Año 18
número 781
noviembre 5
1997
ISSN 0259-9864
Editorial Politización del secuestro
Economía La dicotomía de las políticas económicas de granos básicos
Sociedad Consideraciones en torno a la prostitución
Derecho El proceso de Habeas Corpus como instrumento garantizador del derecho a la libertad personal
Opinión Pública A propósito de los secuestros
Derechos Humanos Que ladren, Sancho...
El Ministro de Seguridad piensa apuntarse un tanto al exigir públicamente a Schafick Handal la entrega de las cárceles clandestinas construidas durante la guerra, las cuales podrían estar siendo utilizadas para retener a personas secuestradas, y los nombres de los comandos urbanos, cuyos integrantes podrían ser los autores de tales crímenes. La presunta vinculación de cuatro secuestros investigados en la actualidad con antiguos miembros del Partido Comunista es lo que da pie a una petición tan curiosa.
El tanto que el Ministro de Seguridad haya podido apuntarse es más propagandístico que real; es decir, ayuda mucho a la campaña electoral de ARENA contra el FMLN, pero no contribuye a esclarecer los secuestros ni impedirá que se siga secuestrando. En primer lugar, porque no está comprobada la vinculación, aunque hay indicios fuertes que apuntan en esa dirección. Pero si esta vinculación llegara a ser comprobada, ¿se distinguirá entre el individuo y la organización a la que pertenecía? Cuando los criminales o delincuentes pertenecen al gobierno o a su partido la distinción es de rigor. Si en este caso, por tratarse del adversario político más importante, se prescinde de esta diferencia fundamental, habría que aplicar el mismo criterio a la Fuerza Armada, cuyo alto mando ordenó asesinar al P. Ellacuría sin dejar testigos, precisamente, hace ocho años, o a ARENA, por el asesinato de Mons. Romero. En algunos casos, sin embargo, esa distinción es inútil, puesto que hay responsabilidades institucionales comprobadas, como en la masacre de la UCA.
En segundo lugar, porque la seguridad no se trata de cara a los medios de comunicación social --ni siquiera reuniéndose con aquellos que el gobierno considera de confianza-- y la opinión pública. Si el Ministro de Seguridad está convencido de la relación que puede haber entre las actividades del antiguo Partido Comunista durante el conflicto armado y los secuestros de postguerra, lo apropiado hubiera sido conversar en privado con los ex dirigentes de dicho partido para discutir el tema y conseguir la información que cree necesitar para evitar nuevos crímenes. Una actuación profesional hubiera buscado compartir la preocupación por los secuestros con la dirigencia del FMLN para intentar contar con su colaboración. Sin embargo, todo parece indicar que no es ésta la que se buscaba, sino la confrontación política para colocar al FMLN en aprietos.
En tercer lugar, porque si la hipótesis del Ministro de Seguridad tiene fundamento, los comandos urbanos del que fuera el Partido Comunista podrían ser tan responsables de los secuestros y de otros delitos contra la seguridad ciudadana como los escuadrones de la muerte de ARENA, algunos de cuyos dirigentes ocupan altos cargos gubernamentales. La evidencia acumulada por la Comisión de la Verdad demuestra que la mayor parte de los secuestros y de las desapariciones forzosas ocurridas durante la guerra son atribuibles a los escuadrones de la muerte. El secuestro sigue practicándose en El Salvador de manera impune, pues continúa siendo una actividad muy lucrativa. Atribuir todos los secuestros a ex combatientes del FMLN sólo puede ser calificado como ingenuidad --cosa muy rara en un ministro de seguridad-- o mala fe --actitud bastante más frecuente en esta clase de funcionario público. Por lo tanto, el llamado a entregar la infraestructura y los nombres de los alistados en semejantes organizaciones ilegales debiera hacerse a ambos y de la misma manera.
Pero el Ministro de Seguridad no está tan interesado en investigar los secuestros como en vincular al antiguo Partido Comunista, y con él al FMLN, con ellos, en lo que es una maniobra política que sólo favorece a ARENA y a su gobierno. Las peticiones para no politizar el caso son ridículas, porque éste ya está politizado gracias, en gran medida, al gobierno de ARENA.
La politización sirve para varios fines. El primero y el más importante es encubrir la verdad, entorpeciendo la investigación y la acción judicial. En efecto, la politización protege a los autores intelectuales, distrae la atención de los medios de comunicación y la opinión pública de los asuntos realmente importantes y satisface intereses muy particulares. En segundo lugar, la politización es un buen instrumento propagandístico. En este caso, su propósito es desgastar a un adversario político que se percibe poderoso. El gobierno de Calderón no está interesado en aclarar los secuestros, sino en impedir que el FMLN siga acumulando votos para las próximas elecciones. El caso de los secuestros se le ha presentado como una oportunidad única, que no puede dejar pasar sin sacarle provecho partidista.
No todos los crímenes son investigados con el mismo interés. Aquellos en los cuales las víctimas son personas de escasos recursos y con poca educación no son investigados del todo. El criterio para investigar es político. En gran medida depende de si quien perpetra el crimen está protegido por el poder. Por otro lado, el descubrimiento de los sitios donde estuvieron secuestrados cuatro miembros de familias poderosas demuestra que la investigación policial y judicial no es difícil cuando existe voluntad para buscar la verdad. La mayoría de los crímenes no corre la misma suerte y languidece en el olvido. Uno de los más recientes es el de una conocida locutora de una emisora local. Mientras se asegura que las investigaciones están muy adelantadas, los dos detectives que estaban a cargo de ellas fueron sacados del caso, aduciendo razones de orden interno. Si la investigación estaba arrojando tan buenos resultados no tiene sentido cambiar a sus responsables o será que precisamente por ello, porque se acercaron a algún personaje del mundo del poder se decidió entorpecer el curso de las averiguaciones.
Si la investigación criminal no es objetiva y rápida,
el crimen seguirá proliferando. Los triunfos que los medios
de comunicación atribuyen a la policía son efímeros
e ilusorios, quizás interesantes, pero sin trascendencia
mayor para la lucha verdadera contra el crimen organizado.
