Año 18
número 784
noviembre 26
1997
ISSN 0259-9864
Editorial El veto del Presidente Armando Calderón Sol
Economía El complejo problema de la deuda agraria y el veto presidencial
Sociedad Cuota alimenticia, necesidad y obligación
Internacional Mas Canosa y Castro: ¿opciones viables para Cuba?
Internacional Reflexiones en torno al proceso electoral en Colombia
Derechos Humanos Más sobre el "caso jesuitas" (II)
La semana recién pasada el Presidente Armando Calderón Sol hizo público su veto a los decretos 135 y 136, mediante los cuales la Asamblea Legislativa proponía resolver el problema de la condonación de la deuda agraria. En lo esencial, la propuesta legislativa apuntaba no sólo a fijar en un 93% la supresión del pago de la deuda, sino a hacer --hasta donde lo permitiera la información disponible-- un trato diferenciado a los deudores. La solución encontrada había sido fruto de un largo proceso de negociaciones entre las diversas fracciones parlamentarias, entre las cuales se encontraba, obviamente, la de ARENA, la cual pareció dispuesta a aceptar en todo momento la idea de la condonación, aunque no en el porcentaje propuesto por la oposición. Al 93% abanderado por esta última, los diputados de ARENA preferían solamente el 85%. Al final, la oposición logró los votos suficientes para hacer prevalecer su alternativa.
Esa alternativa fue justamente la que se plasmó en los decretos 135 y 136, los cuales fueron vetados por Calderón Sol so pretexto de ser "inconstitucionales e inconvenientes". Inicialmente, la decisión presidencial generó desconcierto, tanto en los círculos políticos involucrados en la solución del problema agrario como entre los agricultores que están siendo presionados para pagar una deuda que los está ahogando financieramente. El Presidente de la República, amparándose en argumentos jurídicos harto discutibles, rompió con el proceso de negociación que se había gestado en la Asamblea Legislativa; proceso en el cual su propio partido había jugado un importante papel. Desde la óptica presidencial, ya no se trataba de buscar una solución para los deudores --discutiendo el monto de lo que se dejaría de pagar o discutiendo quiénes sí tendrían que hacerlo y quiénes no--, sino de zanjar el debate declarando que la condonación o extinción de la deuda agraria es inconstitucional; o, lo que es lo mismo, que todos los que deben tienen que pagar. ¿Cuáles son las razones que llevaron al señor Presidente a tomar esa decisión? ¿Cuál es la apuesta política que se podría estar gestando en las filas de ARENA? Ambas interrogantes sólo pueden responderse con meras hipótesis, las cuales, aun a riesgo de ser equivocadas, pueden ayudar a iluminar la discusión.
No cabe duda de que Calderón Sol dio marcha atrás respecto de la postura asumida por los diputados de su partido. Se ha barajado la idea de que esa decisión presidencial obedeció a un "capricho" de Alfredo Cristiani, quien, para reafirmar su posición al interior del partido, habría presionado para imponer la política de la no condonación. Así, el partido ARENA se estaría plegando a las posturas antojadizas de Cristiani, sin importar los costos que se pudieran seguir de ello. Por más que esta lectura de los hechos pueda parecer exagerada, no se puede descartar el influjo personal --con sus defectos y virtudes-- del Presidente del COENA en las decisiones del partido. Muchos en ARENA lo consideran la tabla de salvación institucional, por lo que seguramente van a estar dispuestos a someterse a lo que él decida, dejando de lado otras consideraciones.
Sin embargo, hacer depender lo que sucede en ARENA de los "caprichos" de Cristiani puede impedir caer en la cuenta de los intereses económicos y políticos que están detrás de los virajes del partido de derecha. No hay que olvidar que éste nació al amparo de los grupos agrarios no sólo más poderosos económicamente, sino también más activos en la defensa de sus intereses. Aunque relegados --al igual que los industriales-- de la conducción del partido que crearon, no dan señales de haber cejado en su empeño por recobrar las riendas del mismo, lo cual supone dar la pelea a los grupos financieros, cuyo líder es Cristiani, que no están dispuestos a ceder un ápice del terreno conquistado. Dar la espalda al sector agrario quizás sea la expresión más drástica de la ruptura de ARENA con los grupos que tradicionalmente lo sostuvieron; ello, a su vez, estaría dando un impulso definitivo no sólo al enquistamiento del grupo de Cristiani en ARENA, sino al afianzamiento del mismo como principal gestor y beneficiario de la dinámica económica del país. De ese modo, el capricho de Cristiani no lo sería tanto, pues detrás del mismo estaría la pretensión de desplazar de una buena vez a un grupo económico y político al que el grupo Cristiani considera un estorbo.
Por otro lado, la decisión de Calderón Sol tiene algunos inevitables costos políticos. Obviamente, le aliena a los grandes productores agrícolas endeudados, aunque quizás esto era lo deseado. Pero también le aliena a pequeños productores y cooperativistas, cuyo apoyo electoral siempre ha estado en disputa entre los partidos. Adicionalmente, ARENA se presenta como un "enemigo" de la reactivación del agro, lo cual, de prender en la conciencia de los campesinos, puede ser un aliciente importante para no votar por ese instituto político. Sería ingenuo creer que los ideólogos de ARENA no hicieron estas consideraciones tan elementales. ¿Cuál fue, entonces, su apuesta? Seguramente, confiar en la publicidad, ya en la recta electoral de 1999, para tratar de revertir este golpe al sector agrícola. Ya antes la publicidad ha obrado verdaderos milagros en favor de ARENA. ¿Por qué no iba a hacerlo una vez más?
Lo que quizás no alcanzan a ver los asesores de ARENA es
que esta vez están ante un problema cuya complejidad difícilmente
puede ser eludida con artificios publicitarios. El abandono del
agro es el abandono del país, ya que sin un desarrollo
agrícola mínimamente sostenible cualquier expectativa
sobre el futuro de El Salvador como un país viable no tiene
fundamento. El despegue del sector agrícola es clave para
el desarrollo nacional, pero el agro no podrá salir del
estancamiento en el que se encuentra si antes no resuelve su crisis
financiera. Aplicar la misma medida a todos los agricultores que
deben, sin hacer las distinciones necesarias entre ellos y sin
considerar lo excepcional de la situación que los llevó
a endeudarse, no es si no añadir un obstáculo más
--una vez más por obra y gracia del Estado-- a la ya de
por sí difícil reactivación del agro.
