Año 18
número 785
diciembre 3
1997
ISSN 0259-9864
Editorial Improvisación y pugna de poder
Política ¿Qué está pasando en el PCN?
Economía Los paradigmas del crecimiento económico
Sociedad PNC: ¿seguridad o inseguridad ciudadana?
Regional Elecciones en Honduras: nueva competencia entre dos viejos contendientes
Derechos Humanos Para una sociedad justa, segura y en paz
En vísperas de la entrada en vigencia de los nuevos códigos penales, el gobierno comienza a advertir que aquélla deberá ser postergada, porque las diversas instituciones estatales implicadas todavía no se encuentran debidamente preparadas. Si las reformas se dejan abandonadas a la inercia, nunca se tendrá la preparación adecuada para introducirlas. El gobierno tuvo más de un año para prepararse y así poner en práctica los nuevos códigos penales en enero del próximo año. En realidad, debió haber sido una prioridad en las agendas tanto del poder ejecutivo como del sistema judicial. Por lo tanto, antes de decidir la postergación de la entrada en vigencia de la nueva legislación penal habría que pedir cuentas de este descuido grave que afecta a todos aquellos que buscan justicia.
La Corte Suprema de Justicia necesita una fuerte cantidad de dinero para implementar el nuevo régimen penal, pero inexplicablemente el Ministerio de Hacienda no lo previó en el presupuesto del próximo año. Parece que dicho Ministerio desconocía la reforma penal inminente. También es cierto que los responsables de la administración del presupuesto de la Corte Suprema de Justicia deberían hacer un esfuerzo por reducir sus gastos de una manera considerable, siendo mucho más austeros y, sobre todo, más eficientes --menos viajes, ceremonias y burocracias y más administración de justicia.
La Fiscalía General de la República también necesita dinero, pero además alega no estar capacitada para la implementación del código que nos ocupa. La capacitación es indispensable, pues, tal como lo demuestra la aplicación de la ley del menor infractor, los fiscales adolecen de ignorancia notable. Aun así, cabe preguntar por qué no se han desarrollado los cursos de capacitación en los meses anteriores. La Fiscalía General de la República debiera haber tomado más en serio la introducción del nuevo régimen penal.
La Asamblea Legislativa tampoco ha facilitado las cosas, pues desde hace mucho tiempo debió haber emitido un decreto transitorio que permitiera el paso de un régimen al otro. Dicho decreto es importante para empujar las transformaciones penales, salvaguardando al mismo tiempo los derechos de todos aquellos que en el momento del cambio están siendo procesados penalmente.
En algunos círculos gubernamentales y políticos se esgrime el fantasma de la liberación de miles de prisioneros que no han sido juzgados, pero si lo fueran y además fueran encontrados culpables, ya hubieran cumplido la pena que les pudieran haber impuesto y estarían en libertad. También hay muchos que ya han sido juzgados y hallados culpables, pero no se les ha impuesto pena alguna. La implantación del nuevo régimen penal podría brindar la oportunidad para regularizar la situación de miles de prisioneros, haciéndoles la justicia debida.
Improvisación podría ser el calificativo más apropiado para describir esta curiosa situación, que pudo haber sido evitada con un poco de planificación. Ha habido tiempo suficiente, lo que no ha habido es seriedad y responsabilidad. Para mal del país, las decisiones más importantes se siguen dejando para última hora, lo cual lleva a improvisaciones peligrosas, que no siempre arrojan buenos resultados. Esto para no hablar del posible desinterés que podría existir en algunos sectores para que los nuevos códigos no entren en vigencia por desacuerdo con su contenido. Si este fuera el caso, tiempo hubo para que los políticos discutieran y modificaran ampliamente dichas leyes.
En este contexto, los señalamientos de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, para quien el poder ejecutivo no estaría interesado en la entrada en vigencia del nuevo régimen penal, adquieren sentido. En efecto, según el magistrado citado, el problema no es el dinero ni la capacitación ni la infraestructura, sino el desplazamiento de poder que el nuevo régimen penal trae consigo. Según este último, la investigación del delito ya no será dirigida por el poder ejecutivo, sino por la Fiscalía General de la República. Por lo tanto, todo el personal y la infraestructura policial dedicada a esta actividad pasará a ser controlada por un funcionario que no depende del poder ejecutivo, sino del legislativo, al cual deberá rendir cuentas. Al quitarle al poder ejecutivo el control directo de la investigación, la impunidad se volverá más difícil, al menos como posibilidad.
Este desplazamiento tiene ventajas evidentes para la administración de justicia, pues al ser la Fiscalía General la que dirija la investigación del delito, la policía cometerá menos fallos, los cuales con frecuencia son utilizados como razón suficiente para invalidar el procedimiento judicial. Asimismo, la policía, dirigida por los fiscales, podrá concentrarse en la búsqueda de evidencia sólida que sustente judicialmente la acusación. No obstante, todo esto representa una gran desventaja para el poder ejecutivo, puesto que ya no podrá controlar las investigaciones policiales de manera directa, tal como lo ha hecho hasta ahora, lo cual hasta cierto punto le ha permitido decidir sobre la administración de justicia.
La vigencia del nuevo régimen penal es fundamental para
consolidar las transformaciones democratizadoras. Los nuevos códigos
garantizarán mejor el debido proceso, agilizarán
la administración de justicia, podrían permitir
una mejor investigación del delito y contribuirán
a salvaguardar los derechos violados o negados. Por consiguiente,
aunque las condiciones para ponerlos en práctica no sean
las ideales, quizás es mejor comenzar, sabiendo que al
principio se cometerán errores por ignorancia o falta de
experiencia, lo cual es superable en el corto plazo, si existe
un compromiso claro con la justicia. En cualquier caso, la justicia
no será más maltratada de lo que lo es en la actualidad
y, en cambio, existe la posibilidad real para poder avanzar, consolidándola.
Cuando, a finales del año pasado, Antonio Cornejo Arango ("El Maneque"), en compañía de un grupo de inconformes, decidió retirarse de ARENA para entrar a engrosar las filas del PCN, todo pareció indicar que un nuevo rumbo le deparaba al partido de la bandera blanca y azul. Se aproximaba el 16 de marzo y, como era de esperarse, los nuevos miembros del Partido de Conciliación Nacional no dudaron en capitalizar el escándalo de su disidencia. Durante el proceso electoral, fue el PCN el partido "pequeño" más sobresaliente; Cornejo Arango y sus seguidores se movilizaron hábilmente a lo largo de los dos meses de campaña, logrando proyectarle a su nuevo instituto político un rostro diferente. Rostro que proclamaba independencia con respecto al partido oficial y que, efectivamente y quizá debido a eso, se tradujo en más votos a favor de los pecenistas.