Como resultado de la disminución de la cosecha de granos básicos esperada para 1997/98, se han evidenciado ya los primeros conflictos de intereses entre las gremiales representativas de los sectores agropecuario y avicultor. Lo anterior no es de extrañar, considerando la problemática estructural que ha aquejado al sector productor de granos básicos, históricamente condicionado por aspectos como la baja productividad de las tierras en que se realiza, el bajo nivel de tecnificación, las limitaciones crediticias, la intermediación en la comercialización, los bajos precios, la falta de apoyo estatal, etc. La sequía experimentada este año ha puesto en evidencia la crisis permanente del sector productor de granos básicos.
El mayor afectado por esta crisis ha sido, sin duda, el sector campesino, caracterizado --entre otras cosas-- por dedicarse al cultivo de granos básicos para autoconsumo y, en algunos casos, para venta. Curiosamente, en la actual coyuntura no es este sector el que ha impulsado iniciativas para enfrentar la caída en la producción ni tampoco los sectores consumidores, los cuales podrían verse afectados por alzas en los precios. Han sido más bien los sectores empresariales vinculados al agro.
Como sea, la coyuntura actual coloca nuevamente en perspectiva la problemática del sector agropecuario y, especialmente, la de la producción de alimentos. En lo que sigue se presentan las dos principales posturas frente a la caída de la producción de los granos básicos, con el objeto de destacar cómo los precios y las importaciones de aquéllos pueden convertirse en instrumentos para revertir la actual crisis del sector y combatir la pobreza rural.
Según la Cámara Agropecuaria y Agroindustrial de El Salvador (CAMAGRO), las masivas importaciones de maíz amarillo libres de aranceles explican los bajos precios que vienen enfrentando los productores de maíz y maicillo, los cuales, afirmaron, se espera que sean menores en un 34% a los pagados en 1990. Según CAMAGRO, "este año no es necesario que se den facilidades de importación, sino, más bien, promover las compras internas, para no afectar a los productores nacionales [con] los precios bajos, causados por importaciones que llegan al momento de salir las cosechas". Adicionalmente, cualquier déficit de maíz amarillo para la fabricación de concentrados que demanda la industria avícola local, puede ser cubierta por el macillo o sorgo que "es un sustituto casi perfecto del maíz amarillo".
Frente a esta postura, la Asociación de Avicultores de El Salvador (AVES) sostiene que "existe un movimiento de [CAMAGRO] para promover el establecimiento de un Sistema de Aranceles a los granos básicos, con el cual se afectaría el bolsillo de todos los salvadoreños", especialmente porque, según la AVES, para el próximo año se espera un importante déficit en la producción de granos básicos que varía desde 15%, en el caso del maicillo, hasta un 100%, en el caso del maíz amarillo. Para los avicultores, "este déficit...solamente se puede eliminar importando las cantidades suficientes para satisfacer las necesidades de la población y no solicitar aranceles para encarecer los ya escasos y caros granos básicos."
De las posturas se percibe que el conflicto mayor gira en torno a interpretaciones totalmente opuestas de las implicaciones que la importación libre de granos básicos podría tener sobre el mercado nacional. CAMAGRO las considera nocivas si éstas llegan a competir como sustituto de la producción nacional; mientras que la AVES las considera totalmente necesarias de cara al déficit en la producción de alimentos que actualmente enfrenta el país.
En ambas posturas destaca el hecho de que los precios aparecen íntimamente ligados a las importaciones. Precisamente en este punto es en donde radica el principal conflicto. Mientras CAMAGRO reclama precios más elevados para los productores de granos básicos, lo cual implica, para ellos, restringir las importaciones, AVES reclama precios bajos para el consumidor, lo cual implicaría abrir el mercado nacional a las importaciones.
Las posturas de estas dos gremiales reflejan la dicotomía tradicional entre los precios al productor y los precios al consumidor de granos básicos. Una situación óptima supondría que los primeros se elevan, mientras los segundos disminuyen, algo totalmente improbable en un contexto de libre mercado, donde la relación entre ambos precios es directa; es decir, mayor nivel de precios al productor necesariamente está asociado a mayores precios al consumidor.
La intervención del Instituto Regulador de Abastecimientos (IRA) en el mercado, entre las décadas de 1950 y 1980, persiguió, sin mayor éxito, mantener los precios al productor a niveles rentables y, a la vez, mantener los precios al consumidor sin incrementos sustanciales. Lo anterior no implica, empero, que esta política no haya mostrado ya sus bondades en países desarrollados, especialmente los de Europa y en Estados Unidos, donde los subsidios a los precios de los alimentos han jugado un papel clave para estimular el desarrollo.
En la actualidad, la mayor carga de la crisis de la producción de alimentos es puesta sobre los productores, quienes además de enfrentar la contención de sus precios que generan las importaciones, deben ceder a los intermediarios parte del precio que paga el consumidor. Entre los precios al consumidor y al productor de granos básicos existe una diferencia de la que se apropian los intermediarios comerciales, y que en algunos momentos ha llegado a representar entre un 40 ó 50 por ciento adicional al precio al productor.
Resulta claro que el conflicto entre AVES y CAMAGRO refleja otro conflicto más amplio que existe, en el mercado de granos básicos, entre consumidores y productores. Generalmente, el gobierno --por razones políticas-- ha estado siempre en disposición de eliminar los aranceles a la importaciones de granos básicos en épocas de escasez, con lo cual han favorecido un menor crecimiento en los precios al consumidor, aunque sin eliminar los incrementos que genera la intermediación comercial.
El impacto de las importaciones de granos básicos sobre el mercado nacional muestra los posibles efectos de un proceso de desgravación arancelaria sobre la economía: crisis de la producción nacional y eliminación de productores nacionales. El gobierno, en lugar de liberalizar el mercado, debe jugar un papel clave en la promoción de la producción de granos básicos, por tres razones fundamentales: para buscar la seguridad alimentaria, para evitar presiones sobre la macroeconomía (precios y balanza comercial) y para incrementar los ingresos y combatir la pobreza del sector campesino.