Durante el mes de noviembre, el tema de la condonación de la deuda agraria y bancaria ha resurgido con fuerza por dos hechos principales: primero, la aprobación, por parte de la Asamblea Legislativa, de dos decretos de condonación de la deuda agraria y, segundo, el subsiguiente veto presidencial, invalidándolos debido a su supuesta inconstitucionalidad. Estos hechos han evidenciado nuevamente el conflicto de intereses que, en torno a este punto, se ha desatado entre el partido de gobierno y sus opositores. No es descabellado pensar que, en buena medida, la oposición de ARENA a la condonación en realidad sólo responda a un boicot a los proyectos políticos del FMLN. De hecho, como se reseña más adelante, ARENA ha cambiado su postura de condonar un 85% de la deuda hasta una de no condonarla.
El tema de la deuda agraria, sin duda alguna, presenta matices políticos, y ello se ha reflejado claramente en la confrontación que ha generado. En parte, ello se ha debido a que se ha reunido en un sólo grupo a diferentes tipos de deudores, lo cual implica dar similar trato a pequeños deudores beneficiarios de la reforma agraria sin capacidad de pago y a grandes deudores terratenientes con capacidad de pago.
Para los detractores de la condonación, ésta no conviene porque crearía un antecedente negativo para el agro salvadoreño y nefastos efectos sobre el ámbito institucional y económico. En cambio, para sus apologistas, ésta se perfila como una importante medida para la reactivación del sector agropecuario. En las siguientes líneas interesa revisar los hechos más recientes en torno a la condonación de la deuda y revisar los argumentos más importantes presentados en torno a este debate para tratar de distinguir los principales puntos que podrían estar entrampando el proceso.
Después de una serie de discusiones en torno a la condonación de la deuda agraria y bancaria, finalmente ésta fue aprobada por el pleno legislativo el pasado 30 de octubre. Mediante los decretos 135 y 136 se condonaron totalmente las deudas menores a los 500,000 colones y en un 93% las deudas que superaban esa cantidad. Este decreto fue apoyado principalmente por los partidos de oposición FMLN, PDC y PCN, no así por el partido ARENA. El principal argumento esgrimido por la oposición para apoyar la condonación total fue la necesidad de adoptar medidas que contribuyan a la recuperación económica del agro. Según este planteamiento, la condonación de la deuda podría convertirse en un aliciente para la producción agropecuaria en la medida que liberaría de algunas obligaciones financieras a este sector.
Frente a los decretos 135 y 136 el Presidente Armando Calderón Sol expresó, dos semanas después de aprobados, que su posición era de vetarlos "por [resultar] inconstitucionales e inconveniente[s]". Según el Presidente, la condonación de la deuda es inconstitucional por "invadir la competencia del Órgano Judicial", pero principalmente porque se violenta "el Art. 232 de la Constitución, el cual prohibe dispensar el pago de las deudas a favor del fisco o de los municipios".
Por otra parte, se agregan múltiples razones por las cuales los decretos resultan inconvenientes: "por su falta de equidad; porque estimulan la indisciplina financiera por medio de la cultura de no pago; por su defectuosa y ambigua estructuración; por su grave efecto financiero y efecto inflacionario; porque darían lugar a reducir la inversión en infraestructura; por la pérdida de credibilidad del sector agropecuario como sujeto de crédito; porque se premia la ineficiencia y se castiga a quienes cumplen con sus compromisos; porque incorporan nuevos deudores no agropecuarios, en fin porque restan recursos a los programas de reactivación agropecuaria."
Los argumentos vertidos por una y otra parte para fundamentar sus posturas son, indistintamente, cuestionables. Los de los apologistas de la condonación porque fijan demasiadas expectativas en ésta y porque no diferencian adecuadamente entre los diferentes casos. Los del Presidente porque adopta una postura ambigua, especiosa e ideologizada frente al tema de la condonación, a la cual, incluso, llega a satanizarla. Sin embargo, ambas posturas tienen puntos rescatables.
Pretender, tal como lo hace la oposición en la Asamblea Legislativa, que con el perdón de las deudas agropecuarias se obtendrá inmediatamente una recuperación del sector agropecuario es, en realidad, una postura ingenua. Los problemas del agro derivan, en gran medida, de su baja productividad y rentabilidad, lo cual a su vez es resultado de factores ajenos al problema de la deuda, tales como el agotamiento de los recursos naturales, los bajos precios, la poca tecnificación y la atomización de propiedad.
Aunque no trata de negarse que la condonación de la deuda puede servir para apuntalar un proceso de reactivación del agro, no puede dejar de mencionarse que ésta es sólo una de varias medidas necesarias. Por otra parte, pretender condonar indistintamente las deudas de los agricultores podría implicar beneficiar a sectores con capacidad de pago y, en muchos casos, grandes terratenientes que han logrado diversificar su capital.
Sin embargo, no condonar supone cobrar préstamos que fueron entregados en condiciones de desfavorables para la producción, como la guerra y la baja productividad de las tierras asignadas. La reforma agraria tuvo una clara intencionalidad contrainsurgente, no de mejoramiento de la productividad agropecuaria; de hecho ese enfoque incluso provocó el fracaso financiero de algunos beneficiarios. Posteriormente, durante la década de los 90, el sector agropecuario en general ha debido sufrir el sesgo anti agropecuario de la política económica de ARENA.
La postura de no condonación adoptada por el Presidente, por otra parte, refleja contradicciones en relación a la postura de su propio partido. Esto porque, anteriormente, ARENA ha aprobado decretos de condonación de un 70% de la deuda agraria, a cambio del pronto pago del restante 30%. Más tarde, el ex presidente Alfredo Cristiani presentó como una propuesta de su partido la condonación de hasta un 85% de la deuda agraria. Tildar de inconstitucional e inconveniente la condonación de la deuda implica aceptar que la propuesta inicial de ARENA también lo era.