A partir del primero de mayo, el PCN, con 11 curules en la Asamblea Legislativa, se constituyó en la fuerza política más determinante después del FMLN y ARENA. Era la oportunidad del PCN de demostrar su autonomía y de abandonar para siempre su condición de apéndice del partido oficial. Qué duda cabe de que los nuevos miembros del partido --Cornejo Arango, Ochoa Pérez, Horacio Ríos, Mauricio Gutiérrez Castro y Francisco Merino, entre otros--, lejos de ignorar ese hecho, lo han tenido muy presente a lo largo de su desempeño en el pleno. No se trataba únicamente de integrase lo mejor posible y esforzarse por darle mayor proyección al PCN; tampoco se trataba sólo de arribar a un partido de derecha en busca de un espacio en el cual satisfacer sus ambiciones políticas. Los disidentes de ARENA que ingresaron en el Partido de Conciliación Nacional no lo hicieron resignándose a integrar otro sector de la derecha que les permitiera continuar en el mundo de la política, lo hicieron para evidenciar que la fuerza de ARENA no sólo no era invencible, sino también fácilmente falsable.
Y es que en eso consistió la gestión de Ochoa Pérez como jefe de fracción del PCN. Hacer uso de la cuota de poder que ese partido había adquirido en marzo para demostrarle a ARENA su capacidad de adoptar y mantener lineamientos propios, libres del influjo del partido de derecha mayoritario, fue, en definitiva, lo que lo acercó a algunas de las posturas del FMLN.
Las pugnas entre la vieja cúpula del PCN y la línea que había adoptado Ochoa Pérez se iniciaron cuando este último, haciendo caso omiso de la decisión partidaria de no respaldar la exigencia de destitución del presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Roberto Orellana Milla, aprobó, junto al FMLN, un decreto que solicitaba la plaza de ese funcionario. Inmediatamente después, Ochoa Pérez fue destituido como Jefe de Fracción. En esa ocasión, el diputado y Secretario General del PCN, Ciro Cruz Zepeda, indicó que Pérez continuaba siendo aceptado como miembro del partido bajo la advertencia de que debía someterse a la disciplina del mismo. Es probable que la vieja guardia pecenista hubiera decidido la destitución de Ochoa Pérez con el objeto de poner un ultimátum a quienes desafiaban su autoridad. Tanto Pérez como Horacio Ríos habían tenido problemas con la dirigencia del PCN cuando se pronunciaron a favor de la interpelación a Orellana Milla. El respaldo al decreto de la destitución de éste fue una desobediencia más por parte de Ochoa; era comprensible, pues, que la cúpula del PCN tomara medidas para aminorar la marcha de quienes se empeñaban en volar con sus propias alas.
Sin embargo, esas medidas, por drásticas que pudieron parecer, no surtieron el resultado esperado. Los nuevos integrantes del PCN no estaban dispuestos a renunciar a sus pretensiones de convertirse en un fuerte rival para ARENA. Al caso del BCR siguieron la derogación de la Ley de Privatización de ANTEL, la aprobación del 6% del Presupuesto General de la Nación para las alcaldías y la condonación de la deuda agraria; iniciativas que encontraron eco en Ochoa Pérez y Horacio Ríos, quienes decidieron apoyarlas con su voto.
Lo que no tomaron en cuenta estos diputados disidentes es que el espectro político no ha dejado de estar polarizado; por lo tanto, de no hacerlo con creatividad, la pretensión de convertirse en fuerte rival de ARENA sólo podría conducir a ubicarse cerca de las propuestas del FMLN. Al apoyar iniciativas que, evidentemente, se alejaban de los intereses a los que, por tradición, ha respondido la derecha, los seguidores de "El Maneque" quedaron supeditados a las iniciativas de la oposición de izquierda. Por eso no es de extrañar que, tanto los antiguos líderes del PCN como algunos de los nuevos pecenistas, se pronunciaran a favor de la expulsión de aquel par de ex areneros. Tal vez los "maneques" se dejaron llevar por el entusiasmo de los buenos resultados electorales y creyeron haber encontrado en el PCN la plataforma idónea para configurar una fuerza política alternativa al FMLN, pero igualmente capaz de competir con ARENA. Con lo que no contaron fue con que, en el fondo, el PCN no estaba dispuesto a dar un giro tan radical y a abandonar de un tajo su pasado inmediato. Una cosa era admitir en el partido al grupo disidente de ARENA, pensando en los beneficios electorales que ese polémico suceso podría traerle, y otra muy distinta era que, como recompensa a ese porcentaje mayor de votos, el PCN se viera obligado a plegarse a los intereses de los recién llegados. Para estos, el Partido de Conciliación Nacional fue la plataforma más adecuada para librar sus pugnas políticas con ARENA e intentar concretar sus ambiciones de poder. Para quienes conforman la "vieja guardia" del PCN, en cambio, los ex areneros fueron la herramienta estratégica que les permitió subir peldaños en las últimas elecciones.
Como quiera que sea, lo cierto es que en esta pugna tanto el PCN como Ochoa Pérez y Horacio Ríos se verán perjudicados. A estos últimos no les depara un gran futuro político fuera del PCN. Podrían aceptar la oferta de alguno de los partidos que se aprestaron a abrirles las puertas --PDC y PRSC-- o podrían mantenerse como diputados independientes. Pero ninguno de ambos casos les permitiría concretar sus aspiraciones, sencillamente porque en ninguna de esas circunstancias contarían con el poder que poseyeron cuando formaban parte del PCN.
Por otro lado, el PCN tiene pocas posibilidades de sobresalir sin la participación de las nuevas figuras que se acercaron a él en los últimos meses del año pasado. Se rumora que Cornejo Arango estaría dispuesto a abandonar ese partido en caso de mantenerse la decisión de expulsar a sus seguidores. No se sabe cuál será el futuro del grupo disidente fuera del PCN, pero el futuro de éste sin aquél es todavía más incierto. Argumentar que Ochoa Pérez y Horacio Ríos se acercaban más a la plataforma ideológica del FMLN que a la del PCN hubiera podido ser válido, pero ¿existe acaso una plataforma ideológica del PCN? Más bien parece que ese instituto político, obedeciendo a un irreflexivo principio de autoridad, está perdiendo una gran oportunidad de lograr, al fin, cierta autonomía respecto de ARENA. No deja de resultar curioso que el motivo de la indignación de la vieja guardia del PCN haya sido que sus nuevos miembros apoyaran iniciativas diametralmente opuestas a las de ARENA. Ante esto, "lo único que parece quedar claro es que las líneas de trabajo de la derecha siguen siendo dictadas por la cúpula de un sólo partido" (Proceso, 776).
