Editorial Los mártires cuestionan al poder

Sociedad Los amigos de la UCA

Economía El proyecto de recaudación tributaria de la Alcaldía de San Salvador

Regional Notable actividad diplomática y comercial en Centro América

Derecho La preservación de la seguridad pública

Derechos Humanos Más sobre el "caso jesuitas" (I)

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Los mártires cuestionan al poder

El pueblo salvadoreño no se siente avergonzado de sus mártires, sino que experimenta un orgullo sano y legítimo. El Salvador es conocido entre las naciones como una tierra de mártires, algunos de los cuales tienen una proyección universal como Monseñor Romero o los jesuitas de la UCA. Los mártires salvadoreños sintetizan en su vida y su muerte la realidad salvadoreña de una manera brutal. Por eso mismo, el pueblo se los ha apropiado de tal manera que ya forman parte de su identidad y también de su proyección en el mundo. Los únicos que debieran sentirse avergonzados, y con toda razón, son sus asesinos y aquellos que encubren sus crímenes, incluidos quienes promovieron y aprobaron la amnistía, que los puso fuera del alcance de la justicia.

La persistencia del recuerdo nace de una profunda indignación ética ante la injusticia cometida. Es un reclamo que exige verdad y justicia y también compromiso para seguir luchando para que no se repitan tales violaciones al derecho a la vida. El crimen no está olvidado y el perdón no puede concretizarse mientras no se haga justicia. El ex presidente Cristiani todavía no ha respondido a muchas preguntas importantes sobre el asesinato de Ignacio Ellacuría y sus compañeros, a quien se atrevió a llamar amigo. No hay amistad ahí donde hubo abandono y mentira. En cualquier caso, la amistad que pudo haber habido se volvió traición el 16 de noviembre de 1989.

El tiempo no puede borrar el recuerdo cuando éste se fundamenta en la amistad verdadera, la inspiración cristiana y el compromiso social. La entrega generosa es mucho más fuerte que la muerte y el tiempo. Por eso, los asesinos y sus encubridores tampoco podrán ser olvidados. Su crimen está intrínsecamente vinculado a la realidad de los mártires para siempre. No se trata de odio, sino de justicia. No se trata de permanecer arraigados en el pasado, sino de la transcendencia de la vida. No se trata de ceguera ante los cambios de la transición salvadoreña, sino de amor a la verdad, la única que nos podrá liberar.

El presidente del gobierno español visitó la tumba de los mártires en la UCA y después les rindió homenaje en la conferencia de prensa que tuvo junto con el presidente Calderón Sol, todo lo cual no deja de ser importante y es de agradecer. Pero luego sugirió "pasar la página" y pidió "generosidad, comprensión y fraternidad" para la consolidación democrática y la reconciliación profunda entre los salvadoreños, palabras que han causado gran revuelo en España. La generosidad, la comprensión y la fraternidad son virtudes cristianas que deben ser cultivadas siempre, pero nunca a costa de la verdad y la justicia. Estas virtudes no pueden servir para justificar el encubrimiento, la impunidad y amnistías precipitadas. Como hemos dicho muchas veces, para una reconciliación verdadera es indispensable que los asesinos y sus encubridores confiesen sus crímenes y, arrepentidos, pidan perdón con la seguridad que les será otorgado.

Quienes defienden la tesis del olvido debieran pedir lo mismo al gobierno francés, que en estos momentos juzga a un anciano, enfermo de cáncer terminal, por crímenes horrendos cometidos contra los judíos hace más de cincuenta años; al gobierno italiano que ha sometido a juicio a otro anciano por crímenes similares en las Fosas Ardeatinas, y al tribunal internacional que juzga en Holanda a los genocidas de los Balcanes.

Nadie debiera extrañarse, entonces, de que los ciudadanos españoles, cuyos familiares fueron desaparecidos o asesinados por los militares argentinos y chilenos, exijan justicia en España, ni que en el caso de los jesuitas de la UCA se esté pensando en explorar esta posibilidad, dado que ni en Argentina, ni en Chile, ni en El Salvador se ha hecho justicia. Estos reclamos traen graves inconvenientes para las relaciones diplomáticas y comerciales con estos países, pero la verdad y la justicia sobre el destino de personas debiera estar por encima de estos intereses. España sufre también de la barbarie del terrorismo, y debiera comprender que sus consecuencias no se resuelven simplemente con el olvido, sino con un esfuerzo serio de reconciliación basado en la verdad, la justicia y, entonces sí, el perdón. No se puede establecer relaciones con los pueblos latinoamericanos olvidando el pasado reciente de violación de los derechos humanos de las dictaduras militares y el encubrimiento que le proporcionan los nuevos gobiernos de corte democrático. Necesaria y bienvenida es la ayuda material a nuestro país, pero igualmente y más necesaria es la ayuda a establecer la verdad y la justicia.

La democracia fundamentada en la impunidad es frágil. Quizás por eso el Presidente Calderón Sol sienta vergüenza ante los mártires. La realidad martirial de El Salvador es una piedra de escándalo para los poderosos de este mundo. No sólo no la pueden evitar, sino que además los obliga a definirse, a tomar partido, a veces muy en contra de su voluntad. Los mártires cuestionan a todos, incluso a los presidentes de gobierno, forzando a tomar partido por la justicia o por la impunidad. Así, los mártires iluminan la realidad y sacan a luz lo que está oculto.

El gobierno salvadoreño no podrá liberarse de la sombra de los mártires hasta que no encuentre la verdad y haga justicia. Esta sombra lo perseguirá donde quiera que vaya y amenaza con oscurecer sus relaciones internacionales. No puede ser de otra manera, porque la vida humana no se mide por convenios comerciales. La verdad sobre los mártires es la verdad sobre El Salvador. Quienes los despreciaron como basura y los asesinaron invocando principios falsos, ahora los tienen que tolerar como luz. De hecho, ellos son lo que más reluce de El Salvador en el concierto de las naciones. No podemos, pues, olvidarlos.

Los amigos de la UCA

En sus más de tres décadas de compromiso universitario con el cambio social, la UCA ha propiciado los resquemores más variados en los círculos de poder económico y político en El Salvador. No han faltado las enemistades más brutales, como la que le profesaron, por ejemplo, el Frente de Agricultores para la Región Oriental (FARO) o la "tandona". El asesinato del P. Ellacuría y sus compañeros no fue sino el resultado de ese odio a muerte que se incubó en la mente y los corazones de quienes consideraban comunista y subversivo a todo aquel que defendiera la justicia y promoviera el respeto a los derechos humanos en El Salvador. Tampoco han faltado los adversarios de la UCA que han procedido de forma más sutil, como el ex presidente Alfredo Cristiani, que incluso cuando toleró –y quien sabe si hasta aprobó— el asesinato de los jesuitas no dejó de fingir una actitud de amistad hacia la universidad.