No es necesario argumentar mucho sobre la necesidad de incrementar los precios al productor; la discusión se centra más bien en cómo hacerlo sin afectar los precios al consumidor que, por lo general, preocupan mucho más a los políticos.
En un contexto donde, al menos a nivel de discurso, se persigue la liberalización económica, resulta prácticamente imposible esperar intentos por armonizar los intereses de productores y consumidores. Lamentablemente, ello seguirá reproduciendo precios bajos al productor y fortaleciendo los factores que han provocado crisis en el sector agropecuario.
Cuando menos, debería promoverse que el margen de los precios
pagados por el consumidor del que se apropian los intermediarios
vaya pasando paulatinamente a manos de los productores. Sin embargo,
el problema fundamental continuarán siendo los precios
no rentables para éstos.
En El Salvador, la edad promedio en la que muchas personas se inician en la prostitución es entre los 8 y los13 años de edad. Son niñas y niños que no están aptos físicamente, mucho menos psicológicamente, para enfrentar las consecuencias que trae la inserción en una actividad de esta índole. Este fenómeno se conoce inmemorialmente y a medida que pasa el tiempo más mujeres, hombres, niños y niñas se inician y se mantienen diariamente en el mundo de la prostitución. Proliferan cada vez más los bares, clubes nocturnos y cafetines que, clandestina o públicamente, ofrecen servicios sexuales. Los hay desde los más baratos y accesibles, hasta los que cobran tarifas de cientos de colones por noche. Se sabe que a estos últimos concurren personalidades de los distintos ámbitos de la sociedad salvadoreña, gente de las clases sociales más adineradas; siendo incluso algunos de ellos propietarios de estos negocios. Ello se debe a que, pese a la condena social que recae sobre los trabajadores y trabajadoras del sexo, la prostitución tiene una gran demanda en el país y rinde abundantes beneficios.
Como una de las respuestas a esta situación, el pasado julio, el Cuerpo de Agentes Metropolitanos afirmó que no se otorgarían permisos para instalar cervecerías, pues muchos de estos negocios se utilizan como "fachadas" para comerciar con la prostitución. Sin embargo, este tipo de medidas, más que frenar la aparición de nuevos prostíbulos, contribuye a la generación de "centros de tolerancia" ilegales que, entre otros muchos males, no contribuyen con los impuestos municipales. Partiendo de que sólo en la zona metropolitana de San Salvador existen aproximadamente 70 prostíbulos y 40 negocios entre bares, restaurantes y cervecerías instalados; podemos asegurar que hay una importante suma de dinero que debería estar destinada a la municipalidad y que, por el contrario, constituye una ganancia para los dueños de estos lugares. Lo que es peor, por el hecho de ser ilícitos, los que ahí trabajan, ya sea porteros o prostitutas, se ven privados de seguro médico, de salario fijo, del respeto y de las consideraciones legales que como trabajadores les corresponde.
Los resultados de estas estrategias "anti-prostitución" son bastante graves y el objetivo inicial con que se diseñan no se cumple. Empero, aceptar la legalización de un prostíbulo -en los términos en los que se ha pretendido hacerlo-- es, evidentemente, irresponsable y descabellado; no obstante, su contrario, la no legalización, de momento sólo ha significado una venda que impide hacerle frente a la realidad.
Y es que en el país, como en la mayoría de sociedades latinoamericanas, existe un esquema tradicionalmente aceptado que exige a las mujeres un determinado comportamiento. Indudablemente, la mujer jamás ha sido vista de igual forma que los hombres, desde cualquier ángulo se hacen diferencias. Por ejemplo, en el ámbito sexual, a un hombre promiscuo se le tolera su comportamiento, mientras que a una mujer de similar conducta se le acusa de prostituta, aun cuando realice la actividad sexual por mero placer y no por retribuciones monetarias.
La cultura salvadoreña, pese a su repudio al trabajo sexual, es promotora del mismo, ya que algunas causas de la prostitución en El Salvador se derivan de un esquema de doble moralidad. Entre las posibles causas, el Instituto de Estudios de la Mujer CEMUJER señala: 1) un proceso de socialización que ha impuesto a la mujer una doble cara de la sexualidad: la decente y la indecente; 2) la división sexual del trabajo, en la cual al hombre se le asigna una supuesta superioridad ante la mujer; 3) las mujeres se prostituyen por ser víctimas de violación debido a que son vistas como objetos sexuales; 4) opresión patriarcal hacia la mujer; 5) valoración extrema de la virginidad; entre otras cosas. Es decir, la famosa "doble moral" de los patrones culturales vigentes en el país, a partir de los cuales se desea algo que en público se rechaza y castiga, es una de las propulsoras directas de este oficio.
A lo anterior agreguemos tres motivadores esenciales por los que una persona decide recurrir al comercio del sexo. En primer lugar, la situación económica por la que atraviesa el país, expresada en el desempleo y los malos salarios. A lo que también habría que sumar los bajos niveles de escolaridad. Una buena parte de las personas que acuden a la prostitución como forma de ganarse la vida sólo han estudiado primaria, un menor número de ellas tercer ciclo y sólo unas pocas bachillerato. Por ello, no están capacitadas para afrontar a la sociedad que cada día se vuelve más excluyente y exigente. Tener un título universitario se vuelve un requisito muy importante para tener oportunidades de trabajo. Una persona de escasos recursos económicos no puede aspirar a estudios superiores (recordemos que sólo el 1% de la población salvadoreña accede a la universidad).