El PCN se halla, pues, muy lejos de alcanzar una verdadera independencia.
Para lograrlo sería necesario, en primer lugar, que así
lo desearan, de forma genuina, los distintos grupos que actualmente
lo integran. En segundo lugar, que sus dirigentes dejaran de mirar
hacia ARENA --bien sea para avalarlo o para criticarlo-- y empezaran
a pensar hacia adentro, de tal forma que lograran estructurar
constructivamente sus diferencias. Y, por último, le haría
falta al PCN salir de su simplismo ideológico, el cual
se limita a predicar un "criollismo" que nunca termina
de definir y que le impide plantear una verdadera plataforma ideológica
de derecha, alternativa a la de ARENA.
Pese a la relativa estabilidad y crecimiento económico que, de acuerdo a las personeros del gobierno, caracterizaría la coyuntura actual del país, lo cierto es que se perciben al menos dos tendencias claramente nocivas para la viabilidad de la sociedad salvadoreña, a saber: persistente existencia de un amplio sector de la población en situación de pobreza, además de la vigencia de modelos de crecimiento que implican la destrucción de los recursos naturales y el deterioro ambiental.
Una revisión superficial de indicadores sociales y ambientales revela la presencia de una clara crisis: más de un 50% de la población se reproduce bajo condiciones de pobreza, un remanente de sólo 6% de la cobertura forestal original, un 90% de los ríos están contaminados, un 75% de los suelos del país están sometidos a erosión, predominan altos niveles de contaminación del aire, etc.
Una revisión de los efectos de los modelos históricos de desarrollo revela que las tendencias nocivas no son nuevas, lo diferente es que en la actualidad la situación parece estar llegando a su límite. Lamentablemente, hasta ahora, las políticas adoptadas frente a los ingentes problemas de la pobreza y la degradación ambiental aún no ofrecen resultados significativos. Esto no solamente porque ellas no trastocan los intereses de los empresarios nacionales que promueven el crecimiento económico, sino también porque no pueden evitar insertarse en un orden económico internacional desfavorable. A continuación se presentan algunos de los más importantes rasgos de la economía salvadoreña para evidenciar cómo ellos han sido resultado de la inserción en la economía mundial y han tenido profundas implicaciones sobre la problemática actual.
En un primer momento, la introducción del ganado y la intensificación de los cultivos de añil y cacao para exportación provocaron la destrucción de bosques y selvas originales. En un principio estos procesos supusieron la coexistencia de dos formas de propiedad: haciendas agroexportadoras y tierras comunales; esta última permitía a la población indígena producir sus propios alimentos y asegurar su reproducción. Esta primera agresión sistemática de los recursos naturales se suscitó en un momento en que existía relativa abundancia de los mismos y poca población, por ello sus efectos aún no comprometían la subsistencia del sistema.
En un segundo momento, la adopción del cultivo del café obligó a una nueva destrucción de bosques y selvas que, aunque fueron sustituidos por bosques de sombra, alteraron drásticamente el ecosistema. Sin embargo, no puede negarse que los efectos ambientales de la introducción de este cultivo han sido menos graves que la introducción del añil o el algodón, por ejemplo. Esta nueva tala se suscitó no precisamente en los lugares utilizados anteriormente para el cultivo del añil, sino más bien en otras zonas del país, especialmente en la cordillera central. Con la eventual desaparición del cultivo del añil, las tierras anteriormente utilizadas para estas tareas fueron abandonadas en una situación de grave depredación de los recursos forestales, pues este cultivo exigía la completa remoción de la cobertura vegetal. La consecuencia más grave de la introducción del café no fue la tala y sustitución de bosques que generó, sino que supuso la expropiación de tierras que aún se encontraban bajo formas comunales de propiedad y que, como se mencionó, permitían sustentar las necesidades básicas de la población rural.
Posteriormente, a mediados del siglo XX, la búsqueda de la diversificación de las agroexportaciones condujo a la intensificación del cultivo del algodón, al grado que sólo entre los años 1960 a 1964 se triplicó el área cultivada. Esta diversificación de la agricultura condujo a la destrucción de los últimos remanentes forestales ubicados a lo largo de toda la zona costera del país, al tiempo que supuso colocar mayores presiones demográficas sobre otras tierras más degradadas --entre ellas las cultivadas anteriormente con añil--, intensificación del uso de pesticidas, intoxicaciones masivas y contaminación del suelo, agua y productos ganaderos a raíz de lo anterior, etc. Con el paso del tiempo, estos elementos condujeron a la desaparición de este cultivo, el cual, paradójicamente, pretende ser reactivado por el gobierno en respuesta a presiones de los antiguos empresarios algodoneros.
En la presente década, el crecimiento económico fundamentado en el sector terciario ha conducido a un fuerte incremento de las actividades urbanas y con ello ha provocado el crecimiento desproporcionado de las ciudades. A su vez, la reorientación del crecimiento hacia el sector terciario se ha debido a la caída de los precios internacionales de la exportaciones (en el caso del café) y la inviabilidad ambiental de otras (en el caso del algodón); además, no debe soslayarse que la dependencia de las importaciones para consumo doméstico es un elemento que ha ahogado las posibilidades de crecimiento industrial.
Algunos efectos notables de esta nueva dinámica son el avance de la construcción sobre bosques naturales o sobre bosques de café; mayor nivel de contaminación del agua, tanto por desechos domiciliares como industriales; inadecuada disposición de los desechos sólidos; insuficiente recolección de la basura; y contaminación del aire por emisiones vehiculares e industriales.
Los hechos demuestran que en el país aún no se ha logrado superar la aparente dicotomía entre crecimiento económico y protección ambiental, siendo el caso más representativo el incremento de la actividad de la construcción a costa de la destrucción de los recursos forestales y la impermeabilización de mantos acuíferos. La intención de reactivar la producción del algodón es otro claro ejemplo.
En este contexto, resulta contradictorio que en El Salvador se presenten cifras macro que reflejan una relativa bonanza económica, mientras al mismo tiempo se está frente a profundas crisis en el ámbito social y ambiental. Datos como un incremento de 3 a 5 por ciento en el Producto Interno Bruto, bajas tasas de inflación, reducción del déficit fiscal e incremento de las reservas internacionales netas no son suficientes para evaluar la efectividad de la política de desarrollo.