Pero no todos los que han tenido algo que ver con la UCA lo han hecho con el propósito de hacerle daño. Muy por el contrario, por todas partes proliferan sus amigos, algunos que la han acompañado durante décadas y otros que lo han comenzado a hacer desde hace poco. Como verdaderos amigos, han estado con ella en los momentos de gozo y en los momentos de tristeza, especialmente en aquella madrugada del 16 de noviembre de 1989. Los que pueden, visitan la UCA cada 16 de noviembre para honrar la memoria de los jesuitas asesinados; los que no, acompañan, desde sus lugares de trabajo o desde su casa en lejanos países, a los que se reúnen en la universidad. Presentes físicamente en las celebraciones o presentes espiritualmente, los amigos de la UCA se preocupan por ella; la reconocen como una universidad distinta; saben de su compromiso universitario con las mayorías populares y la apoyan.

Mencionar a todos los amigos de la UCA dentro y fuera del país sería algo interminable. Corriendo el riesgo de ser injustos con todos los que merecen ser nombrados, es bueno mencionar, entre otros muchos, a dos amigos, cuya cercanía a la universidad se ha puesto de manifiesto en diversas circunstancias. Ante todo, tenemos al congresista estadounidense Joseph Moakley, quien presidió una comisión del Congreso de Estados Unidos para investigar el caso del asesinato de los jesuitas. Esa investigación no sólo reveló los puntos más oscuros de la política de Estados Unidos hacia El Salvador, sino que vinculó entrañablemente a Moakley a la UCA y al pueblo salvadoreño. La causa por la que lucha ahora es la de los inmigrantes salvadoreños ilegales en territorio norteamericano, dando muestras de un gran empeño por defender sus derechos. Al respecto, no sólo ha manifestado que los inmigrantes salvadoreños tienen un lugar importante en su corazón, sino que ha sido tajante en sostener que "cualquier esfuerzo por deportar masivamente a salvadoreños pondrá un peso tremendo a su economía en vías de desarrollo. ¿Dónde trabajaría esa gente? ¿Cómo compensarían por las remesas perdidas que tantos salvadoreños envían desde Estados Unidos? Esa tensión sólo resultaría en una desestabilización política y económica. Se los digo ahora, eso no va a suceder. No lo permitiré".

Joseph Moakley es, como otros muchos estadounidenses, un abanderado de la justicia y la solidaridad; su cercanía a la UCA y a El Salvador no está motivada por intereses políticos de ninguna especie, sino por pura amistad hacia una institución que dio muestra palpable de su compromiso con la democracia y hacia un pueblo que, pese a la exclusión y a la marginación, no ha cejado en su esfuerzo por vivir más dignamente. Como ha dicho Moakley, "lo que más recuerdo son los niños. Nunca olvidaré los preciosos rostros de esos salvadoreños pequeñitos que me miraban atentamente y alargaban sus manos hacia mí. La compasión y perseverancia del pueblo salvadoreño ha dejado una marca indeleble en mí". Para las celebraciones de este 16 de noviembre, el congresista estadounidense se hizo presente en la UCA, acompañando a la comunidad universitaria en el homenaje rendido a su rector asesinado y a sus compañeros.

En segundo lugar, en El Salvador tampoco le faltan amigos a la UCA; entre los muchos que tiene, merece especial mención la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Victoria Marina de Avilés. Ciertamente, si existe en El Salvador una institución que ha dado muestras de estar comprometida con el fortalecimiento de la democracia, esa es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). De la mano de la Dra. Victoria Marina de Avilés, la PDDH ha trabajado incansablemente para que el respeto a los derechos humanos sea una realidad en el país. Este compromiso ha sido reconocido nacional e internacionalmente por diversas personas e instituciones preocupadas por el proceso salvadoreño. Asimismo, la estatura humanitaria y moral de la Dra. de Avilés ha sido probada en incontables situaciones, haciéndola merecedora de la confianza de la sociedad civil en el desempeño de sus funciones. Entre los que detentan puestos de poder y autoridad, pocos son los que merecen credibilidad; pocos son los que sinceramente están comprometidos con la democracia. Menos son los verdaderamente honorables y honestos. Victoria Marina de Avilés está entre esos pocos, demostrando que la autoridad y el poder pueden usarse para servir a los que más lo necesitan y no para obtener beneficios individuales o grupales.

Su compromiso en la lucha por el respeto a los derechos humanos ya le ha generado incontables confrontaciones con quienes privilegian el uso de la fuerza para resolver los problemas sociales. Recientemente, ha sido presionada por quienes se mueven en la sombra de la impunidad, para que renuncie a su cargo. Incluso ha sido amenazada de muerte. No entienden los enemigos de la democracia que esas amenazas lo único que hacen es aumentar el prestigio de la Procuradora y afianzar la convicción de que está haciendo un buen trabajo al frente de la institución que le ha sido confiada.

Amigos como Joseph Moakley y Victoria Marina de Avilés son los que alientan el trabajo de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas". Cada uno de ellos ha respaldado el trabajo de la UCA, mostrando que el compromiso solidario con la democratización del país es posible siempre que haya buena voluntad. En sus más de tres décadas de quehacer universitario, la UCA ha hecho cuanto ha estado a su alcance para que El Salvador sea un país donde la justicia y la solidaridad sean una realidad; en sus aulas se ha fomentado la tolerancia y el respeto a las ideas ajenas. Pese a ello –o quizás debido a ello— tuvo que padecer atentados dinamiteros en sus instalaciones y el asesinato de sus miembros de dirección. Esta trayectoria merece ser reconocida; hombres como Aznar y Moakley, en el extranjero, y mujeres como Victoria Marina de Avilés, al interior del país, lo saben y lo reconocen. La UCA continuará generando resquemores en aquellos individuos y grupos que piensan que la razón debe someterse al poder; pero también seguirá haciéndose de más y mejores amigos. Puestos en balanza, estos últimos –por su calidad humana y su méritos intelectuales— siempre pesarán más que aquéllos.

El proyecto de recaudación tributaria de la Alcaldía de San Salvador

Tanto a nivel de gobierno central, como de gobiernos municipales, la recaudación tributaria ha sido siempre un problema por su insuficiencia para atender las necesidades imperantes. Sin duda, entre los gobiernos municipales, los que enfrentan mayores necesidades son los comprendidos dentro del área del gran San Salvador, tanto por la población como por la infraestructura que concentran.

Frente a esta realidad, ha surgido la propuesta de la municipalidad de San Salvador de cambiar las tasas impositivas que se aplican a las empresas financieras, comerciales e industriales afincadas en el municipio. El gobierno central y el sector empresarial se han mostrado claramente en contra de la propuesta de la Alcaldía, aun antes de que ésta fuera presentada públicamente.