En segundo lugar, hay que tomar en cuenta el papel que están desempeñando los medios de comunicación. Estos tienen influencia decisiva en el comportamiento y los esquemas de la sociedad. Los medios de comunicación transmiten, producen y reproducen cultura. Gran parte de la respuestas y acciones humanas provienen de lo que éstos difunden y, lamentablemente, en ellos el centro de explotación física y sexual lo constituyen las mujeres. Los medios generan una mentalidad de liberación sexual y la gente la interioriza. Como contraparte de esto, la mujer es presentada como objeto de esa liberación, por lo que únicamente es útil para proporcionar placer. Simultánea y paradójicamente, los medios difunden el otro lado de la moneda: el modelo conservador de la mujer, sumisa, que atiende a su familia y que vive en función de la misma. Una mujer que permanece en su casa o que trabaja fuera de ella y que además se dedica a los quehaceres domésticos (basta con ver y escuchar los anuncios publicitarios que se difunden para comprobar lo anterior). En otras palabras, a través de los medios se está impulsando la venta y la compra del sexo, pero también se exige una rol femenino enmarcado en la decencia y la domesticación.
En tercer lugar, la prostitución es una industria poderosa. Esta tiene muchas formas, algunas muy sutiles como la "cosificación" de los hombres y mujeres en la publicidad o los concursos de belleza. Otras formas de prostitución son más evidentes como la pornografía, las líneas telefónicas y sitios de internet que venden sexo. Este negocio es rentable, por ende, la ganancia mensual de las prostitutas es considerablemente mayor a un salario mínimo corriente. Más grande aún es la ganancia para el dueño del negocio, razón por la que una sola persona puede ser propietaria de dos o tres negocios a la vez.
Por otro lado, hay otra vía por la que se llega a la prostitución
que para muchos puede ser inconcebible o inmoral, pero que no
se puede descartar. Es la posibilidad de que una persona se prostituya,
porque, además de ser una fuente rápida de ingresos,
lo disfrute y le dé una forma de vida que le agrade más
que la que obtendría por otros medios laborales. En fin,
la valoración que se formule en base a este oficio depende
del criterio de cada quien. Es un problema demasiado complejo
y delicado como para delimitarlo a unos cuantos aspectos. Pero
al momento de emitir un juicio hay que tomar en cuenta que la
posición de marginación en la que las y los trabajadores
del sexo se encuentran omite su categoría de personas que
se ganan la vida trabajando, de madres solteras que dan la cara
a la vida sin apoyo de nadie, y de seres humanos con derechos.
Estas personas son víctimas de una sociedad deshumanizada
que no ve más allá de unos esquemas cerrados y excluyentes.
Habeas Corpus, con estos dos vocablos el parlamento inglés del año 1679 inicia y estructura la máxima garantía de protección a la libertad personal. Literalmente, significa "que traigas tu cuerpo" o "que tengas tu cuerpo", constituyéndose con ello el mandato jurisdiccional a efecto de que se conozca la legalidad de la detención en la que se encuentra una persona; mandato que es, por definición, propio de un Estado de derecho.
En nuestro país, en los últimos días, ha habido un énfasis masivo en la utilización de este proceso. Básicamente en lo concerniente a la detención provisional que pronuncian los jueces al tener conocimiento, en un proceso penal, de la comisión de un delito. Harto conocido es que por una diversidad de medios se ha tratado de difundir la obligación que existe de proveer tal medida cautelar, respetando ciertos requisitos o presupuestos determinantes para ello.
En efecto, cuando exista la comisión de un delito, o la apariencia justificada de él, es habitual que opere la detención provisional conforme a las leyes de la República (Código Procesal Penal y Tratados Internacionales suscritos por el Ejecutivo y ratificados por la Asamblea Legislativa) y ello como fruto de muchos años de empirismo casuista (limitarse a concretar todas y cada una las actuaciones en idéntico sentido a la forma en que se han hecho siempre).
Algunos interpretan el articulo 13 inciso tercero de la Constitución, en el que se establece la posibilidad de poner en libertad al detenido o decretarse su detención provisional si se advierte en autos su participación delincuencial, circunscribiéndose al ámbito de esas dos posibilidades únicamente; empero, sería erróneo verlo así, pues la Constitución, como máxima expresión de protección de los derechos fundamentales, ordena, por el principio de supremacía constitucional, la aplicación conjugada de las leyes de la República, específicamente al momento de restringir la libertad personal de un procesado.
La detención provisional debe analizarse como una medida cautelar que priva del derecho a la libertad personal. Siendo ésta interina, es decir, habiéndose establecido los presupuestos necesarios para ella, el juzgador puede proveerla sin detrimento de que durante el procesamiento continúe operando la presunción de inocencia hasta que se decida la situación jurídica del imputado; esto es, si procede absolverlo o condenarlo llegando entonces a la detención formal.
Los tratados suscritos y ratificados por nuestro país prevén que la libertad será la regla general y la detención será la excepción (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Ello implica que los jueces tienen la obligación de tomar en cuenta, concatenadamente, aquéllos con el Código Procesal Penal; es decir, establecer ineludiblemente el periculum in mora y el fumus boni iuris.
Para establecer el fumus boni iuris (apariencia de buen derecho) los jueces se abocan --como debe ser-- al articulo 247 Pr. Pn. y establecen los extremos de la imputación. Pero eso no basta, pues será necesario probar el segundo elemento citado, denominado periculum in mora (el peligro de fuga acompañado de la posibilidad de entorpecer la investigación), debiéndose no sólo establecer, sino exteriorizarse de una forma razonada y razonable, los fundamentos de la decisión. Ello implica que no basta con que concurra uno de los presupuestos, ambos deben estar presentes de manera complementaria; de lo contrario la detención padecería de infracciones constitucionales volviéndose inicua.
En nuestro ordenamiento constitucional se encuentra regulado el proceso de Habeas Corpus como instrumento garantizador del fiel cumplimiento de los preceptos constitucionales. Teniendo éste como objeto pronunciarse acerca de la violación a las garantías individuales y no sobre la función jurisdiccional de valorar pruebas en el proceso penal; por su especial importancia se permite incluso su iniciación concretando la pretensión por la vía telegráfica.