Por otra parte, algunas de las razones presentadas por la Presidencia resultan cuestionables. Por ejemplo, la pérdida de credibilidad del sector agropecuario es un elemento que está presente en los criterios de asignación del crédito desde hace mucho tiempo. De otra forma, no habría crisis ni contracción del sector agropecuario. La cultura del no pago o indisciplina fiscal en realidad ya existe en el país y es practicada por los mismos sectores empresariales que retienen indebidamente el Impuesto al Valor Agregado (IVA) o que han sido favorecidos con grandes exenciones de120 impuestos gracias a la reforma tributaria de ARENA. Es de justicia señalar en este punto que, en realidad, el impacto financiero e inflacionario sí es un elemento que podría derivarse de la propuesta de condonación.
La propuesta de Calderón Sol ha colocado un importante valladar para la condonación de la deuda del sector reformado, ya que, al declararla inconstitucional, ha cerrado la puerta para posibles propuestas alternativas, incluyendo la de condonación de un 85% propuesta por ARENA.
Lamentablemente, en la Asamblea Legislativa no se discriminó
entre los deudores y, a final de cuentas, la propuesta de condonar
totalmente ha provocado un entrampamiento aún mayor al
que se enfrentaba antes. Por el momento, lo más razonable
es profundizar adecuadamente en el estudio de casos para condonar
solamente en aquellos casos en que se esté beneficiando
a los sectores campesinos y a pequeños productores. Ello
contribuiría a construir alternativas de condonación
de menor impacto económico y con mayores posibilidades
de vencer el veto presidencial.
Es triste saber que muchos niños y niñas en el país se ven en la necesidad de limitar sus estudios, sus diversiones, sus alimentos o, lo que es peor, a quedarse sin ellos cuando sus padres se separan. El divorcio es una práctica cada día más cotidiana y, aunque, en muchos casos, es la solución a los conflictos intrafamiliares, es también el punto de partida para otro tipo de problemáticas. Nos referimos a que, generalmente, después de una separación es la mujer la que se queda con la custodia de los hijos y, por ende, la que debe enfrentar todos los gastos que éstos implican (además de brindarles cuidados, enseñanza, tiempo...). Esta es una realidad alimentada por los hábitos socio-culturales vigentes en sociedades como la nuestra.
Partiendo de ello, en 1952 se creó la Procuraduría General de Pobres --actualmente Procuraduría General de la República ( PGR)-, la cual incluía dentro de sus obligaciones el establecimiento de un procedimiento para fijar, por vía administrativa, las cuotas alimenticias. En la actualidad, el departamento encargado, dentro de la Procuraduría, de asignar las cuotas es el de Relaciones Familiares. A éste acuden aproximadamente unas 3,500 mujeres por año aproximadamente. La cuota alimenticia es asignada al demandado de acuerdo a su salario y las necesidades de la demandante. Si el demandado no tiene salario fijo, se envía un expediente al departamento de trabajo social para realizar una estudio socio-económico con el fin de determinar el monto de los descuentos.
No obstante, el hecho de que la PGR dé a la cuota una visión administrativa tiene como consecuencia reducir el término a una simple expresión de cobro, a una razón puramente económica. Pero para demandar la cuota, una madre también tiene razones morales: es responsabilidad del padre dar dinero a su(s) hijo(s) y es un derecho de los niños el que su madre cuente con la ayuda mínima para su alimentación. Pero las razones dependerán de que las mujeres vean la cuota como una "ayuda" o como un "derecho"; ser demandante genera un determinado sentimiento partiendo de esta dualidad en la connotación de la cuota: o se ve como un asunto de justicia o se ve como un reclamo desagradable pero necesario.
Esto significa que, pese a lo que se cree, ser demandante no es solamente recibir un monto de dinero o realizar un par de trámites burocráticos. Significa o bien enfrentarse a una serie de conflictos de decisión, de humillaciones, disgustos y dudas, o bien tener la sensación de satisfacción al haber logrado el reconocimiento de un derecho. Debido a estas situaciones, han surgido instituciones como la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Humanos de la mujer (PADHM), Las Mujeres por la Dignidad y la Vida (Las Dignas) y la Asociación de Madres Demandantes (AMD), organismos con funciones específicamente en pro de la mujer y sus hijos.
Los objetivos más conocidos de estas instituciones son aquellos que están encaminados a ayudar y proteger a las mujeres, velar por la protección de las familias, proponer y formular leyes o decretos, entre otras cosas. Pero también tienen otras actividades menos conocidas públicamente. Tomemos como ejemplo la AMD, la cual surgió como impulsora de la reinterpretación de la cuota. En otras palabras, pretende convertir la necesidad de los demandantes en derechos que puedan ser efectivamente ejercidos. Además, se propone ser un referente para que las demandantes de cuota no sean vistas como casos individuales (tal como lo hace la PGR), sino como un sector de la sociedad con preocupaciones comunes ("unas más otras por todas igual").
En definitiva, es evidente que detrás de esa suma de dinero
que representa la ayuda paternal, hay muchos factores en los que
las mujeres son protagonistas. Mujeres de los distintos estratos
sociales expresan una problemática común. Recordemos
que gente como el futbolista Nidhelson de Mello, el Inspector
General de la PNC Victor Valle y el político Walter Araujo,
pese a que no tienen un salario "humilde", han sido
señalados como morosos de la cuota alimenticia. Que se
denuncien este tipo de casos y que haya instituciones que respalden
a las demandantes es muy positivo. Pero el problema de la paternidad
irresponsable se halla lejos de estar resuelto o bajo control.
Es obvio que la capital del país es, en este caso, la más
favorecida. Muchas mujeres en oriente y occidente aún no
saben o no cuentan con la ayuda de institución alguna.
Esperemos que evolucione esta política de apoyo y que los
medios de comunicación intensifiquen la difusión
de las violaciones al derecho de la cuota alimenticia.
Fidel Castro, por contradictorio que pudiera parecer, tiene pocos motivos para fumarse un habano y sonreír satisfecho en honor a la muerte de uno de sus más furibundos y obcecados enemigos en Miami, Jorge Mas Canosa, presidente de la poderosa e influyente Fundación Nacional Cubana Americana (FNCA), a la cual el régimen cubano le ha responsabilizado desde siempre de organizar, financiar y llevar a cabo sabotajes y actos terroristas contra Cuba.
Pues, tal y como declaraba para la revista Newsweek un inversionista norteamericano con negocios en Cuba, "Castro necesita un enemigo… su peor pesadilla sería despertarse para encontrar que el embargo ha desaparecido". Con el deceso de Mas Canosa, Castro ha perdido a uno de sus más queridos --y necesarios-- adversarios; Castro ha perdido al hombre que fue decisivo en el establecimiento de las iniciativas políticas requeridas para darle nueva vida y continuidad al embargo económico en contra de la isla (iniciativas plasmadas en la polémica ley Helms-Burton).