En lo fundamental, es obvio que la propuesta implica una contradicción con el espíritu de la reforma tributaria implementada hasta ahora por los gobiernos del partido ARENA, pero, al mismo tiempo, representa la solución para graves problemas urbanos como saneamiento ambiental, transporte, desarrollo urbano y servicios ciudadanos, los cuales no han sido --y difícilmente serán-- resueltos por el gobierno central.

En los siguientes párrafos se presentan los principales rasgos de la propuesta tributaria del Concejo Municipal de San Salvador y los argumentos más comúnmente esgrimidos por sus detractores, para tratar de descubrir las posibles posturas de fondo detrás de la propuesta y de las contrapropuestas.

Según la propuesta impositiva en cuestión, se pretenden elevar significativamente los impuestos a las empresas establecidas en la jurisdicción del municipio de San Salvador. Las empresas enfrentarían tasas y montos diferenciados de impuesto de la siguiente manera: con activos de entre 0 y 25 mil colones una carga de 100 colones, con activos de entre 25 mil y 50 mil colones una carga de 200 colones, con activos de entre 50 mil y 200 mil colones una carga de 400 colones. Para empresas con activos superiores a los 200 mil colones se aplica una tasa de 0.3% para las empresas industriales y de 0.5% para las empresas financieras, comerciales, de servicios y otras.

De aplicarse estas tasas se experimentaría un significativo incremento en las recaudaciones tributarias que, de acuerdo a personeros de la Alcaldía, sólo afectaría a un 5% de los contribuyentes y favorecería a un 84%. Esta se considera una propuesta impositiva progresiva, contrastante con la actual estructura impositiva municipal que, según la Alcaldía, grava más a los que menos tienen.

Por ejemplo, en la actualidad la Alcaldía afirma tener registradas cerca de 213 empresas financieras, con un activo conjunto de 41,623 millones de colones, que, bajo la actual estructura tributaria, pagan un total menor a los 15 millones de colones en concepto de impuestos municipales. En cambio, el comercio, con un total de 18,500 millones de colones en concepto de activos, paga cerca de 34 millones de colones en impuestos municipales. Lo anterior implica que el sector financiero --con mucha mayor rentabilidad que el comercio-- pagaría, en promedio, una tasa anual de 0.04% para sus impuestos municipales, mientras que el sector comercio 0.18%.

Las reacciones frente a esta propuesta han sido, invariablemente, de rechazo, para lo cual se han esgrimido diferentes argumentos. Según representantes de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, el impuesto no será pagado sólo por las empresas grandes, sino por la ciudadanía en general, pues los costos serán trasladados al consumidor. Agregaron que, de producirse un efecto inflacionario, los salarios también se deteriorarían. Incluso agregaron que la recuperación de los niveles de crecimiento económico se vería en peligro por las alzas tributarias.

En la misma línea, la Unión de Empresarios Salvadoreños expresó que la propuesta de reforma tributaria municipal no ha sido presentada a la empresa privada, que es la principal afectada. Según la mismo fuente, la inminente competencia con empresas extranjeras, como resultado de la globalización, resultará más difícil, pues las alzas tributarias propuestas por la Alcaldía elevarían los costos y harían perder competitividad a las empresas nacionales.

Por su lado, la Asociación Nacional de la Empresa Privada también habría expresado su oposición al proyecto tributario de la Alcaldía, por considerarlo, entre otras cosas, excesivo, inequitativo, inflacionario y anticompetitivo. Otras opiniones de los detractores del proyecto tributario de la Alcaldía señalan otros efectos negativos diferentes, tales como: inestabilidad de la tasa cambiaria, caída de la inversión y el empleo, y generación de condiciones de incertidumbre económica.

Por el momento, la oposición de la empresa privada a la reforma tributaria municipal ha provocado una postergación de su implementación, hasta que se conozcan los resultados de las negociaciones que se desarrollan entre representantes empresariales y concejales municipales, integrados para este fin en una comisión ad hoc.

Resulta claro que las posturas en torno a la estructura tributaria municipal reflejan diferentes intereses políticos y económicos. El concejo municipal desea incrementar los ingresos municipales para implementar proyectos que no han sido llevados a cabo ni por los gobiernos centrales ni municipales anteriores. Sin embargo, este incremento tributario afecta al sector empresarial, el cual tradicionalmente ha tenido gran influencia en la toma de decisiones del ámbito político y económico y que, además, durante la presente década, ha recibido un trato preferencial en materia tributaria de parte del gobierno central.

Prueba de ello es que ha logrado detener el proyecto para proceder a su discusión y, además, no debe olvidarse que, desde el primer gobierno de ARENA, se ha desarrollado una reforma tributaria que ha eliminado o reducido los impuestos a la empresa privada. Algunas de las medidas más notorias fueron la eliminación del impuesto al patrimonio y a las exportaciones y la disminución del impuesto a las ganancias. Estos impuestos, obviamente, están especialmente diseñados para afectar a las empresas, a diferencia del Impuesto al Valor Agregado (IVA) --que vino a suplir con creces los impuestos eliminados--, el cual, teóricamente, grava por igual a todos los ciudadanos, pero en la práctica exime a los empresarios.

Existen dos razones fundamentales detrás de la oposición empresarial al proyecto de la Alcaldía de San Salvador. Primero, la costumbre de aportar cada vez menos porcentaje a los ingresos tributarios y, segundo, la posibilidad de que este proyecto tributario viabilice la propuesta política del FMLN y, con ello, incremente su caudal electoral para las próximas elecciones presidenciales de 1999.

Lo cierto es que cualquier incremento de impuestos produce inmediatamente un efecto inflacionario, debido a las prácticas empresariales de trasladar costos y de especular, en su beneficio, con los precios. Aun así, no cabe duda de que el sector empresarial ha sobrereaccionado y ha presentado argumentos económicos falsos para oponerse a la propuesta (incremento de las tasas de interés y del tipo de cambio, caída de la inversión, pérdida de competitividad, etc.) o, en el mejor de los casos, los ha sobredimensionado. Recuérdese, por ejemplo, que la introducción y posterior elevación de 30% en el IVA no provocó los efectos que ahora se temen tanto.

La posibilidad de generar efectos económicos negativos debe sopesarse al momento de proponer cualquier incremento de impuestos, pero tampoco debe servir de óbice para continuar postergando, mediante argumentos económicos o políticos, proyectos que vuelvan viable a la sociedad salvadoreña.