Suele suceder que el desconocimiento de tal competencia de la Sala de lo Constitucional, en estricto derecho, constituye una reiterada causa por la cual sucumben muchos peticionarios al concretar su pretensión, circunscribiéndola a la necesidad de que la Sala valore elementos meramente probatorios ("pretensión punitiva"), lo cual le compete a los tribunales de instancia, siendo inadmisible sustituir al juzgador en su función jurisdiccional y procedente pronunciarse en cuanto a la legalidad de la privación a la libertad personal (recordemos que en reiteradas ocasiones la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado manifestando que de no existir restricción del derecho a la libertad ambulatoria es inoperante el Habeas Corpus, pues pierde su objetivo principal). No obstante, la Sala ha dicho que en algunos casos excepcionales se podrá examinar la prueba, si de ella se deduce que existe una flagrante violación a derechos de carácter constitucional.
Es habitual que los jueces, en los tribunales de justicia que conocen de materia penal, tengan algún temor o duda ante la posibilidad de sustituir la medida cautelar, que decreta una detención provisional, por otra, que bien puede ser pecuniaria a efecto de garantizar las resultas del juicio. Sin embargo, es necesario hacer ver que si no lo hacen --por la creencia de que el delito es muy grave o porque el imputado puede entorpecer la investigación visitando testigos o porque hay probabilidades de que el imputado se fugue--, entonces deben plasmar en su interlocutoria las razones del caso, que lo fundamenten, que lo exterioricen y le den cumplimiento de esa manera al artículo 489 Pr. Pn. y a los Tratados Internacionales y, más aún, a la Constitución. La detención provisional en este sentido sería un medio para contribuir en la investigación de un delito.
Atinado resulta ahora, por las circunstancias predichas, reconocer la amplia cobertura de aplicación que tiene el proceso de Habeas Corpus en la loable labor de proteger el estricto cumplimiento de los derechos fundamentales; es decir, sin limitarnos a la posibilidad que existe de conocer acerca de la restricción a la libertad personal que se realiza por orden del ente envestido de facultad jurisdiccional (ya la Sala lo dijo en el proceso 19-V-95 "...el objeto de este proceso constitucional es eminentemente una pretensión constitucional... consistente en... una revisión de los procesos de inferencia lógica utilizados por el juez como fundamento de la resolución en la que ordena la privación de la libertad de una persona... y pronunciarse sobre si tal restricción de la libertad implica infracción a la Constitución"), sino que hacerlo más extensivo respecto de las privaciones a este derecho que puedan realizar particulares o incluso la administración pública. Importancia básica resulta en el caso que la Sala advierta la ilegalidad flagrante de la detención por parte de éstos, pues se vuelven acreedores de una sanción que puede llegar hasta la adecuación de tal conducta al supuesto hipotético planteado en el Código Penal como "detención ilegal" artículo 219.
Finalmente, hay que dejar clara la necesidad imperante que existe de que los encargados de administrar justicia tengan acceso directo e inmediato a las providencias que la Sala de lo Constitucional pronuncia, con ello se vuelve factible la justa aplicación de las normas y se amplían los criterios jurídicos, imponiéndose así la heráldica y noble labor de administrar justicia.
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Colaboración de Guillermo Alexander Parada. Departamento
de Ciencias Jurídicas, Universidad Centroamericana "José
Simeón Cañas"
De acuerdo al Estudio Multicéntrico de Actitudes y Normas Culturales frente a la violencia en ciudades seleccionadas de América y España (ACTIVA), llevado a cabo por el IUDOP y coordinado internacionalmente por la Organización Panamericana de la Salud, en 1996, más del 1 por ciento de los adultos residentes del Área Metropolitana de San Salvador fue víctima de algún secuestro. Esa cifra puede parecer reducida, sin embargo, comparativamente San Salvador posee uno de los porcentajes más alto de personas secuestradas en el lapso de un año, sólo superado por Caracas y Cali (El resto de ciudades o áreas metropolitanas incluidas en el estudio son: Houston, San José, Medellín, Salvador de Bahía, Río de Janeiro, Santiago de Chile y Madrid). Y el hecho mismo de que sea posible encontrar entre la población más del uno por ciento de personas que han sido secuestradas en un año es un dato muy indicativo de los niveles de delincuencia que sigue afrontando la sociedad salvadoreña en la actualidad.
A pesar de las noticias recientes que hablan sobre los esfuerzos para desbaratar las bandas de secuestradores por parte de las autoridades, a juzgar por los mismos reportes de la prensa, este tipo de delitos sigue siendo parte del "criminal pan nuestro de cada día". En otras palabras, varias personas siguen siendo secuestradas semanalmente en nuestro país con el único propósito de obtener dinero -a veces por cantidades ínfimas de dinero en las zonas rurales- o con el objetivo de obligar a la familia de las víctimas de realizar ciertos tratos. Con todo, la frecuencia de este tipo de acciones criminales señala los niveles de impunidad que persisten en la sociedad salvadoreña. A diferencia de otros delitos como el asesinato, el robo y otros, que pueden ser realizados de manera individual y sin apoyo externo; es prácticamente imposible realizar un secuestro de manera individual y sin contar con la infraestructura suficiente que permita no sólo retener y sostener a la víctima, sino también que permita tener mecanismos de información y de control sobre la familia y el entorno de las víctimas. Por ello, la frecuencia con que ocurren los secuestros en la actualidad muestra el nivel de organización que ha llegado a alcanzar la actividad delictiva en El Salvador, pero sobre todo muestra el nivel de impunidad que da espacio a ese tipo de organizaciones. En un estado de derecho, regido esencialmente por las leyes, en realidad sería muy difícil sostener una industria del secuestro de la magnitud que parece tener la sociedad salvadoreña; lo cual quiere decir que en buena medida aún no existen los mecanismos suficientes de control como para asegurar la tranquilidad de buena parte de la población.