Bajo la dirección de Mas Canosa, la Fundación Nacional Cubana Americana se convirtió en una poderosa organización de cabildeo, capaz de ejercer la suficiente presión como para influir en los lineamientos de las políticas norteamericanas dedicadas a Cuba. Es cosa sabida el papel que jugó la Fundación en la decisión de Clinton de endurecer las sanciones contra la isla, luego del derribo, por parte de cazas cubanos, de dos avionetas de la organización "Hermanos al Rescate". Si se tiene en cuenta que la FNCA ha sido decisiva en la orientación de las simpatías políticas de cerca de dos millones de cubanos-norteamericanos, es fácil comprender el porqué los dos partidos del sistema político de EEUU han estado siempre dispuestos a escuchar con suma e interesada atención las exigencias que de ella han emanado.
Es esta capacidad de la Fundación de presionar al establishment
norteamericano lo que explica porque el trato a Cuba y China,
ambos socialistas y con características similares en lo
que a Derechos Humanos se refiere, corre por senderos tan diferentes.
Mientras el presidente de China, Jiang Zemin, es recibido con
21 cañonazos de saludo en EEUU y se toma las fotos de rigor
para todo alegre turista que visita ese país norteamericano,
Fidel Castro debe soportar las amargas diatribas democráticas
de Madeleine Albright, secretaria de Estado, en cada reunión
o cumbre en la que coinciden. Es erróneo, tal como lo afirma
el columnista Brook Larmer de Newsweek, pensar que la única
razón de este trato tan abismalmente diferente reside en
las "mil doscientas millones de razones del mercado chino"
(respuesta dada por Clinton cuando fue abordado sobre la cuestión)
o en la inconsistencia característica de las políticas
norteamericanas.
La necesidad de la FNCA
De la mano de Mas Canosa, la FNCA ha sido, hasta el momento de la muerte de aquél, todo lo que ha querido y necesitado Fidel Castro para justificar el control militar sobre la población. Fidel necesitaba de una organización que pudiera vincular estrechamente al exilio cubano (los "gusanos") con el gobierno norteamericano (la "amenaza imperialista"), y que en su comportamiento público --a través de sus acciones y discurso-- fuera la contrapartida ideológica de su régimen. Necesitaba, pues, de una institución concreta que le diera realidad al estribillo de la "agresión internacional", que sirviera para justificar las medidas políticas y militares que le han permitido continuar en el poder. La FNCA, sin proponérselo, le ha servido a Fidel la dieta necesaria para mantener la longevidad de su gobierno.
Y es que difícilmente la FNCA puede dejar de ser todo lo que quiere Fidel. Desde sus inicios, la Fundación se ha visto involucrada en oscuros, y no del todo aclarados, complots en contra del régimen cubano. Valga de ejemplo la participación de Mas Canosa en la fallida invasión de Bahía de Cochinos, hecho a partir del cual Castro pudo sustentar la necesidad de la militarización de su sociedad y pasó a anteponer la "defensa heroica de la autodeterminación del pueblo cubano" a cualquier garantía o derecho de los ciudadanos.
Con seguridad Fidel Castro y sus emisarios tendrían dificultades
para justificar la intolerancia política que se da en la
isla frente a un interlocutor como Amnistía Internacional,
pero no frente a uno como la FNCA. Meses antes de la muerte de
Mas Canosa, CBS-internacional concertó un debate entre
éste y Ricardo Alarcón, presidente de la Asamblea
Nacional de Cuba. Como pocas veces ha sido posible apreciar, en
el debate quedó clara la profunda vinculación y
relación entre dos discursos aparentemente tan distantes.
Aunque uno abogando por el paraíso terrenal de la democracia
y el libre mercado, y el otro por la dignidad y la calidad humana
del socialismo cubano, los discursos se hermanaban por rasgos
comunes: el dogmatismo, la acriticidad absoluta, la profunda intolerancia.
Tanto necesitaba Alarcón del discurso encendido e ilusorio
de Mas Canosa para sustentar su posición de defensa del
régimen de Castro, como Mas Canosa necesitaba de los males
del socialismo cubano para permitirse alabar tan absurda y ciegamente
a la democracia electoral y al libre mercado.
Consideraciones
Con lo dicho hasta aquí, es obvio que una modificación sustancial de la postura de la FNCA frente a Cuba implicaría posiblemente un giro tanto en la postura de Washington como en la del gobierno cubano. Al ser ocioso realizar un análisis de lo que podría suceder si se diera el caso de que el nuevo presidente de la FNCA sea un calco exacto de Mas Canosa, pues con ello las relaciones diplomáticas entre las partes no sufrirían cambios importantes; partamos de la suposición de que un personaje moderado y con mayor visión política ocupara la vacante.
¿Qué pasaría si, bajo la dirección del nuevo líder, la FNCA dejara de presionar por el endurecimiento del embargo y la aplicación estricta de la ley Helms-Burton? Posiblemente el gobierno de Bill Clinton tendería a volver a su postura inicial (tratar de moderarla legislativamente y suspender temporalmente su aplicación), para así resolver el aislamiento diplomático en el que cayó cuando llevó a la práctica una ley que fue vista por la comunidad internacional como una agresión a la libertad de terceros para invertir en la isla.
Gracias al precedente de la relación "amistosa" --diplomática y comercial-- que se ha entablado entre EEUU y China, Bill Clinton podría verse tentado a establecer una política con Cuba que, sin apoyar ni reconocer al gobierno de Castro, diera mano libre a la inversión norteamericana y extranjera en la isla. Empero, el factor que mayores cambios implicaría para Cuba sería el eventual levantamiento del embargo. Anulada la posibilidad de una "agresión extranjera" canalizada a través de la FNCA y desaparecido el embargo, Fidel Castro se encontraría en serias dificultades para continuar justificando la modalidad de Estado que desde su discurso ha sido necesaria para enfrentarse a ambas cosas. Tendría, pues, que hacerle frente a la disyuntiva de: o mantener su gobierno tal cual, con lo cual perdería la máscara de "heroico defensor del pueblo" que ha ocultado su verdadero rictus de dictador; o proceder al desmantelamiento de sus aparatos de control y censura, con lo cual se vería obligado a afrontar la disidencia y la oposición interna a su régimen.