Es necesaria la presencia de datos alternativos que den cuenta de la evolución en la satisfacción de las necesidades básicas de la población y de las condiciones ambientales. Es en este contexto que se ha llegado a plantear la necesidad de revisar la metodología de la contabilidad nacional con la finalidad de incluir el valor de los recursos naturales. A la base de lo anterior se encuentra el supuesto de que los recursos naturales también forman parte de la riqueza de un país y, consecuentemente, tanto una disminución como un incremento en el acervo de los mismos podría afectar la producción. Por otra parte, el Indice de Desarrollo Humano, concebido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), constituye un esfuerzo por monitorear la evolución de las condiciones sociales.
La historia de El Salvador muestra que, en la mayoría de
los casos, se obtienen importantes incrementos en la producción
a costa de una mayor cuota de destrucción del medio ambiente
y la reproducción y ampliación de la pobreza; misma
que obliga a los pobres rurales a desarrollar tareas de subsistencia
que atentan contra los recursos boscosos y el suelo, entre otros.
Aunque no se trata de sugerir que se frene el crecimiento económico,
sí debe mencionarse que la evidencia histórica justifica
ampliamente la introducción de un nuevo sistema de evaluación
de la política de desarrollo que valore en su verdadera
dimensión los recursos naturales y el desarrollo humano
y no solamente se centre en la búsqueda del crecimiento
económico.
Los Acuerdos de Paz significaron, además de la reducción de la Fuerza Armada, la disolución de cuerpos como la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda y la Policía Nacional, por ser estos organismos enteramente represivos, violadores de los derechos humanos y por tener un comportamiento autoritario. En su momento, la Policía Nacional fue sometida a una depuración, evaluando a sus miembros para que un 20% de ellos se integraran a la Policía Nacional Civil (PNC) que hoy conocemos. Otro 20% está conformado por ex militantes del FMLN.
La PNC fue concebida por los Acuerdos de Paz como la institución encargada de velar por las cuestiones de orden público y seguridad interna. Por su naturaleza, la policía debe cumplir con una serie de requisitos: debe ser respetuosa del Estado de derecho y protectora de los derechos humanos, así como de la libertad de los ciudadanos. De hecho, la Ley Orgánica de la PNC, en su artículo número uno, plantea esa exigencia. Asimismo, menciona la obligación de prevenir y combatir toda clase de delitos, mantener la paz interna, la tranquilidad, el orden y la seguridad pública.
Pero si estas son las funciones principales de la PNC, ¿cómo se explica que haya sido una de las peores evaluadas, junto al Organo Judicial, por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH)? ¿Cómo explicar que las dos instituciones consideradas como los únicos mecanismos de defensa con los que cuenta la sociedad sean reconocidos como las más denunciadas por abusos contra los derechos humanos? Esto es en verdad preocupante, pues tener que defenderse de la delincuencia ya es bastante problema como para, además, tener que defenderse de los agentes de seguridad.
En lo que va del año, la población ha denunciado a la PNC por una serie de delitos de variada índole, como por ejemplo: malos tratos; indagaciones policiales injustificadas; detenciones arbitrarias; trato cruel a los detenidos; despojo o retención de documentos de identificación; negligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres; y uso desproporcionado de la fuerza.
En el último documento presentado por la PDDH, en el que se evalúa el accionar de la PNC en los últimos 3 meses, se expone que, de las mil 365 denuncias recibidas, 639 se le atribuyen a la policía. Las acusaciones que más se destacan son las violaciones a la integridad personal y "3 casos de tortura en las sedes policiales". Muchos de los abusos de autoridad se dan en el momento de efectuar las detenciones.
En este contexto, el Subdirector de Operaciones de la PNC, Renzo Martínez, condenó a la PDDH de parcialidad, aunque reconoce que, por el tipo de trabajo y el contacto con la ciudadanía propios de la PNC, "sí se puede incurrir en violaciones a los derechos humanos". Aseguró también que las denuncias son hechas por delincuentes para "librarse de culpas". Puede que esta aseveración tenga algún fundamento, pero no es tan fácil de aceptar que un delincuente va ir a denunciar a la PDDH que lo capturaron y lo maltrataron mientras robaba. Además, muchas personas que no son delincuentes han sido víctimas de los agentes policiales, incluso algunas que se encontraban realizando su trabajo. Tal es el caso de los periodistas que fueron atacados por agentes antidisturbios, el pasado julio, mientras cubrían la remisión a los tribunales de los directores de FINSEPRO e INSEPRO.
Ahora bien, la problemática de los abusos policiales es bastante complicada, pues, primero, no todos los delegados son causantes de malos tratos y despotismo, lo cual quiere decir que no se puede generalizar. Segundo, hay que aceptar que el trabajo que realiza la PNC en la calle es peligroso, es de contacto directo con la delincuencia, y que el comportamiento social inadecuado puede causar conflictos en el accionar de la policía. Tercero, recordemos que muchas de las personas que componen este organismo de seguridad son excombatientes que, de una u otra forma, tienen aún arraigados patrones de conducta violentos.
Estos aspectos no justifican, pero sí explican, el porqué
del comportamiento arbitrario de algunos policías. Esperemos
que las autoridades de la PNC y el gobierno tomen las medidas
necesarias para erradicar a aquellos de sus miembros que pisotean
los derechos humanos, para que ningún policía goce
de impunidad, para que la PNC se desenvuelva según el concepto
con el que fue concebida. Es importante que las soluciones que
se tomen sean para prevenir abusos que puedan darse y no para
corregir errores ya cometidos.
Los resultados de las elecciones generales de Honduras, realizadas el pasado 30 de noviembre, confirmaron lo que se venía perfilando desde que se abrió la campaña política: que el actual partido gobernante (Partido Liberal) tenía grandes posibilidades de continuar a la cabeza del aparato estatal durante otros cuatro años. Carlos Flores Facussé, candidato a la presidencia por este instituto político, aventajaba en 17 puntos porcentuales a su más cercana adversaria nacionalista, Nora Gúnera de Melgar, a pocos días de que los comicios comenzaran.
La novedad no era mucha en este nuevo proceso electoral, puesto que la vieja tradición de predominio de dos institutos políticos --el Partido Nacional (PN) y el Liberal (PL)-- se mantuvo invariable. Por otro lado, en los lineamientos ideológicos de ambos no se reflejan grandes diferencias: los dos pertenecen a una corriente de derecha tradicional que no define criterios hacia la moderación o el extremismo, y sus planes económicos le apuestan igualmente a la modernización del aparato estatal y al reajuste económico en apoyo al neoliberalismo.