A juzgar por la facilidad con que todavía ocurren los secuestros, la impunidad permite el establecimiento y funcionamiento de amplias y sofisticadas redes del crimen que no sólo disponen de voluntad y armamento para llevar a cabo este tipo de atentados sino que además tienen acceso a extensas redes de comunicación e información que les permite ejercer control sobre las víctimas y, sobre todo, que les proporciona los recursos necesarios para permanecer fuera del alcance de las autoridades. En tal sentido, no sería imprudente imaginarse que buena parte de esa inmunidad criminal es permitida por la complicidad de individuos al interior de los aparatos de justicia y de seguridad a varios niveles y en varias esferas de los mismos.
Por ello, el combate a la industria del secuestro no puede ser llevado a cabo sólo con la captura y apresamiento de los peones y ejecutores materiales del delito, sino que sobre todo en la medida en que los operativos de investigación y de captura enfrenten directamente las redes criminales de comunicación, información y de protección ligadas a los sistemas oficiales. En esa medida, la impunidad en la que se amparan los secuestros podrá ser combatida.
Esto trae a cuenta el actual debate sobre las figuras y personalidades del sector político y dirigencial del país que pueden estar detrás de las empresas criminales. No es el propósito de este artículo discutir sobre la veracidad o sobre los intereses ocultos de las recientes notas de la prensa. El punto es, por el contrario, señalar la necesidad de que los aparatos de justicia y de seguridad funcionen de tal manera efectiva, como para que sean capaces de prevenir adecuadamente el crimen, investiguen profundamente el delito y castiguen con firmeza a los responsables, sin prerrogativas o dispensas a aquéllos vinculados con el poder. En otras palabras, que sean capaces de administrar justicia.
Revisando los niveles de confianza institucionales, sobre todo en el mundo político, muy poca gente en este país -por no decir nadie- estaría dispuesta a "introducir sus manos al fuego" en defensa de cualquier político o dirigente nacional y a juzgar por la impunidad con que actúan ciertas bandas delincuenciales, no sería extraño que más de algún político se encontrase vinculado a organizaciones criminales, sobre todo en la medida en que aquél se encuentre más cerca del poder. En tal sentido, probablemente el problema de fondo no sea el descubrir que los políticos o dirigentes del país no sólo pueden tener responsabilidades en los delitos de "cuello blanco", sino también en las bandas del crimen organizado, sino que la politización de los casos es siempre una mala señal.
En el fondo y con el tipo de dinámica que se desarrolla en este país, es muy difícil negar lo político de la mayor parte de hechos y sucesos nacionales. El punto es que hasta donde enseña la experiencia de la historia reciente, en la medida en que un caso criminal o un escándalo nacional llega a ser calificado como "político", en esa medida el caso entra a otra dimensión y, por lo general, el hecho criminal queda impune y por tanto las investigaciones terminan conduciendo a nada y a nadie -ya sea que los políticos sindicados sean realmente culpables o, por el contrario, sean inocentes-, porque los aparatos de justicia pierden el control sobre los elementos de la investigación y de prueba que permiten descubrir y dilucidar la verdad.
En otras palabras, la calificación "política"
de un hecho criminal, como los secuestros, no es buen indicador
del destino de las investigaciones, y no por la posibilidad de
que éstas terminen descubriendo a altas figuras políticas
nacionales, sino porque en la mayoría de los casos, esto
se constituye en predictor de un caso que muy probablemente quedará
impune. Los intereses políticos, por tanto, provocarán
que la investigación objetiva sobre el caso criminal pase
a un muy segundo plano, sólo para dar espacio a la oportunidad
de usarlo como una herramienta de ataque al adversario. Al final,
el hecho criminal -en este caso, los secuestros-- quedan sin resolver,
sea que los acusados sean realmente culpables o no; pero algunos
políticos e instituciones habrán tenido la entera
convicción -y satisfacción-- de haber asestado un
golpe oportuno al rival. Esto sucede mientras la población
sigue llenando su conciencia de miedo hacia la imparable delincuencia
y de escepticismo hacia las instituciones políticas.
Hace unos días Ronald Umaña, oscuro personaje en el actual escenario político, exigió la renuncia de la señora procuradora para la defensa de los derechos humanos. Este dirigente de lo que queda de la "democracia cristiana", pretendió fundamentar su disparate en un acto que realizó --dentro del ejercicio honesto de su profesión-- el doctor Carlos Sergio Avilés, abogado y esposo de la ejemplar funcionaria.
Además, Umaña argumentó que la doctora Victoria Marina Velásquez de Avilés es militante del Partido Comunista Salvadoreño y que, de alguna forma, se encuentra involucrada en los secuestros con los que --según él y su otro partido, ARENA-- el FMLN financió su campaña política de cara al recién pasado evento electoral, realizado en marzo del presente año.
Como bien dice la doctora de Avilés, esos señalamientos no sólo dañan a su persona sino también a la importante institución que ella dirige desde el 23 de marzo de 1995: la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Asimismo, atentan contra el proceso de democratización en El Salvador pues desde dicha institución --uno de los logros más valiosos surgido de los acuerdos de paz-- se ha contribuido a la solución pacífica y racional de diversos conflictos, sobre todo sociales, que en otras circunstancias quizás habrían generado peligrosas confrontaciones innecesariamente violentas.
Para lograr eso, ha contribuido enormemente la figura de la señora procuradora: la manera como ha desempeñado su cargo a lo largo de casi tres años debe considerase --sin lugar a dudas-- un valioso y alentador ejemplo en lo que toca a la actuación de las y los servidores públicos. Lo ha hecho con ética y transparencia; con un evidente compromiso en el cumplimiento de su responsabilidad, para satisfacer demandas urgentes de la población sin distinción alguna.
Ya quisieran ciertos individuos como Umaña tener siquiera un poco del prestigio, la aceptación y el reconocimiento que la figura de la doctora provoca. Eso lo ha logrado --dentro y fuera del país-- con una labor totalmente alejada del oportunismo y la falsedad que caracterizan a quienes --como este detractor de turno-- llegaron a ocupar un cargo público mediante procedimientos turbios e incluso contrarios a las normas constitucionales.