Paradójicamente, Canosa podría beneficiar a Cuba
más con el simple hecho de su muerte que con su larga trayectoria
dedicada a llevar a la isla un sistema democrático (proyecto
bajo el cual siempre estuvo presente su intención de sustituir
personalmente a Castro en el poder).
Colombia es un país polifacético. Una de sus caras ofrece el folklore, la diversidad regional, los atractivos turísticos, los artistas exitosos... en pocas palabras, un panorama cultural de mucha riqueza y cada vez mayor amplitud. Por otro lado, caracteriza a Colombia una marcada desigualdad social. La existencia de inmensos monopolios económicos --de los que el narcotráfico forma parte desde hace ya bastante tiempo--; la corrupción y el tráfico de influencias de los que se hace gala en diferentes sectores públicos y privados; la inhabilidad y desinterés de los políticos para buscar salidas viables a la guerra sin cuartel que a diario se sufre en ciudades y municipios de todo el territorio nacional colombiano; y la migración masiva de campesinos que, huyendo de la violencia, se instalan en las zonas urbanas engrosando en ellas los cinturones de miseria; son algunos de los factores que imposibilitan el desarrollo del país al mantener elevados niveles de pobreza y obstaculizar el despliegue de las potencialidades de un territorio tan privilegiado geográficamente como el colombiano.
Pero hay en Colombia un rostro más crudo aún: el rostro de la violencia. Es cierto que los altos índices de violencia, que hacen de este país uno de los dos más violentos de América Latina, pueden ser atribuidos, en gran medida, a la desigualdad social mencionada. Pero la complejidad de ese fenómeno no se reduce a eso. Muchos otros países del continente enfrentan problemas graves de pobreza, incluso más agudos que el de Colombia y, sin embargo, no sucede en ellos el asesinato de dos periodistas en menos de dos semanas --mencionando sólo lo acontecido en lo que va del mes de noviembre.
Es por eso que el análisis de este fenómeno en Colombia requiere de una observación detallada de los múltiples factores que intervienen en la configuración de las redes de violencia que atraviesan todos los sectores sociales y todas las regiones del territorio nacional. No será posible hacer en estas líneas una descripción minuciosa de la totalidad de manifestaciones de violencia que se encuentran presentes en la sociedad de ese país suramericano. Nos limitaremos, por tanto, a hacer un breve recuento de los grupos de poder cuya incidencia es crucial para entender el fenómeno de la violencia en Colombia. Esos grupos son: el narcotráfico, la guerrilla, el Estado y el paramilitarismo.
Es indudable que el tráfico de narcóticos es uno de los factores determinantes en la situación actual de Colombia. Lo que resultaría simplista sería responsabilizar, como hacen muchos, a los narcotraficantes de todos los males que agobian a ese país. El narcotráfico es un imperio. Se calcula que las ganancias anuales de ese billonario negocio ascienden a los 400 mil millones de dólares. Es comprensible entonces que los capos de las drogas estén dispuestos a todo con tal de mantener y afianzar su poderío económico. Las estrafalarias sumas que se obtienen con la comercialización internacional de narcóticos son más que suficientes para comprar jueces, políticos, abogados, guerrilleros y cualquier tipo de persona o empresa que asegure el funcionamiento de la industria de los estupefacientes. Cuando la compra de personas y de bienes es insuficiente para frenar las amenazas contra el negocio ilegal, los carteles no han dudado en hacer uso del terrorismo en todos sus niveles: desde asesinatos selectivos hasta explosiones en zonas públicas han sido utilizados por el narcotráfico para preservar su millonaria industria.
Pero el poder del narcotráfico no se reduce al plano económico. La magnitud del imperio de los narcóticos es tal que su mantenimiento requiere, indefectiblemente, la intervención política. No en vano se dice que la de Colombia es una "narcodemocracia". No cabe duda de que gran parte de los políticos colombianos tienen nexos con los carteles de las drogas; de otra forma no se explica el hecho de que, a pesar de las increíbles sumas que el gobierno destina a la lucha contra el narcotráfico, éste se encuentre tan lejos de disminuir su poderío y, por lo contrario, parezca acrecentarlo cada vez más. La revocación, hace algunos años, de la extradición y los privilegios con los que cuentan los capos que han sido encarcelados son muestras de que el poder del narcotráfico supera en mucho a la autoridad estatal. Pero quizá la prueba más contundente de la intervención de la ilegal industria en la política es el caso del actual Presidente, Ernesto Samper. Lo más sorprendente del caso Samper no es que su campaña haya estado financiada por uno de los carteles traficantes de drogas --con seguridad este político no ha sido el primero ni será el último en recibir dinero del narcotráfico--, lo que parece inverosímil es que continúe en el poder y que al parecer no exista fuerza alguna --ni siquiera la incansable presión norteamericana-- capaz de derrocarlo.
Así pues, el narcotráfico es un factor decisivo en la configuración del espiral de violencia en Colombia; no sólo porque su afán de preservar el poder económico que ha alcanzado no tiene límites, sino también porque la lucha para contrarrestarlo se ha convertido en una guerra cada vez más cara, peligrosa e hipócrita. El narcotráfico encuentra en el sistema político a sus mejores aliados. Muchos funcionarios, senadores y gobernantes están dispuestos a encubrir el tráfico de estupefacientes con tal de abultar sus bolsillos. El imperio de las drogas es conveniente para muchos y su misma existencia supone la participación de muchos, por ello es difícil pensar que, así como están las cosas, existan posibilidades de acabar con él.
Pero si el narcotráfico domina en los planos político y económico, la guerrilla es determinante en el plano militar. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), de línea marxista, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), de línea guevarista, son los focos guerrilleros que continuamente amenazan la estabilidad económica del país suramericano. Provocar la explosión de oleoductos, secuestrar, extorsionar y asesinar personas influyentes con el fin de amedrentar a la población, son algunas de las actividades predilectas de estos grupos subversivos. Grupos cuya existencia data de, al menos, 30 años atrás; que pretenden hacer creer que luchan en contra de la oligarquía y a favor de una sociedad más justa; que califican de revolucionarias a acciones que no se distinguen en nada del terrorismo más burdo y despiadado.