Notable actividad diplomática y comercial en Centro América

La región centroamericana atraviesa un período muy importante para sus relaciones internacionales; un período lleno de cumbres y reuniones entre los presidentes del área y mandatarios de otras regiones del globo. Siendo tres de las más relevantes: la Vigésima Cumbre de Presidentes de Centroamérica, que se realizó en República Dominicana; la Séptima Cumbre Iberoamericana, que tuvo como anfitrión al Presidente de Venezuela en la isla de Margarita; y, finalmente, la visita del primer ministro español, José María Aznar, a tres países del istmo (Nicaragua, Panamá y El Salvador). Estos sucesos le han significado a la región importantes avances en términos de imagen, aunque parte de este éxito se deba a la labor que los medios informativos nacionales e internacionales han realizado.

En la Vigésima Cumbre de Presidentes de Centro América predominó la "alegría" de la unión. El interés principal de los asistentes fue el de incluir a República Dominicana en el proceso de integración de la región, por lo que este país pasó a ser socio regional del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). A futuro se tendría programada su inclusión en el Sistema de Integración Centroamericano (SICA). Pese a los problemas en la organización del evento, las sonrisas de los presidentes siempre estuvieron en primer plano, y el deseo por hacer un "buen trabajo" como bloque unificado de naciones brilló más que los contenidos de la agenda.

Entre los temas que los mandatarios abordaron figuran el lavado de dinero, el narcotráfico, la política de "cielos abiertos", el intercambio comercial, la cooperación económica, proyectos de salud y de protección del medio ambiente y la promoción del turismo. Este último tema tuvo preponderancia entre los demás.

Es un hecho que el gran victorioso de la cumbre fue República Dominicana. Su incorporación al proceso de integración centroamericana es la culminación de una ofensiva diplomática que había iniciado desde hace dos años. Su carrera tenía como meta entrar de lleno en el mercado de la región y aprovechar su posición geográfica para servir de puente entre Centro América y el resto de países del Caribe.

Sin embargo, los presidentes se reunieron no sólo para discutir temas relacionados con la integración. Aprovecharon el cónclave para unificar criterios y llegar a la Cumbre Iberoamericana como un equipo de trabajo, y acentuar el atractivo de la región para otros gobiernos. Uno de los retos que se propusieron fue el de lograr que el documento final de dicha cumbre reconociera los avances del istmo en términos de pacificación, democracia e integración. Al final, su meta fue alcanzada.

En conclusión, si algo se logró en la reunión de República Dominicana, aparte del acercamiento comercial con esta última, fue ocupar un lugar en la atención internacional, algo así como el maquillaje perfecto para el escenario de la VII Cumbre Iberoamericana. Para los medios informativos, esta reunión, a la que asistieron 22 representantes de países de Iberoamérica, fue prácticamente un éxito. Los únicos que fallaron fueron Fidel Castro, de Cuba; Rafael Caldera, presidente de Venezuela y anfitrión del evento; y otros cinco presidentes que tuvieron que ausentarse antes de que la reunión concluyera.

El tema central de la cumbre fueron "Los valores éticos de la democracia", y se trataron, entre otros, tópicos como el de la migración internacional, el repudio por las medidas unilaterales que amenazan la soberanía de los países, la erradicación de las minas antipersonales, la protección del medio ambiente, la justicia social, la pobreza y el desarrollo.

El punto crítico que se pretendía discutir en la reunión era el de la propuesta por el derecho a la información veraz, que el gobierno de Caldera puso en consideración y que al final no prosperó. Por otra parte, la anunciada disposición de varios jefes de Estado de aprovechar la oportunidad para realizar fuertes señalamientos y reclamos en contra del mandatario cubano Fidel Castro, hizo que las expectativas de los medios informativos se enfocaran más hacia estos detalles de los discursos que a los objetivos originales de la cumbre. No se trata de minusvalorar las críticas de algunos mandatarios –el supuesto incumplimiento de los acuerdos adquiridos por Fidel Castro en la cumbre anterior debe ser estudiado con rigor y condenado si es necesario–, pero algunos de los argumentos que han aparecido como los más furibundos pueden aplicarse también, en su mayoría, a las "democracias" de aquellos que los utilizan. Los señalamientos nunca fueron dirigidos directamente a Castro, ni a su país, ni a su forma de gobierno.

Finalmente, es digno de admiración el hecho de que los presidentes hayan dado respuesta conjunta a las medidas de presión económica que el gobierno de los Estados Unidos ha adoptado en relación con el tráfico de drogas y los inmigrantes que radican en ese país. Aunque en el documento final de la cumbre tampoco se hace ninguna alusión directa al gobierno de Clinton, el hecho de que una postura como esta se adopte de manera casi unánime constituye otro llamado de atención a la tan criticada política internacional de la potencia norteamericana, en especial hacia los países de Latinoamérica.

El último gran suceso diplomático de la temporada fue la gira que realizó el presidente de España, José María Aznar, a tres países de la región centroamericana (Panamá, Nicaragua y El Salvador). Los objetivos de la visita fueron fortalecer los lazos diplomáticos entre los países, e incentivar la inversión de capital español en la región. Aznar se hizo acompañar por una nutrida delegación de empresarios de su país (65 para Panamá y 40 para nuestro país) que centraron su interés en los procesos de privatización de las empresas estatales. Además, los gobiernos de la región recibieron jugosos préstamos (entre 100 y 130 millones de dólares) de parte del mandatario español, en lo que parece ser una readaptación de las políticas hacia la región, ahora que el poder del Partido Popular –de tendencia derechista– ha solidificado sus raíces en el aparato de gobierno, desde su victoria en 1996.

En términos muy generales, podríamos señalar que la actividad diplomática de los gobiernos centroamericanos les está trayendo buenos resultados. Según algunos periódicos locales, los presidentes de Centroamérica se presentaron a las cumbres pasadas como un bloque unido, lleno de positivismo y con gran impulso para lograr reconocimiento entre las potencias mundiales. Pero, ¿qué tanto beneficio implican estos logros en términos de mejores condiciones de vida para la población de cada uno de los países que conforman el istmo? El reconocimiento de que en Latinoamérica nos desenvolvemos dentro de un Estado relativamente nuevo en la práctica de la democracia, y donde los poderes que este Estado tiene encomendados aún se topan con obstáculos enraizados en la estructura misma de la sociedad, no parece formar parte importante de los contenidos de los discursos de los presidentes a la hora de "homenajear" a la democracia y sus valores éticos.

Es más, los gobiernos de la mayoría de países de Iberoamérica someten a sus respectivos países a la dinámica neoliberal, que muy poco tiene que ver con la ética de la que tanto se habló en Margarita. La cumbre centroamericana y la visita de Aznar refuerzan esta noción: las piezas del rompecabezas regional se van juntando por la lógica del mercado, en un nivel macro que no llega a traducirse en beneficios palpables para la población. Tendríamos que esperar que los acuerdos a los que han llegado los mandatarios en esta ardua jornada de trabajo no se queden –como suele suceder-- en protocolos lejanos de las políticas concretas de los gobiernos.