Sin embargo, estos viejos contrincantes siempre aparecen como los acaparadores, casi exclusivos, de las expectativas de la población que deposita sus votos en las elecciones. Para este año, cinco fueron los partidos que compitieron por la presidencia, vicepresidencia, diputaciones y municipalidades de todo el territorio hondureño. De estos cinco el PN y el PL se acreditan cerca del 79% de la intensión de voto (según sondeos de la CID-GALLUP), frente a un 5% que apoya a los demás partidos. El 16% restante pertenece a la patria del abstencionismo.
Pero, aparte de la dinámica bipartidista que volvió a sentirse con la misma intensidad que en épocas anteriores, las elecciones generales en Honduras se presentan como un fenómeno ambivalente que podría beneficiar al gobierno liberal, o bien someterlo al irremediable desgaste de dos períodos gubernamentales seguidos.
El PL postuló como aspirante para la presidencia a Carlos Flores Facussé, un empresario de amplia carrera política al lado del PL. Propietario del diario "La Tribuna", Flores ha sabido utilizar sus conocimientos en el área de las comunicaciones para alimentar una atractiva campaña política. En ella, prometió continuar con la línea de gobierno que impulsó Reina con su famosa "revolución moral", aunque apostándole más decididamente a la globalización y al impulso de la inversión extranjera en el país.
Está por verse si Flores continuará mostrándose a favor de las transformaciones que Reina impulsó en los espinosos temas de la corrupción, así como en sus insistentes esfuerzos por trasladar el control del ejército a manos civiles y por esclarecer algunas de las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en la década pasada, cuando el país estuvo en manos de sucesivas dictaduras militares. Algunos de sus opositores argumentan que entre Flores y Reina no existen "relaciones cordiales", a pesar de que son parientes en tercer grado de consanguinidad. Pero, allende a las diferencias personales que entre estas figuras políticas puedan existir, al rededor de la imagen de este candidato a la presidencia se ha creado una cortina de humo que no deja vislumbrar claramente cuál es la línea ideológica que seguirá durante su administración.
Por su parte, el Partido Nacional, opositor por naturaleza de los liberales, siempre se ha mostrado a favor de que el sector militar conserve su monolítica posición entre los poderes del estado. El último mandatario que representó a este partido en el ejecutivo fue Rafael Callejas, acusado de participar en varios escándalos de corrupción --que, paradójicamente, han llegado a afectar hasta al mismo presidente Reina-- y cuyo poder en el PN parece mantenerse incólume. Algunos detractores del PN afirman que la candidata Nora de Melgar no es más que un títere de Callejas y que, si hubiera llegado a ganar la presidencia, la "sucia" administración estatal que [Rafael Callejas] encabezó tendría campo libre para continuar".
La campaña política de estos dos partidos no ha mostrado grandes diferencias en sus contenidos. La primacía la ha mantenido el tema de los ajustes económicos necesarios para la estabilidad hondureña, y ninguno ha querido meter sus manos al fuego con respecto a los temas de Derechos Humanos o desmilitarización de la sociedad. Todos apuntaron sus armas al triunfo, pero muy poco al mantenimiento del proceso de democratización al que entró el país desde que en 1981 le fuera entregada al poder civil la "autorización" para comandar el poder ejecutivo.
Tampoco se ha dado muestras de elevar la campaña a niveles propositivos que presenten planes de trabajo concretos a la ciudadanía. Si existen dudas con respecto a si se seguirá con la política moralista de Reina, o a si se llevarán a sus últimas consecuencias las medidas de reajuste económico, lo que parece seguro es que el nuevo gobierno seguirá el mismo andar "sin rumbo" que caracterizó a Reina durante los cuatro años en que fue Presidente.
Por otra parte, la contratación de la empresa GBM para coordinar el escrutinio computarizado de la votación no le resultó muy beneficiosa al partido oficial, puesto que su desempeño se vio cuestionado fuertemente ante las constantes denuncias de irregularidades y tráfico de influencias por parte de los funcionarios del Tribunal Nacional Electoral (TNE). Representantes del PN en el tribunal publicaron en repetidas ocasiones datos que comprobaban que los padrones electorales no se estaban depurando adecuadamente, y que, por el contrario, comenzaron a llenarse de extranjeros, fallecidos, y "gemelos" falsos con derecho a votar.
El PN se anotó una victoria política al lograr que el TNE aceptará que los ciudadanos ejercieran su voto con la cédula de identificación "vieja", cuya vigencia caducó hace casi dos años. En todo caso, si con la extensión de un nuevo documento ya existían grandes posibilidades de fraude técnico en las elecciones, con la admisión de un documento vencido y que estaba en proceso de renovación tampoco se garantizaría que las elecciones se desarrollaran en un clima de transparencia y confiabilidad.
Este tendría que haber sido uno de los compromisos más
grandes para los oferentes políticos presentes en estas
elecciones: garantizar que la transparencia y la confiabilidad
se mantuvieran constantes, no sólo durante los comicios,
sino también en el período de gobierno que les toca
asumir. El aparato estatal de Honduras ha dado pocas muestras
de efectividad a la hora de responder a los problemas de la nación
en su conjunto, y muy poco se ha hecho para sacar al país
de la "inmadurez" que caracteriza a sus escasos 16 años
de democracia.
La semana anterior, en Guatemala tuvieron lugar dos actividades que merecen ser comentadas en este espacio. Durante tres días, se realizó una de ellas --el Encuentro de educadores para la paz y los derechos humanos "Paulo Freire"-- con la presencia de 66 personas pertenecientes a 44 organizaciones de diverso tipo: defensoras de los derechos humanos; coordinadoras de organismos que promueven el desarrollo social y la participación política ciudadana; instituciones religiosas; entidades de mujeres, niños, jóvenes, desplazados de guerra, desmovilizados, pacifistas, académicos e indígenas, entre otras. Eran 15 países de toda Latinoamérica y Haití los representados en la reunión; también se contó con la participación de fundaciones que apoyan financieramente los esfuerzos en favor de la paz y la no violencia activa.
De esta manera se continúa un esfuerzo iniciado hace un año en Colombia con el objeto de compartir las diferentes experiencias que se han llevado a cabo dentro de estas áreas, en realidades específicos pero que --en definitiva-- confluyen en el mismo espíritu: la búsqueda de la plena vigencia de los derechos humanos en cada país, provincia, departamento y comunidad en beneficio de todas y cada una de las personas.