En fin, los guerrilleros colombianos dejaron hace tiempo de luchar por sus ideas; su pretendida revolución se ha convertido más en una forma de vida que en vehículo viable para la transformación de la sociedad. En todos los años que lleva de existencia, la guerrilla no ha transformado nada sustancial, más bien ella ha tenido que irse modificando para acoplarse a una sociedad que le es cada vez más hostil. Prueba de ello son los nexos que ha venido manteniendo con el narcotráfico. Hay pues, también, una "narcoguerrilla". La guerrilla tiene cierto poder, eso no se puede negar. Pero un poder relativo e impuesto violentamente. Un poder que responde a su experiencia militar y no a la aceptación social. En definitiva, un poder que nunca llegará a ser más de lo que es, por muchos oleoductos que dinamite o asesinatos que acumule en su haber.
Finalmente, se encuentra en la lista el fenómeno del paramilitarismo. Los paramilitares operan en los territorios tomados, o acechados, por la guerrilla, argumentando que la intervención de las fuerzas armadas estatales es insuficiente para combatirla. Son organizaciones de ciudadanos que no están dispuestos a abandonar sus poblaciones ni a ceder a las presiones de la guerrilla. Realizan actividades al margen de la ley y son grupos de extrema derecha capaces de acabar con la vida de todo aquel que consideren peligroso para los intereses de quienes defienden. Es por eso que la muerte de sindicalistas, campesinos o periodistas es frecuentemente atribuida a grupos paramilitares.
Dicho lo anterior, queda claro que la violencia en Colombia, lejos de poder ser atribuible a una única causa, es producto de múltiples factores estrechamente relacionados entre sí. Por lo tanto, la situación de la sociedad colombiana no se entiende sin examinar qué tipo de relaciones han establecido unos grupos con otros, a qué intereses obedecen esas relaciones y cómo contribuyen a mantener los niveles de violencia de ese país. Por un lado, el narcotráfico y el gobierno han llegado a implicarse mutuamente de manera alarmante. Al mismo tiempo, la guerrilla se ha beneficiado económicamente de la venta ilegal de drogas. ¿Por qué los carteles apoyan a la guerrilla? seguramente porque, por diversas razones, les es más conveniente un país inestable. Por otra parte, no deja de favorecer al gobierno, en cierta medida, la existencia de la guerrilla. Eso lo exime de la responsabilidad de enfrentar la distribución desigual de la riqueza y la creciente crisis económica. Lo primero es derrotar al enemigo, el país no puede avanzar mientras la guerrilla continúe operando. Por último, el paramilitarismo que, en su supuesto afán por contrarrestar el poder guerrillero, pretende legitimar el asesinato, incluso el de personas que probablemente poco tenían que ver con los movimientos subversivos.
Este es el panorama en el que se enmarcan las elecciones del 26 de octubre recién pasado, destinadas a la elección de gobernadores, alcaldes, concejales y senadores (diputados). Las agencias noticiosas afirman que "nunca en la historia de Colombia unos comicios habían estado tan amenazados". Las FARC y el ELN, en un intento por sabotear el proceso electoral al que denominaron un "fraude de la oligarquía", iniciaron, en julio, una sangrienta campaña que cobró la vida de 38 candidatos y la renuncia de 1.879 de ellos. A medida que fue acercándose el día de las elecciones, el ataque preelectoral de los movimientos subversivos arreció en magnitud. Dos personas muertas, entre ellas un sacerdote, dos observadores extranjeros secuestrados, autobuses y tractores incinerados, el estallido de explosivos y el hostigamiento a poblaciones en varios puntos del país, enmarcaron el panorama previo a las votaciones. Producto de ello, miles de jueces de votación no acudieron a las urnas y se temía un fuerte abstencionismo.
Sin embargo --y a pesar de que los ultra izquierdistas intensificaron sus acciones terroristas con atentados dinamiteros menores en varias ciudades colombianas, dejando un saldo de 8 muertos-- más de 10 millones de colombianos acudieron a las urnas el 26 de octubre. Ese domingo la guerrilla logró impedir la realización de las elecciones en, por lo menos, 13 de los 32 departamentos de Colombia. Pero, aun así, no consiguió amedrentar a la población que decidió depositar no sólo un voto por su candidato de preferencia, sino por lo que, simbólicamente, se dio en llamar "Mandato de la Paz, la Vida y la Libertad".
Por supuesto, el gobierno no dudó en capitalizar la masiva movilización de electores a su favor, afirmando que tal fenómeno fue un "abrumador mensaje a la guerrilla". Además, el ejército aseguró haber mantenido "el control sobre todo el territorio nacional". Los medios aplaudieron la participación masiva de la población colombiana en las elecciones y muchos se sintieron satisfechos y optimistas con respecto al nivel que ha alcanzado la democracia de su país. Empero, si bien es cierto que lo ocurrido el 26 de octubre implica un fuerte golpe a la guerrilla, también lo es que ésta demostró su poderío militar con su ataque preelectoral. A estas alturas ya hay un alcalde recién electo asesinado y los demás temen, con justa razón, ocupar sus cargos en enero. Desestimar el alcance de la guerrilla no es sólo una vana pretensión, sino también un cálculo desatinado.
Por otro lado, a la guerrilla tendría que haberle quedado
claro que su fuerza no es ideológica, sino militar. Nadie
quiere ya violencia, en el momento histórico actual resulta
obsoleto pensar que violentamente pueden alcanzarse la paz y el
bienestar. La subversión colombiana quedó derrotada,
pero los grupos que favorecen la violencia también perdieron.
El optimismo democrático puede quedar a un lado cuando
se piensa que los más de 10 millones de colombianos que
votaron lo hicieron más por razones sociales que políticas;
no es improbable que más que los candidatos, lo que los
empujó a las urnas fue el repudio a todos esos grupos,
que subsistiendo parasitariamente unos respecto de otros, se hallan
muy lejos de preocuparse genuinamente por el bienestar de Colombia
y más bien están dispuestos a pasar por encima de
ella con tal de satisfacer unos intereses absolutamente egocéntricos
y hasta ezquizoides.