La preservación de la seguridad pública

La seguridad pública es una situación de hecho amparada por el derecho, en virtud de la cual cada habitante de la República se encuentra en la situación de ejercer los derechos que le garantizan la Constitución y las Leyes, y la certeza íntima de que ello será así. Por tanto, la seguridad pública tiene un componente subjetivo que consiste en la convicción o sensación de que se está seguro. En cambio, la jurídica es una certidumbre de tipo legal, que consiste en poder saber, con algún grado de exactitud, cuál es la ley que en un momento determinado, en una situación dada, se puede o debe aplicar.

También hay que distinguir a la seguridad pública de la seguridad nacional, teniendo en cuenta que son complementarias. La seguridad nacional consiste en la salvaguarda de los intereses del Estado frente a los demás sujetos de la comunidad internacional. La seguridad nacional, en el sentido correcto, se refiere a la defensa del Estado y por tanto a la paz externa, que se asegura por medio del derecho internacional. La seguridad pública se refiere a la paz interna, que se asegura por medio de la Constitución, las leyes, los reglamentos y el debido funcionamiento de los órganos del Estado. La seguridad nacional es competencia de la Fuerza Armada, en caso de agresiones foráneas, y del Ministerio de Relaciones Exteriores, o Cancillería, en cuanto al mantenimiento de las buenas relaciones exteriores con otros estados y organismos internacionales. La seguridad pública o interna, en contraste, compete al Presidente de la República, al Ministerio de Seguridad Pública y a la Policía Nacional Civil.

La política general de seguridad pública es diseñada por el Órgano Ejecutivo, con la asistencia de la Secretaría de Seguridad Pública. A este nivel se elaboran los planes con los cuales se tratará de mantener o recuperar la seguridad pública, en el orden operativo, porque en el orden legislativo ello le compete a la Asamblea Legislativa, con la participación del Ministerio de Seguridad Pública y del Ministerio de Justicia. En casos de transgresión del orden legal que perturben la seguridad pública, la actuación le corresponde al Ministerio de Seguridad Pública, a la Policía Nacional Civil, a la Fiscalía General de la República y al Organo Judicial.

El Estado ha sido creado para garantizar la libertad en todas sus formas, para proteger los derechos de los habitantes del territorio de la República, pero no puede ni debe garantizar los derechos de unos violando los de otros, por ello es que tanto el Estado como su instrumento --el policía-- tienen un parámetro para actuar, que se plasma en el principio de legalidad; es decir, actuar conforme a lo que la Constitución, tratados, leyes y reglamentos establecen. Por ello, la Ley Orgánica de la PNC estipula dentro de sus disposiciones los estatutos y el código de conducta del policía, los cuales rigen su actividad y actuación. Las medidas que tome el policía en su accionar deben ser razonables y proporcionales al servicio prestado.

Hablamos de preservar la seguridad pública y ¿qué es preservar? La Real Academia Española nos dice que preservar es proteger, resguardar anticipadamente a una persona, animal o cosa, de algún daño o peligro. Entonces, la preservación de la seguridad pública consistirá en todas aquellas medidas y políticas del Estado dirigidas a garantizar el normal desarrollo de las actividades de sus habitantes, manteniéndolos exentos de daño, peligro o lesión alguna y respetando sus derechos y libertades. De ahí que el Estado salvadoreño establece una política general de seguridad pública para lograr que el orden y la seguridad pública se conserven y desarrollen de acuerdo a las expectativas de los habitantes de la República.

Recordemos que la PNC es el único cuerpo policial con competencia nacional para brindar seguridad pública; de ahí que la política destinada a resguardarla debe ejecutarse en todo el territorio nacional. Dentro de dicha política, el Ministerio de Seguridad Pública establece dos tipos de medidas: unas de carácter preventivo y otras de carácter represivo.

Las medidas de carácter preventivo son todas aquellas actuaciones policiales encaminadas a evitar el cometimiento de hechos delictivos por parte de la población, y su carácter es diverso, ya sea educativo, de ejecución y vigilancia policial, de orden social, etcétera. Dentro de las medidas de carácter preventivo se puede citar los despliegues policiales para dar cobertura en todo el territorio nacional. Producto de ese despliegue son los patrullajes realizados por la PNC, a fin de aminorar el alto índice delincuencial.

Pero ya dijimos que no sólo los planes policiales como tales son medidas de carácter preventivo. En la actualidad se realizan campañas en las escuelas para mostrar, tanto a los alumnos como a sus padres, los peligros del crimen y de las drogas; también se ha participado en ferias culturales y municipales exponiendo la actividad policial.

Otra novedad en la prevención del delito es la creación de las casetas policiales en parques y lugares públicos en donde sea necesaria la permanente presencia de la policía, lo que ha resultado efectivo para frenar la delincuencia en los lugares donde se ha establecido este novedoso sistema. Es fundamental llevar, además, una Estadística Criminal actualizada para que los planes antidelincuenciales sean efectivos. Dicha estadística es llevada en todas las policías del mundo. Existen planes preventivos especiales como los Planes Zafra, Grano de Oro y Guardián, efectivos para la prevención criminal en determinadas labores económicas.

Por otra parte, las medidas represivas son aquellas que se refieren al enfrentamiento directo por parte del Estado en contra de las conductas delictivas en general, e indudablemente involucra una capacitación especial para el personal policial para enfrentar las diversas situaciones que pudiesen surgir y que inestabilizan la seguridad y el orden público.

Dentro de las medidas represivas la más destacada es la captura de delincuentes para su respectiva remisión a los tribunales, y su sanción por dicha conducta antisocial. El combate al crimen no es posible sin la participación de todos los habitantes de la nación, y de todos los entes sociales que buscan la penalidad del delincuente, de ahí que es importante que la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República puedan dar la dimensión adecuada a la labor policial, al riesgo que corre el policía al enfrentar y capturar a los delincuentes, en el momento de efectuar capturas, para que con pleno conocimiento actúen con la eficacia y responsabilidad que la sociedad salvadoreña demanda. Indudablemente, todo acto del policía en dicha captura y remisión debe ser acorde a la ley, apegado a derecho, con las diligencias debida y correctamente realizadas, para lo cual la PNC está asesorada por abogados en sus distintas delegaciones con el fin de evitar errores judiciales, que hagan inútil el esfuerzo policial.