Abusadores como son de las prácticas demagógicas, este tipo de sujetos desprecian las encuestas cuando no favorecen a sus intereses personales y por eso les va tan mal, al punto de arruinar lo que antes fueron respetados institutos políticos. Por eso no reconocen los resultados arrojados por las consultas pasadas y las más recientes realizadas por los organismos que, dentro de la Universidad Tecnológica y la UCA, investigan y analizan la opinión publica.
Ambas entidades pertenecientes a instituciones de educación superior con prestigio reconocido --a diferencia de alguna en la cual Umaña tuvo o tiene algo que ver-- ubican a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en el tercer lugar de la confianza ciudadana, cuando se consideran las esferas de la administración pública. Para las personas consultadas, la Procuraduría --de la mano de la doctora de Avilés-- es una de las instituciones estatales que realmente merece un alto nivel de confianza.
Desde este espacio --al igual que lo han hecho ya diferentes grupos sociales, medios de comunicación y sobre todo gente humilde que ve en la señora procuradora una luz de esperanza-- le ofrecemos nuestro voto de confianza a esta funcionaria que, en tan poco tiempo, ha demostrado tener una vocación sincera e inclaudicable para trabajar en favor de una causa que --por lo observado de toda su actuación-- no le interesa a Umaña: la vigencia de los derechos humanos en nuestro país.
Porque tiene toda la solvencia moral y la capacidad profesional
para continuar ejerciendo su cargo, la doctora de Avilés
ha estado y está tranquila. No es el primero ni el último
ataque que le hacen, aunque sí quizás uno de los
más rastreros y repudiables. Pero a ella y a quienes --nacional
e internacionalmente-- reconocemos su valiosa labor, no nos interesan
declaraciones como esas: minúsculas, insignificantes, enanas...
Eso sí: el electorado debe tomar nota e impedir con su
voto que tipos de esta calaña continúen destilando
veneno y arruinando al país.
Lejos de la verdad, como en muchos otros asuntos que hoy como ayer son de interés público, los empresarios de los medios de prensa continúan dándose a la tarea de distorsionar los hechos y ocultar las intenciones, para beneficiar a los sectores que se encuentran menos interesados en el bien común y en el desarrollo de El Salvador.
Al proponer una serie de reformas a la Ley de Comunicaciones, un grupo de partidos políticos, impulsores y defensores acérrimos del neoliberalismo excluyente y concentrador del capital, intenta hacer desaparecer legalmente a las estaciones radiofónicas comunitarias, y conceder a unos cuantos la exclusividad de utilización del espectro radioeléctrico y, con ello, todas las posibilidades de crear realidades virtuales y formar en el auditorio la opinión que sea conveniente a sus intereses sectarios.
Vale la pena no dejar en el olvido el comportamiento carente de ética que fue mantenido durante todo el conflicto armado por parte de la gran mayoría de dichos empresarios y sus estaciones de radio; la manera en que atizaron el odio contra toda persona o agrupación que no se alineaba a la política de exterminio que era dictada desde los centros del poder político. Vale la pena tener en cuenta, hoy, la propaganda que ejercitan para justificar el despojo que representa para la nación la venta de instituciones de servicio público (ANTEL, entre otras). Hace aproximadamente dos años el licenciado Juan José Domenech, quien por ese entonces era presidente de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), ordenó intempestiva e inopinadamente el cierre de diez radioemisoras integrantes de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS), bajo el fácil recurso de lanzar una campaña basada en la acusación de que se encontraban operando de forma ilegal.
Desde entonces, se han venido intensificando las acciones del poderoso sector del empresariado, agrupado gremialmente en la Asociación Salvadoreña de Radiodifusoras (ASDER), que contra la marcha de los tiempos pretende mantener inalterado su monopolio sobre las ondas hertzianas y se muestra interesado en sacar del aire a los novedosos esfuerzos que tratan de impulsar verdaderas formas de comunicación masiva en El Salvador.
Por su lado, las radios afectadas han buscado y contado con el apoyo tanto de diversas organizaciones sociales como de la misma Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
En ese marco, la anterior Asamblea Legislativa --dominada por ARENA-- aprobó la Ley de Telecomunicaciones con lo cual, prácticamente, se estaba restringiendo el derecho a la libertad de expresión de aquellos sectores favorecidos con la labor de estas emisoras. Con dicha ley se determinó que la concesión de los espacios disponibles serían otorgados al "mejor postor", fortaleciendo así el monopolio que por muchos años ha existido en el medio.
En estos momentos, una comisión ad hoc del Órgano Legislativo está discutiendo sobre la posibilidad de reformar esa legislación a fin de incluir dentro de ella la figura de las radios comunitarias.
En medio de ese debate, algunos legisladores pretenden ofrecer una concepción errada sobre estas radios, definiéndolas solamente por su alcance local; sin embargo, la dimensión de las mismas va más allá, pues ellas tratan de promover la participación ciudadana, difundir el conocimiento de los derechos humanos fundamentales entre la población en general y colaborar en la solución de los problemas más urgentes de sus "radio-hablantes".
En otras palabras, el objetivo principal de estas emisoras comunitarias es el de garantizar que la palabra fluya y se convierta en un arma poderosa para la transformación real de una sociedad como la nuestra, muy alejada todavía de la seguridad y la justicia.
No se puede decir lo mismo de la gran cantidad de radios concentradas en pocas manos, cuyos fines son exclusivamente comerciales. Los propietarios de las mismas y sus voceros en la Asamblea sostienen que desarrollan labor social en favor de las comunidades más pobres, porque les envían "pipas con agua". Eso no es más que una muestra cruda de su corta visión.
Si se continúa pretendiendo que esta problemática se resuelva mediante subastas en las cuales siempre ganarán los sectores más poderosos en nada se estará colaborando al desarrollo pleno de la libertad de expresión en nuestro país. Debido a eso, la agrupación de las radios comunitarias presentó recientemente una propuesta de reforma a la Ley de Telecomunicaciones.