4. Verdad, justicia y paz
Tras solicitar el indulto a favor de los dos militares que guardaban prisión por la masacre, el padre José María Tojeira --siendo aún provincial de los jesuitas en Centroamérica-- respondió a una pregunta sobre el tema de la siguiente manera: "La Compañía ha insistido desde el primer momento en el proceso de verdad, justicia y perdón. Con respecto a los condenados se han dado los dos primeros pasos. De hecho sólo en ellos se han dado... Con los otros autores materiales ha habido verdad pero no justicia. Con los autores intelectuales no ha habido ni verdad ni justicia. )No será este el momento de pedir el perdón para los dos que han pasado por el proceso de verdad y justicia, para exigir con más fuerza ante la Comisión ad-hoc, ante la Comisión de la Verdad y ante la opinión pública salvadoreña que los autores intelectuales recorran el mismo proceso?".
Lo anterior era un resumen de la valoración del proceso judicial en relación al caso y el punto de partida de los intentos extrajudiciales para esclarecer toda la verdad sobre el mismo. Transcurrieron más de cinco años desde entonces y las cosas han cambiado en algo: extrajudicialmente ya todo el mundo sabe de la conspiración realizada por un significativo grupo de altos oficiales de la Fuerza Armada de El Salvador que, en su calidad de funcionarios públicos, para realizar y ocultar tan deplorable crimen en la UCA utilizaron su posición y los recursos de la institución armada y del Estado en una acción consciente, planificada, coordinada y posteriormente encubierta, aun a costa de las graves implicaciones nacionales e internacionales que podía generar.
Pero todavía falta mucho pues no se ha hecho justicia y así no es posible, entonces, perdonar; ni siquiera hay muestras de arrepentimiento desde el lado de los responsables. Sectores que hace dos décadas veían a monseñor Romero como un peligro a eliminar cuando éste reclamaba verdad y justicia, ahora observan el esclarecimiento de los graves hechos de violencia y la reparación --tanto moral como material-- de los daños causados a las víctimas en éste y otros crímenes, como una "amenaza a la estabilidad del proceso de pacificación". Eso es peligroso, pues ninguna paz es sólida y real si el conocimiento de la verdad la hace tambalear.
Frente a eso, cabe hacer la siguiente reflexión a manera de conclusión. En El Salvador se han hecho los más variados intentos --sinceros unos, otros no tanto-- para que su población viva segura, en un ambiente de respeto a la integridad física y a la dignidad de todas y todos, mediante el funcionamiento eficaz de las instituciones encargadas de proteger y promover los derechos y las libertades fundamentales. Pero eso no se ha logrado y --fuera de la retórica demagógica o el análisis a veces ingenuo-- no se observan señales firmes de que las cosas se dirijan en otro sentido. Por el contrario, existen muestras concretas de que la situación puede tornarse todavía más grave.
Si ya se probó mediante elecciones y guerra, negociación
y acuerdos cupulares, deficiente cumplimiento de compromisos adquiridos
y una complaciente observación internacional, hay que ver
qué otras acciones se pueden impulsar. Ahí es donde
surge la interrogante: ¿quizás dejando libre a esa
verdad aún prisionera, es posible que ésta se logre
instalar como una práctica común y le abra paso
a la justicia? ¿tal vez así pueda estimularse el involucramiento
consciente de la gente para la construcción de un sólido
Estado de Derecho, democrático y participativo? ¿por
qué no intentarlo? A estas alturas, ¿qué se
puede perder?
Desde hace 4 meses, exactamente el 21 de julio de 1997 la Fiscalía General de la República (FGR) --mediante un escandaloso operativo policial-- procedió a hacer efectiva una orden de detención administrativa que libró, tres días antes, contra doce presuntos responsables de un delito. El motivo: su presunta participación en una estafa que ciertamente perjudicó a un grupo de personas, de quienes se captaban cantidades de dinero a cambio de lo cual la Sociedad CREDICLUB, S.A. de C.V. les entregaba "acciones preferidas". Por haber tenido conocimiento de este caso y consciente de la injusticia que se está cometiendo, es válido y oportuno hacer algunos comentarios al respecto.
Con el operativo antes mencionado, ejecutado por efectivos de la Policía Nacional Civil (PNC), no se logró mayor cosa pero se dio inicio a una historia que debe preocupar a las y los habitantes de El Salvador pues --tarde o temprano, por causa similar o distinta-- cualquier persona puede sufrir un descomunal atropello a sus derechos constitucionales.
Y no se logró mayor cosa pues únicamente fue capturado Mauricio Alberto Guirola Meardi; tras ello, fue decretada su detención provisional el 25 de julio. Desde ese momento y hasta la fecha, esta persona ha sostenido de manera reiterada ser inocente. Para ello, argumenta que su participación en la junta directiva de CREDICLUB --en calidad de presidente-- tuvo lugar desde octubre de 1993 hasta el 27 de mayo de 1994. El IDHUCA ha comprobado que la explicación que brinda Guirola Meardi es veraz; lo mismo podría hacer cualquier persona interesada o funcionario público diligente, en forma fácil y legal, con sólo buscar el Libro 1,035 del Registro de Sociedades y ubicar en él la credencial inscrita bajo el número 37. Con ella se establece, sin lugar a dudas, la desvinculación total de dicha persona de las acciones desarrolladas por las juntas directivas posteriores, a las cuales nunca perteneció.
Es en ese marco que las "acciones preferidas" entregadas a las personas afectadas por la estafa nunca fueron firmadas por Guirola Meardi; más aún, en ningún lugar aparece algún crédito a su favor. Todo ello, refuerza aún más sus alegatos de inocencia presentados primero ante la jueza Tercero de Paz de San Salvador, luego ante el juez Sexto de lo Penal de la misma jurisdicción y, por último, en la Sala de lo Constitucional del máximo tribunal del país. Actualmente, el interesado y su familia están a la espera de la resolución que debe emitir la citada Sala, la cual se encuentra estudiando un recurso de exhibición personal presentado ante ella desde el 15 de agosto del año en curso.
Cabe mencionar que del resto de las personas con participación en este caso, algunas huyeron al extranjero desde hace un buen rato y otras andan --libre y tranquilamente-- haciendo acto de presencia hasta en eventos públicos, codeándose con la "crema y nata" de la sociedad. Mientras tanto, después de cuatro meses de haberse "destapado" este escándalo, únicamente se ha sentado en el "banquillo de los acusados" a quien posee las pruebas para demostrar su inocencia: Mauricio Alberto Guirola Meardi.