El denominado orden público es un servicio que el Estado debe brindar de manera permanente, efectiva y organizada. Para la preservación del grupo social es indispensable que exista seguridad interna, a fin de que cada quien pueda realizar su labor y mantener su integridad física en el ámbito de peligro y temores en el cual el hombre vive. Pero no es sólo deber del Estado el preservar la seguridad, sino que todos deben colaborar en forma activa para su consolidación. Por eso, la participación ciudadana es indispensable para conservar la seguridad interna, ya que la PNC sola no puede hacerlo.

La dimensión de la preservación de la seguridad pública no estaría completa si el mismo ciudadano no se compenetra con ella, de tal forma que es indispensable que los habitantes de la República colaboren, cooperen y ayuden denunciando todo hecho delictivo, además de educar a sus hijos, para frenar cualquier ola delictiva y generar ese clima de normalidad que repercutirá en beneficio de todos. La estabilidad de la sociedad depende del esfuerzo conjunto de todos sus elementos. Sin lugar a dudas no es el Estado el único responsable de la seguridad pública, aunque sí es el titular de ella. Esto implica que la población de nuestro territorio debe coadyuvar en la búsqueda, permanencia y continuidad del orden público, viéndose en ello involucrado, por ejemplo, el Ministerio de Educación, preparando a la gente para que adecué su comportamiento ante las demandas de la sociedad; el Ministerio de Economía, buscando los mecanismos idóneos para restablecer la economía; los padres, guiando adecuadamente a los hijos; los medios de comunicación, como fomentadores de la imagen de un verdadero y auténtico ciudadano.

De todo lo anterior podemos concluir que la seguridad pública, como un bien jurídico alcanzable, es obligación de todos, porque es para todos y necesita un diario y constante involucramiento de la población y del Estado para ser alcanzada, al menos en niveles mínimos.

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Colaboración de Ernesto Villalobos Ayala, Departamento de Ciencias Jurídicas. Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

Más sobre el "caso jesuitas" (I)

Según consta en el proceso, el coronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno asistió a la reunión de jefes militares en el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada (EMCFA) celebrada la noche del 15 de noviembre; tras ello, regresó a la Escuela Militar, se reunió con sus oficiales para informarles de los resultados de tal reunión y, posteriormente, entre las 23:00 horas de ese mismo día y las 00:00 del 16, reunió a los oficiales Espinoza Guerra, Mendoza Vallecillos y Guevara Cerritos para transmitirles la orden de eliminar al padre Ellacuría sin dejar testigos.

La secuencia de acontecimientos indica que Benavides no estaba actuando por su cuenta. En realidad, a lo largo de las investigaciones judiciales no se comprobó que hubieran oficiales moviéndose fuera de la línea de mando; al contrario, se estableció que se mantenía el contacto constante por medio de reuniones, comunicación por radio y coordinación entre los mandos. También se comprobó en el proceso que para realizar el cateo, era necesario conseguir la autorización de las autoridades militares más altas del país. Todo ello indica que ningún comandante de zona se hubiera atrevido a emprender una operación tan delicada, sin tener una orden superior.

Además, el hecho de que el coronel Benavides ordenó ejecutar el asesinato a dos oficiales que no formaban parte de su mando operacional normal y que --por ello-- dejarían de estar bajo sus órdenes en poco tiempo, constituye un fuerte indicio de que la operación estaba respaldada desde niveles más altos; de otra manera, )qué seguridad tenía Benavides de que no se descubriría su participación?

Más bien, al ubicar el rol del coronel Benavides Moreno y de los comandos del Atlacatl, todo apunta a confirmar la existencia ya conocida de una autoría mediata en la matanza ocurrida en la UCA, durante la madrugada del 16 de noviembre de 1989. Dichos autores mediatos --ubicables en la cúpula de la institución castrense-- los utilizaron para realizar el horrendo hecho; pero, igualmente, hubieran podido sustituirlos con otros actores dentro de su esquema criminal.

Consumada la masacre --según consta en los registros del Comando de Seguridad (ver Proceso, 779)-- exactamente 106 elementos de tropa y 2 oficiales del batallón Atlacatl salieron de la Escuela Militar a las 05:30 horas del 16 de noviembre para reintegrarse a su unidad. Había finalizado su "misión", que inició justamente antes del cateo de la residencia de los jesuitas.

Desde el mismo momento de los hechos, comenzaron las acciones institucionales para desviar las investigaciones y cubrir a los autores, sobre todo a los intelectuales. Los soldados del Atlacatl pintaron las siglas del FMLN dentro del Centro de Reflexión Teológica y el subteniente Guevara Cerritos dejó un rótulo en una de las entradas de la UCA, responsabilizando al FMLN de los hechos.

En los registros del Conjunto Dos del EMCFA, entregados posteriormente por el entonces coronel René Emilio Ponce, se decía que (delincuentes terroristas) habían atacado el edificio de teología y realizado la ejecución colectiva a las 00:30, aproximadamente hora y media antes de cuando realmente se llevó a cabo. Sin embargo, los oficiales del Conjunto Dos que declararon judicialmente negaron tener conocimiento de estos informes y en su diario de operaciones, posteriormente enviado al tribunal que conoció del caso, tampoco se incluyeron.

Al observar lo que se hizo, no cabe duda que el encubrimiento fue rápido y extenso. A pesar de los centenares de soldados en la zona, sólo dos elementos de los antiguos cuerpos de seguridad mencionaron la presencia del Atlacatl en la zona aunque, después, lo hayan negado. El resto de los efectivos policiales destacados en la terraza de la Torre Democracia, quienes según consta en el proceso podían incluso ver dentro de las instalaciones de la Universidad, tampoco vieron nada. Los soldados del Destacamento Militar número 7, destacados en los edificios abandonados desde donde los efectivos del Atlacatl caminaron a la UCA, negaron haber visto movimientos de tropa esa noche.

Oficiales ubicados en la zona, dos de los cuales --según consta en el proceso-- probablemente hubiesen visto pasar los elementos del Atlacatl después de cumplir su misión, también negaron saber que había tropa del Atlacatl en la zona; más aún: dichos oficiales no averiguaron nada sobre la procedencia de las explosiones y disparos que oyeron en la UCA.

Otro aspecto que hay que destacar es el siguiente: todos los oficiales que declararon judicialmente al respecto, con una sola excepción, sostuvieron que se enteraron de la muerte de los jesuitas por los medios masivos de difusión el 16 de noviembre. Sin embargo, dos agentes de policía admitieron haber oído la noticia más temprano por sus radio transmisores. Al analizar el conjunto de estos hechos y otros similares en el marco del operativo montado, una conclusión emerge: la cúpula castrense diseñó todo para protegerse.

Esta es una forma de comisión del delito frecuente en los crímenes realizados por lo que la doctrina penal llama un "aparato organizado de poder". Los responsables de los hechos que se llevan a cabo mediante la utilización de dicho "aparato" son quienes lo dirigen, aunque no hayan participado materialmente en la ejecución de los mismos. El elemento definitorio de dicha autoría es el dominio del hecho; quien lo tiene es el dueño de la situación delictiva, a pesar de no intervenir personalmente en su realización.