Las y los asistentes, partiendo de su práctica cotidiana y del análisis de la realidad específica que se vive en cada lugar, identificaron como las principales causas de las distintas y variadas formas de violación a los derechos humanos a: la pobreza generalizada, producto del modelo neoliberal impuesto a nuestras sociedades, y el autoritarismo, herencia del militarismo y ahora encubierto por democracias formales. Así, al elaborar sus conclusiones, destacaron que ambos factores hacen que en nuestras sociedades predomine una situación de violencia e individualismo, en la cual se ve al otro como un enemigo contra el que hay que luchar para sobrevivir, como un obstáculo que debe ser eliminado en una búsqueda egoísta de la felicidad individual.
Además, coincidieron en que el fenómeno de la violencia es un hecho que se presenta con diferentes rostros en cada una de las realidades concretas dentro de la región, pero afirmaron que no renuncian a la esperanza de un futuro en el cual la felicidad individual plena sea resultado de la realización de una felicidad colectiva.
Por ello, aunque cada una de las situaciones específicas tenga sus características particulares que la hace diferente de las otras, el eje articulador del evento fue la promoción de una participación activa y colectiva en la búsqueda de soluciones creativas a los problemas comunes. A lo largo de la actividad se fue afirmando un convencimiento: es desde la colectividad donde se construirán sociedades más equitativas, justas y --en consecuencia-- pacíficas; sociedades, en definitiva, donde se respetan los derechos humanos.
En este camino, al ir avanzando en la conceptualización y definición de las estrategias para la construcción de la paz, se considera fundamental: la generación del protagonismo y el empoderamiento entre las personas y organizaciones como constructores de paz; la promoción del desarrollo orientado a las personas y a la sostenibilidad ambiental, que humaniza la economía y se fundamenta en la igualdad, equidad y solidaridad en la distribución del crecimiento económico; la educación en derechos humanos y no violencia activa, vista más allá de las aulas, que incluye los distintos niveles en forma integral -- personal, comunitario, social, político y estructural-- asumiendo la tolerancia, la no discriminación y la solidaridad como condiciones básicas para la convivencia y la fraternidad humana.
Esta última es vista --tal como se afirma en la declaración final del Encuentro-- como "proceso de organización para la educación y de educación para la organización". Finalmente, se valora la opción por la no violencia activa como una práctica decidida por la construcción de justicia y la superación de las causas que generan la violencia y la guerra. Todos estos elementos perfilan una cultura de la paz, utópica y esperanzadora, con capacidad de provocar acciones reales como la denuncia de todo lo que imposibilite u obstaculice la paz y la promoción de cambios radicales en el orden violento, injusto y autoritario establecido por actual sistema económico y social a todas luces excluyente.
Como parte de estas acciones para promover la cultura de la paz, personas que recibieron el premio Nobel de la paz han hecho un llamado a la Organización Naciones Unidas (ONU): que el 2,002 sea declarado "Año de la educación de la no-violencia" y que la primera década del tercer milenio sean nominada como el "decenio de la cultura de la no-violencia". A esta iniciativa se unieron todas y todos los asistentes al Encuentro "Paulo Freire", quienes también adquirieron el compromiso de promover en sus respectivas localidades tan importante apuesta en favor de la paz.
Para El Salvador es urgente socializar el conocimiento de este esfuerzo internacional y lograr que sean más las personas e instituciones que lo apoyen ya que, a casi seis años del fin de la guerra, su población sigue padeciendo las consecuencias de la violencia aunque se hayan suspendido los combates militares. En ese sentido, las autoridades gubernamentales deben actual pero no sólo mediante declaraciones retóricas; es necesario que se adopte un serio compromiso como Estado miembro de la ONU en la línea de promover y realizar las acciones pertinentes para promover la no violencia, aunque esto conlleve enfrentar intereses de sectores poderosos. Un ejemplo de ello es la adopción de políticas destinadas a prohibir la venta de armas y juguetes bélicos o a establecer que los medios de difusión masiva --especialmente la televisión-- no transmitan programas con contenidos agresivos durante horarios de audiencia infantil.
Pero además de exigir acciones al gobierno, la población debe involucrarse activamente y de eso hay, también, experiencias concretas. Precisamente para compartir y reflexionar sobre ello se realizó la otra actividad que mencionamos rápidamente al principio: del 27 al 29 de noviembre, en Antigua Guatemala se llevó a cabo un encuentro de los grupos y las instituciones de la sociedad civil de Centroamérica, México y Panamá que --desde el mayo del corriente año, con el apoyo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH)-- se aventuraron en cada uno de sus países a ejecutar un "plan piloto" sobre seguridad ciudadana en una zona previamente definida.
En ese proceso se trataba de mostrar cómo, contando con la participación de la población, se puede incidir positivamente en la solución de los problemas que la mantienen angustiada; también se buscaba descartar, con resultados tangibles, la concepción errada de que este campo le compete exclusivamente a las instituciones estatales de seguridad pública.
En El Salvador ejecutaron el proyecto la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) a través de uno de sus órganos ejecutores --el Centro de Estudios Penales de El Salvador (CEPES)-- y el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, mediante su Oficina de Asistencia Legal.
En septiembre de 1996, las instituciones arriba mencionadas y otras --que posteriormente dejaron de formar parte del equipo-- aceptaron el compromiso de elaborar un diagnóstico sobre seguridad ciudadana en una zona específica, tomando en cuenta determinadas características proporcionadas por conocedores de la materia. Posteriormente se realizaron 600 encuestas en un sector de la colonia "Zacamil" y, por medio de la lectura de sus resultados, fue posible tener una aproximación bastante fiel de las causas que en el sector hacen más grave la situación de inseguridad para la población; de ellas, destacan: falta de una adecuada vigilancia policial, falta de alumbrado público y abundante presencia de grupos de jóvenes con problemas de drogadicción o con una reconocida trayectoria delincuencial.
Ese análisis fue comentado por las y los participantes en un taller regional celebrado en El Salvador durante abril de 1997; a partir de entonces, fue posible diseñar el esquema del "plan piloto" que a lo largo de los siguientes seis meses se ejecutaría. Concluido el taller y aceptada la propuesta, se comenzó a trabajar en su realización. Así, se llevaron a cabo múltiples visitas a la zona para ubicar las organizaciones vecinales, conocer las personas que integraban sus juntas directivas y establecer contacto con ellas.