Quienes acusan a esta persona, se tomaron la molestia de omitir mencionar en sus escritos algunas juntas directivas de CREDICLUB --obviamente aquéllas a las cuales no perteneció el detenido-- y alargaron el período durante el cual sí fungió como su presidente. ¿No conocían la verdad cuando redactaron la demandas? ¿no la conocen aún? ¿fue por descuido o ignorancia? ¿hay algún grado de malicia tras eso? ¿será que el único propósito es mantener detenido a Guirola Meardi para presionar a los verdaderos responsables y hacer que "paguen el rescate", cancelando lo adeudado a las personas afectadas con la estafa de CREDICLUB?
Las supuestas "pruebas" contra Guirola Meardi presentadas por sus acusadores se caen fácilmente ante los elementos de descargo mencionados antes. Pero además, para bien de esta persona injustamente detenida, se acaba de resolver a favor del presidente de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) --José Jorge Zablah Touché-- como una muestra evidente de cómo debe actuar la justicia cuando, al ocurrir estos delitos, alguien ya no pertenece a la junta directiva de una sociedad. Sin embargo, en publicaciones recientes --en un burdo intento por confundir-- se ha empezado a decir que Mauricio Guirola Meardi pertenece a otras sociedades mercantiles, lo cual es cierto; pero, vale la pena preguntar: ¿ello lo convierte en delincuente?
A todas luces se ve que el caso ahora presentado en este espacio, es un claro ejemplo de lo que lamentablemente está sucediendo en el país después de todo lo que ha sufrido para lograr algunos cambios, sobre todo en lo referente a la impartición pronta y cumplida de justicia. ¿Cómo es posible que en las diversas instancias judiciales se presenten las pruebas necesarias para demostrar la inocencia de Guirola Meardi y que las misma sean ignoradas, omitiéndolas los jueces de sus resoluciones?
Pensando en que la luz de la justicia deberá brillar algún día para toda la población salvadoreña, por encima de las peligrosas sombras que aún impiden el logro de esa legítima aspiración, el IDHUCA considera que --para bien del país-- es necesario resolver este caso con urgencia y conforme a Derecho. Comprometido desde su origen con el respeto de los derechos y libertades fundamentales de toda la población, el Instituto no puede permanecer indiferente ante las violaciones que aún se cometen y las cuales está en capacidad de comprobar pues --tal como se ha señalado en otras oportunidades-- en esta lucha no importa si la víctima se llama Juan, Pedro o Mauricio Guirola Meardi.
La pregunta, entonces, sigue siendo la misma: ¿hasta cuando
continuará esta persona en esta injusta situación?
Los integrantes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema
de Justicia tienen la respuesta y la posibilidad de enmendar el
"error" cometido por la FGR, al decretar una detención
ilegal. En todo caso, aunque ya se deberían empezar a resolver
estos asuntos dentro del país, por suerte existen instituciones
fuera del territorio nacional a las cuales es posible acudir para
alcanzar lo que aquí se niega.
NUEVOS CODIGOS PENALES. Con la vigencia de los nuevos Códigos Penales, más de 9 mil reos --es decir, un 50 por ciento de la Población reclusa--, probablemente quedarán en libertad. Y es que ningún juez podrá tener capturados con plazos de 12 meses por delitos graves ni de 24 meses por delitos no graves, como planteaban los códigos anteriores, asegura el diputado del PCN, Marcos Valladares. A esta cantidad se le suman cerca de 5 mil reclusos más que quedarán libres a través de medidas sustitutivas. Por su parte, funcionarios del sector Justicia, agregaron que hace falta un decreto legislativo que aclare la transición de los códigos penales viejos a los nuevos. Al respecto el presidente de la Unidad Técnica Ejecutora (UTE), Rafael Flores y Flores, afirmó que los nuevos Códigos no tienen efecto retroactivo y que si dicha situación no está en la ley, la Asamblea Legislativa debe emitir un decreto con una legislación transitoria que lo solucione.
La situación de los capturados será analizada caso
por caso, pero el funcionario de la UTE reconoce que se busca
evitar cárceles saturadas de reos sin sentencia. La entrada
en vigencia de los nuevos códigos penales está programada
para enero de 1998, aunque ello podría retrasarse. El Partido
de Conciliación Nacional (PCN) insistió en la necesidad
de prorrogar un año más la legalidad de la nueva
normativa penal. Dicha prórroga fue analizada, el pasado
25.11, por el Organo Ejecutivo y La Corte Suprema de Justicia,
pero es incierta su aprobación definitiva. Según
Valladares, tampoco queda claro cómo resolverán
los procesos que están pendientes de resolución
ante la vigencia de los primeros códigos (LPG 25.11
p.5).
NUEVA PROPUESTA DE CONDONACION. Como reacción al informe presidencial que impide los derechos de la condonación de la deuda agraria y bancaria, el FMLN argumentó que "las razones del presidente no permiten la independencia de la Asamblea Legislativa y que el argumento de inconstitucionalidad podría aplicarse a los decretos de pronto pago y de reactivación del sector agropecuario aprobados por ARENA". El principal argumento presentado por el Presidente Calderón Sol se basó en el artículo 232 de la constitución, el cual prohibe perdonar el pago de deudas a favor del fisco o de los municipios.
Los diputados de la oposición acordaron, el 20.11, formular una nueva propuesta alternativa que incluirá, al igual que la anterior, la modificación de porcentajes de perdón y pronto pago de la deuda. Orlando Arévalo, diputado de ARENA, anunció que ampliarían los decretos 698 y 699, los cuales, entre otras cosas, plantean el descuento pronto pago del 70% a los usuarios de crédito afectados por el conflicto entre 1980 y 1991 y descuento pronto pago del 40% a los no afectados por el mismo. Además, una extensión de obligaciones de crédito hasta 16 mil 665 colones a los adjudicatarios de tierra y beneficiarios de la reforma agraria con el ISTA, FINATA y PTT0, y descapitalización de intereses a crédito FOSSAFI.
Tanto ARENA como los partidos de oposición aseguraron que
no se trata de una prórroga, sino de una amplia reforma
que contemple el espíritu de los decretos vedados por el
Presidente de la República. A la sesión plenaria
se presentaron los jefes de fracción del PDC y el FMLN,
Jorge Barrera y Shafick Hándal, y el diputado Mauricio
Salazar, representando al PRSC (LPG 21.11 p. 4; EDH
21.11 p. 6).