En dicho "aparato" existe una estructura objetiva suficiente que justifica el traslado de la condición de autor a quien da las órdenes, sin restarlo del ejecutor material e inmediato de las mismas. A ese "aparato organizado de poder" se refirió Julio César Strassera, fiscal en el juicio contra los miembros de las juntas militares, cuando señaló que dicha expresión "es admitida hoy sin discrepancias en la doctrina penal y que se trata de un tipo de organización con un centro de decisión desde el cual se imparten las directivas. Es en ese centro de decisiones donde está la posibilidad de cometer o no cometer los delitos de que se trataba. El centro de decisión domina el hecho de modo tal que, tomada la decisión de que ocurra determinado delito, éste acontece automáticamente. El encargo se cumple sin necesidad de que el centro de decisión conozca al ejecutor concreto; esto es la fungibilidad de los ejecutores. En el supuesto de que alguno de ellos no cumpliera la decisión tomada, otro se encarga de hacerlo en su lugar, puesto que la estructura posee la capacidad de reemplazo necesaria para que cada parte de la máquina sea sustituida por otra de manera que la orden se cumpla al fin inexorablemente".

En El Salvador existen indicios precisos y concordantes que señalan la existencia de una estructura de ese tipo, la cual actuó en la masacre de la UCA. Y es que si los hechos hubieran sido sólo producto de un acto individual realizado por el coronel Benavides, ¿por qué se elaboraron informes de inteligencia falsos? ¿por qué la burda Ajustificación del cateo en la UCA? ¿por qué nadie se preocupó por investigar qué estaba pasando en la Universidad al momento del escandaloso operativo de la madrugada del 16 de noviembre? ¿cómo es que tantos elementos militares y policiales de distintas unidades "sabían" que no habían visto tropas del Atlacatl en las cercanías de la UCA, durante la noche del 15 al 16 de noviembre? ¿por qué la unidad de Comandos del Atlacatl fue trasladada a la capital por órdenes del EMCFA dos horas antes de realizar el cateo y reasignada tres o cuatro horas después de la masacre?

Una respuesta objetiva a esas interrogantes, apunta hacia la siguiente dirección: resulta evidente que una decisión superior presidió los distintos pasos. Seleccionar al grupo idóneo y enviarlo a catear la residencia de los jesuitas; luego, por su conocimiento del lugar, elegir el día propicio para el múltiple asesinato; ordenarles su realización y después despacharlos.

En su confesión extrajudicial rendida el 13 de enero de 1990, uno de los comandos del Atlacatl que participó en la masacre --Antonio Ramiro Avalos Vargas (a) "Satanás"-- declaró que el teniente Espinoza "les manifestó que saldrían a cumplir una misión delicada ordenada por la superioridad". También el mayor estadounidense Earl Warren Buckland declaró en el juzgado Cuarto de lo Penal, el 28 de septiembre de 1990, que cuando preguntó al coronel Carlos Armando Avilés Buitrago sobre quién sabía de la responsabilidad de Benavides en el caso y por qué no se había actuado con base a esta información, el militar salvadoreño le contestó lo siguiente: "¿qué pasaría si los superiores hubieran ordenado el asesinato de los jesuitas?".

Ahora bien, la existencia de una autoría mediata no exime de pena a los hechores inmediatos. Si bien se cuentan entre los autores mediatos los que dieren la orden ilegal, ello no libera de responsabilidad a los ejecutores materiales que obraron siguiendo órdenes manifiestamente ilegales. Esto debe decirse, porque ni aun en el marco de una operación de combate es admisible que el militar subordinado no comprenda la delictuosidad de asesinar, alevosamente, a personas indefensas de la población civil --en este caso dos mujeres y seis sacerdotes-- mediante el despliegue de una compañía de comandos.

El 10 de junio de 1994 se realizó el artero atentado en el que perdió su vida Ramón Mauricio García Prieto Giralt. Después de una larga, arriesgada e infructuosa lucha por conseguir justicia dentro del país, que duró casi dos años y medio, la familia de la víctima acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde fue admitida la denuncia presentada ante ella. La Comisión la trasladó al gobierno salvadoreño y éste, en su respuesta inicial, pretendió desautorizar el legítimo reclamo que se hacía.

Debido a ello, dicho organismo le solicitó al gobierno:

1. Adoptar medidas cautelares para Asalvaguardar la vida, libertad e integridad personal de los señores Mauricio García Prieto Hirleman, Gloria Giralt de García Prieto y Carmen de García Prieto, así como también de los abogados y testigos vinculados con la investigación y juzgamiento de las personas responsables de la muerte de Ramón Mauricio García Prieto Giralt.

2. Iniciar o continuar una exhaustiva investigación para identificar a los responsables de los actos intimidatorios que han denunciado los señores antes citados, con la finalidad de identificar y sancionar a los responsables de esos actos.

3. Revisar minuciosamente las diligencias extrajudiciales que la Policía Nacional Civil instruyó sobre averiguar la muerte de Ramón Mauricio, con la finalidad de investigar y procurar identificar y sancionar a los responsables de otros actos ilícitos, así como también la posible vinculación o participación de otros responsables que hayan participado en la muerte del señor García Prieto Giralt y que no hayan sido llevados a los tribunales correspondientes.

En lugar del acatamiento de las anteriores medidas, la familia García Prieto se vio expuesta a un incremento en las intimidaciones y otras medidas de presión. Por eso la Comisión Interamericana fijó una audiencia que se realizó en Washington el 7 de octubre último. En ella se reiteró la exigencia de la Comisión en el sentido de que el gobierno concretara las medidas que le fueron solicitadas para el caso.

Ha sido sólo tras estas acciones del órgano interamericano que el Estado salvadoreño ha comenzado a dar algunos pasos. Fue así como, tres años y medio después del asesinato de Ramón Mauricio, hasta el día de ayer --13 de noviembre de 1997-- se realizó una reunión de trabajo entre las máximas autoridades de la Policía Nacional Civil y la familia García Prieto, sus abogados y un representante de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

Como resultado del encuentro, la Policía Nacional Civil quedó comprometida a trabajar junto a los interesados en la elaboración de un plan destinado a garantizar su integridad personal, así como investigar a fondo las amenazas de las que han sido víctimas y el asesinato de Ramón Mauricio García Prieto Giralt para establecer todas las responsabilidades materiales e intelectuales.

San Salvador, 14 de noviembre de 1997.