Se celebró una primera reunión donde se les informó sobre los objetivos del "plan piloto" en la zona y en la búsqueda de ganar su aceptación y apoyo, lo cual --en efecto-- se logró. El siguiente paso fue el de celebrar un taller para construir con las y los asistentes al mismo un auto diagnóstico de la problemática, reflexionando sobre sus causas, efectos y posibles acciones concretas que --en el más corto plazo-- pudiesen contribuir a disminuir la percepción de inseguridad que realmente existía entre la gente. Fue así como se decidió trabajar en tres comisiones: de jóvenes, de alumbrado y de vigilancia.
Cada comisión se integró con habitantes de diversos sectores o comunidades de la colonia "Zacamil" y definió sus objetivos. El segundo paso del proceso consistió en la celebración de otro taller denominado "Acceso a la justicia y derechos humanos"; su propósito: transmitir a la gente el conocimiento de las instituciones a las cuales puede acudir para solucionar sus problemas de inseguridad. En el curso de dicho taller se realizó un foro dentro del cual participaron --como panelistas-- un representante de la Policía Nacional Civil (PNC) y un juez, así como colaboradores de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República y la Procuraduría General de la República; desde luego, también estuvo presente una persona de la Alcaldía Municipal. El público asistente no desaprovechó la oportunidad para presentar a cada panelista sus importantes inquietudes.
Luego, la comisión correspondiente organizó y realizó un taller con adolescentes de dos instituciones educativas de la zona y otro grupo de jóvenes; luego de una jornada completa de trabajo, se logró formar un grupo de muchachas y muchachos interesados en recibir talleres vocacionales y en consolidar su propia forma de organización.
Como último paso de esta experiencia, se llevó a cabo el taller de clausura; fue entonces cuando, una a una, cada comisión de trabajo informó sobre sus logros y demostró sus habilidades al cumplir felizmente con sus respectivas metas; al hacer cada una de ellas lo suyo, consiguieron beneficiar a toda la colectividad y no sólo a un grupo particular. Todo lo anterior reafirma la necesidad de impulsar procesos y mecanismos de integración entre las diferentes organizaciones comunales, así como la exigencia de despojarse de sentimientos egoístas e individualistas para trabajar por la comunidad y el país. Ahora, las y los habitantes de la colonia "Zacamil" y sus alrededores, cuentan con una Alcaldía Municipal y una delegación de la PNC con un mayor nivel de sensibilización, dispuestas a escuchar las inquietudes y peticiones de una población que --informada, organizada y consciente-- se avoca a ellas.
Durante la realización del encuentro regional en Guatemala
se tuvo la oportunidad de compartir, con las delegaciones de los
otros países, esta experiencia de trabajo; no faltaron
las felicitaciones por lo hecho y las sugerencias para darle seguimiento.
Al retornar al país, surge el reto de compartirla con otras
instituciones --sociales y del Estado-- a fin de interesarlas
en reproducirla de manera creativa a lo largo y ancho del territorio
nacional, para contribuir así a estimular la participación
ciudadana como elemento clave en la construcción de un
sólido Estado democrático de Derecho.
Presentamos a continuación un pronunciamiento de los
alcaldes del FMLN, hecho público el 2 de diciembre de 1997,
sobre el 6% del Presupuesto Nacional asignado a las alcaldías
del país.
Los alcaldes municipales pertenecientes al partido Frente Farabundo
Martí para la Liberación Nacional (FMLN), todos
miembros de COMURES
A la opinión publica expresan:
El 6% es un paso real y verdadero hacia la descentralización
- Que durante los últimos días, se ha hablado mucho
con respecto a la aprobación que hizo la Asamblea Legislativa
de asignar el 6% del Presupuesto General de la Nación a
las Municipalidades. Parte de las versiones vertidas en los medios
de comunicación social, pertenecen a un grupo de personas
que apoyan la posición del Gobierno Central. Fuera de esto,
sólo se han pronunciado algunos representantes de la empresa
privada. Los principales argumentos utilizados, son que: "El
Estado no tiene dinero", "Que los Gobiernos Municipales
son incapaces", y que, en el mejor de los casos "No
están preparados para manejar tanto dinero".
- Hasta hoy, poco se han mencionado a aquellos quienes piensan
diferente: los 54 legisladores de seis Partidos Políticos
que votaron a favor de esta medida, los 262 Alcaldes Municipales
del país que presentaron el Proyecto a la Asamblea Legislativa,
la mayoría de los cuales pertenecen al Partido Oficial
y más de 5 millones de salvadoreños que ven en el
6% las posibilidades de resolver parte de sus necesidades insatisfechas.
- En realidad, para nadie escapa que las Municipalidades del país
presentan problemas de orden técnico administrativo y que
una de las causas que motivan esta situación, es su incapacidad
financiera para contratar equipos modernos y pagar salarios competitivos.
La mayoría de los funcionarios municipales gana poco más
del salario mínimo. Hace unos meses, cuando los Diputados
se incrementaron el salario, un representante del Partido Oficial
argumentó que para que el Estado tenga personal eficiente,
es necesario que éste pague salarios competitivos como
el sector privado. ¿No será este argumento válido
también para las Municipalidades?. Asimismo, sería
conveniente recordar que las inversiones estatales en "Proyectos
locales" hasta ahora han estado orientados a crear infraestructura
que requiere el gran capital y muy escasamente a atender socialmente
las necesidades de la población.
- Tampoco es cierto que el Estado no tenga dinero. Lo que se está
discutiendo, es cómo repartir entre diferentes Organos
del Estado, la responsabilidad de invertir bien los recursos públicos.
Porque no se ha expresado, que mientras en El Salvador, el Estado
invierte a través de las Municipalidades, menos del 2%
del Presupuesto General de la Nación, Guatemala invierte
el 10%, Costa Rica el 12%, Brasil el 15%, Ecuador el 8%, Colombia
el 22%, Venezuela el 12%, y más de un 50% en países
del primer mundo.
- Lo que aquí está en juego, es la credibilidad
de la política de descentralización del Estado y
el nivel de Autonomía Municipal. Por lo que no es sólo
un problema de montos, sino que se refiere a cómo se asignan
y manejan los recursos del Estado. Las doctrinas modernas de diferentes
ideologías señalan, que el Estado es sólo
Uno y está conformado por instancias centrales que deben
abordar las cuestiones agregadas y normativas, y por instancias
locales que por estar más cerca de la población
ofrecen las ventajas de optimizar la inversión pública,
por medio de la participación ciudadana en la toma de decisiones,
su focalización y de rendición de cuentas a la ciudadanía.