En ella se solicita, entre otras cosas, que el Estado reserve para estos valiosos esfuerzos un porcentaje del espectro radiofónico. Además, se propone que el acceso a las frecuencias esté determinado por una programación que incluya elementos básicos como: difusión de la cultura nacional, promoción de los derechos humanos y participación ciudadana.
Sin lugar a dudas, es importante que se tomen en cuenta iniciativas de este tipo. Si se cuida la calidad de los contenidos en las programaciones radiales más que su cantidad, realmente se estará contribuyendo al desarrollo social y cultural del país. De lo contrario, la población seguirá consumiendo malos programas que no la ayudarán a conocer ni mucho menos a transformar su realidad.
El problema no es técnico, como pretenden hacer creer desde el presidente Calderón Sol y los diputados del empresariado hasta los dueños de las radios comerciales y sus incondicionales a sueldo. Ni es simplemente de megahertzios más o megahertzios menos. El problema es político, fundamental y esencialmente político. En su concepción, en su intencionalidad y en las consecuencias.
El problema no es la competencia comercial. Las radios comunitarias no representan una amenaza por cuanto no tienen -al menos por ahora- ninguna capacidad para ofertar una alternativa publicitaria a los anunciantes potenciales. No es esa su finalidad, por otra parte. Hipócritamente, el señor Tony Saca, presidente de la ASDER, ha dicho "nos encanta la competencia" pero, por supuesto que, si estuviera en su mano, desaparecería a todas las emisoras que no son de su propiedad, de la misma forma en que, hoy por hoy, intenta hacer desaparecer de un plumazo legislativo a las estaciones agrupadas en ARPAS. El problema es ideológico. En ASDER se aglutinan empresarios cuya lógica básica y sentido de la vida están dados por la obtención y el mantenimiento de ganancias. Entre más corto sea el plazo entre inversión y obtención de beneficios, mejor. Por eso ASDER se mantiene cohesionada, a pesar de las diferencias de intereses entre sus integrantes, porque todos son miembros de un mismo gremio, de una misma clase social. Del gremio y de la clase que han lucrado con el hambre, el déficit habitacional, el analfabetismo, la enfermedad de todo un pueblo. Eso es precisamente lo que abre el insalvable abismo entre ARPAS y ASDER, el abismo que ha mantenido divorciada a la sociedad salvadoreña entre unos cuantos poderosos que concentran en sus manos la riqueza y muchos que carecen de lo más elemental. El sentido de servicio de unos, frente al sentido de lucro de otros, muestra que se trata de un asunto ideológico, no técnico, como pretenden los merolicos.
El problema es ético, no de técnica jurídica. Se muestra en él que en El Salvador sigue habiendo sectores y estructuras que se niegan a permitir la vigencia del derecho a la libre emisión del pensamiento y a la información veraz y oportuna, que constituyen derechos humanos fundamentales.
Es impensable un proceso de democratización en el que se tienda a mantener amordazada a la prensa, constreñida en los estrechos marcos de una concepción empresarial, ajena a los sentimientos de la nación. Es impensable la conciliación cuando se niega la posibilidad de apertura a las más diversas opiniones y a los intereses de los más amplios sectores de nuestra población.
Sin populismos innecesarios, las radios comunitarias, como todas
las expresiones surgidas desde la base son legítimas y
deben tener su propio espacio, en igualdad de condiciones de participación
en el gran debate nacional en el que discurren uno tras otro los
temas que nos interesan a todos. La libertad de prensa es un prerrequisito
del modelo de país que urge construir. El discurso oficial
que fue y pretende seguir siendo la norma, debe aceptar la posibilidad
de discusión.
Transcribimos a continuación el memorándum enviado
por Carlos Barrundia a Ronal Umaña, fechado el 1 de octubre
de 1997, pues el mismo añade más elementos a la
discusión sobre las relaciones entre los medios de comunicación
y las instituciones políticas.
PARA : Lic. Ronal Umaña
DE : Lic. Carlos Barrundia
ASUNTO : Proyecto Radial PDC
FECHA : 01/Oct./1997
Me permito informarle que en reunión sostenida recientemente,
por parte de la Comisión en el Sr. Antonio Elías
Saca, se acordaron los puntos definitivos relativos al proceso
de difusión del programa de radio, "AQUÍ EL
PUEBLO" del Partido Demócrata Cristiano :
1) El programa tendrá duración de 5 minutos, transmitido
semanalmente los días sábados de 5 :55 a.m.
a 6 :00 p.m.
2) Este horario será uniforme en las 24 radios que conforman
las Corporaciones de ASDER que colaboraron con el proyecto de
la Democracia Cristiana. La intención de difundir el programa
a la misma hora es formar una cadena nacional en el medio radial.
3. Las radios que participarán en este proyecto son las
siguientes:
Grupo Núcleo Estereo: Radio ABC, Radio 98, Radio SAMIX (Tony Saca), Radio Astral, Radio Chevere, Radio Guapachosa, Radio Fama, Radio Coco, Radio Caliente, Radio Soda Estereo.
Corporación en FM Estereo (Dr. Saca): Radio YXY, Stereo Club, La Mágica, Stereo Scan, Radio Pulsar.
Grupo Aparicio (Joaquín Aparicio): Estereo Tropical, Chaparrastique, Novedades, Radio Pantera, Radio Recuerdos, Radio Sentimientos.
Grupo Boris Esersky: Radio Qué Buena, Radio VOX.
El programa de Radio está tentativamente calendarizado
para el 4 de octubre, siempre y cuando la Comisión solucione
la situación de contratación de locutores internos;
además de acondicionar la sala de producción del
Partido. En caso contrario se realizará la producción
con Omnicorp de acuerdo al presupuesto firmado por su persona.
Atentamente,
Lic. Carlos López Barrundia
c.c. Rafael Rivera, Jaime Aparicio, José Carlos Parada.