Presidente veta decretos 135 y 136

 Desde el inicio de mi gestión, y muy especialmente, desde que tomaron posesión de sus cargos las nuevas autoridades legislativas, producto de la voluntad popular expresada en las urnas del 16 de marzo, he buscado el diálogo y la concertación con los otros Organos del Estado, en apego al principio de la separación de poderes, y en armonía con el sentir mayoritario de la población.

En mi calidad de Presidente de la República, vengo esta noche a informar a ustedes que, luego de un extenso y riguroso análisis, devolveré a la Asamblea Legislativa los proyectos de ley contenidos en los Decretos Legislativos 135 y 136, los cuales he vetado por considerar que son inconstitucionales e inconvenientes.

En el ejercicio de la potestad constitucional, he expresado al Organo Legislativo el interés del Ejecutivo de continuar reactivando el sector agropecuario, para lo cual he instruido al Comité Económico.

En esta ocasión, deseo dar a conocer al pueblo salvadoreño, de manera breve, las principales razones en que he fundamentado el veto:

A la Asamblea Legislativa compete la función de legislar y ejercer las demás facultades que señala la Constitución, sin que pueda autoasignarse competencias que no estén expresamente previstas en el texto constitucional; tampoco puede, válidamente, arrogarse atribuciones de otros Organos del Estado.

El Art. 131 de la Constitución faculta al legislador a "Decretar, interpretar auténticamente, reformar y derogar las leyes secundarias", pero no para resolver, ni invadir las esferas de actuación del juez, ni de la administración.

A la Asamblea Legislativa compete el establecimiento de causas de extinción de obligaciones, con carácter general; pero no le compete aplicar directamente ninguna disposición legal "por Ministerio de Ley", porque invade la función del juez. Puede decretar normas jurídicas de carácter procesal aplicable por los tribunales; pero no declarar fenecidos procesos o juicios de recuperación, por sí y ante sí.

Las situaciones indicadas son a todas luces inconstitucionales, por invadir la competencia del Organo Judicial, al cual "corresponde exclusivamente" la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en cualquier materia que determine una ley. El legislador, entonces, tiene competencia para hacer leyes justas pero no para administrar justicia.

La inconstitucionalidad de la Condonación o Extinción de la Deuda Agraria se centra en la violación del Art. 232 de la Constitución, el cual prohibe dispensar el pago de las deudas a favor del fisco o de los municipios.

Además, el Proyecto de Ley Especial de Extinción de Deudas y Reactivación del Sector Agropecuario, al declarar extinguidas por Ministerio de Ley las deudas y créditos concedidos por el ISTA, Banco de Tierras, Banco de Fomento Agropecuario, FOSAFFI, FEDECREDITO y el Banco Hipotecario, vulnera el derecho a la propiedad establecido en el Art. 2 inciso 1 de la Constitución, al negar la preservación y defensa del mismo y desconocerlo por Ministerio de Ley Secundaria.

En materia económica, se viola el Art. 101 de la Constitución, el cual establece que el orden económico debe responder esencialmente a principios de justicia social. A este respecto, quisiera preguntar a usted, querido compatriota, si ¿Habrá justicia social cuando se afecta a la mayoría de la población salvadoreña, para beneficiar a unos cuantos deudores morosos?

Lejos de continuar reactivando el sector agropecuario, que es el objetivo buscado, lo que se lograría con los mencionados Decretos sería destruir al sector, ya que muy difícilmente, volverían a ser sujetos de crédito, ante la amenaza de que, por Ministerio de Ley, se declaren extinguidas las deudas.

Como si lo anterior fuese poco, los mencionados Decretos atentan contra los tres valores fundamentales consagrados como fines del Estado en el Art. 1 de la Constitución de la República: justicia, seguridad jurídica y bien común, pues se priva al Estado y a los particulares de la posibilidad de recuperar créditos que legítimamente les corresponden y que les son necesarios para el cumplimiento de aquellos fines.

En una manifiesta aberración jurídica que reafirma lo dicho sobre la violación al principio de separación de poderes o de funciones, la Asamblea Legislativa infringe también los Artículos 17, 86 y 172 de la Constitución, al avocarse causas pendientes y abrir juicios fenecidos, ya que la Asamblea resuelve todos los juicios de recuperación de créditos pendientes e inclusive sentenciados, mientras no se ha ejecutado la venta de los bienes embargados, sustituyéndose a los jueces al aplicar directamente la ley que ha dictado, dejando a los jueces sin posibilidad de conocer de las excepciones o defensas, valorar la prueba y decidir en cada caso en particular.

La violación es clara, pues la Constitución concede al Organo Judicial la potestad exclusiva de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, diferenciando así esta actividad de la normativa.

Estimados compatriotas:

He ejercido el derecho de Veto por razones de inconveniencia, porque desde ningún punto de vista resulta conveniente para un gobierno y para una sociedad que se esfuerzan en superar las trágicas huellas de una guerra entre hermanos, desconocer valores superiores de armonía y convivencia social sustentados en el respeto y garantía de los derechos humanos fundamentales y en la firmeza de sus instituciones republicanas; una forma de tal desconocimiento lo es, sin lugar a dudas, la interferencia de un Organo en las atribuciones y competencias de otro, y la actuación contra norma constitucional expresa.

En mi calidad de Presidente de la República y máxima autoridad del Organo Ejecutivo, debo rechazar estos proyectos, ejerciendo la atribución que la Constitución me asigna de vetarlos ya que ocasionarían gravísimas consecuencias, en el orden moral, económico, financiero, político y social. Dichos Decretos resultan inconvenientes por las siguientes razones:

Por su falta de equidad; porque estimulan la indisciplina financiera por medio de la cultura del no pago; por su defectuosa y ambigua estructuración; por su grave impacto financiero y efecto inflacionario; porque darían lugar a reducir la inversión en la infraestructura; por la pérdida de credibilidad del sector agropecuario como sujeto de crédito; porque se premia la ineficiencia y se castiga a quienes cumplen con sus compromisos; porque incorporan nuevos deudores no agropecuarios, en fin porque restan recursos a los programas de reactivación agropecuaria.

Salvadoreños:

Por todo lo expuesto, con plena convicción he hecho uso del control que la Constitución le da al Presidente de la República frente a la Asamblea, el derecho de Veto.

Para que el Gobierno mantenga siempre el carácter de republicano, democrático y representativo, y el sistema político continúe siendo pluralista, hagamos referencia al Art. 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que me permito citarles:

"Toda sociedad en donde no estén garantizados los derechos y establecida la separación de poderes, carece de Constitución".

Muy buenas noches, y que Dios nos ilumine a todos para continuar impulsando a nuestro querido El salvador, hacia verdaderos estadios de superación y progreso.

Un paso hacia un futuro mejor.

Secretaría de Comunicaciones, Presidencia de la República

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