, los señores ministro y vice ministro de Defensa".
A su vez, el coronel Avilés Buitrago, entonces jefe del Conjunto Cinco, declaró que en la madrugada del 16 de noviembre de 1989 recibió el informe de que se escuchaban fuertes detonaciones originadas en el sector del Complejo Militar, pero que no le especificaron los lugares de dónde provenían las mismas. Dijo "que tales informes, los daban las unidades que se encontraban operando en el complejo militar, y los que tenían que tomar decisiones operativas al respecto". No pudo precisar cuánto tiempo duraron esas explosiones, pero aseveró que cuando se escucharon, hubo preocupación extrema en el interior del Estado Mayor Conjunto; que existió asimismo preocupación de que los centros vitales de la Fuerza Armada, como serían el Estado Mayor Conjunto o el Ministerio de Defensa, fuesen atacados".
Avilés Buitrago sostuvo que no sabía si a las unidades militares que informaron haber escuchado esas fuertes explosiones, se les ordenó ubicar el sitio exacto donde habían ocurrido. Puntualizó además que desde que regresó al país, el 14 de noviembre, fue la primera vez que se tuvo un serio temor en relación a algún ataque contra el Estado Mayor Conjunto u otro centro de vital importancia para la Fuerza Armada. El mayor René Guillermo Contreras, jefe de contra inteligencia del Conjunto Dos, declaró que en la madrugada del 16 de noviembre de 1989 escuchó fuertes detonaciones y explosiones en las cercanías del Estado Mayor, ubicándolas por el sector de la UCA.
Según Avilés Buitrago, Ponce -como jefe del EMCFA que era- irremediablemente tenía que haberse dado cuenta del peligro que representaban las explosiones escuchadas, como parte de un posible ataque a los puntos neurálgicos de poder de la Fuerza Armada. Este coronel no recordó con exactitud si Ponce se encontraba o no dentro del COCFA al momento de las mismas, pero -por lógica- si no lo estaba "era obligación el informarle de dicha situación".
En el mismo sentido, el coronel argentino José Luis García declaró que "...si en el Estado Mayor Conjunto, dada la proximidad de los acontecimientos, se escucharon explosiones y otros disparos durante ese período con toque de queda, y de no haberse recibido en ese comando información inmediata de lo que estaba ocurriendo, ese comando, de acuerdo a normas establecidas en los reglamentos militares, debió emplear sus propios medios para tener inmediata información de lo que ocurría". En palabras del coronel Lanning Porter, miembro del grupo militar de Estados Unidos y destinado como asesor del Conjunto Dos durante esa época, "la única reacción a los fuertes disparos y explosiones consistió, simplemente, en averiguar dónde ocurrían y qué era lo que sucedía".
Cabe hacer notar que la CIHD no indagó nada acerca de quién estaba encargado de o presente en el COCFA la noche del múltiple crimen. Cuando el juez de la causa recibió "información" al respecto, sólo encontró contradicciones y vacíos. Hasta la última declaración de Ponce, no había aparecido el nombre de un tan solo oficial que hubiera estado en el COCFA al momento del crimen. Y ya no había oportunidad procesal para tomar declaración a los oficiales nombrados tan tarde. Además, no se había aclarado qué información recibieron o las medidas que tomaron respecto de los sucesos en la UCA. Sin embargo, quedó establecido que en el Estado Mayor se escuchaban perfectamente los disparos y las detonaciones en la UCA, y que los integrantes del Alto Mando -así como los licenciados Cristiani y Tona- estaban presentes en sus instalaciones.
Nadie duda que la matanza del 16 de noviembre de 1989 en la UCA es uno de los capítulos más horrendos que registra la trágica historia de nuestro país en las últimas décadas. Esa criminal acción y otras -como las del Sumpul, de El Mozote, de los dirigentes del Frente Democrático Revolucionario y del local de FENASTRAS- seguramente no habrían ocurrido si en El Salvador no hubiese existido un amplio margen para el ejercicio arbitrario y abusivo del poder, en clara violación de la ley y -peor aún- con la complicidad de todos los órganos estatales. La clara lección que se desprende de todo ello es que no basta con un funcionamiento formal, aparente, de las instituciones republicanas para considerar que se está viviendo en un Estado de Derecho.
Traer a cuenta ahora todos los elementos que aparecen en este
comentario tiene dos propósitos. Por un lado, advertir
que -pese a todo lo sucedido desde esa trágica fecha hasta
este momento- siguen existiendo casos y situaciones reveladoras
de una situación de impunidad que todavía no ha
sido superada. El segundo, pedirle al ex presidente Cristiani
que contribuya en algo a superar esa grave lacra que continúa
poniendo en tela de juicio cualquier avance real del cual se quiera
presumir dentro o fuera del país. Para ello, podría
comenzar a informar sobre lo que sucedió durante la tensa
noche del 15 de noviembre y la dolorosa madrugada del 16, cuando
él se encontraba en la sede del Estado Mayor Conjunto de
la FAES y se escucharon las fuertes detonaciones en la UCA. Se
lo pedimos ahora que esta hablando nuevamente, imaginando que
-tal como afirmó a un periódico nacional recientemente-
se siente "completamente tranquilo" y piensa que su
"conciencia está muy clara".