- Con la asignación presupuestaria del 6% del Presupuesto
General de la Nación a las Municipalidades, éstas
ganan autonomía y la posibilidad de impulsar la práctica
de la descentralización del Estado, sin necesidad de rendir
pleitesía política al partido en el gobierno, como
tradicionalmente se ha hecho, pero debemos aclarar que lo de pleitesía
no es sólo de este gobierno, así ha sido siempre.
- Los Alcaldes del país, estamos seguros de que la descentralización
del Estado no se reduce solamente al 6% del Presupuesto. Este
es sólo un primer paso relevante, dado que detrás
de las cifras, lo que en realidad se está transfiriendo
es poder de decisión y responsabilidad a las instancias
democráticas del Estado más apegadas a la ciudadanía.
Para seguir avanzando en el camino de la descentralización,
es necesario tomar otras medidas que fortalezcan a las municipalidades
en sus capacidades técnico-administrativas, en su responsabilidad
fiscal, en la integración más democrática
de sus gobiernos, en sus mecanismos de consulta y rendimiento
de cuentas a la ciudadanía, entre otros. Sólo así
el país puede caminar hacia su democratización,
que es lo que todos queremos.
San Salvador, 2 de diciembre de 1997
CASO CRUZ LEON. Como una pena excesiva calificó, el 27.11,
el Presidente de la República, Armando Calderón
Sol, las presuntas peticiones de la Fiscalía cubana de
que el salvadoreño Raúl Ernesto Cruz León,
acusado de actos de terrorismo, sea condenado a la pena capital.
El mandatario pidió a las autoridades de Cuba que se respete
la vida de Cruz León y que éste tenga derecho a
un juicio justo, apegado a las normas legales. Asimismo, instó
a los organismos internacionales a que aboguen por la vida del
salvadoreño, advirtiendo que si Cruz León es responsable
de los atentados tiene que ser sometido a las leyes cubanas, ya
que personalmente condena cualquier acto de terrorismo. Mientras
tanto, en la plenaria del 27.11, fue desaprobada la iniciativa
de crear una comisión de diputados que aboguen por Cruz
León; "no es recomendable que una comisión
viaje a Cuba debido a que El Salvador no tiene relaciones diplomáticas
con ese país", dijeron los diputados (LPG 28.11
p.8 y DH 28.11 p.12).
IGLESIA INTERCEDE. El vicario episcopal de El Salvador, Jesús Delgado, reveló, el 30.11, que el Papa Juan Pablo II ha reiterado al gobierno cubano que evite aplicar la pena de muerte al salvadoreño Raúl Cruz León, acusado de varios atentados en Cuba, y que en su lugar se busque un castigo "más humano". Delgado dijo que la pena de muerte es una medida que se vuelve "bestial", "esperamos que la petición del Papa sea escuchada", reiteró (LPG 01.12 p.8, DH 01.12 p.4 y DL 01.12 p.3).
DECLARACIONES. El fiscal general de la República de El
Salvador, Manuel Córdova Castellanos, expresó, el
01.12, que su homólogo cubano, Juan Escalona, le manifestó
categóricamente que "es falso que haya pedido la pena
capital para Raúl Ernesto Cruz acusado de actos de terrorismo
contra el Estado cubano", y que aún no habían
decidido que sanción penal van a solicitar, porque el caso
no ha pasado todavía a manos del juez. Córdova Castellanos
informó que la plática con el fiscal cubano, que
no tiene carácter oficial, se desarrolló la última
semana de noviembre en México, en el marco de la Reunión
de Fiscales Interamericanos; tras el diálogo, ambos fiscales
se comprometieron a mantener una comunicación permanente
para obtener más información sobre el proceso (LPG
02.12 p.11 y DH 02.12 p.10).
SECUESTROS. El miembro del Partido Demócrata (PD), Eduardo
Sancho, confirmó, el 27.11, en su declaración ante
el Juzgado Primero de lo Penal de Nueva San Salvador, que en una
reunión entre varios ex comandantes guerrilleros, realizada
en 1991, se discutió el secuestro de Eduardo Salume. Sin
embargo, Sancho no quiso dar pormenores debido a que, según
él, no estuvo en la mencionada reunión. "A
mí me consta que se realizó la reunión, pero
los otros detalles los deberán dar los que estuvieron en
la misma", precisó. Asimismo, Sancho admitió
que durante el conflicto armado conoció a Raúl Granillo
(comandante Marcelo), pero desconoce si éste tenía
como encargo realizar secuestros para el cobro de impuesto de
guerra (LPG 28.11 p.10, DH 28.11 p.3 y DL
28.11 p.5).
En el número 784 de nuestro semanario, en el análisis
titulado "Cuota alimenticia, necesidad y obligación"
se mencionan a tres personas que estuvieron (¿o están?)
envueltas en problemas de la cuota alimenticia. Para ser más
precisos, en Proceso se dice que "el futbolista Nidhelson
de Mello, el Inspector General de la PNC Víctor Valle y
el político Walter Araujo han sido señalados como
morosos en la cuota alimenticia". Dejando de lado el hecho
de que esa idea sólo tiene sentido el marco de todo al
análisis, ¿es falso acaso que los susodichos "han
sido señalados" como morosos? No, no es falso, puesto
que los periódicos dieron amplia cobertura a los casos
respectivos. ¿Quiere decir eso que "son" morosos?
No, al menos en el caso de Víctor Valle, quien ya pagó.
Pero se trata de dos cosas distintas, que no tienen que ser confundidas.
Ciertamente fue un error el que nosotros no señaláramos
lo segundo, pero, aunque así hubiese sido, lo primero seguiría
siendo cierto (es decir, que Valle, De Mello y Araujo han sido
señalados como morosos).
Si alguna de las personas mencionadas en esa historia -o en otras
de las publicadas en nuestro semanario- cree percibir una animadversión
por parte de los redactores de Proceso, bueno es que sepa
que en la mira de nuestros análisis no está ni la
afrenta ni la denigración de personas o instituciones,
las cuales nos interesan solamente en cuanto que expresan (o son
portadoras de) tendencias y dinámicas importantes para
el país. Nos cuidamos en extremo para no herir susceptibilidades
y no creemos que en la afirmación de Proceso que
nos ocupa hayamos roto esa regla. En cualquier caso, ahí
está el texto de Proceso para que los lectores puedan
formarse su propia opinión al respecto.
Equipo de redacción de Proceso
